El hombre de 37 años, que se encontraba imputado por un presunto abuso sexual infantil, murió esta tarde en el Hospital San Martín de La Plata, donde había sido derivado, luego de tirarse desde un cuarto piso en los tribunales donde era juzgado.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Miguel Zacarias había quedado gravemente herido y el deceso ocurrió por muerte cerebral.

El señalado estaba detenido desde el pasado martes 3 de marzo por el delito de abuso sexual con acceso carnal, la víctima es una nena de 11 años, hermana de la novia del ahora fallecido.

La causa por abuso sexual era instruida en la Fiscalía 15 en turno de La Plata a cargo de Cecilia Corfield. Hasta el mediodía se había iniciado un expediente por tentativa de suicidio y ahora se recaratuló a suicidio.__IP__

En el momento del episodio, el cuerpo cayó sobre el estacionamiento de los jueces y, ante dicha situación se desplegó un operativo en el lugar y los médicos lo derivaron al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas.

El hecho provocó tensión entre guardias y trabajadores en los tribunales penales de La Plata. 

#AgenciaNA 

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por un abuso sexual simple contra su hija en Salta.

La víctima declaró en Circuito Cerrado de Televisión los abusos que sufrió de parte de su padre en reiteradas ocasiones y el culpable reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado.

A su vez, hermanos de la damnificada ratificaron los hechos, motivo por el que la jueza Gabriela Romero Nayar, miembro de la Sala 5 del Tribunal de Juicio, homologó el acuerdo entre las partes.

El implicado fue hallado responsable del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, el vínculo y la relación de convivencia, y se dictaminaron tres años de ejecución condicional.

Un hombre de 32 años fue detenido  en la localidad bonaerense de Junín acusado de  raptar a una adolescente de 12 años, usurpar títulos y honores y cometer abuso sexual infantil.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el martes por la noche cuando la madre de la víctima, llamada  Karina Elizabeth Olguín,  denunció en la Comisaría 2da de Junín que su hija,  Jazmín Liliana Herrera,  se había ausentado de su domicilio en Bozzetti al 600 alrededor de las 22:30.

En su declaración, la mujer señaló que  observó un automóvil retirarse del lugar,  aunque no pudo precisar sus características.

El personal policial inició el protocolo de búsqueda y, tras analizar cámaras de seguridad, se determinó que la menor había tomado un remis junto a un hombre adulto hasta la  estación de tren de Junín,  donde abordó una formación con destino a Retiro.

Con la colaboración de la DDI Junín, los agentes se trasladaron a la estación de tren de Chacabuco y lograron interceptar la formación del ramal San Martín, donde identificaron a la adolescente junto  a Juan Carlos Báez,  quien vestía una campera refractaria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con logos identificatorios.

Los efectivos aprehendieron a Báez en el acto por los delitos de  rapto con fines sexuales,  usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. También, en el procedimiento, se secuestraron  dos teléfonos celulares,  una campera policial, un buzo azul y documentación personal.

Finalmente, el detenido quedó alojado en sede policial a disposición de la UFI N°1, a cargo de la fiscal  Vanina Lisazo,  del Departamento Judicial de Junín, donde la menor fue puesta bajo resguardo del  Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  y posteriormente restituida a su madre.

Agencia Noticias Argentinas.

Un policía retirado de la provincia de Córdoba fue detenido por presunto abuso sexual infantil y ahora la causa quedó bajo secreto de sumario.

El Ministerio Público Fiscal provincial informó que un ex Cabo de la Policía de Córdoba, que estaba retirado desde 2008, fue detenido en el marco de una causa por presunto abuso.

La Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual investiga un hecho de supuesto abuso sucedido en una casilla policial en la costanera Norte.

El caso por el que se acusa al efectivo ocurrió este lunes por la tarde en la garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya.

En este marco se ordenó la detención del agente retirado y se dispuso el secreto de sumario mientras la investigación sigue su curso.

Por el hecho, los vecinos de la zona atacaron la garita policial y ahora la zona quedó resguardada por personal de Gendarmería.(NA)

Oscar Alejandro Pirrera fue condenado por tenencia, distribución y facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a Oscar Alejandro Pirrera a la pena de cinco años de prisión por tenencia, distribución y facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales,   Pirrera llegó a juicio acusado de haber distribuido 82 videos de explotación sexual infantil y haber tenido en su poder con fines de distribución 145 videos de abuso infantil,   los que se encontraban almacenados en una computadora que fue secuestrada en un allanamiento realizado por personal de la Policía Federal, en un local de una galería comercial ubicada en Chiclana 226 de Bahía Blanca, en 2021. Además,   fue condenado por haber tenido 139 mil videos con similar contenido, el que estaba almacenado en un disco rígido que fue secuestrado en su domicilio particular.

En el fallo, la jueza Daniela Castaño señaló: “Ha surgido del debate que   Pirrera tenía altos conocimientos sobre informática, fue dueño de un local de cíber, con servicio técnico de computadoras,   por lo cual a diferencia de otros casos, no estamos en presencia de un sencillo y desprevenido usuario de informática. No solamente descargó material para sí, sino que distribuyó contenido en innumerables ocasiones, al aceptar los pedidos de compartir de otros usuarios. El perito informático nos indicó que existían cientos de pedidos de otros usuarios para compartir, los que fueron aceptados por Pirrera”, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. (DIB) GML

Un jubilado de 81 años fue condenado hoy por descargar material de abuso sexual infantil   en su computadora de escritorio.

La Cámara en lo Criminal y Correccional 2° Nominación de la ciudad de Córdoba sentenció al hombre a la pena de cuatro años luego de constatar que   descargaba los videos mediante un programa de archivos, peer to peer (P2P), conocido como eMule, una metodología utilizada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, ambos condenados en la provincia de Misiones.

Sergio Abelardo Malargara   fue declarado culpable del delito de abuso y explotación sexual infantil agravado por la presencia de representaciones de menores de trece años de edad; y tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser la víctima menor de trece años de edad.

Los asesores del anciano señalaron durante el juicio que su cliente no sabía que mientras descargaba fotos y filmaciones de índole sexual favorecía a su divulgación en Internet

La jueza Inés Lucero refutó esa argumentación con que el responsable se encontraba en sus plenas facultades mentales para realizar el delito debido a que vivía solo y estaba recibido en ingeniería e insistió que Margara tenía descargados más de cincuenta archivos en uno de sus dispositivos.

El condenado continuará libre hasta que la sentencia quede firme, por lo que la magistrada le prohibió acercarse a menores de edad o mantener contacto telefónico o virtual, al tiempo que le ordenó someterse a un tratamiento psicológico dirigido al área sexual y dictaminó la incautación de su computadora de escritorio.

La fiscal Natalia Ramos compartió con La Voz del Pueblo un detalle sobre la actividad de 2024 de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 6 especializada en violencia de género y abuso sexual a menores, que arrojan luz sobre la situación de la criminalidad y los procesos judiciales locales en este tipo de delitos.

Según Ramos la fiscalía a su cargo registró un total de 82 detenciones en flagrancia, casos en los que la policía aprehendió a los sospechosos en el acto a partir de las llamadas al 911.

Además se imputaron cargos a 173 personas por diversos delitos. Un dato significativo es la elevación a juicio de casi 200 causas, la mayoría correspondientes al año en curso.

La fiscal precisó que se solicitaron 14 prisiones preventivas, generalmente relacionadas con casos graves como abusos sexuales o lesiones de consideración.

Asimismo Ramos destacó su participación en cinco juicios por jurado, tres de ellos correspondientes a la UFI 6 y dos a la UFI 13, todos resultando en condenas.

La fiscal subrayó que desde junio de este año también está a cargo de la subrogación de la UFI 13.

Es importante señalar que estas cifras se refieren exclusivamente a causas que involucran delitos penales, por lo que pueden diferir de las estadísticas manejadas por otras instituciones como la Comisaría de la Mujer.

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, la jueza María Mercedes Rico integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó -en juicio abreviado- a Nuncio Ezequiel Muñoz a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por distribuir imágenes de material de abuso sexual infantil.

Se trata del efectivo policial que se encontraba prestando funciones en el Comando de Prevención Rural (CPR) de Coronel Pringles cuando fue detenido -a mediados del mes de agosto del presente año- por efectivos de la Policía Federal.

Según la causa el acusado tuvo en su poder y compartió a través de la red social Facebook distintos archivos con contenido de abuso sexual infantil donde se observan menores de edad en actividades sexuales explícitas.

Se trata de situaciones detectadas a través de reportes de National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) que fueron enviadas a la fiscalía para que se realicen las tareas de investigación pertinentes con el objetivo de identificar al autor de los hechos.

Muñoz fue condenado por el delito de tenencia, distribución y/o facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, o de sus partes genitales con fines sexuales, agravado por ser las víctimas menores de 13 años, según informó la Agencia de Noticias Judiciales.

El juez Julián Saldías, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3, condenó a un hombre a la pena de 8 años de prisión por sometido a un niño a diversas prácticas sexuales, para lo cual le mostraba videos con la intención de que imitara lo que veía.

Según la causa, investigada por las UFIJ N°14 y la UFIJ Nº 4, los hechos se produjeron entre los años 2011 y 2016, momento en que la víctima tenía entre 4 y 9 años, y el acusado aprovechaba distintas situaciones para llevar a cabo los hechos abusivos que se repitieron a lo largo del tiempo en un domicilio ubicado en Bahía Blanca.

La denuncia fue radicada en el año 2019 por la mamá del niño, luego que éste le contara lo que había vivido en manos de su abusador -quien resulta ser una persona del círculo familiar- y comprendiera lo que había sucedido porque en la escuela le enseñaron sobre Educación Sexual Integral (ESI).

El imputado fue condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por ser la víctima menor de edad. (ANJ)

A pedido del fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la UFIJ Nº 20, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Pedro Pico al 500 de Punta Alta en busca de elementos de prueba vinculados con una investigación sobre tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según publicó la Agencia de Noticias Judiciales, la causa se inició el 24 de septiembre pasado cuando se recibió un informe de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) el cual da cuenta de que una persona con domicilio en ese lugar, habría almacenado a través de Google 14 videos con contenido ilícito, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.

Las tareas investigativas permitieron determinar quiénes son los moradores de esa vivienda y quién podría ser el causante, por lo que se solicitó autorización judicial para secuestrar los elementos tecnológicos que estuvieran en poder de esa persona.

En el procedimiento realizado por personal de Cibercrimen Región Interior Sur, se incautaron dos teléfonos celulares, una tablet y un disco rígido, que serán sometidos a pericias informáticas para recolectar mayor cantidad de prueba en torno a la investigación.

Se trata de Hugo Millahuel, quien fue sentenciado en juicio abreviado a 7 años y 8 meses de cárcel.

El docente acusado de abuso sexual, Hugo Millahuel, quien en medio de una audiencia intentó asesinar a una fiscal y a un policía, fue sentenciado en juicio abreviado a 7 años y 8 meses de cárcel.

Una de las víctimas fue la por entonces ayudante fiscal, Lorena Pecorelli, titular de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del partido de La Matanza, que lo había imputado y lo indagaba en ese momento, por tenencia y producción de pornografía infantil.

El acusado intentó matar a la funcionaria, atravesándole el cuello con una birome, pero no lo logró. Un policía de la Bonaerense, de guardia en el lugar, pudo frenarlo a tiempo. En el medio, el acusado destrozó la oficina. Al ataque se le sumó una causa por tentativa de homicidio a Pecorelli y el daño agravado del lugar, a cargo de la UFI N°5 de Marcelo Diomede.

Millahuel fue arrestado por la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales. En su casa le encontraron tres dispositivos.

Además, en otro domicilio le incautaron un cultivo indoor de marihuana con siete plantas, lo que llevó a que le formen otra causa en su contra. En el domicilio de las plantas había cuatro notebooks y un CPU. También, se secuestró un acolchado y se incautaron dos fotos de menores, impresas. En ese entonces, fue trasladado a la comisaría N°7 de Los Pinos.

Un informe de Google fue clave para dar con la detención. Un informe indicó que un usuario de Argentina había distribuido más de cien imágenes de distintos actos sexuales que incluían a niños y niñas a usuarios en Estados Unidos.

Además, el ahora condenado compartía imágenes de actos de abuso sexual en donde sometía, supuestamente, a una menor de 13 años.

El diputado provincial Germán Kiczka, del partido Activar, es intensamente buscado por la Justicia y personal policial desde anoche cuando la Legislatura votó por unanimidad su desafuero para que pueda ser detenido.

El juez de instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Farías, ordenó detener a Kiczka en el marco de una investigación por presunto tráfico de material de abuso sexual infantil.

Tras el desafuero votado anoche por los legisladores, personal de la Policía de Misiones fueron a buscar al diputado a su domicilio, inmueble que había sido allanado hace 17 días y donde secuestraron dos teléfonos celulares y una notebook, pero Kiczka no se encontraba allí.

Las versiones que circulan en distintos medios y redes sociales dicen que el todavía diputado podría encontrarse en el exterior, en España o Paraguay, aunque ninguna autoridad policial avaló esas versiones.

Apóstoles queda a pocos minutos de la frontera con Brasil y también se especula con que podría haber cruzado clandestinamente el río Uruguay para refugiarse allí.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) no tiene registrados movimientos oficiales fuera del país de Kiczka, pero en Misiones las fronteras son muy permeables y fáciles de sortear para cualquier ciudadano, sin incluso necesidad de tener medios económicos importantes.

La Justicia también busca a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, en el marco de la misma causa, que es un desprendimiento de una investigación que llevó adelante la fiscal en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), e impulsada por una ONG internacional contra la trata infantil (Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados), en el marco de una operación multinacional denominada “Guardianes Digitales de la Niñez”.

Desde hace unos días se sabía que Kiczka iba a ser despojado de sus fueros y la Justicia iba a proceder a su detención.

Hasta hace tres semanas, Kiczka era el aliado incondicional de Pedro Puerta, hijo del dos veces ex gobernador y presidente por 48 horas, en diciembre de 2001. Eran inseparables hasta que estalló el escándalo el 6 de agosto pasado, cuando el juez Farías allanó la casa de Kiczka.

Puerta tomó distancia de Kiczka y ayer votó su desafuero y apoyará su destitución como diputado. También lo expulsó de su partido Activar, que pretende ser una franquicia libertaria en Misiones, disputando ese espacio con otras agrupaciones.

La Legislatura de Misiones también ordenó hoy suspender el cobro de la dieta como diputado de Kiczka y formó una Comisión Investigadora que probablemente lo expulsará en pocos días más.

En una audiencia cargada de tensión, el padre Julio César Grassi (68), condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados, le pidió esta mañana a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón que le permitan salir en libertad condicional. Afirmó que tiene “contención familiar y económica”, subrayó los estudios que hizo desde la cárcel y afirmó que está preparado para la reinserción.

“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, le dijo a los jueces. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo -para acceder al beneficio de la libertad condicional”.

Desde la cárcel de Campana, donde está alojado, el sacerdote habló por zoom ante los integrantes de la audiencia. Lo escuchaba el abogado Juan Pablo Grassi, querellante en la causa, quien se opone a la salida en libertad. También se opondrá el particular damnificado Sergio Piri, en representación de la víctima conocida como Gabriel, Grassi se defiende solo. En la cárcel se recibió de abogado. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón está integrado por la Mariana Maldonado y los jueces Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, y el fiscal de Ejecución, Mario Ravizzini.

A cuatro años de cumplirse la totalidad de la pena, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón analiza el pedido de libertad condicional presentado por el padre Julio César Grassi.

La audiencia judicial en Morón comenzó pasadas las 10.30 (Maximiliano Luna)

La condena a 15 años de prisión del cura mediático se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Estos ilícitos, cometidos en la fundación, fueron perpetrados “en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996 y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingham (…) en perjuicio de O.A.A.”.

En 2010, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó los recursos extraordinarios y luego la Corte Suprema, en 2017, dejó firme la condena tras declarar inadmisible un planteo presentado por la defensa del religioso. Con la firmeza del caso, se realizó el cómputo de la pena, que se fijó hasta agosto 2026 por aplicación del instituto procesal conocido como “dos por uno”.

Apelación mediante, ese cálculo quedó bajo revisión de la Cámara de Apelaciones de Morón, que en junio del año pasado declaró la inaplicabilidad de ese beneficio y ordenó fijar la culminación de la condena para el 30 de mayo del 2028, computada desde la detención del cura en 2013.

Así las cosas, el padre Grassi ejerce este jueves su propia defensa para argumentar sus razones respecto del pedido que le dirigió al presidente del tribunal con el fin de que “dicte resolución concediendo mi libertad condicional a la cual me asiste derecho a partir del día 24 de mayo de 2023″. El Código Penal, en su artículo 13, establece que los condenados a prisión por más de tres años con dos tercios de la pena cumplida “podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento -penitenciario- e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”. Ese cuerpo legal también aclara que este beneficio no se aplica para los delitos contra la integridad sexual.

De acuerdo a la condena establecida, el sacerdote debería salir de la cárcel recién en mayo de 2028, pero solicitó que se revise su posible “liberación anticipada,  algo que se sabrá este jueves a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón.

En un hecho inusual, Grassi, quien se graduó de abogado mientras cumplía su condena, se representará a sí mismo en esta audiencia, algo que no había ocurrido en procesos anteriores.

El caso del padre Grassi se remonta a junio de 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón lo condenó a 15 años de prisión por abuso sexual agravado, considerando su rol de sacerdote y su responsabilidad sobre los menores en la Fundación Felices los Niños.

Los abusos se produjeron en 1996 y afectaron a dos menores bajo su cuidado. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en 2017, y desde entonces, Grassi se encuentra en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, destinado a presos con buena conducta.

En la cárcel, el acusado se recibió de abogado y en esta audiencia clave se representará a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.