El presidente, Javier Milei, avanzó en un recorte de gasto público superior a los $ 2,4 billones para mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Un análisis detallado efectuado por ASAP –y que procesó Agencia Noticias Argentinas- de la ejecución presupuestaria al 7 de mayo de 2026 revela la profundidad de la reestructuración fiscal.

El ajuste no solo alcanzó a la obra pública y los subsidios, sino que golpeó con dureza programas de salud oncológica, infraestructura escolar y la seguridad en rutas nacionales.

El Gobierno Nacional ha formalizado una reducción neta del gasto de $ 2.439.416 millones, lo que representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública.

Sin embargo, esta cifra global oculta recortes que, en programas específicos de infraestructura y desarrollo social, superan el 50% y llegan, en casos extremos, a la eliminación total de la partida.

El mayor volumen del ajuste se procesó a través de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde la disminución alcanzó los $ 1.470.533 millones.

Esta poda del 11,7% en el sector impactó directamente en la asistencia financiera que el Estado brinda a empresas públicas: se quitaron $ 200.000 millones a firmas de energía, $ 48.000 millones a las de educación y $ 22.374 millones a las de obras públicas. Adicionalmente, el rubro de otras asistencias financieras sufrió un recorte masivo de $ 1.198.420 millones.

Dentro del Ministerio de Economía, que tuvo una baja general de $ 521.939 millones, el caso de la Dirección Nacional de Vialidad es emblemático. El organismo perdió $ 97.104 millones de su presupuesto, pero el detalle interno muestra una parálisis casi total en áreas de seguridad. El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales fue recortado en un 98,9%, dejando apenas una cifra simbólica frente a los $ 19.499 millones originales.

Peor es la situación del mantenimiento y reparación de obras de arte (puentes y estructuras), cuya partida de $ 14.639 millones fue eliminada al 100%.

Otras áreas afectadas en Economía incluyen el mantenimiento de rutas nacionales ($ 19.840 millones menos), las construcciones viales ($ 32.336 millones menos) y la rehabilitación de calzadas ($ 13.016 millones menos).

El Ministerio de Salud registra una merma de $ 70.467 millones. El ajuste recayó en el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que perdió $ 25.000 millones, una caída del 44,7%. También se recortaron $ 20.000 millones en el acceso a medicamentos e insumos, y $ 5.000 millones en el programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, lo que representa una quita del 32,8% para esta partida específica.

En el ámbito del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación sufrió un recorte de $ 78.711 millones. Los fondos para infraestructura y equipamiento escolar cayeron un 46,6% ($ 21.687 millones menos) y el Fondo de Compensación Salarial Docente fue reducido en $ 8.930 millones. El Plan Nacional de Alfabetización, un eje central de la gestión, también sufrió una baja de $ 35.288 millones.

La relación financiera con los gobernadores sufrió un golpe contundente. El Ministerio del Interior recortó su programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional en $ 320.711 millones, una caída del 55,5%. Además, se redujeron fondos para el deporte comunitario e infraestructura deportiva en 4.281 millones.

En defensa el ministerio perdió $ 48.904 millones. Las quitas más fuertes se dieron en el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea ($ 16.500 millones), el Ejército ($ 12.622 millones) y la Armada ($ 15.220 millones). En seguridad Interior, la Dirección Nacional de Migraciones perdió $ 6.765 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal sufrió una baja de $ 2.814 millones.

El sector científico no fue ajeno a la tendencia. El Conicet sufrió un recorte de $ 3.281 millones y la CONAE de $ 4.410 millones. Especialmente crítico fue el recorte en la investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio, que perdió el 74,3% de sus fondos. Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo una baja de $ 11.809 millones, destacando un recorte del 27,7% en la formulación de políticas científicas.__IP__

Finalmente, el Poder Judicial registró una quita de $ 41.452 millones en la Justicia Federal y $ 26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en $ 14.423 millones, afectando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y la asistencia social del personal legislativo. (Noticias Argentinas)

La situación que vive el Servicio Meteorológico Nacional es alarmante con la confirmación de 140 despidos a nivel nacional a causa de los ajustes efectuados por el Gobierno del presidente Javier Milei, una medida que impactó directamente en la estación local de Tres Arroyos por el despido de la observadora meteorológica de superficie Lucía Jaureguibehere, tras 6 años de antigüedad en el cargo.

Se trata de un recorte que deja a la estación local en una situación de fragilidad y vulnerabilidad total, teniendo en cuenta que el equipo de trabajo está compuesto por tres profesionales, uno de los cuales se encuentra actualmente con licencia tras prestar servicio en la Antártida (Facundo Martínez) y quien se reincorporará el 18 de mayo, cuando sea el último día de trabajo de Lucía.

Decisiones que comprometen, seriamente, el funcionamiento de la red de monitoreo climático sobre todo en el interior del país.

Por este motivo, las hermanas tresarroyenses Genoveva y Lucía Jaureguibehere visitaron La Voz del Pueblo, para confirmar que tras 6 años de antigüedad en la dependencia, Lucía ha sido desafectada de sus funciones por ser la integrante con menor tiempo en el organismo.

En primer lugar, Lucía contó que la desvinculación “se confirmó este jueves. El martes hubo una asamblea virtual, en esa reunión nos informaron todas las estaciones que iban a ser afectadas por reducción de personal. En esa lista, lamentablemente, estaba la estación local de Tres Arroyos con un afectado, que en este caso soy yo”.

Genoveva, que forma parte de la planta permanente con 17 años de antigüedad, explicó que “ahora quedamos sólo dos personas en funciones. En realidad, durante este último año y medio estuvimos las 2 solas porque el otro observador está de licencia, en una campaña Antártica trabajando como geomagnetista”.

Y agregó que “lo que nos informaron el jueves fue el envío de los documentos con las recisiones de contrato. Lucía era contratada, renovaba su contrato cada un año. Muy triste porque es una compañera de trabajo, además de mi hermana”.

Lucía recordó que ingresó en 2019, y explicó que su tarea consistía en “observar y pasar los datos que teníamos, en el momento, a Buenos Aires y a los medios locales. Cuando empezó esta situación de que iban a despedir gente le dije a Genoveva: se viene, nos va a tocar de lleno. Me la veía venir”.

Adelantó que todavía no encontró trabajo nuevo y que ya está en la búsqueda del mismo. “Lo cierto es que lo venía asimilando de hace ya algunos días atrás que podía pasar y pasó, me tocó a mí”, sostuvo.

Sobre los justificativos que recibió, dijo que “me explicaron que me van a pagar el mes de preaviso trabajando hasta el 18 de mayo, el proporcional del aguinaldo y las vacaciones. Mi contrato vencía el 31 de diciembre de 2026, pero lo dieron de baja. Sin indemnización, una locura”.

Indicó que la noticia de su baja la recibió Genoveva, por medio de una plataforma que tienen en la cual observan todas las notificaciones. “Cobraba $700.000 por mes. Hacíamos dos días cada una, nos íbamos turnando y cada 3 horas íbamos a tomar los datos, de las 6 horas a las 21”, señaló.

Al ser consultada por los motivos por los cuales no la efectivizaron en todo este tiempo, con énfasis dijo que “es porque trabajamos para el Estado, somos un número. El Estado hace y deshace con la gente como quiere. En mi caso son 6 años que llevaba, hay otras personas que tienen más de 15, que también como yo, se quedaron sin trabajo. Es una noticia dura y difícil de digerir”.

Recordó que cuando ingresó a la estación local del SMN, “estaba trabajando en blanco en un lugar que me encantaba, pero en su momento tuve que elegir entre las 2 ocupaciones. Prioricé esta tarea porque tenía más tiempo para mí y mis hijos, creyendo que iba a ser un trabajo para toda la vida…”.

Contó que su familia está compuesta por sus dos hijos –una de 15 y otro 5- y su pareja. “Gracias a Dios él tiene trabajo, de su parte me transmitió tranquilidad y apoyo. Yo vivo con mi papá. Soy positiva, hay cosas peores que perder un trabajo pero no queda otra que rebuscársela y reinventarse”, comentó con la voz entrecortada y lamentándose.

Seguidamente, hizo referencia a cuáles fueron sus estudios. Dijo que “hice el curso de observador meteorológico de superficie y capacitaciones antárticas, todo en el SMN a distancia y virtual. Una formación que me llevó un año y medio (allá por el 2016), en ese momento no había vacante porque ya había ingresado Facundo, y a los 2 o 3 años se abrió una vacante y me la ofrecieron”.

Luego, Genoveva puntualizó que “es una baja que afecta considerablemente a nuestra labor diaria. Te pone mal anímicamente, porque es una compañera además de mi hermana, somos familia. Que se quede sin trabajo es una situación muy fea e injusta”.

Cuestionó que los argumentos del despido no son claros, “entiendo que tenían que decidir la cantidad de personas que iban a echar, al igual que le ocurrió a 80 observadores más y a 70 administrativos en la sede central de la calle Coronel Dorrego, en Buenos Aires”.

El trabajo que hacía Lucía cambiará el modo de acción diario. “Será más corto, habrá menos observaciones y menor cantidad de información. El único argumento esgrimido sólo fue el de la antigüedad”, añadió.

Reflexionó acerca de su futuro y subrayó que siente incertidumbre “porque se habla de que podría haber 100 despidos más en el mes de octubre. Es complicado, ser personal de planta permanente no me da la garantía de nada”.

Ante este escenario, se espera una fuerte reacción gremial que afectará a los servicios esenciales. En ese sentido, Lucía adelantó que el 24 de abril se realizará un paro nacional que tendrá fuerte impacto en el transporte, provocando la suspensión de vuelos comerciales debido a la falta de información meteorológica oficial, requisito indispensable para la seguridad aérea.

Hizo referencia a que la medida de fuerza, “regirá desde las 5 hasta las 12 horas. No se van a enviar datos en todo el país, no habrá pronóstico, nada de nada. El reclamo será que se reincorpore el 100 por ciento de los despedidos. Solamente los vuelos sanitarios y de emergencia recibirán los datos climáticos”.

Por último, ambas indicaron que desde el SMN se intentará establecer algún tipo de nexo con las intendencias y los municipios de cada localidad para tratar de encontrar soluciones que eviten el cierre definitivo de las estaciones meteorológicas. “La idea es poder reunirnos con el intendente Pablo Garate para abordar el tema y ver qué se puede hacer”, concluyeron agradecidas por la nota.

El plan de ajuste en el INTA sumó un nuevo capítulo con la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. La decisión, adoptada por el Consejo Directivo del organismo, marca un avance significativo en la hoja de ruta diseñada por la conducción actual y lleva el recorte a cerca del 50% de su objetivo total.

La medida fue votada en el último encuentro del cuerpo de gobernanza, que reúne a representantes de entidades del agro, universidades y el Gobierno nacional. Allí se resolvió suprimir de la estructura organizativa distintas Agencias de Extensión Rural (AER) pertenecientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba, tal como estaba previsto en el plan de reestructuración.

Las agencias afectadas

En el caso de Buenos Aires Norte, dejarán de funcionar las agencias ubicadas en Vedia y Rojas.

En la región Sur, el ajuste impactará sobre nueve dependencias: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, en tanto, se avanzará con el cierre de las sedes de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con esta decisión, el total de agencias eliminadas asciende a 24 si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la agencia de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución completa del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El recorte forma parte de la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, el documento que traza el camino de la reestructuración. Según ese plan, el objetivo final es reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

Reorganización

La estrategia impulsada por la presidencia del organismo, a cargo de Nicolás Bronzovich, se alinea con la orientación general del Gobierno nacional. Entre sus ejes principales figuran la reducción de la extensión territorial tradicional, la venta de activos y la reorganización interna.

En ese marco, el proyecto también contempla la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de líneas de trabajo. Parte de ese proceso ya comenzó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más grandes del organismo.

El relanzamiento del ajuste se produce luego de un conflictivo 2025, en el que los intentos de modificar la gobernanza del INTA encontraron resistencias tanto en el Congreso como en la Justicia. Sin embargo, recientes cambios en la composición del Consejo Directivo, impulsados por el Ejecutivo, facilitaron la aprobación de las medidas.

Aunque el número de integrantes del órgano se mantuvo, varias de sus sillas fueron ocupadas por nuevos representantes, en reemplazo de perfiles que se habían mostrado críticos al plan de recorte. Ese reordenamiento interno permitió destrabar decisiones que hasta ahora no habían logrado consenso.

Agencia Dib

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, al cierre de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró una caída real cercana al 29% en comparación con 2023. El dato, de acuerdo con CEPA, expone la magnitud del ajuste fiscal aplicado por el Gobierno, con impacto directo en áreas sensibles como salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública.

Según el estudio, mientras el gasto total se redujo de manera significativa, algunas partidas mantuvieron o incluso incrementaron su peso relativo. Es el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución creció un 52% en términos reales respecto de 2023. En paralelo, los servicios de la deuda pública concentraron el 8% del gasto total, consolidándose como uno de los rubros de mayor incidencia presupuestaria.

El recorte fue particularmente profundo en el área de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, mientras que hospitales nacionales registraron ajustes de entre el 20% y el 42%. También se redujeron de manera significativa los recursos destinados al Instituto Malbrán (-26%) y a la ANMAT (-25%). Programas de prevención y atención sanitaria quedaron virtualmente paralizados, con ejecuciones cercanas a 0, a excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que mostró un leve crecimiento del 5%.

En ciencia y tecnología, el informe describe un escenario de retracción generalizada. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el Conicet un 32% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%. A estos recortes se suman las disminuciones en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino y distintos organismos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Las políticas sociales y educativas también estuvieron entre las más afectadas. En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante 2025, mientras que las becas estudiantiles y la formación docente sufrieron recortes superiores al 70%.

Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes: Anses registra un recorte del 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 73%, y el Inaes del 73%. En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).

El ajuste se extendió además al transporte, la obra pública y las transferencias a provincias y municipios, con reducciones que en muchos casos alcanzaron el 100%. De acuerdo con el CEPA, este cuadro configura un escenario de fuerte contracción del gasto público, que compromete la continuidad de políticas esenciales y redefine las prioridades del Estado nacional en un contexto económico adverso. (DIB).

La CGT Regional Tres Arroyos manifestó mediante un comunicado de prensa “su más profundo rechazo a la política de ajuste y desguace que está llevando a cabo el gobierno nacional en el INTA”.

En este sentido, indicó que “la Chacra Experimental Integrada Barrow a consecuencia de lo expresado, no escapa a esta realidad que implica un verdadero vaciamiento en la investigación y experimentación en el sector productivo agropecuario”.

Dio a conocer que “en contacto con las máximas autoridades de la Chacra, hemos accedido a un pormenorizado detalle de la situación, en la cual se puede resaltar con muchísima preocupación una posible reducción del 30% del personal, sobre todo en becarios y personal de planta no permanente, los cuales ingresaron por concurso de mérito y son de alta profesionalidad, habida cuenta que algunos de ellos ya están ejerciendo el doctorado en su especialidad”.

Consideró que “esto configura evidentemente un profundo perjuicio hacia el sector que más dinamiza la producción de alimentos y se caracteriza por su importante saldo exportable. Es evidente que todo está enmarcado en un plan de transferencia al sector privado, dejando al productor sin una asistencia y apoyo estatal en el mejoramiento productivo”.

Asimismo, indicó: “También se nos hizo referencia a la apertura de retiros voluntarios, lo que agravaría aún más el ajuste de la Experimental. La planta del personal de INTA de la Chacra es de 34 personas y a luz de esta política hay 8 personas que no contarían con la posibilidad de continuar trabajando en la institución”.

En el escrito, señaló: “La CGT expresó la opinión, en que no solamente esta desarticulación en la política de investigación y experimentación del sector productivo agropecuario es lo que está afectando al país, sino que el objetivo es poner en jaque políticas públicas en educación, servicios sociales, sectores pasivos, salud, trabajo y obra pública. Por último, expresamos nuestra solidaridad para con todo el personal, poniéndonos a disposición para todo lo que se pueda considerar”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció medidas “que le van a brindar más recursos para mejorar su equipamiento y potenciar sus investigaciones”. El plan para “modernizar” el organismo implica la venta de edificios y tierras, y el despido de 227 empleados

Se confirmó el ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del que se venía hablando en los últimos días. Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la puesta en marcha de un plan para “modernizar” el organismo, que implica la venta de edificios y tierras, y el despido de 227 empleados.

“El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior“, apuntó Adorni.

Días atrás se conoció que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, elaboró la propuesta para este ajuste en un documento titulado “Propuesta de Presidencia de INTA para el análisis y decisión del Consejo Directivo en el Corto plazo (Noviembre-Diciembre 2024)”. Además de los 227 contratos que no serán renovados, junto a otros empleados que se acogieron al retiro voluntario y otra cantidad de gente intimada a jubilarse y otras bajas, en total sumarán 1.043 los puestos de trabajo reducidos en el organismo desde el comienzo de la gestión libertaria.

Plan de “modernización”

Por su parte, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que “desde 2007 el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con lo agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar“.

Al brindar detalles sobre el plan de “modernización”, el funcionario indicó que “se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado, que deberían haberse suspendido en enero, y se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos, provincia de Salta“.

“Mañana el Consejo Directivo del INTA va a votar este plan. Ojalá que opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones”, deseó el vocero.

Cifras en mano

Adorni destacó que “el 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos. Hoy la participación privada en las investigaciones del INTA es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% para el año 2027″.

Mientras tanto, el plan que se anunció este miércoles “incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Avenida Cerviño y Ortiz de Campo en Palermo. Este edificio está valuado en 6 millones de dólares como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio”.

El vocero presidencial destacó que “lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA que son investigaciones“. “De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades solo 45.000 de ellas se usan para experimentación con fines comerciales y productivos”, cerró Manuel Adorni.

Dib

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció medidas “que le van a brindar más recursos para mejorar su equipamiento y potenciar sus investigaciones”. El plan para “modernizar” el organismo implica la venta de edificios y tierras, y el despido de 227 empleados

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El Gobierno anunció este lunes la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes. En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con menos costos y burocracia.

La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, se procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que -según el Gobierno- ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo.

Por Alejandro Vis

La premisa de alcanzar un “déficit cero” y presentarla desde el discurso como una idea eje de la gestión, constituye un acierto del gobierno nacional. Así construyó parte de su identidad.

La necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas no genera mayor discusión, parece haber consenso sobre este punto.

Y aunque muchos dirigentes del ámbito político lo mencionan hoy como una obviedad, poner el acento de una manera tan marcada en resolver el déficit es una característica propia que introdujo el presidente Javier Milei.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), expresa que entre 1961 y 2022, hubo únicamente seis años con superávit. La disciplina fiscal no ha sido el fuerte de nuestros gobernantes.

La mencionada organización puntualiza en el trabajo que, sumando gastos primarios y servicios de deuda, hubo superávit solo entre 2003 y 2008 (durante el gobierno de Néstor Kirchner y la etapa inicial del primer mandato de Cristina Fernández). Antes y después, se sucedieron resultados negativos en este aspecto, hasta que en el presente año se recuperó la senda del superávit; en forma rápida, es verdad, pero mediante un ajuste que es durísimo para amplios sectores de la población.

Además para que los números den bien, el Gobierno canceló la deuda por la venta de electricidad y gas natural a Cammesa, correspondiente a diciembre y enero, con un bono a 2038; y disminuyó en forma notoria las transferencias no automáticas a las provincias.

La inflación, tras un pico de 25 por ciento en diciembre pasado alimentado por la fuerte devaluación, poco a poco muestra un retroceso. Numerosos rubros sufren una menor actividad debido a un proceso recesivo, muy palpable en la calle, en la economía cotidiana de “los de a pie”.

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Un análisis interesante es cómo se distribuye el costo del ajuste. A quiénes impacta de un modo más directo. De la respuesta a la que se llegue, surgirá cuáles son las prioridades en las políticas públicas de Milei.

En este sentido, el Presupuesto para el año 2025 que el Presidente presentó en el Congreso hace dos semanas incluye un artículo sobre los fondos para la educación que es, cuanto menos, inquietante.

Se trata del artículo 27. Puede resultar tedioso, pero vale la pena transcribirlo completo. Indica lo siguiente:

“En el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, suspéndese para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9 de la Ley N 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley No 26.058 de Educación Técnico Profesional y del inciso 1 del artículo 4 de la Ley N 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa”.

En consecuencia, no se aplicarán el año próximo normas que garantizan un mínimo de partidas para la educación y el Gobierno podrá definirlas a discreción. La decisión, como se puede observar, también abarca a los recursos correspondientes a Defensa.

Por citar un ejemplo, el artículo 9 de la Ley 26.206 establece que para educación debe destinarse el 6 por ciento del PBI considerando las erogaciones de las provincias, ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional.

Lo mismo sucede con recursos previstos por ley para la ciencia y la educación técnica. Es información, no interpretación o un punto de vista. El texto del Presupuesto lo indica. No habrá fondos garantizados y el Gobierno asignará de acuerdo a su voluntad, si es que no hay modificaciones en el proyecto.

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Quienes tienen una cierta edad, podrán recordar períodos que fueron difíciles para las escuelas técnicas, por las características desfavorables del sistema educativo y ante la insuficiente inversión en equipamiento, insumos, proyectos. En Tres Arroyos, directivos con capacidad e ingenio -acompañados por su equipo de trabajo y cooperadoras- supieron mitigar las consecuencias negativas.

La sanción de la ley de Educación Técnico Profesional, en septiembre de 2005, fue un logro valioso, que significó un incentivo y ayudó a la recuperación. El financiamiento, previsto en esta norma, queda en suspenso en el Presupuesto del año próximo ¿Será un retroceso en el tiempo, una especie de déjà vu?.

En la misma línea, el avance sobre las partidas del sistema de ciencia, tecnología e innovación debilitará aún más un área sensible y esencial.

Por supuesto, se registran problemas diversos desde hace años, no empezaron en diciembre. Por distintas razones y en el marco de las recurrentes crisis nacionales. Sin embargo, el sentido de las medidas, la orientación, refleja que el Gobierno en vez de intentar resolverlos, descuida y desatiende a la educación.

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El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió, al hacer referencia al Presupuesto, que “nunca antes los fondos solicitados estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento”. Describió la situación salarial como “dramática”.

Ante las consultas de periodistas, en el Gobierno reiteran que será vetada la ley de financiamiento universitario, todavía tiene plazo para hacerlo.

En este contexto, el miércoles próximo se va a concretar una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.

La marcha realizada el martes 23 de abril fue multitudinaria y genuina. Distintas generaciones, abuelos, padres, hijos, concurrieron para expresar su adhesión. Quien gobierna, entre otras cualidades, debe saber escuchar.

Hasta el 24 de mayo se encuentra vigente una propuesta de retiros voluntarios en Correo Argentino, opción que tomaron hasta el momento cuatro integrantes del personal.

Quien era jefe de la sucursal local, Leonardo Castarnado, está entre quienes solicitaron un retiro y acordaron en los términos ofrecidos por el Estado. Tiene 33 años de antigüedad y le faltan diez para jubilarse; cuenta con un emprendimiento, a lo que se va a dedicar plenamente a partir de ahora.

Los otros tres miembros del equipo que tomaron una decisión similar son también personal con más de 30 años de antigüedad. Todos dejaron ya de desempeñarse en la sede de la entidad, ubicada en avenida Moreno 218.

Todavía no se ha designado un nuevo jefe, más allá del otorgamiento de tal responsabilidad de manera interina. Es uno de los aspectos a definir para la próxima etapa de la empresa.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes consultadas por este diario, no está en riesgo la continuidad del Correo en Tres Arroyos, lo que sí sucede en localidades de menor tamaño. De hecho, ya hubo anuncios de cierres en algunos lugares del país.

El ministro de Economía anticipó que se buscará una nueva fórmula porque “con la actual, los jubilados cobrarían entre 25% y 40% menos que la inflación”. Y reiteró que “la prioridad es cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos”.

El Gobierno recibe “una Argentina con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo, de salario y en el comercio exterior”, afirmó el vocero presidencial.