Apenas ARCA informó a través de un tuit que se había alcanzado el cupo de u$s 7.000 millones y que la carroza volvía a ser calabaza, es decir, quedaba terminado el período para vender granos con retenciones 0 -(para la exportación de carnes avícolas y bovinas siguen hasta el 31 de octubre), productores y dirigentes salieron a cuestionar al Gobierno.

Uno de ellos, aunque medido, fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien manifestó su malestar por la corta ventana, de tres días hábiles, de oportunidad para liquidar granos con retenciones 0%. “Muchos productores quedaron afuera”, reconoció, y apuntó contra las empresas exportadoras que, en definitiva, fueron las beneficiadas.

Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las DeclaracionesJuradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el… pic.twitter.com/RKlFLlk7rq

“Resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto. Por eso, es importante manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos. Mirando hacia adelante, si los derechos de exportación regresan a los niveles previos, los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”, dijo a Radio Mitre.

“El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los 7 mil millones de dólares, lo que ocurriera primero, y muchos productores quedaron afuera. Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor”, añadió. Y cerró: “Realmente el ánimo nos duró poquito”.

Por su parte, la bonaerense Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró: “Claramente no fuimos los beneficiarios de esa medida, porque los productores pequeños y medianos ya no teníamos la cosecha del año pasado. Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”.

Con un mensaje más duro, el ex titular de la FAA, Pedro Peretti, habló de “estafa monumental” y la comparó con el escándalo de la criptomoneda que involucró a Milei. “Esta es una medida de un tributarismo feudal y una estafa monumental superior a las cripto”, dijo a radio AM 530.

Y reveló que la decisión se pactó directamente con la Cámara de Aceiteros y Exportadores (CIARA). “Ellos ya tenían el grano en su poder, lo liquidaron y se llevaron 1.800 millones de dólares. Una estafa monumental”, disparó.

 Beneficio para pocos

Según el relevamiento realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la SRA en base a los datos cargados en el SIO Granos hasta las 10 horas de hoy, los productores comercializaron en este período 6,2 millones de toneladas de soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol. Este volumen equivale a u$s 2.277 millones a valores FOB, apenas el 33% de los U$S 7.000 millones de DJVE establecidos como objetivo para la finalización del programa.

"Se observa que las operaciones se concretaron a precios inferiores a la capacidad teórica de pago (FAS teórico), lo que refuerza la necesidad de ajustar la medida. Por el elevado volumen de DJVE registradas en relación con lo efectivamente comprado por los exportadores, será clave analizar la capacidad de pago y definir cómo avanzaremos en nuestras operaciones en adelante", destaca el trabajo de la SRA.

"Consideramos fundamental contar con mayor previsibilidad respecto del valor futuro de nuestros productos. Solo así podremos planificar con eficiencia nuestra inversión, producción y comercialización, asegurando condiciones más justas para los productores", destacó el SRA en su comunicado.

 Más voces

Mientras tanto, el ex ministro de Agricultura durante el macrismo, Ricardo Buryaile, lanzó un mensaje irónico en referencia al “dólar blend”, medida del Gobierno de Alberto Fernández para favorecer que los exportadores liquiden a un precio especial. “Dice (Sergio) Massa que se les fue la mano. Al menos le hubiesen dicho que dure una semana más”, escribió en la red social X.

Y cuestionó “el fenomenal negocio que le entregó el Gobierno a los exportadores de granos”.

Otro que expresó su enojo en redes sociales fue el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky, quien indicó que es difícil que los exportadores de grano en la Argentina puedan explicar los manejos que hacen. “Hay falta de transparencia, coordinación de precios y manejo discrecional. Pero esta ya es increíble. A no comerse el amague”, escribió en X.

Mientras que Andrea Passerini, productora e integrante de Carbap, cuestionó “el nivel de alevosía y premeditación de un saqueo exprés histórico al chacarero, a través de un contubernio a cielo abierto entre el Gobierno y las exportadoras”. Y agregó que si bien esto viene ocurriendo desde hace años, este "episodio" superó los estándares preexistentes.

 Con información de Dib

Ante las distorsiones existentes en el mercado forward, la Federación de Acopiadores pidió ayer al secretario de Bioeconomía de la Nación, el ingeniero Fernando Vilella, y al subsecretario de Mercados Agropecuarios, el licenciado Agustín Tejeda, que convoquen a los sectores de la producción y del comercio de granos para que se normalice la comercialización garantizando la vigencia de los principios de equidad, competencia y eficiencia.

En la carta, la Federación de Acopiadores destaca que, pese a haberse comprometido a incorporar en los contratos forward de granos una cláusula de pesificación al tipo de cambio exportador publicado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, “los exportadores continúan pesificando y pagando a los vendedores (productores, acopiadores, cooperativas) al tipo de cambio comprador divisas del Banco Nación, mientras ellos venden sus divisas al tipo de cambio exportador (mezcla 80 y 20%)”.

Dólar exportador

Esta distorsión ya había paralizado el mercado forward y llevó a que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires comenzara a difundir el llamado “dólar exportador” con el objetivo de introducir mayor certidumbre, equidad y transparencia en el mercado forward, reiniciando estos negocios tan necesarios para la eficiente comercialización y logística de las cosechas. Con esta cláusula de pesificación al tipo de cambio exportador, los exportadores no tienen riesgos y pagan al mismo dólar que liquidan.

“Llama la atención que, pese a las acciones desarrolladas y a los compromisos asumidos en pos de un mercado más competitivo y eficiente, los exportadores insistan en imponer la vieja condición de pesificar al tipo de cambio comprador del Banco Nación generando en consecuencia un beneficio adicional por la diferencia entre el tipo de cambio al que venden sus dólares y el que le pagan a sus proveedores. Por esta incomprensible actitud el mercado forward sigue paralizado, lo que, sin duda, afectará la comercialización ordenada de nuestras cosechas tanto en términos físicos como financieros”, sostiene Acopiadores en la carta enviada a las autoridades de la cartera de Bioeconomía.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa denuncia el incumplimiento por parte de los exportadores del decreto 597/23 que fija un 50% del valor a dólar oficial y un 50% a dólar CCL  para las liquidaciones de granos a los productores. Y se sumó así al reclamo hecho a principio de semana por la Federación de Acopiadores.

“Desde la Comisión de Granos de la entidad, reunida en Mar del Plata en el marco de la reunión de Consejo Directivo, se analizó la situación de productores que hicieron contratos forward  (de compra venta a un valor y fecha determinada) de trigo y cebada para asegurarse el precio del cereal, y que están siendo liquidados por los exportadores al dólar oficial, hoy en $356,50 el mayorista BCRA, sin tener en cuenta el mix que fija el decreto 597/23 que  alcanza los $600, con un marcado perjuicio para el productor”, indicó la entidad.

“Desde Carbap instamos a las autoridades a regularizar esta situación, a los exportadores a concluir con este abuso,  y sugerimos a los productores que estén liquidando su producción en estos días, reclamar el cumplimiento del decreto 597/23 tal como está estipulado”, agregó.

Comunicado #CARBAP ?

Leé el comunicado completo en nuestra web ??https://t.co/DmdV172xq8#SomosCARBAP #EquipoCARBAP pic.twitter.com/aAD3r9Rjr3

— CARBAP (@CARBAP_ARG) December 1, 2023

“Indebido e injusto”

En el inicio de la semana, la Federación de Acopiadores había emitido un comunicados destacando los inconvenientes que ocasiona esta medida en el negocio granario. En este sentido, calificaron como “indebido e injusto” el comportamiento que están llevando adelante los exportadores ante esta situación y adelantaron que de ser necesario, recurrirán a la Cámara Arbitral para dirimir este conflicto.

La raíz del problema es por las distorsiones que generó la aplicación de este nuevo dólar y las asimetrías que se generan en la cadena. En este punto, graficaron que mientras la exportación busca cobrar un determinado monto, el que pagan a los acopiadores es sensiblemente menor.

Ante esa situación, la Federación de Acopiadores informó a sus asociados que la posición de la institución es la misma que hizo pública en los últimos días el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Según los acopiadores, el funcionario ratificó que “ese tipo de cambio impuesto por la norma es el que debe adoptarse con independencia -en principio- con lo que hubieran contratado literalmente las partes cuando sólo existía el tipo de cambio oficial”.

“Esas razones elementales de equidad contractual lo determinan, ya que el comprador que recibe dólares que vende a un tipo de cambio de $650 aproximadamente, no debe otorgar como contraprestación al vendedor interno un valor de $356, con la injusticia asimétrica que ello representa”, señalaron desde la Federación.

El nuevo tipo de cambio fue habilitado a través de la prórroga del Decreto 597/23.  “Tras su implementación, crecieron notablemente las consultas sobre la forma de liquidar los contratos con liquidaciones pendientes hasta el 10 de diciembre”, señalaron desde la entidad presidida por Fernando Rivara.

En ese sentido, los acopiadores adelantaron que realizarán gestiones para que la Bolsa de Cereales instrumente un sistema de consulta a la Cámara Arbitral que asegure esta definición.

En este contexto, desde la entidad aconsejaron “impugnar toda liquidación realizada por corredor/comprador que no se ajuste a estos parámetros liquidatorios y prevenir, de tal modo, un eventual reclamo individual posterior”.

Horas agitadas se viven en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) luego de que empresas agroexportadoras informaran a sus clientes que dejarán de tomar el precio pizarra de esa entidad como referencia para fijar el valor de compra de los granos, principalmente de maíz.

Fuentes del mercado de granos confirmaron a Infocampo que al menos dos de las gigantes del sector decidieron “abandonar” la pizarra y lo comunicaron de manera escueta a través de mensajes de whatsapp: Cargill y ADM.

No es un dato menor: según un ranking que elaboró el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, se trata de la segunda y la séptima empresa en el ranking de las que más declaraciones juradas de exportación de granos y subproductos presentaron durante 2022.

En conjunto, negociaron el año pasado casi 16 millones de toneladas, el 19% de las 82 millones alcanzadas en total por todas las agroexportadoras.

El conflicto

El foco en este momento es el maíz: luego de haber comercializado soja con un tipo de cambio de $230, muchos productores no quieren desprenderse del cereal por varios motivos. Uno es que la oferta que queda de la cosecha 2021/22 no es demasiado grande y quienes poseen ese stock, están guardándolo a la espera de que el precio se acomode hacia arriba, más aún si pudieron “hacer caja” vendiendo soja con el dólar diferencial.

Intrínsecamente relacionado, no son pocos los que consideran que si se pudo establecer un mejor valor temporal para la soja, por qué no esperar que suceda lo mismo para apurar la comercialización del maíz.

“Cuando se intervienen los mercados como hace el Gobierno, pasa esto: si la soja se vende con un tipo de cambio, pero el maíz con otro más bajo, nadie quiere vender maíz. Entonces no hay oferta, muchas empresas que tienen contratos que cumplir pagan más, y el valor de pizarra que refleja la realidad del mercado lógicamente se acomoda para arriba”, graficó un operador a este medio.

El principal problema son las operaciones con precios “a fijar”, que en general se establece por contrato que esa fijación es por medio del valor de la pizarra. Hoy, aparentemente hay compañías que no quieren convalidar ese valor porque lo consideran “inflado”, y prefieren volver a cerrar acuerdos particulares con un precio que consideran más adecuado.

Enojo en la Bolsa

Esta determinación de algunas agroexportadoras cayó muy mal en el seno de la BCR, porque consideran que rompe con la institucionalidad que supone tener un mercado de referencia, arbitrado por una Cámara que es la que evita abusos de posición dominante por alguna de las partes.

“Si hacia afuera pedimos reglas de juego claras, no podemos de repente venir a cambiar los usos y costumbres en la comercialización de granos”, enfatizó otro operador, que forma parte de la Bolsa rosarina.

Ante este panorama, desde la entidad estaban evaluando llamar a una reunión de urgencia a todas las partes, para canalizar una salida a esta disputa y que se pueda llegar eventualmente a una modificación en las condiciones de comercialización, pero sin abandonar la pizarra como referencia.

“La presencia de la Cámara Arbitral es clave para equilibrar el mercado. Y si se abandona el precio pizarra, es posible que nadie quiera vender. La pizarra se calentó a partir del dólar soja y generó distorsiones, pero no se puede afectar así una institución que es la que te defiende cuando, por ejemplo, hay embates del Gobierno”, razonó otro vocero consultado.

La voz de los exportadores

Bajo este panorama, desde Infocampo también se requirió la opinión de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), a través de su presidente Gustavo Idígoras.

Como primera medida, el ejecutivo aclaró que como entidad no tienen una opinión determinada para difundir, “porque es un tema individual de algunas empresas y sus clientes”.

De todos modos, le puso paños fríos a la polémica, al asegurar que “esto no cambia nada, siempre se hicieron contratos entre privados (vendedores y compradores), de acuerdo a las condiciones que pautan entre las partes”.

No obstante, reconoció que las distorsiones introducidas por el accionar del Estado son las que generan este tipo de situaciones.

“El mercado está muy intervenido por el Gobierno y eso condiciona muchas veces los precios. La pizarra va a normalizarse una vez que logremos que no existan intervenciones estatales”, destacó.

El Ministerio de Economía de Argentina permitirá a los exportadores “postergar parte de los embarques” de trigo ante las mermas productivas registradas a causa de la sequía, con el objetivo, entre otras cuestiones, de “sostener el volumen necesario para el mercado interno”.

“Vamos a postergar parte de los embarques para prorrogar contratos y, además, no será ejecutado el productor que incumpla esos contratos. Esta medida también nos permitirá sostener el volumen necesario para el mercado interno”, indicó el ministro Sergio Massa en el cierre de un encuentro con funcionarios de Industria y Desarrollo Productivo de todo el país en el CCK.

De esta manera, el funcionario nacional hizo hincapié en la necesidad de instrumentar medidas para el sector agroalimentario a raíz de los inconvenientes ocasionados por la sequía. Días atrás, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, adelantó que el sector exportador la había solicitado al Gobierno “autorizar una prórroga en los embarques”.

Tras la presentación de un informe sobre la sequía realizado por técnicos de Agricultura y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la semana pasada, Bahillo dijo que es una “cuestión que vemos factible, ya que es una medida que puede ayudar a la planificación de la salida del cereal y contemplar simultáneamente el abastecimiento del mercado interno”. Esta medida permitiría un reordenamiento de los embarques programados ante la merma en la producción esperada de trigo sin penalidades, según versiones periodísticas.

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