La zona de baño de Claromecó es más amplia a partir de la aprobación en el Concejo Deliberante, en la sesión realizada ayer, de un proyecto presentado para su tratamiento sobre tablas por Fuerza Patria. En forma previa a la sesión, una vecina participó en la Banca Ciudadana.

La iniciativa mencionada consiste en modificar la ordenanza 7295 sancionada en 2019. Establecía que la zona de baño se extendía “entre la línea imaginaria perpendicular a la avenida Costanera a partir del punto intermedio entre las calles 3 y 5, y la línea imaginaria perpendicular a la avenida Costanera a partir de la intersección de las calles 21 y 44”. Ahora llega hasta la altura de las calles 23 y 46.

En el Barrio Parque Dunamar, el área de baño se mantiene sin cambios. Abarca “la zona de playa comprendida entre la prolongación imaginaria de las calles Belgrano y el punto intermedio entre las calles Roca y Sarmiento”.

En Claromecó, en consecuencia, también se produjo una modificación en la zona de recreación, que queda “en la zona de playa comprendida entre la línea imaginaria perpendicular a la avenida Costanera a partir de la intersección de las calles 23 y 46, y la línea imaginaria perpendicular a la avenida Costanera a partir de la intersección de las calles 25 y 48”.

En Dunamar, el área de recreación sigue delimitada de la siguiente manera:

1-La establecida desde la continuación de calle Belgrano perpendicular al mar, a la ribera del arroyo.

2-En la zona del arroyo establecida entre la prolongación imaginaria de la avenida Costanera hacia el arroyo y el puente peatonal.

3-Entre la finalización del Balneario Barlovento y la línea imaginaria de continuación de la calle Rivadavia perpendicular al mar.

La ordenanza hace referencia a Barlovento, actualmente el parador se denomina Kuyem.

La concejal Cecilia Del Aguila, de la Coalición Cívica-ARI, expresó que “este proyecto surgió a partir de la necesidad de ampliar la zona de baño de Claromecó. De acuerdo a lo que nos decía el jefe de Guardavidas, se viene solicitando hace varios años”.

Recordó que “el año pasado se estableció en ese lugar una zona de prevención, no era específicamente un cuerpo de guardavidas, pero contaba con personal”.

En este sentido, indicó que “ahora estamos modificando la ordenanza para que se corra cien metros más la zona de baño, donde actualmente se baja con mascotas. Me parece muy importante e imprescindible este pedido”.

Del Aguila sostuvo que “también hay un pedido en lo que hoy es zona recreativa de Reta. Se solicita la ampliación de la zona de baño desde 2024, por cuestiones presupuestarias no se puede, en una zona bastante complicada”.

Por esta razón, pidió “que el Departamento Ejecutivo tenga a bien hacer lo mismo que se hizo en Claromecó la temporada pasada, pensar en poner una guardia preventiva de guardavidas como una prueba piloto. Es la zona del Barco Hundido, donde ocurren la mayoría de los accidentes”. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, se dio aprobación a la adjudicación de la unidad fiscal 4, correspondiente a la escuela de surf en Claromecó, a Jesús Gutiérrez Castillo.

Recibió el aval del Concejo adjudicar a Bruno Chiquette la unidad fiscal para esparcimiento nocturno.

Se aprobó el otorgamiento de carros gastronómicos en Claromecó, Reta y Orense, autorización solicitada por la directora de Turismo, Carolina Goicoechea.

En forma similar, se requirió desde el área de Industria, Comercio y Emprendurismo la autorización y fue concedida, para adjudicar tres carros gastronómicos en plazas de nuestra ciudad.

Fue aprobado el pedido de prórroga por parte del Ejecutivo para la presentación del presupuesto municipal de 2027 y se estableció el 4 de diciembre como fecha definitiva.

Por otra parte, el predio ferroviario ubicado en avenida Ituzaingó entre Saavedra y Dorrego pasará a denominarse Patio de Colectividades, a partir de un pedido de la Comisión de Colectividades Extranjeras.

La concejal Patricia Zurita, de Fuerza Patria, solicitó licencia desde el 20 hasta el 22 de octubre próximos inclusive. Será reemplazada por el concejal suplente Fernando Burón.

Integridad Distritos Tres Arroyos solicitó informes sobre la atención en la salita del paraje de Lin Calel, lo que fue rechazado tras una respuesta del bloque de Fuerza Patria.

También pidió informes sobre la disposición de residuos, aprobado por mayoría; acerca del funcionamiento de los CAPS de Villa Italia y Boca, lo que fue rechazado luego de información brindada por Fuerza Patria.

En cambio, fue aprobado por unanimidad un pedido de informes sobre la obra de avenida Ameghino al 1000, para el entubado, cierre y saneamiento de un zanjón.

Finalmente, fue rechazada una solicitud sobre cantidad de personas vinculadas a programas o planes sociales en tareas de barrido y limpieza en la vía pública.

Nuevos Aires solicitó que se lleven a cabo las medidas necesarias para preservar el médano frontal de Dunamar, entre calles Sarmiento y Remedios de Escalada, aprobado por mayoría. Hizo un pedido sobre telefonía celular en Cascallares, aprobado por unanimidad. Y solicitó que se realicen trabajos en el camino que una Orense con su balneario, aprobado por mayoría.

El bloque del MV solicitó informes sobre la regulación del transporte de pasajeros de plataformas digitales, no fue aprobado porque este tema será motivo de un proyecto de ordenanza que se tratará a la brevedad, como lo informó el concejal Facundo Elgart de Fuerza Patria.

El MV realizó un pedido de informes sobre la bloquera municipal, hubo una respuesta de Fuerza Patria y una argumentación del vecinalismo por parte del concejal Mariano Hernández.

De La Libertad Avanza, se rechazó un pedido de informes sobre si se evalúa una prórroga del contrato con Transportes Malvinas; acerca de capacitaciones al personal administrativo; y para la colocación de cartelería en calle Alvear del 600 al 900 por el doble sentido de circulación vehicular.

De la Coalición Cívica-ARI, se aprobó por mayoría una solicitud de informes sobre las razones por las cuales el mamógrafo del Hospital permanece fuera de funcionamiento; y referido al convenio colectivo de trabajo del personal municipal.

En tanto, Fuerza Patria expresó un enérgico repudio a la reforma del régimen de Zona Fría, lo que fue aprobado por mayoría; y a la posibilidad de venta de tierras a extranjeros sin limitaciones, consecuencia del fallo de la Corte Suprema que habilitó el artículo 54 del DNU 70/2023.

En la jornada de hoy en el  Concejo Deliberante, Fedra Lis Dualde hizo uso de la Banca Ciudadana para exponer dos demandas centrales: el acceso a información oficial, certera y actualizada sobre el cumplimiento de los cupos laborales en el ámbito comunal y un llamado urgente a fortalecer el trabajo social en los barrios de la ciudad ante el agravamiento del contexto socioeconómico.

Dualde, quien se presentó como mujer trans de Tres Arroyos, focalizó el primer tramo de su alocución en la Ordenanza 7344, aprobada en 2020, que fija el cupo para personas travestis, trans y no binarias. Tras revisar expedientes administrativos desde 2023, advirtió que la documentación no permite dimensionar el impacto real de la norma. Si bien el área de Recursos Humanos reportó dos ingresos bajo este régimen, remarcó que se desconoce la planta total de empleados tomada como base de cálculo y el porcentaje alcanzado.

Falta de información

“Reconozco que las incorporaciones son importantes y representan una oportunidad concreta. Pero la información en el expediente no permite ver la situación completa. No digo que no se haya hecho nada, sino que con los datos disponibles no podemos comprobar cuál es el estado ni saber cuánto falta”, subrayó. Solicitó al cuerpo que requiera al Departamento Ejecutivo un detalle de vacantes, el funcionamiento del Registro Sacayán —preservando los datos personales—, los mecanismos de selección y los plazos previstos, recordando además a ediles pioneros en la temática como Claudia Citadino y el fallecido Julio “Pity” Federico.

En idéntico sentido, requirió precisiones sobre la Ley Provincial 10.592, que asigna un piso del 4% de los puestos municipales a personas con discapacidad idóneas para la función. Reclamó saber el porcentaje cubierto en la actualidad y advirtió que ambos marcos no deben solaparse ni compensarse: “Cada derecho necesita su propia información, su propio seguimiento y su cumplimiento”.

Presencia territorial y sinceridad

En la segunda parte de su intervención, Dualde interpeló a los concejales a recorrer las barriadas y tomar contacto directo con las urgencias vecinales. “Les pido algo muy importante: no vayan con promesas que no puedan cumplir. La gente necesita que se le hable con sinceridad”, enfatizó, relatando escenas cotidianas de familias y adultos mayores recolectando residuos o tirando de carros para subsistir.

Cuestionó también las dificultades de acceso a la asistencia comunitaria y señaló que muchos vecinos desconocen qué profesional de trabajo social interviene en su área. Pidió jerarquizar los CAPS y asegurar un despliegue territorial efectivo: “No alcanza con que exista un cargo en los papeles; el Estado tiene que salir al encuentro de la gente”.

Al concluir, Dualde sintetizó: “No estoy acá para molestar, sino porque los derechos no se mendigan, se garantizan”.

Frente al impacto de las recurrentes inclemencias climáticas que vienen golpeando a la región, las autoridades de Tres Arroyos concentrarán su atención en dos problemáticas urgentes: la erosión costera y las proyecciones meteorológicas a corto y mediano plazo. Este jueves a las 9 de la mañana, en el Salón Blanco del Concejo Deliberante, se llevará a cabo una reunión clave convocada por Carlos Ávila del espacio Nuevos Aires y Cecilia Del Águila de Coalición Cívica ARI.

El encuentro contará con la presencia del intendente Pablo Garate, concejales de los distintos bloques políticos, vecinos interesados y dos especialistas de primer nivel: el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tresarroyense Pedro Di Nezio, y el licenciado en Geología, Federico Isla.

Evaluar daños

La erosión en el frente marítimo del distrito se ha convertido en una preocupación prioritaria. Durante el presente año, las sudestadas y los temporales registrados con mayor violencia tras el cierre de la temporada de verano socavaron amplios sectores de playa y comprometieron la infraestructura de las localidades costeras. La meta del encuentro legislativo y comunitario es evaluar el daño acumulado, escuchar el diagnóstico geológico y delinear estrategias urgentes y sostenibles para mitigar el retroceso de la costa.

El debate adquiere un matiz aún más apremiante por el contexto climático global. Según advirtió el propio Di Nezio, la Argentina se encamina a enfrentar las consecuencias de uno de los eventos de “El Niño” más intensos de la historia registrada, cuyas secuelas podrían extenderse hasta abril de 2027. El titular del SMN comparó la magnitud del fenómeno actual con el histórico episodio de 1997, señalando que se trata de ciclos excepcionales con una recurrencia cercana a los 30 años.

“Este Niño va a entrar a la historia, sin dudas”, remarcó el científico, al tiempo que alertó sobre un incremento sustancial en el riesgo de tormentas severas, inundaciones y precipitaciones extraordinarias sobre el centro y litoral del país. La confluencia de este ciclo de inestabilidad prolongada con la vulnerabilidad geológica de los balnearios locales exige respuestas coordinadas. La jornada legislativa del jueves buscará sentar las bases técnicas y políticas para proteger el litoral tresarroyense antes de la llegada de los picos más severos del temporal.

Roxana Calvo renunció al bloque del Movimiento Vecinal, partido por el que fue electa en 2023, y se incorporó a La Libertad Avanza. De esta manera, quedó confirmado un anticipo exclusivo de La Voz del Pueblo.

Su decisión implica una modificación muy importante en los dos bloques más numerosos de la oposición. El vecinalismo pierde a una integrante que mostró protagonismo desde su banca y la LLA amplía su cantidad de miembros.

Noticia en desarrollo

A través de un comunicado oficial, la concejal Roxana Calvo anunció formalmente su desvinculación del bloque del Movimiento Vecinal en el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos y confirmó su pase a la bancada de Alianza La Libertad Avanza.

No renuncio a mis convicciones: elijo un nuevo espacio para seguir trabajando

Hoy comuniqué formalmente mi decisión de dejar de representar al Movimiento Vecinal de Tres Arroyos en el Honorable Concejo Deliberante y continuar mi tarea legislativa en Alianza La Libertad Avanza.

No ha sido una decisión sencilla. Significa cerrar una etapa de casi tres años en un espacio al que representé con responsabilidad, compromiso y dedicación. También significa ser coherente con mi manera de entender la función pública y con la forma en que quiero seguir trabajando por Tres Arroyos.

Durante este último tiempo se me pidió explícitamente que no visibilizara mi trabajo en los medios locales y que bajara mi perfil en las redes sociales. No comparto esa concepción. Quien ocupa una banca tiene la responsabilidad de trabajar, comunicar lo que hace, rendir cuentas, escuchar y mantener un vínculo permanente con los vecinos y las instituciones.

Mi manera de ejercer esta función siempre fue estar presente: recorrer, escuchar, estudiar, preguntar, presentar proyectos, controlar y comunicar. Los vecinos tienen derecho a saber qué hacemos con la representación que nos confiaron. Con el tiempo sentí que esa forma de trabajar, mi presencia en las instituciones y la visibilización de los temas que llevaba al Concejo comenzaron a generar incomodidad en algunos sectores del espacio.

No estoy dispuesta a trabajar menos ni a esconder el trabajo realizado para evitar incomodidades internas. Tampoco creo que la iniciativa o la dedicación de una persona deban convertirse en un problema dentro de un proyecto colectivo.

Siempre defendí una forma de trabajo en equipo, institucional e interdisciplinaria. Ningún concejal transforma por sí solo la realidad de una comunidad. Los mejores proyectos surgen de escuchar a vecinos, profesionales, trabajadores, instituciones y especialistas, e incorporar sus miradas en propuestas concretas.

Por esa razón, no voy a constituir un unibloque. Podría continuar sola, pero creo que mis proyectos perderían la riqueza que les aporta el trabajo colectivo. Quiero seguir trabajando como parte de un equipo.

He decidido hacerlo dentro de Alianza La Libertad Avanza. Allí encontré coincidencias respecto de la forma de trabajar y del compromiso con la comunidad. También encontré un espacio en el que se valora mi trayectoria y en el que puedo aportar mi experiencia, seguir aprendiendo y construir junto a otros.

Este cambio no significa abandonar mis principios ni desconocer el camino recorrido. Agradezco sinceramente a quienes confiaron en mí y a las personas del Movimiento Vecinal con quienes compartí estos años. Me llevo aprendizajes, experiencias y vínculos. Pero estoy convencida de que ya no encuentro allí las condiciones para desarrollar plenamente mi trabajo.

Durante estos casi tres años recorrí barrios y localidades, recibí a vecinos e instituciones, estudié expedientes, presenté proyectos y pedidos de informes, y defendí cada iniciativa con compromiso. Eso no va a cambiar. Mantengo la misma responsabilidad con los vecinos y vecinas de Tres Arroyos y las mismas ganas de trabajar por nuestra comunidad.

No renuncio a mi trabajo ni a mis convicciones. Dejo de representar un espacio en el que ya no encuentro las condiciones para ejercerlos plenamente.

Comienza una nueva etapa y voy a transitarla como hice hasta ahora: trabajando, escuchando, formando equipos y poniendo toda mi capacidad y compromiso al servicio de Tres Arroyos.

Roxana Calvo

Concejal

Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Por ahora es un signo de pregunta. Que se basa en insistentes y coincidentes afirmaciones extraoficiales. La concejal Roxana Calvo habría renunciado al bloque del Movimiento Vecinal, partido por el cual fue electa en 2023, y podría concretarse su incorporación a La Libertad Avanza.

En este sentido, la mañana y mediodía de este viernes tuvo un movimiento intenso en el Concejo. Conversaciones y reuniones, porque de concretarse sería un cambio importante en los dos bloques más numerosos de la oposición.

Por supuesto, hasta aquí se llegó por ciertas diferencias que se vienen produciendo puertas adentro en el bloque del MV, lo que sucede en estas horas es el reflejo de tales divergencias.

El final es abierto, hasta el mediodía no se había formalizado esta situación, pero todo indica que las decisiones están encaminadas en esa línea.

En la sesión de este jueves 17, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ratificación del convenio celebrado entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa permitirá avanzar de forma definitiva en la construcción de diez viviendas destinadas a efectivos de la fuerza de seguridad en el distrito, y contó con la única abstención del bloque de Alianza La Libertad Avanza. 

El acuerdo formaliza el aporte de una partida de 680 millones de pesos provenientes del Fondo de Ayuda Financiera (FAF) de la Caja policial, que financiará íntegramente la edificación. Por su parte, la comuna pondrá a disposición diez terrenos de propiedad municipal, mientras que el proceso de adjudicación de los agentes beneficiarios quedará bajo la órbita exclusiva de la entidad provincial. Cada unidad habitacional contará con 60 metros cuadrados cubiertos (dos dormitorios, cocina-comedor, baño y lavadero) sobre lotes de aproximadamente 372 metros cuadrados, con un plazo de obra estimado en doce meses.

La convalidación legislativa de este jueves le pone punto final a las tensiones desatadas durante la sesión anterior, cuando el oficialismo intentó incorporar el expediente mediante un tratamiento sobre tablas que no logró reunir la mayoría especial de dos tercios reglamentaria. En aquella votación, el proyecto cosechó 10 adhesiones y 7 voluntades en contra —pertenecientes a los bloques del Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza—, junto a la ausencia justificada del edil Facundo Elgart (Fuerza Patria).

Aquella falta de acuerdo había derivado en un duro comunicado del intendente Pablo Garate, quien cuestionó que sectores opositores ponían “palos en la rueda”. 

Superada la controversia administrativa y resueltas las consultas en comisión, el cuerpo deliberativo brindó este jueves la luz verde definitiva para dar inicio a los trabajos en los terrenos estipulados. Con estas diez unidades, el plan provincial alcanza un total de 177 casas en ejecución para efectivos de la fuerza bonaerense.

El Concejo Deliberante declaró al doctor Gabriel Guerra como Ciudadano Ilustre, a partir de un proyecto presentado por el bloque de Nuevos Aires integrado por Carlos Avila.

Se indicó que es además un reconocimiento a todo el personal del sistema de salud, centenares de enfermeras y enfermeros, mucamas, médicos, integrantes de limpieza y de otras áreas, que se desempeñaron en la pandemia de Covid-19.

El concejal Carlos Avila pronunció unas palabras, recordó la labor muy importante del doctor Guerra en tiempos tan complejos, la manera en que encabezó esta situación. Dio a conocer que está prevista la colocación de una placa en el Hospital que va decir “al personal de salud, en reconocimiento a quienes estuvieron al frente cuanto más los necesitamos”, junto a otros conceptos.

Luego también pronunciaron unas palabras los concejales Eduardo Giordano, de La Libertad Avanza; Cecilia Del Aguila, de la Coalición Cívica-ARI; Roxana Calvo, del Movimiento Vecinal, quien hizo referencia a que este jueves es el Día del Profesor y el Día del Patrimonio del Mercosur, celebraciones que están vinculadas con un legado, tal como también dejó el doctor Guerra.

“Un equipo que puso el cuerpo, el tiempo y el alma en el peor momento que nos tocó vivir”, sostuvo Calvo. Dijo, entre otros conceptos, que “en esos días la medicina se volvió equipo de verdad” y observó que “celebramos este gesto como un acto de memoria y gratitud”.

El concejal Adolfo Olivera, de Fuerza Patria, señaló que “estamos haciendo una pausa en las discusiones partidarias y unificando criterios para reconocer a una persona, a través de él a todo el personal de salud, yo me extendería un poco más a tanta gente que desde su lugar hizo lo que correspondía en ese momento tan difícil, para salir adelante”. Reconoció su “franqueza y transparencia”, así como la comunicación con seriedad de un tema tan sensible.

Finalmente, el concejal Gustavo Moller muy bien el reconocimiento al doctor Guerra, pero tiene que ser “a la sociedad toda, que se bancó esa situación siniestra. Un esfuerzo sideral, inédito, que involucró al conjunto de la sociedad”.

Este jueves en la Banca Ciudadana, en forma previa al inicio de la sesión del Concejo Deliberante, Juan Carlos González planteó la situación de familias de Barrow a las que -según indicó- les indicaron que deberán dejar el lugar porque se va a construir una playa de estacionamiento.

Dijo que hace 30 años que vive en el lugar. “Quieren sacar a cinco familias, tres con hijos”, puntualizó.

Recordó que “cuando llegamos a Barrow no había nada, ahora está parquizado, hemos tratado de pintar las casas, hay gente que ha puesto mucha plata”. Y agregó: “Nos quieren cortar la tranquilidad que tenemos ahí. Nunca nos robaron nada, no hubo problemas entre vecinos”

En este sentido, subrayó que “Somos buenos vecinos y nos ayudamos entre todos. Lo que necesitamos es seguir teniendo el lugar donde estamos”.

Entre otros aspectos, afirmó que “los chicos van a la Escuela 12, nunca tuvimos problemas”.

El es policía jubilado, formó parte de Caballería, anteriormente cuando era cabo combatió en La Tablada. Llegó a nuestro distrito hace 35 años, oportunidad en que le dieron la casa. “Sabemos que no es nuestro, pero también sabemos que le pusimos mucha garra para poder estar ahí. Tengo casi 70 años y no puedo empezar de vuelta. No tengo la misma capacidad que tenía antes, estoy limitado con todo”.

Con emoción, sostuvo que “si nos tenemos que ir, que noes den tiempo. Cuando recibí la casa era cualquier cosa, no es que me quedé como estaba, se pintó, se arregló. Los cuatro pibes míos se criaron ahí”.

Observó que la medida de que se vayan obedece a la construcción de “una playa de estacionamiento para un silo. Quieren borrar 120 años de historia. La estación de Barrow es más vieja que la de Tres Arroyos”.

En sus palabras, valoró que “encontré acá mucha paz y tranquilidad. Y mucha gente que sin conocerme me dio una mano”.

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó la declaración   de Interés Municipal la jornada de capacitación y concientización denominada “Alerta Temprana sobre Juego Online”.

La norma fue ratificada y firmada en la sala de sesiones por la secretaria legislativa Ana María Balda y el presidente del cuerpo, Tomás del Valle, este miércoles 9 de septiembre de 2026.

La medida legislativa surge ante la necesidad de brindar una respuesta institucional frente al avance de las plataformas digitales de apuestas en línea.

En sus fundamentos el texto define esta situación como una problemática social emergente que afecta de manera directa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito.

Frente a este escenario la ordenanza remarca que es deber del Estado acompañar y visibilizar iniciativas que fortalezcan la prevención, la educación comunitaria y el cuidado de la salud mental.

La actividad declarada de interés es organizada por el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.

Dicho organismo desarrolla políticas públicas destinadas a la promoción de hábitos saludables y a la detección temprana de conductas problemáticas vinculadas a las apuestas.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, las charlas se realizaban este jueves 10 de septiembre de 2026 en dos instituciones escolares del distrito.

Durante la mañana las actividades se desarrollaron en la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 (EES Nº 2), mientras que en el turno tarde se trasladan a la Escuela Técnica Nº 1.

Las jornadas estuvieron dirigidas a instituciones educativas, familias, clubes, organizaciones sociales y a la comunidad en general.

En su articulado el documento reconoce formalmente la importancia de las acciones de concientización comunitaria y dispone la notificación formal al Departamento Ejecutivo para su registro e inscripción oficial.

En el marco de las repercusiones generadas por el reciente fallo del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC), los integrantes del Consejo Escolar de Tres Arroyos recibieron hoy en su sede de Alvarado 446, a la mayoría de los miembros del cuerpo de concejales, en representación de los distintos bloques políticos del distrito.

Según informaron desde el organismo, la reunión tuvo como objetivo principal brindar información de primera mano, responder inquietudes y garantizar la transparencia de la gestión ante los hechos que son de público conocimiento.

Durante el encuentro, los consejeros escolares pusieron a disposición de los ediles las actas correspondientes, toda la documentación respaldatoria, los antecedentes administrativos y las pruebas relacionadas con los hechos analizados, además de una copia del propio fallo emitido por el organismo provincial.

Asimismo, se explicó detalladamente el procedimiento que llevó adelante el Consejo Escolar desde el primer momento, detallando las actuaciones realizadas y las decisiones adoptadas. La intención fue despejar dudas y brindar la información necesaria para que cada representante legislativo pudiera contar "con elementos concretos y verificables".

La jornada también propició un espacio de diálogo institucional para abordar el funcionamiento, la organización y las responsabilidades del Consejo, buscando que se comprendan adecuadamente los procedimientos y las competencias propias del organismo.

Transparencia y mensaje político A través de un comunicado difundido tras el encuentro, el Consejo Escolar reafirmó que "no tiene nada que ocultar" y garantizó que continuará trabajando con las puertas abiertas. "En tiempos en los que muchas veces una interpretación parcial de los hechos puede generar confusión, consideramos que la mejor respuesta es la documentación, la transparencia y la verdad", expresaron.

En el tramo final del escrito, dejaron un fuerte mensaje en torno al clima político local: "Las diferencias políticas son parte de la democracia y deben ser respetadas. Lo que no puede naturalizarse es que las diferencias partidarias se transformen en descalificaciones personales, acusaciones sin sustento o intentos de dañar la imagen de quienes tienen la responsabilidad de gestionar. La política debe debatir ideas y decisiones, no destruir personas".

Finalmente, las autoridades renovaron su compromiso de seguir trabajando por una gestión "responsable, transparente y abierta" en beneficio de los estudiantes y de todas las comunidades educativas del partido de Tres Arroyos.

La concejala Vanesa Piacquadío, del bloque Integridad, señaló a La Voz del Pueblo que su postura fue positiva ante la solicitud de Fuerza Patria de tratar sobre tablas un convenio para la construcción de 10 viviendas destinadas a policías.

El oficialismo no logró obtener dos tercios, que se requieren en estos casos, para incorporar este tema al tratamiento en la última sesión. El convenio fue firmado, en forma reciente, por el municipio y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la provincia de Buenos Aires.

En un texto enviado a nuestra redacción, Piacquadío indicó que “no era un tema desconocido ni improvisado para los concejales, ya que se venía analizando y trabajando previamente en comisión”.

Consideró que “es muy importante que el vecino entienda cuál es nuestro rol como concejales: ante un convenio firmado entre dos partes, la facultad del Concejo se limita a aprobar o desaprobar. No podemos modificar cláusulas de un contrato privado consensuado por el Ejecutivo provincial y el municipal. Podemos sugerir, pero nuestras sugerencias no obligan a cambiar el texto. De todas maneras, se adjuntó al expediente una aclaración de importancia en relación a los servicios, a pedido de otra edil”.

Dijo que “sabiendo esto, mi voto fue positivo, porque priorizo la necesidad habitacional de esas 10 familias por encima de las especulaciones. Es importante aclarar que se trata de dos bloques de la oposición, no todos, quienes plantearon la negativa de su tratamiento (en referencia al Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza). Hubo 10 positivos. 7 negativos. Se ausentó 1 edil”.

El concejal que no pudo asistir a la sesión es Facundo Elgart, de Fuerza Patria.

La concejala Cecilia Del Aguila, de la Coalición Cívica-ARI, dijo ante las declaraciones públicas del intendente municipal, Pablo Garate, que considera necesario aclarar que “en mi caso estuve efectivamente a favor de que el proyecto destinado a avanzar en la construcción de diez viviendas para policías del partido de Tres Arroyos fuera tratado en la sesión. Por lo tanto, no corresponde generalizar afirmando que ‘la oposición’ estuvo en desacuerdo con su tratamiento, porque esa no fue mi posición”.

Recordó que “el miércoles 2 de septiembre se dio tratamiento en comisión al expediente mediante el cual se solicitaba que los concejales ratificáramos el contrato celebrado entre la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad”.

Al respecto, señaló que “como hago habitualmente antes de cada comisión, leí detenidamente el expediente y observé que uno de sus artículos establecía determinadas condiciones respecto de la entrega de las viviendas, haciendo referencia a los servicios de electricidad, agua corriente, cloacas y gas”.

Del Aguila indicó que “ante esa redacción, y simplemente para evitar interpretaciones equivocadas o inconvenientes posteriores, solicité que ese punto fuera aclarado antes de avanzar”.

Puntualizó que “la aclaración llegó el jueves, día de la sesión. Además, realicé la correspondiente consulta al asesor letrado respecto de cuál era la manera adecuada de proceder legislativamente”.

En este marco, expresó: “Con ese punto aclarado y realizada la consulta, de mi parte no existía ningún inconveniente para darle tratamiento al expediente y acompañar su eventual aprobación (aclaro, no se desaprobó el proyecto sino que no logró acompañamiento el tratamiento del mismo) permitiendo así que comenzaran las gestiones necesarias para avanzar en la construcción de diez viviendas destinadas a policías, que considero importantes y necesarias para nuestro distrito”.

Reiteró que “por eso no corresponde afirmar de manera general que ‘la oposición’ se negó o estuvo en desacuerdo con tratar este proyecto”.

Asimismo, argumentó: “Pedir una aclaración sobre un contrato que debemos ratificar no significa oponerse. Significa cumplir responsablemente con nuestra función como concejales”.

En este sentido, manifestó que “tenemos la obligación de leer, preguntar y despejar dudas antes de votar. Y una vez aclaradas esas dudas, en mi caso no existía ningún impedimento para avanzar”.

Por último, afirmó que “las diez viviendas para policías son necesarias, favorecen el arraigo de los efectivos y constituyen una herramienta importante para nuestro distrito. De mi parte, el apoyo es absoluto”.

En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de concejales del Movimiento Vecinal presentó un proyecto de comunicación dirigiéndose al Departamento Ejecutivo para que solicite al Consejo de Administración de CELTA un informe sobre la situación financiera y patrimonial, cambios directivos y acciones judiciales.

Es un segundo pedido de tales características, con una mayor cantidad de puntos, luego de que la semana pasada realizaran una solicitud los bloques del MV, La Libertad Avanza, Nuevos Aires y Coalición Cívica-ARI, que fue respondido por CELTA. Este requerimiento inicial contó con la adhesión del Departamento Ejecutivo.

En este caso, el MV pide que se solicite “formal y urgentemente” un informe detallado sobre una serie de puntos.

El primero es la “situación financiera y patrimonial, estado de situación contable actualizado, deudas consolidadas, compromisos exigibles a la fecha”.

También los “cambios directivos y reestructuración. Esclarecimiento e información precisa respecto a los recientes movimientos, renuncias, desvinculaciones y reestructuraciones en el Consejo de Administración y cargos ejecutivos de la entidad, explicando cuales fueron las situaciones fácticas que les dieron lugar”.

Otro aspecto incluye “acciones judiciales y litigios. Información fehaciente sobre potenciales o efectivas acciones judiciales y medidas cautelares que afecten a la institución”.

Asimismo, piden respuesta acerca del “impacto en la relación concesional con el municipio. Cómo afecta la coyuntura actual al normal cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas bajo los contratos de concesión bajo ordenanza, determinando si existe riesgo de alteración en la prestación de los servicios concesionados, inversión en infraestructura o solvencia ante eventuales responsabilidades frente a la Municipalidad”.

Dos caminos

La argumentación fue realizada por la concejala María Saavedra, quien afirmó que tomaron estado público una serie de situaciones. “No estamos afirmando ni juzgando ninguno de estos hechos, por eso estamos pidiendo información”, sostuvo.

En este sentido, dijo que “frente a trascendidos existen dos caminos, especular o informarse. Elegimos informarnos, entendemos que el Departamento Ejecutivo también debe hacerlo, por eso celebramos que se sumó al pedido de informes de los concejales. Y nos enteramos mediante una nota que realizó en un programa de radio que hace dos meses Cammesa informó al Ejecutivo de esta deuda”.

Saavedra planteó que “la pregunta que tenemos que hacernos no es que sucede en la interna de CELTA. Es mucho más sencilla: ¿existe alguna situación económica, institucional o judicial que puede afectar el cumplimiento de concesiones municipales, fundamentalmente la continuidad o calidad de los servicios que reciben los vecinos?”.

Hizo referencia a “determinar la calidad operativa y financiera de la prestadora”, así como “saber si está garantizado el cumplimiento de estas obligaciones”, en el marco de “un trabajo en conjunto para mostrar transparencia”.

Hace un año

El concejal Gustavo Moller, de Unión y Libertad, mostró su coincidencia con la mayoría de los temas. “Concuerdo en que hay que conocerlo, no sé si nos interesa el movimiento de la estructura gerencial”, puntualizó.

No obstante, recordó que “son preguntas que exhorté al Concejo que realizase cuando en 2025 renovó automáticamente la concesión con CELTA por 30 años. Un año después de que votaron la renovación, nos encontramos que tenemos que preguntar lo que no preguntamos en su momento”.

Deuda con Cammesa

Moller mencionó que por entonces ya existía la deuda con la distribuidora mayorista Cammesa, que también tienen otras cooperativas. En tanto, Saavedra agregó que “no hay explicaciones de cómo se generó la deuda, si se está pagando o de qué manera. Esta reestructuración es porque se han manejado mal los pagos con la distribuidora mayorista”.

Luego pidieron la palabra para expresar apoyo al pedido el concejal Ignacio Schena, de La Libertad Avanza, y Vanesa Piacquadío, de Integridad. “Es correcto y acertado pedir respuestas. Son los ciudadanos los que tienen estas dudas y nosotros los representamos”, indicó Schena y enumeró una serie de pedidos en los que “hay una falta de respuestas del Ejecutivo. Pero vamos a seguir preguntando”.

La sesión ordinaria del Concejo Deliberante se extendió ayer por más de cuatro horas y estuvo marcada por un fuerte tono de debate. La jornada legislativa arrancó de manera atípica, cuando, tras el tratamiento del primer punto, el concejal oficialista Barragán solicitó un cuarto intermedio para debatir un proyecto sobre tablas, lo que mantuvo la actividad en pausa durante 45 minutos.

En forma previa a la sesión, el ex concejal Raúl Alí hizo uso de la Banca Ciudadana para plantear la propuesta de designar veedores para sumarse al control de las cooperativas de servicios públicos. Consideró también que hay “un doble cobro” del servicio de alumbrado público (Ver nota aparte).

En sintonía con este planteo, más adelante en la sesión, el bloque del Movimiento Vecinal (MV) logró la aprobación por mayoría de un pedido de informes en el que solicitan detalles sobre la situación financiera y patrimonial de CELTA, los recientes cambios directivos y si se registra la existencia de acciones judiciales.

Uno de los momentos de mayor fricción se dio al tratarse la licitación privada del servicio de lavandería del Centro Municipal de Salud, que abarca el período de agosto a octubre de este año. Aunque el expediente fue aprobado por mayoría, generó advertencias de la oposición.

La concejal Roxana Calvo (MV) argumentó su acompañamiento al tratarse de un "servicio fundamental", pero expuso cifras alarmantes: “Nos preocupa el costo, que aumentó un 100%. Sabemos que al anterior prestador se le adeudan 91 millones de pesos y nos llegó la información de que la plata de la venta del tomógrafo se está usando para pagar esa deuda, lo cual nos habla de un desmantelamiento”. Además, aseguró que la deuda acumulada con el actual prestador entre 2025 y 2026 asciende a 172 millones de pesos.

Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza decidió abstenerse. El concejal Ignacio Schena argumentó la falta de justificación para el incremento del 100% y apuntó contra la gestión financiera del municipio: “Dadas las deudas que existen, hay un solo oferente para la licitación porque nadie se quiere presentar a dar un servicio a un hospital que no paga”.

En el ámbito de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, se aprobó por mayoría la propuesta de la Comisión Municipal de Patrimonio para crear una Ordenanza sobre preservación material e Immaterial del Partido de Tres Arroyos.

El proyecto recibió fuertes críticas del concejal Gustavo Moller (Unión y Libertad), quien tildó de inconstitucional el artículo 2 y cuestionó el monto desmesurado de las multas, que oscilan "de 150 a 3.000 millones de pesos". Moller mocionó para modificar ocho artículos de la ordenanza, pero el cuerpo deliberativo solo le aprobó la modificación del mencionado artículo 2.

Por otra parte, desde la misma comisión, se aprobó por unanimidad el llamado a licitación pública para la concesión de la Unidad Turística Fiscal Nº 9 Bis de Reta.

De cara a la llegada del fenómeno El Niño, el cuerpo deliberativo aprobó por mayoría un pedido del MV para conocer el estado actual del parque de maquinarias y los recursos humanos disponibles para hacer frente a posibles contingencias climáticas.

En la misma línea, se aprobó por unanimidad solicitar el mantenimiento del desagüe pluvial lindante al límite con el Camping Martín Reta, para mejorar el escurrimiento en la localidad. Sobre este punto, el concejal Alejandro Barragán aclaró que ayer mismo se procedió a la canalización con maquinarias, construyendo un nuevo canal para desagotar la zona.

A instancias del bloque Fuerza Patria, se aprobó por mayoría un proyecto repudiando cualquier medida del gobierno nacional que derive en el cierre, reducción o reemplazo de las sucursales del Correo Argentino en Orense y, por moción agregada en el recinto, también en Copetonas.

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para que no se exija el libre deuda municipal (impuestos, tasas) al momento de obtener o renovar la Licencia Nacional de Conducir. Por pedido de Piacquadío, el expediente pasó a comisión por mayoría.

Otro proyecto libertario exigía soluciones ante la presencia de animales sueltos en el Camino de Cintura (entre avenida Belgrano y Ruta 3), un reclamo vecinal que -según indicaron- lleva dos años y medio. A pedido de Cecilia Del Aguila (Coalición Cívica ARI), fue enviado a comisión.

Por último, se aprobó por mayoría bajar un proyecto presentado previamente por Roxana Calvo (MV), que pedía informes sobre la apertura de caminos y remoción de vegetación en el Médano 40 de Orense.

En el marco de una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, el médico y exconcejal Raúl Alí participó este jueves de la Banca Ciudadana. Durante su exposición, se refirió a las contribuciones municipales, el cobro del alumbrado público a través de las cooperativas eléctricas y los mecanismos de control sobre la relación económica entre estas entidades y el municipio.

Alí comenzó explicando el marco legal que regula estas cuestiones y señaló que la Ley 11.769 establece que las cooperativas eléctricas deben abonar mensualmente a las municipalidades una contribución equivalente al 6% de sus entradas brutas, netas de impuestos, recaudadas por la venta de energía eléctrica. También hizo referencia a la Ley 10.740, vinculada con el régimen de percepción de la tasa de alumbrado público a través de las empresas prestadoras del servicio eléctrico.

En ese sentido, puso como ejemplo su propia factura. “En agosto mi factura de fueron 40.239 pesos. De ahí, de acuerdo a la primera ley 11.769 artículo 75, el 6% que la cooperativa me cobró y que le debe dar a la Municipalidad es 2414 pesos. Y aparte, discriminado de acuerdo a lo que dice la ley, la ley se cumple sin duda, el alumbrado público 6815 pesos”, explicó. A partir de esos valores, planteó una de las principales cuestiones de su exposición: “Eso es 2414 más 6815, lo que a un asociado de la cooperativa en Tres Arroyos se retuvo durante el mes de agosto”.

Luego comparó ese importe con el concepto de servicios urbanos que se abona directamente al municipio. “Pero esto, medio libro o media literatura dice una cosa y media dice otra, pero también todos pagamos Servicios Urbanos directamente a la municipalidad, todos los meses. El servicio urbano dice alumbrado, barrido y limpieza”, expresó. Alí indicó que en agosto abonó por ese concepto 29.545,20 pesos y formuló la pregunta que, según sostuvo, debería ser analizada: “¿Eso es un doble pago? Yo dejo la pregunta. ¿Pagamos 2 veces alumbrado público? A través de nuestra factura, con la cual el municipio se asegura efectivamente el cobro de esta tasa, porque si no nos cortan la luz, y a través de servicios urbanos. Yo entiendo que estamos pagando por lo mismo dos veces”.

Durante su intervención, Alí sostuvo que las cooperativas actúan como agentes de percepción de la tasa de alumbrado público y que debe existir una compensación entre los importes recaudados y los servicios que el municipio recibe de las cooperativas.

“La Municipalidad tiene el costo de alumbrado público todos los meses y tiene el costo de electricidad de todas sus oficinas para el funcionamiento habitual. Entonces mensualmente o bimestralmente se debería sentar con las cooperativas y hacer una compensación”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Los gastos de la Municipalidad por alumbrado público, que lo cobra en la tasa la Municipalidad y las cooperativas, y el costo de la Municipalidad en relación a su funcionamiento, y la cooperativa deben rendir lo que cobraron por la tasa de alumbrado público y el 6%. Eso es una compensación que debe hacerse”.

Alí remarcó además que, a su entender, la fiscalización de esta relación corresponde al municipio. “Insisto que la fiscalización y el control de esto lo debe hacer la Municipalidad”, manifestó. Posteriormente se refirió al artículo 104 de la Ley de Cooperativas 20.337, que contempla la posibilidad de fiscalización de las cooperativas que tienen a su cargo concesiones de servicios públicos.

“No es en otras actividades que la mayoría de las cooperativas lo tienen, simplemente controlar este intercambio, este servicio que mutuamente se están dando”, sostuvo. También planteó interrogantes respecto de los montos involucrados: “¿Cuánto es lo que efectivamente se recauda por estos conceptos? ¿Cuánto es lo recaudado mensualmente por alumbrado público y lo efectivamente gastado en el mismo concepto?”.

En relación con la naturaleza de la tasa, señaló: “El alumbrado público es una tasa, no nos pueden cobrar por tasa de alumbrado público más de lo que se gasta por alumbrado público”. Y ejemplificó: “Si el alumbrado público vale 100 millones por mes, no nos pueden cobrar 105. Es una tasa”.

Sobre el final de su exposición, Alí presentó una propuesta concreta: la incorporación de representantes destinados a participar en los órganos de control de las cooperativas prestadoras de servicios públicos. Como antecedente, mencionó el caso de Zárate. “Esto funciona en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, uno de ellos es Zárate, donde por ordenanza ya hace muchos años que tiene a 2 veedores en la cooperativa eléctrica proveedora de servicios de Zárate”, explicó.

Según detalló, esos representantes “son nombrados por el departamento ejecutivo, no pueden ser concejales, no pueden ser funcionarios municipales”. Alí consideró que podrían ser personas que no tengan una relación directa con el gobierno municipal y planteó como ejemplo que podrían tratarse de “personas como podría ser, se me ocurre, como hoy podemos ser a lo mejor mayores contribuyentes, una persona que no tenga deuda municipal, que no tenga ningún proceso”.

Finalmente, formuló su propuesta para Tres Arroyos: “La propuesta es propiciar ya que hay ordenanzas del Honorable Concejo Deliberante, una ordenanza regulando la presentación, la participación de 2 representantes del Departamento Ejecutivo, que no pertenezcan al Departamento Ejecutivo pero que este lo pueda nombrar, en los órganos de control de las cooperativas prestadoras del servicio público del municipio de Tres Arroyos, de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por el artículo 104 de la Ley de Cooperativas 20.337”.

Alí sostuvo que la iniciativa no busca intervenir en el funcionamiento interno de las cooperativas, sino sumar una instancia de control. “Creo que esto no es inmiscuirse en nada, esto es exigir y que se sepa que hay un control extra”, afirmó. Y concluyó: “Hablamos de transparencia municipal, hablamos de transparencia de las cooperativas, hablamos de transparencia. Me parece que no es descabellado el planteo”.

El Concejo Deliberante realizará hoy una nueva sesión ordinaria, con un extenso Orden del Día que abarca desde exigencias de transparencia gubernamental hasta urgencias de infraestructura en las localidades del distrito. La jornada, que comenzará a las 11, estará precedida por la participación del Dr. Raúl Alí en el espacio de la Banca Ciudadana, anticipando un debate legislativo fuertemente anclado en las diversas demandas vecinales e institucionales.

Uno de los puntos de mayor voltaje político de la sesión será el pedido de informes dirigido a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos (CELTA). El bloque del Movimiento Vecinal presentará un proyecto exigiendo detalles formales sobre la situación financiera y patrimonial, los recientes cambios directivos y las acciones judiciales de la entidad. En sintonía con la rendición de cuentas, el bloque de La Libertad Avanza impulsará una batería de medidas de transparencia: solicitarán publicar mensualmente el uso del Fondo de Financiamiento Educativo en la web oficial y actualizar el organigrama municipal. Además, propondrán una iniciativa para desvincular la exigencia del libre de deuda de impuestos y tasas municipales del trámite para obtener o renovar la Licencia Nacional de Conducir.

La infraestructura local y la prevención de emergencias ocuparán gran parte del debate legislativo. La agrupación Integridad Distrito Tres Arroyos elevará solicitudes críticas: un informe sobre la capacidad y operatividad de la red cloacal frente al nivel de las napas freáticas, y detalles precisos sobre el equipamiento e insumos de Defensa Civil. El Movimiento Vecinal reforzará este eje reclamando conocer el estado actual del parque de maquinarias destinado a contingencias climáticas y exigirá un plan de limpieza del cauce de los arroyos, especialmente en el tramo que va desde la Avenida Belgrano hasta el puente Roca. En cuanto a las localidades balnearias, Nuevos Aires pedirá explicaciones por las obras de tendido eléctrico y agua demoradas en 48 lotes del programa "Un lote para mi familia" en Claromecó, mientras que la Coalición Cívica ARI reclamará el mantenimiento urgente de los desagües pluviales en Reta.

La salud pública y el impacto territorial de las políticas nacionales también resonarán en el recinto. La Coalición Cívica ARI presentará un proyecto para garantizar la presencia física de personal de enfermería durante las 24 horas, todos los días, en el CAPS de Copetonas. Por su parte, la bancada de Fuerza Patria impulsará un proyecto de resolución en repudio a las medidas del Gobierno Nacional que amenazan con el cierre, reducción o reemplazo de la histórica sucursal del Correo Argentino en la localidad de Orense. Durante la sesión también se tratará la licencia sin goce de haberes solicitada por la concejal María Noelia García, perteneciente a ese mismo bloque.

Finalmente, el ámbito turístico y cultural traerá definiciones estratégicas. Se despachará la autorización para llamar a licitación pública por la concesión de la Unidad Turística Fiscal N°9 Bis de Reta, un paso clave de cara a la próxima temporada de verano. Además, el cuerpo legislativo debatirá el proyecto de ordenanza impulsado por la Comisión Municipal de Patrimonio, el cual busca establecer un marco regulatorio definitivo para la preservación del patrimonio material e inmaterial del partido, resguardando la identidad histórica de Tres Arroyos frente a su continuo desarrollo urbano.

Bloques opositores del Concejo Deliberante presentaron una nota pidiendo al intendente Pablo Garate y al Ente Descentralizado de Salud de Claromecó suspender la desocupación de la vivienda oficial asignada al matrimonio de médicos integrado por el médico César Douglas Sánchez y la médica Mercedes Luisa Muñoz, en Claromecó.

La solicitud se apoya en una situación que se da a partir de una grave crisis de salud familiar y una intimación oficial.

Sánchez sufrió recientemente una descompensación que obligó a su traslado urgente mediante un vuelo sanitario a la provincia de San Juan. Actualmente permanece internado grave en cuidados coronarios, un cuadro que requiere el acompañamiento permanente de su esposa y colega.

Según consta en la presentación, al declararse la emergencia médica y el viaje de urgencia de la familia, las autoridades sanitarias locales le habían comunicado inicialmente a Muñoz que la residencia de Claromecó permanecería cerrada y a su disposición hasta su retorno, tal como plantearon en el texto los concejales.

Sin embargo la situación cambió este martes 25 cuando Muñoz recibió una notificación oficial en la que se le pedía desocupar de inmediato la vivienda municipal.

La justificación del pedido fue la inminente incorporación de otra médica destinada a cubrir el servicio de salud y garantizar la continuidad de la atención sanitaria en la localidad durante la ausencia obligada de la titular.

Desde el Concejo

Como respuesta en la mañana de éste miércoles concejales de diferentes espacios de la oposición presentaron el pedido, considerando que se trata de una “situación excepcional y de fuerza mayor”.

Entre los firmantes están Cecilia del Aguila, de la Coalición Cívica; María Saavedra, Roxana Calvo y Mariano Hernández, del Movimiento Vecinal; Carlos Avila, de Nuevos Aires y Omar Bartneche, Eduardo Giordano e Ignacio Schena, de La Libertad Avanza.

“Necesidades compatibles”

En el texto presentado los concejales reconocieron la responsabilidad del Ente Descentralizado de Salud de garantizar la cobertura sanitaria de Claromecó y de brindar alojamiento al profesional de reemplazo. No obstante plantearon que ambas necesidades son compatibles, proponiendo de manera formal que el municipio y el área de salud gestionen de forma “transitoria” una alternativa de vivienda para quien realice la suplencia. De este modo se evitaría obligar al matrimonio de médicos a desalojar el inmueble en medio de la situación que atraviesan.

La solicitud plantea la necesidad de una solución solidaria en reciprocidad con el compromiso demostrado por el matrimonio de médicos en el sistema de salud de Tres Arroyos. Tanto Muñoz como Sánchez prestaron servicios de disponibilidad permanente en Claromecó, Orense y Reta, cubriendo guardias y reemplazos “continuos” cada vez que fueron requeridos, según afirmaron los concejales que firmaron.

Este miércoles, concejales de distintos bloques de la oposición presentaron dos notas, una dirigida al intendente Pablo Garate y otra al presidente de CELTA, Rubén Prado, “solicitando información oficial y detallada ante las distintas versiones que han tomado estado público sobre la situación de la Cooperativa”. Así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa, en el que puntualizan que las notas fueron acompañadas por concejales del Movimiento Vecinal, La Libertad Avanza, Nuevos Aires y Coalición Cívica-ARI.

En este sentido, indicaron que "los concejales de la oposición Moller y Piacquadio no acompañaron este pedido de información".

Solicitaron que se requieren precisiones sobre situación financiera, deudas y compromisos; cambios en el Consejo de Administración y cargos ejecutivos; posibles acciones judiciales que pudieran afectar los servicios y a los asociados.

Finalmente, expresaron en el comunicado: “Entendemos que, por la importancia de CELTA para nuestra comunidad, es fundamental llevar claridad, tranquilidad y transparencia a los vecinos”.

Con la presencia de 17 de concejales y la ausencia con aviso de Mariano Hernández del Movimiento Vecinal, se realizó la 12da sesión ordinaria del Concejo Deliberante en el Salón Blanco de la Municipalidad. Los temas de mayor relevancia y que ocuparon gran parte del tiempo estuvieron centrados en el área sanitaria, con pedidos de informe sobre la deuda total del Centro Municipal de Salud, articulación sanitaria con las localidades y manejo de desechos hospitalarios.

Lo primero que se puso a consideración fueron dos proyectos de Integridad Tres Arroyos referidos dos problemáticas puntuales. Por un lado, exigió realizar un relevamiento de bocas de registro y tapas de cloacas en la vía pública y señalizar los pozos o aberturas expuestas para prevenir accidentes. Sobre este reclamo, la concejal de Fuerza Patria Patricia Zurita explicó que en reiteradas oportunidades “los tambores o vallados y otros elementos de señalización colocados por el municipio debieron reponerse más de una vez porque fueron sustraídos”. Roxana Calvo propuso como solución al robo de tambores la utilización de las cámaras de seguridad que dispone el Municipio”. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Por otra parte, un proyecto solicitando al Departamento Ejecutivo un inventario detallado del parque automotor, maquinaria vial y herramientas que se encuentran en la Delegación de Copetonas y están destinadas al mantenimiento de la localidad, que recibió del voto positivo de todos los ediles.

En el tercer punto se trató un tema que generó controversia por la situación que atraviesa el sistema sanitario local y fue Carlos Avila, de Nuevos Aires, quien presentó un proyecto para manifestar su preocupación por “la falta de planificación y análisis responsable que está teniendo el gobierno municipal en el área de salud y que se refleja en las grandes diferencias que hay entre el personal de salud que se desempeña en las localidades del distrito de Tres Arroyos y quienes lo hacen en la ciudad cabecera, por ejemplo, al no pagar insalubridad ni a los médicos, ni a los enfermeros o ambulancieros de las localidades. A los médicos que hacen guardia en las localidades les pagan un 50% menos de lo que pagan en la ciudad cabecera, además el municipio ofrece un incentivo de escasos $10.000 para que los médicos se radiquen en las localidades”.

El mismo proyecto propuso una reunión entre autoridades municipales (incluidas del Centro Municipal de Salud) y concejales para explicar las decisiones antes mencionadas y la planificación que llevarán a cabo en el área salud en beneficio de los vecinos de las localidades. Avila detalló que “en Orense pediatría va cada 15 días, faltan profesionales en ginecología, fonoaudiología, y nutricionista solo atiende online porque aduce que no recibe su paga. Otro problema es de insumos, cuando el faltantes lo termina comprando la comisión de amigos del hospital. En Claromecó hace dos meses que está rota la ambulancia y tampoco está yendo fonoaudiología ni odontología. En el caso de Copetonas, la médica tiene que ir a cubrir faltantes a Claromecó y Copetonas se queda sin su servicio médico. En San Francisco, la doctora va a hacer guardia todos los fines de semana a Claromecó y a Reta”.

Desde la oposición, Eduardo Giordano (La Libertad Avanza) aportó datos presupuestarios, señalando que la partida destinada a salud cayó del 40% en gestiones anteriores a un 23% actual. Argumentó que de los 700 empleados del área, solo el 25% son profesionales, y propuso la creación de un "plus por ruralidad" para motivar el arraigo.

Por su parte, el médico y concejal oficialista Fernando Burón (Fuerza Patria) rechazó los planteos argumentando que los CAPS operan bajo normativas provinciales y no como guardias activas permanentes, recordando que los adicionales mencionados venían de la gestión anterior. Desde el bloque oficialista, el concejal Olivera vinculó la presión sobre el sistema público al traspaso de 1.200.000 personas del sistema privado y prepago al sector estatal a nivel nacional. La presidenta del cuerpo, Mara Redivo, dejó temporalmente la presidencia para solicitar responsabilidad técnica al debatir recategorizaciones fijadas por ley provincial. Pese a los contrapuntos, el proyecto para solicitar explicaciones al Ejecutivo y al Centro Municipal de Salud fue aprobado por mayoría.

También prosperaron dos iniciativas de la Coalición Cívica ARI: una solicitud de guardia activa de 24 horas para el CAPS de Copetonas y un pedido de informes de extrema gravedad sobre la acumulación prolongada y deficientes condiciones de almacenamiento de residuos patogénicos en las dependencias del Ente Descentralizado de Salud.

Los últimos dos proyectos fueron rechazados por mayoría: una propuesta de La Libertad Avanza dirigida a reparar los juegos, cancha de básquet y los fogones del Vivero Estación Forestal Ingeniero Paolucci y el proyecto del Movimiento Vecinal para que el Ejecutivo informe la deuda total existente entre el Centro Municipal de Salud y los proveedores de bienes y servicios.

Hoy a las 9 comenzará una nueva edición del Concurso Estudiantil “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”, una propuesta organizada por la Comisión por los Derechos de la Familia, que tiene el objetivo acercar a los jóvenes al ámbito legislativo y promover su participación activa en la vida democrática de la comunidad.

Son seis las escuelas del distrito inscriptas (Escuela Secundaria N°1, Colegio Hogar San José, Escuela N°501, Escuela Secundaria N°8 de Orense, Escuela Secundaria N°10 de Claromecó y Escuela Secundaria N°5 de Reta), de las cuales sus estudiantes presentarán y trabajarán sobre proyectos elaborados a partir de distintas problemáticas que identifican como relevantes para su realidad y para la comunidad.

Los temas abordados en las propuestas serán: la participación de los jóvenes en la política, la inclusión, la educación, el cuidado del ambiente, y otras cuestiones de interés social que forman parte de las preocupaciones y propuestas de las nuevas generaciones.

Durante el concurso, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento del Concejo Deliberante, debatir sus propuestas, intercambiar ideas y asumir el rol de concejales, utilizando herramientas vinculadas al diálogo, la argumentación y la construcción colectiva.

El inicio de esta nueva edición será con el desarrollo de las comisiones en el ámbito del Concejo Deliberante (Salón Blanco del Palacio Municipal, Av. Rivadavia N°1, 1° piso). La sesión será el viernes 28 de agosto a las 9 horas, con el cierre final de la actividad.