“Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.  Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse al frente de la AMIA y ocho pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido. Piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados. Escombros por todos lados”, fue el relato que se oyó por la radio el 18 de julio de 1994. Ese día, la tragedia en Buenos Aires se volvió a repetir:   una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía a las 9:53 de la mañana en Pasteur 663.   Dos años antes, volaron la embajada de Israel en Argentina.

El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA) fue producido por un coche bomba que se detonó en frente a la entidad,   ubicada en el barrio porteño de Once. Policías, médicos y los propios familiares emprendieron la búsqueda de todas las personas que estaban allí. El rescate duró todo el día y dejó un saldo de 85 fallecidos y alrededor de 300 heridos.

El juez federal  Daniel Rafecas  resolvió este jueves que en  la causa por el atentado a la AMIA  se realizará un juicio en ausencia contra los diez acusados, ex funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, quienes permanecen prófugos desde hace décadas.

La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA  y se fundamenta en la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada este año por el Congreso, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

El fallo establece que  los acusados fueron declarados en rebeldía hace años,  están plenamente informados de su situación procesal y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición.

Según la investigación judicial,  el atentado del 18 de julio de 1994,  que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos,  habría sido planificado por altos funcionarios del régimen iraní  y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera.

Rafecas desestimó todas las objeciones planteadas por la Defensa Oficial respecto al nuevo sistema de enjuiciamiento  y consideró que, ante la negativa persistente de los imputados a someterse al proceso, corresponde avanzar hacia el juicio oral como única vía para evitar la impunidad.

La decisión judicial busca dar una respuesta institucional concreta a más de 30 años del ataque y representa un giro trascendente en una causa emblemática del terrorismo internacional en territorio argentino.  El fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal.

Agencia Noticias Argentinas

La fiscalía que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado a ocho días del décimo aniversario del hecho.

“El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluye el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los investigadores remarcan que a la fecha “se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.

La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y, según el informe difundido hoy, se apunta entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner además del desarrollo de medidas  de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

“La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman”, recordó el documento.

Pero, la fiscalía advierte que, en relación a esa colaboración, “se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió”, explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

“Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa”, asegura la fiscalía.

Ante ello, hubo una “negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole”.

En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y “la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad”.

Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para “favorecer y fomentar” la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa por la muerte de Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en las torres Le Parc el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.

En la investigación se “han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite”.

“Se imputó a Luis Alberto Heiler -prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -secretario de Seguridad del Ministerio

De Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales,

Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar”, recordó además la fiscalía.

En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron “comunicaciones relevantes” el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información

La Confederación Económica de la Provincia (CEPBA), juntamente con Fundación Pro y Focava inauguraron la primer oficina de Servicio de Empleo de la mutual AMIA (SEA) en territorio bonaerense que, en una primera etapa, operará para la región de los distritos de Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Almirante Brown y que, en una segunda etapa tendrá lugar en La Plata.

El Presidente de CEPBA, Guillermo Siro remarcó la importancia de esta habilitación, pronosticando que “esto favorecerá y mucho la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad que necesitan no solo las pymes y el comercio de proximidad, sino la economía bonaerense y el país todo”.

Agregó Siro que “para que haya un nuevo trabajo, tiene que haber un nuevo puesto de trabajo como producto de las condiciones favorables para que ello ocura y para eso tenemos que promover la eficiencia y la competitividad de las piezas que conforman el gran engranaje económico en la zona donde nosotros nos desempeñamos y trabajamos”. “Una de las condiciones necesarias es que haya una oficina de empleo adonde se den respuestas a las demandas de trabajo y la otra, también fundamental, es la capacitación porque este año y el próximo estarán practicamente concentrados en capacitación y en formación profesional” deslizó Siro.

Asimismo, remarcó que “hay que entender que debemos ser eficientes para consolidar una economía productiva y en constante desarrollo donde cualquier trabajador, en estos procesos de crecimiento virtuoso sea capaz de producir, al menos, lo que consume” Siro estuvo acompañado por los presidentes de Fundación Pro y de FOCAVA, Facundo GaldósY María Eugenia Ruiz; Daniel Lew, secretario del Servicio de Empleo de AMIA; Claudia Flores, coordinadora nacional; Ernesto Tocker, director nacional del Servicio de Empleo AMIA y autoridades y funcionarios de municipios de la región y empresarios pymes.

Cabe resaltar que la primer oficina de empleo de Amia funcionará en la sede de las fundaciones pro y Focava y regional sur de CEPBA y GBA Sur de Fundación Pro y Focava, en Ruta 36 (Av. Calchaquí) Nro 1354 entre 13 y 14, en el Cruce de Florencio Varela y Berazategui.

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, encabezó el acto a las víctimas del atentado a la mutual judía en el 30° aniversario, y cuestionó que la Justicia no haya avanzado en la condena a los responsables. 

Ante la presencia de Javier Milei y su gabinete, Linetzky cuestionó a diputados y senadores por no modificar las leyes para combatir al terrorismo. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó.

Y agregó: “30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación”.

En otro tramo de su discurso, apuntó contra los legisladores nacionales. Consideró que “haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, se quejó. (NA)

El Gobierno Nacional promulgó este jueves la ley que declara Día de Duelo nacional el 18 de Julio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la AMIA, al cumplirse 30 años del ataque a la sede de la mutual judía.

La iniciativa que fue convertida en ley el pasado 4 de julio por el Senado fue promulgada por el decreto 632 del Poder Ejecutivo, que fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La promulgación se produjo pocas horas antes del acto central en la sede de la AMIA para recordar ese cruel ataque.

El proyecto establece que se declara el 18 de julio de cada año como Día de Duelo nacional, “en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.

Además, dispone que ese día la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos.

A lo largo del proyecto se determina que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. (DIB)

Los familiares de las víctimas de la AMIA se manifestaron contra el gobierno de Javier Milei: “Basta de impunidad, no nos callamos más”. 

“Que se vayan. Estamos todos afuera y ellos sacándose fotos, es una falta de respeto. Que se corran los que no son familiares directos“, le gritaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y al diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, entre otros miembros del gabinete.     (NA)

Este jueves, se cumplen 30 años del atentado a la AMIA. Aquel 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina fue el escenario del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina.

Un coche bomba explotó frente al edificio ubicado en Pasteur 633, causando la muerte de 85 personas y dejando más de 300 heridos. 

Sin embargo, el dolor sigue latente 30 años después y la memoria de las víctimas continúa en el corazón de todos los argentinos.

El Gobierno incluyó a la organización Hamás en la lista de grupos terroristas que elabora el Ministerio de Justicia de la Nación en conjunto con la Cancillería y el Ministerio de Seguridad.

Este viernes, Hamás quedó incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) bajo el nombre de Movimiento de Resistencia Islámico (Harakat al-Muqawama al-Islamiya).

La decisión surgió a partir de un pedido que le giró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Justicia y a la Cancillería y será refrendada con un decreto que ya tiene en su escritorio el presidente Javier MIlei y que, según se prevé, será publicado el 17 de julio, un día antes de que se cumplan 30 años del atentado terrirusta a la AMIA. (85 muertos).

Este miércoles 17, además, en Buenos Aires, comenzará una cumbre antiterrorista en el Hotel Hilton a la que asistirán 200 dirigentes de todas partes del mundo y se prevé la presencia de los presidente Luis Lacalle Pou y Santiago Peña. El Congreso Judio Latinoamericano aún espera que el presidente Javier Milei les confirme su participación.

Hamás, el grupo terrorista que controlaba la Franja de Gaza, está embarcado en una guerra contra el Estado de Israel desde que militantes de esa agrupación salieron de Gaza y atacaron a centenares de jóvenes que participaban en una fiesta en el sur de Israel y también a ciudades y pueblos de la zona el 7 de octubre. En la barbárica incursión del grupo fundamentalista murieron 1.200 personas, y se llevaron a 250 de rehenes, entre ellas ciudadanos israelíes de origen argentino.

Tal como publicó Clarín la semana pasada, el Gobierno fue allanando el camino para esta decisiva. Fue a través del decreto 496/2024 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, publicado en el Boletín Oficial el pasado 6 de junio pasado. Este dejó establecida la posibilidad de que también los organos del Poder Ejecutivo Nacional dictaminen cuándo un grupo es considerado un peligro para la seguridad del Estado. Y en ese sentido cuáles serán considerados terroristas.

El nuevo decreto -que llevaba la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Bullrich, entre otros ministros, modificó artículos del anterior decreto 918/12 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y trabaja sobre la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) dentro del cual el gobierno de Mauricio Macri incoporó en 2019 a la milicia shiita Hezbollah considerándola por primera vez como grupo terrorista para la Argentina.

El decreto del 6 de junio que sirve de base a Milei para hacer de Hamas -y eventualmente a la Yihad Islámica- grupo terrorista para los registros argentinos, tal como le prometió a la colectividad judía de este país y al Estado de Israel con el que el Presidente tiene una enorme afinidad y alianza politica especial, hay que fijar atención especial en el inciso Di del artículo 5 que modifica el 25 del decreto 918/12 en lo que hace a la información que puede y debe inscribirse en el RePET.

El cambio está en el inciso d) i. del nuevo decreto que dice que se podrá inscribir en el RePET a “Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad (que comanda Patricia Bullrich) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (que lleva adelante Diana Mondino), en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional”. Es decir, que estos ministerio podrán incorporar al grupo que con cierto sustento legal, juridico y politico consideren terrorista. (Clarín).

La Argentina volvió a reclamar la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado por la justicia local como uno de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.

Vahidi, que es requerido por la Justicia argentina, es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.

En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención.

Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol.

Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina.

Si bien no es la primera vez que se pide una detención a Interpol por el caso AMIA, sí es la primera que ocurre durante el gobierno del presidente Javier Milei.

Vahidi es señalado por la Justicia argentina como uno de los autores intelectuales del atentado, al haber supuestamente participado en una reunión en 1993 en la ciudad de Mahshad, donde se tomó la decisión de perpetrar el atentado en Buenos Aires.

“No se limitó a participar pasivamente del cónclave, sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, asegura el dictamen del fiscal fallecido Alberto Nisman en 2006.

Siguen activas las circulares rojas en Interpol con el objetivo de lograr la captura internacional -aún sin éxito- de los ciudadanos iraníes por el ataque a la AMIA.

La Cámara Federal de Casación Penal dijo que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron responsabilidad de Hezbollah, patrocinada Irán. Además, el fallo declaró que ambos hechos deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.

Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que los atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas. Los magistrados ratificaron el carácter de lesa humanidad, que en el caso de AMIA ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas, recordó la agencia Noticias Argentinas.

Por otro lado, el tribunal rebajó la condena contra el exjuez Juan José Galeano, de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía. A los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.

A su vez, fue absuelta Ana María Boragni, exmujer de Telleldín, quien durante una audiencia dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su expareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach. También entre los absueltos aparece el extitular de la DAIA, Rubén Beraja.

El exjuez Galeano fue desvinculado del encubrimiento de la denominada “pista siria” y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al expresidente Carlos Menem, ya fallecido.

La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán, siempre de acuerdo con Noticias Argentinas. (DIB) GML