La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó un nuevo sistema digital con inteligencia artificial que mejora el control catastral y acelera la detección y regularización de construcciones no declaradas. A partir de imágenes satelitales, drones y análisis inteligente de datos, M2 identifica automáticamente los mayores desvíos entre lo declarado y la realidad.

“La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”, afirmó el titular del organismo, Cristian Girard. Y destacó que “esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”.

Es decir, a partir de ahora todo el proceso es 100% online: detección, notificación y regularización, sin trámites presenciales, lo que permitirá para fortalecer la equidad fiscal y un Estado más eficiente, se informó.

A diferencia de etapas anteriores, M2 integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta por parte del contribuyente. De este modo, la información disponible se transforma de manera directa en acciones concretas de regularización, acortando significativamente los plazos administrativos y la gestión de los casos.

“Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, explicó Girard. El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

ARBA y su sistema de fiscalización basado en la tecnología dron y la inteligencia artificial.

La incorporación de inteligencia artificial permitirá multiplicar la capacidad operativa del organismo, no sólo en términos de detección de construcciones no declaradas, sino -principalmente- en la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.

En la presentación del nuevo modelo, que se realizó en un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que ARBA regularizó durante su gestión más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario. La implementación de este nuevo esquema inteligente permitirá avanzar de manera exponencial sobre ese camino, ampliando la cobertura territorial y acelerando la incorporación de mejoras al catastro provincial.

El lanzamiento de ARBA M2 forma parte de una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.

Fuente: Agencia DIB

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó en la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento.

El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, encabezó la exposición ante legisladores acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y las autoridades parlamentarias Verónica Magario y Alexis Guerrera.

“La Ley Impositiva es un engranaje más dentro de nuestra concepción sobre el rol del Estado: intervenir para mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria”, afirmó Girard.

El funcionario explicó que la norma “profundiza la progresividad en la recaudación de impuestos patrimoniales y sostiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos”.

Una de las principales medidas es el congelamiento del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural. Girard detalló que se mantiene la estructura del tributo sin modificar tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas”.

En un contexto de fuerte deterioro económico, el funcionario insistió: “No hay cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario. Es un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Otro de los ejes centrales es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.

“Tres de cada cuatro bonaerenses se verán beneficiados gracias a una reformulación de las tablas que corrige los saltos de alícuota derivados de la suba en el precio de los autos”, señaló el titular de ARBA. La medida busca recomponer la equidad y evitar que la presión fiscal recaiga sobre los sectores medios.

En la Provincia de Buenos Aires, la patente automotor se calcula en cinco tramos según la valuación fiscal del vehículo, aplicando una alícuota progresiva al valor del mismo, con topes de aumento anuales para moderar las subas, y beneficios por pago anticipado; la Ley Impositiva de cada año establece los montos específicos y las alícuotas para cada escala de valuación. Para 2025, se fijaron diferentes porcentajes según el tramo de valuación, con alícuotas más altas para vehículos de mayor valor.

La patente es progresiva, lo que significa que el porcentaje de impuesto aumenta a medida que el valor del vehículo es mayor.

Girard detalló: “Se va a llevar a cabo por medio de una reformulación de las tablas. En la ley anterior se arrancaba con una alícuota mínima de 3,6% y una máxima de 5%, ahora esos valores se reducirán en cuatro tramos con valores entre 1% y 4%”, puntualizó.

“En relación con Ingresos Brutos, no hay incremento de alícuota para ninguna actividad ni se incluye el anticipo extraordinario a grandes contribuyentes. La provincia decidió sostener el beneficio de alícuota disminuida incrementada. Vamos a actualizar los tramos en un 40% para que mas Pymes se vean beneficiada”, concluyó Girard.

En tanto, desde la oposición aguardarán el análisis del proyecto completo previo a emitir su respaldo a la iniciativa. “Es positivo que no haya aumento en Ingresos Brutos durante esta recesión, aunque esperamos conocer los números de la actualización inmobiliaria”, detallaron desde el radicalismo.

Respecto a Ingresos Brutos, Girard ratificó la continuidad de una política que combina simplificación tributaria y alivio para PyMEs, con mayor fiscalización sobre actividades de alta capacidad contributiva. “Seguimos fortaleciendo la progresividad, modernizando la administración tributaria con herramientas digitales que nos permiten recaudar mejor sin ahogar la producción ni el consumo”, subrayó.

Finalmente, el funcionario defendió el espíritu general de la Ley Impositiva 2026: “Es una norma que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen. Así logramos distribuir mejor el esfuerzo y construimos una provincia más justa”. (DIB)

El Director Ejecutivo de ARBA, Cristián Girard, aclaró que “no es que ahora todos los que usen una billetera virtual para comprar algo, o para pagar algo, van a tener que pagar un impuesto” y negó un impuestazo.

“Nadie que use para comprar la billetera, nadie que transfiera plata a un familiar, a un amigo, va a tener que pagar un impuesto por hacerlo”, insistió.

El director de ARBA detalló que la medida se enmarca en el impuesto a los ingresos brutos, ya adoptado por diecinueve jurisdicciones, siendo la provincia de Buenos Aires la vigésima en adherirse.

La novedad es que, al igual que sucede con los cobros mediante tarjeta de débito o crédito o transferencias bancarias, ahora “cuando un comercio o empresa cobra a través de una transferencia a una billetera virtual, se le aplica una retención a cuenta del pago de ingresos brutos”.

Girard aclaró que solo se aplica a quien “recibe fondos cuando vende algo es la única y es contribuyente de ingresos brutos, tiene una retención de adelanto del pago del impuesto que hace cuando termina el mes y presenta la declaración jurada”.

ARBA proporciona un listado de CUITs a los procesadores de servicios de pago, similar a lo que se hace con los bancos, que identifica a los contribuyentes de ingresos brutos.

“Todas las cuentas asociadas a esos quits están alcanzadas por esas retenciones. Ahora, si vos no sos contribuyente de ingresos brutos, no estás en ese padrón. Por lo tanto, no va a haber ninguna novedad con relación al uso de tu billetera virtual”, añadió.

Respecto a las transferencias personales, si un contribuyente de ingresos brutos en el padrón recibe una transferencia, se le aplicará una retención sin importar el motivo, “igual que te pasa con las retenciones bancarias”. Para mitigar esto, ARBA creó “un régimen simplificado para monotributistas, donde hay 1.300.000 monotributistas adheridos que no están incluidos en los padrones, es decir, no tienen ninguna retención”.

El objetivo principal de esta medida, según Girard, no es recaudatorio: “La idea es que esto nos nos dé más que nada información; no tiene un fin recaudatorio ni de control de la evasión”.

(Fuente: Noticias Argentinas)

Desde ARBA argumentaron que el objetivo es equiparar el tratamiento fiscal de las acreditaciones en billeteras virtuales con el de las cuentas bancarias.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció la puesta en marcha, a partir de octubre, de un régimen de   recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanza a los montos acreditados en billeteras virtuales y   cuentas de pago.

La normativa estableció que la recaudación se aplicará sobre los montos acreditados en cuentas abiertas en dichas entidades, ya sea en pesos, en moneda extranjera, con excepción de dólares estadounidenses, en valores o en instrumentos de poder adquisitivo equiparable a la moneda de curso legal.

Asimismo, dispuso que la recaudación del impuesto deberá practicarse aplicando la alícuota de retención asignada según el contribuyente y   fijó exclusiones, entre las que están, jubilaciones, pensiones, acreditaciones vinculadas a remuneraciones, operaciones de exportación, intereses de plazos fijos, rescates de fondos comunes de inversión, devoluciones de impuestos y planes sociales.

Los Proveedores de Servicios de Pago estarán obligados a presentar declaraciones juradas periódicas con la información de las recaudaciones realizadas, debiendo ingresar los montos retenidos en pesos, incluso si fueron percibidos en moneda extranjera.

El régimen estará vigente desde el 1° de octubre de 2025 para los proveedores que ya fueron designados en otras jurisdicciones y figuren en el listado oficial de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. En tanto que para el resto de los prestadores, la obligación comenzará a regir el 1° de noviembre de 2025.

Desde ARBA argumentaron el régimen sosteniendo que el objetivo   es equiparar el tratamiento fiscal de las acreditaciones en billeteras virtuales con el de las cuentas bancarias, reforzando la recaudación y ampliando los mecanismos de control sobre operaciones digitales.

Con una tecnología renovada, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) expandió su capacidad de fiscalización al sector rural y, en una primera tanda de inspecciones, se topó con una realidad preocupante: 700 silos sin declarar al fisco, que en conjunto tienen una capacidad de acopio de casi 500 mil toneladas de maíz, y están todos ubicados en campos bonaerenses de alta valuación fiscal.

Según indicaron fuentes de ARBA a DIB, se trata de una primera etapa de la expansión de los controles anti evasión en la zona núcleo, que esta vez detectó propiedades rurales sin declarar en campos de los distritos de Baradero, Carmen de Areco, Colón, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, Junín, Leandro N. Alem, Saladillo, Suipacha y Tres Lomas. Los controles, focalizados en la detección de mejoras sin declarar, terminarán por abarcar toda la zona núcleo, indicaron.

Los expertos de ARBA están utilizando nueva tecnología de precisión incorporada a la cartografía catastral para detectar en qué estado están las propiedades rurales. Analizan imágenes de alta resolución y de ese modo encontraron, por caso, los 700 silos “negros”. No fue lo único: también aparecieron detectaron 35 criaderos de aves de corral, cámaras frigoríficas, tanques de aceite, pavimentos y otras mejoras que los propietarios de los campos nunca habían informado.

Tanto las construcciones como los silos, criaderos, cámaras frigoríficas, tanques de aceite, etc., son mejoras que incrementan la valuación fiscal de las partidas rurales. Por eso, al no declararlas se está evadiendo una parte del Impuesto Inmobiliario Rural, generando además una situación de inequidad respecto de quienes sí cumplen con sus obligaciones y pagan en función de su real capacidad contributiva.

En ese sentido, Cristian Girard, director de ARBA, explicó que las mejoras no registradas representan “una evasión de impacto significativo en el Impuesto Inmobiliario”, y aseguró que “al intensificar la fiscalización con más tecnología y controles presenciales en la zona núcleo buscamos combatir la evasión en sectores de alta capacidad contributiva”. Añadió que minimizar la evasión permite “seguir fortaleciendo la recaudación provincial de manera más justa”.

Esta fiscalización incluye, de forma integrada, la participación de agentes de campo y la utilización de sistemas que aportan imágenes de alta resolución, incluyendo drones y tecnología satelital, lo que permite trabajar con precisión en lugares de difícil acceso.

Con las innovaciones que incorporó a su “Mosaico de Imágenes Satelitales de Alta Resolución”, ARBA tiene la capacidad de fiscalizar la totalidad de las partidas urbanas y rurales del territorio bonaerense en solo 3 años, a partir de la optimización de su cartografía catastral.

La zona núcleo es una región agrícola alta valuación, y se destaca por el cultivo de soja, maíz, girasol y trigo. Abarca en nuestro país, además de una parte de la provincia de Buenos Aires, áreas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. (DIB) AL

Entidades del centro y del norte bonaerense organizaron una movilización para 5 de abril en la ciudad de Azul. Buscan revertir el incremento de la alícuota

La nota completa, campo.lavozdelpueblo

Tras la llamada del diputado nacional José Luis Espert a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires y la decisión de un grupo de productores agropecuarios de avanzar en ese sentido, desde el Gobierno de Axel Kicillof negaron que los contribuyentes se hayan sumado a una rebelión fiscal.

Así lo aseguró el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien dijo que “las y los contribuyentes están cumpliendo con sus impuestos”, y subrayó que “no estamos viendo un desplome del cumplimiento ni la cobrabilidad. Es decir, no hay en curso una insurrección civil ni una rebelión fiscal como pretenden hacer creer Espert y Milei”.

“Al revés, lo que hay es un intento desde la superestructura política de generar un clima de malestar para distraer a la gente de lo que realmente importa: los problemas del país, el ajuste, la recesión, la caída brutal de los ingresos populares. A punto tal, que estamos entrando, según el propio presidente, en los peores meses. Por eso necesitan distraernos de la realidad, de que es imposible el nivel de precios de la economía para los salarios que hay”, resaltó Girard.

El director de ARBA sostuvo que “no existe una rebelión fiscal, hay una crisis económica que resiente la actividad, y eso repercute en la recaudación como ya lo veníamos viendo. Pero la mayoría de contribuyentes se esfuerzan y pagan”. Sin embargo, advirtió que “hay que dejar claro que quienes decidan incumplir con sus obligaciones tributarias, subiéndose a esa lógica de rebelión fiscal, deberán enfrentar las acciones judiciales de cobro, con los riesgos y sanciones que eso implica”.

“Ojo con lo de la rebelión fiscal, porque después no va a estar Espert pagándole la cuenta al contribuyente cuando no pueda mover fondos de la cuenta bancaria por un embargo, ni le va a pagar los honorarios de los abogados”, dijo Girard.

“Las obligaciones tributarias son parte de una ley, hay que cumplirla, y nosotros tenemos que ejercer las competencias del organismo, que es activar el cobro por todas las vías posibles, incluyendo el juicio con los embargos. Me parece una irresponsabilidad absoluta llamar a no pagar los impuestos”, puntualizó el titular de ARBA.

De esta manera, Girard salió al cruce de Espert, luego que el fin de semana el diputado llamara a una rebelión fiscal. También de productores de la Rural Salliqueló, quienes decidieron que no pagarán el Inmobiliario e irán “contra ARBA”.

Respecto del aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, Girard reiteró que “no se trata de un impuestazo, ya que los incrementos se ajustan a la lógica de progresividad de la política tributaria bonaerense. Si ponemos la cuestión en perspectiva, resulta que ese tributo, en promedio, viene bajando en términos reales durante la gestión de Axel Kicillof”.

El director de ARBA detalló que “más del 99% de las partidas rurales tuvieron topes en la emisión del Inmobiliario Rural, todos por debajo de la inflación. Solo un 0,7% del total, que corresponde a 2.138 partidas con un valor de mercado superior a los USD 3.000.000, no tope en el incremento. Todo esto en función de lo que determina la Ley Impositiva 2024, que fue aprobada en la Legislatura por amplia mayoría”.

“Desde el 2019 hasta acá hemos bajado los impuestos a la gran mayoría, y tomamos medidas que favorecieron a todo el entramado productivo de la Provincia. La política tributaria bonaerense es progresiva y busca que los que más tienen, más paguen, de acuerdo a su verdadera capacidad económica, sobre todo en los sectores más concentrados de la economía. Esto es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa”, enfatizó Girard. (DIB)

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó más de 120.000 metros cuadrados construidos en el partido de General Pueyrredón que propietarios y desarrolladores no habían declarado y, en su mayoría, pagaban el tributo Inmobiliario como si se tratasen de baldíos.

Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, explicó que “la labor de fiscalización presencial, que se llevó a cabo en countries y edificios ubicados en zonas selectas de Mar del Plata, nos permitió confirmar maniobras de evasión que habíamos detectado, previamente, a través de los controles por imágenes satelitales”.

En un comunicado, la entidad explicó que los 120.000 metros cuadrados que no estaban registrados ante el catastro provincial corresponden a 57 edificios en altura, algunos con departamentos residenciales, otros con oficinas y cocheras, y 113 casas -con y sin pileta- pertenecientes a urbanizaciones cerradas que poseen instalaciones exclusivas como hostería, club house y cancha de golf.

Las viviendas en estos countries tienen un valor de mercado de entre US$ 400.000 y US$ 800.000.

Se destaca, dentro de los edificios en altura, el caso de una lujosa torre de 14.000 metros cuadrados, que continuaba declarada por la empresa desarrolladora como un baldío.

Ese predio forma parte de un importante complejo residencial ubicado frente al mar, que cuenta con departamentos que en el mercado se comercializan por encima de los US$ 335.000.

Al incorporar la torre al catastro, el valor de la partida inmobiliaria se incrementará en $ 182 millones, y los desarrolladores deberán hacer frente a multas de hasta $ 25 millones por no cumplir con los deberes formales que les corresponden a los contribuyentes.

“Esta torre sin registrar que detectó ARBA es la tercera de ese sofisticado complejo emplazado en la zona de Playa Chica. En todos los casos, la empresa a cargo del proyecto sólo declaró la construcción de los edificios cuando fue intimada por el organismo, lo que muestra claramente un comportamiento especulativo respecto de la cuestión tributaria”, subrayó Spiritoso.

Spiritoso destacó que “desde ARBA queremos que los desarrolladores paguen sus impuestos de forma justa y equitativa, como lo hacen la mayoría de las y los contribuyentes”.

“Estas maniobras de evasión son inadmisibles, sobre todo por la magnitud de los proyectos y la capacidad contributiva de las empresas. Por eso, vamos a aplicar todas las multas que correspondan, ya sea en edificios o countries”, dijo.

En relación con las fiscalizaciones, manifestó que “si bien desde ARBA ya no realizamos operativos de verano como se hacían en otros años, tenemos planificado intensificar los controles habituales que hacemos en toda la Provincia”.

“Buscamos combatir la evasión fiscal y recuperar recursos que son indispensables para sostener los servicios que brinda el Estado bonaerense y financiar las políticas sociales, en especial en este momento de dificultades provocadas por el ajuste del gobierno nacional”, aseguró Spiritoso.

ARBA indicó que sumados a los controles catastrales específicos, que se apoyan en herramientas satelitales y acciones presenciales, para detectar construcciones sin declarar, se prevén otras fiscalizaciones puntuales que apuntan a reducir la evasión en sectores de mayor capacidad contributiva.

De esa forma, se efectuarán operativos en restaurantes y bares con indicios de presunta evasión y se apuntará a las embarcaciones deportivas no registradas o cuyos dueños registran un alto nivel de deuda. (DIB)

Dejarán de cumplir con una función que demanda recursos para atender la mayor carga administrativa.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) aumentó en un 150% el monto de facturación a partir del cual las empresas tienen la obligación de actuar como agentes de percepción y retención del fisco, lo que beneficiará a 3.000 pymes, que dejarán de cumplir con una función que demanda recursos para atender la mayor carga administrativa.

Según la normativa, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, las empresas que hayan obtenido durante el 2023 ingresos totales operativos (gravados, no gravados y exentos) superiores a $ 1.250 millones, deberán actuar como agentes de recaudación del régimen general.

Asimismo, para los contribuyentes que declaran como actividad principal “el expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo”, la normativa elevó el piso de facturación anual a $ 1.875 millones; y para los que se dedican a la “venta de cosas muebles”, ese límite asciende a los $ 625 millones.

En ese sentido, el titular de ARBA, Cristian Girard, detalló que “desde el comienzo de nuestra gestión actualizamos fuertemente el monto de facturación que obliga a las empresas a actuar como agentes de recaudación”, y señaló que se duplicó el nivel de 2019 en términos reales “en línea con la directiva del gobernador (Axel) Kicillof de reducir la carga al entramado productivo, con especial foco en las PyMEs”.

Además, puntualizó que “desde 2020 hasta la fecha incrementamos cinco veces el límite de facturación para actuar como agentes de recaudación”, y detalló que “la primera vez, antes del comienzo de la pandemia se elevó un 175%; en 2021 un 36% más; durante el 2022 agregamos un 66%; el año pasado, un 100% y ahora este 150% de incremento”.

Girard destacó que la suba de estos límites “reduce carga administrativa a las empresas al bajar la cantidad de operaciones alcanzadas por retenciones y percepciones de Ingresos Brutos a otros contribuyentes, favoreciendo el desahogo financiero del sector productivo”.

Las empresas que actúan como agentes de recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos tienen la obligación de retener o percibir dinero de los contribuyentes como pago a cuenta de ese tributo, para luego depositarlo a la orden del fisco.

El director de ARBA aseguró que cuando asumió puso en marcha una reforma integral en Ingresos Brutos que “disminuyó retenciones, aceleró la devolución de saldos a favor acumulados, brindó facilidades para regularizar deudas y promovió un régimen simplificado que favoreció a quienes tributan como monotributistas”.

Las medidas de administración tributaria aplicadas sobre Ingresos Brutos permitieron reducir gradualmente el stock de saldos a favor que tenían los contribuyentes, lo que significó una devolución de recursos al sector privado, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y emprendimientos productivos.

Con la reforma de Ingresos Brutos, la Agencia de Recaudación modernizó los mecanismos de compensación para lograr una rápida devolución del crédito acumulado.

El sistema que rige actualmente, y al que acceden casi la totalidad de contribuyentes con saldos a favor, hace efectivos los reintegros en sólo 72 horas mediante un simple trámite por la web. También permite usar el crédito fiscal para compensar otras obligaciones tributarias. (DIB)