En una entrevista exclusiva con LA VOZ DEL PUEBLO, la fiscal de Menores, doctora Marina Vizzolini, reconoció el porcentaje que observa en nuestro distrito y, además, se refirió al alcance de la reciente reforma de la Ley Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. Dónde se da la mayor injerencia de menores en el delito de Tres Arroyos. La responsabilidad de los padres y la vulnerabilidad

Por Enrique Mendiberri

En Tres Arroyos, el delito juvenil tiene una cara conocida por la Justicia: diferentes maneras de robos en casas, de motos, daños y una vulnerabilidad social que "hace agua por todos lados", castigada cada vez más por el flagelo de la droga.

Con 14 años de experiencia en el fuero, la fiscal Marina Vizzolini sostiene que más del 50% de los menores que delinquen en la ciudad provienen de familias con antecedentes o entornos en crisis. En este contexto, la reforma legal que entrará en plena operatividad en septiembre no solo trae la imputabilidad desde los 14 años, sino también la responsabilidad civil de los padres. 

Para Vizzolini, el cambio es necesario porque el sistema anterior era "obsoleto", aunque advierte que la ley penal es el último recurso: "La realidad es compleja y hay que trabajar en la prevención porque un chico ve y hace lo que hacen sus padres".

La estructura legal que rigió hasta hoy el destino de los menores en conflicto con la ley penal no era solo antigua; era un resabio de una época oscura. 

La doctora Vizzolini, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, es contundente al analizar la Ley 22.278, la norma que marcó el ritmo de su trabajo desde que asumió en el fuero en 2008. "Era la ley que regía a nivel nacional, una ley que había quedado obsoleta, que fue muy cuestionada y estaba en vigencia desde hace más de 40 años, luego de ser sancionada durante la última dictadura militar", explica.

Esta transición no es solo un cambio de números o artículos, sino un giro filosófico en la concepción del adolescente. Bajo el régimen que se despide definitivamente el próximo 5 de septiembre, el menor no era una persona con plenos derechos procesales ante la ley, sino un objeto de cuidado —o castigo— bajo la mirada paternalista y, a veces, arbitraria del Estado. 

"Era una ley donde los menores eran objetos de proceso, no sujetos de derecho, donde el juez tenía facultades discrecionales, resolvía respecto al menor, no había garantías del debido proceso y se lo sometía a una tutela, a veces, por tiempo indefinido", señala la fiscal. Según su visión, la reforma era un cambio que "se tenía que dar" para saldar una deuda histórica con los organismos internacionales y con la propia Constitución Nacional.

El cambio técnico

Uno de los puntos que más confusión genera en la opinión pública es qué pasaba —y qué pasará— cuando un chico cometa un delito grave.

Hasta hoy, la justicia se encontraba con las manos atadas frente a los "no punibles". Vizzolini relata con crudeza esa limitación: "Cuando un menor no punible cometía un hecho grave, lo único que podíamos hacer era determinar una medida de seguridad, que era una medida de coerción en la que no había garantías, porque el menor no estaba en un proceso penal".

Esa medida se tomaba por el peligro inminente para terceros, pero el resultado solía ser frustrante para la sociedad y para la propia Justicia: "Se lo encerraba en un instituto para hacerle una serie de estudios, pero después ese menor retornaba a su domicilio y a su vida". 

Con la nueva Ley 27.801, esa opacidad desaparece. El adolescente ahora pasa a ser un sujeto de derecho con todas las garantías: derecho a ser oído, a un defensor, al principio de legalidad y a una sanción diferenciada de la de los adultos.

Un dato clave para no generar falsas expectativas inmediatas descansa en la operatividad. Aunque la ley se sancionó en febrero y se publicó en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo, existe un periodo de vacancia. "La ley no está operativa hasta el 5 de septiembre, 180 días después de su publicación", aclara la fiscal. Mientras tanto, se seguirá trabajando bajo la vieja ley, realizando la etapa de instrucción local con intervención del Juzgado de Garantías del Joven hasta la elevación a juicio, momento en que, una vez aplicada la nueva Ley, el debate se trasladará a Bahía Blanca.

"Un gran porcentaje de los chicos que tenemos acá (por la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos) vienen de familias muy vulnerables, donde a veces la madre es la única referente familiar, donde lucha con chicos más chicos, con padres ausentes o algún integrante de la familia en situación de encierro" 

El mito de la detención

En el café, en las redes sociales y en las charlas entre vecinos de la ciudad, la frase "entran por una puerta y salen por la otra" es moneda corriente. 

Vizzolini, con la templanza que le dan años de ver expedientes, desafía ese lugar común. "No me gusta esa palabra (puerta giratoria). Todos los pasos que se cumplen dentro del derecho penal se cumplen de acuerdo a lo que la ley permite. No se han dado libertades porque sí", afirma.

Sin embargo, reconoce que la reiterancia es el gran problema de Tres Arroyos. "He tenido chicos que cometían dos hechos por semana, donde rompían un vidrio para entrar en un local del centro, rompían la caja registradora... eso todas las semanas". 

Es precisamente en este punto donde la reforma promete ser una herramienta más eficaz.

Al bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para cualquier delito —sin importar la pena—, la Justicia puede intervenir formalmente antes. "Eso marca una diferencia con el régimen anterior donde los delitos cuya pena no superaran los dos años de prisión quedaban afuera del sistema penal", explica.

Pero advierte: la ley no busca poblar las cárceles de adolescentes. "Con la nueva ley hay un mito de que van a quedar todos detenidos. La detención es el último recurso de una serie de medidas y penas. Se dará en hechos graves y siempre que exista peligrosidad procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio".

El verdadero desafío para Tres Arroyos será usar la ley para frenar la escalada: "El desafío va a pasar por hacer que no repitan episodios para que no se les complique la situación procesal".

La familia en el banquillo

Al profundizar en el perfil del menor que delinque en nuestra ciudad, la fiscal Vizzolini ofrece un dato que estremece por su carga sociológica: más del 50% de estos chicos son hijos o familiares directos de personas con antecedentes penales. "Un gran porcentaje de los chicos que tenemos acá (por la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos) vienen de familias muy vulnerables, donde a veces la madre es la única referente familiar, donde lucha con chicos más chicos, con padres ausentes o algún integrante de la familia en situación de encierro".

“Con la nueva ley hay un mito de que van a quedar todos detenidos. La detención es el último recurso de una serie de medidas y penas. Se dará en hechos graves y siempre que exista peligrosidad procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio”

Esta transmisión casi consuetudinaria no es solo criminal, sino de falta de contención. La fiscal observa que a los 14 o 15 años, muchos ya están fuera del sistema: no estudian ni hacen deportes. "Hacen changas. ¿Y qué pueden hacer? Juntarse con sus pares para hacer cualquier cosa". Aquí es donde existen ciertos cambios normativos que introducen un elemento de presión para el entorno adulto: la responsabilidad civil. Ahora, los padres deberán asumir el resarcimiento económico por lo que hicieron sus hijos, un intento de involucrar a la familia en el "límite normativo" que hoy parece perdido. "La familia no puede operar con los menores. Puede hacerlo desde el afecto y el amor, pero desde el límite se le va de las manos", analiza.

Entre la sanción y la esperanza

A pesar del panorama complejo y de las falencias habitacionales en los institutos de menores —donde Vizzolini reconoce que existe superpoblación y condiciones críticas—, la fiscal no abandona la misión pedagógica del fuero especializado. La reforma, al eliminar la discrecionalidad del juez que antes podía decidir el destino de un chico recién a los 18 años, busca una justicia más rápida y previsible.

La pregunta que queda flotando en el aire de la Fiscalía es si este sistema realmente logra recuperar vidas. Vizzolini no duda. Al ser consultada sobre si, a lo largo de su experiencia en el Ministerio Público ha conocido casos de chicos que delinquen de jóvenes y luego se transforman en "personas de bien", su respuesta es un "sí" contundente que justifica su carrera. "Sí, tenemos ejemplos. El objetivo del trabajo es hacer todos los días algo puntual o intentarlo".

Para ella, el equilibrio es delicado pero posible: ser la representante de una sociedad que exige seguridad y de las víctimas que buscan respuestas, sin olvidar que el adolescente es un sujeto en pleno desarrollo biológico cuyo cerebro aún no está conformado como el de un adulto. "Siendo un trabajador de un fuero especializado, no se puede trabajar sin ese norte. Es la misión de este fuero", concluye, dejando en claro que, a partir de septiembre, el fuero en el que se desempeña tendrá una nueva herramienta, pero que la solución definitiva seguirá dependiendo de lo que pase en los hogares y en las calles mucho antes de que se rompa el primer cristal.

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.__IP__

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

#AgenciaNA 

Así se expresó hoy el intendente Pablo Garate al inaugurar la remodelación del centro de monitoreo y presentación del nuevo sistema de seguridad, un espacio que renovó por completo sus instalaciones y su tecnología

Hoy pasado el mediodía tuvo lugar un acto en dependencias de la Secretaría de Seguridad por la remodelación de instalaciones del centro de monitoreo y presentación del nuevo sistema de seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos.

De la ceremonia, que contó con la conducción del locutor Eduardo Manríquez y se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad, participaron el intendente Pablo Garate; la presidenta del Concejo Deliberante Mara Redivo; el jefe de Gabinete Julio Federico; el secretario de Seguridad Juan Apolonio; la directora de Coordinación Administrativa María Paz López Peralta; y el director de Coordinación Operativa, Martín Legarreta. 

También se hicieron presentes directores, secretarios de diferentes áreas, concejales, consejeros escolares, fuerzas de seguridad y público en general.

El acto dio inicio con la entrega de una placa por parte de Agustín Vilches, quien se desempeña como responsable de la firma Exanet SA, del rubro tecnologías aplicadas a la seguridad en video vigilancia y fue la que dotó justamente de las herramientas necesarias para la transformación del mencionado espacio. Recibieron la distinción Pablo Garate y Juan Apolonio, ante el aplauso de los presentes.

“Articular las fuerzas de seguridad”

El único orador que tuvo el encuentro fue Pablo Garate, quien al momento de hacer uso de la palabra con tono de satisfacción por el logro alcanzado manifestó que “como venimos diciendo desde el inicio de nuestra gestión, el compromiso de todo el municipio es el de articular las fuerzas de seguridad para encabezar la política de seguridad municipal y la lucha contra el delito en Tres Arroyos, la cual es una tarea que nos demanda día a día mucho trabajo”.

Y agregó que “en definitiva, siempre hay que dar un pasito más. Hace unos meses atrás, presentamos todos los móviles policiales que la provincia de Buenos Aires le dio a Tres Arroyos, como así también la remodelación de distintas dependencias policiales, al igual que todo lo que ven los vecinos con respecto a las patrullas municipales que colaboran fuertemente y son el eje del patrullaje de la ciudad”.

Aseguró que “hoy era el momento que teníamos para mostrar la remodelación del centro de monitoreo que no es solo la remodelación edilicia la cual es una gran parte, sino que también es la apuesta a la nueva tecnología. Lo que estaba acá era obsoleto, entendimos que había que cambiar las herramientas por una nueva tecnología que nos permita un trabajo de prevención del delito mucho más importante y efectiva”.

Valoró el rol que cumple allí a diario el personal abocado a estas tareas y celebró que “contamos con agentes que están trabajando en el municipio y que fueron capacitados en la Escuela de Policía Juan Vucetich, es decir, se han especializado para coordinar lo que tiene que ver con la lucha contra el delito”.

“Que los vecinos vivan más tranquilos”

Mencionó que las cámaras son una herramienta más “que hay que saber interpretar. En eso justamente se trabaja de manera constante. Lo que nosotros planteamos es avanzar en esta política integral de seguridad municipal que tiende, fundamentalmente, a que los vecinos de Tres Arroyos vivan más tranquilos”.

Remarcó que en la recorrida diaria que hace por los barrios, “la gente nos reconoce que estamos haciendo muchas cosas porque ve nuestras patrullas y la articulación con las fuerzas policiales, algo que ha tenido muy buenos resultados muchas veces en prevención del delito o en reacciones rápidas de emergencia. Es una tarea importante la que hemos abordado”.

Hizo referencia a que ese camino, “siempre merece un paso más. Esto es lo que se hizo, en este caso, para que los vecinos vivan más tranquilos. Por supuesto que en el correr de los meses y de los días, habrá otras acciones más que seguiremos dando en esta línea y con el mismo objetivo”.

Por último, Garate concluyó que “hay que seguir trabajando todos los días porque siempre algo pasa, aunque efectivamente lo que está pasando en este momento es que el municipio es quien encabeza la lucha contra el delito. Eso está más que claro”.

Acto seguido, se concretó el tradicional corte de cintas a cargo de las autoridades que dejó por inaugurado la remodelación y la presentación del nuevo sistema de seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos. Todo ello, ante el aplauso y el reconocimiento por parte de los presentes.

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“No tengo bienes producto del delito”, escribió la expresidenta en un documento presentado ante los jueces.

Cristina Kirchner, quien cumple en su casa una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió este martes a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.

“No tengo bienes producto del delito”, escribió la expresidenta en un documento presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal N°2, que la condenaron. Agregó que el cálculo del dinero que debe depositar es “un disparate jurídico”.

La presentación de Cristina Kirchner, realizada en primera persona y firmada también por el abogado Alberto Beraldi, se efectuó al filo de que venza el plazo −a las 9.30 de este miércoles− para que deposite, junto con el resto de los condenados en la causa Vialidad, los 530 millones de dólares establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.

En paralelo, la expresidenta hizo otro planteo ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación: recurrió el monto del decomiso y dijo que no se puede ejecutar porque el cálculo no es producto de una sentencia firme.

Ahora tienen que pasar dos cosas: el Tribunal Oral Federal 2 debe responder si suspende o no el trámite (una decisión rápida) y la Cámara de Casación tramitar el recurso de apelación contra el monto del decomiso. Se analizará si le dan vista o no al fiscal Mario Villar.

Eventualmente, Cristina Kirchner puede intentar seguir con su reclamo por este asunto económico en la Corte Suprema.

Al cuestionar el índice de actualización, la expresidenta solicitó que se declare la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar el dinero. Y señaló que, “dada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto”, corresponde “que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas”. Es decir que, en la práctica, la expresidenta no depositará ni un centavo.

Dijo, además, que se deben excluir los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, ya que son ajenos a la causa de Vialidad. La expresidenta les hizo en 2016 un anticipo de herencia y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalaron que de todos modos se les deben decomisar esos bienes.

Por eso, Cristina Kirchner pidió que se convoque a Máximo y Florencia Kirchner al proceso para defender sus derechos. Argumentó que la cesión de derechos sobre la herencia de Néstor Kirchner a sus hijos, en 2016, fue un acto jurídico legítimo, investigado y sobreseído judicialmente.

Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, la expresidenta sostuvo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.

Fuente: La Nación

Dice Perla Villanueva, son “cosas que pasan y que no deberían pasar”. También, agrega, se trata de “noticias que dan bronca”.

¿El valor económico? No es considerable. Molesta el hecho, la actitud de una persona que se lleva lo que es ajeno, telas que estaban usando miembros de la entidad para armar la vidriera alegórica del Teatro Municipal destinada al concurso de la Fiesta del Trigo.

Vecinos que trabajan de manera voluntaria, con entusiasmo y cariño por el Teatro. Y en esas circunstancias el delito, el robo, por parte de quien se llevó las telas. Quedó registrado por las cámaras, un señor que salió muy tranquilo con su botín.

También en ese momento, unos amigos del Teatro pintaban el escenario para recibir mejor a quienes lo usan.

Sucedió en horas de la tardecita y vale reiterar, genera bronca especialmente entre quienes ponen el hombro en la sede ubicada en avenida Moreno 653.

Un conocido -y joven- malviviente fue detenido tras ser identificado por cámaras de seguridad como autor de un reciente robo cometido en la cantina del club Boca Juniors, ubicado en avenida Azcuénaga y Cerrito.

Según informó la SubDDI de Tres Arroyos, después que se denunciara el robo en la entidad durante el reciente 31 de octubre, se ordenó a una comisión de efectivos de la sede de Investigaciones para que indague y averigüe cómo ocurrieron los hechos para tratar de dar con él, o los responsables.

Fue así que los agentes pudieron visualizar a “los autores en la zona del hecho, captados por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo local como así también de cámaras privadas aportadas por los vecinos colaboradores de la justicia”.

Desde la investigación también se tomaron rastros en el lugar del robo, que posteriormente “permitieron la identificación de uno de los autores a través de la huella dactilar”.

En consecuencia, a raíz de las pruebas recolectadas por la policía y por pedido del fiscal Gabriel Lopazzo de la UFIJ Nº 16, el Juzgado de Garantías de Tres Arroyos “ordenó la realización de un registro domiciliario para la vivienda de residencia y detención del involucrado”.

El procedimiento se realizó con agentes de la DDI local con colaboración de la Estación de Policía y CPR de Tres Arroyos. Como consecuencia se logró “el secuestro de prendas de vestir y a la detención del autor responsable del robo en el club”.

Según el informe policial se trata de un sujeto de “20 años de edad, residente del barrio Boca”, que quedó alojado en los calabozos de la comisaría local, a disposición del magistrado interviniente.

Según pudo saber La Voz del Pueblo, en el club Boca se denunció que delincuentes violentaron la puerta de la cantina ubicada en calle Azcuénaga y Cerrito de donde sustrajeron una pava eléctrica, indumentaria del club y mercaderías varias.

Sobre el detenido, de quien oficialmente no se ha brindado su identidad, se sabe que es un sujeto que tiene antecedentes penales por robo y hurto cometidos en el mismo barrio Boca.

Durante el último fin de semana hubo controles en distintos puntos de la ciudad, para tener una cobertura más amplia de cada zona.

Este fin de semana, se realizaron por la zona del centro entre otras y entre los casos que más se repiten, ya que fueron 18 en total, se encuentra la alcoholemia positiva, por eso, se recuerda a los vecinos desde la Secretaría que rige la ley provincial de alcohol 0, que plantea que si vas a conducir no podés consumir ningún tipo de bebida alcohólica.  La más elevada fue de 2.49 gramos por litro de sangre.

También se encontraron vehículos circulando sin la documentación necesaria para transitar. Se labraron 27 infracciones, se retuvieron 12 autos y 3 motos.

Una marcada desaceleración en la comisión de robos y hurtos pudo percibirse en marzo de este año con respecto al mismo mes de 2023, según se desprende de la observación de publicaciones periodísticas en LA VOZ DEL PUEBLO durante ambos períodos.

Asumiendo la oficialidad de los casos, en 2024 se registraron apenas dos robos y un hurto (más un caso en Reta), de los cuales, en uno de ellos, pudo recuperarse el botín (la estatua de La virgen María Rosa Mística). No obstante, las investigaciones de los casos más violentos de ambos períodos, continúan con saldo deudor.

Así, mirando el archivo de 2023, surgen a simple vista nueve robos, de los cuales tres fueron agravados por el uso de armas y, en uno de ellos, la víctima resultó herida de bala. Justamente, este último, sin avances conocidos  de manera oficial al respecto.

Al mismo tiempo, si fue detenido y procesado junto a su pareja menor de edad, el hombre sindicado como autor de, al menos, dos de los asaltos a mano armada registradas en ese mes y consistentes en la simulación de una toma de rehenes, en la que usaba a su pareja para armar la escena. Un caso llamativo, que fue esclarecido luego de observar las reacciones de los sospechosos después de observar las cámaras de seguridad.

Por su parte, y afortunadamente, en 2024 se notó un contraste en esa materia entre ambos períodos, ya que, la policía logró resultados positivos en más oportunidades. Ya sea interceptando a transeúntes con vehículos robados o registrando sólo una denuncia por “robo agravado”. No obstante, en este último y más preocupante caso, tanto por sus características violentas como las de la víctima, una jubilada, hasta el momento no habían trascendido avances en la investigación del hecho.

El atraco fue  perpetrado en el barrio Plaza del Árbol, en la madrugada del pasado 27 de marzo, a manos de tres encapuchados que, entraron por una abertura trasera y huyeron por la ventana del frente.