El Gobierno oficializó hoy en el Boletín Oficial la norma que determinó que las inscripciones o anotaciones de vehículos nuevos, tanto nacionales como importados, será de forma remota, con el objetivo de facilitar el proceso administrativo.

Fue a través del decreto 745/2025 y amparándose en el artículo 353 del decreto 70/23, que dictó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido, y que tuvo gran injerencia el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para concretarlo, la administración libertaria creó el Registro Único Virtual (RUV), "a fin de instrumentar de manera virtual las peticiones de inscripción de trámites referidos a bienes incluidos en el citado Régimen Jurídico del Automotor".

"En una primera etapa, bajo esa modalidad se tramitarían las inscripciones iniciales de vehículos CERO KILÓMETRO (0 Km) de fabricación nacional e importados que cumplieran determinados requisitos, los cuales fueron detallados en su artículo 1°", dice el texto.

La modalidad, resalta, "permite en la actualidad una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de éste y de otros organismos públicos".

"Esa circunstancia habilita que determinados controles que forman parte del proceso de calificación registral sean validados de manera automática por el sistema, mediante la interconexión con otras bases sistémicas oficiales a nivel nacional, asegurando la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información, en consonancia con los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa", dice la publicación oficial.

(Fuente: Noticias Argentinas)

El Gobierno oficializó este miércoles el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en octubre, para jubilados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $396.298, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $326.298,38, a partir del aumento del 1,88%, determinado en línea con la inflación de agosto.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $326.298, pero queden por debajo de los $396.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra. Es decir, por ejemplo; un jubilado que perciba un haber de $350.000 solo recibirá como bono $46.298. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298, lo que implica una suba de apenas $6.021.

Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

(Con información de Noticias Argentinas)

Mediante el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aplazará la suba a los impuestos en combustibles líquidos y dióxido de carbono, que estaba prevista para el mes de octubre. Tendrá impacto recién el 1.º de noviembre, lo que modifica el cronograma planteado por el Decreto 617/2025.

La normativa vigente, establecida en la Ley 23.966 y sus modificaciones, determina que los montos fijos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono deben actualizarse cada tres meses, tomando como referencia la evolución del IPC desde enero de 2018 y el ARCA se encarga de aplicar estos ajustes en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, desde hace varios años, distintos gobiernos optaron por diferir la aplicación efectiva de los aumentos, utilizando decretos sucesivos para postergar su entrada en vigencia; de ahí que se haya tomado la decisión de postergar la suba un mes entero.

Forzado por el Congrego, el Poder Ejecutivo volvió a poner en vigencia las disposiciones normativas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por cuatro decretos, entre ellos el que le quitó la autarquía al INTA

Luego de que el Congreso de la Nación rechazara por mayoría absoluta los decretos que formularon transformaciones en organismos del Estado, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como tema más polémico, el Poder Ejecutivo finalmente volvió a fojas cero con los cambios que intentó realizar.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”, señala el artículo 1° del decreto N° 627/2025 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

El texto normativo, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete de ministros, restituye así al INTA a su funcionamiento “original”, devolviéndole la autarquía.

Y también deja sin efecto la modificación de funcionamiento intentada en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la disolución de tres organismos relevantes para el campo: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Infocampo

Es inminente la firma del DNU que reformará el instituto, que pasará a ser un ente “desconcentrado” en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y dejará de manejar su propio presupuesto. Las facultades de Agronomía y Veterinaria, y Aacrea perderán su silla en el Consejo Directivo

El Gobierno publicará en las próximas horas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual le quitará la autarquía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): de ente descentralizado pasará a ser un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura. El INTA, considerado uno de los organismos más relevantes del país, dejará de manejar su propio presupuesto y dependerá administrativa y financieramente de la cartera agrícola, a cargo de Sergio Iraeta.

El Consejo Directivo se transformará en un Consejo Técnico y en ese cambio se reducirán de 10 a 7 los integrantes, no tendrá más independencia económica y pasarán por él solo las decisiones técnicas. La medida se inscribe en el objetivo del Gobierno de reducir gastos y estructuras, según la información publicada por el diario La Nación, a partir de consultar con “fuentes calificadas”.

Por otra parte, el matutino porteño también adelantó que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se transformará en una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. El avance del Gobierno no se limitará al INTA y el INTI, ya que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que hasta ahora tenían jerarquía de entes descentralizados, pasarán a ser direcciones nacionales dependientes de la Secretaría de Agricultura.

Estas modificaciones implicarán una reducción significativa de sus respectivos rangos, autonomía y presupuesto. Se fusionarían las áreas de apoyo del organismo con Recursos Humanos, Administración y Asuntos Jurídicos.

Según pudo reconstruir la periodista Belkis Martínez de La Nación, el cambio de estatus que impulsa el gobierno de Javier Milei para organismos como el INTA no es meramente técnico: implica una transformación directa en su funcionamiento y capacidad de decisión. Al convertirse en entes “desconcentrados” estos pierden la administración propia y el control de sus fondos, que pasarán a estar en manos de funcionarios designados por la Secretaría de Agricultura. En la práctica, la caja ya no la manejará el organismo sino el Poder Ejecutivo.

El Consejo Directivo del INTA está integrado por representante del sector privado y público. Por el primero entidades como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), con Alejandro Conci; Sociedad Rural Argentina (SRA), a través de Juan Manuel Bautista; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con Sergio Melgarejo; Federación Agraria Argentina (FAA), vía Gustavo Tettamanti, y por Coninagro, con Nicolás Carlino.

También está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, con Jorge Omar Dutto, y por la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, con Guillermo Bernardes. Y tiene tres miembros de parte de la Secretaría de Agricultura: Carlos Alberto Vera; su presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo.

De acuerdo con calificadas fuentes, el representante de Aacrea y los de las facultades quedarán fuera del nuevo Consejo. Es decir, con esto habrá tres miembros oficiales y cuatro en representación de las entidades del sector agropecuario. El presidente tiene voto doble en caso de empate.

Según publica en su artículo Belkis Martínez, “el flamante Consejo Técnico tendrá entre sus funciones elaborar los objetivos y planes generales de trabajo del organismo para su posterior aprobación por el presidente del INTA, establecer los lineamientos de investigación identificando áreas prioritarias con base en criterios científicos y productivos. Además de evaluar el impacto técnico y productivo de los programas y proyectos”.

“El sector agropecuario perderá representación real dentro del INTA, a un rol más técnico, lo que pondría en jaque la capacidad para incidir en las políticas de investigación y desarrollo del campo, según alertan en el sector rural. Por otra parte, según trascendió, se abrirá un proceso de retiros voluntarios”, finaliza la publicación.

*Foto principal de La Nación