La Argentina ingresa al 2026 con un frente judicial externo tan pesado como sus compromisos financieros. Entre condenas firmes, apelaciones en marcha y reclamos que vuelven a activarse, el país enfrenta litigios en Estados Unidos, Reino Unido y ante el CIADI que, en conjunto, representan millones de dólares.

Mientras que varios de esos casos ya no tienen más instancias legales disponibles, otros atraviesan momentos clave y podrían escalar en los próximos meses.

El expediente más voluminoso sigue siendo el de la expropiación de YPF. Tras el fallo adverso en Nueva York, que fijó una condena por US$16.100 millones, el país apeló y el proceso entró en una fase compleja.

La jueza Loretta Preska dictó medidas para avanzar sobre activos y requerir comunicaciones oficiales, pero en las últimas horas dio un respiro parcial: accedió a un pedido de YPF y suspendió el “discovery de alter ego”, es decir, la investigación sobre bienes de la petrolera susceptibles de embargo.

“Ella había permitido dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar“, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors. Según el exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, la suspensión seguirá vigente “hasta que la Cámara resuelva la apelación de YPF”, un trámite que debería ser “expeditivo” porque involucra cuestiones ligadas a la inmunidad de empresas estatales bajo la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos.

Mientras tanto, los beneficiarios del fallo —Eton Park y Petersen, financiados por Burford— presionan para cobrar. Reclaman chats, mails y mensajes de funcionarios, acusaron al país de “maniobras dilatorias” y advirtieron que evalúan sanciones. Buscan demostrar que organismos como Aerolíneas Argentinas o el Banco Central son “alter egos” del Estado para intentar embargar sus bienes. Además, siguen vigentes apelaciones conexas: la entrega de acciones de YPF, la producción de mensajes, el planteo de la ONG RA4ARG y discusiones sobre la aplicación de ley argentina.

Más allá de YPF, el segundo gran capítulo es el de los cupones atados al PBI. En la versión en euros, la Justicia británica condenó a la Argentina y ya no quedan instancias legales. El país debe negociar un pago cercano a US$1800 millones, luego de que se ejecutara parte de la garantía depositada. En paralelo, por los cupones en dólares, Aurelius y otros demandantes preparan un nuevo reclamo en Estados Unidos, luego de que Preska desestimara el caso original por un tecnicismo pero habilitara una nueva presentación.

También persiste el frente de los holdouts del default de 2001. Attestor Master y otros fondos ya lograron embargar activos por unos US$300 millones y aún reclaman montos adicionales, sin más recursos disponibles para la Argentina. A su vez, Bainbridge Fund busca cobrar US$95 millones: tiene un fallo favorable para tomar posesión de acciones de YPF en manos del Estado y procura avanzar sobre el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Otro expediente sensible es el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El país apeló una sentencia que lo obliga a pagar alrededor de US$390 millones. Ese litigio convive con reclamos históricos vinculados al mismo proceso, incluidos los que pasaron por el CIADI y siguen abiertos en distintos tribunales.

Justamente el CIADI concentra “múltiples casos abiertos y cerrados” contra el país, con condenas recientes relevantes. El tribunal del Banco Mundial ordenó a la Argentina pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá, y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria. El Gobierno analiza alternativas y evalúa intentar la nulidad de esos laudos.

A ese panorama se suman viejas causas por deuda en default y disputas por concesiones, que elevan el total de litigios. Según cálculos privados citados en expedientes, entre casos apelables y ejecutables el stock supera ampliamente los US$30.000 millones, con juicios activos en Nueva York, Londres y organismos arbitrales.

El patrón general se repite: el país apela, gana tiempo y busca negociar, mientras los acreedores endurecen estrategias para forzar pagos o embargos. Cada instancia que se resuelva en 2026 puede tener impacto directo sobre reservas, activos estratégicos y la capacidad de financiamiento del Estado. (TN) 

Buenos Aires, 23 noviembre (NA)-- La deuda que contraen los clientes con bancos y entidades no bancarias -billeteras virtuales, tarjetas de consumo, cadenas de supermercados, entre otras- supera los $5 millones y aumentó 75% en un año.

Los datos se desprenden del informe sobre Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) semestralmente, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

En promedio, cada cliente adeuda $5,6 millones entre entidades financieras y el resto de las billeteras. Con datos actualizados a julio, el total de personas que contrajeron deudas se ubica en 6.200.000. 

Con respecto al año anterior, aumentó un 75% la cantidad adeudada por persona, pasando de $3.200.000 a más de $5.600.000 millones.

Del promedio por cliente bancario, los saldos pendientes son por $4,4 millones y a eso se le suma las deudas que contraen con las entidades no bancarias que asciende a $1,2 millones.

El informe del BCRA detalla que en Argentina, por fuera del sistema bancario tradicional, hay 542 empresas que dan créditos a personas. En total, otorgaron alrededor de $11 billones y creció 144% interanual en préstamos personales y 53% mediante tarjetas de crédito.

La morosidad entre las entidades bancarias y no bancarias también subió (8,6%) y se posiciona como el “valor que más duplica la tasa registrada en enero”, según detalló el organismo presididio por Santiago Bausili.

Tomando en cuenta únicamente las no bancarias, el atraso en los pagos tiene un mayor tiempo de demora hasta saldar la deuda: los préstamos personales hechos por fintech, entre otras crediticias no bancarias, tienen un nivel del 20%. 

Con respecto a las billeteras virtuales, la tasa de impago cae al 18% y se expande más en la compra de electrodomésticos, siendo del 27% según lo informado por el Central.

“El aumento de esta porción de la cartera sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia, independiente del captado por el indicador tradicional de irregularidad, y plantea el riesgo de un posible incremento futuro”, planteó el BCRA.

El otro problema se encuentra en las tasas de interés y los aumentos de las mismas. La Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales otorgados por crediticias no bancarias ascendió al 129%. En julio, la inflación contra el mismo mes del 2024 fue del 36,6%, mientras que el costo de mantenimiento de las tarjetas de crédito fue del 92%.vr2u3Q

Sin embargo, el Banco Central comenzó a distender las tasas y este jueves efectó la baja del 22% al 20% en la tasa de interés de referencia, la cual paga la autoridad monetaria cuando los bancos le piden dinero o le depositan el dinero excedente de la operación diaria.

El obejtivo es que los bancos tradicionales otorguen créditos a un menor costo, siendo más accesible para las personas, como a su vez implementar una política monetaria expansiva. #AgenciaNA 

A medida que los gastos se siguen disparando, la morosidad en las familias alcanzó un nuevo récor en septiembre último, según un reporte del Banco Central.

De esta forma, se produjo el 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la morosidad en los hogares creció desde el 6,6% al 7,3%, máximo desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en enero de 2010.

Las expectativas para noviembre-enero muestran un giro hacia el optimismo.

Como venía ocurriendo en meses anteriores, el incremento se concentró en dos líneas: préstamos personales (donde el porcentaje trepó desde el 8,2% al 9,1%) y tarjetas de crédito (con un alza desde el 6,7% al 7,4%). 

En el caso de los préstamos prendarios, hubo una leve suba, mientras que en los créditos hipotecarios se observó una estabilidad en apenas 0,9%.

Mientras tanto, para las empresas también hubo un aumento en la morosidad, pero bastante menor (desde el 1,4% al 1,7%). 

En este caso resaltó el alza en los créditos con garantía prendaria.vr2u3Q

Al agregar familias y empresas, la irregularidad avanzó desde el 3,7% al 4,2%. 

En este caso, para remontarse a un valor más elevado hay que ir a inicios de 2022.

La inflación persistente, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento familiar están delineando un escenario económico cada vez más restrictivo para los hogares argentinos, según se refleja en el último informe QMonitor, la herramienta de inteligencia de datos de QSocial. Así, de acuerdo con este relevamiento, seis de cada diez personas utilizan la tarjeta de crédito para cubrir gastos corrientes, y un 38% sólo logra pagar el monto mínimo.

El informe advierte que el 57% de los encuestados incrementó su nivel de endeudamiento en el último año, principalmente para sostener consumos esenciales. En paralelo, el 69% de los argentinos asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, y el 71% reconoce dificultades para pagar sus cuentas mensuales. En este contexto, los recortes de gastos se concentran en rubros sensibles: alimentos (32%), entretenimiento (22%) e indumentaria (14%).

“La situación económica es calificada de negativa por el 59% de los consultados, y un 57% considera que empeoró respecto a dos años atrás”, señala el estudio.

Mientras tanto, los aumentos en el rubro alimentos (57%) y servicios públicos (26%) encabezan las percepciones de inflación entre los consumidores.

El informe también registra que el 66% de los argentinos está preocupado por la cotización del dólar y su impacto directo sobre la economía personal, lo que se traduce en decisiones de consumo más cautelosas y en la postergación de gastos no esenciales.

Desde QSocial destacaron que el relevamiento de septiembre muestra “una economía tensionada por la inflación y la incertidumbre cambiaria, donde la tarjeta de crédito se consolida como un salvavidas financiero de corto plazo para gran parte de la población”.

Los trabajadores de SanCor, afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), resolvieron pedir la quiebra de la cooperativa, durante una Asamblea Extraordinaria.

La medida será formalizada en el juzgado de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, donde se tramita el Concurso Preventivo de la conocida compañía láctea, luego de que durante una Asamblea Extraordinaria se evaluara la grave situación económica y laboral que atraviesan.

Los empleados apuntan a reclamar la continuidad productiva, instando a las autoridades de Atilra a profundizar la búsqueda de soluciones e inversores que garanticen la preservación de los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo. La firma tiene una deuda histórica preconcursal, que incluye 1.860 créditos de origen laboral, reconocidos por un monto de 69 mil millones de pesos. A lo que se le suma la falta de pago de salarios de abril, mayo, junio, julio y agosto, y el aguinaldo del primer semestre de 2025.

(Fuente: Página 12)

La Secretaría de Seguridad continúa trabajando en la regularización de deudas vinculadas al sistema de Estacionamiento Medido en nuestra ciudad. Para evitar inconvenientes y mantener tu cuenta al día, te contamos los pasos clave y las preguntas frecuentes:

Si sos frentista, recordá que el registro de patentes debe renovarse cada seis meses. Si cambiaste de vehículo, informalo cuanto antes en la Secretaría de Seguridad para evitar inconvenientes.

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Ante cualquier consulta, la Secretaría de Seguridad está a disposición para ayudarte a regularizar tu situación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un recorte parcial y limitado en los sobrecargos que cobra a los países con altos nivel de endeudamiento con el organismo, como la Argentina.

A la medida se habían opuesto en el pasado Estados Unidos y otras naciones del G7, pero ahora cosechó apoyo porque uno de los beneficiarios es Ucrania, el frente de batalla de Occidente contra la Rusia de Vladimir Putin.

La reforma implicará un efecto positivo para la Argentina, que verá reducida la cuenta de intereses que le paga al Fondo por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

Argentina obtiene un ahorro de 3.200 millones de dólares y una reducción de casi 30% del pago de cargos y sobrecargos en el préstamo con el FMI

El FMI aprobó reducir el margen de la tasa básica de 100 puntos básicos a 60.

Además, reducir la tasa de sobrecargos basados en el tiempo de 100 puntos básicos a 75.

Y aumentar el umbral del nivel a partir del cual se cobran sobrecargos de 187,50% de la cuota a 300%.

“Este cambio de política, que será efectivo desde el 1 de noviembre próximo, significa un ahorro para Argentina de aproximadamente 3.200 millones de dólares, una reducción del 29,1% del pago de cargos y sobrecargos para la totalidad del préstamo actual”, indicó Economía.

Dijo que el ahorro “se sentirá especialmente durante los próximos 3 años fiscales donde la reducción será de aproximadamente 1.100 millones de dólares”.

Tras el pago de fuertes vencimientos por US$ 1.600 millones, las reservas netas del Banco Central volvieron a ser negativas, justo que se inició un trimestre con pocas perspectivas de compra de divisas por parte de la autoridad monetaria.

En ese sentido, hay economistas que empiezan a alertar sobre los desafíos que tendrá la Argentina para hacer frente a los fuertes vencimientos previstos para el 2025.

El economista de la UBA Guido Lapa advirtió que el país se podría encarminar a “una nueva crisis de deuda”.

“La Argentina cada vez está más endeudada y en el 2025 hay vencimientos muy importantes tanto en lo que tiene que ver con el Fondo Monetario e incluso con los acreedores privados”, señaló.

Dijo que el país “tiene que juntar muchísimos dólares, que no está claro de dónde los va a juntar porque si bien cayeron mucho las importaciones en el último tiempo, producto de la recesión y también producto de que muchos empresarios, aprovechando los manejos que se podían hacer con el gobierno anterior, se sobrestockearon y no tienen la necesidad de reponer tanta mercadería”.

“Cayeron muchas importaciones, en las exportaciones, no tenemos el problema de la sequía que tuvimos el año pasado, pero esa balanza comercial superavitaria, es decir esos dólares que le quedan a la Argentina producto de exportar más de lo que importa, no alcanzan”, explicó en declaraciones radiales.

Además, Lapa alertó que “si el consumo no se recupera, es difícil pensar cuál va a ser el motor que traiga la recuperación económica”.

“La política económica del gobierno desalienta la recuperación, porque la producción del PBI en la Argentina se compone 70% a partir de lo que es el consumo, que de todos los factores es el que peor está, porque la política del gobierno ha llevado a una caída estrepitosa de los salarios reales”, señaló.

Lapa dijo que “si caen las jubilaciones, si caen los salarios, si se recortan los programas sociales más sensibles, lo que se va a ver es una caída del consumo”.

Y explicó que “la caída del consumo nos trajo la recesión y la recesión nos trajo la pérdida de los puestos de trabajo y los despidos. Estamos en una Argentina que no tiene luz al final del túnel o por lo menos todavía no la vemos, porque si el consumo no se recupera si los ingresos, y sobre todo si los ingresos populares no se recuperan, es difícil pensar cuál va a ser el motor que lleva a la Argentina a la recuperación económica”.

Para este especialista, “la política económica que se llevó adelante desde el 10 de diciembre no hizo más que empeorar un montón de problemas, que ya existían en ese momento, como la caída de los salarios, que viene desde el 2018”.

“La caída de los salarios viene siendo muy violenta, ya desde los últimos dos años de Macri, que fueron muy malos a partir de que empieza la crisis y va al FMI, y todo lo que fue el gobierno del Frente de Todos no logró una recuperación del salario”, indicó.

Dijo que “todavía estamos por debajo de la recuperación de los salarios en las paritarias. Lo cierto es que siempre la peor parte se llevan quienes tienen menos recursos a la hora de negociar un aumento salarial, porque es mucho más fácil y mucho más económico echar a alguien que no está registrado que echar a alguien que sí lo está. Todos los trabajadores perdieron”. (NA)

El Gobierno oficializó el régimen de pagos para saldar la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las empresas generadoras de energía, a través de la Resolución 58/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa establece “un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM con el objeto de restablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, ante el déficit de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la emergencia declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023″.

El Ejecutivo consideró que “en el marco de la emergencia energética, económica, financiera y tarifaria declarada, y ante el déficit sostenido y permanente del Fondo de Estabilización, resulta necesario generar un instrumento regulatorio que promueva, en forma simultánea, la normalización de las transacciones del MEM y el ordenamiento de su flujo de fondos mediante su cancelación; y la reducción del déficit fiscal”.

Asimismo, sostuvo que el régimen “no ocasiona una lesión al derecho de propiedad de los agentes acreedores, por tratarse de un diferimiento de pago que no altera de manera definitiva sus derechos, por cuanto resulta transitorio, excepcional y limitado en el tiempo”.

La Secretaría de Energía instruyó a Cammesa a elaborar y determinar con cada uno de los Acreedores del MEM los importes correspondientes a cada uno de ellos correspondientes a las Transacciones Económicas de los meses de diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024, con vencimiento en los meses de febrero, marzo y abril de 2024 respectivamente.

El plazo original para realizar dicho relevamiento fue fijado en dos días hábiles desde la publicación del documento oficial. Sin embargo, se extendió a “cinco días hábiles”, mediante la Resolución 66/2024, que también fue publicada este miércoles.

El texto oficial dispuso que una vez determinados los importes, las liquidaciones serán canceladas del siguiente modo:

Al respecto, el Gobierno precisó que el cálculo de los montos nominales a entregar de cada bono se realizará al tipo de cambio de referencia (Com. A3500) a la cotización vigente al cierre del día de la fecha de la aceptación formal por parte de los Agentes Acreedores del MEM.

El Gobierno también instruyó a Cammesa a “elaborar y determinar con cada uno de los Deudores del MEM, en un plazo de 5 días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, los importes correspondientes a cada uno de ellos correspondientes a las facturas por la venta de energía eléctrica, con vencimiento en los meses de febrero, marzo y abril de 2024 respectivamente”.

Una vez determinados los importes mediante la suscripción de los acuerdos individuales respectivos, las facturas serán canceladas sujetas a los siguientes principios: