Legisladores peronistas,  provinciales y algunos radicales y del PRO  reunieron   una amplia mayoría   en el Senado para reformar la ley de regulación de los DNUs, lo cual permitirá que el Congreso pueda derogar esa norma con el voto de una sola de las cámaras del Parlamento Nacional.

El proyecto que ahora será girado a Diputados fue respaldado   por 56 diputados a favor, 8 en contra y dos abstenciones de los senadores misioneros del Frente de la Concordia Social.

Los legisladores del radicalismo de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, de Chaco Víctor Zimermann, de Santa Fé Carolina Losada,  estuvieron ausentes en la votación.

Se trata de los senadores de provincias que tienen acuerdos electorales con la Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Tampoco estuvo presente el legislador del PRO de Córdoba Luis Juez.

Los senadores que votaron en contra son los seis de la LLA el veto fueron   Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagoto, Ivana Arrascaeta, Bruno Lucero y Vilma Bedia, Francisco Paoltroni (Trabajo, Libertad y Progreso) y del PRO, Carmen Alvarez Rivero.

La iniciativa fue respaldada por 33 legisladores del peronismo, 9 de la UCR, 5 del PRO, 2 de Unidad Federal, 2 de Por Santa Cruz, , 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino,  de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, le ordenó hoy al Gobierno Nacional suspender por seis meses la aplicación del DNU que habilita cortes de provisión de agua potable y desagües cloacales por falta de pago en domicilios residenciales, al hacer lugar a una medida cautelar de una asociación de consumidores.

La magistrada ordenó al Estado Nacional suspender la aplicación del inciso p del artículo 3 del DNU 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto “para  todos los inmuebles en el que se prevé aplicar el corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales” durante seis meses como medida cautelar mientras tramite el fondo de la demanda, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Forns puso énfasis en la situación que se puede presentar si se corta el agua por falta de pago a poblaciones vulnerables que ameritan “especial protección” como adultos mayores, niños y niñas menores de 18 años y personas con discapacidad.

En estos casos, si ya hubo algún corte, dispuso que se restablezca el servicio de forma “inmediata” cuando “se acredite que en el inmueble en que se la cortó lo habite un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad”.

La jueza enfatizó que hay “improcedencia” en el corte de suministro de agua potable “cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que, por sus condiciones particulares, ameriten una especial tutela jurídica al encontrarse en imposibilidad real de pago”.

“Además, tal criterio armoniza con los principios constitucionales (la protección del agua como elemento del ambiente es indudable y encuadra en el mandato del artículo 41 de la Constitución , los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de la Nacional) dignidad humana, evitando que el ejercicio de facultades sancionatorias derive en un acto irrazonable o desproporcionado”, advirtió en la resolución.

Forns hizo lugar a un planteo de la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria.

“La normativa cuestionada incide de máxime manera directa sobre el interés colectivo de los usuarios más vulnerables del tales como niños, sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales, personas adultas mayores y personas con discapacidad, cuya especial protección se encuentra reconocida tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los estándares internacionales de derechos humanos”, agregó la jueza.

Las demandantes buscan que en la futura sentencia de fondo del asunto “se deje sin efecto jurídico alguno, declarando la nulidad absoluta e insanable e inconstitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia cuyas disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios alcanzados por la norma cuestionada que es abiertamente inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y de convenciones y pactos a los que la Nación adhirió”.

La norma, sostiene la demanda, introdujo una “modificación sustancial al régimen previamente vigente establecido por la Ley N° 26.221”.

Dicha modificación consiste en la incorporación al Marco Regulatorio de la posibilidad de interrumpir, por falta de pago, la prestación de los servicios de provisión de agua potable y de desagües cloacales a los usuarios residenciales cuando hasta ahora el corte y, por ese motivo, se militaba a usuarios no residenciales y excluía los servicios de desagües cloacales.

Agencia Noticias Argentinas.

El plan del Gobierno de reestructurar el INTA le pega de lleno a la experimental, que perdería personal y presupuesto y ya no podría desarrollar ciertas tareas e investigaciones vitales que le dieron prestigio a nivel nacional e internacional. La situación también desnuda el escaso aporte que realiza la Provincia para su funcionamiento

Por Juan Berretta

Si bien los chisporroteos entre los integrantes técnicos (también tiene puestos políticos) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Gobierno comenzaron una vez consumada la victoria de Javier Milei en las urnas, recién hace un par de semanas la respuesta de Ariel Pereda, Director Nacional del INTA, a los dichos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien entre otras cosas dijo que el organismo tenía una planta de personal sobredimensionado y sugirió que “funcionaría como una Unidad Básica”, dejaron a cielo abierto la situación.

Pereda respondió directamente que el ministro había mentido. Esa discusión también hizo que trascendiera el proyecto de reestructuración que tiene en carpeta el Gobierno, y que ya estaría plasmado en un Decreto de Necesidad y Urgencia que espera la firma presidencial. El plan oficial, según denuncian los que lo ven como una amenaza al funcionamiento del instituto, incluye reducción de presupuesto, de personal y pérdida de presencia en el territorio, esto último, la gran fortaleza de la entidad.

La actitud de Pereda de salir al cruce del ministro, más la circulación más intensa de los rumores de que en breve se firmará el DNU y llegarán los despidos -vale la aclaración: en el último año y medio ya hubo reducción de personal por retiros voluntarios, o más bien, retiros inducidos-, hizo que muchos integrantes y dependencias del INTA salieran a denunciar lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento prefirieron el silencio ante la posibilidad de ser sancionados o generar situaciones de conflicto.

La Chacra

En ese marco es que desde la Chacra Experimental Integrada Barrow decidieron darle visibilidad a la delicada actualidad que atraviesa. “Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante recientes declaraciones públicas por parte de funcionarios y autoridades nacionales ante el cuestionamiento sobre el accionar y desarrollo institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por el ajuste presupuestario que padece la entidad”, comienza el comunicado elaborado el viernes tras la reunión del Consejo Local Asesor de la Chacra, conformado por instituciones y entidades del sector de la zona en la que la experimental tiene injerencia.

“Desde este lugar reafirmamos nuestra convicción acerca del trabajo, compromiso y profesionalismo puesto de manifiesto por parte de cada uno/a de los trabajadores /as del organismo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional”, agrega.

“Queremos expresar, también, nuestro absoluto respaldo a toda la planta de trabajadores de la Institución y abogamos por la conservación de cada uno de los puestos de trabajo de personas con muchos años de servicio, con formación y capacitación permanente para desarrollar su labor”, continúa el comunicado.

Y plantea: “Entendemos que el financiamiento del INTA no debe ser analizado como un gasto sino como una inversión, puesta al servicio de la comunidad agropecuaria”.

“Asimismo, creemos sumamente necesario y relevante que se mantenga la autarquía, sinónimo y garantía de neutralidad; la gobernanza federal actual y la territorialidad concreta y real que han distinguido al INTA, a través de su red de Estacionales Experimentales, Centros de Investigación y Agencias de Extensión Rural que vinculan directamente a la ciencia y a la producción en los territorios”, completa.

En el cierre, en tanto, levanta bien alto la bandera del INTA: “Es momento de apoyar y proteger a una Institución, que desde hace 70 años, es un emblema en la estructura agropecuaria nacional”. 

PNP y becarios

Además, por canales alternativos (estados de WhatsApp, mensajes privados y publicaciones en redes), los integrantes de la Chacra están describiendo qué es lo que está ocurriendo tranqueras adentro. En un mensaje titulado “Qué pasa en el INTA Chacra de Barrow”, detallan que “en los últimos años se redujo 50% la planta y que hoy hay una amenaza de una reducción de al menos el 25% del personal, con lo cual peligra el funcionamiento de la Experimental”.

En este sentido, se explica que de llevarse a cabo esa reducción: “Se vería afectado el servicio que generamos desde hace 100 años de información agrometeorológica con datos oficiales al servicio del sector y de la comunidad. Estaría en riesgo el único Laboratorio del país que analiza la calidad de trigo candeal para pastas. Se perdería la certificación de calidad de las harinas que se hace para los molinos, por ende perjudica la producción de alimentos panificados de molinos de Tres Arroyos y de la región”.

Uno de los puntos que incluye el DNU tan temido es la reducción de personal de planta no permanente (PNP) y de becarios, dos categorías muy sensibles en el caso de la Chacra de Barrow. Por ejemplo, el Jefe de Laboratorio de Calidad Industrial de Granos y el ingeniero agrónomo responsable de la agencia San Cayetano del INTA, que depende de Barrow, son PNP. Mientras que quien está a cargo de la estación agrometeorológica, es un becario.

Asimismo, se advierte que “las empresas privadas que generan variedades comerciales de trigo pan y trigo candeal serían perjudicadas por la falta de análisis necesarios para registrarlas comercialmente”.

¿Y la Provincia?

La denominación de Chacra Experimental Integrada Barrow se debe a que es una institución en la que, vía un convenio que se firmó por primera vez en 1962 y que ha dado muy buen resultado, conviven la Nación, representada por el INTA, y la Provincia, con el Ministerio de Desarrollo Agrario.

El Estado bonaerense es el dueño de las tierras, pero hace un aporte poco significativo desde lo presupuestario para el funcionamiento de la experimental: paga la luz, el teléfono fijo y el sueldo de los técnicos que pertenecen a la Provincia. A eso hay que agregarle algunos subsidios entregados en para proyectos puntuales. Pero el INTA es el que cuenta con más personal y que pone la porción más grande del presupuesto. La cooperadora es la tercera pata que sostiene a la Chacra, sumando personal y también recursos.

Un antiguo director de la Chacra contó hace algunos años en una nota con La Voz del Pueblo que presupuestariamente la experimental estuvo “bien” solamente en una etapa del gobierno de Néstor Kirchner, allá por mediados de los 2000. Después, siempre se tuvo que manejar con lo justo. Esto tiene que ver con lo contado un párrafo arriba: el INTA (Nación) es el que más dinero pone, entonces si reduce su aporte, se resiente el funcionamiento.

La situación se empezó a complicar a niveles preocupantes durante la presidencia de Mauricio Macri; siguió en retroceso durante la gestión de Alberto Fernández y la llegada de Javier Milei profundizó la crisis.

No sólo desde la cuestión presupuestaria, sino también a partir del cierre de programas y proyectos de mucho valor para los productores, pero también para la comunidad.

ProHuerta y Cambio Rural

En abril de 2024, el Gobierno se dio de baja el programa ProHuerta, una iniciativa que tenía 34 años de trayectoria y que impulsaba y posibilitaba la realización de huertas domiciliarias, y que contaba con mucha aceptación en Tres Arroyos y la región. La entrega de semillas y capacitaciones durante el año era lo que ofrecía en forma gratuita el proyecto.

El  muy valorado Cambio Rural fue otro programa dado de baja tras también más de tres décadas de existencia. En la Chacra de Barrow fue una iniciativa muy apreciada por los productores. Durante su implementación capacitó y brindó asesoramiento en agroecología, turismo rural y apicultura. Cada grupo tenía en promedio unos 10 productores y contaba con un asesor técnico.

Volviendo a la cuestión presupuestaria, desde hace ya un par de años que corren riesgo, por ejemplo, los ensayos de larga duración de rotaciones de cultivos, una experiencia que se lleva a cabo en Barrow desde hace más de 40 años. Por ahora, ese trabajo no se discontinuó, pero sí se está realizando “de manera más económica”, lo que implica una menor recolección de datos.

A eso hay que sumarle que también por falta de plata se debieron dejar de realizar ensayos en campos de productores, que replicaban los que se hacían en la Chacra y generaban más información.

Con la decisión del Gobierno de realizar una reestructuración profunda del INTA todas estas cuestiones salieron a la luz, y generaron también la intención del uso político de la situación. El gobernador Axel Kicillof, por ejemplo, denuncia que se quiere desguazar el organismo. En el caso puntual de la Chacra, se le podría pedir que la Provincia engorde la partida presupuestaria para que el funcionamiento se resienta lo menos posible ya que considera de vital importancia el trabajo que se realiza en las experimentales.

Para mañana, a las 11 horas, se organizó una conferencia de prensa en Barrow de la que participarán la directora de la Chacra, los intendentes de Tres Arroyos, San Cayetano, Gonzales Chaves y Dorrego, y representantes de entidades e instituciones relacionadas al agro. Se busca darle visibilidad a la situación, se explicará cómo impactará en la Chacra la planeada reestructuración del INTA y también la función y la misión que cumple la experimental en la región.

Ojalá que no sea tarde.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el DNU del Gobierno que habilita a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. La iniciativa fue aprobada por 129 votos a favor, 106 en contra y 6 abstenciones.

La   Cámara de Diputados   aprobó esta tarde con   129 votos   el   DNU   sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI , contra   108 votos negativos y seis abstenciones.

La iniciativa fue apoyada por   La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo y la mitad de   Encuentro Federal.

Después de que se detectaran irregularidades en contrataciones de Nación Seguros que involucran al ex presidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa -esposo de su ex secretaria María Cantero– el Gobierno derogó el DNU 823/21 que abría una vía legal para que pudieran concretarse ventas de pólizas a organismos estatales con sobreprecio.

La eliminación del DNU se realizó este miércoles a través de la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial, en la que se retiraron todas las modificaciones anteriormente realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Los nuevos cambios fueron impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue designado junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable de recibir e inspeccionar las documentaciones relacionadas a las contrataciones de seguros.

El artículo 1 del decreto publicado hoy establece: “Deróganse los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21”. Así, quedará eliminada la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno revisarán los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.

La Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en donde el Estado posea una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias tendrán un plazo de 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado la documentación requerida.

Para evitar contrataciones que pudieran ser beneficiosas para un tercero a futuro, el decreto estableció que se considerará que hubo una “ventaja, beneficio o preferencia” por parte de las organizaciones vinculadas al Estado si se detectaran criterios de selección favorables para una entidad en particular. Lo mismo ocurrirá con aquellos acuerdos que pudieran cerrarse de manera directa entre las partes, los cuales deberán ser sometido a un proceso de selección mediante licitación o concurso de tipo público o privado.

Asimismo, el decreto indica que “No se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional“, subrayaron.

Por otro lado, se fijó un plazo para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas vigentes fruto de la normativa del DNU impulsado por el ex mandatario pudieran concretar las bajas de los mismos.

Todas las entidades señaladas tendrán un año para poder finalizar los acuerdos. En simultáneo, instaron a que convoquen nuevos procesos de selección que garanticen la competencia y la transparencia respecto de las postulaciones para brindar bienes y/o servicios.

En este contexto, se dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que pudieran surgir a partir de haber entrado en vigencia el decreto 747/2024.

Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei, Francos y Sturzenegger anuló además otros tres decretos promovidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de las normativas N° 1187/12, 1189/12 y 1191/12 que, tal como indica su nominación, fueron promulgadas en 2012. También la derogación del Decreto 1187/12 implicó la eliminación de la responsabilidad que tenía el Estado de pagar los sueldos de los empleados y contratados estatales por medio del uso de la Caja de Ahorro Común que se abrió en el Banco Nación. (NA)

El Gobierno derogará el Decreto de Necesidad y Urgencia que obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros, norma que permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el ex presidente Alberto Fernández y también con otros políticos de su gobierno, según publicó hoy el matutino Clarín.

De acuerdo a la publicación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación de ese polémico decreto, que sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre el ex presidente Alberto Fernández por maniobras con esas pólizas del Estado a favor de sus amigos, sobre todo el broker Héctor Martínez Sosa.

La cuestión se analizó cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete y el 11 de abril finalmente se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de “brokers” con los seguros de los organismos públicos, pero no se derogó el decreto.

El argumento oficial en ese momento era que una anulación de aquella reglamentación podría perjudicar los convenios en curso y que no “era necesario” para evitar eventuales irregularidades.

Además de la derogación del DNU 823/21 que generó ese esquema de corrupción con los seguros, Sturzennegger incluyó otras derogaciones de decretos que favorecen a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional, como la obligación de que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.

También se derogará el Decreto 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado Nacional compre para todos sus automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos, combustible de la petrolera YPF.

El otro Decreto que dejará de tener vigencia con la nueva norma que piensa dictar Javier Milei es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones nacionales compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.

Según los funcionarios al tanto del proyecto de DNU, todas esas contrataciones de seguros, pago de haberes, y compra de pasajes y de combustibles deberán hacerse a partir de ahora a partir de licitaciones públicas en las que podrá competir cualquier oferente. (NA)

El presidente Javier Milei planteó que el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, “abre dudas” sobre la firma del Pacto de Mayo previsto para el 25 del mismo mes en la provincia de Córdoba. 

Para el mandatario, la votación en la Cámara de Senadores “deja en evidencia que hay gente más preocupada en mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante”.

“El DNU sigue vigente”, remarcó al tiempo que planteó que su rechazo como la potencial caída de la Ley Ómnibus “abre dudas” sobre el acuerdo entre la Nación y los gobernadores popularizado como Pacto de Mayo. 

“Cuando plantee el discurso de la Asamblea Legislativa, básicamente dije que si quieren confrontar habrá confrontación. Hay algunos que han decidido el camino de la confrontación. Estaba dentro de los resultados esperables”, sostuvo en declaraciones radiales. 

Asimismo, el jefe de Estado reveló que la nueva versión de la Ley Bases continúa en su diseño, y no se presentará en el Congreso hasta que no esté lista.“Cualquier punto debe estar convalidado por el Ministerio de Economía bajo la premisa del déficit cero”, insistió.

Por otro lado, desmintió tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, al remarcar que “el cañonazo”, en referencia al comunicado emitido por la Oficia del Presidente fue direccionada contra “la casta, no a Victoria”. “Pero hay medios interesados en dañar al Gobierno”, insisitó

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue rechazado hoy por el Senado de la Nación por 42 votos negativos a 25 afirmativos. Este resultado vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la Nación, luego de la reunión que se realizó hace poco menos de una semana entre los gobernadores y referentes del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada. 

De esta manera, el decretazo que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado, llegará a la Cámara de Diputados en los próximos días para su tratamiento. Si bien el resultado fue negativo en la Cámara alta, el DNU continuará en vigencia -a pesar de las trabas jurídicas que ya cuenta en diversas temáticas- hasta que no sea rechazado también por la Cámara baja. De concretarse, recién ahí quedaría sin efecto. 

Su tratamiento fue motorizado por voluntad de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, que lo incluyó en el temario oficial el martes pasado a sabiendas de que el rechazo era su destino final en el hemiciclo senatorial. La vice venía de resistir varios pedidos para tratar el mega-decreto en el recinto. Dos por parte del kirchnerismo y uno firmado por bloques federales, entre ellos, un radical. 

Ayer, en la reunión de labor parlamentaria, Villarruel intentó persuadir a los líderes de los bloques opositores para prorrogar la discusión del DNU. La decisión de Villarruel de incluirlo en el temario generó un fuerte repudio en redes sociales por parte de la militancia mileísta y hasta el propio mandatario deslizó algunas directrices -negativas- al respecto. 

De hecho, el nuevo aliado de Milei en el Congreso, José Luis Espert, puso en duda el objetivo de Villarruel con respecto a habilitar el debate: “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa”. Otro de los que sumó fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que realizó declaraciones en esa línea: “Podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto”. 

A pocos minutos de haber iniciado el encuentro en el despacho de Villarruel del miércoles, las cuentas oficiales de la oficina presidencial publicaron un duro comunicado contra los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados y el Senado, por intentar “imponer” una agenda por afuera del Pacto de Mayo y los nuevos lineamientos de la ley de Bases. La acción fue leída como método de exposición de Milei a la vice. 

No la primera vez que la fórmula prsidencial se saca chispas a solo tres meses de haber asumido. La última también fue a comienzo de esta semana. El lunes, Villarruel se plegó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y retrotrajo el aumento del 30% en las dietas de los senadores, en medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y que terminó con el ministro de Trabajo, Omar Yasin, fuera del Gobierno.

De esta manera, Villarruel despejó la duda que merodeó durante todo el fin de semana sobre qué haría con respecto al incremento en los salarios de los legisladores. Desde su entorno especificaron que fue por un pedido expreso de Milei, que durante el fin de semana motorizó el despido de Yasin. Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Villarruel, la abogada aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques. 

Antes del inicio del debate, el senador oficialista Ezequiel Atauche propuso una moción para que se postergue la discusión del DNU por tres semanas, pero resultó negativa con 31 votos a favor y 40 en contra. Entre los senadores que votaron contra el rechazo del pedido de Atauche resaltó la figura del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. Se plegó también la correligionaria chubutense Edith Terenzi. 

El recinto fue ámbito de debates antagónicos, casi idéntico a lo ocurrido en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la ley de Bases. La Libertad Avanza dio el puntapié inicial con el senador Juan Carlos Pagotto. El riojano dio un tibio discurso de defensa del DNU en el que enfatizó en los lugares.  Para Paggoto, el “DNU lo conocen todos y lo han estudiado todos de memoria”. 

Apuntó contra el kirchnerismo por tener “memoria selectiva” por los más de 100 decretos que todavía están sin tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Según indicó Pagotto, la gestión anterior “emitió decretos que nunca se han tratado” y agregó: “Muchas veces, ni la bicameral se conformaba. Y afectan derechos de argentinos que hoy tienen vigencia”.

La defensa del DNU tomó mayor volumen con la exposición del cordobés Luis Juez que, a pesar de marcar sus diferencias con Milei, realizó un férreo mea culpa sobre argumento sobre el fracaso de la dirigencia política. A su criterio, eso motorizó el desembarco del libertario a la Casa Rosada y apuntó contra el kirchnerismo. “Ahora nos agarró un apego al republicanismo. Somos gendarmes de la Constitución”, lanzó Juez, líder del PRO en el Senado.

La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a exhibir sus fragilidad interna a través de las posturas que vertieron en el hemiciclo. Lousteau realizó un pirotécnico discurso contra el DNU de Milei, y el jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, que votó a favor. El centenario partido replicó el mismo accionar que en Diputados, durante la votación en particular de la ley de Bases. 

(NA)  

Noticia en desarrollo…

El tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en el Senado podría postergarse a raíz de la muerte de la esposa del presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

La vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, convocó para el jueves a una sesión especial para discutir, entre otros temas, el mega-decreto que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado.

Fue luego de esquivar durante varias semanas los pedidos del bloque de Unión por la Patria, que conduce José Mayans, y de otros bloques federales, incluido un radical, para que el DNU desembarque en el hemiciclo senatorial.

Sin embargo, esta discusión podría quedar en suspenso por la delicada situación de Abdala. Además, de continuar con la agenda prevista, la vice tendría un voto menos ante un ya escenario desparejo para La Libertad Avanza.

Para las 18 estaba previsto que se concretara una reunión de labor parlamentaria para delinear la hoja de ruta de la sesión de mañana. El tema de Abdala será central para decidir, con el resto de los bloques, si se excluye el DNU de la discusión de mañana.

Además del decretazo de Milei, el documento de Villarruel incluye el debate de otros proyectos que quedaron del 2023. Entre ellos, se encuentran el acuerdo con Turquía y China para evitar la doble imposición tributaria sobre la renta y prevención de la evasión y la elusión fiscal.

También la autorización para que Milei pueda ausentarse del país durante el 2024 y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este último consiguió dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró personalmente para dar impulso a la iniciativa y habló con senadores que tenían dudas sobre el proyecto.

La iniciativa, aprobada por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).  (NA)

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei, se reunirá este jueves para definir el esquema de trabajo para analizar la norma y la posible convocatoria a funcionarios del Gobierno nacional.

La audiencia de la Bicameral, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, está convocada para las 14 en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, en el Palacio Legislativo.

Entre los temas a tratar, figura el DNU 70/2023 emitido por el jefe del Estado, que incluye la derogación de la ley de alquileres, una profunda reforma laboral y anulación o reformas a otra decena de normas.

Los senadores Víctor Zimmerman (UCR) y Carlos Espínola (Unión Federal) y el diputado Francisco Monti (UCR) solicitaron que se cite a funcionarios del Ejecutivo para que den detalles de la norma, algo que se definiría en la reunión. (Telam)

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar el DNU de desregulación económica, fue convocada para el próximo jueves a las 12 para elegir sus autoridades, informaron fuentes parlamentarias.Voceros parlamentarios señalaron que la intención del oficialismo es elegir como presidente al senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, hizo lugar a una cautelar y restituyó la vigencia de la ley 26.737, que fija la restricción de venta de tierras a extranjeros, y que había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei.

Kreplak hizo lugar a una presentación del centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había reclamado dejar sin efecto el artículo del DNU 70/2023 que haba derogado la Ley 26.737 del Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

Con esta resolución, queda suspendida la derogación de la ley al menos hasta que resuelva la Cámara o bien haya una decisión de fondo sobre el mega DNU. En el capítulo que desregulaba la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros, permitía hacerlo aun cuando se tratara de terrenos cercanos a los límites fronterizos.

La Ley de Tierras en la Argentina, sancionada en 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández, regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros. Sin embargo, cuando asumió Mauricio Macri firmó un decreto para modificarla.

La normativa se centra en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones. Además establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.

En este marco, estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias.

Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros: es decir, que partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.

Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%).

No obstante, el decreto presidencial firmado por Macri, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. (DIB)

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) apoyó el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno y pidió que se implementen algunos de los cambios presentados a los bloques parlamentarios en la Cámara Baja. En especial lo referido al biodiésel.

Según la entidad, estas modificaciones incentivarían la libre competencia, generarían más puestos de trabajo y produciría un ahorro importante de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la vereda opuesta, las provincias y la UCR manifestaron su rechazo a los cambios que el Gobierno busca introducir en materia de biocombustibles.

La entidad nuclea a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiesel del país -en este contexto de debate parlamentario- apuestan a poder participar en el mercado interno, que por el momento está en manos de las pymes del sector.

En primer lugar, Carbio consideró como prioritario llevar el aumento del corte obligatorio de Biodiesel en gasoil del 15%, en lugar del 12.5% que propone el proyecto.

En paralelo, remarcaron que apoyarán las modificaciones a la actual ley que permitan participar del corte obligatorio a todos los actores de la cadena.

La entidad también alertó sobre “prácticas que distorsionan los precios al limitar la competencia entre las empresas productoras de biodiesel e implican mantener marcos intervencionistas que se buscan erradicar con esta nueva ley”.

Para los exportadores, el Gobierno apuntará a buscar una fórmula que permita cierto grado de intervención. En este sentido, consideraron que el mercado intervenido no deberá superar el 5%, “porque el abastecimiento de empresas no integradas está por debajo de ese porcentaje”.

Y agregaron: ” Insistimos en incluir una cláusula que especifique que a partir de cortes mayores a ese 5% para el segmento de empresas no integradas, el mercado debería funcionar con licitaciones libres y sin condicionante alguno, de modo de favorecer la transparencia y evitar mayores distorsiones en el mercado”.

Infocampo

La justicia nacional de primera instancia del Trabajo declaró este miércoles la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU 70/23) de desregulación económica que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue adoptada por la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández, que hizo “parcialmente lugar a la acción de amparo” de la Confederación General del Trabajo (CGT), que este miércoles realizó un paro nacional con movilización contra la medida.

La magistrada resolvió “declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97” del DNU 70/2023, aunque aclaró que “gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.

La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, afectan “de modo directo” los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores,.

“El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”, resumió la jueza en su resolución de 10 páginas.

“Tal como lo he sostenido en ocasión de analizar la constitucionalidad de normas anteriores (entre otras, los DNU 699/2019 y 761/2020, en los que me pronuncié por su invalidez), una objeción determinante estaría dada por la circunstancia de que el Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra funcionando”, explicó.

“Es más, no sólo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder Ejecutivo quien incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU 70/2023 (ver el ya mencionado artículo 654 del Proyecto de Ley de ‘Bases…’). Si bien este argumento es suficiente para invalidar las normas mencionadas, tampoco puede pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada”, continuó la jueza.

Tampoco “puede presumirse (la supuesta necesidad y urgencia) a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen (por todos conocidas) y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV”, se explayó.

“He de reiterar, para ser precisa sobre los fundamentos de esta decisión, que no analizo aquí la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma (aspecto en principio ajeno al control judicial), las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción y, menos todavía, mis propias preferencias, juicios de valor o criterios individuales en relación con todas las normas involucradas”, explicó la jueza.

“Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido”, concluyó. (DIB)

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“Estamos convocando a todos los sectores que estén en contra del DNU y la Ley Ómnibus. Nos vamos a manifestar en paz y organizados”, expresó Rubén Carabajal.

Por su parte, Alejandro Barragán del PJ habló de la convocatoria y sostuvo que “nos vamos a juntar en defensa de los derechos del pueblo y también en defensa de la democracia, que creemos que con este DNU y con esta Ley Ómnibus se está dejando de lado el poder legislativo y, por lo que vemos, solamente es contraria a los intereses de los jubilados, de los trabajadores, de los monotributistas, de todos los que menos ingresos tienen”.

En este sentido, continuó: “con lo que están costando hoy las cosas en el supermercado y lo que está costando vivir, lo que se había dicho que el ajuste lo iba a pagar la casta, lejos de eso, lo está pagando como siempre, como todos los ajustes que se han hecho por parte de la derecha, lo estamos soportando los que menos tenemos”.

Asimismo, sostuvo que hay un acompañamiento desde el municipio, recibido a que en la Provincia “participan distintos actores y también participan distintos intendentes alineados con el gobernador Axel Kicillof”.

Juan Vera, en representación de la CTA indicó que “estamos convocando a cada uno de los vecinos para que mañana se acerquen. Porque de una u otra manera, van a ser afectados por esta Ley Omnibus o por el DNU”.

“Nosotros tenemos expectativa de que mañana va a ser una concentración en paz, donde todos los vecinos se van a poder acercar. Les pedimos que cada uno que tenga una remera, una bandera Argentina, que la traiga, como también les pedimos, si tienen un alimento no perecedero, porque sabemos que la situación va a empeorar. Entonces, cuando haya vecinos con necesidades urgentes, vamos a tener ese pequeño recurso que podamos recaudar mañana para acercárselo a aquella familia que en su momento lo va a estar necesitando. Si la situación sigue, esto va a llegar muy pronto”, sostuvo Vera.

Asísmico, se informó en esta conferencia de prensa que habrá diversos espectáculos hasta las 19.30 horas, donde se hará el uso de la palabra por parte de las diferentes organizaciones.

Luego seguirán las expresiones artísticas, “hay música, hay teatro, hay literatura, van a estar los artistas visuales, espectáculos de folclore, de tango, de rock. Bueno, va a ser variada para todo el público porque creemos que esta manifestación tiene un contenido social”.

Esta tarde tuvo lugar una manifestación en la plaza San Martín, en adhesión al “Cacerolazo cultural nacional”.

Con el lema “Unidos por la cultura en Tres Arroyos”, expresaron que “rechazamos el DNU y la Ley Omnibus porque desfinancian la cultura, se pierden derechos, patrimonios culturales y se eliminan puestos de trabajo”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo al inicio del plenario de comisiones de Diputados que debate la llamada “Ley Ómnibus” que se quitará el artículo que obligaba a pedir permiso para reunirse más de tres personas en espacios públicos.

“Esto se refiere a la ley de tránsito, no a que si tres personas van a comer afuera van a tener que avisar, sino que si más de tres personas cortan una ruta, van a ser desalojadas”, aclaró.

“Vamos a hacer una corrección para que quede más claro”, expresó la funcionaria, y añadió que “ese artículo era el inciso final que cambiamos de la ley de tránsito”.

Bullrich aseguró: “Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente, está explicitado en otros. Al haberse generado una confusión pensamos que es mejor retirarlo, denlo por retirado”.

El artículo 331 del título IV, capítulo 1 de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, indica que se entiende por “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”.

En tanto, la ministra consideró que su partido, el PRO, tiene que acompañar en el Congreso la ley enviada por el Ejecutivo al Congreso.

“La sociedad eligió un rumbo, y hay que entender que cuando gana una línea de cambio debe seguirse. Eso es lo que la sociedad le marcó al PRO y que estamos llevando adelante. Es lo que expresé como candidata presidencial”, indicó Bullrich. (DIB) ACR

El Gobierno ingresó este viernes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, anunciado el pasado diciembre por Javier Milei, que implica una fuerte desregulación de la economía y apunta a avanzar con reformas laborales y la privatización de empresas.

El DNU, que ya se encuentra vigente, ingresó por el Senado y ahora será analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tendrá unos diez días para emitir dictamen y enviarlo para su tratamiento en el recinto.

El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse. Ingresó a la Cámara alta a eso de las 15 horas. Según informó el portal Infobae, de acuerdo a fuentes del Gobierno, el DNU fue presentado con los artículos originales con los que se publicó el pasado 20 de diciembre en el Boletín Oficial, incluido el capítulo sobre reformas laborales suspendido por una cautelar solicitada por la CGT.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo todavía no está conformada y se especula con que el Ejecutivo busca dilatar los tiempos. Mientras no sea rechazado por el Congreso, el DNU tiene vigencia.

El decreto sólo perderá validez y será derogado si es rechazado por las dos cámaras. Si una sola de ellas lo aprueba o si no es tratado por alguna de las dos continuará vigente. (DIB) MT

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves que el Gobierno nacional apelará, mediante un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en contra de las reformas en materia laboral incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado días atrás por el presidente Javier Milei.En la habitual rueda de prensa llevada a cabo en Casa Rosada, Adorni dijo que el Gobierno también pedirá “la incompetencia” de la Cámara del Trabajo para intervenir en la cuestión por entender que el fuero correspondiente es el Contencioso Administrativo.“El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia“, comunicó Adorni.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU firmado por el presidente Milei el 20 de diciembre pasado y hecho público por medio de un mensaje emitido en cadena nacional ese día por la noche.El tribunal de feria hizo lugar un pedido realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.“La verdad es que nos cuesta comprender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de los propios trabajadores”, consideró Adorni, y mencionó entre otros aspectos incluidos en el DNU la “retención forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos”, la eliminación de “penalidades para el empleador en el caso de relaciones laborales mal registradas” y la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, “fomentando la creación de puestos de trabajo”.

“También establecía infracciones en relación a los trabajadores que, siendo convocados a asambleas, sean extorsionados o directamente no quieran participar. Los extorsionadores iban a tener sanciones graves“, estimó el portavoz presidencial.Adorni, sin embargo, dijo que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo era algo que el Gobierno “esperaba”.“Esto correrá su suerte judicial y la verdad es que era algo que esperábamos. Estamos tomando todas las medidas. Hasta hoy no estábamos notificados de este fallo. Cuando se formalice, haremos la apelación“, reiteró.En tanto, Adorni justificó las reformas laborales contempladas en el decreto de necesidad y urgencia porque “cada vez son menos el número de empresas que contratan” empleados “y los salarios son de los peores de toda Latinoamérica”.

Adorni negó la existencia de “internas” entre funcionarios del Gobierno, a raíz de la presentación en el Congreso de la llamada “Ley ómnibus”, y calificó de “rumor” a una información acerca de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría presentado la renuncia al cargo.“En el Gobierno no hay una sola interna. Todo es rumor. En línea con esos rumores, lo de Francos es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. Es falso de toda falsedad”, respondió Adorni a una consulta recibida en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.