En el marco de ENBIO 2026, en la Junín, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires formalizó la habilitación de cursos específicos para pilotos de drones destinados a la aplicación de agroquímicos, mediante una resolución que actualiza el marco normativo vigente y reconoce el avance tecnológico en el sector agropecuario.

Así lo indicó el ministro Javier Rodríguez al encabezar el encuentro, en el que se dio inicio al curso de aplicadores realizado en la Sociedad Rural de Junín. “La decisión se inscribe en una agenda más amplia de incorporación de tecnologías, capacitación y validación técnica para mejorar la productividad con criterios de sustentabilidad”, informaron desde el MDA.

La medida modifica las resoluciones 46/16 y 115/16 del entonces Ministerio de Agroindustria e incorpora una nueva categoría de carnet habilitante para operarios que realicen aplicaciones mediante Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA). De este modo, la Provincia integra formalmente esta tecnología a las tareas de aplicación, bajo criterios de capacitación, fiscalización y control sanitario.

Reglas claras y formación

El ministro señaló que el uso de drones requiere reglas claras y formación adecuada. "Avanzamos con una resolución que establece requisitos y capacitaciones para operadores de drones en aplicaciones. Para nosotros es fundamental que haya formación y validación técnica, porque eso también fortalece la adopción tecnológica", explicó.

La resolución establece además la actualización de los contenidos mínimos que deberán contemplar los cursos de formación, con eje en la protección de la salud humana, el cuidado del ambiente y el uso racional de los productos agroquímicos. En línea con la Ley 10.699, el objetivo es fortalecer prácticas responsables y garantizar estándares adecuados en todas las modalidades de aplicación.

Otro punto central de la resolución es la aprobación de un protocolo para la homologación de contenidos curriculares, que permitirá reconocer trayectos formativos dictados por instituciones terciarias y universitarias. Esta articulación busca ampliar la oferta de capacitación y consolidar una estrategia integral de formación técnica para los operarios del sector.

Estrés ambiental

Durante su exposición, Javier Rodríguez enmarcó la iniciativa en los desafíos estructurales que enfrenta la producción agropecuaria. "Hoy uno de los principales problemas tiene que ver con el estrés ambiental: sequía, temperaturas extremas, compactación de suelos, el uso adecuado del agua. Todo eso afecta de manera sostenida la productividad y, por lo tanto, los rindes. Y cuando hablamos de rindes, hablamos directamente de rentabilidad", sostuvo.

El ministro destacó que la incorporación de nuevas tecnologías debe apoyarse en conocimiento científico y validación técnica. "El problema existe y debe ser abordado con conocimiento científico y tecnológico. A partir de ahí, pensar cómo generar soluciones concretas", afirmó.

En esa línea, agregó: "La difusión de nuevas tecnologías requiere de evaluación, validación y acompañamiento. Y ahí también está el sector público". En ese marco, destacó el crecimiento de los insumos biológicos como parte de un enfoque productivo más amplio: "No se trata de reemplazar ni de ir en contra de nada, sino de sumar alternativas productivas, de producir mejor y con más herramientas disponibles".

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires presentó un nuevo sistema digital para la gestión de la Receta Agronómica Obligatoria. “Es el resultado de cuatro años de trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los distintos actores de la cadena”, informó la cartera que conduce Javier Rodríguez.

El sistema denominado SIGIRAO (Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria), presenta múltiples ventajas frente al esquema anterior, “ya que digitaliza completamente todo el proceso y mejora tanto la operatividad como la facilidad de los procesos. Entre sus principales beneficios se destaca la actualización continua del listado desplegable de los productos sobre los cuales se pueden emitir las recetas, lo que facilita el trabajo de los profesionales”, se explicó.

“Además, ofrece una experiencia de usuario más ágil e intuitiva, permitiendo el acceso desde distintos dispositivos, incluso con conexiones a Internet satelital o desde teléfonos celulares. Todo el procedimiento, al ser digital, agiliza los tiempos y reduce los errores. A su vez, el sistema garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos ingresados por los usuarios”, agregó el ministerio en un comunicado.

La resolución 567/25, firmada por el ministro Javier Rodríguez, entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial, en pocos días. El nuevo sistema estará disponible en la plataforma Mi MDA.

Buenas Prácticas Agrícolas

El ministro Javier Rodríguez señaló que "nuestro objetivo es facilitar y agilizar la tarea de los actores involucrados y, simultáneamente, contribuir a una producción agropecuaria bonaerense más cuidadosa del ambiente y de las poblaciones".

"Este nuevo sistema va a favorecer a que los productores puedan certificar las buenas prácticas que implementan en sus producciones", aseguró.

Otra mejora sustancial es la georreferenciación de los receptores y de las áreas de resguardo, como escuelas o apiarios, junto con la delimitación de los 2.000 metros que componen las zonas de exclusión para aplicaciones aéreas de agroquímicos.

"Es importante destacar que este proyecto es el resultado de años de trabajo y diálogo con representantes de toda la cadena: productores, profesionales y técnicos. Escuchamos sus inquietudes, incorporamos sugerencias y éste es el resultado de todo ese proceso", destacó el ministro.

La resolución 567/25, firmada por el ministro Javier Rodríguez, entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial, en pocos días. El nuevo sistema estará disponible en la plataforma Mi MDA

El nuevo sistema es parte de las iniciativas relacionadas a las buenas prácticas agrícolas. En este sentido, cabe señalar que la provincia de Buenos Aires tiene un programa de BPA, que precisamente pone el énfasis en la rotación de cultivos y en la aplicación de agroquímicos.

En la actualidad, “el programa tiene ya certificadas unas 31.324 hectáreas que cumplimentan con los estándares de calidad requeridos, y brinda un reconocimiento económico que es un porcentaje del impuesto inmobiliario rural.

Implementación y capacitación

“Desde la publicación en el Boletín Oficial, las expendedoras de agroquímicos (comúnmente llamadas agronomías) tendrán 30 días hábiles para incorporarse al sistema y digitalizar los remitos”, indicó el MDA.

A tales fines se habilitaron herramientas de vinculación para que la carga de los documentos sea automática. El nuevo sistema ya se ensayó exitosamente y se adoptó en un módulo de prueba en el que participaron 164 agronomías, lo que representa alrededor de un 20% del total de las expendedoras de la provincia de Buenos Aires.

Los ingenieros agrónomos, por su parte, cuentan con 120 días hábiles para la implementación del nuevo sistema de prescripción de recetas agronómicas. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se aclara que, si bien todos los ingenieros agrónomos pueden hacer uso del nuevo sistema desde su implementación, en los primeros 30 días hábiles se priorizará la incorporación de las agronomías.

“Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires la receta agronómica prescripta por un profesional es obligatoria para la adquisición y la aplicación de fitosanitarios, según la ley provincial 10.699”, indicó la cartera agraria.

En tanto, el ministerio ya está trabajando en una fuerte campaña de capacitación a partir de la implementación del nuevo sistema. "Vamos a trabajar como siempre lo hacemos, con todos los sectores y en todo el territorio, para garantizar que la ley se cumpla, porque eso va a redundar en beneficios para la producción y el ambiente de las y los bonaerenses", cerró Rodríguez.

Un estudio pionero de la FAUBA y otras instituciones reportó efectos de la intensificación agrícola en estos insectos, en condiciones de campo. Los compuestos tóxicos afectaron sus sentidos, defensas, capacidad de aprender y comunicarse, y genes vinculados a la sociabilidad

La polinización es fundamental para mantener los rindes agrícolas: el 33% de los cultivos depende de ella. Sin embargo, en los agrosistemas, los polinizadores enfrentan una exposición constante a agroquímicos. ¿Qué daños les producirán estos compuestos? Un estudio pionero de la FCEyN-UBA, la FAUBA y otras instituciones demostró que, en condiciones reales de campo, las aplicaciones provocaron en abejas melíferas fallas sensoriales, dificultades para aprender y comunicarse, y alteraciones en genes esenciales para su vida social. Una presión invisible que compromete la sustentabilidad del agro.

“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Cuando las abejas melíferas -Apis mellifera- polinizan los cultivos, entran en contacto con estos productos y los llevan a la colmena, donde los transmiten por contacto o por el alimento. El glifosato es especialmente riesgoso: como no las ahuyenta, los daños son potencialmente mayores”, dijo Jorge Zavala, docente de Zoología en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).

Zavala, quien también es investigador del CONICET, señaló que en investigaciones previas realizadas en el Laboratorio de Insectos Sociales (FCEyN) por el grupo que lidera Walter Farina se comprobó que los agroquímicos dañan las capacidades sensoriales de las abejas, necesarias para recolectar alimento. También modifican el funcionamiento de genes vinculados al cerebro, al sistema inmune y a proteínas detoxificadoras.

Para estudiar estos efectos en condiciones de campo, el equipo de investigación instaló colmenas en tres lotes con distintos cultivos en la Estación San Claudio (FAUBA), al oeste de Buenos Aires. Allí monitoreó a las abejas antes y después de la floración y de las aplicaciones de agroquímicos.

“Usamos trampas de polen para identificar qué flora habían visitado -cultivos o plantas silvestres- y para detectar residuos químicos”, comentó.

Ivana Macri, profesional del INTA y primera autora del trabajo publicado en la revista científica One Earth, resaltó que el experimento detectó los mismos efectos que en laboratorio. “Hallamos agroquímicos en el polen de las trampas y en las abejas recolectoras. Se trata de una exposición múltiple que debilita a toda la colonia”, sostuvo.

Los agroquímicos impactaron en las colmenas a varias escalas, desde la genética hasta el comportamiento. “Comprobamos que todos los efectos se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando se altera un gen vinculado a funciones cerebrales, termina afectando el comportamiento individual y reduciendo la eficiencia de recolección de alimento”, puntualizó Ivana, quien también es investigadora en el instituto IFIBYNE (CONICET-UBA).

Macri aseguró que los contaminantes afectaron genes relacionados con la vida social de A. mellifera. “Les complicó desde la higiene hasta la reproducción, poniendo en jaque la supervivencia de la colonia. También redujo su capacidad de aprender y de transmitir información a las compañeras”.

“Las abejas expuestas a los tóxicos fueron menos capaces de asociar los olores de las flores con recompensas en polen y néctar, y menos sensibles a los azúcares. Estos son problemas graves cuando la diversidad floral es baja -cuando florecen los cultivos- porque al final del día recolectan menos alimento, afectando la nutrición de la colonia”, explicó a Sobre la Tierra.

En este sentido, Ivana remarcó que también se registró una caída en la cantidad, la calidad y la diversidad de los recursos alimenticios después de la floración de los cultivos. Esto potenció aun más la reducción de las capacidades sensoriales y cognitivas de las abejas.

Completar el rompecabezas

Jorge Zavala, coautor del trabajo, se refirió a los mensajes que surgen del estudio. “Mi conclusión principal es que al verse afectada la posibilidad de transmitir la información entre las recolectoras, de orientarse y todo lo que comenté antes, es inevitable que a largo plazo resulte comprometida la polinización en general y, en última instancia, la producción de los cultivos”, advirtió.

“Nuestro trabajo se destacó por abordar un sistema real muy complejo en el que, sin embargo, pudimos identificar un patrón consistente desde el nivel de cultivo hasta la expresión génica, pasando por la colmena, los individuos, el comportamiento y el alimento. Todas las escalas mostraron alteraciones relacionadas entre sí”, afirmó.

Macri, por su parte, adelantó nuevos aspectos a estudiar. “Queremos seguir trabajando a campo, donde se puede ver concretamente qué pasa. Por ejemplo, nos interesa profundizar en las respuestas de A. mellifera a los agroquímicos según las diferentes edades y tareas en la colmena. Y tratar de determinar en qué etapa del desarrollo son más vulnerables”.

“Otro desafío será entender cómo los agroquímicos alteran la flora intestinal de las abejas, esencial para su inmunidad y nutrición, y descubrir los mecanismos moleculares detrás de los síntomas que observamos. En este sistema complejo, las bacterias juegan un rol cada vez más importante y nos parece fundamental esclarecerlo”.

SLT-FAUBA

El Ejecutivo congeló la entrada en vigor de la ley sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal referida a la regulación de las aplicaciones. Esta vez por 210 días

El gobierno provincial volvió a prorrogar, desde el 8 de enero y por el término de 210 días, la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

La nueva prórroga, la once, quedó oficializada en el Boletín Oficial de este martes. El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la resolución 2/25 para prorrogar la normativa que a siete años de su salida aún no entró en plena vigencia.

Al respecto, e Ejecutivo argumentó que “se mantuvo dicha prórroga teniendo en cuenta para ello, en la última oportunidad, la necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales para mapear las normativas vigentes.

Sin embargo, otro argumento para decidir la nueva prórroga es que tomó estado parlamentario un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense que busca regular “la gestión, aplicación y el uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial”.

Cabe recordar que la 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el Gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva siete años sin entrar en vigencia.

Dib

Es una noticia que se veía venir. El INTA se bajó del Sprint, el proyecto internacional financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo medir el riesgo que representa en la salud humana, animal y en el medio ambiente el uso de agroquímicos. La resolución la firmó el jueves 7 de diciembre el hoy ya ex presidente del instituto, Mariano Garmendia, tras la decisión tomada por el Consejo Directivo de la entidad. Las causas que se aducen es que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas excedieron las incumbencias de la entidad.

La desvinculación del INTA del proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), se hizo realidad en silencio, el mismo polémico silencio que el instituto adoptó desde que se conocieron los resultados de los análisis que se realizaron en noviembre de 2021 en el sudeste bonaerense (desde Dorrego a Mar del Plata y desde Necochea hasta Tandil), donde se tomaron 75 muestras ambientales; 180 muestras en 36 animales y 365 muestras en 73 personas.

Las mediciones resultaron muy críticas para la Argentina: el 100% de los voluntarios presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal.

Estos resultados ubicaban a la Argentina en el podio de los niveles de contaminación con agroquímicos, solo superados por los Países Bajos.

Ver: Agroquímicos: ¿de eso no se habla?

“Atento a la toma de conocimiento de que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas habrían excedido las incumbencias del INTA, se determina la puesta en marcha del correspondiente análisis institucional, hasta tanto se cuente con las respuestas asociadas en sentido amplio”, adujo el INTA en el invierno pasado para no hacer público los resultados. Las mismas razones fueron las que figuran en la resolución en la que se da de baja la participación del instituto.

Las fuentes consultadas por La Voz del Pueblo indicaron que la decisión fue tomada por el Consejo Directivo -conformado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado- en donde todos, salvo la Federación Agraria Argentina, votaron a favor de la salida de Argentina del proyecto.

Los organismos que pusieron su voto a favor de esa decisión fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; facultades de Agronomía de universidades nacionales; facultades de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales; la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aaacrea); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro); las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Argentina había sido el único sitio de estudio de caso no europeo e incluida porque es el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa. Y además se tomaba como referencia para comparar los resultados entre aquel continente y América del Sur. El Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA fue el ámbito de análisis del proyecto, en el área de influencia de dos de sus experimentales: la EEA INTA Balcarce y la Chacra Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos), ambas al sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, la Argentina continúa sin realizar mediciones propias sobre los posibles impactos de los agroquímicos en el ambiente y la salud.

El impacto de los agroquímicos en el medio ambiente y en la salud humana es un tema que desde siempre generó una grieta en la sociedad y que nunca fue abordado desde ninguna institución del Estado. En una decisión saludable -nunca mejor usado el término- en 2020 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria anunció que había sido invitado a participar en el proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), que está impulsado por un consorcio de institutos de investigación europeos. El objetivo, qué ocurre con los productos químicos, fundamentalmente los de uso en el ámbito agropecuario y también en el hogar, en el hombre y en el ambiente y así generar información que permita construir una mejor forma de producir.

En mayo de este año estuvieron listos los primeros resultados de los análisis y mediciones realizadas en voluntarios, animales y viviendas del proyecto, pero esa información nunca vio la luz. Mejor dicho, nunca fue publicada por el INTA. Aunque sí trascendió por otros canales, e incluso fue difundida por el consorcio europeo en una reunión internacional.

Entonces tomo estado público lo que acá se quiso mantener en privado: las mediciones del Proyecto SPRINT resultaron muy críticas para la Argentina.

¿Qué es SPRINT?

El programa consiste en un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos junto a la Argentina, representada por el INTA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y comenzó a gestarse en 2018. La formalización de la propuesta llegó dos años después en el marco del trabajo que viene desarrollando la Unión Europea (organismo de financiación) para regular el uso de plaguicidas.

Argentina es el único sitio de estudio de caso no europeo y fue incluida porque es el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa. Y además se toma como referencia para comparar los resultados entre aquel continente y América del Sur. El Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA fue el ámbito de análisis del proyecto, en el área de influencia de dos de sus experimentales: la EEA INTA Balcarce y la Chacra Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos), ambas al sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Ver: Una caja de herramientas para evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente

“Este proyecto nace porque el uso de fitosanitarios representa un riesgo para la salud humana y ambiental. Los hallazgos de investigaciones recientes sugieren una asociación entre la exposición a algunos fitosanitarios y un mayor riesgo de problemas de salud”, manifestó la profesora Violette Geissen de la Universidad de Wageningen de Holanda, y quien conduce el consorcio. La Doctora Virginia Aparicio de INTA Balcarce es quien lidera el Sitio de Estudio de SPRINT en el país.

Etapas y muestreo

El proyecto SPRINT está organizado en 10 grupos de trabajo que generan información respecto a la distribución de agroquímicos en el ambiente, las plantas, los animales y el hombre en los casos de estudio. El programa consta de una serie de etapas que comenzaron a transitarse en 2020 y finalizarán en 2025.

En Argentina el relevamiento se hizo en noviembre de 2021 y abarcó el sudeste bonaerense (desde Dorrego a Mar del Plata y desde Necochea hasta Tandil); se tomaron 75 muestras ambientales; 180 muestras en 36 animales y 365 muestras en 73 personas.

Respecto a las muestras tomadas para ser evaluadas, en cada establecimiento participante del programa se obtuvieron de suelo, agua, sedimentos, granos, pasturas y animales (peces, ganado bovino para leche, ganado bovino para carne, heces de murciélagos, lombrices, entre otras) y, a todas las personas (productor, vecino y consumidor de alimentos) se les extrajo sangre, se les solicitó una muestra de heces, orina, un hisopado nasal. Además portaron una pulsera para evaluar su exposición a agroquímicos durante siete días.

Las muestras se realizaron mediante un protocolo aprobado por el Comité de Etica de la Investigación del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y los análisis de muestras se centralizarán en los mismos laboratorios de manera de tener las mismas condiciones analíticas.

Toda la información arriba publicada fue brindada por el INTA a medida que avanzaban las distintas etapas del proyecto. Y técnicos que participaron activamente del muestreo aseguraron que nunca se tomaron tantas precauciones y se cumplieron tantos protocolos en las mediciones y la preservación de lo obtenido en esta experiencia.

Entonces, todo lo que era información que corría con fluidez desde las herramientas de difusión del INTA, en determinado momento se estancó. Fue cuando llegó el turno de dar a conocer los resultados.

Ver: Verónica García Christensen: “Estamos 20 veces más contaminados que los europeos”

Los datos no fueron difundidos hasta ahora, esa es la única certeza. Después hay muchas versiones que rodean a esa decisión. Lo cierto es que de repente, el Instituto puso en duda la seriedad del proyecto por considerar que no era demasiado objetivo ni científico y le prohibió a Virginia Aparicio que revelara lo obtenido en las mediciones.

La ingeniera del INTA Balcarce acató la decisión -indicó que no podía dar declaraciones al ser consultada por La Voz del Pueblo-, pero el 27 de septiembre, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78), se presentaron a través de una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de la investigación.

Los datos

A través de su periodista Anabel Pomar, el medio argentino La Vaca siguió esa sesión virtual y comunicó algunos datos allí entregados en más de tres horas de exposiciones. A continuación la síntesis:

Los mismos técnicos que confiaron en que se habían seguido estrictos procedimientos y protocolos en los procedimientos como nunca se habían exigido, confirmaron que en el caso de Tres Arroyos hubo voluntarios que trabajan bajo el sistema agroecológico de producción, y que pese a que hace una década no aplican agroquímicos sus muestras y análisis no difirieron de los que si los utilizan. En rigor, entre los voluntarios hay vecinos que no tienen relación directa con la producción agropecuaria y sus muestras arrojaron los mismos resultados.

La palabra oficial (de allá)

Como para aportar mayor confusión a los motivos del silencio del INTA, la agencia oficial de noticias de la Argentina, Télam, entrevistó a la holandesa Violette Geissen, coordinadora del proyecto, quien reveló presencia de agroquímicos en el ambiente, animales y personas. “Las muestras de Argentina presentaron menos variedad de agrotóxicos que las de Europa, pero las concentraciones en el polvo de casas de campesinos y en materia fecal fueron más elevadas”, indicó.

“Lo que observamos es que en Argentina aparecen menos variedad de plaguicidas que en Europa, aunque hay que tener en cuenta que en este país se relevó sólo una zona con pocos tipos de cultivo; mientras que en Europa se contemplaron 10 cultivos (vino, olivas, trigo, etc.)”, comentó.

Respecto de las concentraciones, la investigadora informó: “Encontramos que en los suelos el promedio de Argentina era más alto que el de Europa; en las plantas eran iguales, y en el aire interior y en el agua también eran más altos; en cuanto a los valores en las personas, los plaguicidas en la materia fecal de las muestras de Argentina fueron muchos más altos”.

El silencio

Conocidos estos resultados, La Voz del Pueblo intentó pautar una entrevista con alguna autoridad del INTA. “Por el momento se está haciendo una revisión del procedimiento con otras instituciones. Hasta que no esté ese trabajo terminado no vamos a tener información institucional”, fue la respuesta obtenida.

Ver: Esteban Bilbao: “La tecnología química hasta hoy nos ha ayudado más que lo que nos ha matado”

A principios de este mes, en el marco del Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social realizado en Paraná, Entre Ríos, según publicó Tiempo Argentino, la licenciada en Nutrición e integrante de la Fundación CAUCE, una ONG ambientalista, le preguntó a Mariano Garmendia, presidente del INTA, los motivos de la no difusión de los resultados. La respuesta: “Había un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto pero que estamos tratando de subsanar, nosotros tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la provincia de Buenos aires, tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.

La carta

El silenciamiento de los resultados y la versión aún confirmada de que el INTA se bajaba del proyecto tuvo impacto en los técnicos del INTA que participan y también en los voluntarios que le pusieron el cuerpo al SPRINT. Los primeros no pueden saltar el cerco, los segundos sí. Y decidieron contactarse unos con otros (no se conocían) y 44 de los 73 voluntario resolvieron actuar en bloque y le enviaron una carta al consejo directivo del INTA.

“Queremos expresar nuestra solicitud ferviente para que el INTA continúe su participación en este proyecto de investigación de vital importancia. Solicitamos a ustedes que autoricen la continuidad del proyecto SPRINT en Argentina, bajo la responsabilidad de la Dra. Aparicio, con sede en la EEA INTA Balcarce”, pidieron.

Los resultados que trascendieron del proyecto no dejan espacio para la duda sobre la presencia de sustancias químicas (no siempre relacionadas con el campo) en las muestras tomadas en seres humanos, animales y ambiente. No hay información, en tanto, respecto al efecto que pueden provocar esos volúmenes de agroquímicos en los organismos y el ambiente, como tampoco se explica cómo pesa esa presencia en un determinado lapso de tiempo.

Ese vacío informativo potencia la grieta -esa que está representada entre los que utilizan el término “agrotóxico” y los que emplean “fitosanitario”-, en la “cuestión química”.

La potencia tanto como el silencio del INTA.

Por Esteban Bilbao*

Los últimos días se han publicado algunos resultados sobre la presencia de diferentes químicos en muestras de tierra, aire y en muestras de sangre, orina y materia fecal en algunas personas evaluadas. Es muy importante que este tipo de estudios se lleven a cabo por científicos e instituciones profesionales y confiables, así como se realicen de forma conjunta entre distintos especialistas e instituciones, para lograr un trabajo en red e interdisciplinario que siempre nos lleva a mejores resultados y conclusiones.

Estamos rodeados de cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, y de cosas que no podemos percibir y hemos desarrollado, y aprendido a usar, tecnologías para amplificar nuestra capacidad de detectar, percibir e interpretar el mundo en el que vivimos. Y seguimos mejorando y evolucionando estas tecnologías. Esto nos lleva a poder explorar y tratar de entender un mundo mucho más complejo que el que podemos ver, oír, oler, saborear o palpar.

Así logramos tener un nuevo súper poder en la palma de nuestras manos, ahora tenemos que lograr entender cómo usarlo de forma inteligente y responsable.

Para entender un poco más de la complejidad de estos temas, por estudios que se vienen realizando en diferentes partes del mundo, y en Argentina, se está pudiendo medir la presencia de una gran cantidad de químicos en muestras de diferentes medios (aire, agua, tierra) y seres vivos (humanos, peces, artrópodos, etc.). Esto es esperable, ya que todos los químicos que utilizamos (medicamentos, plásticos, plaguicidas, en alimentos ultra procesados, combustibles, otros derivados del petróleo, etc.) generan subproductos, desperdicios, metabolitos que antes o después se liberan al ambiente. Por ejemplo, al tomar un medicamento, parte de este es excretado de nuestro cuerpo en la orina y esto termina en algún lugar del ambiente.

¡Vamos a morir! ¿Vamos a morir?

Acá viene el meme de Sid en La Era de Hielo, gritando: “¡Vamos a morir!”, o quizás no. En particular la tecnología química en los medicamentos, plaguicidas y en la industria alimentaria hasta ahora nos ha ayudado a alimentarnos y a extender la esperanza de vida más que lo que nos ha matado, y siguen evolucionando para mejorar los problemas que se detectan y tener cada vez menos efectos colaterales.

Bien, entonces, concentrémonos en las cosas a las cuales podemos prestar atención para comprender más estos temas.

– Primero, entender que con la capacidad de detección actual es probable que encontremos trazas o derivados de lo que busquemos. Y, gracias a que esta capacidad de detección va a seguir mejorando, vamos a poder ir tomando mejores decisiones en el futuro.

– Segundo, evaluar cuáles son los químicos que más daño nos pueden hacer (según el ambiente en el que habitamos y a qué nos exponemos), cuantificarlos para poder compararlos con los valores de referencia (concentraciones aceptadas por instituciones públicas regulatorias como el SENASA, ANMAT, OMS, etc.) y hacer un ranking de cuales serían a los que más atención debemos ponerles.

– Tercero, comprender de dónde pueden venir estos químicos que estamos detectando. Es fácil hablar de “agrotóxicos” y señalar a un tercero, pero una gran cantidad de químicos de los que se viene hablando se usan en el agro y se usan en las ciudades, en productos para el hogar, para jardín, canchas de césped para deportes, en productos que aplicamos a nuestras mascotas, empresas de desinfección, industrias (ejemplos de todos estos son el imidacloprid, clorpirifós, deltametrina, lambdacialotrina, fipronil, pirimicarb, carbendazim, atrazina, dicamba, MSMA, 2,4D, glifosato, entre muchos otros). Hasta se ha visto empleados públicos aplicando glifosato en zonas públicas urbanas. Comprender esto también ayuda para poder ver a qué productos debemos prestarle más atención en cada ámbito.

– Cuarto, identificar, aprender a usar y reducir lo máximo posible estos productos en el hogar, jardín y lugares donde nuestros niños y embarazadas pueden estar expuestos.

– Quinto, evaluar si hay algún químico más tóxico o más peligroso (por toxicidad y riesgo de exposición) que podamos reducir su uso o reemplazar por otro más inocuo. Para esto es importante recurrir a la información estadística generada por instituciones reconocidas (Ministerio de Salud, Asociaciones de Profesionales, OMS, etc.), ya que muchas veces se asocian químicos con intoxicaciones o enfermedades que aún no se ha podido demostrar, o las estadísticas muestran lo contrario. Esto es importante entenderlo, porque a veces no hay reemplazos más inocuos y dejar de usar un químico puede ser peor que seguir usándolo.

– Sexto, siempre consultar con un profesional a la hora de usar algún químico (sea un medicamento, un plaguicida, etc.) y hacerlo dentro de las recomendaciones de este y dentro de los marcos legales vigentes.

– Séptimo, poder recibir e interpretar la información de investigaciones sobre estos temas. La información sobre la presencia de un químico sirve para encender una luz de alerta y poder investigar más a fondo los puntos enumerados anteriormente, pero el dato sólo de que hay un químico presente no nos dice mucho más. Está claro que este tipo de noticias nos interesan a todos y nos alertan y llaman la atención, pero se debe ser responsable al respecto para poder seguir formando a la comunidad.

Para tener en cuenta

En relación al uso de químicos en el campo se debe tener la claridad de que se utilizan productos habilitados por el SENASA, la decisión de la necesidad de realizar la aplicación de un químico y la recomendación de cómo realizarla (tecnología de aplicación y condiciones ambientales) debe estar tomada por un profesional matriculado en base a un diagnóstico, los operarios de las pulverizadoras deben estar capacitados, las pulverizadoras registradas, efectuar la aplicación con las condiciones ambientales adecuadas (viento, temperatura, humedad del aire) y realizar el triple lavado de los envases y luego llevarlos al centro de acopio de envases para que vayan a un destino habilitado para esos plásticos.

A esto hoy se suman las tecnologías de trazabilidad, las cuales permiten ver en tiempo real el trabajo que está realizando una pulverizadora y la calidad de este, así como dejar todo registrado (como una caja negra de un avión).

Tecnologías superadoras

En el sudeste de Buenos Aires también se suma el fuerte avance de la adopción de las aplicaciones dirigidas, son tecnologías que se instalan en los pulverizadores para detectar malezas y aplicar solamente donde hay maleza, esto nos está ayudando a reducir en un 50% el uso de herbicidas. Por sólo enumerar algunas de las técnicas de manejo y tecnologías que se están implementando para seguir mejorando la producción y reduciendo el impacto de la misma.

Obviamente que no toda la gente cumple todos estos requisitos y que debemos seguir trabajando para que esto suceda. Por lo cual, en particular es muy importante que se logre un marco legal local que ordene y controle las aplicaciones en las zonas donde se une la actividad productiva con lo urbano, escuelas rurales y otras zonas críticas de convivencia.

Este marco legal es tan necesario para los vecinos como para los productores, ya que ordenando y controlando (lo cual se vuelve mucho más factible con las tecnologías disponibles hoy) las aplicaciones en estas zonas se resolvería gran parte del conflicto. Y esto es mucho más fácil de lo que parece, creando zonas de amortiguamiento en las cuales se deban cumplir requisitos mínimos de trabajo como cumplir otras leyes ya vigentes (pero teniendo la autoridad de control en lo local), que se cumplan determinadas condiciones ambientales (viento desde la ciudad hacia el campo, etc.), un profesional que audite el trabajo y la necesidad de contar con tecnologías que ayuden al control y la auditoria pública del trabajo, entre otros.

Entonces, debemos comprender que el mundo químico es complejo, y conclusiones rápidas con soluciones simples no nos han llevado a buenos resultados. Es más, muchas veces han generado más problemas que soluciones. Y que tanto desde los estamentos público como privados debemos entender que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, y actuar en consecuencia.

* El ingeniero agrónomo matrícula profesional CIAFBA 1047, integra la empresa Viento Sur (especializada en aplicaciones inteligentes) y forma parte de la Regional Necochea de Aapresid. A pedido de La Voz del Pueblo envió esta nota con su posición frente a la renovada polémica por la aparición de diferentes análisis que muestran la presencia de residuos de agroquímicos

Verónica García Christensen es una de las voluntarias que participó del proyecto Sprint, que está impulsado por un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos, el INTA y la FAO. La abogada especialista en derecho ambiental que reside en Claromecó, contó cómo fue su experiencia, qué resultados le dieron los distintos análisis que tuvo que realizarse y qué se obtuvo de las muestras que debió tomar en su casa. Su mirada crítica sobre el actual sistema de producción y el cuestionamiento al silencio del INTA.

– ¿Cómo te enteraste del proyecto Sprint?

– Me convocaron de la Chacra de Barrow, de acá de Tres Arroyos, para ver si quería ser voluntaria de extracción de sangre, de orina, de material fecal.

– ¿Qué te explicaron? ¿Cuál era la finalidad del proyecto?

– El mayor objetivo es disminuir progresivamente el uso de agroquímicos. En Europa ya se puso como la meta reducirlos al 50% en 2025. Y bueno, acá era un inicio de una política de Estado para la reducción, en principio de reducción y hasta la eliminación total del uso de agroquímicos.

– ¿Y en qué consistió tu participación?

– Primero nos dieron un cuestionario con diferentes preguntas sobre la alimentación, sobre si vivíamos cerca del campo. Después nos dieron una pulsera que teníamos que tener durante 10 días. También nos dieron una bolsa para recolectar el barrido de la casa. Y luego nos citaron para extraernos sangre en la Chacra del Barrow. Teníamos que llevar orina y materia fecal. Esas muestras iban a ser analizadas en Holanda.

– ¿Cómo te enteraste vos de los resultados?

– Me los mandó por mail en mayo, Virginia Aparicio, que es la investigadora científica de INTA. Y me invitó a una reunión que se iba a realizar en junio. Muchos de nosotros, los voluntarios, al ver los resultados individuales, por más de que en mi caso no me sorprendieron, porque donde los busquemos están (los agroquímicos),  el tema es que cuando uno lee realmente todo lo que tiene, toda esa mezcla….

– ¿Qué te dieron los resultados?

– Tengo 22 o 23 agrotóxicos en todo el cuerpo, en elevadas cantidades. En total tengo 146 microgramos litro de agrotóxicos en la sangre. Es un montón. Y lo que también nos informaron cuando nos dieron los análisis individuales, fue una tabla con cada uno de los agroquímicos identificados, que tienen una clasificación internacional con respecto al grado (sic) de cáncer, que son mutagénicos, que son disruptores endócrinos, que eso tiene que ver con las hormonas, estas enfermedades autoinmunes que pareciera que no tienen explicación. Y un montón de cosas van tomando sentido, el estado de salud en general de todos, de lo que comemos, lo que respiramos, de todo.

Entonces, es la confirmación de que de esos 22 agroquímicos, más de 16 son probablemente cancerígenos, que es alta la probabilidad. Muchos son, digamos para que se entienda, capaz de producir malformaciones, esto que te digo de las hormonas, de las glándulas, todo ese tipo de efectos están comprobados. No es que esos datos salen de Argentina, son internacionales, son clasificaciones estandarizadas.

¿Vos no tenés relación directa con el campo?

– No.

– ¿Qué pasó con la reunión de junio?

– El INTA la suspendió. Se dio un hecho de censura absoluta, todos los integrantes del INTA no pueden hablar del tema. Pero lo ilógico es que como es un proyecto internacional, no depende del INTA que estos datos se difundan. Y finalmente, se hizo una reunión internacional, que fue en inglés, pero hubo también una persona que tradujo toda la información, y lo que arroja es que, por ejemplo, los relevamientos de datos de granjas agroecológicas u orgánicas tienen el mismo nivel de contaminación que un campo que trabaja industrialmente, digamos.

Así que a todos nos pega igual este tema. Y lo que siempre decimos, se enferma el que puede, no el que quiere. Hay gente que tiene muchísima mayor resistencia a diferentes tóxicos, a diferentes contaminantes, y hay gente que no. El tema son las estadísticas, que en este país se vienen obteniendo mayormente por las comunidades, que empiezan a ver que hay más cáncer.

– ¿A vos te sugirieron que no divulgaras tus resultados?

– No, porque mis resultados son de mi propiedad e incluso cuando le dije a Virginia si se podía difundir me dijo “son tuyos”.

– ¿Por qué no te sorprendió la cantidad de agroquímicos que indicaron los resultados que tenés en el organismo?

– Porque yo sé que dónde busquemos (residuos de agroquímicos) va a haber, pero la verdad que las cantidades son las que sorprenden. Y además, lo bueno de este proyecto, es que cuando empezaron a surgir todos estos reclamos, surgió que hay dos o tres lugares en Argentina donde confiablemente vos podés medirte el glifosato en orina y en sangre, y ahora también sabemos que podés medirte más de 150 agrotóxicos.

Entonces el tema es cómo se aprueban ¿no?, porque se aprueban con la dosis letal mínima, o sea, cuánto te tenés que tomar de este veneno o de este fitosanitario -llámenlo como quieran-, para que sea tóxico. Y lo que tenemos que medir es la intoxicación crónica, lenta, y además la sinergia entre todo eso. No es lo mismo tener glifosato que tener glifosato, atrazina, 2,4-D, DDT…

Por ejemplo hay un estudio de acá, de Argentina, de un científico que ha acompañado muchísimo todos estos reclamos ciudadanos en el que ya midió cómo actúa el glifosato con el arsénico, que es un contaminante natural que está empezando a aparecer cada vez más porque usamos tanta agua subterránea, que como está en el sedimento empieza a subir. No es nada bueno el arsénico con el glifosato, lo potencia hasta cinco veces. Entonces toda esa mezcla, ese cóctel tóxico que tenemos es lo que estamos empezando a comprobar.

Entonces es necesario dejar de pelearnos entre nosotros, porque ya vemos que a todos nos afecta, o sea no hay ni el que come orgánico ni el que vive en Groenlandia se salva, porque también se ha medido, la contaminación en todos lados. La pulsera en mi caso midió 20 tipos de agrotóxicos, en donde más hay es en el polvo de la casa, en las muestras tomadas de los barridos.

– A ustedes como voluntarios, después de la reunión que se suspendió, ¿los convocaron a otra para referirse a los resultados?

– Cuando se suspendió todo respecto al proyecto, entre todos los voluntarios hicimos una nota pidiendo el acceso a la información, que por lo pronto cualquier ciudadano puede hacerlo porque es pública. Entonces el director del INTA nos convocó a una reunión presencial en Balcarce en la que solamente nos dieron los resultados humanos y los datos de las comparaciones, que tenemos en algunos casos 20 veces más agroquímicos en orina que los europeos. Estamos más o menos 20 veces más contaminados que los europeos. Fue lo único que nos mostraron, y no nos entregaron ninguna documentación.

– ¿Hubo voluntarios de todo el país?

– La mayoría somos de la provincia de Buenos Aires.

– ¿Y los resultados más o menos son parecidos?

– En algunos casos hay bastante más concentraciones, hay gente que tiene 250, otros un poco menos, pero en general todos tenemos entre 20 y 30.

– ¿Creés que es posible que el INTA difunda los resultados y que se empiece a trabajar en esta problemática?

– Eso sería lo ideal, que el Estado reconozca el problema en principio, y después yo creo que también la sociedad, es decir, que todos nos tenemos que hacer cargo. Aunque las políticas de Estado son necesarias, el tema es que si como sociedad no nos apropiamos de las cosas, de los problemas, de lo que nosotros mismos fomentamos, de lo que somos parte, el Estado no sé si lo va a hacer. Nosotros tenemos que mostrar interés por esto. Por lo menos hay que reconocer el problema, como si fuese el atado del cigarrillo, que realmente se sepa la gravedad del asunto. Y después darnos cuenta que a todos nos puede pasar y que los autismos, las enfermedades autoinmunes, y que a todas las patologías que no les encuentran explicación, es lo que comemos, definitivamente es lo que comemos. No estamos alimentándonos, estamos comiendo comestibles.

La Secretaria de Gestión Ambiental, junto a la Delegación de Orense y el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología Mariano Hernández inauguraron el nuevo Nodo Primario para depósito de bidones vacíos de agroquímicos de Orense. Este objetivo que se logró con el apoyo de varias firmas distribuidoras de estos productos y el Municipio de Tres Arroyos.

El nodo funciona en la estructura del viejo matadero rural de la localidad que se recicló permitiendo que los productores de Orense y de campos aledaños puedan llevar los bidones que luego son trasladados al CAT de Tres Arroyos para su disposición final mediante el trabajo con la firma Eco Abasto y la Fundación Campo Limpio. Esto permite que este tipo de residuo sea tratado correctamente cuidando el medio ambiente.

El gobierno bonaerense decidió prorrogar una vez más y hasta noviembre la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada a fines de 2018 por la administración de María Eugenia Vidal y que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

A través de la Resolución 490/23, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, el Ministerio de Desarrollo Agrario volvió a postergar la normativa que regula el uso de los agroquímicos por el término de 60 días. El período empieza desde el 31 de agosto y termina a fines de octubre.

La decisión se toma atento “a la necesidad de extender el plazo requerido para la adecuación de los criterios normativos que con sustento técnico-científico y resultantes del proceso participativo se propician, producto del trabajo desarrollado desde la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”.

La resolución 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria de María Eugenia Vidal. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Prórroga

Tras el cambio de gestión, la administración de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva casi cinco años sin entrar en vigencia.

En esa línea también, tal como informó Dib, el gobierno provincial creó en agosto de 2022 un “proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos” para mapear las normativas vigentes.

Dib

CampoLimpio recibió en lo que va del año más de 2.000.000 de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo la Argentina y así ha aumentado el recupero de residuos plásticos provenientes de la agroindustria un 35% en comparación al año anterior. El sistema de gestión ambiental de la Asociación hoy se encuentra presente en 19 provincias, con 71 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) a lo largo del país, y ha llevado adelante más de 160 jornadas de recepción en este 2023; teniendo como promedio unas 5 campañas por semana.

“Nuestra labor se ampara bajo la ley nacional 27.279, que ya tiene más de 6 años de sanción y nosotros como asociación estamos trabajando en la mayor parte del país con el objetivo de que el plástico que tienen los envases no quede en distintos lugares dispuestos de manera irregular, sino poder recuperarlos. Cada año recepcionamos más que el anterior, y estos números demuestran cómo ha crecido el compromiso de parte de los productores en la devolución, de la cadena de comercialización y de los distribuidores”, explica Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio.

Reutilizables

La mayoría de los envases vacíos que recupera CampoLimpio pueden ser sometidos a un tratamiento adecuado y reutilizados para fabricar caños, postes, fratachos y otros materiales de construcción, así como elementos viales y otros productos, lo que fomenta la economía circular. Para facilitar la puesta en valor de estos desechos, los productores deben entregar los recipientes lavados, según su tipo, para disminuir la cantidad de residuos químicos dentro del envase.

Desde sus comienzos en 2019, hasta julio de 2023 la asociación recuperó cerca de 9 millones de kg de plástico proveniente de envases vacíos de fitosanitarios. El sistema, que inició con el despliegue en las provincias de Buenos Aires, Salta y Corrientes, hoy se ha consolidado en la mayor parte del país con el objetivo de impulsar prácticas sostenibles y promover una economía que permita la optimización de recursos y el aprovechamiento de los residuos.

Durante este 2023, la asociación sensibilizó a 11.400 personas en materia de buenas y malas prácticas para el manejo de envases vacíos de agroquímicos. Asimismo, recientemente inauguró su último Centro de Almacenamiento Transitorio en la localidad jujeña de Chalicán. Se trata del CAT N° 71, que fortalecerá la adecuada gestión de residuos agroindustriales en el NOA argentino.

Hasta el momento, 111 empresas del sector ya están adheridas al Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de CampoLimpio y representan más del 90% de los envases que se utilizan en el campo.

El Gobierno bonaerense decidió prorrogar por cuatro meses más la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

La nueva prórroga de la suspensión fue determinada por la resolución 131/23 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que lleva como fecha el 1 de marzo. La decisión se toma “atento a la necesidad de extender el plazo requerido para la adecuación de los criterios normativos que con sustento técnico científico y resultantes del proceso participativo se propician, producto del trabajo desarrollado desde la creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA)”.

La 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria de la gestión de Vidal. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y la Autoridad del Agua (ADA), mientras que conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la suspensión de la 246 se fue prorrogando sucesivamente, por lo que lleva más de cuatro años sin entrar en vigencia.

En la última resolución, Provincia recordó que mientras tanto se viene avanzando en distintas cuestiones como en el “sistema de gestión integral de la receta agronómica digital a través de la incorporación al sistema digital del remito y el Acta de Condiciones Técnicas de trabajo”, en la “verificación de las máquinas de aplicación” y en “la continuidad de la realización de las jornadas participativas en el territorio de la provincia de Buenos Aires en el marco del OTA”.

En esa línea también, tal como informó DIB, el Gobierno provincial creó en agosto pasado también un “proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos” para mapear las normativas vigentes.

Dib

La Fundación CampoLimpio, que se dedica a la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios, cerró 2022 con 3,37 millones de kilos de recipientes recuperados. En la comparativa interanual, esta cifra representó una mejora de 37,4% o casi un millón de kilos, en relación a los 2,45 millones de 2021.

Desde la asociación, destacaron la importancia de entregar limpios los envases cuando son trasladados a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). “Esto se hace a través del triple lavado o lavado a presión, según dicta la norma IRAM 12.069 y tal como está indicado en la ley nacional 27.279″, señalaron

Por otra parte, cabe destacar que los productores deben pedir el comprobante que entrega CampoLimpio y certifica que los envases vacíos fueron entregados a centros habilitados.

Desde su creación en 2019 hasta diciembre del 2022, lograron recuperar más de 7,1 millones de kilos de envases vacíos, tanto en CAT como en jornadas de recepción de envases vacíos y concientización en todo el país. En esta serie, diciembre pasado fue el mes récord, ya que se recepcionaron 567.309 kilos de plástico en todo el país.

Capacitaciones

Ignacio Stegmann, director ejecutivo de CampoLimpio, destacó el alcance de estas cifras. “Estos logros son compartidos y para una producción sustentable donde se gestionen correctamente los envases vacíos, es necesario un cambio de hábito, lo que requiere de un trabajo constante”, destacó.

Uno de los ejes de trabajo de la asociación son las capacitaciones, una herramienta que permitió llegar tanto a productores como aplicadores de todo el país.

En paralelo,  firmaron una serie de convenios institucionales con organizaciones como INTA, Aapresid y CREA -entre otras- para potenciar las capacitaciones, difundir la normativa aplicable a la gestión de envases vacíos de fitosanitarios y afianzar la adecuada gestión de estos en todo su ciclo productivo.

Lo que viene

Para este año, CampoLimpio apuntará a continuar desplegando el Sistema de Gestión de envases vacíos de fitosanitarios, aumentar la cantidad de CAT instalados en el país y llevar adelante las jornadas de recepción, para que los productores puedan entregar allí sus envases vacíos.

Hasta el momento, 111 empresas del sector ya están adheridas al Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de la asociación y  representan más del 90% de los envases que se utilizan en el campo.

En un informe elaborado por especialistas de INTA y publicado en su página web, el Instituto se posicionó por primera vez en referencia al rol de los productos fitosanitarios de síntesis química en las producciones agropecuarias. “Es posible incrementar la productividad y rentabilidad con un menor impacto ambiental, de la mano de una reducción gradual de insumos externos”, se indica en el trabajo. Y a continuación, se agrega: “La agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción”. Para manifestar más adelante: “Los agroquímicos son una herramienta necesaria, pero riesgosa” y se destaca “la necesidad de manejarlos correctamente”.

A continuación, el informe completo.

La población mundial alcanzará a 8.000 millones en noviembre de este año. Así lo estimó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe Perspectivas de la Población Mundial. Esto plantea la necesidad de aumentar la producción de alimentos y de disminuir su desperdicio que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO, por sus siglas en inglés– es de 1.300 millones de toneladas anuales, un tercio de lo producido cada año.

Como si fuera poco, las exigencias de los mercados se incrementan al ritmo del crecimiento demográfico. Así, cuestiones tales como los aspectos ambientales, sociales y éticos de los procesos productivos cobran mayor protagonismo. Es decir, hay que producir más alimentos, de un modo más eficiente y sustentable. El desafío es enorme.

Desde el INTA admiten esta problemática y plantean a la intensificación sostenible como la estrategia productiva que permitiría hacer frente a este escenario global. En un reciente informe sobre el rol de los productos fitosanitarios de síntesis química en las producciones agropecuarias, los especialistas destacan que es posible “incrementar la productividad y rentabilidad con un menor impacto ambiental, de la mano de una reducción gradual de insumos externos”.

En esta línea, el informe confirma que “la agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción”.

Esta premisa es argumentada, además, por el informe “Farming without plant protection products” de European Parliamentary Research Service que asegura que si no se usaran estos productos, los rendimientos se reducirían entre un 19 y un 42%, dependiendo del cultivo. Por su parte, los ensayos de más de 100 años de Rothamsted Research del Reino Unido se refieren a los rendimientos obtenidos a partir del uso de agroquímicos.

En esta línea, Jorgelina Montoya –coordinadora del proyecto estructural gestión sostenible de fitosanitarios y especialista del INTA Anguil, La Pampa– se refirió al rol de los insumos de síntesis química para garantizar los rendimientos de los cultivos a fin de poder alimentar a un mundo cada vez más habitado. “Son vastos los antecedentes que demuestran que sin el uso de fitosanitarios las pérdidas en manos de las plagas serían significativas”, señaló.

“Sin embargo, es clave apuntar a una optimización en el uso de fitosanitarios: conocer los procesos que definen su comportamiento ambiental, como así también los factores y tecnologías de manejo de los cultivos y de las plagas, y, por ende, en el manejo de los fitosanitarios”, agregó Montoya.

Por su parte, Luis Carrancio –director del INTA Oliveros, Santa Fe–, dio un paso más y reconoció que “los agroquímicos son una herramienta necesaria, pero riesgosa” y puso especial atención en “la necesidad de manejarlos correctamente”.

La agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producciónCarolina Sasal –especialista del INTA Paraná, Entre Ríos– coincidió con Carrancio y subrayó que “los fitosanitarios son una herramienta, pero no la única” y, en esta línea, destacó la importancia de “considerar otras estrategias de manejo que son alternativas y complementarias como el uso de bioinsumos, rotaciones, controles mecánicos y manejo de fechas de siembra que permiten un menor uso de insumos químicos”.

A su vez, Eduardo Trumper –coordinador del programa de protección vegetal y especialista INTA Manfredi, Córdoba– aportó una mirada más amplia: “Prescindir o no de los fitosanitarios dependerá del encuadre de cada productor, dado que hay situaciones muy heterogéneas y concepciones diversas de la agricultura, todas válidas según lo que se priorice”.

Carrancio profundizó este concepto y reconoció que “el uso de insumos químicos es una práctica muy arraigada en los actuales sistemas productivos que resulta difícil cambiar, a pesar de que existen alternativas, como la agroecología”. De todos modos, reconoció que, “si bien, es una opción viable, su alcance es limitado”.

Un amplio abanico de posibilidades

Para hacer frente a las adversidades bióticas que afectan a la productividad y calidad de los cultivos, el productor tiene disponible un amplio abanico de estrategias de manejo capaces de ser complementarias entre sí.

En esta línea, Trumper aseguró: “Hay diversas estrategias productivas disponibles que deben ser consideradas antes de la siembra y permiten reducir el uso de insumos, tales como el uso de variedades resistentes a plagas. Además, es necesario fortalecer el monitoreo, el uso de criterios sólidos para la toma de decisiones y, cuando se justifica, aplicaciones eficientes y precisas”.

Con respecto a este último aspecto, el informe subraya la “necesidad de poner el foco en el uso eficiente y responsable de los fitosanitarios a fin de evitar las fugas del agroecosistema, entendidas como Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs)”. Es que, según se detalla, las malas prácticas generan “un impacto en el ambiente y en la salud, vinculadas con el aporte difuso de plaguicidas por deriva directa o indirecta, escurrimiento o erosión, o bien el lavado de equipos aplicadores sobre cursos de agua o la disposición final de los envases vacíos”.

Montoya, coincidió con la importancia de las BPA en los sistemas y en “la capacitación constante de todos los actores que forman parte de las producciones y, en especial, de los operarios, quienes tienen un rol trascendental en las aplicaciones”.

A su vez, recomendó a todos los productores asesorarse con profesionales en la agronomía, dado que “son los únicos que cuentan con el conocimiento y los recursos técnicos para el manejo del sistema productivo en general y del control de plagas y uso de fitosanitarios, en particular”.

En cuanto a las BPA, Carrancio subrayó que “es un concepto mucho más profundo que va más allá de las aplicaciones de agroquímicos y de la simple creencia de que se hacen las cosas bien”. Este sentido, destacó las otras herramientas que permiten hacer frente a las dificultades productivas tales como la rotación de cultivos y los cultivos de cobertura, entre otras alternativas complementarias que se difunden desde el INTA.

Sasal coincidió con esta mirada y agregó que “las BPA abarcan, también, a la elección de producto adecuado, en un momento climático específico lejos de las lluvias a fin de evitar escurrimientos y erosión”.

Incluso, Carrancio aseguró que “las BPA y la agroecología tienden a una mejora hacia la sustentabilidad de los sistemas productivos” y agregó: “Mientras que una plantea la mejora continua, la otra busca un completo rediseño de todo el sistema productivo. De allí que esta última genere más resistencia que las buenas prácticas”, concluyó.

En este sentido, Trumper no dudó en asegurar que “hay una tendencia global de ir hacia una producción agropecuaria en transición hacia un menor uso de insumos de síntesis química”. Y, en este punto, Sasal reconoció que “hay una tendencia global y una mirada social que nos impulsa a ir hacia sistemas productivos con un menor uso de insumos químicos” y agregó: “Debemos aprender a producir de manera rentable, pero sin impacto ambiental”.

Una problemática, decenas de alternativas

El INTA dio marco e instrumentos para generar conocimientos científico-tecnológicos en gestión ambiental agropecuaria en los últimos 25 años. En esta línea, el informe destaca la extensa trayectoria del organismo en investigar y difundir estrategias sustentables que colaboran en reducir el uso de insumos químico tales como el manejo integrado de plagas y el control biológico con tácticas de evasión a partir de las fechas de siembra o la obtención de variedades resistentes a plagas.

O bien, la implementación de la llamada “Técnica del Insecto Estéril”. Esta estrategia consiste en la liberación masiva de machos estériles para una disminución substancial de la reproducción de las plagas.

A su vez, el desarrollo y adopción de las técnicas de solarización, biofumigación y biosolarización han contribuido a la reducción del uso de fumigantes químicos en los cultivos bajo cubierta. Esta última técnica además contribuye a la economía circular por permitir el uso de residuos locales y a la degradación de plaguicidas acumulados en el suelo.

Por su parte, las rotaciones de cultivos y los cultivos de cobertura se encuentran entre las principales y más reconocidas BPAs para reducir la erosión eólica, hídrica y reducir el escurrimiento superficial, y por lo tanto minimizar las fugas de contaminantes que pudiesen ocurrir a través de dichos procesos.

Otras prácticas muy difundidas por el INTA para la conservación del suelo son la sistematización de tierras y la siembra directa (SD), así como el considerar el período entre momento de pulverización y eventos de precipitaciones constituye otra de las estrategias de minimización de pérdidas de fitosanitarios.

Aportar conocimiento, la clave

El informe realizado por los especialistas del INTA plantea un abordaje integral del uso de productos fitosanitarios y recupera el aporte del organismo en cuanto al desarrollo de estrategias, tecnologías y conocimiento que colaboran con el manejo de plagas y enfermedades de los cultivos.

Para Carrancio, resulta “muy importante” que, frente a la tensión que genera esta temática, el INTA aporte conocimiento y genere información para la toma de decisiones. “El uso de agroquímicos genera controversias”, reconoció el director del INTA Oliveros, al tiempo que aseguró que “es una problemática que requiere ser debatida para que el actual sistema productivo y la agroecología puedan convivir”.

Por su parte, Trumper destacó la iniciativa de redactar un documento que “navega la complejidad y las diversas aristas de la problemática, al tiempo que pone sobre la mesa todo el contenido técnico, el conocimiento, los antecedentes y toda la información disponible para la toma de decisiones” y agregó: “Era una asignatura pendiente de las instituciones públicas y del INTA, como actor protagónico en esta cuestión”.

El Gobierno bonaerense decidió suspender por seis meses más la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos, una medida que había sido sancionada por la administración de María Eugenia Vidal y luego dejada sin efecto por esa misma gestión ante el descontento de organizaciones ambientalistas.

La prórroga de la suspensión se fijó hoy en el Boletín Oficial a través de la resolución 31/22 del Ministerio de Desarrollo Agrario y se da en el marco de los trabajos que viene realizando Provincia a través del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), un ente creado en 2020 para evaluar las políticas vinculadas a la aplicación de agroquímicos.

La 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigar y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y a la Autoridad del Agua (ADA), y conformó el OTA.

En el marco del trabajo interdisciplinario, la 246 volvió a suspenderse otras dos veces: por un año más en febrero de 2021 y ahora por seis meses más. O sea, desde su publicación, acumula tres años y medio de suspensión.

Según se señaló hoy en el Boletín Oficial, esta última prórroga se da “a los efectos de culminar las mesas de trabajo regionales, locales e instancias representativas de las zonas productivas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires”.

Hasta ahora el OTA cuenta con 544 documentos científicos-técnicos aportados por distintas instituciones (unas 20 universidades y cinco centros de investigación), de los cuales ya se publicaron conclusiones. En los escritos se tocan temas de modalidad y aplicación de agroquímicos, impacto en el ambiente, salud y toxicología, diversificación productiva y aspectos sociales. (DIB)

Con el objetivo de evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y en el medio ambiente, el 1° de septiembre de 2020 se oficializó la puesta en marcha del proyecto internacional SPRINT (por sus siglas en inglés), que en nuestro país involucra al INTA. La iniciativa propone desarrollar una caja de herramientas que permita evaluar los riesgos para la salud global y poner en común el conocimiento y los datos generados en investigaciones de toda Europa y Argentina para encontrar formas de apoyar una transición hacia una protección vegetal más sostenible.

El programa SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), consiste en un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos junto con colegas en Argentina (INTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y comenzó a gestarse en 2018. La formalización de la propuesta llegó dos años después en el marco del trabajo que viene desarrollando la Unión Europea (organismo de financiación) para regular el uso de plaguicidas. En ese rumbo, fue que meses antes de la puesta en marcha de SPRINT, la UE lanzó “De la granja a la mesa”, el proyecto que establece el objetivo de reducir en Europa el uso de plaguicidas en un 50% para 2030.

En Argentina, el Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA es el ámbito del proyecto SPRINT, en el área de influencia de dos de sus experimentales: la EEA INTA Balcarce y la Chacra Integrada Barrow, en el partido de Tres Arroyos; ambas al sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Participación múltiple

“SPRINT es un proyecto que se propone la participación de múltiples actores de diversos espacios sociales tales como: representantes de la producción agropecuaria, asesoría y empresas proveedoras de bienes y servicios para el agro, empresas del sector agroalimentario, organizaciones no gubernamentales, sectoriales y gremiales, organismos gubernamentales de seguridad alimentaria y ambiental, responsables de la formulación y gestión de políticas públicas, medios de comunicación, asociaciones de consumidores, grupos comunitarios y público en general”, manifestó la profesora Violette Geissen de la Universidad de Wageningen, y quien conduce el consorcio.

“Este proyecto nace porque el uso de fitosanitarios representa un riesgo para la salud humana y ambiental. Los hallazgos de investigaciones recientes sugieren una asociación entre la exposición a algunos fitosanitarios y un mayor riesgo de problemas de salud”, agregó.

La Doctora Virginia Aparicio de INTA Balcarce es quien lidera el Sitio de Estudio de SPRINT en el país. “Los profesionales de extensión e investigación que trabajamos en el Sitio de Estudio de SPRINT en Argentina, estamos conscientes del desafío que representa este proyecto en nuestras carreras profesionales y esperamos contribuir a impulsar sistemas productivos que permitan el desarrollo y buen vivir de nuestra nación”, indicó la técnica, que desde hace muchos años viene poniendo sobre la superficie las consecuencias del uso de fitosanitarios.

“En Argentina varios equipos de investigación han generado información sobre la presencia de residuos de plaguicidas en el agua de consumo humano”, aseguró Aparicio. “Hemos observado que en un vaso de agua puede haber entre dos y más de 10 residuos de plaguicidas que se incorporan a la dieta de las personas. El comportamiento ambiental de los plaguicidas está regido principalmente por las características propias de los principios activos pero la frecuencia de uso y las dosis aplicadas a campo también juegan un rol importante a la hora de definir la presencia de un compuesto y su concentración”, graficó la especialista para dejar en claro la magnitud del problema que existe desde hace décadas.

Etapas y muestreo

El proyecto SPRINT está organizado en 10 grupos de trabajo que generan información respecto a la distribución de plaguicidas en el ambiente, las plantas, los animales y el hombre en los casos de estudio. El programa consta de una serie de etapas que comenzaron a transitarse en 2020 y finalizarán en 2025.

“Inicialmente nos pusimos de acuerdo los investigadores de distintos países en el protocolo a llevar a cabo para realizar el muestreo y las determinaciones analíticas. Después tuvimos una capacitación interna y luego llegó la etapa de muestreo en cada uno de los 11 países que forman parte del proyecto para luego reunir todas las muestras en el laboratorio central”, explicó Aparicio.

“Esperamos tener los resultados para fines de marzo para hacer una entrega en forma personalizada a cada uno de los participantes voluntarios. Una vez cumplido eso vamos a utilizar los datos para, en forma anónima, realizar charlas, seminarios y talleres para sociabilizar la información”, agregó.

Respecto a las muestras tomadas para ser evaluadas, el ingeniero agrónomo Gustavo Giaccio, perteneciente a la Chacra Experimental Integrada Barrow, detalló: “En cada establecimiento participante del programa se tomaron muestras de suelo, agua, sedimentos, granos, pasturas y animales (peces, ganado bovino para leche, ganado bovino para carne, heces de murciélagos, lombrices, entre otras) y, a todas las personas invitadas (productor, vecino y consumidor de alimentos) se les extrajo sangre, se les solicitó una muestra de heces, orina, un hisopado nasal”.

Además portaron una pulsera para evaluar su exposición a plaguicidas durante siete días. El muestreo se realizó durante 12 días, en el periodo de mayores aplicaciones en cada uno de los estudios de caso. Son 72 las personas que se ofrecieron en forma voluntaria a participar.

“Las muestras se realizaron mediante un protocolo  aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y los análisis de muestras se centralizarán en los mismos laboratorios de manera de tener las mismas condiciones analíticas”, agregó Giaccio quien junto al ingeniero Martín Zamora se ocupó del área de influencia de Barrow.

Por estos días se están enviando las muestras a cada laboratorio del consorcio a la espera que se realicen los análisis químicos para hacer la devolución a cada persona voluntaria participante.

Talleres

Próximamente se realizará el primer taller de partes interesadas en cada uno de los países participantes, mientras que a nivel global ya se llevó a cabo una primera experiencia con la participación de personas vinculadas a las empresas productoras de agroquímicos, productores, generadores de políticas públicas y colegios profesionales, entre otros.

“Afortunadamente de Argentina participaron representantes de diferentes áreas en la reunión general y esperamos que muchos más lo hagan en la reunión local que próximamente realizaremos. La información que generemos en SPRINT, manteniendo el anonimato de los participantes, será de público conocimiento y pretende aportar a la construcción de una mejor forma de producir y vivir en los territorios”, indicó Aparicio.

“La idea es ir hacia una producción agropecuaria con menor carga de productos químicos, por lo que los gobiernos, las empresas de insumos, los productores, las cadenas de comercialización de alimentos, los vecinos y consumidores son partes indiscutibles de ese proceso”, aseguró Aparicio.

En tanto, la ingeniera del INTA Balcarce destacó que las estadísticas de visita de la página web del proyecto (https://sprint-h2020.eu/index.php) muestran un gran interés por parte de los actores locales. “Desde el inicio del proyecto hasta mediados de enero, Argentina es el segundo país con más visitas detrás de Holanda. Lo considero como otro indicativo de la necesidad social de resolver este tema”, manifestó.

A las cuatro R que definen el accionar de CampoLimpio -Reciclar, Recuperar, Reutilizar, Revalorizar-, por lo sucedido en 2021 se le puede agregar una más: Récord. Es que los más de 2,2 millones de kilos de plástico recuperado superaron en 65% a lo recobrado en los dos años anteriores juntos. Este impulso a la economía circular no sucedió porque sí. Tiene que ver con una multiplicidad de factores que hicieron posible llegar a esos números.

Pero cuando se ingresa al detalle del trienio 2019/2021, el crecimiento se muestra más evidente: de los 236.364 kilos recuperados en 2019 se llegó a 2,2 millones en 2021, casi diez veces, y todavía sin computar los envases recuperados en diciembre.

“Estamos orgullosos del avance del sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios y el crecimiento es fruto del compromiso de todos los actores de la cadena”, resalta Ignacio Stegmann, Director Ejecutivo de CampoLimpio.

¿Qué implica el Sistema de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios?

En un país donde el sector agropecuario es el más grande en cuanto a producción y exportaciones, la agenda de la gestión de residuos es cada vez más importante. Por ello las acciones realizadas −desde los productores a quienes forman parte de los CAT como de cada uno de los capacitadores− son fundamentales para lograr el objetivo que la Asociación se trazó, de impulsar un cambio de hábito en las personas para el cuidado del medio ambiente y recuperar, entre todos, los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino.

Más de 100 empresas del sector ya están adheridas al Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios de CampoLimpio y representan más del 90% de los envases que se utilizan en el campo.

La entidad ya recibe envases en 52 CAT en todo el país, de los cuales hay 27 en la provincia de Buenos Aires, 5 en Salta, 4 en La Pampa, 2 en Tucumán, 3 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 1 en Neuquén, 1 en Jujuy, 1 en Mendoza y 5 Córdoba, funcionando como CAP bajo regulación de la provincia, en relevamiento para transición hacia CAT CampoLimpio. Actualmente el sistema está aprobado en 6 provincias más, totalizando 16 de las 24 provincias, contando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se espera sumar más provincias en 2022.

La provincia de Buenos Aires fue la que más residuos plásticos recuperó: fueron 1.587.826 kilos recuperados. Y se espera sumar más provincias en 2022.

“El Sistema de Gestión que implementa CampoLimpio es una herramienta eficiente para la Argentina, no solo para el campo. Por eso apuntamos a agrandar la red con más empresas, más CAT, y más capacitación a todos los actores del sector, para que la economía circular gane aún más espacio y logremos una mayor promoción de la sustentabilidad y el cuidado del ambiente”, concluye Stegmann.

“Este crecimiento se explica por una consolidación en la superficie sembrada de las principales gramíneas en la rotación, principalmente a trigo, maíz y sorgo, lo que genera amplios beneficios al sistema, ya que permite mejorar el balance de carbono y por consiguiente la materia orgánica del suelo”, comentó Francisco Llambías, presidente de la entidad.

Desde Fertilizar AC afirman que las dosis de fertilizantes utilizadas en gramíneas, han mejorado su nivel de aplicación, sobre todo traccionado por los buenos precios de los cereales.

“En gramíneas, si bien aún queda por crecer, se ha registrado una gran mejora en las estrategias de fertilización, que, asociadas a las buenas precipitaciones ocurridas en la campaña de la fina, estarían concluyendo en una gran cosecha trigo 2021. En cuanto al crecimiento de la práctica en soja, es aún insuficiente, necesitando este cultivo optimizar aún más su nivel tecnológico, contemplando nutrientes como fósforo y azufre fundamentalmente”, agregó Ma. Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de Fertilizar AC.

Cabe destacar que el crecimiento de este año se da en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias, a través del correcto uso de la fertilización y las mejoras en su aplicación, lo que contribuye a reforzar el foco de la institución en la sostenibilidad del ambiente productivo, y la calidad de los alimentos que se producen y llegan a la mesa de toda la población.

“Desde Fertilizar celebramos que cada año el uso esta tecnología se fortalezca y sea considerada fundamental para poder alcanzar altos rendimientos en los cultivos, traduciéndose en beneficios no sólo a nivel productivo, sino en cuanto al cuidado del recurso suelo y el ambiente productivo”, concluyó Llambías.

El pasado 2 de diciembre, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó una nueva Ordenanza del límite agronómico para regular la aplicación de productos fitosanitarios. El último miércoles, en tanto, el intendente Luis Castellano vetó algunos puntos de la normativa, para profundizar el estudio de ciertos artículos. Al margen de eso, el paso dado por la ciudad santafesina es más que interesante porque la ordenanza en cuestión es una herramienta superadora para un tema que es muy sensible.

El abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario, asesoró durante más de un año a la Sociedad Rural y legisladores locales “para abordar el tema para prohibir pulverizar sin argumentos científicos suficientes, un trabajo de más de un año en conjunto”, según le explicó a La Voz del Pueblo.

Para luego asegurar que “Rafaela ha logrado una ordenanza que es actual, dinámica y tiene una característica muy particular que me parece muy buena: que está sujeta a una revisión a los tres años. Porque la ciencia va evolucionando y eso va generando nuevos parámetros, nuevos paradigmas se resuelven y se va produciendo un ambiente encaminado, por supuesto, a la sustentabilidad del ambiente para el hoy y para el futuro, como dice la Constitución”.

En su descripción sobre el espíritu y esencia de la legislación que da marco a la ordenanza aprobada por mayoría de concejales de la ciudad, Borioni afirmó: “El derecho ambiental es dinámico y permite la revisión permanente porque es adaptar el ambiente a la sustentabilidad para el hoy y para el futuro, como bien lo dice la Ley de Impacto Ambiental. Es una ley muy rica desde el punto de vista de su la finalidad, pero puede ser un arma muy letal si se la utiliza intencionalmente para perturbar sectores, que eso es lo que pareciera que ocurriera”.

Y analizó en ese sentido: “Se analiza sectorialmente una actividad y no a otras que están haciendo las cosas de la manera que se les ocurre, entonces yo creo que acá hay que tener la sinceridad y, como se fue dando en Rafaela con un debate profundo y largo, tener la conciencia y tranquilidad que se analizaron las cosas y que se trató de hacer el menor impacto ambiental posible”.

De todos modos, el doctor Borioni aclaró que entiende que “no hay que promover ordenanzas que legislen en el tema. La ley de agroquímicos provincial y nacional, junto con el Senasa, la Ley de impacto ambiental nacional, más los observatorios son suficientes controles y regulaciones. Los municipios no deben participar más allá de determinar la zona respectiva urbana y rural”.

Una red de instituciones nacionales de ciencia y tecnología del país junto al INTA desarrollarán un inventario de agroquímicos en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. La investigación generará información que servirá de insumo para gestionar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de una producción más sustentable. La iniciativa es financiada por el BID, en el marco del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la línea de Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos (PITEs).

Durante las últimas décadas, la Argentina atravesó un proceso de expansión de su producción agrícola, pasando de sistemas mixtos a agrícolas puros, fundamentalmente en la región pampeana. Este cambio afectó al ambiente, degradó suelos, aumentó la demanda y uso de agroquímicos, incrementó la posibilidad de contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas, entre otros aspectos.

En este sentido, existe la necesidad de contar con información ordenada, protocolizada y estandarizada sobre la problemática a escala nacional, pero en particular en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, principales productoras agrícolas en el país.

Información estandarizada

“Con el objetivo de realizar una evaluación espacio-temporal de los niveles de agroquímicos en suelos, agua superficial, sedimentos y biota, en diferentes escenarios agroproductivos de la región, se pone en marcha un proyecto interinstitucional que nos brindará información estandarizada sobre los actuales niveles ambientales de agroquímicos, que debería servir como base para generar un sistema de monitoreo a largo plazo”, explicó Silvia Fanny Martens, especialista del INTA Tandil y representante del INTA en el equipo de gestión.

“Para la realización del estudio se contemplarán tanto sistemas extensivos como intensivos, la temporalidad de aplicación, las características ambientales propias de las zonas, y los efectos sobre organismos que forman parte de los ecosistemas terrestres y acuáticos”, señaló Martens, quien es coordinadora de la Plataforma de Gestión de fitosanitarios de INTA.

La información relevada sobre los actuales niveles ambientales de agroquímicos servirá para establecer niveles de uso de plaguicidas que sean sustentables con el ambiente agropecuario.

“Los plaguicidas utilizados para controlar adversidades en la producción agropecuaria, debido a los procesos de erosión y transporte principalmente por escorrentía, infiltración o deriva aérea, pueden alcanzar cuerpos de agua superficiales, adsorberse a sedimentos e ingresar a diferentes niveles tróficos”, expresó Carolina Sasal, especialista del INTA Paraná quien agregó: “Es necesario generar información precisa sobre concentraciones de plaguicidas en matrices ambientales, actualmente la información disponible está dispersa, fue generada en distintos momentos y medida con distintas metodologías de muestreo y análisis”.

“Resulta fundamental generar información ordenada y protocolizada, y obtenida de manera sincrónica sobre niveles de agroquímicos en cuencas de la principal región productora agrícola de nuestro país”, subrayó Sasal.

Técnicos a cargo

En esta iniciativa -que contará con un financiamiento de $15.262.500- participan equipos técnicos integrados por 16 profesionales de las Estaciones Experimentales Agropecuarias del INTA (Paraná -Entre Ríos-, Balcarce y Pergamino -Buenos Aires- y Oliveros -Santa Fe-), el Conicet y las universidades nacionales de Mar del Plata (UNMdPla) -que coordina este proyecto-, San Martín (UNSAM), Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC), del Litoral (UNL Santa Fe), La Plata (UNLP) y Rosario (UNR).

En representación del INTA Balcarce participan Virginia Aparicio y Eduardo De Gerónimo; por el INTA Paraná, Carolina Sasal, Mariela Seehaus, Natalia Van Opstal, Marcelo Wilson, Ana Wingeyer, Claudio Pioto y Emmanuel Gabioud; por el INTA Pergamino, Adrián Andriulo, Ana Clara Caprile y María Liliana Darder; y, por el INTA Oliveros, Francisco Cardozo, Alberto Malmantile, Amalia Manlla y Agustín Devia.