Este viernes se conoció la sentencia del juez Javier Allende contra las seis personas que fueron condenadas por su participación en el daño, robo e incendio de la Procuración General, Fiscalía, Legislatura y Comisaría de Rawson, en las manifestaciones de diciembre de 2021 en Rawson.

En su resolución, afirma que se comprobó que los imputados participaron en incendios, daños y saqueos, en un contexto de violencia inédita para la capital provincial, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales.

Por tal motivo condenó a Lucas Alexis Espinoza Andrade a 1 año de prisión en suspenso (daño agravado a un móvil policial), Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza a 1 año de prisión en suspenso (daño agravado en oficinas de la Procuración General); Nicolás Alejandro Díaz, 1 año de prisión en suspenso (hurto agravado de bienes en la Procuración General); Damián Andrés Díaz, 1 año de prisión de cumplimiento efectivo (daño agravado en el Superior Tribunal de Justicia; contaba con antecedentes); Mauricio Nahum Vargas, 4años de prisión de cumplimiento efectivo (incendio y hurto agravado en la Procuración General) y también dictó la absolución de Gastón Velázquez.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez, quien llevó adelante la acusación y el debate oral. La Defensa Pública Penal intervino a través de los doctores Miguel Moyano y Pablo Sánchez, en representación de los imputados.

El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente en aquella jornada.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue escenario el jueves reciente de una charla magistral sobre uno de los casos más emblemáticos de delito ambiental en Argentina.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, expuso en el salón Azul los pormenores del caso conocido como “la masacre de pingüinos de Punta Tombo”.

Gómez, oriunda de Tres Arroyos y formada en la UBA, relató el arduo camino que recorrió durante tres años para llevar a juicio y obtener una condena en este caso sin precedentes.

“Lo tomé como un desafío personal”, confesó la fiscal a La Voz del Pueblo, quien admitió que en ese momento no era especialista en derecho ambiental, sino en homicidios y abuso sexual.

La investigación, que comenzó en solitario, se encontró con múltiples obstáculos. “Hubo tres años donde estuve absolutamente sola investigando el hecho”, reveló Gómez a este diario.

Su objetivo principal era sentar un precedente que pudiera ser utilizado por otros fiscales en el futuro. La estrategia de Gómez se centró en la recolección de pruebas sólidas y para ello convocó a organismos nacionales como el CONICET y la CONAE, aprovechando la experiencia de expertos argentinos.

Sin embargo la fiscal logró ‘dar un fuerte golpe en la mesa’ al incorporar un elemento inesperado pero infinitamente valorado para su investigación, con la participación de National Geographic, algo inédito en la historia judicial.

“Estuve un año y medio enviando mails al director ejecutivo”, explicó Gómez al detallar las dificultades para convencer no solo a National Geographic, sino también a Disney, que había adquirido los derechos de la organización.

Finalmente, tras numerosas reuniones online, lograron que le proporcionaran pruebas cruciales y el testimonio de su mejor cartógrafo, Samuel Guilford.

La evidencia recopilada incluyó imágenes satelitales de la CONAE y National Geographic que permitieron determinar con precisión las fechas y horas de la destrucción de la colonia de pingüinos.

“Tengo la fecha y hora que es el 26 de noviembre a las 2:00 pm hasta el 4 de diciembre a las 7:00 pm donde se destruye la colonia, en zona de alta densidad de nidos, en zonas núcleos”, detalló la fiscal.

El impacto ambiental se produce por el movimiento del suelo para la construcción de caminos, desmonte y otras alteraciones del terreno. Gómez logró demostrar la crueldad animal en zonas específicas, correlacionando las imágenes de la CONAE con las de National Geographic.

La victoria judicial no solo resultó en una condena de tres años de ejecución condicional para el productor Ricardo La Regina, sino que también generó efectos positivos para la conservación. “Se dio la inmediata intervención del poder ejecutivo con sus especialistas y sus ciudadanos para que intervengan en la zona afectada”, explicó Gómez.

Además se presentó un proyecto para ampliar la zona de reserva y extenderla a toda Punta Tombo. Incluso, tal como lo anunció recientemente Gómez, el caso generará la apertura de fiscalías ambientales en el país.

Asimismo la fiscal hizo hincapié en la necesidad de incorporar la figura de “ecocidio” en la legislación argentina, algo que viene solicitando desde hace tres años. “Es la calificación jurídica que hubiera sido acorde a los hechos”, afirmó.

Por definición el ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

Gómez resaltó la importancia de no minimizar las causas ambientales. “Estamos muy atrasados ​​en la legislación, estamos muy atrasados ​​también socialmente en darle la importancia (que el tema merece)”, advirtió.

En este sentido hizo un llamado a la responsabilidad colectiva con el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras.

La exposición de Gómez fue organizada por el Departamento de Derecho Privado I, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, el Seminario de Investigación Problemática de los daños en la Sociedad Actual, y el Seminario Vulnerabilidad y Derecho.

La Justicia de Chubut condenó a Ricardo La Regina a tres años de prisión condicional por el daño causado a una colonia de pingüinos en Punta Tombo, en un fallo considerado ejemplar que podrá generar acciones para contrarrestar la falta de legislación actualizada contra delitos ambientales.

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, quien lideró la investigación durante tres años, expresó su satisfacción con el fallo. “Estoy feliz porque, más allá de haber obtenido la condena, obtener los tres años era lo que esperaba”, afirmó Gómez a La Voz del Pueblo.

La fiscal destacó que logró acreditar los hechos y la calificación jurídica tal como se expuso en la acusación fiscal.

Gómez señaló la necesidad de leyes más duras para este tipo de delitos ambientales. “Argentina está muy atrasada respecto a los países del Mercosur en legislación ambiental”, afirmó.

Asimismo la investigadora y acusadora del Ministerio Público  espera que este caso sirva como base para futuros proyectos de ley que garanticen una mejor protección de la fauna y el medio ambiente.

Además de la condena se ordenó el decomiso a La Regina de la retroexcavadora utilizada y la intervención inmediata del estado provincial en la zona afectada para su recomposición.

Gómez enfatizó que algunas áreas serán de imposible recuperación y resaltó la importancia del mensaje que envía esta sentencia al sostener que “la gente debe entender que la flora y la fauna no le pertenecen. Tienen la obligación de protegerlas”.

Durante la investigación Gómez contó con el apoyo de expertos internacionales y utilizó imágenes satelitales de alta resolución proporcionadas por National Geographic, lo que fue cruciales para el caso.

Finalmente la fiscal nacida y criada en Tres Arroyos –donde vivió hasta finalizar sus estudios secundarios- anunció que este caso será presentado en un encuentro iberoamericano ambiental y que se formalizará la Red Argentina de Fiscalías Ambientales para mejorar las herramientas de investigación en delitos de esta naturaleza.

“Mañana (por hoy) voy a exponer el caso en un Encuentro Iberoamericano Ambiental y se va a formalizar la Red Argentina de Fiscalías Ambientales a nivel nacional para que todos, para que las fiscalías ambientales empiecen a tener herramientas reales, para tener una protección real y poder investigar hechos de esta naturaleza, y darle a estos hechos el lugar que corresponde”, expresó.

Y agregó que siempre ha considerado que “los casos ambientales desgraciadamente -a veces- se minimizan y no se les da la importancia que ameritan. Tiene que haber un cambio y va a haber el cambio de paradigma para que se le dé la misma importancia que cualquier hecho delictual a este tipo de casos”, sostuvo

La fiscal Florencia Gómez, que investigó el caso y los abogados querellantes, pidieron cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento en contra del productor ganadero Ricardo La Regina tras ser hallado culpable la semana pasada de los delitos de daños agravados y crueldad animal al afectar con una máquina retroexcavadora una colonia de pingüinos al norte de Punta Tombo. Fue en la audiencia de cesura de pena realizada en el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Los jueces Eve Ponce, María Martini y Carlos Richieri resolverán la pena en el plazo legal estipulado para dictar sentencia. No lo harán de manera pública en una audiencia, sino por escrito y de manera electrónica a las partes.

Hasta el momento se realizó el debate probatorio para determinar la existencia del hecho y la culpabilidad. El tribunal ya resolvió que Ricardo La Regina es culpable de los hechos que se investigaron. Este lunes se inició el debate en función de que las partes soliciten la pena que le podría caber. 

Prisión

Para la fiscal Florencia Gómez, el imputado era consciente de sus actos y la fragilidad del ciclo reproductivo del pingüino afectado por el paso de la retroexcavadora utilizada. Dijo que su conducta fue de “crueldad hacia los pingüinos además de otras especies afectadas por el paso de la máquina pesada”; y que en el caso de los 240 pingüinos “ya no podrán cumplir con su ciclo reproductivo”.

Afirmó que su actuación “no tuvo lógica” y que nunca pidió permiso para realizar esas tareas porque “no se lo hubiesen concedido”. Dijo que el daño generado fue “gravísimo con consecuencias también para las generaciones futuras”.

Apoyada en éstas afirmaciones concluyó en solicitar la pena de cuatro años de prisión.

Pena en lo económico

Por su parte el querellante Martín Castro además de coincidir con la fiscal general Gómez, se refirió a la necesidad del resarcimiento, la reparación del daño y su afectación al Estado. También pidieron el resarcimiento económico “superior a los 500.000 dólares”, las costas del proceso y la cesión de 500 hectáreas para proteger la fauna allí existente,

Por su parte el abogado querellante Eduardo Hualpa, representante de entidades ambientalistas coincidió con lo solicitado por la fiscal general Gómez y el querellante, Martín Castro.

A las penalidades económicas, agregó el decomiso de la máquina retroexcavadora que el imputado utilizó para los movimientos de tierra en función de su actividad ganadera. Hualpa hizo alusión a la necesidad de determinar con claridad los objetivos de los bienes y dinero, en caso que el Tribunal haga lugar a lo pedido por los acusadores.  

Alegato del defensor

Por su parte el defensor Ruffa destacó “la ausencia del Estado” para prevenir este conflicto, la existencia de un camino que ejecutó el tío del imputado sin que el mismo Estado realice denuncia alguna, y el conflicto familiar que lo llevó a realizar los movimientos de tierra, sin que el mismo Estado intervenga a pesar de los reclamos del imputado.

Afirmó que su asistido “nunca tuvo intenciones de producir ese daño”, además de fundamentar las razones por las cuales no es necesario el decomiso de la máquina y que la superficie de terreno que se pretende incautar, “resulta un tanto exagerada”.

Afirmó además que el imputado es solo “administrador del campo” y que la propiedad del mismo sigue perteneciendo a la totalidad de su familia, concluyó en pedir un año de prisión.

Los testigos

Iniciada la cesura de pena, la fiscal general Florencia Gómez, incorporó como testigo al biólogo Alejandro Borboroglu quien refirió a la cantidad de nidos afectados y el tiempo de recomposición de la colonia de Pingüinos, y Mario Rostagno, especialista en suelos, indico que la recomposición del suelo y la flora en el sector llevaría entre 10 y 20 años, ambos expertos idóneos para evaluar y cuantificar los daños producidos por Ricardo La Regina.

Lo mismo y con similares argumentos hizo Martín Castro, querellante en representación de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de ofrecer documentales para mensurar los daños en la flora del lugar. También el querellante Eduardo Hualpa ofreció testigos para medir los daños causados y la reparación de los mismos.

Los jueces convalidaron la presencia de los testigos de las partes en esta etapa de cesura de pena.

Continuando con los testigos, Fernando Clavera, por parte del querellante Castro. Asistió como licenciado en ciencias geológicas especializado en cuestiones ambientales. Actualmente es socio gerente de una empresa privada dedicada a los estudios ambientales.

Otto Wohler fue testigo del querellante Eduardo Hualpa. Es especialista en pesquerías y medio ambiente y habló sobre el recurso natural, sus ciclos naturales, el ciclo biológico del pingüino y la explotación turística del mismo.

Testigos de la defensa

Mónica Maldonado fue la primera testigo de la defensa del imputado. Es prima hermana de la madre del imputado con colaboración en las tareas rurales de la familia de Ricardo La Regina. Dio cuenta de aspectos familiares y el rol del imputado en ese aspecto y las tareas de explotación ganadera.

Beatriz Plaza también fue testigo de la cesura de pena presentada por el defensor Ruffa. Es la madre del imputado y contó cómo la investigación afectó a su entorno familiar y la importancia del rol de Ricardo La Regina en su rol de hijo, sostén de familia y trabajador rural.

(Con información del Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson).

En un fallo histórico para la justicia ambiental argentina el tribunal de Chubut declaró culpable al acusado por el caso conocido como “la masacre de Punta Tombo”, Ricardo La Regina.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, quien llevó adelante la acusación, compartió detalles  en una entrevista con La Voz del Pueblo sobre la sentencia y sus implicaciones.

La también tresarroyense reveló haber recibido felicitaciones de jueces y fiscales de todo el país por haber sentado un precedente crucial para la jurisprudencia ambiental del país.

La fiscal destacó la importancia del fallo al señalar que “esto genera un precedente que se necesitaba, porque si no, no se avanzaba sobre la posibilidad de una legislación nacional”.

El tribunal no sólo declaró culpable al acusado sino que también avaló la teoría del caso y la calificación jurídica propuesta por Gómez. “Los jueces no solamente tuvieron por acreditado los hechos que yo califiqué, sino la teoría de mi caso y la calificación jurídica que elegí”, explicó la fiscal en declaraciones a este diario.

La condena incluye el delito de daño agravado en modalidad de delito continuado, y el último hecho con crueldad sobre los animales.

Sin embargo Gómez aclaró que aún falta determinar la pena específica. “El lunes será la audiencia de cesura de pena. En esa audiencia, yo voy a pedir cuatro años y tengo que justificar porqué”, sostuvo.

La fiscal señaló que aunque el acusado no tiene antecedentes condenatorios, lo cual podría influir en la decisión final, ella mantiene su pedido de cuatro años de prisión efectiva.

“Vos no podés tratar de la misma manera a una persona que no tiene antecedentes que a una persona que los tiene”, explicó Gómez.

Respecto al futuro la fiscal enfatizó la necesidad de cambios legislativos a nivel nacional. “El Congreso con este fallo debería ponerse a presentar proyectos para la biodiversidad en general”. Gómez pidió que a partir de este juicio tengamos en el país acceso a una “legislación coherente” que permita a los fiscales actuar de manera efectiva en casos de atentados contra la naturaleza.

Pero también expresó que las consecuencias de la masacre de Punta Tombo debieran impulsar la creación de fiscalías ambientales en cada provincia. “Que cada provincia tenga una fiscalía ambiental, que la tiene que tener. Una fiscalía exactamente controla el trabajo de los otros operadores”, sostuvo.

Gómez también destacó la importancia de una legislación nacional que integre el código penal con “delitos y penas severas” para casos ambientales, junto con la creación de fiscales especializadas.

Finalmente dejó en claro que este fallo marca un antes y un después en la justicia ambiental argentina, sentando las bases para futuras legislaciones y acciones en defensa de la biodiversidad del país.

Por Fernando Catalano

Durante la semana reciente se desarrolló la etapa de presentación de pruebas en el histórico juicio por el caso conocido como la “Masacre de Punta Tombo”, un hecho sin precedentes que pretende marcar un antes y un después en la aplicación de las poco robustas leyes ambientales de la Argentina.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, que lleva adelante la acusación describió a La Voz del Pueblo que se atravesó una semana intensa y agotadora.

Durante cinco días desfilaron por el estrado cerca de 30 testigos de ambas partes entre los que la fiscalía presentó expertos en pingüinos, guardafaunas y especialistas que acreditaron el daño ambiental en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera de Punta Tombo, considerada una de las cinco áreas más ricas en biodiversidad de Sudamérica.

Un punto clave fue la declaración de expertos de National Geographic, quienes aportaron imágenes satelitales que permitieron determinar con precisión fechas y horas de los desmontes ilegales. “Fue un antes y un después en la investigación”, afirmó Gómez en declaraciones a este diario.

La fiscal nacida y criada en Tres Arroyos, que realizó su trayectoria educativa en el Colegio de Hermanas y terminó los últimos años en el ex Colegio Nacional, llegó al juicio con el apoyo de la CONAE, el CONICET y National Geographic a partir de una autorización legal de Disney.

La idoneidad y experiencia de cada entidad con sus respectivos informes técnicos, representaron un gran respaldo para la abogada formada en la UBA, que con un proyecto de vida familiar y profesional se radicó hace años en Rawson.

“Fui a la Universidad de Washington, presenté el caso y ahí convencí a las personas que habían colaborado de National Geographic para que vinieran a declarar”, comentó sobre el caso del cartógrafo y testigo Samuel Guilford que con imágenes satelitales logró establecer que el camino a metros del mar abierto por La Regina se hizo entre 1l y el 14 de agosto de 2021, y que tendría unos 950 metros de extensión.

La fiscal afirmó que logró desacreditar a varios testigos de la defensa con lo cual destacó que quedó en evidencia la falta de preparación de estos declarantes.

El acusado, Ricardo La Regina,  declaró el último día y según Gómez “no negó los hechos”. Además manifestó haber comprendido que si bien es dueño de la estancia, “la flora y fauna no le pertenecen”.

La ausencia de representantes de organismos estatales como el Ministerio de Ambiente o la Dirección de Flora y Fauna fue notoria y criticada por la fiscal, quien debió recurrir al apoyo de ONG’s y entidades internacionales para sostener la acusación.

Este lunes será el turno de los alegatos. Gómez adelantó que pedirá una condena de 4 años, buscando sentar un precedente en la jurisprudencia nacional sobre delitos ambientales. “Quiero que sea una herramienta para todos los fiscales, que este sea el primero pero no el último caso que llegue a juicio”, enfatizó.

Asimismo la fiscal resaltó la importancia de este caso para generar conciencia sobre la protección ambiental y la necesidad de una legislación más robusta en la materia. “Argentina es un país que le debe mucho a la naturaleza”, reflexionó.  

En esa misma línea sostuvo que “hay mucha gente con muy buenas intenciones de protección, pero no tenemos legislación acorde para una protección real”.

El juicio despertó gran interés, especialmente entre los jóvenes. Gómez mencionó que grupos de estudiantes asistieron a las audiencias, evidenciando con ello una creciente preocupación por temas ambientales en las nuevas generaciones.

Con la etapa de pruebas concluida, todas las miradas están puestas en los alegatos de este lunes, donde se espera una gran cobertura mediática. Sea cual sea el resultado, este juicio ya marca un hito en la historia judicial argentina en materia de protección ambiental, y tiene como protagonista a una tresarroyense como impulsora de la investigación.

La misma fiscal lo explicó manifestando que desde la opinión pública -por falta de información- se terminan minimizando este tipo de delitos.

Pero con el transcurso de la investigación y lo expuesto durante el juicio, Gómez, siente que el cambio ya comenzó a darse después que escuchara al acusado Ricardo La Regina en su declaración final cuando dijo “hoy entendiendo que yo soy dueño de la estancia, pero la flor y la fauna no me pertenecen”.

La jueza de garantías Karina Breckle resolvió elevar a juicio oral y público al productor ganadero Ricardo La Regina en la causa penal investigada por la Fiscalía de Rawson por la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia “La Perla” localizada en la zona de Punta Tombo – Punta Lara por haber ejecutado un camino paralelo a la costa, sin autorización previa, produciendo la afectación de nidos en etapa de reproducción.

La magistrada avaló la acusación que resume la investigación realizada por la fiscal general tresarroyense Florencia Gómez con el apoyo científico de numerosos especialistas en el tema, muchos de los cuales se convirtieron en querellantes.

Breckle consideró que en la acusación quedó plasmado el trabajo, las condiciones profesionales y la experticia de los organismos que realizaron las pericias y los informes para describir lo ocurrido entre agosto y diciembre del año 2021 en donde además de la ejecución del camino, se le sumó la colocación de un alambre electrificado que también habría afectado a esas aves.

Debido a lo que consideró “superposición de informes” la magistrada le pidió a la fiscal general Gómez que reduzca la cantidad de testigos a tener en cuenta en el debate oral.

La magistrada también aceptó un pedido de la fiscal y los querellantes para que el juicio oral y público sea ventilado ante un Tribunal colegiado, teniendo en cuenta la pretensión punitiva de los acusadores. El defensor del imputado Federico Ruffa había pedido el sobreseimiento de La Regina, pero esta solicitud también fue rechazada por la jueza de garantías de Rawson.

La audiencia en la que se conoció la resolución fue seguida de manera presencial y a distancia por quienes representan a las querellas.

Los hechos en los que se encontró involucrado La Regina ocurrieron entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre del año 2021. Fue en ese establecimiento con costa de mar cercano a la reserva de Punta Tombo – Punta Lara, pero incluido en un Área Natural Protegida y área de importancia natural para la preservación de las aves con reconocimiento, además de la UNESCO.

La investigación indica que La Regina trazó un camino utilizando máquina pesada en una colonia de pingüinos cuando las aves estaban empollando en época de nidificación y reproducción de la especie. El camino fue ejecutado paralelo al mar con el objetivo de delimitar la sucesión de un campo. Es una zona de alta densidad de reproducción de los pingüinos de Magallanes.

A La Regina se le imputa los delitos de daños agravados en concurso reala en tres hechos, malos tratos y acto de crueldad a los animales. La pena posible, a criterio de la Fiscalía, es la de cuatro años de prisión.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.