Una denuncia que por ahora transita los caminos administrativos y no tiene su correlato en las investigaciones judiciales levantó la polvareda en el mundo agropecuario: la fuerte acusación de “cartelización” por parte de Carbap contra CIARA-CEC.

Encabezada por Horacio Salaverri, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y con el abogado Gabriel Bouzat a su izquierda, el encuentro en la sede porteña de la entidad perteneciente a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tuvo casi un único destinatario, que salió a responder casi inmediatamente.

“En cada charla con los productores se habló del tema, siempre. Sobre todo los productores jóvenes. Recuerdo una reunión en Lobería, donde casi de manera airada nos decían sobre este punto, sobre el valor FOB, el clearing, que si ‘te falta mercadería, no salgas al mercado, yo te la doy porque si no me movés el mercado’. Todo ese tipo de situaciones”, adelantó Horacio Salaverri en una charla con Infocampo luego de la conferencia.

La denuncia

En síntesis, Carbap acusó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina por una presunta cartelización. Se trata de una presentación que por ahora recorre los caminos administrativos pero no aún el de la Justicia.

Una de las explicaciones acerca de este punto radica en que la acción administrativa corresponde a la órbita del derecho público, pero no del privado. Para tal situación se requeriría del accionar particular de cada productor que se sintiera afectado.

“El derecho de defensa de la competencia es público, no privado. Y defiende al régimen de competencia al entender que cuando la misma existe hay mejores precios, asignaciones y se protege al sistema”, argumentó Bouzat.

En este punto se busca demostrar que existió un hecho ilícito, y que el mismo tuvo una causalidad y daño concreto. Este último punto abriría la puerta al reclamo de cada productor.

“Carbap no lo podría hacer porque son derechos económicos de cada productor”, sostuvo.

Por el momento la entidad descarta apelar a conseguir el respaldo de la actual Secretaría de Agricultura.

¿Cuándo se hizo la denuncia?

La acusación gremial tuvo inicio formal en agosto de 2023. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido, los dirigentes del agro entienden que la falta de motorización de la misma sucedió a raíz de un provecho político de parte de los empresarios exportadores.

“No estamos diciendo que alguien comete o no comete determinadas cuestiones. Lo que estamos diciendo es que lo que vemos es que el mercado no es transparente y que debemos hacerlo eficiente”, expresó Salaverri en la apertura de la reunión.

Y sumó: “Vemos un mercado que no tiene ni la transparencia, ni lo competitivo que debe ser. Y donde no aparece la puja en el mercado, y que por cierto sí aparecen valores de referencia, que son valores únicos que dejan un sabor un poco amargo. ¿Por qué y cómo se fijan estos valores?”, se preguntó el dirigente de Suipacha.

“Entendemos y pedimos que se investigue cómo trabaja el mercado, de qué manera está operando, y si de esto surge que hay una especie de cartelización del mismo que no permite una libre competencia”, analizó.

Luego del mensaje de Salaverri, Bouzat aportó los fundamentos técnicos de la acusación y explicó por qué los apuntados son los empresarios de CIARA-CEC, donde entienden que anidaría la concentración de la demanda de granos de parte de una decena de grandes empresas, en detrimento de “decenas de miles de productores” que representan la oferta.

“La investigación se centró en dos aspectos diferentes: el primero es el que se denomina “aspecto estructural” es decir, la estructura del mercado. Porque la exportación de granos se caracteriza por el hecho de que por el lado de la demanda hay 10 grandes empresas multinacionales, que compran los granos para la exportación y por otro lado decenas de miles pequeños, medianos y grandes productores que venden. Ahí vemos un mercado concentrado”, sostuvo Bouzat.

El criterio que siguieron es que dada la característica del mercado granario, al tratarse de commodities, se genera el ámbito ideal para que “en todo momento hagan negocios entre ellos”, según afirmó el asesor jurídico.

“De manera tal que vimos una estructura de mercado proclive a la cartelización, algo que se da en mercados que tienen ciertas características”, remarcó.

El nudo de la presentación radica en que a raíz del análisis aseguran “haber detectado un comportamiento de los precios de compra de los granos que no se corresponde con una genuina competencia”.

“Y eso lo hemos analizado tomando distintas variables, como los precios FOB y FAS, los mercados internacionales que son muy competitivos. Al analizar los distintos precios vimos que lo que termina cobrando el productor argentino por el mismo producto en general es menor de lo que recibe un americano, europeo, australiano o de otro país de la región”, comparó.

El “dólar soja” sigue en la mira

Si bien tanto Bouzat como el resto de los dirigentes de Carbap se cuidaron de no hacer una vinculación directa a un dirigente puntual, el mensaje emitido fue que desde la entidad creen que el funcionamiento sospechado se habría hecho al calor de cierta permisividad política. Allí radica el segundo aspecto estructural de la denuncia elaborada por Bouzat.

“Notamos un comportamiento que podríamos llamar como oportunista: empresas que aprovecharon ciertas regulaciones del pasado Gobierno dan cuenta de un comportamiento de precios bastante atípico”, sumó el letrado.

En esta línea, Salaverri explicó ante este medio que se descartó iniciar una demanda judicial hacia exfuncionarios políticos al no considerar los hechos dentro de lo que pueden ser aspectos judiciables para los actos de Gobierno.

“Por eso lo abordamos desde el punto de vista administrativo”, remarcó.

Por ahora el contenido formal de la denuncia no es público, al menos hasta que CIARA-CEC responda por la misma vía ante la CNDC.

Y a la vez, otro dolor de cabeza para muchos productores agropecuarios volvió a mencionarse en la conferencia de prensa: las distintas ediciones del dólar soja y sus efectos. “La mejora del tipo de cambio jamás se tradujo en una mejora proporcional al precio del cereal, sino que hubo un descuento, y ese descuento se lo quedó la exportación”, acusó Bouzat.

Otro de los puntos observados es el fideicomiso triguero, conocido como el “FETA”. Allí, entienden que se dio una “cuotificación” que fue aprovechada por las cerealeras. “Como el Estado autoriza una equis cantidad de toneladas a exportar, en lugar de que haya una puja competitiva para ver quién paga mejor, lo que hacen es repartirse el mercado. Sale una cerealera a comprar, luego otra, y así sucesivamente”, analizó.

“Esta es la típica conducta cartelizada. Nadie se preocupa por el precio porque saben que la cantidad la tienen asegurada en la repartija”, resumió y acusó: “Quien coordina estas conductas es CIARA-CEC”.

El girasol en el mismo camino

Pero además del trigo y los pormenores del FETA, también hasta fines de diciembre existió otro relacionado al mercado aceitero. En Carbap advirtieron que el mismo generó una gran informalidad en la conformación del precio del girasol.

En las entidades del agro el reclamo conocido desde la implementación de este caso y otros similares es que los fondos que le dieron curso a los fideicomisos, en realidad, provenían de las ganancias de los productores.

En ese marco, en el encuentro con la prensa se remarcó que la única referencia con la que se cuenta para el precio del girasol es el del aceite de ese cultivo, en el mercado de Rotterdam, en Países Bajos.

“Lo que uno ve es que el precio del grano representa un porcentaje equis del precio del aceite, y que ese porcentaje en la Argentina está totalmente desvirtuado. ¿Cómo se conforma el precio del girasol en Argentina? Es un misterio que le estamos pidiendo a la CNDC que lo investigue”, planteó Bouzat.

En Carbap entienden que la conformación de dicho precio está emparentada al precio de la soja, a partir de que un eventual costo de oportunidad del productor, de que si no produce soja produce girasol.

“Pero son dos mercados muy diferentes”, remarcó Bouzat.

Mercado es transparente

Tal vez advertidos por la difusión pública que Carbap decidió realizar en la tarde de este martes, desde CIARA-CEC, prácticamente en simultáneo, respondieron vía redes sociales.

“Recibimos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una presentación de CARBAP que en agosto ’23 cuestiona las medidas del anterior gobierno sobre dólar agro, y las operaciones de compra de exportaciones de trigo, soja, maíz y girasol, y sus subproductos durante 2020/22 inclusive”, indicaron en la cuenta oficial de X de los exportadores.

Y sumaron que “como dijimos todo el año pasado, esas medidas eran dañinas, generaban distorsiones en el mercado y que el camino es la unificación cambiaría y la eliminación de todo tipo de intervencionismo estatal en el mercado. De hecho aún tenemos un dólar exportador que debería eliminarse”.

“Sin embargo, no compartimos la propuesta de CARBAP, contenida en la presentación aludida, consistente en incrementar -aún más- la intervención estatal en el mercado de granos, particularmente sobre los precios y las operaciones de exportación”, sostuvieron.

Además manifestaron que “resultan infundadas, asimismo, las elucubraciones relativas a la existencia de algún tipo de cartelización en el sector exportador. Todas cuestiones que, vale destacar, ya han sido cuestionadas ante la Comisión”.

Para CIARA “no es positivo solicitar más intervenciones por parte del Estado. El mercado de granos es transparente, con múltiples operadores y tipos de mercados”.

“En ese marco, los agroexportadores seguiremos trabajando para promover un mercado libre, donde la oferta y la demanda sean las condiciones normales para operar”, cerraron.

Salaverri leyó el posteo de los exportadores y sin mayores sorpresas sintetizó: “Dieron la respuesta que suponíamos”.

Infocampo

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó a medios internacionales que habrá un dólar especial para toda la exportación de bienes y servicios. Si bien todavía no trascendieron detalles de la medida, que saldría a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), se trata de un esquema similar al que tiene ahora el complejo soja: un 70% de la venta al exterior se liquida al tipo de cambio oficial ($350) y el 30% restante es de libre disponibilidad a través del Contado con Liquidación.

David Miazzo, economista jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina) estimó que este nuevo dólar exportador sería de $530.

Cabe recordar que, en la actualidad, la soja, la cebada, el girasol, el sorgo, el vino, el tabaco y los cueros tienen la posibilidad de liquidar sus exportaciones un 75% en el Mercado Único y Libre de Cambios; es decir, a tipo de cambio oficial; y un 25% de manera libre, lo que significa a través de algunos de los mecanismos financieros como el Contado Con Liquidación que tiene un valor de mercado similar al “blue”.

“Para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el Programa de Fortalecimiento Exportador a todas las actividades”, consignó Massa según un cable de la agencia Bloomberg.

“Todo el complejo exportador argentino (bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios) va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación de 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único y libre de cambios (MULC) y 30% por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación”.

El esquema del dólar soja se había extendido durante octubre, pero sin generar demasiado incentivo para la venta por la incertidumbre de la economía.

De esta forma, el nuevo esquema, que rige desde la publicación del DNU y durante todo noviembre, busca incentivar la venta al exterior. “Va a ser un poco más difícil de aplicar en sectores en donde la exportación no está tan concentrada”, aclaró Miazzo haciendo referencia a que en el complejo granario no son muchas las empresas que venden al exterior.

Massa también busca alejar la expectativa de devaluación del dólar oficial, tal como ocurrió luego de las elecciones primarias, cuando el tipo de cambio se devaluó un 22%.

Luego de las elecciones del domingo, la curva de futuros de dólar cayó con fuerza. La posibilidad de que Massa siga gobernando resta chances a una devaluación. El dólar diciembre cerró en $592 y a $700 para febrero. Durante la semana pasada, la expectativa era de superar los $1000 a principios de enero.

“El dólar agro y el dólar soja significan un nuevo parche en la economía”, manifestó la Mesa de Enlace en un comunicado luego del anuncio de Sergio Massa. Las entidades de productores destacan que el tipo de cambio de una economía deber ser único y libre: “No sirven medias transitorias que incluyen a algunos y no a todos. Así, al feroz impacto de las inclemencias climáticas se suma el padecimiento de otra sequía; la sequía de ideas del Gobierno”.

Desde el sector agropecuario consideran que, cuando (desde el Gobierno) ven que las exportaciones y su aporte a las reservas nacionales no alcanzan el nivel esperado, el gobierno decide implementar un dólar en septiembre y otro en diciembre del año pasado: “Y ahora el mismo parche pero en versión 3. Todo para adelantar liquidaciones de soja, con el objetivo meramente recaudatorio de engrosar a las raquíticas reservas del Banco Central”.

“Las distorsiones generadas intracadena fueron y son relevantes. Ya advertimos que se afectaron mercados a término, contratos de arrendamiento, costos de alimentación de feedlots, avícolas y porcinos, como así también los costos de la cadena láctea, con cierres de tambos, entre otras economías regionales afectadas. La falta de previsibilidad y la improvisación son moneda corriente, y los productores y consumidores estamos pagando caro estos desaciertos”, alertan.

Cabe señalar que las economías regionales vienen castigadas desde hace más de tres años por una brecha cambiaria promedio de 100%, con costos que ajustan por inflación y/o por tipo de cambios alternativos, con lo cual la supervivencia de muchos productores está en riesgo total.

Además de todo esto, la crítica situación climática golpea al sector: “La cosecha que viene será magra y nos preocupa cómo recuperaremos el capital de trabajo para el próximo ciclo agrícola y ganadero. Es tiempo de terminar con los parches y generar desde el Estado condiciones macroeconómicas abarcativas”.

Agrofy News

Luego del discurso de apertura de las sesiones legislativas 2023, en donde el presidente Alberto Fernández hizo algunas menciones a los récords exportadores del agro, las entidades del campo hicieron hincapié en los derechos de exportación. En este caso, la Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió que las distintas versiones del dólar soja tuvieron el mismo costo fiscal que reducir los derechos de exportación al 50%.

La entidad realizó un trabajo técnico, en donde concluyó que para 2023 los derechos de exportación representarán unos U$S 8500 millones, con alícuotas que van del 4,5 al 33%: por su parte, el “dólar soja” 2022 tuvo un costo fiscal de U$S 4.437 millones, equivalente a reducir las alícuotas de retenciones un 52% en promedio.

Con estas cifras, la entidad presidida por Nicolás Pino reiteró su postura sobre el debate de los derechos de exportación. “Creemos importante que puedan elaborar un proyecto de ley para su discusión legislativa”, sostuvo el directivo, a través de un comunicado.

Y agregó: “El contexto climático y productivo que está atravesando el sector en todo el país es crítico, y por tal motivo les hicimos llegar una propuesta de trabajo a diputados y senadores, para que puedan incluir en los temas de debate de la agenda parlamentaria”.

Un impuesto distorsivo

Los ruralistas enfatizaron el carácter distorsivo de este tributo, con productores que deben pagar sin saber ni siquiera si podrán tener una ganancia sobre su inversión. “Estamos convencidos también que si se hubieran bajado las retenciones hace meses, la situación del sector sería distinta ante este desastre que nos toca atravesar”, expresó Eloisa Frederking, secretaria de la SRA y Coordinadora de la Comisión de Acción Legislativa.

Este pedido se enmarca en el reclamo que viene llevando adelante la SRA, a partir del amparo presentado en el Poder Judicial por la inconstitucionalidad e ilegalidad en el cobro de las retenciones y también, con la presentación de esta propuesta al Poder Ejecutivo, semanas atrás.

Infocampo

El Gobierno nacional reglamentó este martes el programa de asistencia “Impulso Tambero” destinado a pequeños y medianos productores del sector afectados por la sequía y el impacto del denominado “dólar soja”.

En rigor, la medida del Ministerio de Economía fue publicada hoy en el Boletín Oficial e implica una inversión de $ 9.100 millones.

La iniciativa había sido anunciada por el ministro Sergio Massa hace dos semanas en un acto en la ciudad cordobesa de Villa María, y contempla un beneficio mensual que se otorgará por cuatro meses consecutivos que será financiado con los ingresos del “dólar soja” en concepto de retenciones que fueron reunidos en el Fondo Incremento Exportador.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la sequía “que afecta a las zonas productivas” produjo “un incremento en los costos de producción del sector tambero, especialmente en relación con la adquisición de insumos derivados de la soja para la alimentación del ganado y al costo de los arrendamientos”, señala la resolución en sus considerandos.

El programa otorga una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses, de acuerdo con dos estratos: aquellos que hayan producido un promedio diario entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 de hasta 1.500 litros, percibirán $ 15 por litro; mientras que quienes hayan registrado un promedio superior a esa cantidad y de hasta 5.000 litros percibirán $ 10 por litro, con un monto máximo mensual de compensación de $600.000 para ambas categorías.

Para la determinación del promedio de litros diarios se tomará el total de litros declarados ante la AFIP dividiéndolo por 365.

De esta forma se busca “asistir económicamente a los pequeños y medianos productores tamberos con el fin de incrementar la oferta de leche, optimizar sus sistemas productivos y mejorar su rentabilidad, permitiendo a los productores hacer frente a la producción de reservas forrajeras para los meses más críticos de la actividad”, explica la normativa.

La resolución destaca que el sector tambero, pese a la situación coyuntural, “ha sostenido su actividad llegando durante el año 2022 a obtener uno de los volúmenes de producción más altos de nuestra historia y con un récord de exportaciones que ronda US$ 1.700 millones anuales, superando largamente al periodo 2021 donde se exportaron algo más de “US$ 1.300 millones”.

Al anunciar la medida, Massa remarcó que “permite devolverle la mitad de lo que paga el sector en retenciones en inversión pública”.

Asimismo, el director nacional de Lechería, Arturo Videla, dijo en declaraciones radiales que el programa “está enfocado y destinado a darle respuesta a un 79% de los productores de los 10.300 tambos que tiene la lechería argentina”, e indicó que están en estudio otras medidas para el sector, incluyendo una reducción en las retenciones para la leche en polvo para equipararla con otros productos lácteos como los quesos y la manteca.

Cómo hacer para anotarse en el programa

Los productores interesados podrán inscribirse en los próximos 15 días hábiles administrativos, es decir, hasta el 6 de febrero.

Deberán ingresar a la página web de la AFIP (http://www.afip.gob.ar) con Clave Fiscal, y luego ingresar al servicio “Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca – Autogestión SAGyP”.

En el caso de no estar adherido al servicio, deberán ingresar al “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” y realizar el procedimiento correspondiente.

Entre otros datos requeridos se deberá brindar una casilla de correo electrónico y la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de una cuenta bancaria en pesos al nombre del productor, donde se depositará el beneficio correspondiente de forma mensual.

Una vez obtenida la información proporcionada por la AFIP y la del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), la Secretaría de Agricultura aprobará en una resolución la nómina de beneficiarios y determinará sus compensaciones correspondientes.

DIB

“En el acumulado, las operaciones totales alcanzaron las 6,4 millones de toneladas, un 57% por debajo a lo negociado durante la primera edición del Programa de Incremento Exportador. Sin embargo, la diferencia entre ambos programas se fue reduciendo en la última semana de diciembre producto de una aceleración de las toneladas negociadas y un calendario más amplio del segundo Programa”, precisó el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el que analizó los números finales del programa que se reinició el 28 de noviembre, estableciéndose un tipo de cambio preferencial de AR$ 230/u$s recibido por el sector exportador de soja y sus subproductos.

“Habiéndose alcanzado 5,23 millones de toneladas de transacciones de soja durante el mes de diciembre, sin contar los primeros días del programa que transcurrieron durante noviembre, el resultado del PIE II no reflejó el dinamismo del primer programa”, indicó la BCBA.

Durante septiembre, las operaciones realizadas triplicaron al promedio de operaciones hechas durante enero-agosto de 2022, además de verse un incremento del 290% respecto al mes previo de la apertura del programa.

“En cambio, para el mes de diciembre, momento de la reapertura del PIE y en un contexto donde los productores ya habían vendido una significativa cantidad de toneladas previamente, se lograron operaciones por encima del promedio calculado desde enero de 2020 hasta agosto de 2022 y hubo un incremento del 11% respecto al promedio de lo negociado desde enero hasta agosto de 2022. A su vez, respecto a los meses de octubre y noviembre, las operaciones en diciembre tuvieron un incremento del 105% y 72%”.

En tanto, durante la vigencia del PIE II se registraron 3,42 millones de toneladas de poroto, aceite y harina de soja en DJVE. “A pesar de ser una cantidad relativamente alta con relación al resto de los meses del año, se encuentra muy por debajo del récord registrado durante el PIE I, donde se anotaron alrededor de 13 millones de toneladas”.

Finalmente, “junto al restablecimiento del Programa de Incremento Exportador se propuso el objetivo de ingresos de divisas por u$s 3.000 millones originadas en los complejos cerealeros y oleaginosas. Dicho objetivo fue ampliamente superado y, teniendo en cuenta sólo el ingreso de divisas por soja, se alcanzaron a liquidar una suma de u$s 3.155 millones hasta el 30 de diciembre”.

La Secretaria de Agricultura autorizó a los beneficiarios de las compensaciones para la campaña gruesa y publicó una lista de nombres con CUIT que recibirán hasta $20.000 por hectárea declarada. En una primera instancia se anotaron 7.400 productores, de los cuales muchos quedaron afuera por no cumplir los requisitos. Según consta al analizar las 28 planillas en las que se incluyen los beneficiarios, esta primera tanda de compensaciones alcanza a 1.754 productores, a los que se les depositarán un total de $ 1.720 millones.

Es decir, que en promedio cada productor o empresa agropecuaria que cumplió los requisitos establecidos por el Gobierno recibirán casi un millón de pesos en compensación.

En este primer listado de productores beneficiados en el marco del Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz se destaca el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica. El productor oriundo de Rauch, Buenos Aires, recibirá $ 1.739.000 en su cuenta bancaria.

Agrofy News se puso en contacto con el dirigente y comentó: “Tengo todos los papeles en regla y me presenté porque consideré que, independientemente de estar en Coninagro, tenía mi derecho a acceder al beneficio”.

Cabe destacar que su participación de la medida se debe a que cumplió los requisitos: vender sus granos antes del dólar soja y tener una superficie productiva pequeña. Consultado por este beneficio, Laucirica sostuvo que no se contradice.

“Nosotros criticamos, y sigo pensando lo mismo, que el dólar soja benefició a unos pocos productores que tenían granos en ese momento. Además, ocasionó perjuicios en muchos otros sectores de la producción”, comentó.

En este sentido, el dirigente rural sostuvo que ante esta situación se pidió al Gobierno una medida que acompañe a todos los productores.

De esta manera, señaló que bienvenido sea quienes pudieron aprovechar el dólar soja, pero también aquellos productores que fueron beneficiarios de la compensación. “No nos contradecimos. No son las medidas adecuadas porque se necesitan medidas que resuelvan lo global”, sostuvo en relación a las diferentes decisiones de la Secretaría de Agricultura.

También figura el productor afín al gobierno nacional, Pedro Peretti. El santafesino recibirá en concepto de compensaciones $ 1.229.500.

Este programa, que lanzó el Ministerio de Economía con los fondos del dólar soja, busca compensar con hasta $ 6.500 por hectárea para productores de soja de hasta 400 hectáreas, y hasta $ 20.000 para quienes cultiven hasta 100 hectáreas de maíz, para que adquieran fertilizantes, semillas y otros insumos en la presente campaña, complicada por la fuerte sequía.

En un primer momento, el ministro de Economía, Sergio Massa, comunicó que la medida contemplaría 40 mil millones de pesos. Finalmente, solo demandará unos 5 mil millones de pesos.

Cuestionamientos

Cabe destacar que esta medida fue cuestionada por la Mesa de Enlace cuando se conoció. De la reunión con el ministro participaron los cuatro dirigentes de las entidades rurales, entre ellos Laucirica.

“Las compensaciones son una forma de reducir la presión de las retenciones. En lugar de tantas vueltas, bajemos las retenciones y dejemos de estar discutiendo tanto”, sostuvo en ese momento el presidente de CRA, Jorge Chemes.

Por su parte, el dirigente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, comentó tras ese encuentro que lo importante es que tenga un buen alcance y que el pequeño productor esté comprendido. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló: “Por supuesto que vamos a estar, de alguna manera, de acuerdo con medidas que beneficien al productor. Este es un sistema que tiene el Gobierno, pero el mercado que se interviene después se trata de corregir y algunos se ven perjudicados”.

Agrofy News / Infocampo

El día 5 de septiembre entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador (PIE), una medida extraordinaria y transitoria que permitió a los exportadores de poroto, harinas/pellets y aceite de soja liquidar los dólares obtenidos por la venta al exterior de estos productos a un tipo de cambio preferencial de $ 200/u$s con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).  La fecha de finalización del PIE fue inicialmente el último día de dicho mes, 30 de septiembre; sin embargo, se decidió extenderlo hasta el día lunes 3 de octubre.

El Programa de Incremento Exportador significó volúmenes elevados de operaciones de soja en el mercado doméstico argentino, récord en declaraciones juradas de ventas al exterior, una aceleración del ingreso de camiones para descarga de soja en las terminales portuarias del país, y un significativo refuerzo a las arcas del Estado Nacional vía derechos de exportación.  La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca en la reciente presentación de la campaña gruesa 2022/23 presentó el impacto que tuvo en la zona de influencia del puerto de Bahía Blanca el “dólar soja”.

“Fueron más de 950.000 toneladas las que tuvieron como lugar de entrega el puerto de Bahía Blanca las operadas en septiembre, con un precio promedio de 70.600 pesos por tonelada, un valor algo superior al registrado en las terminales de Rosario”, indicó la licenciada Carolina Volonté del Departamento de Estudios Económicos de la bolsa bahiense.

“Al comparar con lo ocurrido en septiembre de 2021 surge que el volumen de soja comercializado con entrega en Bahía Blanca fue de 95.000 toneladas, apenas un 10% de lo operado en el mismo mes este año”, analizó la especialista.

“El dinamismo que se observó en los diferentes puertos del país también se observó en Bahía Blanca: alrededor de 500.000 toneladas de poroto de soja arribaron al puerto en septiembre, casi un 300% más de lo que había ingresado en agosto. En cuanto a los embarques en el mismo período, llegaron a las 368.000 toneladas, más de un 200% de lo que se había embarcado en el mes de agosto”, agregó.

Casi la totalidad del tonelaje  tuvo como destino el mercado chino.

“La comercialización de soja en el área de influencia del puerto bahiense en los meses previos a la implementación del dólar soja fue prácticamente nula. Casi no se hicieron negocios y no había valores de referencia en la pizarra local. El programa implementado generó un impacto positivo en la región, y también se ve reflejado en lo que va de octubre, que en sus dos primeras semanas completará embarques por 125.000 toneladas”, finalizó la licenciada.

El pasado viernes finalizó la media que permitía liquidar la soja a un dólar diferencial (dólar soja) y desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa se emitió un comunicado realizando un balance sobre lo que este instrumento temporal generado por el Gobierno produjo. A continuación, el texto completo.

El adelantamiento de las liquidaciones de soja promovido por el mal llamado “Programa de Incremento de Exportaciones”, concluyó el pasado viernes con beneficiarios y perjudicados por la medida.  Entre los grandes beneficiarios, están los exportadores que pudieron embolsar más de 300 millones de dólares, de acuerdo  a cálculos de la entidad, por el diferencial de precio no pagado al productor. 

La medida lejos estuvo de ser integradora, sostenible y justa. Con reglas siempre cambiantes, ya que los productores que participaron de la convocatoria,  luego se vieron impedidos de operar en el mercado cambiario.

Se trató de una medida macroeconómica puntual, de suma cero (lo que se recaudó hoy no se recauda mañana) que generó distorsiones en el mercado y consecuencias negativas en productores de distintas actividades conexas.

No es posible manejar el ritmo de la producción agropecuaria desde un escritorio, indicando quién, cuándo, cómo y por cuánto tiempo se establece un valor arbitrario de un producto.

Desde Carbap volvemos a reiterar que el programa que concluyó el pasado viernes, de adelantamiento de exportaciones, fue una medida cortoplacista y temporal, sólo para ganar tiempo.

Una medida que no soluciona los graves problemas que tiene el sector debido a las retenciones, la brecha cambiaria y la inflación entre otras variables.

Luego de analizar las derivaciones de la aplicación del Decreto 576/22, orientado a incentivar las exportaciones de soja, la Federación de Acopiadores de Granos envió una carta al Ministro de Economía, Sergio Massa, en la que solicita prorrogar, de manera inmediata, el estímulo a las ventas de soja con destino a la exportación hasta el 31 de octubre de 2022. “De esta manera la oferta se podrá encauzar en volúmenes mejor distribuidos en el tiempo y así lograr que los vendedores reciban el precio de un mercado más representativo”, sostiene la carta.

Tras aclarar que “toda medida de intervención genera alteraciones en el proceso de descubrimiento de precios” y que “no es sencillo decretar incentivos a mitad de campaña sin que se produzcan efectos distorsivos entre productos y sectores”, la Federación de Acopiadores destacó que “se ha producido un comportamiento asimétrico entre los precios internacionales y domésticos que afecta la situación del mercado interno”.

Los acopiadores argumentan que “si bien la capacidad teórica de pagos en el mercado FAS de la exportación e industria es -por definición- un ejercicio teórico, no hay dudas que existen rangos explicables de alteración. Hoy dichos rangos se han perforado marcando un precio a los productores de 30/40 U$S/Ton. inferior al de paridad”.

“Además, no podemos dejar de señalar la abrupta caída del precio interno a partir de la instrumentación del tipo de cambio diferenciado”, tal como se representa en el Gráfico 1.

“Más contundente aún es la impactante diferencia que se observa (aprox. 40  u$s/Ton.) en el pase de la soja sep/22 a la soja nov/22 a partir de esta instrumentación” (Gráfico 2).

“De la misma manera, el Gráfico 3 expone la extraordinaria caída de la diferencia entre el precio interno y el precio sobre Chicago llegando a -190 u$s/Ton., valor jamás antes visto”.

Para los Acopiadores, “la corta duración de este estímulo (20 jornadas hábiles) ha provocado un efecto “puerta 12” donde se está produciendo una enorme presión de oferta mientras la demanda ajusta por precio. Son veinte jornadas que se reducen aún más, pues al día 30 de septiembre lo que se vendió debe estar entregado y liquidado”.

“Es necesario normalizar esta situación y restablecer las señales de precios en orden a minimizar las distorsiones y evitar desequilibrios en los esfuerzos”, concluyen los acopiadores en su carta al Ministro Massa.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que, en los primeros dos días de la semana, se registraron operaciones de soja por 2,13 millones de toneladas. A un promedio de 30 toneladas por camión, son unas 71 mil unidades.

Es decir, en el segundo día desde la entrada en vigencia del Programa de Incremento Exportador se registraron operaciones por 1,34 millones de toneladas.

Venta del campo con dólar soja

El Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR repasó que las operaciones registradas en SIO-Granos en la jornada del martes ascienden a 1,34 millones de toneladas, incluyendo tanto contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del martes, y excluyendo anulaciones.

“Esa cifra supera en un 68% a la del día lunes, llevando el total de negocios registrados de soja a 2,13 millones de toneladas en tan sólo dos días, desde la entrada en vigencia del Programa de Incremento Exportador que puso el valor del dólar soja, transitoriamente, a AR$ 200/US$”, remarcan.

Mirando exclusivamente en las operaciones anotadas el día de ayer los principales rubros en volumen de registración fueron los contratos nuevos de compraventa concertados el mismo martes 6, con 663.000 toneladas. El valor promedio de las mismas resultó de $ 69.534, con una caída del 3% respecto a la media del lunes.

En segundo puesto se encuentran las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al martes 6 de septiembre por más de 435.000 toneladas, a un valor promedio de AR$ 70.447/t.

En tanto, con relación a los negocios pactados en dólares estadounidenses, los contratos de compraventa de soja concertados el martes registraron un valor promedio de US$ 391/t, pero por un volumen de apenas 1.000 toneladas. Para negocios fijados el día de ayer, en tanto, el valor promedio resulta más representativo con cerca de 45.000 toneladas registradas a US$ 359/t.

La Pizarra Rosario para las operaciones del día martes, finalmente, fue establecido en AR$ 69.050/t, un 5% por debajo de la rueda del día anterior. Convertido a dólares al valor de referencia de AR$ 200/US$, la referencia para la jornada de ayer se ubica en US$ 345/t, con una caída del 5% respecto al lunes.

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A partir de “comentarios periodísticos”, Confederaciones Rurales Argentinas criticó al Ministerio de Economía por el “evidente agravio por trato desigual para el resto de los productores” que significaría que esa dependencia del Gobierno trabaje “en una medida destinada a que, en el corto plazo, lo productores de soja, liquiden sus existencias, obteniendo una mejora en el resultado neto de su venta, mediante la extensión de un bono”.

CRA resaltó el hecho de que los productores de otros bienes no puedan “contar con este supuesto beneficio” mientras “deben afrontar la venta de sus producciones, mediante la liquidación de dólares al tipo de cambio oficial, visiblemente retrasado, frente a las demás variables de la economía”.

“La totalidad de las economías regionales, cuyas producciones se exportan, se encuentran relegadas y con severos daños económicos, por la persistencia del Gobierno en sostener un tipo de cambio, notablemente inconsistente, con brechas superiores al 100% de aquellos tipos de cambio con el que se forman los costos de su producción”, señaló la entidad que preside Jorge Chemes.

La totalidad de las #economíasregionales, cuyas producciones se exportan, se encuentran relegadas y con severos daños económicos, por la persistencia del Gobierno en sostener un tipo de cambio, notablemente inconsistente.#Comunicado ?https://t.co/OLL8gBvAJI pic.twitter.com/ZjqzdTPAIz

— CRA (@CRAprensa) August 26, 2022

Y pasó a enumerar que “la inflación, los insumos, las paritarias, las tasas de interés corren a un ritmo que cada vez se despega más del tipo de cambio oficial, por tanto, resulta prioritario, no solo crear las condiciones económicas para que sus producciones sean rentables, sino también que las medidas económicas, sean cuales fueran, comprendan al universo de productores y no marginando algunos, por mero capricho del Estado”.

La necesidad de ingreso de divisas del Banco Central no puede generar un trato injusto y desigual  entre productores de soja y el resto de las economías regionales.

“Es tiempo de terminar con los parches y generar desde el Estado, las condiciones macroeconómicas, generales, estables e igualitarias, para que el sector primario crezca y reciba el precio justo de su trabajo.

“El tipo de cambio oficial, no es un problema de la soja, es un problema que tiene toda la producción del campo”, cerró CRA.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reiteró hoy que no habrá modificaciones en el esquema de retenciones, como reclaman los productores agropecuarios para liquidar la soja y el maíz.

“Yo no veo a corto plazo, por la realidad de nuestras cuentas públicas, de alterar el esquema de retenciones”, señaló y, de la misma forma, recalcó que “no va a haber una suba de retenciones”. Bahillo aseveró que “esa es una definición política”.

En el mismo orden el secretario reiteró que el Gobierno planea un replanteamiento del esquema de liquidaciones para exportaciones de soja.

“Más que pedirle que liquiden, nosotros lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que sea atractivo liquidar. Indudablemente la herramienta, que se conoce como dólar soja, debe ser mejorada porque no fue apropiada por los productores”, señaló Bahillo en diálogo con Radio La Red.

El esquema, introducido por el Banco Central (BCRA) a fines de julio, busca incentivar a los productores agropecuarios para que vendan su cosecha de soja incluyendo una cobertura por hasta el 70% de la venta de granos que concreten a través de un depósito a la vista en función de la evolución del tipo de cambio y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAÍS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio “dólar ahorro”.

Bahillo reconoció que, tal como está instrumentada, la herramienta “es un poco engorrosa en términos administrativos y burocráticos”.

Tras lo cual, indicó que, si bien en la primera semana de su implementación, su bajo uso se pudo justificar por “alguna situación macroeconómica que sobrepasaba a la herramienta”, en las últimas semanas “ha habido mayor tranquilidad y, aun así, no hay una cantidad importante de liquidaciones bajo esta modalidad”.

“Cuando este tipo de herramientas les lleva tiempo, los saca de la producción y no son facilitadoras de decisiones, hay que volver a analizarlas, replantearlas y, sin perder de vista la cuestión de fondo, instrumentar una herramienta que sea accesible”, subrayó el funcionario.

En tanto, respecto de la brecha cambiaria, uno de los reclamos de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, según Bahillo el punto de vista del Ministerio de Economía es que la misma “se corrige bajando el techo o también generando esta herramienta de 70%-30%”, y no a través de una devaluación.

“Yo creo que llevando más certeza y tranquilidad esta brecha se puede achicar por el techo”, recalcó.

Negociaciones

Bahillo y el Massa llegaron al cargo hace 10 días y tuvieron una primera reunión con los ruralistas el viernes pasado, mientras que este martes se iba a concretar una nueva reunión entre los equipos técnicos de los dos lados para tener un “diálogo franco” e “reconstruyendo la confianza”, en términos del secretario.

“No me imagino una relación del Ministerio (de Economía) en una tensión o en una conflictividad permanente con los sectores productivos porque no es la mirada que nosotros tenemos”, concluyó Bahillo.

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