La ley de reforma laboral tuvo este jueves su primer fallo en contra, que llegó a través de un juez laboral de Córdoba que declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley, el que regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa.

Este apartado refiere a los juicios laborales y determina qué se puede reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban en varios tribunales laborales previo a la vigencia de la nueva ley.

El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Al respecto, el juez Ricardo Gileta resolvió que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” en su sentencia con fecha del 10 de marzo, pero que se conoció este jueves, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

El magistrado sostuvo que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

El magistrado explicó que el artículo 55 de la "Ley de Modernización Laboral" introduce un criterio distinto para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma.

En esos casos, la ley fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

Para Gileta, ese tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El fallo subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución. #AgenciaNA 

En medio de la crisis de consumo que castiga a varias empresas en el país, la cadena mayorista Caromar cerró al menos dos de sus sucursales, la de San Justo(La Matanza) y Mar del Plata, y despidió a unos 80 trabajadores.

La decisión, según trascendió, forma parte de un plan que incluye el cierre de otras bocas de venta en el país, aunque la empresa mantiene su actividad en el resto de las localidades donde opera y conserva intacta su estructura productiva, con fábricas propias de detergentes, alcohol y productos químicos.

En Mar del Plata, el cierre impactó en 15 despidos, mientras que en San Justo unas 63 personas se enteraron de la noticia este lunes, cuando llegaron a sus puestos de trabajo. En tanto, las sucursales bonaerenses de Burzaco y José C. Paz, como así también la de Rosario quedaron en la mira.

Descartables Caromar es un mayorista que tiene sucursales además en Laferrere, Moreno, y Neuquén.

Pese a esta continuidad operativa, la compañía comunicó a los trabajadores en Mar del Plata que encuadrará los despidos en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por “fuerza mayor”, lo que le permitiría abonar solo el 50% de la indemnización por antigüedad.

En medio de una caída de las ventas y un año complejo, con miles de despidos, otras empresas vinculadas al consumo avanzaron con ajustes. Un ejemplo de ello es la chilena Cencosud que cerró sucursales de sus cadenas Vea y Easy. En noviembre se confirmó el cierre de Easy de La Tablada, con 55 empleos afectados.

Además, este grupo cerró la sucursal Vea en San Pedro y 30 personas se quedaron sin trabajo, al tiempo que crece la preocupación por el Vea de La Plata, que fue puesto en subasta, y por los recortes aplicados en Bahía Blanca, Luján, Mendoza, Tucumán y Catamarca.

El 17 de noviembre, en tanto, bajó las persianas la sucursal de Yaguar en Bahía Blanca, dejando 100 despedidos. La empresa atribuyó la decisión a dos factores: caída abrupta del consumo y el deterioro de la Ruta Nacional 33, que impidió el acceso de clientes.

Fuente: Agencia DIB

El martes Frigorífico Anselmo presentó el pedido de quiebra y el día siguiente, la empresa Mustad cerró su planta en el Parque Industrial. En este contexto, el intendente Pablo Garate expresó su postura en redes sociales.

“En Tres Arroyos vivimos con mucha preocupación y tristeza la situación que atraviesan muchos trabajadores y trabajadoras que han perdido su fuente de empleo en los últimos días”, indicó.

Al respecto, argumentó que “cada familia que se queda sin trabajo es un golpe para toda la comunidad, porque en un distrito como el nuestro, cada puesto laboral sostiene no solo a un hogar, sino también al comercio local, a la escuela y al desarrollo de nuestro distrito”.

El intendente dijo que “cuando se cierra una puerta de trabajo en Tres Arroyos, el impacto no se queda en esas paredes: repercute en todos lados”. 

Del mismo modo, señaló que “somos un municipio productivo, con historia de esfuerzo, de industria y de campo, y sabemos que cuando no se defiende a los vecinos que trabajan y que producen, se lastima nuestro presente y futuro como comunidad”.

Pablo Garate dejó en claro que “nuestro Gobierno no va a dejar a ningún tresarroyense atrás ni solo. Pero la crisis que estamos viviendo golpea y sobreexige al municipio en Salud y Desarrollo Social, en esta compleja situación estamos haciendo un inmenso esfuerzo con responsabilidad, austeridad y empatía”.

Puso de manifiesto que “desde la Municipalidad levantamos la voz para decir con firmeza: no se puede construir un país sin defender a quienes trabajan y producen”. 

Por último, señaló que “Tres Arroyos sabe de qué se trata el sacrificio, la cultura del trabajo y la necesidad de tener oportunidades. Por eso reclamamos políticas activas que cuiden cada empleo, cada pyme y cada taller, porque ahí está el verdadero motor de la Argentina”.

Se suscribirán acuerdos. Según se informó, cobrarán la indemnización en algunas cuotas. El personal se reducirá a aproximadamente 80 obreros

El Frigorífico Anselmo inició el proceso para desvincular a 30 trabajadores, debido a que los niveles de faena y también de venta no alcanzarían para cubrir la actual estructura.

Según se indicó, la empresa abonará la indemnización, para lo cual se buscará un acuerdo en algunas cuotas (el máximo sería seis). En consecuencia, se deberá suscribir la documentación en el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo a lo informado, la necesidad de un acuerdo obedece a que el frigorífico no está en condiciones de cubrir en efectivo, en un solo pago, todas las indemnizaciones.

Las situaciones de crisis, lamentablemente, han sido bastante recurrentes en la etapa histórica más reciente, con distintas administraciones. Hubo períodos de resurgimiento, mayor producción y luego dificultades, que se reiteraron, con la incertidumbre que generan en los trabajadores.La empresa inició su labor en 1954, aunque el emprendimiento industrial y comercial ya existía desde 1930. En 1960 se constituyó la sociedad con el actual nombre, el inicio de la marca actual, y durante mucho tiempo perteneció a la familia Hernández, de nuestra ciudad.

El municipio de Benito Juárez dio a conocer que una decisión del Gobierno nacional dejó sin empleo a trabajadores y afecta la atención de personas con discapacidad en el mencionado distrito. “La insensibilidad de Milei y Pettovelo es notable”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

El intendente Julio César Marini, acompañado por integrantes del gabinete municipal, se reunió ayer con trabajadores y trabajadoras del Instituto Cayetano Zibecchi, quienes el pasado viernes recibieron un correo electrónico del Ministerio Nacional de Capital Humano notificándoles sobre sus despidos, mientras que otros se encuentran en situación de disponibilidad, generando profunda preocupación e incertidumbre sobre la continuidad de las tareas que allí se desarrollan.

En este sentido, las autoridades de Benito Juárez consideraron que la medida del Estado nacional de despedir a más de 2000 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia e incide de manera directa en el empleo de cinco vecinas y vecinos juarenses, que cumplen tareas esenciales en el Instituto Cayetano Zibecchi, donde acompañan, cuidan e impulsan procesos de inclusión para jóvenes y personas adultas con discapacidad.

Plantearon que el accionar del Gobierno es contrario a la Ley 22.431 y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Una vez notificados de los despidos, desde el Estado municipal, y tomando inmediato conocimiento del caso, se decidió incorporar a los trabajadores despedidos a la planta municipal para garantizar la continuidad de las tareas en el Instituto.

Del mismo modo, se intimó al Gobierno nacional, mediante carta documento, a rectificar esta decisión y restablecer al personal, mientras se gestionan acciones con organismos nacionales y provinciales para revertir este accionar injusto y proteger a los trabajadores y los jóvenes adultos con discapacidad.

Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Sergio Acosta; la secretaria de Salud, Andrea Soutrelle; el secretario de Seguridad, Gustavo Infantino; la directora de Tercera Edad y Discapacidad, Malena Fernández; el director de Auditoría, Carlos Villavicencio; la directora de Recursos Humanos, Natalia Hospitaleche; el director general de Servicios, Martín Ledezma; y el concejal César Marini.

Un grupo de trabajadores realizaba una protesta en la localidad bonaerense de General Pacheco en reclamo por despidos en una empresa de gases industriales.

El corte se llevaba a cabo en la ruta 197 y la colectora Este de la Autopista Panamericana, sentido norte y se trata de empleados de Praxair, empresa que abastece a YPF, VW, Ford y Toyota, entre otras.

Según informó controldetránsito.com, si bien aún los trabajadores de la citada empresa no se subieron a la autopista, había demoras en la zona.

En un comunicado de prensa con el que convocaron a la protesta de este lunes, la Comisión Interna dijo: “Los trabajadores de la multinacional de gases industriales y oxígeno industrial Linde Praxair, proveedores de empresas como YPF, VW, Ford y Toyota, convocan a una concentración en Panamericana y 197 para rechazar los despidos que afectan al 25 % de los trabajadores”.

La protesta fue acompañada por delegaciones de organizaciones de trabajadores, entre ellas de trabajadores también despedidos de empresasa como Pilkington, Shell, VolksWagen y Kraft. También acompañaron los diputados nacionales Christian Castillo (PTS-FITU) y Vanina Biasi (PO-FITU) y figuras como Luis Zamora y refentes del peronismo local.

“En la Argentina que estamos construyendo no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, dijo el ministro Luis Caputo

El Gobierno despidió a 15 empleados de Intercargo, que llevaron adelante la medida de fuerza del pasado miércoles, que provocó cancelaciones y demoras en Aeroparque y Ezeiza y afectó a miles de pasajeros de las aerolíneas Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol.

“Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo”, publicó Caputo en su cuenta de la red social X.

“En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda en un mensaje de la red X.

Por su parte, el Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, dijo que “el derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente”.

“Los salvajes de APA ayer mantuvieron encerrados por más de 3 hs en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de 1 empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado”, posteó Mogetta en la red social X.

Y agregó: “No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos”.

La Secretaría de Transporte informó, mediante un comunicado, que Intercargo “desvinculó con causa a los 15 empleados responsables del traslado de pasajeros que ayer incumplieron sus obligaciones en el Aeroparque Jorge Newbery al momento que se hizo la sorpresiva asamblea, impulsada por Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que paralizó la operación”.

“A raíz de ello, cientos de pasajeros, entre los que se encontraban niños, embarazadas, ancianos y personas con capacidades reducidas, no pudieron descender de los aviones por casi tres horas, lo que puso en riesgo su salud y generó considerables demoras en el funcionamiento aeroportuario”, añade el comunicado.

Y señala que “los despidos alcanzaron a 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros, que incumplieron con los deberes y obligaciones de su trabajo de traslado, obligando a que pasajeros de 10 vuelos de las empresas Flybondi, Jetsmart y Latam sean ilegítimamente privados de su libertad y retenidos dentro de las aeronaves”.

“Fue gracias a la colaboración de la PSA que Intercargo logró asistir a los pasajeros, logrando que llegarán al aeropuerto transportados por la fuerza policial”, señalaron.

Y detallaron que “por instrucción del secretario de Transporte del Ministerio de Economía Franco Mogetta, la empresa denunció penalmente a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por privación ilegítima de la libertad de los pasajeros y descontará las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza”.

Concluye el documento indicando que “las asambleas, que constituyeron un paro encubierto, no sólo produjeron demoras en el descenso de pasajeros, sino también cancelaciones, derivaciones a Ezeiza y demoras en los vuelos y en la entrega de equipaje, generando graves perjuicios para miles de personas y afectando el normal funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery”.

Paralelamente a estos anuncios, comenzaron a verificarse movilizaciones de los trabajadores de Intercargo, afiliados a la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), tanto en Ezeiza como en Aeroparque, por lo que fuentes aeroportuarias anticiparon, que pueden registrarse complicaciones con los vuelos.

En Aeroparque se ha instalado un escuadrón antipiquetes, integrados por fuerzas de Infantería de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Gendarmería Nacional, de Prefectura y de Policía Federal, a los fines de evitar que se repita una situación como la del miércoles.

El Gobierno anunció este lunes la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes. En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con menos costos y burocracia.

La medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, se procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que -según el Gobierno- ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo.

El gobierno oficializó en el Boletín Oficial de este jueves la reglamentación de la reforma laboral, estableciendo los cambios que ya comenzaron a regir en materia de indemnizaciones, períodos de prueba y contratos de trabajo.

La normativa, que había sido aprobada por el Congreso en julio, incorpora varias modificaciones que impactarán tanto en trabajadores como en empleadores.

Uno de los principales cambios es la creación del nuevo Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo a las indemnizaciones tradicionales. Este fondo funcionará como un reemplazo para las indemnizaciones por despido, buscando reducir el impacto económico para las empresas. Asimismo, se detallaron las condiciones para acceder a esta nueva modalidad, que ahora será una opción válida frente a los métodos anteriores.

La reglamentación también amplía el período de prueba en los contratos laborales, permitiendo a las empresas evaluar a sus empleados por un plazo mayor antes de definir su contratación definitiva. Además, se incluyó la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para los contratos de obra, de servicios y de agencia, lo que limita la presunción automática de relación de dependencia.

En cuanto al blanqueo laboral, la reforma establece que las empresas que regularicen trabajadores no registrados no recibirán multas ni sanciones. Este esquema busca incentivar la formalización de empleados, permitiendo además que los trabajadores que sean regularizados puedan computar hasta 60 meses de aportes previsionales, incluso si no tienen esa antigüedad en la empresa.

Otra novedad es la definición de una indemnización especial para casos de despido por discriminación. Este tipo de despido, que anteriormente no contaba con una regulación específica, ahora tendrá una compensación adicional, lo que busca proteger a los trabajadores de posibles abusos por parte de sus empleadores. (DIB)

Mientras que para las pymes industriales la crisis todavía no tocó fondo, para las empresas con más personal parece que tampoco. La recesión que hundió al mercado interno y achicó el consumo golpea a todo tipo de compañías y por eso no sorprende que todas utilicen la misma estrategia para seguir adelante: suspensiones, adelanto de vacaciones o, en algunos casos, directamente los despidos.  

Según un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), las pymes del país prevén más suspensiones y despidos, con un recorte estimado de 300.000 puestos de empleo en 2024. Y la mayoría de los trabajadores afectados tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, que viene sintiendo semana tras semana el impacto de la crisis económica.

Un ejemplo de la crisis es lo que pasa en la fábrica de electrodomésticos a gas Eskabe, oriunda de Mar del Plata, que avanza con la suspensión de un tercio del personal. Se trata de 33 operarios que sufrirán esta medida en julio, agosto y septiembre. Si bien la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pidió que por lo menos se firme un compromiso de no despedir a nadie, la empresa por ahora se negó, por lo que la incertidumbre del personal es total.

En Bragado, también, se viven horas de angustia. Es que la empresa Fiasa (Fábrica de Implementos Agrícola) suspendió por tres meses a 33 operarios debido a un sobre stock en el sector molinos de la firma. También en este caso cobrarán el 85% de sus haberes pero si no repunta el mercado, las suspensiones se pueden ampliar o incluso convertir en cesantías.

En tanto, la sede central de Acindar Villa Constitución, en Santa Fe, paralizará sus operaciones, en principio, desde la semana próxima. La decisión de la compañía implica suspensiones de personal e impacta en otras plantas, como la que está en la localidad bonaerense de San Nicolás. Se estima que actualmente la producción está a un 25% de su capacidad.

En principio, el acuerdo con la UOM es que el valor diario de la prestación no remunerativa será equivalente a un 83% del salario básico neto para las suspensiones que se efectúen en junio y julio; de 80% si se realizan en agosto y de un 75% si se producen en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. (DIB)

El presidente Javier Milei ratificó este miércoles su feroz plan de ajuste de las cuentas públicas, y tras confirmar que vetará la modificación de las jubilaciones si sale aprobada en el Senado, anticipó que echarán a 50.000 empleados públicos más.

Lo hizo frente a empresarios en el Latam Economic Forum 2024, en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires, Milei se quejó de que los “pifiadores seriales” cuestionaron la calidad del recorte que lleva adelante su administración cuando, se vanaglorió, 90% corresponde a motosierra y solo 10% a licuadora.

“Mi frase más conocida es ‘afuera’. Y están haciendo campaña en todo el mundo con el ‘afuera’. Significó llevar los ministerios a la mitad. Eso fue reducir el Estado a la mitad. Vamos a terminar echando a 75.000 personas, llevamos 25.000″, sentenció, en plena disputa con el gremio ATE por la cantidad de trabajadores que quedaron expulsados de las filas públicas por decisión de esta administración.

Además, el Presidente festejó que “no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios, sino que eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias y eliminamos de cuajo la obra pública”. 

No es la primera vez que Milei amenaza con echar a trabajadores del Estado, e inclusive dando cifras que no se condicen con la realidad. De hecho, a fines de marzo, en el cierre de la primera jornada del Foro Económico de las Américas, dijo que habían echado a 50.000 empleados públicos y se iban a caer otras 70.000 contrataciones.

Sin embargo, días después desde la propia Rosada desmintieron esas cifras. Y a principios de abril el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que los contratos caídos ascendían a 15.000, muy lejos de los 50.000 que alardeó Milei. (DIB)

La planta de la empresa química en San Nicolás está impedida de operar por una cautelar de la Justicia desde el 20 de marzo. Ese día se registró la explosión de un tanque mezclador de atrazina. Venía empleando a unos 150 trabajadores.

Impedida de operar desde el 20 de marzo por una cautelar de la Justicia, la empresa Atanor suspenderá a partir de mañana martes y hasta mediados de agosto al personal de su planta de San Nicolás. La información que había sido anticipada por el diario El Norte de San Nicolás, fue confirmada hoy desde la seccional San Nicolás del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp), tras una asamblea que celebró este lunes.

Más temprano, directivos del área de Recursos Humanos de Atanor se habían reunido con la dirigencia del Sindicato para comunicarles la decisión y avanzar en el esquema salarial a instrumentar durante el período de suspensiones. En principio, los trabajadores pasarán a percibir el 75% del salario y las suspensiones se extenderán hasta el 11 de agosto.

De acuerdo con El Norte, entre personal propio y contratistas, Atanor venía empleando a unos 150 trabajadores en su planta de la zona sur de San Nicolás, donde la actividad productiva se había detenido el 20 de marzo, cuando la jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso el cese de actividades en el marco de una causa iniciada en 2015. Ese mismo día se registró la explosión de un tanque mezclador de atrazina.

A través de una medida cautelar de carácter provisorio, la jueza Díaz Bancalari dispuso el “cese inmediato de la actividad” en la planta productiva de Atanor. Es hasta tanto otros organismos competentes no determinen que “están dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”, según reproduce el diario El Norte.

En su fallo del 20 de marzo, Díaz Bancalari, titular del Juzgado Correccional Nº 3 de San Nicolás, resolvió “hacer lugar” a una medida cautelar solicitada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná, iniciadora de la causa. Y, en tal sentido, dispuso “el cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor y la prohibición total de salida de camiones con residuos y/o materiales de la planta”.

Atanor es una compañía química que comenzó sus operaciones en 1938 y actualmente cuenta con tres plantas industriales. Provee insumos para el agro, para la impresión de envases, para la industria gráfica, textil, farmacéutica, maderera y petrolera entre otras. Sin embargo, desde 2017 su actividad se centró en sus dos principales segmentos de negocio: los herbicidas, que representa el 91% de las ventas, y los productos químicos industriales, con el 9%, de acuerdo con la web especializada Bichos de Campo. (DIB) GML

El meteorólogo azuleño, Lucas Berengua, fue reincorporado al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras haber sido despedido el pasado 27 de marzo, con 21 años de trayectoria. Su caso cobró notoriedad pública, ya que fue aplaudido por sus compañeros con mucho afecto al dejar el organismo y el video de ese momento se viralizó a través de redes sociales.

Tras haber logrado esa visibilidad, Berengua, que también es presentador en medios de comunicación, logró gestiones a través del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para ser reincorporado. Este miércoles, en una entrevista a Radio Azul y luego por medio de un video que compartió en redes, el profesional del SMN contó la novedad.

El meteorólogo Lucas Berengua fue reincorporado al Servicio Meteorológico Nacional y lo contó en un video. pic.twitter.com/RNF95DMsAA

“Esto se trató de trámites y gestiones realizados a través de UPCN y el Ministerio de Defensa quienes primero se comunicaron conmigo para indicar que mi continuidad estaba en gestión, y luego del director del Servicio Meteorológico Nacional me informó este evento”, expresó. “Hoy ya me encuentro restablecido en mis puestos de trabajo y comenzando con mis tareas laborales habituales”, apuntó. Para cerrar, el meteorólogo agradeció las muestras de amor y solidaridad que le llegaron por redes sociales.

Tras haber sido echado del SMN, Berengua posteó el video de la despedida y escribió en su cuenta de Instagram: “Este miércoles 27 de marzo ha sucedido uno de los episodios más dolorosos de mi vida. Las formas, las maneras, las razones… nada se entiende. A partir de ese momento, solo se han sucedido cosas buenas: incansables, inmensurables e impensadas muestras de amor y respeto. Quiero agradecer a todos mis compañeros, amigos, familia, profesionales, organizaciones, instituciones y medios de comunicación de todo el país por acompañarme en este duro momento. Nunca mejor ejemplo de lo que tanto escuchamos: “el amor salva”. Solo queda volver a decir gracias a todos y cada uno de Ustedes. Más fuerte que nunca”.

El video recorrió redes sociales y canales de televisión, y Berengua dio varias entrevistas. La notoriedad de su caso, ejemplo claro de la coyuntura actual, permitió que el final de la historia fuera otro. (DIB) ACR

El Ente Nacional de Comunicaciones tiene delegaciones en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Se estableció “un período de transición” de 60 días para “atender y reasignar las tareas de control” ejecutadas por las delegaciones.

El gobierno nacional dispuso el cierre operativo de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “a partir del 1° de abril de 2024”. Fue a través de una resolución conocida este miércoles. En la misma, se establece “un período de transición” de 60 días para “atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales”. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay delegaciones en la Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata, consigna la página web del organismo.

De acuerdo con el artículo 3 de la disposición oficial, se resolvió disponer de “una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones”. Se instó a “difundir” mediante las vías de comunicación pertinentes, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos del ente en reemplazo de la atención presencial que se efectuaba en las sedes.

Ente autárquico y descentralizado

El Enacom, según describe la página oficial del organismo, es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Fue creado en diciembre de 2015 a través del Decreto 267. Allí se establece que su rol es el de regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.

El Enacom poseía Centros de Atención al Usuario de servicios de comunicación audiovisual, TIC y postales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones en todas las provincias. Según el organismo, estas delegaciones permiten elevar la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional y descentralizar las actividades de control, fiscalización y recepción de reclamos por problemas con el suministro normal de los servicios de comunicaciones.

Ola de despidos

En enero el Gobierno decidió la intervención del organismo y al frente del mismo fue designado el consultor Juan Martín Ozores, junto a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, director durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según publica Infobae, los despidos en las últimas horas habrían llegado a 300 empleados. Las desvinculaciones comenzaron a comienzos de marzo, con la salida de 50 empleados con contratos eventuales y titulares de las delegaciones del interior del organismo. “Los despidos van a rondar los 500 en pocas semanas más”, cita Infobae a una fuente. (DIB) GML

El presidente Javier Milei confirmó hoy que despedirá a 70 mil empleados estatales, una medida que podría aplicarse desde la semana próxima, cuando venza la vigencia de los contratos que fueron prorrogados a fin del año pasado.

“Echamos 50.000 empleados públicos. Se dieron de baja contratos. Ahora estamos eliminando más contratos. Se van a caer 70.000 contratos más. Eliminamos programas entregados de manera irregular sin descuidar la política social”, dijo Milei en el cierre de la jornada en el Foro Económico Internacional de las Américas.

Una fecha posible para saber cuántos contratos se discontinuarán o no es el 31 de este mes, el próximo domingo. Ese día, temen los gremios, podrían comenzar a llegar los telegramas a los empleados estatales.

La medida podía haberse tomado en diciembre del año pasado, pero la vigencia de los contratos se prorrogó por tres meses, a través del decreto 84/2023, que vence justamente a fin de este mes. En ese lapso, realizaron una auditoría del estado.

Por cómo lo enunció Milei, quedaron dudas sobre el total de despidos. No está claro si a los 50 mil empleados públicos que, según dijo, qua fueron cesanteados hay que sumar a los 70 mil contratados. O si el total de despidos es de 70 mil, a través de la no renovación de los contratos. Hasta ahora circulaba la versión gremial de que el cese abarcaría solo a entre 15 mil y 21 mil pero nadie había conformado 50 mil cortes de contratos previos.

Durante su alocución, Milei puso un fuerte énfasis en la reducción del gasto para sostener a mediano plazo el superávit fiscal de los primeros dos meses de su administración y afirmó que “tiene mucho de motosierra y mucho de licuadora” ese logro.

“Si lo queríamos hacer rápido, teníamos que hacer las dos cosas”, explicó el Presidente. Y enumeró medidas: “eliminamos la obra pública de cuajo, de lo que estoy orgulloso y algo a lo que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias”, dijo.

Durante su alocución, Milei se refirió también a la herencia que recibió de la gestión de Alberto Fernández. La calificó como “una situación desastrosa”.

En otro tramo de su exposición, aludió al supuesto enojo de los medios: “Están enojados por la llegada de Elon Musk”, dedujo.

Hizo además una mención al escenario inflacionario que afronta la Argentina, sostuvo que “estamos metiendo la tasa de inflación en un dígito” y que en la tercera semana de marzo se frenó la suba de precios.

“Pronto vamos a estar en reservas netas nulas cuando el Gobierno nos dejó en con 11 millones en rojo”, anticipó a continuación. Dijo que tanto él como los ministros y funcionarios que lo rodean estaban “preparados para recibir esta papa caliente”.

 “Si no tomábamos medidas rápidas, probablemente hubiésemos volado por los aires”, resaltó. El mandatario celebró luego, que el esfuerzo de los integrantes de su Gabinete haya permitido “alcanzar el superávit financiero en enero”.

Bajo el lema “Cooperación para un mundo sostenible”, el Foro, que reúne a influyentes economistas de distintas partes del mundo, se desarrolla entre hoy y mañana en Buenos Aires.

En el encuentro ya disertó Rodrigo Valdés, funcionario del FMI. El funcionario inauguró el foro junto a Lisa Raitt, vicepresidenta de la banca de inversión global del banco Imperial de Canadá (CIBC) y Javier Gimeno, CEO para América Latina de la francesa Saint-Gobain.

También estuvo Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group, empresario que pidió acompañamiento del congreso a los proyectos de  ley que envía el gobierno.  (DIB) AL