Que en las últimas dos décadas se había profundizado el modelo de producción en campo arrendado, un informe oficial reveló que la cifra es más alta de lo que se estimaba. Un  informe sobre la Estructura de la Producción, difundido por la Subsecretaría de Agricultura, indica que en la campaña 2022/23 y tomando en cuenta todos los cultivos de cosecha, el 70% de la superficie agrícola se hizo en campo alquilado. Si ponemos la lupa en Tres Arroyos, esa cifra es aún mayor ya que trepa al 74%.

El informe, que está confeccionado en una plataforma online que se va actualizando periódicamente, permite diferenciar entre cultivos, campañas, provincias y partidos/departamentos. También está discriminado el rango de superficie trabajada, para identificar entre pequeños, medianos y grandes productores. Eso permite tener una suma de datos que muestran una completa foto de la producción agrícola y con la propiedad de la tierra. Y está basado en el SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola de la AFIP), que registra la superficie de cada cultivo declarada por los productores.

Ante la falta de datos oficiales, fue común escuchar en boca de funcionarios y dirigentes que el 50% de la cosecha se lograba en campos arrendados. Esta plataforma deja en claro que el porcentaje es muy superior, y  permite distintos análisis para entender cómo es la variación de esa cifra entre las provincias productoras.

A trazo grueso, entre los factores que explican tanto campo en manos de terceros están las retenciones, el desdoblamiento cambiario, el aumento del peso del flete en la porción de la torta de los gastos y también cuestiones climáticas que tienen un mayor impacto en los productores más chicos, con menos espalda para volver a sembrar.

Otro síntoma de este esquema productivo que se fue potenciando desde 2000 hacia acá es la concentración de la tierra en menos manos: según los datos de la subsecretaria de Agricultura en la campaña 2023/23 hubo 71.423 productores que trabajaron las 34.027.367 millones de hectáreas. Eso significa que, en promedio cada uno sembró 476 hectáreas. Respecto del ciclo 2021/22 se perdieron 1.300 agricultores. Aunque es una cifra superior a los 68.868 que había en el ciclo 2018/19, la campaña más antigua con la que se puede comparar en la plataforma.

Las provincias

Se desprende de la base de datos publicada por Subsecretaría de la Agricultura que en la campaña 2022/23 las mayores superficies arrendadas se encuentran en las provincias que ocupan la franja central del país. Y entre ellas, es Entre Ríos con un 75% de superficie trabajada bajo alquiler, la que ocupó el primer puesto. Córdoba con el 73% y Santa Fe con el 71%, completaron el podio.

La provincia de Buenos Aires tuvo un 67% de su superficie sembrada hecha en campo arrendado. Mientras que en La Pampa, San Luis y Santiago del Estero hubo más área en manos de terceros: 69%.

Los datos dejan en evidencia que en las provincias extra pampeanas, en las que los rendimientos de los cultivos son menores, no hay demasiadas posibilidades de diversificar y la distancia a puerto son importantes, lo que le aporta un gasto logístico a la producción superior a la zona central, son inferiores las superficies sembradas bajo arrendamiento. Así encontramos que en Salta y Chaco el porcentaje es del 60%.

La región

A la hora de analizar qué pasa en Tres Arroyos y sus partidos vecinos, el análisis deja datos muy interesantes. En el caso de nuestro distrito, con el 74% de la superficie trabajada bajo arrendamiento, está por debajo de lo que ocurre en Coronel Dorrego, que tiene un 81% y San Cayetano, 77%. Por debajo se encuentran Gonzales Chaves y Coronel Pringles, ambos con 65%.

En el caso de Tres Arroyos no se muestra una variación en cuanto a la tenencia de la tierra a la hora de producir en las últimas cuatro campañas, en las que el porcentaje entre el 71 y el 74%.

Teniendo en cuenta que según los registros basados en el SISA en la campaña pasada fueron 825 los productores que sembraron las 454.966 hectáreas agrícolas en Tres Arroyos, significa que, en promedio, cada uno trabajó 551,5 hectáreas, casi 100 más que la media que se dio a nivel nacional.

También surge de los datos que Tres Arroyos fue el segundo distrito con mayor superficie sembrada en la provincia de Buenos Aires, sólo superado por las 500.859 de General Villegas.

Además, con 105.935 hectáreas implantadas, fue el distrito más girasolero de Buenos Aires. Respecto al trigo, fue el tercer distrito con más hectáreas detrás de General Villegas y Coronel Suárez.

Para acceder al informe completo hacé click acá.

Un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa arrojó que los costos y disponibilidad de insumos así como la anualidad de los alquileres son algunos de los motivos que están llevando a muchos productores a volver a labrar la tierra. La directa, tecnología que alguna vez ocupó más del 90% del área sembrada y que contribuyó a un salto en productividad, eficiencia y cuidado del ambiente (reduciendo de las emisiones de carbono en 18 millones de toneladas a nivel nacional), en la campaña 2020/21 cayó al 89%.

Uno de los factores apuntados como enemigos de la sustentabilidad y motivo de volver a la siembra convencional es la duración de los contratos de arrendamiento.

El informe de la entidad, titulado NO a la LABRANZA, advierte que el 60% de la superficie agrícola está bajo un régimen de arrendamiento anual. La falta de planificación debida a la incertidumbre que genera esta anualidad lleva en muchos casos a la ausencia de cultivos invernales o a implementar esquemas de reposición de nutrientes (hoy se repone sólo el 38% de los nutrientes exportados en el país).

Lee el documento completo NO A LABRANZA de Aapresid

A su vez, la concreción tardía de contratos hace que las empresas se encuentren lotes con infestaciones de malezas en estados avanzados, lo cual limita la efectividad de estrategias de control no mecánicas.

“El productor argentino enfrenta muchos desafíos. Sequías consecutivas, coyuntura, déficit de infraestructura, volatilidad de precios, presión fiscal… y la lista sigue. Estas cuestiones llevan a tomar decisiones de ‘supervivencia’, corriendo del foco el mediano plazo y, por tanto, la sustentabilidad en todos sus ejes”, explica Aapresid.

Pero también hay excepciones.

El caso Man Agro: misión posible

Man Agro es una empresa oriunda de Pergamino socia de Aapresid que produce el 100% bajo arrendamiento con renovación anual.

Con una estrategia de diversificación del riesgo climático como una de las claves de su modelo de negocios Managro tiene presencia en siete provincias y un esquema de contratos de alquiler de largo plazo con renovación económica anual, en los que logra una tasa de renovación del 95%.

El secreto: “Trabajamos los campos como si nos fuéramos a quedar toda la vida”, explica su CEO, Diego Sánchez Granel. “Aplicamos rotaciones, cultivos de cobertura,  fertilización y mejoras como si fuera un campo propio. Sabemos que  el rédito de estas inversiones está en el mediano plazo y no en el mismo año. Al invertir, la productividad mejora y baja la variación de rendimiento y esto nos da más capacidad de pago del arrendamiento que es lo que nos mantiene competitivos en el largo plazo”, agrega.

El CEO advierte que las crisis -como sequías, inundaciones, problemas económicos y de precios de commodities- son escenarios que generan fuertes movimientos y rotación entre inquilinos y propietarios. “Por eso es importante para las empresas ser muy competitivas y profesionalizadas”.

Otra de las claves está en la concientización de los dueños de la tierra. “Dedicamos muchas horas a cada negociación para que los propietarios conozcan los beneficios de prácticas como los cultivos de cobertura, la fertilización, rotaciones para cuidad su activo “tierra”. En problemáticas puntuales hemos sugerido y realizado mejoras como canales o curvas de nivel, labores financiadas por Man Agro contra saldo de arrendamiento”, explica el CEO.

Sánchez Granel destaca que al momento de encarar un manejo sustentable cobra peso el tipo de dueño de la tierra, y que si bien todos son rentistas,  hace una distinción  entre ‘agricultores’ y ‘explotadores’: “hay dueños que tienen mente de agricultores, que por más que den a alquilar sus tierras por diferentes motivos, sufren cada problemática, como la falta de lluvias junto a nosotros, las entienden y viven. Pero hay otros que son estrictamente rentistas “explotadores” y no tienen ningún interés por la conservación del sistema y su activo tierra. Cuando detectamos este perfil, directamente rechazamos el campo ya que hace inviable aplicar nuestro modelo en el mediano y largo plazo. Creo que el productor que convalida estos modelos de “explotación” es víctima de su complicidad” arremete.

Cuidar el suelo: “Asunto de Estado”

El informe de Aapresid afirma que el suelo es un bien común de la ciudadanía argentina y que por tanto es clave que el Estado aliente el manejo sustentable, a través de por ejemplo, programas de reducción fiscal a dueños de campos que concreten contratos de más de cinco años, o implementación de planes de uso del suelo.

Sánchez Granel agrega que “más que meterse en los contratos de arrendamientos, el Estado debería incentivar, por ejemplo, a que los productores incluyan gramíneas en sus rotaciones, entendiendo que el único movimiento de suelo en que creemos, es el de las raíces”.

Para cerrar, afirma que “el Estado es el principal culpable de la degradación de los suelos. Su voracidad fiscal, empezando por las retenciones, IIBB en alquileres y sistema de amortización de mejoras en el que no se puede amortizar por la inflación, son parte de lo que podrían cambiar para no forzar a ‘sojizar’ el modelo de producción argentino”.

El Ministerio de Desarrollo Agrario lanzó el “Programa de Recuperación Productiva para Arrendatarios”, un programa para asistir con un aporte no reintegrable a los productores bonaerenses que alquilan campos en ese territorio y están en la emergencia agropecuaria en el marco de la sequía. No trascendió el monto de la asistencia. Vale recordar que, según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en Buenos Aires el fenómeno climático ocasionó una pérdida productiva de u$s 8644 millones.

La decisión se tomó mediante la resolución 352 del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial que conduce Javier Rodríguez. Allí se detalla que “a comienzos del año 2023 en la zona núcleo los valores de humedad en el suelo fueron los más bajos desde al año 1981 y ello ha impactado fuertemente en los cultivos de verano, tanto tempranos como tardíos, y sobre los sistemas ganaderos, incluyendo merma en forrajes, problemas para el abastecimiento de bebida animal y mala condición corporal”.

Luego se consigna que la provincia ha declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en 81 partidos y otros 9 fueron evaluados por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba) y se encuentran en proceso de declaración. En este marco, el gobierno provincial señaló que “el promedio de los últimos tres años muestra que uno de cada cuatro productores declarados en Emergencia y/o Desastre Agropecuario son arrendatarios de los inmuebles que producen, representando en el año 2023 el treinta y siete por ciento (37%) de la totalidad de las hectáreas declaradas en emergencia”.

En este contexto, la resolución que lleva la firma de Rodríguez dispuso en su primer artículo “crear en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario el Programa Provincial de Recuperación Productiva para Arrendatarios Bonaerenses, con el objeto de acompañar y asistir a productoras y productores arrendatarios de la provincia de Buenos Aires declarados en emergencia y/o desastre agropecuario en los términos de la Ley N° 10.390 y modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 7282/86″.

El programa brinda una asistencia económica a los productores y productoras bonaerenses arrendatarios, en forma segmentada según la escala y hasta un tope máximo de hectáreas en producción. La misma será similar a los beneficios que obtiene de Arba un productor propietario.

La fórmula de cálculo

El aporte no reintegrable se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Índice de afectación (IA) x monto correspondiente al inmobiliario rural para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2023.

Cabe señalar que al plantearse desde noviembre que para las líneas de financiamiento por emergencia no era necesario presentar el certificado de emergencia agropecuaria (sino estar en un distrito declarado en emergencia), se les otorgó a los productores que son arrendatarios la posibilidad de acceder a esos créditos especiales. Ahora, con este nuevo programa, desde el Ministerio se les brinda un beneficio adicional para su recuperación, que los equipara con los beneficios fiscales que reciben los productores que son propietarios.

En el transcurso de este año, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha declarado el estado de emergencia agropecuaria en 90 municipios. El promedio de los últimos tres años muestra que uno de cada cuatro productores declarados en Emergencia y/o Desastre Agropecuario son arrendatarios de los inmuebles que producen, representando en el año 2023 el 37% de la totalidad de las hectáreas declaradas en emergencia.

En el marco de esta nueva iniciativa, los beneficiarios recibirán como incentivo un aporte no reintegrable en función de la superficie arrendada, el porcentaje de afectación y el impuesto inmobiliario rural correspondiente a ese período.

Para afectaciones superiores al 80%, el índice de superficie/afectación se calculará de acuerdo a la siguiente escala:

En tanto, para afectaciones entre 50 y 80%, el beneficio que se implementará tendiente a asemejar los efectos de la prórroga, tendrá la siguiente escala:

Para obtener el formulario de solicitud y más información, ingresar a: www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/RP_Arrendatarios

A los fines de acceder a los beneficios del programa, los productores deberán enviar un correo electrónico a sdea.emergencia@gmail.com adjuntando la siguiente documentación: a) Formulario de DDJJ del programa; b) Constancia de inscripción en impuestos nacionales y provinciales; c) Inscripción al AgroRegistro MiPyMEs (RESO-2020-7-GDEBA-MDAGP); d) Copia certificada del contrato de arrendamiento rural de las partidas declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario debidamente inscripto en los registros correspondientes; e) Liquidación del impuesto inmobiliario rural e inmobiliario rural complementarios de las partidas alcanzadas correspondiente al año 2023; f) Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de su titularidad.

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR) realizó un estudio que predice el valor de los arrendamientos en áreas agrícolas de la provincia de Córdoba, a partir del cual elaboró el Mapa de Valor de Arrendamientos agrícolas para la campaña 2021/22. Del trabajo participaron investigadores e investigadoras de CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de convenios específicos.

“El trabajo permite conocer el valor, la distribución espacial y el comportamiento del mercado de arrendamientos agrícolas, lo que resulta de gran importancia para mejorar la información disponible para los agentes del sector, sean propietarios, inversores, arrendatarios y el propio Estado, como también para generar mayor transparencia y contribuir a identificar los costos de la cadena de valor de la producción agropecuaria”, se informó.

El proceso de estimación del valor de arrendamiento se ve influenciado por la diversidad de la topografía, clima y tipo de suelo de la provincia. “Las estimaciones obtenidas indican que la predicción de arrendamiento agrícola o Valor Unitario de Arrendamiento (VUA) promedio en la campaña 2020/21 en la provincia fue de 10 quintales de soja por hectárea (qq-soja/ha)”.

“En suelos con capacidad de uso I y II (según clasificación USDA) presentan en promedio un VUA de 14 qq-soja/ha. La zona centro de la provincia, que se caracteriza por suelos de capacidad de uso III, presenta un VUA medio de 10 qq-soja/ha. Los suelos restantes, con capacidades de uso del suelo IV, V y VI se asocian con valores promedio de 9 qq/ha”, se indicó.

En términos departamentales los valores de arrendamiento más altos de la provincia se localizan en Marcos Juárez, con un promedio de 14 qq/ha, mientras que los VUA más bajos se ubican en los departamentos San Alberto, San Javier, Pocho, Minas y Cruz del Eje, con un promedio de 7 qq/ha. La siguiente tabla presenta el VUA mínimo, medio y máximo a nivel departamental.

Cómo navegar el mapa

La herramienta está disponible en MapasCordoba y los usuarios pueden navegar en forma dinámica sobre el mapa o buscar un inmueble por su nomenclatura catastral o número de cuenta de rentas, o zona por nombre de localidad o paraje. Al picar sobre una ubicación se obtiene información del VUA en un entorno de 25 hectáreas (celda de 500 m de lado), expresado en qq-soja/ha.

“Para obtener el valor de arrendamiento de una parcela se debe tener en cuenta que la misma puede ocupar más de una celda de la grilla, en la cual cada una puede tener un valor diferente de arrendamiento. Por lo que para obtener el VUA por parcela, se debe calcular el promedio del valor ponderado por la proporción de las celdas de 25 hectáreas que ocupan la parcela”.