El Gobierno de Javier Milei reglamentó el procedimiento para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, cerca del 6% del total de los pacientes según datos oficiales. Se trata de una medida derivada del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

La nueva resolución indica que si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle el costo a la aseguradora. En cambio, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención.

Esta decisión se formalizó en el Boletín Oficial y en el llamado “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.

Las autoridades aclararon que la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria y "no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos".

Se entiende por emergencia toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos de gravedad, hemorragias importantes y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales.

Un anexo de la norma establece cuáles son cada una de las emergencias comprendidas como excepciones, aunque desde el Ministerio de Salud fueron resumidas como “aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales, como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales”.

“Queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”, indica la normativa.

Sin embargo, “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”, señalaron las autoridades. A lo que agregaron: “La resolución unifica el procedimiento para los hospitales nacionales y establece reglas claras para recuperar los costos de las prestaciones brindadas a extranjeros no residentes, sin afectar la atención inmediata ante situaciones de emergencia ni el acceso de quienes tienen residencia permanente”.

Fuente: Agencia DIB

La comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos dio un nuevo paso en su crecimiento institucional al aprobar de manera unánime la incorporación formal de la Colectividad Luxemburguesa. La asamblea contó con la participación especial de la cónsul honoraria del Gran Ducado de Luxemburgo en Argentina, la doctora Patricia Pinnel, quien presentó la solicitud acompañada por referentes locales de dicha comunidad. Este ingreso significa un merecido reconocimiento al legado histórico y al desarrollo que aportaron numerosas familias pioneras en nuestro distrito.

Agenda regional y Fiesta del Trigo

Durante el encuentro, los representantes avanzaron sobre una nutrida agenda de actividades para los próximos meses. Entre los puntos más destacados, se diagramó la organización del espacio de buffet que funcionará durante la Feria Nacional de Artesanos y se iniciaron las gestiones de cara al tradicional Patio de Colectividades en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo. En paralelo, la entidad ya puso en marcha los preparativos para la 47.ª Fiesta de las Colectividades, un evento central para celebrar nuestra riqueza cultural que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en las instalaciones de El Fanal.

En busca de las raíces: los trámites de nacionalidad

Por otra parte, desde la comisión informaron que aquellos vecinos que deseen explorar sus raíces luxemburguesas podrán recibir asesoramiento oficial en la institución. A través del nexo directo con el consulado honorario, las familias descendientes de apellidos como Breser, Erpelding, Federspiel, Fischer, Hansen, Hellers, Hoffmann o Schmit —entre muchos otros— tendrán la posibilidad de canalizar consultas sobre sus antecedentes e iniciar, en los casos que corresponda, los trámites para obtener el reconocimiento de la nacionalidad, fortaleciendo así el vínculo con su historia inmigratoria.

Mientras la mayoría de las entidades están con la lupa analizando al detalle el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente Javier Milei en las últimas horas, y que propone la modificación o derogación de numerosas leyes, entre ellas muchas vinculadas al agro, algunas ya comenzaron a adelantar opinión.

Es el caso, por ejemplo, de la Federación Agraria Argentina (FAA), que emitió un comunicado en el que cuestionó que los profundos cambios que intenta llevar adelante el Gobierno sean a través de un decreto y sin pasar por el Congreso –más allá de que el DNU efectivamente puede ser rechazado por ambas cámaras–, pero apuntó fundamentalmente contra la propuesta de derogar la Ley de Tierras.

“Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones”, citó textualmente Milei al enumerar un grupo de 30 de las más de 300 diferentes normativas que pretende dejar sin efecto o cambiar.

Se trata de un reclamo que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) realizó durante la campaña y fortaleció tras la asunción de Milei.

Qué dice la Ley de Tierras

En concreto, lo que establece la “Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras” es que no más del 15% de los territorios rurales de Argentina puede permanecer en manos de extranjeros.

Además, establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por persona extranjera, y una cifra equivalente en otras regiones del país.

De todos modos, la realidad es que un mapa elaborado por el propio Estado argentino muestra que solo el 6,09% de la tierra argentina está “extranjerizada”.

En este marco, desde CAIR consideran que atraer el ingreso de capitales foráneos puede reactivar el mercado y darle a la tierra un mejor valor, teniendo en cuenta que, comparado con los precios de otros países, Argentina está muy rezagada.

Rechazo de la FAA

No obstante, en Federación Agraria consideran todo lo contrario. “Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo en particular a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país”, subrayó la entidad.

“Sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales”, continuó.

Y no dudó en adosar a esta queja el reclamo por el aumento de las retenciones. “Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores”, repasó la FAA.

En ese sentido, le dejó un mensaje al Gobierno, con cierta ironía: “Es oportuno aclarar, también, que si nos sacaran las retenciones, estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el gobierno y espera de parte de los extranjeros”.

Al Congreso

Por otro lado, la entidad que comanda Carlos Achetoni también apuntó contra el DNU porque consideró “fundamental el respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé la Constitución Nacional, pues ella impide el avallasamiento de un Poder sobre el otro”.

“En este sentido, entendemos que acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible”, concluyó.

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