A través de un comunicado la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó nuevamente, como lo viene haciendo desde el año pasado, la preocupante intervención “indirecta” que ocurre en los mercados granarios. La entidad reiteró su rechazo a cualquier forma de intervención en los mercados.

“Denunciamos en Olavarría en el pasado mes de agosto, que desde el Estado Nacional y desde la cadena se han realizado ‘acuerdos tácitos’ de comercialización que impiden la normal puja por los productos y como consecuencia el productor obtiene un menor precio que el que debería recibir finalmente”, indicó la entidad ruralista.

Según Carbap, “este accionar, sumado a la distorsión cambiaria, promueve que los productores estén recibiendo unos 4.263 millones de dólares menos en trigo y unos 9 mil millones de dólares menos en maíz, los cuales no siempre quedan en su totalidad en manos del Estado”.

La entidad presidida por Horacio Salaverri, advirtió que “se vuelve a repetir la historia ocurrida a partir de 2007 desincentivando el cultivo de trigo, a pesar de las expresiones ‘voluntariosas’ del ministro (Julián Domínguez) de estar trabajando en incrementar el área cultivada. La ‘administración con inteligencia de los saldos exportables’ por parte del Estado, permite desde un escritorio, seguir decidiendo discrecionalmente quién gana y quién pierde en la cadena, de acuerdo a su poder de lobby y de ‘persuasión’”.

“Combo letal”

Y agregó: “El combo letal de distorsión cambiaria (dólar oficial a $ 101), más derechos de exportación y fijación de precios de referencia por debajo del valor real, impide darle rentabilidad a un sector que tiene todos sus insumos dolarizados al valor real (dólar insumos $ 189) y con cada vez menos rentabilidad. Los ‘bienes culturales’, al decir del ministro (Julián Domínguez) están en su peor momento”.

Por último, Carbap insta a “rever el accionar político de espaldas al productor, que solo conlleva a perder la credibilidad, retraer la confianza y, por consiguiente, la inversión y la producción. Es sólo cuestión de recordar lo sucedido en 2015, cuando al liberarse las restricciones, las producciones tanto de trigo como de maíz casi se duplicaron. El campo esta para aportar a las soluciones de los problemas de nuestro país, siempre y cuando le dejen expresar su potencial libremente”, finaliza el comunicado.

El Instituto de Estudios Económicos, de la Sociedad Rural Argentina, analizó las distintas variables que influyeron desde que el gobierno nacional puso en marcha el pasado 15 de abril una serie de medidas y resoluciones para intervenir en el mercado. Y el análisis arrojó que en 135 días de estas políticas, la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por 1.084 millones de dólares, cifra que representa más de 8 millones por día de intervención.

Al respecto el presidente de la SRA, Nicolás Pino, afirmó: “Perdimos los productores, los trabajadores, los empresarios frigoríficos, los consignatarios, los proveedores de insumos y servicios, entre otros eslabones de la cadena. No se entiende por qué mantener cuotificada la exportación si nos empobrece a todos”.

Por actividad

Dentro de los eslabones de la cadena, los productores asumieron el monto más grande con 411 millones de dólares, mientras que en los frigoríficos las pérdidas alcanzaron los 165 millones, los operarios tuvieron una merma en sus remuneraciones de 59 millones.

Por esta caída del efecto multiplicador de la actividad primaria se perdieron 209 millones y finalmente 240 millones exportaciones no realizadas (todos estos montos están expresados en dólares).

Respecto de la caída de la actividad ganadera entre abril y agosto de 2021, los 411 millones se desagregan en el menor valor real de la hacienda vendida durante el periodo; por el mantenimiento de los animales en stock se sumaron mayores costos de alimentación, sanidad y cuidado; el costo financiero y las pérdidas por menor calidad y mortandad.

Por su parte, las industrias frigoríficas perdieron ingresos por causa de la mala integración de la media res generada por la prohibición de exportaciones de los 7 cortes y el acuerdo de cantidades y precios llevado adelante entre la industria y el Gobierno.

Se debe destacar, además, que el trabajo de la SRA sólo midió el impacto que tuvo en el sector privado y no el efecto fiscal que podrían haber generado esos dólares en impuestos municipales, provinciales y nacionales