El Gobierno nacional anunció de manera oficial la salida formal de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ministro de Salud, Mario Lugones, justificó la medida inédita bajo el argumento de que el país "recupera soberanía sanitaria", en una decisión que alinea la política exterior nacional con la de la administración estadounidense de Donald Trump, pero que despierta severos cuestionamientos internos en medio de denuncias por el deterioro del sistema sanitario público.

"Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que correspondían", expresó Lugones a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El anuncio de la cartera sanitaria se da en un escenario de alta conflictividad social y en la misma semana en que se llevó a cabo la Marcha Federal por la Salud Pública, una movilización que congregó a más de 60.000 personas en rechazo a los recortes presupuestarios del Poder Ejecutivo, la pérdida de entre un 34% y un 40% en los salarios docentes universitarios y las denuncias por la suspensión en la entrega de medicamentos oncológicos.

Al defender la desvinculación del organismo internacional, el ministro hizo hincapié en el impacto de las políticas aplicadas durante la crisis del Covid-19. "La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país", señaló Lugones, quien apuntó contra la gestión anterior por haberse sometido "sin cuestionamientos" a cuarentenas prolongadas que "pagaron los chicos que perdieron clases, las familias que perdieron ingresos y los pacientes que no recibieron atención oportuna".

Pese a la ruptura con la agencia de Naciones Unidas, el titular de Salud buscó llevar tranquilidad respecto al abastecimiento de insumos esenciales y aclaró el ámbito en el que se moverá el país a partir de ahora. "Mantenemos la articulación necesaria con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la adquisición de vacunas y medicamentos a través de los fondos Rotatorio y Estratégico", explicó, y enfatizó: "Gracias a la relación con la OPS, los argentinos van a contar con las vacunas y medicamentos".

En ese sentido, Lugones remarcó que la Argentina no abandonará la cooperación sanitaria internacional, pero advirtió que la administración de La Libertad Avanza redefinirá los términos de esos vínculos, citando como ejemplo de autonomía la labor técnica realizada ante el brote de hantavirus. "Establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente. Decidir con responsabilidad, cuidar los recursos, fortalecer la vigilancia sanitaria y defender una idea concreta: los argentinos primero", concluyó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, respaldó la medida y afirmó que "representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina".

La decisión argentina se inscribe en un complejo tablero geopolítico global. El pasado 22 de enero, Estados Unidos efectivizó su salida de la OMS por instrucción de Donald Trump, lo que desató una profunda crisis presupuestaria en el organismo, dado que Washington era su principal aportante histórico, cubriendo cerca del 18% del presupuesto global.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó recientemente su expectativa de que la potencia del norte "recapacite y se reincorpore". Sin embargo, especialistas como Lawrence Gostin, director del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, advirtieron que la medida de Trump avanza de facto pese a las objeciones legales en su propio país. Como consecuencia de este desfinanciamiento, se prevé que la OMS deba reducir a la mitad su equipo directivo, recortar proyectos a nivel mundial y prescindir de una cuarta parte de su personal hacia mediados de este año. (Fuente: NA)

El Gobierno negó que haya un ajuste en el área de Salud y criticó la marcha que harán sindicatos y trabajadores del sector, en reclamo de más fondos para el sector: “Tiene un tinte político”.

Saúl Flores, Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio liderado por Mario Lugones, dijo que “de ninguna manera” hay reducción de fondos para salud y habló de “tinte netamente político” de los organizadores de la movilización.

Flores destacó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El funcionario de Salud dijo en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso del Hospital Garrahan hubo una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

Flores habló además de “las transferencias en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente que los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso".

El Secretario de Gestión Sanitaria de Salud destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Flores advirtió además que en el caso de los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), de financiamiento compartido entre Nación y Provincia, el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia esos centros de salud.

Las claves de la marcha de sindicatos y trabajadores de la salud para pedir más fondos para el sector

Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron para a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública en rechazo a lo que advierten que es un ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, con denuncias de deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.

La movilización central es en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 13.00 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por un recorte presupuestario, caída de programas nacionales, falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos hablan la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas. (Fuente: TN)

El Gobierno trabaja en la letra chica del “Súper RIGI” y prepara negociaciones con gobernadores por beneficios fiscales. Se trata del nuevo régimen de incentivo a las inversiones que Javier Milei anunció esta semana, que apunta a sectores que no tienen desarrollo local a gran escala. El presidente lo enviará al Congreso la semana que viene.

En el Ejecutivo apuntan a promover inversiones en segmentos como inteligencia artificial, data centers, infraestructura nuclear, defensa y autos eléctricos, aunque remarcan que los detalles técnicos siguen abiertos y que la definición final dependerá también de la ingeniería política para aprobarlo en el Congreso.

Los primeros detalles los dio este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, que confirmó que el esquema prevé una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 25% del RIGI vigente; una amortización acelerada de 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero; exención de aranceles de importación para bienes vinculados a la producción y arancel cero para las exportaciones.

El titular del Palacio de Hacienda no detalló, en cambio, un esquema nuevo de liberación de divisas ni precisó el monto mínimo de inversión, que dijo que todavía se está terminando de definir. En la Casa Rosada advierten que la baja impuestos nacionales en línea con los provinciales obligará a abrir una nueva ronda de conversaciones con gobernadores.

La razón es que el Gobierno no sólo busca ampliar beneficios federales, sino también fijar condiciones sobre tributos locales para las provincias que adhieran, un terreno mucho más sensible que el del régimen actual. Caputo explicitó parte de esa tensión cuando aseguró que las provincias adheridas no podrán cobrar más de 0,5% de Ingresos Brutos y que también se buscará limitar tasas municipales sobre ventas que el Gobierno considera impuestos encubiertos.

Esa definición introduce una discusión directa con las provincias, porque ya no se trata sólo de adherir a un régimen nacional, sino de aceptar topes concretos sobre la carga tributaria local. En el Ejecutivo descuentan que ese punto va a requerir negociación política fina y respaldo de legislaturas provinciales para darle una forma completa a los proyectos de inversión.

En la Casa Rosada reconocen que todavía no definieron si lo enviarán a Diputados o al Senado y aseguran que la estrategia legislativa quedará atada a la próxima reunión de mesa política. La apuesta oficial es presentar el “Súper RIGI” como una herramienta para atraer inversiones en sectores nuevos, como el refinamiento y laminado de cobre, las fábricas de autos eléctricos, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, los fertilizantes y los data centers para inteligencia artificial.

En Balcarce 50 vinculan esa búsqueda con la secuencia de contactos que Milei viene acumulando con empresarios tecnológicos, como con Elon Musk por litio, satélites y eventuales desarrollos industriales. En octubre de 2025 presentó junto a OpenAI y Sur Energy el proyecto Stargate Argentina, un mega data center de inteligencia artificial en la Patagonia por hasta US$25.000 millones, estructurado dentro del esquema vigente. (TN)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales.

Luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario planteó que dicha "nació suspendida en su ejecución", hasta que los legisladores que la sancionaran "determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento".

"Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", sostuvo en conferencia de prensa.

En la misma línea, amplió: "Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026".

Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación, que ubican, en un 211,4% anual. "Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios", sentenció.

Asimismo, Adorni aclaró: "El Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal. Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país".

"Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", aseveró el ministro coordinador.

Por último, en la previa a la movilización del 12 de mayo, el funcionario planteó que espera que prime "el sentido común y la sensatez", y garatizó que la administración libertaria considera como derechos "fundamentales, inalienables y universales" a la edudación y la salud. (NA)

Buenos Aires, 27 abril (NA) – “La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, señaló un funcionario de primera línea del Gobierno cuando se lo consultó por el futuro de la reforma laboral.

En momentos en que la normativa se encuentra judicializada por la CGT principalmente, entre otras expresiones sindicales.

El oficialismo sabe que la central obrera no se va a rendir en su estrategia judicial. Porque, considera, “es el único camino que tiene”. El problema que dispone el sindicalismo, a los ojos de La Libertad Avanza, es que tendrá una nueva derrota cuando sea el máximo tribunal de Justicia el que determine la constitucionalidad de la normativa que fue sancionada en sesiones extraordinarias.

La ley fue declarada legal la semana pasada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló a favor del Estado en el expediente caratulado “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”.

Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González decidieron modificar el alcance de la apelación, permitiendo que la reforma laboral impulsada por la gestión libertaria recupere su plena vigencia operativa tras la medida cautelar obtenida por la calle Azopardo.

Ante este panorama, el movimiento obrero recusó este lunes a los dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que reactivó la vigencia de la ley.

Para la dirigencia cegetista, la recusación a los magistrados fue “por haber prejuzgado" sobre los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.

Asimismo, recusó también a Pesino por “favorecer la posición de la demandada”, en alusión al Estado nacional, y simultáneamente ser favorecido con un pedido al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.

Obtener “un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley”.

El escrito legal, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, califica la conducta del Estado como “descalificable” al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años (tal como marca la Constitución Nacional reformada en 1994) “de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial”.

#AgenciaNA 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó la renuncia (según trascendió, a su pedido) del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que a través de una investigación periodística quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos de su propiedad en Miami.

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según informó anoche el diario La Nación, que citó a fuentes oficiales, la decisión de desplazar a Frugoni fue adoptada por Caputo, quien a última hora designó como reemplazo a Fernando Herrmann. A su vez, Mariano Plencovich asumirá como secretario de Transporte.

El encuadre de la salida de Frugoni fue motivo de comentarios oficiales. “Fue un despido”, precisaron voceros de la Presidencia consultados por La Nación. Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía optaron por afirmar que Frugoni “renunció” y que “decidió dar un paso al costado para aclarar su situación”. Como sea, la salida fue por la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que “cometió un error” al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

La situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

Fuente: Agencia DIB

Durante su última gira en Washington, además de cerrar la instancia técnica de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a relevar su estrategia financiera para cubrir los próximos vencimientos de deuda e hizo referencia a las privatizaciones como una alternativa para sumar dólares este año.

En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas está trabajando en los pormenores para publicar el contrato de concesión y luego llamar a la licitación para ofrecer al sector privado las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según pudo saber TN a través de dos fuentes con conocimiento del tema, la intención del Ejecutivo es oficializar esas instancias administrativas antes de fin de mes y conseguir a través de esta operación una recaudación estimada de US$500 millones.

Lo cierto es que el proceso para concretar las privatizaciones viene demorado. De hecho, en el caso de Aysa, originalmente estaba previsto lanzar el llamado a licitación antes de fin de año y luego se habló de materializar ese objetivo durante el primer trimestre de 2026. En ese contexto es que los funcionarios esperan definir la convocatoria en los próximos días.

De todos modos, el traspaso a manos privadas no será inmediato. Después de publicar la licitación se deben conocer las ofertas y evaluar luego las capacidades técnicas y la solvencia económica de las empresas participantes. Hasta que finalmente se adjudique, se calculan unos tres meses más.

En el Ejecutivo aseguran, además, que existen grupos empresariales interesados. Entre ellos, mencionan a Sabesp, la empresa de gestión de aguas y residuos con sede en San Pablo; la francesa Veolia; el grupo Roggio e incluso se habla de un holding que cuenta con una parte de su negocio en la Argentina y otra en el exterior.

La privatización de Aysa se definió en la Ley Bases y permite que un operador privado maneje el paquete accionario que el Estado tiene en la compañía, equivalente a 90% del total, y que el 10% restante quede en manos de los trabajadores.

Más adelante, en julio del año pasado, se autorizó el procedimiento de privatización y se definió que la concesión abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado, mientras que en una segunda etapa, la empresa tiene planificado lanzar una oferta pública inicial para colocar el 39% restante de las acciones en la Bolsa.

En ese entonces también se oficializó el marco regulatorio para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través de esa normativa, se habilitó a que la empresa que se quede las acciones de Aysa pueda, por ejemplo, cortar el suministro en caso de mora en el pago.

En su objetivo por volver más atractivo el negocio para la privatización, el Gobierno aprobó hace unos días el presupuesto 2026 para Aysa. Allí prevé que este año, la firma cerrará con un superávit financiero de $4886 millones.

Así como Aysa, la Ley Bases habilitó el proceso de privatización de Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Hace unos días, durante su participación en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, Caputo habló sobre las opciones con las que planifica cubrir los próximos vencimientos de deuda y aseguró que podría captar unos US$2000 millones a través de las privatizaciones. El compromiso más exigente que tiene por delante es el de julio, cuando se deben pagar US$4200 millones a los bonistas.

Más allá de esto, el equipo económico avanzó en negociaciones para obtener una garantía de US$2000 millones con el Banco Mundial y otra de US$550 millones con el BID. También se espera un aporte similar por parte de la CAF. A esto se sumarían fondos recaudados a través de las emisiones de deuda en dólares en el mercado local. Con todo, Caputo apunta a sumar unos US$10.000 millones.

“La magnitud de esta estrategia cobra relevancia al considerar el calendario de vencimientos: hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda extranjera por cerca de US$9000 millones. Por eso el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital", consideraron los analistas de GMA Capital. (TN)

La intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, recibió al diputado nacional radical Pablo Juliano, a quien definió no solo como un legislador nacional, sino como un “gran amigo” y ex compañero de tareas.

Para la mandataria su visita fue motivo de “orgullo”, destacando la importancia y trayectoria del necochense que proyectó su carrera política desde la ciudad de La Plata, y que hoy ocupa una banca en el Congreso de la Nación.

Por su parte el legislador nacional abordó la realidad económica y fue tajante al describir la desconexión que percibe desde el Gobierno Nacional que se muestra “disociado” de la situación cotidiana y, aunque entiende que la gestión central se enfoca en la macroeconomía.

Para Juliano lo que la Nación subestima como "microeconomía" –como las pymes y el llegar a fin de mes- es en realidad la economía “constitutiva”.

El diputado reforzó su mirada en ese sentido con un dato que considera alarmante, y tiene que ver con el proyecto de modernización laboral del Gobierno del Presidente Javier Milei donde la palabra “pymes” brilla por su ausencia.

“Es inconcebible que vos puedas generar puestos de trabajo sin convocar a los protagonistas”, señaló el legislador nacional del radicalismo, quien describió que en sus recorridas ve cómo “el que tiene trabajo tiene miedo a perderlo”, y donde las pequeñas empresas hacen “malabares para no echar gente”.

En esa misma línea Juliano relató experiencias en otros distritos, como Los Toldos, donde las pymes prefieren sobrecargarse de horas de trabajo antes que despedir personal, mientras el Gobierno Nacional parece subestimar el impacto de sus políticas en sectores sensibles como los jubilados, las universidades y las personas con discapacidad.

Describió además un panorama de “secuestro de la política”, donde algunos gobernadores se ven amedrentados “a fuerza de ATN” (Aportes del Tesoro Nacional), rompiendo los lazos de representación.

Romper arriba, exigir abajo

Juliano también analizó el comportamiento del electorado al observar una paradoja que se da actualmente en el país. “A nivel nacional gana alguien que quiere romper el Estado, pero si tenemos un problema de salud la vamos a venir a ver a Lucía”, sostuvo.

Asimismo señaló una contradicción financiera y política profunda cuando explicó que mientras la administración del gobierno nacional  se queda con el 90 o 95 por ciento de los recursos (como las retenciones a la soja), el vecino le reclama a la intendente por los caminos rurales o el estado del hospital.

Es por eso que defendió la gestión de Gómez, en Chaves, como alguien que “sabe de prioridades” y que debe “atajar todos los penales” en un momento sumamente complejo.

Según el legislador cada viaje de la intendente a La Plata para gestionar una ambulancia o recursos es un esfuerzo por sostener un Estado local que el discurso nacional busca desmantelar.

Tanto Juliano como Gómez a la gestión no hay que “declararla”, sino ejercerla estando “encima de los temas”.

En un contexto donde “la plata no alcanza” y el dinero no circula, Gómez y Juliano coincidieron en que la prioridad debe ser entender todas las dimensiones de la provincia, lejos de los “relatos” y cerca de la “realidad cotidiana” de los trabajadores.

Buenos Aires, 23 marzo (NA) – Como cada 24 de marzo desde hace tres años, el Gobierno Nacional prepara un nuevo video para difundir en el marco de una nuevo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con intención de profundizar la batalla cultural e insistir con la idea de lo que denominan como “la memoria completa”.

Los equipos a cargo del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta del presidente Javier Milei, Santiago Oria, ultiman detalles de la pieza audiovisual que podría incluir familiares de desaparecidos durante la última dictadura que abonen a lo que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

Su contenido permanece blindado hasta este martes, cuando las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos se vuelquen a las calles en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en 1976.

Hasta entonces, el Presidente no tiene actividades en agenda. En la edición del año 2025, fue el politólogo y presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, el encargado de reforzar la postura que pregona el mandatario respecto al tema. En su explicación, contenida en un video de 19 minutos, Laje puso en duda la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por la reaparición de 30 mil detenidos desaparecidos.

Fue el propio mandatario libertario el que cuestionó el origen de la cifra al sostener que no existen registros que respalden el número. En su lugar, habló de 8.753 personas en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó.

En los últimas horas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina al plantear que “los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa” al tiempo que pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.

Asimismo, en diferentes ámbitos legislativos La Libertad Avanza se expidió contra los pedidos de condena al hecho histórico que inició con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.

El pasado miércoles, por iniciativa del senador Eduardo “Wado” de Pedro, la Cámara Alta aprobó sobre tablas una declaración condenatoria, aunque hubo diferencias por el concepto de “terrorismo de Estado”.

#AgenciaNA 

Tras el anuncio que hizo a fin de año, ahora el Gobierno de Javier Milei está listo para avanzar con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, y tiene previsto como fecha de inicio el mes de abril.

De esta manera, el programa Volver al Trabajo (VAT), que alcanza a 900 mil beneficiarios, dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral. Para ellos, las personas alcanzadas ya comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

Desde que planificó cambios en los denominados planes sociales, el Gobierno libertario se puso un plazo de 24 meses, algo que culmina a principios de abril. El programa, anunciado en 2024 y que arrancó con la cifra de $78.000, no será prorrogado. Además, en enero se puso en marcha una prueba piloto con veinte desocupados que tomaron clases en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de Paternal.

La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo. Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos del Programa Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serían alcanzados por la baja.

El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.__IP__

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

#AgenciaNA 

Tras la aprobación en sesiones extraordinarias en el Congreso de la reforma laboral y pese a la presión y reclamo de los gremios, el Gobierno nacional promulgó la norma, que comenzará a regir desde este viernes. Lo hizo por intermedio de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La Ley 27.802, identificada como “Ley de Modernización Laboral”, está compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.

"En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026", estableció el Decreto 137/2026, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La mayor cantidad de cambios se dará, según especialistas en cuestiones laborales, en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada de trabajo, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.

La norma que comenzó a regir este viernes establece que sus disposiciones no serán aplicables, entre otros, “a los dependientes de la Administración Pública”, “al personal de casas particulares”, “a los trabajadores agrarios”, “a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas” y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.

Tras la aprobación en Diputados, el Gobierno negociará contra reloj para su sanción. 

Los cambios de la reforma laboral

A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.

El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.

Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.

En paralelo, la norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El artículo 58 describe que su objeto es “coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos” vinculados con la extinción del contrato de trabajo. En ese sentido, el artículo 60 fija su financiación mediante contribuciones mensuales obligatorias del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.

Sobre las vacaciones, en tanto, el sustituido artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el empleador deberá otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con notificación escrita “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.

En cuanto al funcionamiento sindical, la ley modifica la Ley 23.551. El nuevo artículo 20 bis dispone que las asambleas deben realizarse “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa” y que requerirán autorización previa del empleador respecto de horario y duración. El artículo 20 define como infracciones muy graves acciones como “provocar, instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”.

El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.

En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.

La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.

En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.

Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre US$ 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional trabaja en una reforma electoral que apuesta a introducir cambios significativos en el sistema democrático actual y que podría ser anunciada por el presidente Javier Milei este domingo 1° de marzo durante su discurso en la inauguración de la Asamblea Legislativa.

Según confirmó una importante fuente a la Agencia Noticias Argentinas, la idea es avanzar en la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y dar lugar a nuevos lógicas de votación. Si bien se trató de un aspecto que supuso debate interno debido al análisis de los ventajas y desventajas de la determinación, los libertarios se encaminan a dar curso a la primera postura que sostuvieron tendiente a su eliminación.

No es nueva la intencionalidad del Poder Ejecutivo. Existe una borrador que fue diseñado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que incluye además la idea de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien cada gobierno provincial tiene autonomía propia para definir la modalidad de los comicios locales, La Libertad Avanza (LLA) planea impulsar un debate en cada territorio para enumerar las claves de la BUP.

Importantes fuentes libertarias en tema revelaron a este medio que la idea es "simplificar" y “unificar” los procesos para evitar que la sociedad asista más de una vez o deba hacer más de una fila para emitir el sufragio.

Otro punto clave que aspiran a modificar es el régimen de partidos políticos que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.__IP__

Contemplado en el proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, frustrado en su curso legislativo, incluía un incremento en los topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral en los medios y del financiamiento público para las campañas. Además, contemplaba la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

Este domingo 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, el mandatario podría anunciar la reforma que cranea el equipo designado en el marco de la hoja de ruta trazada para el año legislativo. 

#AgenciaNA 

Buenos Aires, 7 febrero (NA) – El traslado del sable corvo del general José de San Martín comenzó desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, según informaron fuentes oficiales.

Foto: Agencia NA (Gobierno)

El presidente Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en la localidad Santafesina de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro.

#AgenciaNA 

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno de Javier Milei en el Congreso con el que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, así como la promoción del uso de los “dólares del colchón”.

La iniciativa del oficialismo plantea cambios en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con la finalidad de facilitar los trámites y disminuir la carga administrativa.

Si bien en la discusión pública se vincula la propuesta con la declaración de los llamados “dólares del colchón”, el proyecto no incorpora un régimen de blanqueo de capitales ni altera la estructura del impuesto. No obstante, tiene como objetivo que los argentinos utilicen sus ahorros -hasta $100 millones- sin riesgos de ser perseguidos por el fisco.

“La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber transgredido una obligación impositiva", explicó Martín Caranta, socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich.

Para los casos de evasión agravada, el umbral mínimo se eleva a $1.000.000.000, en contraste con los $15.000.000 vigentes hasta el momento. Cuando participan personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificultan la identificación del responsable, el mínimo pasa de $2.000.000 a $200.000.000. Este mismo valor se aplica si se utilizan de forma fraudulenta exenciones o beneficios fiscales. En situaciones donde se emplean facturas o documentos apócrifos, la evasión agravada se configura a partir de los $100.000.000, mientras que el límite anterior era de $1.500.000.

1.       Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto parte de considerar que los contribuyentes son cumplidores, salvo que se demuestre lo contrario. La administración tributaria no podrá asumir automáticamente la existencia de maniobras evasivas en todos los casos y deberá centrar sus controles y denuncias penales en situaciones donde existan pruebas claras de incumplimientos o conductas dolosas. Esta medida busca reforzar la confianza en el sistema tributario, agilizar trámites y poner el acento en la adhesión voluntaria al pago.

2.       Cambios en el régimen penal tributario: La iniciativa ajusta los valores a partir de los cuales una infracción deja de ser administrativa y pasa a tener consecuencias penales, actualizando los umbrales por la inflación acumulada desde 2017. Se mantiene la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente regulariza la deuda y los intereses antes de la presentación de la denuncia, aunque este mecanismo podrá utilizarse solo una vez por persona. No se avanzará en la vía penal si no se comprueba la intención de evadir, incluyendo casos con criterios interpretativos fundados o presentaciones espontáneas previas a una inspección.

3.       Extinción de la acción penal y prescripción de facultades: El texto dispone que la acción penal quedará extinguida cuando prescriban las facultades del fisco para determinar o exigir el tributo, de modo que si el Estado ya no puede reclamar la deuda por vía administrativa, tampoco podrá continuar con acciones penales. Además, se excluye la posibilidad de cerrar causas penales tributarias mediante acuerdos de conciliación o reparación integral, a diferencia de lo que ocurre en otros tipos de delitos.

4.       Penas y figuras penales específicas: Establece penas de prisión de entre dos y seis años para quienes simulen la cancelación total o parcial de impuestos o aportes al sistema de seguridad social a través de documentación falsa, declaraciones incorrectas o maniobras engañosas. Esta disposición se aplica cuando el monto involucrado supera el equivalente a 115 salarios mínimos, vitales y móviles por ejercicio anual en impuestos, o 23 salarios mínimos por mes en el caso de aportes y contribuciones.

5.       Ajuste anual de montos y publicación de importes vigentes: Todos los valores previstos tanto en el régimen penal tributario como en el simplificado se actualizarán una vez por año a partir del 1 de enero de 2027, en función de la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). La administración tributaria deberá publicar cada año los nuevos importes, con el fin de evitar distorsiones generadas por la inflación.

6.       Reformas en procedimientos y plazos de prescripción: El proyecto modifica el régimen de multas por incumplimientos formales y redefine los plazos de prescripción. Para quienes cumplen regularmente, el plazo general baja de cinco a tres años, siempre que no existan diferencias importantes. Para los no inscriptos, ese plazo se mantiene en diez años. Además, se elimina la suspensión automática de la prescripción con el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga a la administración a actuar dentro de plazos más acotados. También se busca unificar los plazos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

7.       Reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes: La propuesta incorpora una reducción en las multas administrativas para personas físicas y pequeñas y medianas empresas, con descuentos de hasta el 90%, siempre que no se trate de contribuyentes de gran tamaño. Esta medida tiene como fin aliviar el peso de las sanciones sobre los sectores más pequeños y promover el cumplimiento voluntario.

8.       Régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias: Se establece un mecanismo opcional de declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. En este esquema, la AFIP confeccionará la declaración con la información que posee, y quienes paguen en término quedarán eximidos de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves o diferencias significativas.

9.       Impacto sobre los “dólares del colchón” y ausencia de blanqueo de capitales: Aunque se presenta como un incentivo para blanquear ahorros no declarados, el proyecto no incorpora un régimen específico de exteriorización de bienes ni introduce cambios en el Impuesto a las Ganancias. El efecto sobre los “dólares del colchón” sería indirecto: al eliminar la obligación de declarar la evolución patrimonial en el régimen simplificado y restringir el uso de presunciones automáticas, se reduce el riesgo de fiscalizaciones por incrementos patrimoniales sin justificación. La AFIP mantiene la facultad de fiscalizar e impugnar declaraciones en caso de encontrar diferencias relevantes.

10.   Modernización de la administración tributaria: El éxito de la reforma dependerá en gran medida de la modernización y la incorporación de tecnología por parte del organismo recaudador. Si no se avanza en la adopción de herramientas informáticas y de gestión más avanzadas, la evasión fiscal seguirá siendo un desafío estructural.  (Infobae)

Buenos Aires, 18 diciembre (NA) – El Senado debatirá este viernes en comisión el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar en una sesión que se convocará para el 26 de diciembre.

Así lo informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, que indicaron que a las 9 tendrá lugar el debate por el Régimen Penal Tributario, en tanto a las 10 será el turno del proyecto de Presupuesto 2026.

Los proyectos de Presupuesto y de reforma del Régimen Penal Tributario fueron aprobados en la madrugada de este jueves en Diputados.

El oficialismo convocó para las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el fin de emitir este viernes dictamen del Presupuesto 2026, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El dictamen que se emitirá respetará el texto aprobado en Diputados, donde el Gobierno no pudo lograr la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad ya que se rechazó el capítulo 11 donde se incluía esa propuesta.

Presupuesto: el Gobierno impulsará cambios en el Senado, tras el traspié en discapacidad y universidades

Si bien en Casa de Gobierno se había evaluado la posibilidad de introducir nuevamente ese capítulo que también incluía las deudas de Camesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires, voceros legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se emitirá el dictamen sin cambios.

De esta manera, el dictamen que se buscará aprobar en la sesión del 26 de diciembre se convertirá en ley y luego el Gobierno tendrá que definir qué medidas toma sobre la aplicación de esas leyes, que hoy no se están instrumentando bajo el argumento de que no se definió el financiamiento de esas partidas.

Por otro lado, un plenario de comisiones de Mineria, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen de reforma a la ley de Glaciares, que también se debatirá el 10 de Febrero en la segunda convocatoria a extraordinarias.

La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a “interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, estableció el Gobierno.

También este viernes a las 9 se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Juan Carlos Pagotto, para emitir dictamen favorable del proyecto de reforma del Régimen Penal o Tributario denominado “Inocencia Fiscal”, y que tiene como objetivo blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes.__IP__

Esta iniciativa eleva los montos de 1.5 millón de pesos  a 100 millones de pesos para considerar que hubo un delito de evasión simple y a 1000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

También instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de 10 mil millones de pesos, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que haya existido en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema. #AgenciaNA 

El Gobierno presentó este martes las reformas que busca aprobar en el Congreso, centradas sobre todo en la legislación laboral. Todavía tiene que discutir el temario completo y con ese fin se reúne al mediodía el Consejo de Mayo. La propuesta definitiva trata regímenes especiales y actualizar normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad e indemnizaciones.

A primera hora, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 865/2025 con el llamado a Sesiones extraordinarias, que ya fue firmado la semana pasada por el mandatario nacional.

El temario completo, según se lee en un anexo del decreto mencionado, es el siguiente:

El punto 3 comprende una iniciativa que establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

Varias de estas medidas fueron discutidas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13.30 en la Casa Rosada, justamente, para acordar los puntos que faltan de algunos de estos textos y elaborar el informe final.

La reunión de este martes será la última de 2025. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales.

Por el Poder Ejecutivo, estará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por las provincias, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En representación del Poder Legislativo, estarán Carolina Losada (senadora nacional, UCR) y Cristian Ritondo (diputado nacional, PRO). Mientras que participarán Gerardo Martínez, por la CGT, y Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La expectativa está puesta fundamentalmente en la reforma laboral, que recientemente trascendió a los medios y no cuenta con el apoyo de los sindicatos.

La propuesta definitiva trata regímenes especiales y modifica procedimientos judiciales vinculados, además de actualizar distintas normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones.

Fuente: Agencia DIB

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) – El gobierno de Javier Milei decidió nuevos cambios en los Ministerios, y habrá una división del Ministerio de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli, y se repartirá entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

El Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

De acuerdo al nuevo cambio, Turismo se lo quedará Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.

En tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni. #AgenciaNA

El Gobierno Nacional oficializó este martes los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó a través de la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC.

Esta resolución reglamenta el Decreto 397/25, que había eliminado la prohibición de tenencia de estos materiales para legítimos usuarios y había encargado al RENAR establecer un "régimen de autorización y control especial".

Para acceder a la tenencia de estas armas, los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional (o las Entidades de Tiro) deberán cumplir con una serie de recaudos.

Requisitos administrativos y de antigüedad:

El punto central del nuevo régimen, establecido por el Decreto 397/25, es que el usuario debe acreditar "probados usos deportivos".

La resolución especifica que esto se cumple teniendo, al menos, una de las siguientes condiciones:

Las Entidades de Tiro también podrán solicitar el material para ser utilizado por sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos.

El costo del trámite será equivalente a la suma de una "Tenencia Express" y una "Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)". Con esta medida, se derogan varias disposiciones anteriores del ex RENAR que regulaban la materia.

Agencia Noticias Argentinas

Diputados tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch. Participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Cordero, dejó en claro que desde el Gobierno nacional se busca una reforma laboral. “Es un déficit que tenemos hace tiempo, tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco, y para ello en este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal”, dijo Cordero. Confirmó que se trabaja un proyecto de Reforma Laboral, en el marco del Pacto de Mayo y que será enviado al Congreso para su discusión.

El funcionario aseguró: “El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica. Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”.

Entre las reformas concretas que planteó el funcionario, aseguró que se piensa en un esquema de salarios dinámicos: “Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”.

Varias de las reformas que impulsa el Gobierno serán presentadas el próximo 15 de diciembre, como adelantó este martes el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su participación, también, del debate del Presupuesto 2026.

Varios legisladores le cuestionaron al oficialismo las intenciones de debatir un nueva Reforma Laboral en el Parlamento. También marcaron diferencias por la caída del salario Mínimo, Vital y Móvil. El diputado Sergio Palazzo de UxP y secretario General de la Asociación Bancaria señaló que “cayó en un 34% y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica. Hay 321.000 puestos de trabajo menos porque si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.

La diputada de UxP Vanesa Siley. (Foto: NA).

Vanesa Siley (UXP) y del sindicato de trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo a TN que Cordero “no respondió a ninguna pregunta que le hicimos. Pregunté cómo van a generar puestos de trabajo genuinos en el sector privado, quitando derechos, haciendo una Reforma Laboral regresiva, si ya se hizo, y el resultado fue que la informalidad laboral creció del 41% al 43%, 200 mil puestos de trabajo menos en el sector privado, 55 mil en el sector público".

Desde el Frente de Izquierda alzaron sus voces los diputados Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano. “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con (el expresidente Carlos) Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga. La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de tres a seis u ocho meses abaratando despidos y rotación a pruebas”, dijo Giordano.

Rodrigo de Loredo de la UCR, recordó que su espacio político intentó una democratización sindical, en el marco de una Reforma Laboral, que impulsó el diputado Martín Tetaz, titular de la Comisión de Trabajo. Recordó, además, los intentos en los años 80 del expresidente Raúl Alfonsín con su proyecto de ley que encontró un freno en el Senado nacional. “Sin duda que lo económico es una barrera muy grande, si el Gobierno no pasa de una economía financiera, después de estas elecciones, si no disminuye las tasas (de interés) y vuelve a traer el crédito y se encamina a una actividad económica productiva no va a haber legislación que le resuelva el problema del empleo en el país”.

Los legisladores de diferentes bancadas confirmaron que habrá nuevas reuniones similares a la del pasado lunes tras las elecciones del domingo. En el inicio de esta semana, el presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a los bloques de la oposición a reunirse con funcionarios nacionales, mostrando vocación de diálogo desde el oficialismo.

Ya empezó a circular en Diputados que el próximo jueves 30 de octubre se convocarían a todos los bloques a un nuevo encuentro para acercar posiciones. Desde el oficialismo señalaron que “están abiertos a la discusión dentro de los parámetros del superávit fiscal y financiero que asegura honrar compromisos”.

Pero desde la oposición mantiene su postura de avanzar en la discusión del Presupuesto 2026 y dictaminar los dictámenes el próximo 4 de noviembre, como quedó dispuesto por el recinto de la Cámara de Diputados que emplazó a la Comisión de Bertie Benegas Lynch, es decir que le fijó los días de discusión y fecha de firma de dictámenes.

Además de solicitar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo y la puesta en marcha de las tres leyes que sancionó el Congreso y que fueron promulgadas y suspendidas en su implementación por el Presidente Javier Milei. Entienden los legisladores que se abrió un conflicto de poderes.

Juan Brügge, diputado Encuentro Federal. Foto Cámara de Diputados.

El diputado de Encuentro Federal, el democratacristiano Juan Brügge presentó un proyecto de resolución para que la Cámara Baja lleve el caso ante la Corte Suprema, al considerar que el Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de leyes aprobadas por amplias mayorías.

“Es una acción de inconstitucionalidad ya que atenta contra la soberanía popular expresada en el Parlamento”, dijo Brügge. El planteo apunta contra los decretos 681/2025, 759/2025 y 760/2025, firmados por el Poder Ejecutivo, que condicionan la entrada en vigencia de las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Financiamiento universitario y recomposición salarial docente y Emergencia Sanitaria Pediátrica a que se consigan los fondos para aplicarlas.

El legislador sostiene que “esas normas fueron aprobadas por amplias mayorías y que no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que desconocen la voluntad del Congreso”.

Con información de TN