La reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y el nuevo criterio de valuación de la hacienda de invernada y feedlot para el pago de Ganancias abren una ventana para repensar decisiones de inversión y la planificación fiscal en la ganadería.

Para el tributarista Santiago Sáenz Valiente, ambas herramientas, incorporadas en la Ley 27.802 de reforma laboral, “introducen mayor racionalidad económica en decisiones productivas que históricamente estuvieron atravesadas por distorsiones fiscales”.

En ese sentido, en diálogo con Valor Carne, sostuvo que “el productor ya no debería mirar determinadas inversiones con la misma lógica de siempre” porque hay decisiones cuya ecuación financiera y tributaria cambiaron”.

Con las normas en plena vigencia, es relevante repasar sus detalles para que el ganadero sepa cómo sacarles todo el jugo posible.

Aprovechar los incentivos

El RIMI nace como un esquema de promoción para PyMEs, una suerte de versión adaptada, a menor escala, de los incentivos dispuestos en el RIGI, destinado a grandes inversiones. El primer dato importante es que tendrá vigencia por dos años.

¿Qué cambia en la práctica? El principal beneficio es la posibilidad de acelerar deducciones fiscales vinculadas a inversiones productivas. Es decir, el gasto se recupera fiscalmente mucho más rápido y eso aumenta la disponibilidad de fondos de la empresa.

“La clave es que mejora el flujo financiero porque permite descontar antes inversiones que normalmente se amortizaban en muchos años”, explicó Sáenz Valiente.

El régimen está destinado a empresas categorizadas como PyME -micro, pequeña y mediana tramo 1 y 2- y exige contar con el certificado correspondiente. Además, no pueden ingresar firmas con determinadas situaciones de insolvencia o de incumplimiento fiscal, aunque da chances de ponerse al día.

¿Cuáles son los montos mínimos de inversión? U$s 150 mil para microempresas; u$s 600 mil para pequeñas; u$s 3,5 millones para medianas de tramo 1; y u$s 9 millones para medianas tramo 2. Algo importante es que la inversión puede realizarse de manera acumulada durante un plazo de dos años y el monto surge de la sumatoria de bienes elegibles incorporados dentro de ese período.

Sin embargo, en el caso de inversiones en sistemas de riego, bienes de eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes -como reproductores bovinos de pedigree o puros registrados-, no se exige un monto mínimo para acceder al beneficio.

Y allí aparece uno de los puntos más interesantes para la ganadería.

“Hasta ahora, la compra de toros o vientres reproductivos implicaba una recuperación fiscal lenta. El productor debía amortizar esa inversión a lo largo de varios ejercicios, aun cuando el desembolso se hubiera realizado de manera inmediata”, sostuvo el tributarista.

Con el nuevo régimen, esa lógica cambia sustancialmente.

“Por ejemplo, un toro que antes se amortizaba en cinco años hoy puede tener deducción total en el ejercicio. Eso genera un impacto financiero importante porque ese dinero que no se aplica a impuestos significa un aumento de capital de trabajo para reinvertir”, explicó Sáenz Valiente.

El RIMI también alcanza maquinaria agrícola -tractores, sembradoras, cosechadoras, tolvas-, aunque allí aparecen algunas condiciones. La empresa debe cumplir montos mínimos de inversión según categoría PyME, realizarla dentro de un período determinado y mantener el bien en el patrimonio por un plazo mínimo.

Esto último es porque una condición central del esquema es la permanencia de la inversión. Los bienes promovidos deben mantenerse dentro del patrimonio de la empresa durante al menos dos años fiscales para conservar los beneficios obtenidos.

En otras palabras, el activo incorporado bajo el régimen no puede venderse inmediatamente después de obtener la amortización acelerada. Y si el productor no cumple esta exigencia puede perder el beneficio, reliquidar impuestos y afrontar intereses. “Por supuesto, se contemplan situaciones excepcionales de fuerza mayor, como la destrucción del activo. La lógica es incentivar inversiones reales y permanentes”, justificó el especialista.

Más allá del RIMI, Sáenz Valiente adelantó que ya se analiza en el Congreso un régimen similar para empresas que quedan fuera de la categoría PyME. El nuevo proyecto -pensado para compañías de mayor escala o “empresas relevantes”- apunta a extender los beneficios a inversiones más grandes, cubriendo el vacío existente entre el RIMI y el RIGI.

Ganancias, fin de una vieja distorsión

La otra gran novedad es el cambio en la forma de valuar la hacienda de invernada y feedlots para liquidar el impuesto a las ganancias.

Hasta ahora, el sistema obligaba a computar el ganado con una referencia cercana al precio de mercado. “El problema era que ese valor se incorporaba al resultado aun cuando el animal todavía no hubiera sido vendido”, planteó Sáenz Valiente.

Es decir, “el productor terminaba tributando sobre una renta potencial ya que, si bien podía tener una mejora patrimonial teórica al cierre del ejercicio, de ninguna manera ésta puede considerarse como renta efectiva. Incluso, ese animal podía perder valor, enfermarse o no llegar a venderse en las condiciones proyectadas”, graficó.

En otras palabras, se estaba pagando impuesto por el simple hecho de tener la hacienda en stock, aunque si no hay venta no hay ganancia. El nuevo mecanismo modifica esa lógica y utiliza un criterio de valuación menos agresivo desde el punto de vista fiscal, más cercano al costo económico de producción y menos atado al precio de mercado.

En concreto, se pasa a utilizar un sistema similar al de la cría: parte del promedio de ventas de una categoría representativa del establecimiento y, sobre ese valor, se computa un 60% como base para luego aplicar coeficientes según el tipo de hacienda (novillos, vaquillonas u otras categorías).

El resultado es un alivio impositivo para actividades intensivas y una menor distorsión sobre el resultado fiscal. “En la práctica, esto atenúa la valuación fiscal del stock, la acerca más a un criterio económico y reduce el adelantamiento de Ganancias sobre valorizaciones todavía no realizadas”, analizó Sáenz Valiente y subrayó: “No es un beneficio extraordinario ni un privilegio. Es una manera más racional de determinar la ganancia imponible”.

Del manejo defensivo a la planificación

En una mirada de fondo de ambas medidas, para Sáenz Valiente, el principal cambio no pasa sólo por una menor carga fiscal, sino por una nueva forma de pensar el negocio. “Durante años el agro tomó decisiones con una lógica defensiva frente a los impuestos; hoy empieza a aparecer un espacio para planificar”, opinó.

Ahora, es el momento de revisar inversiones previstas, incorporando la planificación tributaria a la estrategia empresarial. “Hay productores que pueden estar dejando oportunidades sobre la mesa simplemente por no revisar estos cambios. La ecuación fiscal de muchas decisiones productivas cambió”, concluyó.

Por Marcos López Arriazu / Valor Carne

El avance de la investigación por la desaparición de Agostina Vega dejó al descubierto nuevas contradicciones en la versión de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, lo que llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a asegurar que el imputado “en cada declaración miente más y embarra más la cancha”.

El funcionario explicó que los movimientos del acusado fueron reconstruidos a partir del seguimiento de domos y cámaras de seguridad, apuntando de forma directa contra sus declaraciones previas.

En medio de los rastrillajes que se llevan a cabo en un descampado de Ampliación Ferreyra, Quinteros detalló que el operativo en esa zona se dispuso por pedido del fiscal Raúl Garzón a partir de los elementos recolectados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.

Respecto a la presencia del sospechoso en dicho predio, el ministro señaló que “hay algunos elementos que lo han determinado de ir a ese lugar porque está identificado que esta persona, entre la hora de la desaparición de Agostina y la hora de su detención, habría estado en ese lugar”.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el trabajo de análisis de los registros fílmicos resultó fundamental para desestimar las distintas coartadas que presentó el detenido desde el inicio del caso. Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad remarcó que “con el seguimiento de domos pudimos determinar que muchas de las cosas que declaró son absolutamente mentira”, y agregó que “a medida que se van cayendo va declarando nuevamente y sigue mintiendo y ocultando información y claramente esto entorpece la causa”.

Entre las versiones que quedaron bajo sospecha aparece la primera declaración de Barrelier, cuando manifestó que estuvo con la adolescente en la esquina de su casa y que luego ella se subió a otro vehículo. La investigación también dio por acreditado que el imputado mintió al decir que la joven que se veía en un video ingresando a su domicilio era su propia hija, una afirmación que fue desmentida por la madre biológica de la nena, mientras que la familia de Agostina reconoció a la menor desaparecida en esas imágenes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el rastreo de los videos de seguridad de la zona aportó nuevos indicios que contradicen el relato cronológico que intentó instalar el sospechoso en sus testimonios oficiales. “También miente cuando dice que a la hora sale de su casa, cuando no tenemos ningún registro de que así fuera. Así le podría nombrar innumerables mentiras que ha dicho”, expresó el ministro Quinteros, aunque aclaró que el descampado de Ampliación Ferreyra no es la única línea de investigación que mantienen activa los encargados de la pesquisa.

Otro de los puntos centrales del expediente se concentra en un Ford Ka negro, sobre el cual el funcionario provincial confirmó que el vehículo no fue entregado de manera voluntaria, sino que fue secuestrado por orden judicial cuando se determinó por los domos que Barrelier había utilizado ese rodado el pasado lunes para llegar a la zona donde actualmente se concentran los rastrillajes.

La situación del automóvil sumó un dato de relevancia para la Policía Científica debido a las condiciones en las que fue hallado por los efectivos policiales al momento de concretar la orden de la fiscalía. “A partir de esa investigación se secuestró el auto, que había sido lavado, que surge después de la investigación, ha sido peritado, lo tiene Policía Científica”, reveló Quinteros en relación con las pericias que se realizan sobre la unidad.

Por su parte, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, había señalado que su cliente admitió haber manejado ese vehículo tras recibirlo en carácter de préstamo por parte de una amiga del barrio Yofre con el objetivo de trasladar herramientas de trabajo. 

A pesar de los argumentos de la defensa, el ministro de Seguridad insistió en el respaldo hacia las directivas de los tribunales cordobeses y concluyó manifestando que “estamos convencidos de que las pistas que está investigando el fiscal nos van a llevar a encontrar en definitiva a Agostina”.

El Senado debatirá en los próximos días el proyecto de Inocencia Fiscal, una reforma del Régimen Penal Tributario impulsada por el Gobierno que busca otorgar un marco de protección legal a quienes decidan blanquear los dólares fuera del sistema.

La iniciativa apunta a favorecer la remonetización en moneda dura, en el marco de la competencia de monedas, y actualiza los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito.

Según el texto, el piso a través del cual se fija la evasión simple subiría de $1,5 millones a $100 millones. Esa cifra —teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del Banco Nación de $1475— equivale a unos US$68.000. De esta manera, operar montos por debajo de ese umbral ya no resultaría delito penal, siempre que se apruebe la ley.

En paralelo, el proyecto eleva el mínimo para la evasión agravada de $15 millones a $1000 millones, y crea un esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones. Quienes se sumen pagarán en función de la facturación y no del patrimonio, de acuerdo con la explicación oficial.

El plan también incorpora un mecanismo que extingue la acción penal si el contribuyente paga capital e intereses antes de que se realice la denuncia. Además, introduce cambios en los plazos que tiene el fisco para requerir información y en las vías para resolver conflictos tributarios.

El Gobierno sostiene que el objetivo central es dar seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y alentar el uso de dólares fuera del sistema. La propuesta se presenta como una pieza clave dentro del programa económico, pensado —según se remarcó oficialmente— para consolidar la estabilidad y ordenar los incentivos tributarios.

Varios de los montos previstos en la ley vigente quedaron desactualizados durante años, lo que llevó a que contribuyentes quedaran expuestos a procesos penales por cifras que hoy resultan menores en términos reales. El proyecto busca corregir esa distorsión mediante un aumento significativo de los umbrales, aunque la actualización recién comenzaría a regir más adelante, en un contexto de inflación acumulada.

Las figuras más graves —como maniobras dolosas, insolvencia fiscal fraudulenta o alteración de registros— no desaparecen: se mantienen las sanciones y la tipificación para esas conductas, independientemente de los montos involucrados.

En cuanto a la evasión agravada, el esquema contempla valores más altos cuando se utilicen estructuras o intermediarios para ocultar identidad, así como en los casos en que se hayan aprovechado beneficios fiscales de manera fraudulenta.

El proyecto incluye, además, un sistema de multas automáticas para quienes presenten sus declaraciones juradas fuera de plazo. Tras críticas y consultas públicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar cómo se implementará la medida.

“Estuve leyendo algunos comentarios respecto de las multas automáticas de ARCA que están incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que tiene media sanción en Diputados. Atento a sus inquietudes, hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido”, señaló.

Caputo explicó que no se aplicará la sanción de inmediato: “En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles”. Y agregó: “Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”.

Según el ministro, el organismo ponderará la cantidad de días de atraso para graduar el castigo: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.

Aunque el esquema contempla alivios procedimentales, el valor de las sanciones crecerá de manera fuerte: las actuales multas mínimas, de $200 para personas humanas y $400 para empresas, pasarán a $220.000 y $440.000, respectivamente. (TN)

En la madrugada de este lunes 17 de noviembre personal del CPR Tres Arroyos junto a efectivos del Escuadrón de Caballería, aprehendieron de un joven de 20 años que fue sorprendido dentro del predio cercado de la planta de residuos sólidos Malvinas SRL, ubicada en Av. Aníbal Ponce 2500.

Según informó el Comando de Prevención Rural por medio de un comunicado de prensa, el ingreso generó preocupación debido a que se trata de un predio privado, donde operan maquinarias pesadas, montacargas y sectores de trabajo que representan riesgos significativos para cualquier persona ajena a la actividad de la planta. Por este motivo, el acceso no autorizado no solo es ilegal, sino también potencialmente peligroso.

La causa fue caratulada como “Violación de Domicilio”. Desde la autoridad judicial se avaló el procedimiento policial y se dispuso el traslado del aprehendido para su declaración conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. También se dio intervención a Garantías y a la Defensoría local. Este martes por la mañana se tomará declaración en la fiscalía de turno.

Las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de no ingresar a instalaciones industriales, especialmente aquellas dedicadas al manejo y procesamiento de residuos, por el alto riesgo operativo y su carácter estrictamente privado.

 La Fiscalía de Tres Arroyos pidió la conversión en detención del hombre acusado de balear con un rifle de aire comprimido a otro en el barrio Municipal en la tarde del sábado. Según informaron fuentes judiciales, el sospechoso aprehendido, identificado como Gustavo Alberto Reynoso, alias “Pepino”, de 35 años, se negó a declarar durante la audiencia que establece el artículo 308 del Código Penal, antes que la UFI Nª17 solicite al Juzgado de Garantías la conversión en detención de su situación judicial, decisión que está en manos de la doctor Agustina Cedeira, titular subrogante del citado órgano judicial.

¿Pero qué pasó en inmediaciones a la casa de la avenida Ameghino 1350? Si bien no hay versiones oficiales, a través de los testimonios recogidos por la policía y funcionarios judiciales entre allegados a los involucrados, circulan historias de abusos de sustancias, como así también algún reclamo de tipo económico.

En ese sentido, el ataque ocurrió cuando una persona también de 35 años de edad llegó en bicicleta a la casa del presunto agresor, en este contexto recibió disparos cuyo origen es motivo de investigación y sufrió distintas lesiones de carácter leve (escoriaciones) en el abdomen, como así también en la boca, donde a raíz de este último debió ser intervenido quirúrgicamente.

Precisamente, la víctima apenas herido se comunicó con las autoridades y motivó la realización de un procedimiento y su traslado del herido al Hospital Pirovano.

Al llegar al lugar, el personal policial interviniente arrestó al sospechoso y allanó su domicilio, donde fue secuestrada una pistola calibre .9mm y proyectiles, cuya procedencia también es motivo de investigación, informaron fuentes del caso a este diario. En el lugar también  se  secuestró de aire comprimido de 5.5 mm, símil a una carabina, una pistola calibre 9mm, marca Bersa Thunder, con 20 municiones del mismo calibre, y DVR de cámaras domiciliarias.

El operativo contó con la colaboración de personal del Escuadrón de Caballería, de la SubDDI, Policia Científica local y con la presencia del instructor judicial de la UFIJ Nro. 16, Dr. Iparraguirre.

 Se instruyen actuaciones a prima facie caratuladas Lesiones Leves Agravadas e Inf. Art. 189 bis del C.P, (Tenencia de arma de guerra), con intervención de la UFIJ Nro. 16 a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.

OTRO CASO

Este abuso de armas ocurrido el pasado sábado, tuvo lugar a menos de un mes de otro hecho ocurrido, en este caso, en el barrio La Aceitera durante el último domingo de septiembre y a raíz del cual fue detenido un sospechoso que había denunciado la agresión.

Sin embargo, de las actuaciones posteriores, se determinó que era protagonista de una agresión mutua, aunque no se conocieron más detalles de la investigación iniciada esa misma tarde con la realización de dos allanamientos.

Con respecto a este hecho, en el marco del cual hay un procesado por “abuso de armas y lesiones” y otra persona identificada, pudo saberse que la Justicia excarceló al sospechoso aprehendido, tras haber permanecido diez días entre rejas.

En la madrugada del martes reciente la Policía Comunal encontró una moto que había sido robada momentos antes.

El hallazgo se produjo a las 3 en avenida Almafuerte 2200. Se trató de una moto Gilera Smash con patente 694-DBA con “chasis no visible” y “número de motor suprimido”.

En un breve informe policial se indicó que la víctima del robo reciente fue identificada como Verónica Mammeo. “Aunque en un principio por el número de dominio no estaba registrada a su nombre –porque no realizó la transferencia- se pudo establecer posteriormente que era la tenedora del rodado”, se explica en el detalle dado a conocer por la fuerza del orden conducida por el comisario Cristian Tedini.

Asimismo se informó que “se continúan las tareas investigativas tendientes a dar con el autor del hecho”. Y también se remarcó que “por el momento hasta que no se establezca fehacientemente el número de motor (el que a simple vista se encuentra suprimido) no se restituye el rodado a la damnificada, quien posiblemente pudo haberlo adquirido con esas irregularidades –con el número de motor suprimido- sin percatarse de ello”.

Se iniciaron actuaciones bajo la carátula hallazgo e infracción al artículo 289 del Código Penal que regula los delitos como falsificación, alteración de marcas, contraseñas o supresiones de numeración en objetos registrados. Interviene la UFIJ Nº16 a cargo del fiscal, Gabriel Lopazzo.

Este viernes se conoció la sentencia del juez Javier Allende contra las seis personas que fueron condenadas por su participación en el daño, robo e incendio de la Procuración General, Fiscalía, Legislatura y Comisaría de Rawson, en las manifestaciones de diciembre de 2021 en Rawson.

En su resolución, afirma que se comprobó que los imputados participaron en incendios, daños y saqueos, en un contexto de violencia inédita para la capital provincial, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales.

Por tal motivo condenó a Lucas Alexis Espinoza Andrade a 1 año de prisión en suspenso (daño agravado a un móvil policial), Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza a 1 año de prisión en suspenso (daño agravado en oficinas de la Procuración General); Nicolás Alejandro Díaz, 1 año de prisión en suspenso (hurto agravado de bienes en la Procuración General); Damián Andrés Díaz, 1 año de prisión de cumplimiento efectivo (daño agravado en el Superior Tribunal de Justicia; contaba con antecedentes); Mauricio Nahum Vargas, 4años de prisión de cumplimiento efectivo (incendio y hurto agravado en la Procuración General) y también dictó la absolución de Gastón Velázquez.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez, quien llevó adelante la acusación y el debate oral. La Defensa Pública Penal intervino a través de los doctores Miguel Moyano y Pablo Sánchez, en representación de los imputados.

El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente en aquella jornada.

Por su parte, la fiscal de Género y titular de la UFI N°6, Natalia Ramos le dijo a LA VOZ DEL PUEBLO que se estima que los acontecimientos comenzaron a desarrollarse en la vivienda de Larrea 137, donde, hasta bien entrada la noche, aún continuaba recolectando testimonios, “creemos que todo habría empezado acá. La chica tiene un corte en el cuello, pero tenemos la autopsia mañana a la mañana (por hoy). Preliminarmente, podemos decir que fallece por un corte en el cuello en horas de la mañana”.

Al respecto, el orden de los hechos era un punto a determinar con los testimonios que se aguardaba recibir hoy, “no sabemos si (Dellarciprete) retiro a los nenes (de los colegios) y después se los llevó o si eso fue antes. Hay una versión que indica que retiró a los nenes de las escuelas y los llevó a la casa de sus papás”.

Consultada sobre la existencia de algún tratamiento psiquiátrico en el autor de la tragedia que permita presumir la existencia de un brote psicótico, la representante del Ministerio Público afirmó conocer la existencia de un tratamiento, aunque sin especificar las posibles consecuencias que podría acarrear una conducta derivada de él, “estaba bajo tratamiento. Mañana (por hoy) está citada su psiquiatra y la psicóloga a la Fiscalía. No sabemos específicamente cuál es el tratamiento. Es muy importante indagar la parte psiquiátrica para determinar si fue por un ataque o no”, expresó antes de confirmar que los chicos fueron retirados por su padre de ambas escuelas a las 10, una circunstancia que obliga a estudiar la posibilidad de que haya sido un acto premeditado, “estamos viendo si fue un ataque o algo programado. No había denuncias ni situaciones de violencia de género anteriores. A la mujer nadie la había visto golpeada y tampoco nadie se manifestó hoy por eso. Aunque también hay que tener en cuenta que estaban todos bastante en shock”, señaló descartando, en principio, un móvil de violencia intrafamiliar.

Según la doctora Ramos, además de la autopsia y los testimonios, aún resta analizar las cámaras de seguridad de las inmediaciones a la casa de Larrea y los teléfonos de Dellarciprete y Villarreal.

Si bien la causa va ser radicada en Tres Arroyos como “femicidio”, existe en Necochea otro expediente por “homicidio calificado y suicidio“, que probablemente termine instruido bajo su órbita, “si bien gran parte de los acontecimientos se desarrollaron allá, es un caso que está concatenado. No sería lo adecuado tener dos causas, cuando el presunto autor es uno solo”, comentó en el cierre.

La   fiscal Natalia Ramos,   quien se encuentra al frente de la investigación por el triple homicidio seguido de suicidio ocurrido entre Tres Arroyos y la ruta 228, aseguró que   “no tenemos información que indique que había algún conflicto” familiar, en el marco de una entrevista realizada hoy en Ecos Radio.

Ramos habló en el programa “Punto de Vista”, que conducen Hugo Möller y Gustavo Nicolás, y detalló cómo fueron recabando la información de lo sucedido con la familia de   Fernando Del Archiprete,   el hombre que en la jornada de ayer    se arrojó debajo de un camión, en la ruta 228, luego de haber asesinado a su pareja en su vivienda de Tres Arroyos y a sus dos hijos de 8 y 4 años.

“Nos fuimos enterando al revés de cómo sucedieron los hechos”, relató la fiscal, puntualizando que “nos enteramos aquí en Tres Arroyos, que había un había sucedido un accidente, digamos en   San Cayetano,   y fuimos a buscar a la mujer” de   Del Archiprete,   para explicar que “cuando llegamos (a su vivienda), la mujer estaba fallecida”.

Ramos agregó que   Rocío Villareal,   la pareja de Del Archiprete, si bien aún resta la autopsia de rigor,   “a prima facie se pudo ver un corte en en su cuello, y para esto ya se sabía que su marido se había arrojado debajo de un camión y sus dos hijos, menores de edad, estaban también fallecidos”.

Sobre la situación cotidiana de la familia tresarroyense, Ramos detalló que el lugar donde encontraron a Villarreal   “era el domicilio familiar, con una pareja que vivía con sus dos nenes”.

Además, puntualizó que “no tenemos información que indique que había algún conflicto y no había denuncias penales previas”, por lo que afirmó que   “realmente los familiares se sorprendieron con la situación al igual que a los vecinos, ya que nada indicaba que esto podía llegar a terminar” de esta manera.

Lo que sí dijo la fiscal es que   Del Archiprete “estaba siendo asistido por salud mental, en la ciudad de Tres Arroyos”,   por lo que “estamos convocando a las psiquiatras y las psicólogas para la mañana de hoy para que nos expliquen bien cuál era su patología y cuál era su tratamiento”.

Ramos comentó que “Tres Arroyos es una ciudad chica y todos nos conocemos”, por lo que agregó que   “es un ciudad que está absolutamente conmocionada por lo que sucedió, porque nadie esperaba una situación así”.

Con información de Ecos Diarios

Por Enrique Mendiberri

A poco de cumplir 10 años a cargo de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, el doctor Juan Carlos Ustarroz forjó un estilo que lo distingue de sus colegas de la corporación judicial.

Formado en el ámbito privado, antes de ser abogado, ejerció como ingeniero electromecánico en distintas empresas de París y Miami. Pero su personalidad inquieta y mente práctica, lo llevaron a sacar conclusiones que lo hicieron volver a nuestro país.

Amante de la formación cultural, afirma que estudió antropología por “hobbie” y, cuando entendió que debía buscar una profesión que le permita depender más de su intelectualidad que de su físico, comenzó a estudiar derecho. Tenía 45 años.

A los 50, ya era abogado. Puso su estudio en la ciudad de Buenos Aires, de donde es nativo, y tardó poco en darse cuenta que lo suyo era lo penal, pero en un ámbito que le es ajeno: el público.

En esa combinación de experiencias, puede estar la fórmula de esa saludable responsabilidad de hacer cumplir la ley.

Con sello propio. El doctor Juan Ustarroz asegura que busca imprimir la impronta del privado en la actividad pública (FOTO: AGOSTINA ALONSO)

Así, es como nacen referencias como la del distrito más intenso de esta región en la lucha contra los ruidos molestos de los escapes de motos (que fueron secuestrados y aplanados en una actitud que poco después imitaron saludablemente otros partidos), los controles contravencionales en espacios públicos y, otros más significativos, como el esclarecimiento de millonarios engaños a adultos mayores bajo la modalidad del Cuento del Tío.

“Cuando me recibí de abogado y tuve la posibilidad de tener mi estudio, me di cuenta que el Derecho no es algo que me encante, salvo la rama penal. Por eso me presenté al concurso de Ayudante Fiscal de Chaves, lo aprobé, pero no bastaba con eso. Había que hacer una entrevista con el fiscal General, doctor Juan Pablo Fernández, y, al día de hoy, no sé por qué me eligió. A veces se lo pregunto”, dijo con humor antes de referirse a los factores que, según él, le permiten trabajar de una manera especial, “yo estoy satisfecho, pero la gente que está conmigo me carga, porque vengo con algunas mañas de empresas privadas. No soy de la familia judicial, soy de otros ámbitos corporativos y vengo con otras ideas fuerza y siempre pienso en la mejora continua. Nunca estoy satisfecho. Conseguí de grande algo distinto. Yo siempre trabajé en empresas de alta calidad. Empresas a las que hoy estoy agradecido porque me dieron formación, procesos, ideas de coaching, de liderazgo. Cosas que en otros ámbitos no hubiera tenido”.

Reflexiones que hoy, a los 62 años, lo ubicaron en Adolfo Gonzales Chaves, donde decidió instalarse definitivamente, comprar su casa, pero sin abandonar sus ambiciones y objetivos permanentes de progreso, pero en este caso, con un techo: la titularidad de una Fiscalía en Tres Arroyos.

“Al único que puesto que aspiro es al de fiscal en Tres Arroyos. Si vos me preguntás si concursaría para juez Penal o Correccional, yo creo que me aburriría. Hoy para mí, el trabajo de investigación, el estar con la policía, el salir a la ruta en un accidente, forma parte de cosas que me gustan, que me mantienen vivo a pesar de la edad”.

Justamente un tema que le permitió recibir con sorpresa la noticia de su cargo actual.

En el canal de YouTube de La Voz del Pueblo también se puede ver la entrevista completa al funcionario judicial de Adolfo Gonzales Chaves (FOTO: AGOSTINA ALONSO)

LVP: ¿Por qué se marginaba de la idea de ser un funcionario a los 50 años?

Juan Ustarroz: “Hay una tendencia a no tomar a la gente grande. Y, ahora, que no fue un desastre la experiencia, cuando estoy por cumplir 10 años, siempre le pregunto a Juan Pablo (Fernández) por qué me tomó. Él dice que le gustaron unos artículos que escribí.

Chaves siempre fue muy generoso conmigo. Uno cuando es nuevo comete errores, que se superaron, y logré formar un equipo de trabajo, que es algo necesario. Por ejemplo, con la policía. El fiscal no es el jefe de la policía, pero tienen que trabajar juntas dos culturas corporativas totalmente diferentes”.

LVP: ¿Cómo ve el trabajo en materia de seguridad en Gonzales Chaves?

JU: “Hoy mi objetivo es que la gente de Chaves no pierda lo que heredó de sus padres y lo que tuvo en la infancia, que es no tener que estar pendiente ni obligado a tomar decisiones superlativas a la hora de pensar en la seguridad. Lo estamos consiguiendo y esto no es un trabajo mío, lo estamos logrando en conjunto con la policía y la Municipalidad, con la jueza de Paz, con la Fiscalía con la que trabajo”

LVP: Un aspecto saliente de la gestión judicial en Chaves está caracterizada por el aprovechamiento de las cámaras de seguridad?

JU: “Cuando me hice cargo de la Ayudantía Fiscal trabajé de manera muy cercana con la que era la Directora de Seguridad, la comisario Lilian Montes, y juntos diseñamos lo que es la red de cámaras de vigilancia que se instaló en 2017”

LVP: ¿Pudo combinar aquí sus conocimientos con la ingeniería electrónica?

JU: “Lo que para nosotros eran unas cámaras de un estándar terrible, hoy son comunes. Ha evolucionado muchísimo esa tecnología. Me desvinculé después que se instalaron, pero las han mantenido muy bien. En materia de cámaras hay distintos puntos clave. Primero es instalarlo, que se hace un importante esfuerzo, como el que está haciendo el municipio de Tres Arroyos. Segundo es mantenerlo. Hay que entender que, una vez que se instalan esos dispositivos, se tiene que destinar un 20 por ciento de la inversión inicial para mantenimiento. Una tercera parte, también importante, es la que exige coordinación, la cámara te da el dato. Para que esa información sea útil, vos tenés que tener gente que te la pueda procesar. La tenemos y, después hay un tercer nivel, que pasa de información a prueba. Tiene que ser eficaz para que un juez dicte una condena. Pero eso exige también coordinación con otros municipios, algo que estamos logrando y ya hemos hecho varias veces.  Hemos tenido datos de ocupantes de autos que han delinquido acá (por Tres Arroyos), lo han hecho en Chaves y en Tandil, y hemos logrado detenerlos. Hubo detenciones en Rosario de gente que ha delinquido en Monte Hermoso y ha pasado por acá”.

LVP: ¿Qué necesidades ve en materia penal en Tres Arroyos?

JU: “El primer trabajo que hay que hacer es llenar las vacantes. Completar las vacantes que faltan. No solo de Fiscalías, sino también de Juzgados, porque nos afectan a todos. Hace años que no tenemos un juez de Garantías estable, con lo que tenemos que adaptarnos al criterio de cada juez que va llegando. A mí entender, Tres Arroyos debería ser sede de un departamento Judicial y tener más presencia de algunas unidades policiales. Lo he planteado para Chaves, una unidad de Drogas especializada y una unidad de DDI”

LVP: ¿Cómo ve el fenómeno de la droga en nuestra región? ¿Se le puede ganar?

JU: “Con métodos solamente policiales, no. Hay que hacer un cambio cultural que implica trabajo, comunicación, escuela, y acabar con el tema romantizado de que, ´fumarte una seca´, no te hace nada. Toda la gente que he conocido y estaba vinculada a la droga, termina en situaciones trágicas.  También estoy convencido de que, a nivel nacional, hay un gran lobby destinado a que el tema de la marihuana parezca mucho más inofensivo de lo que verdaderamente es”.

LVP: ¿Pero en materia de narcomenudeo y generación de divisas con la venta de droga, en qué punto estamos y hacia dónde vamos?

JU: “Estamos en narcomenudeo. Donde vos sacás de circulación a uno y, al día siguiente, te lo reemplazó otro. Lamentablemente, eso ya no es competencia de la Justicia Provincial, es Federal. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando tenemos un caso de narcomenudeo, es avanzar para poder darle al fuero Federal lo que necesitan para trabajar”

LVP: ¿Hay una organización superior en esta región?

JU: “En el narcomenudeo se arman informalmente. La organización superior es la que dice ‘yo vendo’. Pero, cuando atrapás a alguno de los de abajo, por miedo no te dice quiénes son ni cómo llegar a ellos. Hoy la investigación de drogas necesita de fuerzas especializadas. Una inteligencia y observación sobre el terreno. Se necesita gente capaz para eso, pero con apoyo”

(FOTO: AGOSTINA ALONSO)

LVP: ¿Cuál es criterio que sigue la Ayudantía Fiscal de Gonzales Chaves en materia de difusión de identidades de sospechosos de distintos hechos?

JU: “No podría apartarme de la política general de la Fiscalía a la que pertenezco. En general no hay diferencia. En los casos de la UFI N°6, la Fiscalía de Género, los datos que se entregan son muy restringidos porque ahí lo que se prioriza es a la víctima, que siempre está en una situación de vulnerabilidad. Y en los demás, quizá lo que pueda ocurrir es una cuestión de estilo y, la realidad, es que en Chaves hay una sola dependencia. Nosotros no damos nombres si realmente no hay una acusación o si no hemos pedido la detención. Por una simple sospecha no voy a divulgar. Los únicos nombres que damos lo hacemos cuando sabemos que vamos a pedir una prisión preventiva o que hay elementos suficientes. Además, cuando se divulgan identidades, muchas veces también se pueden conocer más hechos. Puede aparecer alguien y decir ‘yo le compré esto a esta persona’. Nos sirve para empezar a hacer algo que no corresponde al sistema penal, que es reparar el daño. Si con eso coopero en recuperar algo que se robó, algo hemos hecho”.

El “Diez” falleció el 25 de noviembre de 2020. Se juzga a siete personas por presunto “homicidio con dolo eventual”, y los más complicados son su médico personal, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Este martes comenzó el juicio por la muerte de   Diego Armando Maradona,   contra el equipo médico imputado que debía llevar a cabo sus cuidados. La primera jornada se desarrolló ante la presencia de sus hijas y una de sus ex parejas.

En esta primera jornada del juicio, el fiscal Patricio Ferrari exhibió una   impactante imagen   para demostrar cómo se encontraba el ex futbolista argentino cuando   murió, aquel 25 de noviembre del 2020.

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