El Gobierno nacional enviará al Congreso en las próximas horas un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, según adelantó este viernes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre otras modificaciones, permitirá la creación de "sociedades automatizadas" que operen con inteligencia artificial y sin empleados; y que las sociedades puedan dirimir conflictos internos en la justicia extranjera.

La iniciativa, cuyo texto aún no fue difundido oficialmente, apunta a reemplazar el actual esquema societario por uno “basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, de acuerdo con lo expresado por el funcionario en un posteo en la red social X.

Sturzenegger sostuvo que la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei busca dejar atrás “un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado”.

Según explicó, uno de los ejes centrales será que “las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, lo que implicaría una menor intervención estatal en la organización interna de las sociedades.

El ministro también aseguró que el proyecto eliminará “trabas burocráticas” en los registros públicos y permitirá que el objeto social de las empresas sea “amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades”. Incluso, afirmó que, si el estatuto no fija un objeto determinado, “se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”.

Entre los cambios mencionados por Sturzenegger aparece además la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o a normas de comercio internacional, además de incorporar cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria. El funcionario comparó este esquema con el de Dubai y afirmó que “lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”.

Otro de los capítulos destacados por el ministro es el de la digitalización plena de las sociedades. Según detalló, la iniciativa habilitará domicilio electrónico, libros digitales, asambleas a distancia y constitución de empresas mediante firma digital o electrónica. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, afirmó.

Sturzenegger también señaló que la reforma incluirá nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital y la inteligencia artificial. Entre ellas mencionó la “Sociedad Automatizada”, operada mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas con participaciones tokenizadas y registros en blockchain. Ambas, aseguró, tendrían “personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”.

El ministro vinculó estos cambios con la intención de atraer inversiones internacionales. Como ejemplo, citó el caso de Irlanda y dijo que la intención oficial es convertir a la Argentina en un polo de radicación para empresas de inteligencia artificial.

Además, adelantó que el proyecto incorporará instrumentos de inversión convertibles, facilitará reorganizaciones empresarias y permitirá renovar automáticamente la duración de las sociedades. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo”, resumió el funcionario.

Fuente: Agencia DIB.

El Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, tal como se conoce a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. La iniciativa ingresó este sábado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones.

El Poder Ejecutivo argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su eliminación total.

El Gobierno solicitó al Congreso el "pronto tratamiento y sanción" de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como "técnicamente más consistente, uniforme y adaptable".

Estos son los fundamentos del proyecto oficial, según informó NA.

Derogación total: Entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Impliaría la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

Críticas y confusión al consumidor: El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera que alimentos tradicionales y saludables reciban advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados.

Falta de incentivos para la industria: La estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.

Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a pymes: La falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados. Esta situación afecta especialmente a las pymes.

Rigidez normativa: Impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Garantía de la información tradicional: La medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados.

Fuente: Agencia DIB

Caído el capítulo XI del Presupuesto 2026 en su debate en el Congreso a fin del año pasado, ahora el Gobierno nacional estudia volver a la carga con este punto para introducir cambios al régimen de Zona Fría, el sistema que subsidia la tarifa de gas a usuarios que residen en lugares de bajas temperaturas y que impacta en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

En concreto, el capítulo XI incluía la derogación de la ampliación del Régimen de Zona Fría, la modificación del régimen original de Zona Fría y del Fondo Fiduciario que lo financia, la aprobación de un esquema de compensación cruzada para cerrar un conflicto histórico con las distribuidoras eléctricas, la extensión del régimen promocional para las energías renovables por 20 años y la modificación del destino de los fondos de la tasa aplicada a importaciones mineras realizadas con beneficios fiscales.

Rechazado en Diputados, ese punto quedó en la mira del Gobierno de Javier Milei que, por estas horas, estudia reimpulsarlo. En medio de un contexto de tensión en Oriente Medio que afecta la estabilidad de los precios del petróleo y el gas, este beneficio que llega a unos 4 millones de hogares impacta sobre las finanzas públicas.

El debate que deberá dar la administración libertaria incluye a varios gobernadores, ya que el beneficio alcanza a municipios de quince provincias del país. En lo que respecta al territorio bonaerense, son 90 los municipios que están bajo este régimen que permite descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

Para entender cómo funciona la Zona Fría, hay que remontarse al régimen creado en 2002, que abarcaba a 850.000 hogares y se autofinanciaba a partir de un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagaban el resto de los usuarios del país.

Sin embargo, en 2021 el entonces gobierno de Alberto Fernández amplió el régimen a más de 4 millones de beneficiarios. En los hechos, la mitad de los usuarios del servicio de gas natural del país pasaron a recibir el subsidio, entre los que están los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Esa ampliación, que garantiza descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes, llega a más de 1,2 millones de usuarios bonaerenses. Para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el PIST. Esa cifra puede alcanzar hoy el 11,25% y la abonan todos los usuarios del país.

Si el Gobierno insiste con lo que buscó aprobar cuando presentó el Presupuesto 2026, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas. Y esa quita impactaría fuertemente en las tarifas de gas.

Fuente: Agencia DIB

La intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, recibió al diputado nacional radical Pablo Juliano, a quien definió no solo como un legislador nacional, sino como un “gran amigo” y ex compañero de tareas.

Para la mandataria su visita fue motivo de “orgullo”, destacando la importancia y trayectoria del necochense que proyectó su carrera política desde la ciudad de La Plata, y que hoy ocupa una banca en el Congreso de la Nación.

Por su parte el legislador nacional abordó la realidad económica y fue tajante al describir la desconexión que percibe desde el Gobierno Nacional que se muestra “disociado” de la situación cotidiana y, aunque entiende que la gestión central se enfoca en la macroeconomía.

Para Juliano lo que la Nación subestima como "microeconomía" –como las pymes y el llegar a fin de mes- es en realidad la economía “constitutiva”.

El diputado reforzó su mirada en ese sentido con un dato que considera alarmante, y tiene que ver con el proyecto de modernización laboral del Gobierno del Presidente Javier Milei donde la palabra “pymes” brilla por su ausencia.

“Es inconcebible que vos puedas generar puestos de trabajo sin convocar a los protagonistas”, señaló el legislador nacional del radicalismo, quien describió que en sus recorridas ve cómo “el que tiene trabajo tiene miedo a perderlo”, y donde las pequeñas empresas hacen “malabares para no echar gente”.

En esa misma línea Juliano relató experiencias en otros distritos, como Los Toldos, donde las pymes prefieren sobrecargarse de horas de trabajo antes que despedir personal, mientras el Gobierno Nacional parece subestimar el impacto de sus políticas en sectores sensibles como los jubilados, las universidades y las personas con discapacidad.

Describió además un panorama de “secuestro de la política”, donde algunos gobernadores se ven amedrentados “a fuerza de ATN” (Aportes del Tesoro Nacional), rompiendo los lazos de representación.

Romper arriba, exigir abajo

Juliano también analizó el comportamiento del electorado al observar una paradoja que se da actualmente en el país. “A nivel nacional gana alguien que quiere romper el Estado, pero si tenemos un problema de salud la vamos a venir a ver a Lucía”, sostuvo.

Asimismo señaló una contradicción financiera y política profunda cuando explicó que mientras la administración del gobierno nacional  se queda con el 90 o 95 por ciento de los recursos (como las retenciones a la soja), el vecino le reclama a la intendente por los caminos rurales o el estado del hospital.

Es por eso que defendió la gestión de Gómez, en Chaves, como alguien que “sabe de prioridades” y que debe “atajar todos los penales” en un momento sumamente complejo.

Según el legislador cada viaje de la intendente a La Plata para gestionar una ambulancia o recursos es un esfuerzo por sostener un Estado local que el discurso nacional busca desmantelar.

Tanto Juliano como Gómez a la gestión no hay que “declararla”, sino ejercerla estando “encima de los temas”.

En un contexto donde “la plata no alcanza” y el dinero no circula, Gómez y Juliano coincidieron en que la prioridad debe ser entender todas las dimensiones de la provincia, lejos de los “relatos” y cerca de la “realidad cotidiana” de los trabajadores.

A modo de último mensaje antes de la sesión de este miércoles en Congreso, y luego de fuertes debates públicos, distintas entidades científicas publicaron cartas abiertas y pedidos para no modificar la norma 26.639.

A horas de que la Cámara de Diputados vote sobre la posible reforma de la Ley de Glaciares, instituciones y especialistas del sistema científico y tecnológico nacional manifestaron su preocupación a través de cartas abiertas y pronunciamientos públicos en comunicados desde sus sitios webs y redes sociales.

Este posicionamiento colectivo, liderado por referentes en glaciología, ciencias criosféricas, hidrología, geografía, ciencias ambientales, entre otras disciplinas, se presenta como un último llamado de atención al Congreso antes de una votación que, sostienen, podría tener consecuencias directas sobre uno de los sistemas hídricos más sensibles del país.

Ley de glaciares: qué mencionan las cartas de los especialistas

En los diversos comunicados, los expertos advierten que los ambientes periglaciales son uno de los componentes más críticos del sistema hidrológico. En este sentido, el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET) junto a la Universidad Nacional de Córdoba y otras 16 Unidades Ejecutoras del CCT CONICET Córdoba solicitaron el rechazo total a la reforma propuesta por el oficialismo.

“Esta ley ignora el carácter público y el valor estratégico de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas de agua para la población argentina, ante un escenario de crisis hídrica global”, manifestaron en la carta pública.

El acceso al agua para millones de personas, en juego

El corazón del argumento científico es hídrico. Para los científicos, la discusión no puede reducirse al desarrollo económico: es una cuestión de acceso al agua como derecho humano.

“Tener en cuenta la opinión de los científicos, sobre todo aquellos que se especializan en el tema, es muy importante porque podemos dar un panorama amplio de riesgos y beneficios de cada actividad. Venimos estudiando los distintos sistemas desde hace mucho tiempo y hemos también recopilado información de lo que se hace en otros países del mundo”, subrayó a la Agencia CTyS-UNLaM Adonis Giorgi, doctor en Ciencias Naturales e investigador principal en el CONICET que expuso en la Audiencia Pública la semana pasada.

“La historia no está escrita. No sé qué va a pasar, pero si pudiera hablar con los diputados les diría una vez más que reflexionen porque esto que van a votar no sólo puede afectar a los recursos mineros, sino a todas las reservas estratégicas. No sólo para los que viven en la Cordillera, sino para un montón de provincias aguas abajo también”, finalizó Giorgi.

Fuente: Agencia CTyS-UNLaM

Para el indiorricense Gustavo Fernández, la guerra de Malvinas no terminó el 14 de junio de 1982. Su vínculo personal con el conflicto se extiende hasta el día de hoy pero tapado por un pesado manto de silencio de casi cuatro décadas.

Este próximo 30 de marzo, el ex soldado clase 62 y hoy veterinario, participará por primera vez de una experiencia que le permitirá a él y sus “camaradas” contar su experiencia en la guerra, que también se dio en el litoral marítimo patagónico.

Para ello las puertas del Congreso de la Nación se abrirán para que los combatientes del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) expongan su verdad.

Fueron miles los soldados que integraron el comando estratégico  creado para defender las islas, Georgias, Sandwich del Sur y el espacio marítimo y aéreo adyacente, durante el conflicto con Gran Bretaña.

Borrados de la historia

En declaraciones hechas este lunes a La Voz del Pueblo, Fernández recordó cómo fue el recurso legal que se utilizó para dejarlos en las sombras. Primero aclaró que originalmente, bajo la ley 22.674 del gobierno militar, todos los que estuvieron en el TOAS eran considerados veteranos de guerra.

Sin embargo el decreto reglamentario 509/88, surgido en el contexto del levantamiento “carapintada” de Semana Santa en 1987, les cambió la realidad.

“Por una cuestión presupuestaria nos sacaron literalmente”, explicó el también dirigente de Once Corazones de Indio Rico, al señalar que a pesar de estar bajo órdenes operacionales en una zona de conflicto, perdieron el reconocimiento oficial y sus beneficios.

Fuego en la costa

Confió a este diario que su experiencia en el continente durante los días de guerra no fue pacífica. Formaba parte de “la logística en Puerto Santa Cruz, abasteciendo al Regimiento de Tanques 11”, en una zona donde el peligro de “incursiones inglesas era una amenaza constante”.

Relató haber participado en aperturas de fuego contra naves inglesas detectadas por los aviones Pucará, en momentos donde “las balas trazantes cruzaban el cielo y nos pasaban por arriba de la cabeza”.

Sin embargo explicó que el trauma fue tan profundo que su mente activó “el olivo como mecanismo de autodefensa”.

Durante años bloqueó los momentos más fuertes que le tocó vivir. Pero fue recién al reencontrarse con las cartas de puño y letra que le había enviado a su madre desde (Comandante) Luis Piedra Buena cuando la memoria regresó con una claridad “choqueante”.

Reapareció el frío extremo de “hasta 24 grados bajo cero”, el alerta roja permanente y aquella “guardia brava” a la vera del río Santa Cruz, “con balas en recámara, escuchando pasos y voces extrañas en la oscuridad”.

Vinculado a esto último mencionó un episodio que roza lo sobrenatural. Años después, al visitar el regimiento donde estuvo apostado, una oficial le confirmó que en ese mismo lugar “todavía hoy” se escuchan los pasos y voces que él recordaba de aquella noche eterna de 1982.

Buscando la verdad

El encuentro en el Congreso del próximo 30 de marzo no es solo un reclamo económico; es una lucha por la dignidad y la verdad histórica. Fernández destacó que cuentan con el apoyo de más de 80 legisladores y que ese día presentarán documentación oficial, diarios de guerra desclasificados y fallos judiciales que avalan su participación bélica, y la de sus compañeros de entonces.

Incluso subrayó un dato revelador al contar que durante esa jornada participará un excombatiente ingles que reconocerá la labor de los soldados argentinos que defendieron al país desde el litoral marítimo patagónico.

Según contó, incluso hay soldados británicos que mantienen un vínculo con excombatientes argentinos y que “dejaron sus medallas en caución -en Inglaterra- hasta que sus pares argentinos del continente sean reconocidos”, evidenciando en ese gesto cómo una nación reconoce a sus soldados, y la otra no.

Especialmente aclaró que para él -que pudo terminar su carrera como veterinario y reconstruir su vida- esta lucha es por los que no pudieron “bloquear” el daño y sufrieron las peores consecuencias durante todos estos años.

“Si a mí me mandaron, si me obligaron a ir, lo que me corresponde que me lo den”, dijo con la firmeza de quien sabe que el 30 de marzo no van a pedir una gauchada, sino el cierre de un ciclo de olvido que lleva treinta y nueve años.

Una amenaza de bomba generó este jueves un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde las fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un amplio despliegue preventivo para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba”, indicaron fuentes policiales.

Por el operativo trabajaban en el lugar los Bomberos de la Policía Federal. (NA)

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei habló más de una hora y media y puso al campo en el centro de su estrategia de crecimiento y aseguró que será uno de los pilares del despegue económico. “El sector agropecuario también tendrá su revolución: estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual”, afirmó.

El presidente vinculó esa meta con tres ejes concretos: continuidad en la reducción de retenciones, “de manera responsable y sólo en la medida que el superávit fiscal lo permita”, un régimen de propiedad para “innovadores en semillas” y un fuerte impulso a sistemas de riego e inversiones en bienes de capital.

Al comparar rendimientos, sostuvo que la Argentina no puede resignarse a brechas productivas frente a Brasil o Estados Unidos. Puso como ejemplo el algodón en el Chaco y la soja, donde cuestionó que Brasil multiplique su producción con tecnología desarrollada por empresas argentinas que -según señaló- no se comercializa localmente en igualdad de condiciones.

Retenciones, semillas y riego

El mandatario ratificó el “sendero de baja” de derechos de exportación, aunque atado al equilibrio fiscal. También anticipó el envío de proyectos para modificar marcos regulatorios y dar mayor protección a la propiedad intelectual en semillas, un reclamo histórico de parte de la cadena agroindustrial.

En paralelo, destacó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) como herramienta para canalizar inversiones en maquinaria y tecnología, incluyendo riego. “No podemos aceptar rindes tan por debajo de nuestros competidores”, insistió.

Milei además defendió la apertura comercial, cuestionó décadas de “fetiche industrialista” y aseguró que las restricciones y la presión impositiva terminaron perjudicando tanto al agro como a la industria. En esa línea, mencionó avances en acuerdos internacionales y la intención de reformar el Código Aduanero para integrar más al país al comercio global.

Expectativa del ruralismo

El discurso fue bien recibido por parte de la dirigencia agropecuaria. Coninagro, a través de su presidente Lucas Magnano, único dirigente de la Mesa de Enlace presente en el recinto, valoró que el jefe de Estado “nunca deja de mencionar al campo” y subrayó que no es menor fijar públicamente la meta de 300 millones de toneladas.

También la Sociedad Rural Argentina destacó que se haya puesto al sector como eje del crecimiento y la inserción internacional, mientras que el Consejo Agroindustrial Argentino expresó que comparte los lineamientos sobre propiedad privada, apertura económica y reducción de impuestos distorsivos.

Desde el ruralismo remarcan que, si bien el objetivo es ambicioso, su cumplimiento dependerá de señales concretas: continuidad en la baja de retenciones, estabilidad macroeconómica y reglas claras para la inversión.

Motor estratégico

En otro tramo, Milei amplió el concepto de desarrollo primario a minerales críticos, energía, pesca y economías regionales. Pero fue enfático al hablar de la agroindustria: “Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio”.

La apuesta oficial es que, con menor presión fiscal, mayor apertura y reformas regulatorias, el campo vuelva a traccionar crecimiento, empleo y exportaciones. El desafío ahora será transformar la promesa de una “revolución” en medidas concretas que permitan, efectivamente, acercarse a esa meta simbólica de 300 millones de toneladas.

En una sesión extensa con ribetes escandalosos, en medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta) y los provinciales Hugo Passalacqua, y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

La deliberación comenzó en medio de un escándalo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor.

El método de votación generó la indignación de Unión por la Patria, y varios de sus integrantes salieron disparados de sus bancas y se precipitaron sobre el estrado de la Presidencia para exigirle a Martín Menem que rectificara la decisión.

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos acalorados en el recinto y en una acción insólita que le puede traer consecuencias a futuro apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.

Pero no fue el único escándalo que sucedió en la sesión ya que se desató otra controversia cuando el peronismo quiso suspender la sesión en un momento determinado al advertir que la sesión había perdido el quorum.

Con la ayuda de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró salir del apuro y evitar que se suspendiera la sesión.

El presidente de la comisión del Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma laboral y destacó “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”.

Almirón, el único libertario que expuso a lo largo del debate y que fue abucheado por los opositores por leer su discurso, dijo que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino".

“No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social”, graficó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.

Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

La diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley sostuvo que “los chorros” son los diputados de extracción peronista, como los tucumanos de Independencia y los de Elijo Catamarca, que dieron quórum a la sesión para que el oficialismo pueda votar la reforma laboral.

Mientras daba su discurso, la legisladora kirchnerista aseguró que “los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran”.

“A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias”, siguió.

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error” y que es “mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad".

“Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos”, alertó.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola desmintió que existan “problemas de costos laborales” en el país, como afirma el Gobierno.

“No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, graficó.

“El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar”, vaticinó.

El diputado radical mendocino Lisandro Nieri defendió el proyecto al asegurar que la actual ley "es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto".

“El marco laboral actual, lo único que ha logrado en los últimos años, es aumentar la litigiosidad, la informalidad y los costos laborales”, subrayó.

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos".

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) consideró que esta ley “es de obsolescencia y regresión", y deja afuera cuestiones muy actuales como "la inteligencia artificial, el teletrabajo, la telemedicina”.

La diputada nacional de Coherencia Marcela Pagano aseguró que ella estaba a favor de impulsar una reforma laboral, “pero no así”, recordando que ella misma presentó un proyecto que no fue tenido en cuenta por el oficialismo.

Sobre los riesgos que supone la reforma del Gobierno, la ex periodista dijo que está en juego la libertad de expresión a partir de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) alertó que la reforma laboral del Gobierno “perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras”.

Mencionó en ese sentido la política del banco de horas, que pone en riesgo la jornada laboral con horarios establecidos e impide que los trabajadores puedan organizar sus vidas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner sostuvo que se opone a la ley de reforma laboral “porque va a fracasar”

El líder de La Cámpora aclaró que no se opone al proyecto “por capricho” o porque “pertenece a otro espacio político”.

“Me opongo a esta ley porque va a fracasar y porque va a someter a los argentinos y a los más pibes a la patronal o al dueño de turno”, consideró.

Según alertó, la reforma laboral le va a otorgar a los empleadores “mucho más poder sobre sus empleados para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo”.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, avisó que cuando el peronismo asuma nuevamente el poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente”.

“Es llamativo tener una normativa tan absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador”, consideró el santafesino.__IP__

Según señaló, la ley laboral del oficialismo “no solamente no moderniza nada” sino que “es pre peronista” y “pre yrigoyenista”.

#AgenciaNA 

La Policía abocada al operativo de seguridad en las inmedicaciones del Congreso dispersó este jueves a manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, luego de que estos arrojaran piedras y botellas contra los uniformados.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización.

También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.__IP__

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Policía Federal detuvo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, mientras la Policía de la Ciudad reporto 8 detenidos más, lo que arroja un total de 12 aprehendidos durante las protestas. #AgenciaNA 

19:27

Lisandro Nieri: la ley actual “es vetusta” y “no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios”

Buenos Aires, 19 de febrero (NA) El diputado radical mendocino Lisandro Nieri defendió hoy el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei al asegurar que la actual ley "es vetusta y no les sirve a los trabajadores  ni a los empresarios porque el “costo laboral es muy alto”.

“El marco laboral actual, lo único que ha logrado en los últimos años, es aumentar la litigiosidad, la informalidad y los costos laborales”, subrayó.

Al hablar en el debate en la Cámara de Diputados, Nieri cuestionó  a la CGT y al peronismo ya que “dicen estar de acuerdo en la necesidad de un proyecto de modernización, pero llama la atención que cuando fueron gobierno con mayoría en ambas cámaras no avanzaron en modificar una ley que es vetusta a todas luces, que no le sirve a los trabajadores”.

En ese sentido, Nieri señaló que “4 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, habla claramente de los resultados que tenemos como país” y destacó que "tampoco le sirve al empleador, porque el costo laboral también es alto. La brecha entre lo que el empleador paga y lo que llega al bolsillo del trabajador es muy amplia”.

“Hoy tenemos la posibilidad de dejar atrás el statu quo que acepta como reglas la informalidad y la baja productividad. Aspiro a que demos un paso significativo en pos de una primera capa de modernización laboral que junto con un orden macroeconómico, un país próspero y más productivo”, subrayó.

“Argentina está viviendo un proceso de dejar atrás años de cierre de nuestra economía, de proteccionismo. La semana pasada aprobamos el acuerdo con la Unión Europea, pronto vendrá el acuerdo con Estados Unidos y ojalá vengan más acuerdos con el mundo, acuerdos que permitirán que nuestro país sea más competitivo”, destacó.

17:16

 La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió este jueves que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

“Si ustedes querían eliminar los litigios van a estar inundados los tribunales y los juzgados de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen, que hace Sturzenegger, Patricia Bullrich, los cerebros de todo este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos", alertó l integrante del interbloque Unidos. 

“Legislen bien para otros 50 años, no hagan burradas”, reclamó Frade, que acusó al oficialismo de ”no tener mucha idea de cómo funciona el derecho laboral".

“El derecho laboral no es el derecho civil donde las relaciones son, como  llamamos los abogados, sinalagmáticas, con partes iguales, sino con partes desiguales. Por eso no se puede hablar de la voluntad del trabajador”, explicó. 

"La voluntad para que el trabajador pueda definir cuándo se toma vacaciones, cómo va a cobrar su indemnización, cuántas horas por día va a trabajar. Claramente esta va a ser una potestad de los empresarios. Y en un contexto de un 50% de desocupación, los trabajadores no van a poder acordar absolutamente nada con los empresarios”, advirtió.

Frade aclaró que no está proponiendo “ponerse en contra de los empresarios” sino de confeccionar legislación que de “certezas a trabajadores y empresarios”. 

"Esto es lo que no va a dar esta ley porque va a haber un nivel de litigiosidad muy alto. Vamos a plantear muchas inconstitucionalidades, va a haber muchas medidas cautelares, como ya vinieron planteándose con la Ley Bases, y ustedes con la Ley Bases no han podido acreditar el crecimiento de empleo que nos decían que iba a traer”, apuntó.

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

Fuente: Agencia DIB.

Buenos Aires, 12 febrero (NA).- La Cámara de Diputados aprobó en general por  149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.f__IP__

#AgenciaNA 

Noticia en desarrollo…

El Gobierno vuelve a medir este jueves su fuerza en Diputados: se votará el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

Buenos Aires, 11 febrero (NA) – Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas Molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma. Por los incidentes hubo 11 detenidos y 40 demorados, según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a la Agencia Noticias Argentinas.

Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.

En las imágenes pudo observarse a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad. #AgenciaNA 

La medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de Adorni.

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: "Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil".

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda de “La Feliz”, donde ante sus seguidores sentenció: "En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto".

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

La discusión pública de este tema levantó la temperatura tras dos casos graves de inseguridad: el crimen de Gustavo Javier Pairó, en José C. Paz, cuando dos ladrones, uno de ellos menor de edad, quisieron robarle la moto, y el asesinato del adolescente Jeremías Monzón a mano de otros menores en Santa Fe.

Fuente: Agencia DIB

“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han iguala'o. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón… El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno nos vamo' a encontrar. No pienses más, sentate a un lao', que a nadie importa si naciste honrao'. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey. Que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley”

El Congreso de la Nación Argentina en su conjunto, -insólitamente (e irónicamente) aún denominado como Honorable-, se convirtió en un antro de indecencia en varios aspectos

Lo anterior es parte de la letra del tango “Cambalache”, obra de Discépolo de 1934. Es una joya creativa atemporal que describe nuestra realidad (ya problemática) de aquella época. Enumera los distintivos poco constructivos de la forma de ser “argento”. Pero, al morir hace tanto (en 1951) Discépolo no tuvo indicios para vislumbrar que en el primer cuarto del siglo siguiente a su existencia los argentinos adoptaríamos una caída de valores tan grande. Que en nuestra vida gregaria la destructiva inmoralidad iría sustituyendo a las virtudes convivenciales que siempre nos destacó el resto del mundo. 

Hay partes de “Cambalache” que podrían describir a la perfección el acto de jura de los nuevos diputados nacionales de hace unos días. Una puesta en escena de vulgaridad y desfachatez que asombra e indigna. ¿Cómo uno de los pilares de la República Argentina, cómo lo es la legislatura nacional, -que tuvo a varias personalidades de altísimo nivel intelectual y de honradez absoluta-, se derrumbó hasta convertirse en el tugurio de ordinariez (entre otras cosas aún peores) que es hoy?

Empecemos con el que le tocó, -por ser el de mayor edad (82 años)-, presidir la sesión: el diputado radical Gerardo Cipolini. Mientras pasaban los nuevos legisladores, Cipolini se olvidó que el micrófono estaba abierto y dedicó comentarios fuera de lugar sobre tres diputadas ingresantes. Pero la historia no terminó ahí. Cipolini intentó exculparse de la desubicación (triple) que tuvo señalando: “La tecnología avanzó a límites casi incomprensibles, de tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho”. ¡Ehhh! ¿Quién fue el “jodido” que le puso a Cipolini un micrófono capaz de leer sus pensamientos hacía las mujeres y convertirlos en sonidos iguales a su voz ? Es la disculpa de moda: “Yo no fui, fue la Inteligencia Artificial”.

A medida que iban pasando a jurar, la diputada libertaria Lemoine, -que dejó su banca para situarse cerca del estrado-, desde ahí increpó a varios de las y los que juraban (peronistas y de la izquierda). ¿Por qué le permitieron hacer eso? ¿No hay un protocolo a cumplir? ¿O hay permisividad para incumplirlo según sea el color político de quién provoca ? Un papelón. De los habituales de Lemoine pero también de Cipolini, que cómo presidente de la ceremonia debió intervenir pero no lo hizo. ¿De su inacción, también culpó al robot ?

En el inicio juró Nicolás del Caño, legislador por la izquierda, y (desde mi punto de vista) su exposición tuvo claroscuros. Repudió la masacre de niñas y niños en Gaza, reclamo con el que coincido totalmente porque eso fue un genocidio transmitido en tiempo real; pero también afirmó “Fuera Trump de Venezuela”. Eso llama la atención porque la crisis humanitaria en Venezuela es responsabilidad del régimen chavista. Ocho millones (el 30 % de la población) de venezolanos tuvieron que irse del país donde nacieron para evitar terminar en las mazmorras del dictador Maduro, que sigue en el poder tras cometer un fraude electoral descomunal que el mundo democrático cuestionó, para, -desde el narcoestado que preside-, continuar hambreando al pueblo de una nación muy rica por el petróleo y seguir violando sistemáticamente los derechos humanos de su gente (y el de extranjeros también, cómo el gendarme Argentino secuestrado). Sean de derecha o de izquierda, los dictadores siempre son aberrantes criminales de lesa humanidad que deben ser repudiados, juzgados y encarcelados.

En el sainete del otro día en diputados, los más sinceros fueron los “cristi camporistas”. Hicieron lo que se suponía que harían. Al jurar las y los nuevos legisladores K pidieron por la libertad de su líder política: Cristina Fernández viuda de Kirchner, y denunciaron a viva voz lo injusto de su condena. En realidad, para un observador “no ideologizado”, la única injusticia visible en la sentencia a Cristina es que no esté cumpliendo la pena en una cárcel común.

Si bien en la Cámara de Diputados se ven los episodios más soeces (que usina inspiradora tendría hoy ahí el mejor retratista del mundo cabaretero parisino de finales del 1800: Toulouse Lautrec), el Congreso de la Nación Argentina en su conjunto, -insólitamente (e irónicamente) aún denominado como Honorable-, se convirtió en un antro de indecencia en varios aspectos.

Las conductas inapropiadas (insultos y hasta agresiones físicas) son el grotesco mediático frecuente, pero hay otras miserabilidades cómo el engaño a la confianza de los votantes con legisladores que se pasan de bloque o que cambian sus votos, validación con leyes de actos ejecutivos de mala praxis que después generan mega juicios contra el país (cómo la estatización de YPF), gastos fastuosos al mismo tiempo que a la gente se la ajusta, y lo más grave de todo: el Congreso Nacional funciona como un aguantadero para los que intentan evadir el accionar de la justicia. La inmunidad parlamentaria otorga esa impunidad legal.

Los enumerados acá son solo una pequeña muestra de los episodios disparatados de la vergonzosa jura de los diputados nacionales de hace unos días. Hubo más. Y a eso hay que agregarle otros escándalos (de ambas cámaras): los casos Kueider, Espert, Villaverde, Ficha Limpia, etc, etc, etc.

Ante este panorama institucional desolador, el interrogante que surge es: ¿para sumar igualando el perfil de varios que ya estaban, en la renovación de las cámaras legislativas de este año armaron las listas tras un casting que les permitió elegir lo peor que encontraron, o “eso” (el Congreso) es una representación de la sociedad Argentina?

Si la respuesta corresponde a la segunda parte de la pregunta, estaríamos ante la triste realidad de que al país no solo se lo destruyó en lo económico, sino también en lo cultural. Y de eso sí que no se vuelve.

Fernando Mascetti, candidato a diputado nacional en cuarto lugar por la alianza Potencia, que acompaña a María Eugenia Talerico en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de este mes, habló con La Voz del Pueblo sobre las expectativas de la fuerza política y su visión sobre la actual quietud económica del país.

Mascetti, que preside el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en la provincia de Buenos Aires, señaló que su espacio busca instalarse como una alternativa para la clase media y los productores.

Expectativas

A pesar de la polarización percibida en la elección entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, Mascetti expresó que las expectativas de Potencia son "muy buenas". Entiende que la alianza, si bien es incipiente y tiene pocos meses de vida, está notando un "crecimiento muy importante" en la gente, especialmente entre la clase media, la gente que produce y la gente que invierte.

"Estamos entrando con un mensaje diferente como una tercera opción para toda aquella gente desencantada de los extremos", afirmó Mascetti.

El candidato destacó que el modelo económico actual no está ayudando a estos sectores, así como tampoco lo hacía el modelo anterior, al que calificó de "inflacionario” y “sin seguridad jurídica".

Diferencias

Desde Potencia con respecto al gobierno nacional, Mascetti expresó que la lucha contra la corrupción es una bandera fundamental de María Eugenia Talerico, la mayor referente del espacio. Desde la óptica del desarrollismo, el candidato coincidió en que el esfuerzo inicial del gobierno del Presidente Javier Milei por "bajar la inflación, por estabilizar la economía, por mantener un equilibrio fiscal" fue necesario e importante.

Sin embargo desde Potencia se marca una diferencia al señalar que "ahora el gobierno se estancó y justamente le hace falta entrar en una etapa de desarrollo". Para Mascetti, esta etapa implica ocuparse de políticas que alienten a la economía real.

Aseguró que hay evidencia clara de que el sueldo "no alcanza". Además planteó que sectores como el textil y el del caucho están pasando un mal momento debido a la apertura de las importaciones, lo que resulta en una menor competitividad.

Asimismo Mascetti criticó que el gobierno no cumplió sus promesas de campaña dirigidas a la producción, como la baja de impuestos, la eliminación de retenciones o la modificación de la legislación impositiva y laboral. En referencia al intento de reducción de retenciones, el candidato tandilense sostuvo que fue "muy desprolijo" y duró solo tres días, lo que deja "mucho más dudas que certezas". Afirmó que ello además afecta la seguridad jurídica.

El pulso de la calle

Al tomar el pulso del vecino, Mascetti, quien es docente universitario en Tandil y asesor de PyMEs, indicó que hay una "quietud económica marcada" y que las ventas están "muy tranquilas". El descontento crecerá si no hay señales claras para la gente que produce, especialmente si no se bajan los impuestos.

La agenda del vecino común está disociada de la política tradicional, centrada en la "inseguridad” y en “no me alcanza la plata". Mascetti enfatizó que la lista de Potencia está compuesta por gente que tiene su propio trabajo, son profesionales, comerciantes y empresarios, que no provienen de la "casta política".

Entre los problemas que reflejan la falta de desarrollo, mencionó los altos costos logísticos, la falta de infraestructura necesaria y zonas inundadas donde el Estado (provincial y nacional) sigue ausente.

Propuestas legislativas

Si Potencia logra ocupar bancas, priorizará proyectos de ley que impliquen "sacarle el pie de la cabeza a las pymes".

Las iniciativas se centrarán en rebajas impositivas buscando eliminar impuestos "distorsivos" como el impuesto al cheque y el impuesto a los combustibles, porque que estos últimos no se traducen con inversiones en rutas.

Otra propuesta será la de reducir la carga laboral que tienen las PyMEs, una medida necesaria para combatir el 40 por ciento de empleo no registrado.

Además, Mascetti se mostró personalmente interesado en impulsar la economía de triple impacto, un concepto que se refiere a emprendimientos que generan un impacto positivo simultáneo en el medio ambiente y en lo social, para ayudar a sectores marginados a conseguir empleo formal. El candidato subrayó que actualmente "se habla muy poco y no se hace nada" al respecto, y es urgente impulsar una ley nacional.

Dispuestos a ser aliados

Potencia se mostró dispuesto a ser una fuerza aliada del gobierno nacional en toda iniciativa que se relacione con la producción, el empleo genuino, la inversión real, y las obras de infraestructura, como el dragado del Río Salado. "No estamos para poner palos en la rueda porque somos gente de la producción, del trabajo, de defender la seguridad jurídica", aseguró Mascetti en declaraciones a este diario.

Finalmente el líder del MID bonaerense hizo un llamado a los votantes para que ejerzan su derecho y "hagan valer su voto, su bronca, su enojo o su simpatía". Y presentó dos caminos seguir: "demagogia y corrupción"; o cambiar y votar por "Potencia y desarrollo".

Una planilla del Bank of America incorporada a una investigación judicial en Texas, Estados Unidos, registra la transferencia de 200.000 dólares que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Federico “Fred” Machado en 2020 a José Luis Espert, según reveló este jueves por la tarde el diario La Nación.

El diputado libertario y cabeza de la lista de La Libertad Avanza se resistió varias veces esta semana a contestar si había recibido ese dinero de parte de Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. El nuevo registro, dado a conocer en una nota formada por los periodistas Hugo Alconada y Paz Rodríguez Niel, confirma que ese depósito se hizo y no es, como dijo Espert, una cifra "en un papel de una contabilidad paralela" cualquiera.

Esa transferencia ya estaba en la causa judicial texana, pero sólo se conocía una anotación informal hecha por Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y ya condenada en ese expediente. Ahora, el libro contable del Bank of America confirma que ese movimiento de dinero existió y ocurrió el 22 de enero de 2020. El miércoles, en una entrevista en A24, Espert se negó en diez oportunidades a responder la siguiente pregunta: "¿Usted recibió 200.000 dólares de Fred Machado"?".

En lugar de responder si o no, Espert ensayó una defensa débil. "Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor, ¿de qué estamos hablando?", comenzó a ensayar su respuesta Espert. "De esto yo no le voy a dar el gusto a (Juan) Grabois de que sea el único tema de campaña", añadió, al tiempo que subrayó que el dirigente social "fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto".

Espert mencionó a Grabois porque el dirigente kirchnerista fue quien dio a conocer el dato de la transferencia en u video que difundió en las redes sociales.

Hasta ahora, Espert siempre dio explicaciones erráticas sobre su vínculo con Machado, un rionegrino que hoy está preso en la Argentina y cuya extradición fue pedida por Estados Unidos. En primer término dijo que lo había visto sólo una vez en 2019, cuando le ofreció llevarlo en avión a Viedma para presentar su libro "La Sociedad Cómplice".

Luego, su ex jefa de prensa en esa campaña, Clara Montero Barré, dijo que en realidad Machado participó activamente en la campaña de Espert y que los vio juntos al menos dos veces.

Casi en paralelo, Clarín reveló -en una nota de Daniel Santoro- que Espert usó 35 veces los aviones de Machado en aquella campaña electoral de 2019, según comprobó la Justicia.

Se trata de la causa 1780 del 2021 en la cual Martínez de Giorgi tomó una serie de declaraciones testimoniales, entre otras medidas de pruebas, a solicitud de la fiscal Alejandra Mangano.

En el expediente de Martínez de Giorgi, Espert admitió: “En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone”. Ante la prensa, había hablado de un solo vuelo. De acuerdo al registro judicial, Espert habría volado 35 veces en aviones del narco, 5 con él como acompañante.

Este fin de semana, la Sociedad Libanesa de Tres Arroyos será sede del Congreso Regional de la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL), con la participación de dirigentes y referentes de distintas filiales del país, provenientes de la Capital Federal, Necochea, Azul, Bahía Blanca, Olavarría y Mar del Plata, entre otras localidades.

Para esta noche está prevista una cena de bienvenida a los visitantes y se iniciará formalmente la actividad mañana sábado a las 9:30 con un desayuno y acreditaciones. A las 10:00 hs. acto de apertura; 10:30 hs. “El rol de la UCAL en la Colectividad Libanesa en Argentina”, actividad a cargo del Dr. Said Chaya, secretario del Consejo Nacional. A las 11:30 hs. “Las plantas y los animales del Líbano: trabajo con niñeces” por miembros de UCAL filial Azul, todas en la sede de Avenida Rivadavia 558. A las 13:00 hs. se servirá un almuerzo.

En horas de la tarde la actividad se trasladará al Centro Cultural La Estación, ubicado en la Avenida Ituzaingó 320 con el siguiente cronograma. A las 15:30 hs. “Taller: Memoria Oral e Historias Familiares”, con la conducción de las licenciadas Marcela Guerci Nedir y Ludmila Adad, de la Comisión de Educación y Cultura. A las 18:00 hs. “Taller: dabke y danzas folclóricas libanesas”, a cargo de la profesora Sandra Salinas, de UCAL filial Buenos Aires y se va a clausurar la jornada a las 21:30 hs. con una cena diseñada con gastronomía árabe, en la casa de los libaneses en Tres Arroyos.

El domingo, en la sede de Avenida Rivadavia 558, a las 9:30 desayuno y seguidamente “Introducción al idioma árabe básico” por el señor Fernando Bugosen, presidente del Consejo Nacional. A las 11:00 hs. “Taller: los objetos que atesoro”, actividad a cargo de miembros de UCAL filial Mar del Plata. A las 12:00 finalizará la programación cultural con el “Taller: aromas y sabores libaneses”, brindado por miembros de UCAL filial Olavarría. A las 13:00 hs. almuerzo y a las 14:00 será la ceremonia de cierre del congreso.

Se recuerda especialmente a todo público interesado que todas las conferencias y talleres serán de acceso libre y gratuito, por lo que se invita a participar a gente de Tres Arroyos y la región en esas actividades.

La oposición consiguió quórum y se acordó una discusión conjunta de los dos temas, con alocuciones más breves.

La   Cámara de Diputados del Congreso   rechazó el veto por decreto del Ejecutivo a   las   leyes   de   financiamiento en pediatría y aumento del presupuesto educativo universitario,   dando un revés al plan de ajuste económico que imparte el Gobierno nacional, fundamentado en lograr superávit fiscal.

La votación a favor de anular el veto a la ley de emergencia pediátrica cosechó 181 afirmativos y 60 en contra, mientras que la correspondiente a incrementar el presupuesto universitario se cerró con 174 a favor y 67 en contra.   Ahora, deberá tratarlos el Senado.

Desde el mediodía, una multitud acompañó la sesión especial de la Cámara baja, que congregó a organizaciones estudiantiles, docentes universitarios, médicos, sindicatos, partidos políticos, diputados y gente de a pie que se sumó a la movilización contra el ajuste y la motosierra del presidente Javier Milei.

Con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, queda aprobada la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

En tanto, al inicio de la sesión, l kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales lograron el   quórum para abrir la sesión, con 132 legisladores presentes y 125 ausentes.    Además, intentarán limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo.