Por Juan Pablo Borioni*

El sector agropecuario argentino ha dado muestras sobradas de su capacidad de innovación. Hemos evolucionado del arado a la siembra directa, transformando nuestra forma de producir para cuidar el recurso, ganar eficiencia y ser competitivos. Sin embargo, esa modernización se detiene en la tranquera: afuera, la gestión de los caminos rurales sigue anclada en un modelo del siglo pasado que se ha convertido en un verdadero costo hundido para la producción.

Los actuales servicios viales -nacionales, provinciales y municipales-, en lo que respecta a la gestión de caminos rurales, han fracasado como sistemas. Y no por una única causa, sino por la convergencia de varios factores: estructuras burocráticas que priorizan el procedimiento por sobre el resultado, una persistencia en métodos de mantenimiento claramente obsoletos y, sobre todo, un error conceptual de origen: intentar resolver el problema desde el lugar equivocado. Se ha puesto el foco en la maquinaria, en la intervención constante y en la lógica del corto plazo, en lugar de abordar la cuestión desde la ingeniería, la planificación hídrica y la sostenibilidad del sistema.

El resultado es un modelo que consume recursos, pero no construye soluciones duraderas.

La denominada “tasa a la hectárea” o vial ha perdido su esencia jurídica para convertirse, en la práctica, en un impuesto encubierto. Mientras que una tasa debe ser la retribución por un servicio concreto y efectivo, hoy estos fondos suelen diluirse en las Rentas Generales de los municipios o sostener una gestión operativa obsoleta.

Nadie se niega a contribuir al desarrollo, pero la evolución nos obliga a señalar con claridad que estamos frente a un tributo que no vuelve en servicios, sino en la degradación sistemática de nuestro principal activo logístico.

El método de mantenimiento convencional es el corazón del problema. Al realizar un “cuneteo” sin criterios de ingeniería, se retira material constantemente, se bajan las cotas y se genera el nefasto efecto de los caminos-canales por debajo del nivel de los campos. Esto transforma las vías de comunicación en cauces de drenaje que se destruyen con cada lluvia. La paradoja es tan evidente como insostenible: el productor paga una tasa para financiar un método que arruina los caminos.

La solución de fondo es la estabilización de suelos, pero aquí es imprescindible ordenar el esquema de financiamiento. Estas obras estructurales no deben surgir de una tasa vial permanente, mal diseñada y peor ejecutada. Existen recursos ya vigentes -como la coparticipación de impuestos a los combustibles o el inmobiliario rural- que deben ser correctamente asignados y optimizados.

En su caso, pueden instrumentarse contribuciones de mejoras específicas, claras y por única vez. Lo que no puede admitirse es sostener un sistema que, año tras año, consume recursos sin generar soluciones.

Mientras avanzamos hacia esa infraestructura definitiva, es urgente implementar un mantenimiento sostenible: respetar las banquinas empastadas como defensa contra la erosión, definir anchos de camino adecuados según su transitabilidad y priorizar el escurrimiento hídrico. Una gestión profesional no implica más gasto, sino mejor uso de los recursos: menos intervenciones, pero más eficientes.

La solución de fondo es la estabilización de suelos, pero aquí es imprescindible ordenar el esquema de financiamiento. Estas obras estructurales no deben surgir de una tasa vial permanente, mal diseñada y peor ejecutada

En este contexto, la discusión de fondo es ineludible: la tasa vial, tal como hoy está concebida y aplicada, no es una herramienta adecuada. Se ha transformado en un costo hundido que el sistema productivo absorbe sin retorno. Y como todo costo hundido, su permanencia no se justifica por resultados, sino por inercia.

Eliminarla no es una consigna, es una necesidad. No se trata de desfinanciar la infraestructura rural, sino de reemplazar un instrumento ineficiente por un esquema transparente, técnicamente sólido y económicamente racional. Los recursos existen; lo que falta es gestión, criterio y decisión política para utilizarlos correctamente.

No podemos seguir cargando al agro con los costos de una estructura que se niega a evolucionar. Es tiempo de dejar atrás los parches recaudatorios y avanzar hacia una verdadera política vial rural basada en ingeniería, planificación y responsabilidad en el uso de los fondos públicos.

Porque una Argentina que necesita producir y exportar más no puede sostener caminos que la atrasan ni tributos que financian su deterioro.

*Abogado agrario

Por Pablo Borioni*

El sector agropecuario argentino atraviesa un proceso inédito. Por primera vez en muchos años, la desregulación no es una consigna declamada desde el sector, sino una realidad impulsada con velocidad desde el propio Estado.

En sanidad, en controles, en procesos administrativos, en lo impositivo para cereales y oleaginosas, las señales son claras: menos intervención, más libertad, mayor responsabilidad individual. Sin embargo, paradójicamente, el agro -que históricamente reclamó estas condiciones- no siempre aparece como la vanguardia activa de este cambio.

La pregunta es inevitable: ¿por qué?

La respuesta no es lineal ni simplista. El agro argentino no es homogéneo, ni en su estructura ni en su representación. Existen entidades de base locales que cumplen un rol fundamental, muchas veces sosteniendo servicios, contención y presencia territorial donde el Estado no llega. También hay instituciones como la Sociedad Rural Argentina, que con claridad conceptual y visión estratégica vienen acompañando este proceso y, en muchos casos, marcando el rumbo hacia una mayor libertad productiva.

Pero al mismo tiempo, es innegable que en ciertos ámbitos subsisten resistencias. Y allí aparece una tensión de fondo que vale la pena poner sobre la mesa: ¿Son los intereses de pocos los que terminan marcando la agenda de muchos?

No se trata de “más o menos Estado”, sino de quién lidera el proceso de transformación. Si el agro no toma ese rol, otros lo harán por él. Y ahí está el punto central: La libertad exige responsabilidad, pero también decisión

Durante décadas, el sector se desenvolvió dentro de un esquema profundamente regulado. Ese sistema no solo ordenaba la producción, sino que también generaba estructuras, recursos y espacios de poder. En algunos casos, la regulación dejó de ser una herramienta para convertirse en un fin en sí mismo.

Por eso, cuando hoy se plantea la desregulación, el temor no siempre está vinculado a la pérdida de control sanitario o ambiental -que el productor sabe perfectamente cómo sostener-, sino a la posible pérdida de esos espacios construidos al calor de las reglas.

Pero hay algo que debemos decir con claridad: La libertad no es desorden, ni abandono, ni vacío.

Dar el salto hacia un esquema más libre no es tirarse al abismo.

Es, en realidad, animarse a innovar, a competir, a crecer.

Porque mientras discutimos estructuras, el mundo avanza. Y nosotros seguimos, en muchos aspectos, en el mismo lugar:

         •         Hace más de 30 años que producimos en torno a 40 millones de toneladas de soja, sin un salto estructural sostenido.

         •         El stock ganadero, con altibajos, no logra consolidar un crecimiento significativo.

Esto no es casualidad. Es, en parte, consecuencia de un sistema que durante mucho tiempo premió la adaptación a la regulación por sobre la expansión productiva. La verdadera discusión que se abre hoy no es ideológica, sino estratégica.

No se trata de “más o menos Estado”, sino de quién lidera el proceso de transformación. Si el agro no toma ese rol, otros lo harán por él. Y ahí está el punto central: La libertad exige responsabilidad, pero también decisión.

Decisión de salir de la zona de confort.

Decisión de dejar de administrar lo existente para pasar a construir lo que viene.

Decisión de pensar el crecimiento como objetivo, no como consecuencia.

Las entidades tienen un rol clave en este proceso. Acompañar, contener, ordenar la transición. Pero también -y sobre todo- interpretar hacia dónde va el sector y no quedar atadas a lo que fue.

 *Abogado especializado en el sector agropecuario

El asesor legal de la Cámara Económica de Tres Arroyos Juan Pablo Borioni , se encuentra por estos días en el mar su espacio de disfrute.  La pesca deportiva, la navegación y el respeto por los recursos naturales forman parte de una faceta importante en su vida y profundamente arraigada desde su juventud.

El viernes pasado un video que llegó a nuestra redacción en dónde se lo pudo ver pescando en uno de sus botes un salmón de 20 kilogramos aproximadamente en aguas de Claromecó tomó protagonismo y hablamos con él sobre su gusto por el deporte.

“Entre el kite, la pesca y la náutica”, así el mismo decía que se podría titular la nota.  Aunque su rol público lo vincula al ámbito institucional y jurídico, desde hace décadas dedica buena parte de su tiempo libre a una pasión que lo acompaña desde la adolescencia: la pesca deportiva en el mar, especialmente en la zona de Claromecó y distintos puntos de la costa bonaerense.

“Mi costado deportivo está muy vinculado a la pesca en general, no solamente en Claromecó, sino en distintos lugares. Me gusta pescar como deporte y de manera responsable”, cuenta Borioni, quien subraya una idea que atraviesa toda su mirada sobre la actividad: la pesca como disfrute, como forma de conocer el entorno y como herramienta para promover el turismo y el valor de las especies locales.

 “La idea es pescar menos cantidad y aprovechar lo que se pesca en el día, pensar en comer lo que uno va a consumir uno o dos días, no en gran escala. Es una cuestión de hábito, de conservación”, explica. En ese sentido, remarca el valor gastronómico de especies que hoy son cada vez más apreciadas, como el besugo colorado, la corvina, la pescadilla, el caballa, la sarda y distintos escualos, entre otras.

Borioni señala que el mar de la zona presenta desafíos constantes: corrientes cambiantes, cardúmenes que aparecen solo en determinadas épocas y condiciones muy variables. “Hay especies que aparecen en momentos puntuales, como el mero grande en octubre y noviembre, o los atúnes cuando se dan corrientes cálidas. Eso hace que cada salida sea distinta”, resume.

Las salidas de pesca no tienen una frecuencia fija, sino que dependen del clima. “Cuando hay vientos suaves, del norte, noreste o incluso del sur, se puede disfrutar. No salimos a pescar para vender ni para acopiar, sino para disfrutar el momento”, aclara. Muchas veces, además, esas salidas se convierten en experiencias compartidas, invitando a amigos o turistas que llegan a la zona y quieren conocer el mar desde otra perspectiva.

Con varias embarcaciones que lo han acompañado a lo largo de más de 40 años, Borioni combina hoy la experiencia acumulada con herramientas modernas como el GPS y la ecosonda, aunque recuerda con nostalgia los tiempos en los que se buscaban los puntos de pesca mediante referencias visuales en la costa. “Esto no es matemático. El mar es movimiento constante y ahí está la gracia: encontrar la estrategia, entender las condiciones y disfrutar el proceso”, señala.

A la pesca se suma otra pasión: la cocina

“No soy un especialista, pero me esmero”, admite. Ceviches, pescados a la parrilla, al horno o en olla, con distintas salsas y condimentos, detalla. En el caso de la reciente captura de un salmón de gran porte, la idea es compartirlo en una cena, fiel a su costumbre de que la pesca sea también un acto social.

La relación con el mar viene desde muy temprano. Integrante histórico del Club Náutico, con referentes que lo formaron y acompañaron en sus primeros años, Borioni también estuvo vinculado a proyectos de desarrollo náutico y soñó con un puerto pesquero-deportivo en la zona del Faro, una iniciativa que llegó a contar con avales técnicos, pero que no prosperó con el paso de los años.

Hoy, lejos de aquella etapa, sigue promoviendo la náutica y la pesca desde un lugar más personal. “Esto lo hago con mucha pasión. Siempre me gustó y siempre llevo gente que quiere conocer lo que tenemos acá, que es muy lindo”, concluye, mostrando una faceta donde el mar toma protagonismo como forma de vida.

La Cámara Económica de Tres Arroyos invita a empresarios, comerciantes, profesionales y público en general a participar de una charla coloquio sobre el borrador de la reforma laboral, que se llevará a cabo el miércoles 17 a las 18.30 horas, en la sede que la entidad posee en avenida Moreno 467.

La actividad contará con la presencia de Juan Pablo Borioni, abogado especializado y autor de diversos artículos de opinión sobre la reforma laboral, quien expondrá los principales puntos del borrador, brindará herramientas para su análisis y abrirá un espacio de diálogo entre empresas, comercios y representantes del sector productivo local.

En un comunicado de prensa, informó que “el encuentro buscará aportar claridad y comprensión sobre los cambios propuestos, así como reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que podrían presentarse para el sector”.

Al respecto, expresó: “¿Por qué se plantea la necesidad de una reforma?”. Enumeró los siguientes puntos: reducir la litigiosidad laboral, brindar mayor seguridad jurídica a empleadores y trabajadores, disminuir costos laborales imprevisibles, actualizar y modernizar un sistema considerado rígido y desfasado frente a las nuevas dinámicas del trabajo.

Entre los “cambios clave del borrador”, menciona la “indemnización calculada sobre salario habitual (sin extras ni premios); eliminación o reducción de multas por irregularidades en la registración laboral; mayor flexibilidad para trabajos estacionales y de temporada; ampliación del período de prueba; reglas más simples para teletrabajo y nuevas modalidades laborales”.

Como “beneficios directos esperados”, la Cámara Económica indicó: “menor cantidad de juicios laborales; costos más previsibles para las empresas; mayor nivel de empleo formal; más competitividad para el agro, la industria y el comercio”.

Finalmente, reiteró la invitación “a toda la comunidad interesada a participar de este espacio de análisis y diálogo, fundamental para comprender el impacto de la propuesta en la actividad económica local”.

Por Juan Pablo Borioni

Al Estado más débil de los tres, el municipio, se le otorgó la responsabilidad de mantener la red vial rural, parece algo ilógico por recursos y conocimiento técnico, en lo hídrico y vial. En contrapartida, la coparticipación vial provincial es irrisoria en el inmobiliario rural.

Los caminos son como la salud, un tema muy específico y estratégico -salida de producción a los puertos, conectividad agraria, sostenibilidad alimentaria nacional e internacional-, para que no sean un tema específico como lo fue en su creación, cuando con las direcciones de vialidad provincial y nacional e hidráulica nacional y provincial se estructuró y construyó la red de caminos rurales y cuencas hídricas de nuestro país.

En tal sentido, es fundamental tener en cuenta que los caminos rurales son los que cortan en forma artificial todas las cuencas hídricas, desvían el curso natural del agua -principio rector hidráulico-, impiden la transparencia hídrica y ponen en riesgo de inundación zonas rurales a las que naturalmente nunca les llegaría el agua o les llegaría menor cantidad.

Además, como dije, son el nexo inevitable entre la producción y su destino, entre los agropecuarios y la ciudad y viceversa.

Los municipios fueron asumiendo un rol vial – hídrico rural que desconocían, impidiéndoles cumplir con el mantenimiento y conservación de los caminos rurales. Se organizaron primariamente con sistemas de mantenimiento de caminos sin tener en cuenta lo hídrico – vial, con un  reducido conocimiento en ingeniería vial e hidráulica (aleteos, niveles, alcantarillas, cunetas, puentes, vados, mantenimiento y limpieza de canales artificiales y naturales, etc.), y asumieron bajo su responsabilidad la creación de un parque vial rural de maquinarias con recursos propios, que fue utilizado con limitaciones por desconocimiento técnico en su mayoría, a lo que se le adicionan restricciones públicas con normas administrativas y laborales obsoletas (estabilidad, horas extras y categorías, normas sindicales públicas, arbitrariedad política etc.), que impiden una correcta eficiencia del servicio vial rural.

En este orden, los productores agropecuarios han hecho un gran aporte. Como contribuyentes para un mismo fin han tributado en el estado nacional, provincial y municipal, con múltiples tributos aplicados a la misma finalidad, y como usuarios al intentar colaborar desde afuera del Estado, participando en forma activa en el mantenimiento de la red a fin de garantizar la circulación en post de la producción y la vida rural cooperando siempre para llegar a los campos y educar.

Pero ello no fue suficiente, porque los caminos por su uso, por la naturaleza hidráulica de las cuencas, por los materiales con que están construidos, sufren un importante deterioro en el tiempo, simplemente se gastan, se hunden por debajo de los niveles, se eliminan las huellas naturales y se tornan intransitables de acuerdo a las necesidades personales y productivas con mayor velocidad a la de sus reparaciones.

Se han encarado distintas soluciones que cargan al productor agropecuario de más gasto innecesario, de acuerdo a los tributos nacionales, provinciales y municipales que se crearon a tal fin, inmobiliario rural, impuesto a los combustibles y gomas, derechos y tasas varias a nivel local, como el derecho de marcas y señales y la tasa a la hectárea. Este combo impositivo hace presumir una gran cantidad de recursos viales suficientes de acuerdo a los costos y la inversión efectuada.

El marco normativo y responsabilidad pública de la red de caminos rurales de nuestra provincia y del país debe reverse, no pueden los municipios tener esta carga pública por su imposibilidad de cobrar impuestos y en muchos casos por su falta de experiencia en esta especialidad hídrica vial específica

En este orden, les recuerdo que con estos recursos se hizo una red vial hídrica caminera en la zona rural de 120.000 km con 80.000 km hoy otorgados a los municipios para que se ocupen del ellos. Se mantenía y se extendía, se hicieron puentes, terraplenes y alcantarillas en toda la provincia sin otro costo para el agro que el inmobiliario rural y los derechos de marcas y señales. Luego vino una desconcentración provincial y un traspaso de funciones viales e hídricas a los municipios, grandes inexpertos en el tema, y un traspaso de recursos muy limitados -una mínima coparticipación del 12% del inmobiliario rural provincial- con los cuales debieron incorporar maquinarias viales para su prestación, creándose en consecuencia en su mayoría la tasa vial rural municipal en los municipios bonaerenses y las direcciones viales específicas o compartidas con el sector urbano de hecho.

Luego se practicaron otras formas descentralizadas con cierta autarquía para intentar un mejor servicio público local (afectando parte de fondos a esa finalidad específica), entes viales, cooperativas concesionarias y/o comisiones viales zonales con productores a cargo. Todas son formas que en su gran mayoría carecen de auditoría privada, manejan fondos públicos, funcionan en su mayoría bajo el régimen de un presupuesto público y con un organigrama estatal, donde los municipios se quedan bajo diferentes modalidades hasta con el 70% del gasto en forma directa o indirecta, y le otorgan otros destinos diferentes a la mantención especifica de la red caminera de  su partido.

Es hora de entender y saber que el sistema vial rural se agotó y rediseñar algo con eficiencia pública y con menor costo para el sector permitirá ser más competitivos, más solidarios con nuestro país e invertir más dinero en innovación y crecimiento genuino y no en burocracia.

En Tres Arroyos ha ido evolucionando el sistema desde lo público con una comisión vial central, una Dirección Vial en conjunto que funcionó durante años, y luego se constituyó por ordenanza un Ente Vial Descentralizado, con fondos afectados en parte de la tasa vial solamente a ese fin, dejando de lado marcas y señales, derecho destinado a esa misma finalidad.

El marco normativo y responsabilidad pública de la red de caminos rurales de nuestra provincia y del país debe reverse, no pueden los municipios tener esta carga pública por su imposibilidad de cobrar impuestos y en muchos casos por su falta de experiencia en esta especialidad hídrica vial específica y medular a la hora de producir y conectar al agro y la ciudad.

En todas las localidades hay una gran participación del sector rural, pagando los tributos, siendo los productores agropecuarios parte de los consejos asesores viales, se debe valorar este gran esfuerzo del sector. Este análisis se puede hacer en base a la experiencia de todos estos años de trabajo mancomunando del sector agropecuario con los municipios que acompañaron todos los procesos viales codo a codo con las diferentes gestiones municipales, sin importar el color político.

En síntesis, los recursos están pero no van a parar al destino correcto, y si van al lugar correcto se aplican en forma ineficiente.

* Titular del Estudio Borioni, abogado especialista en derecho agrario

Con el foco puesto en la agroeducación, a partir de la alianza estratégica que la Sociedad Rural Argentina tiene con la Universidad Austral, la entidad ruralista está organizando una importante capacitación universitaria en agronegocios. La propuesta, que es coordinada por el abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni, es abierta para cualquier interesado y se cursará en forma presencial, cada 15 días, entre los meses de septiembre y noviembre.

“El objetivo es hacer una capacitación abierta, para socios y no socios, e incluso no está limitado a productores agropecuarios, sino que también está dirigida a integrantes de la cadena del agro (periodistas, profesionales, prestadores de servicio) y a cualquier persona que tenga una motivación de armar un agronegocio”, explicó Borioni sobre el programa que comenzará el 12 de septiembre y se extenderá hasta el 21 de noviembre y se dictará en la sede capitalina de la Sociedad Rural Argentina.

“La capacitación tiene dos finalidades: salir con alguna habilidad mayor para desarrollar un agronegocio; y lograr una vinculación entre los mismos participantes. Porque al ser presencial se dará una interacción entre los inscriptos, que seguramente serán de distintas ciudades o provincias, y eso podrá generar nuevos conocimientos sobre otras regiones e incluso la posibilidad de emprender algo en el futuro”, indicó Borioni, quien a partir de su relación profesional y de amistad con Jorge Albertsen, Secretario Académico de la Universidad Austral, impulsó la unión estratégica con la SRA.

En cuanto a la modalidad y al contenido curricular, el programa utiliza el método de “la teoría del caso”. “Es una manera de analizar casos prácticos. Se estudia un negocio en particular y también se plantea un trabajo en equipo para armar un negocio nuevo. Así se logra que la cursada sea dinámica, entretenida e interactiva”, indica Borioni, sobre la capacitación que tendrá tres materias: “Estrategias de negocios”; “Comercialización”; y “Factor humano”.

La Universidad Austral está liderando en el país el desarrollo de los agronegocios a partir del acuerdo de cooperación que mantiene con la Facultad de Economía Agropecuaria de la Universidad de Purdue (Purdue University Department of Agricultural Economics). Ubicada en el corazón agrícola de los Estados Unidos, es una institución de referencia internacional en capacitación en temas de management de agronegocios y su Centro en Alimentos y Agronegocios (Center for Food and Agricultural Business) lidera procesos de investigación y educación en Estados Unidos y otros varios países.

“Lo que proponemos es una capacitación universitaria, un verdadero valor agregado desde el conocimiento, al final del programa se te entrega un diploma de la Universidad Austral y de la Sociedad Rural Argentina”, explicó el abogado.

Profesores y objetivos por materia

Profesor Bernardo C. Piazzardi

En esta materia trabajaremos con conceptos como propuesta de valor, modelo de negocios, ventajas competitivas, análisis funcional de cadenas de valor y análisis estratégico de proyectos. Todos los conceptos serán llevados a situaciones de negocios por medio de casos de estudios que se abordarán en clase.

Al finalizar la materia serás capaz de:

Profesor Dante Romano

En esta materia vamos a analizar la formación del precio de los granos, las herramientas de derivados que permiten gestionarlos y propondremos un proceso comercial a nivel de productor en el que uniremos todos estos temas.

Al finalizar la materia serás capaz de:

Profesor Fernando Preumayr

En esta materia vamos a analizar la realidad de la gestión de personas y equipos de trabajo en al ámbito rural. Veremos donde estamos en términos de demandas y necesidades en las empresas agropecuarias, así como el potencial a desarrollar en materia de capital humano.

Plantearemos los desafíos que enfrentamos, la manera de abordarlos y algunas herramientas para trabajar en el desarrollo de las personas.

Al finalizar la materia serás capaz de:

La idea de celebrar el 30 aniversario de su estudio con una jornada de agronegocios con destacados invitados terminó siendo el mejor regalo que Juan Pablo Borioni hubiera podido hacerle a sus amigos y clientes. La tarde / noche en el salón de la confitería La Perla terminó siendo un festejo de verdadero valor agregado, porque todos los disertantes aportaron para que el encuentro sea enriquecedor.

“Me pareció mucho más interesante y productivo organizar una jornada de agronegocios con invitados que aportaran experiencia y conocimiento que hacer una gran cena por los 30 años”, explicó Borioni. Y el abogado no se equivocó. Si bien había una capacidad física limitada, y por ende no hubo una invitación masiva, tentados por el rico menú terminaron sumándose más personas de las estimadas. Así fue que el hall de entrada al salón debió transformarse en una sala anexa para albergar a los invitados.

La presencia en el escenario montado sobre una de las cabeceras de Pedro Vigneau, presidente de Maizar; Bernardo Cané, ex titular del SENASA; el analista de mercados Pablo Adreani; y el productor italiano Marco Fovini; más el aporte vía zoom de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Mónica Mondino, periodista de El Cronista Comercial y productora agropecuaria; José Antonio Alvarez, productor agropecuario con intensa actividad en las redes sociales bajo el nombre de “Bumper Crop”; y Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director de la Agencia de Inversiones de Santa Fe, fue la propuesta que lejos de ser algo rígido terminó generando un ida y vuelta más enriquecedor aún.

Acompañaron a Borioni como modeladores de la jornada Diana Arias y Horacio Mazzola, otorgándole dinamismo a la reunión y maquillando los pequeños baches producidos por cuestiones de la tecnología.

Pulseada de mercado

La jornada arrancó con un breve discurso del abogado anfitrión, para luego darle paso al consultor Pablo Adreani quien estaba sentado en el living montado sobre el escenario. El ingeniero hizo un análisis de lo que está pasando hoy en el mercado granario y las proyecciones que se hacen en cuanto a la pulseada que mantendrán en el mediano plazo los factores alcistas (baja relación stock/producto; guerra entre Rusia y Ucrania) y bajistas (inflación en todos los países del mundo, y devaluación de las principales monedas).

“Lo que está ocurriendo es algo histórico y habrá que esperar por lo menos cinco o seis semanas para ver cómo se comportarán los mercados y hacia dónde vamos”, manifestó.

Después fue el turno de la economista Diana Mondino, quien paseó por distintos temas, y se detuvo en lo que ocurre con las exportaciones bajo las políticas oficiales que tiene nuestro país. “Las exportaciones están cada vez más restringidas. El agro se hubiera visto beneficiado si podían exportar más. En el agro permanentemente hay problemas climáticos, y a veces ganas y a veces perdés. Si cuando ganás te van a cobrar un impuesto, entonces compensá cuando perdés también”, señaló.

Y resaltó la figura de los productores y marcó que “en vez de cobrar 200 y pico por el dólar, cobra la mitad. A eso, según qué rubro sea, hay que agregarle las retenciones. En Argentina, un productor ya tiene un 35% de ganancias y si quiere retirar tiene que pagar un 7% más. Y eso sobre las ganancias”.

Retenciones

Acto seguido, en la continuidad de los disertantes virtuales, copó la pantalla Nicolás Pino, quien hizo un repaso de las distintas acciones que desde su entidad y también en conjunto con la Mesa de Enlace, llevaron a cabo para amortiguar las medidas que va tomando el Gobierno y afecta la rentabilidad del campo. En ese sentido, Pino destacó como uno de los mayores logros “que el ministro Julián Domínguez haya dicho públicamente que no se tocarán las retenciones”.

Respecto al reclamo que se está tramitando en la Justicia por considerar que desde el 1 de enero, ante la falta de un presupuesto, el cobro de derechos de exportación es anticonstitucional, comentó que sigue su curso “y hay que esperar lo que se dictamine”. En el tema jugó un papel preponderante Juan Pablo Borioni, ya que fue uno de los abogados que le advirtió a la Sociedad Rural que era posible ir a la Justicia por el cobro, según entendió, indebido de retenciones.

Integración vertical

Más tarde apareció en la pantalla Bernardo Piazzardi quien presentó los resultados más destacados de la Encuesta sobre las Necesidades del Productor Agropecuario Argentino (ENPA), realizada con el apoyo metodológico de la Universidad Purdue (Estados Unidos), para conocer las preferencias de los productores locales a la hora de tomar decisiones de negocios. “El campo argentino ya no es el mismo que el de los últimos 20 años. El modelo de negocios cambió hacia un modelo de integración vertical donde las alianzas entre empresas serán imprescindibles”, explicó.

Quienes toman las decisiones dentro de las empresas son más jóvenes y con mayor formación académica que las generaciones que los precedieron. Alrededor del 61% de los productores encuestados tienen al menos un título universitario y el 7% un título de postgrado. Entre los graduados universitarios, el 70% es de Ciencias Naturales, el 16% viene del mundo de las ciencias sociales, solo el 11% de Ciencias Económicas, y apenas el 3% de ingenierías y Ciencias Exactas. “Se trata de una educación estrictamente técnica productiva y el driver de un negocio, a veces no pasa sólo por lo técnico productivo, sino que hay que disponer de una buena estrategia de comercialización, de administración de riesgos y de financiamiento, entre otras. En todas estas áreas extras productivas técnicas, estos grandes tomadores de decisiones hacen un poco de agua en eso o necesitan asistencia”, advirtió Piazzardi.

El desaliento

Se sumó luego al zoom, “Bumper Crop”, quien describió su experiencia como productor en el sudeste bonaerense y también en los campos de Estados Unidos. Alvarez es ingeniero y administra un establecimiento en Rojas y también trabaja en Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves y Necochea. Además trabaja en el estado de Illinois, en pleno cinturón maicero norteamericano. “Desde que volvieron las retenciones hace 20 años estamos desalentados”, aseguró.

“La Argentina está trabajando a la mitad de su capacidad productiva y eso es por la presión fiscal que genera que muchas zonas no puedan producir, y las que producen lo hagan a un nivel mucho menor”, agregó.

Y completó: “Aún cuando la coyuntura internacional beneficie al país por ser productor de alimentos, las retenciones, la brecha cambiaria y los límites a la exportación perjudican a la agroindustria en el corto y largo plazo”.

La huella de carbono

La atención de la nutrida concurrencia volvió al living de La Perla para escuchar a Pedro Vigneau, ex presidente de Aapresid y actual titular de Maizar. “La realidad que veo es que la gestión de la fotosíntesis es un vector que le va a dar una oportunidad inmensa a nuestro país, y la cadena del maíz y del sorgo tienen un lugar protagónico ahí, porque son plantas carbono 4 con una eficiencia fotosintética superior sobre las que son carbono 3, por eso son tan importantes en la rotación y en todo lo que tiene relación con la huella de carbono”, explicó.

Y destacó “El mundo está cambiando a una velocidad inusitada hacia todo lo que tiene que ver con lo renovable, la oportunidad es inmensa más aún cuando Argentina tiene casi el 90% de la superficie agrícola en siembra directa. Y cuando empezás a medir huellas (como midió Argentrigo el año pasado), vemos que estamos 70% debajo en huella de carbono sobre los trigos europeos, 30% por debajo de los trigos australianos”.

Marco Fovini continuó como orador, y describió cómo trabaja en su campo La Aurora, establecimiento modelo por cómo gestiona la producción de carne y por la utilización de energía solar.

El cierre de las disertaciones estuvo a cargo del ex titular del Senasa, Bernardo Cané, y quien hizo un breve estado de situación de la ganadería argentina en sanidad, producción y acceso a mercados. En este sentido, remarcó que “ya tiene 30 años el plan de erradicación de aftosa, el modelo público privado más exitoso de los últimos años, y lo más interesante es que ha manejado un presupuesto privado de más de 3.000 millones de dólares desde que se lanzó y acumula una legitimidad admirable”.

Cané, además destacó la jornada organizada por Borioni. “Es altamente valorable la iniciativa de Juan Pablo, porque el sector agropecuario debe jerarquizarse, debe mejorar su autoestima, su planeamiento estratégico y ser reconocido como el eje fundamental de la economía de este país”.

Un muy buen cierre para la crónica de una noche de festejo, de agronegocios y de mucho valor agregado.

Una vez que quedó decretada la imposibilidad del tratamiento del presupuesto nacional para 2022 por parte del Congreso, la Sociedad Rural Argentina entendió que a partir del 1º de enero el Gobierno no podía seguir cobrando retenciones porque pasaban a ser inconstitucionales por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia. Como su postura no tuvo eco, la entidad decidió iniciar el reclamo por la vía legal y realizó una presentación judicial junto a la Sociedad Rural de Jesús María.

Días pasados  el juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió admitir la acción colectiva presentada por la SRA en contra de las retenciones. La decisión del magistrado indica que consideró que en el caso “se configura el supuesto de afectación a derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos”. Delimita la clase afectada “a todos los productores agropecuarios del país” y ordena la inscripción del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos.

El juez además libró un oficio al Poder Ejecutivo nacional y a la AFIP a fin de que en el plazo de 30 días realice informe “circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante”.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural, que en su momento consultó al abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni quien fue uno de los primeros en plantear la situación, insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.

Comunicación

“El Juzgado Federal de Córdoba resolvió reconocer a la Sociedad Rural Argentina como una entidad con solvencia institucional y capacidad técnica y económica suficiente para ser designada como representante de todos los productores rurales argentinos en el proceso colectivo en el que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del cobro de derechos de exportación”, indica el comunicado que la SRA le hizo llegar a sus socios explicando el avance que había tenía el reclamo en esta primera instancia.

“Una vez sustanciada la causa, el juzgado deberá resolver y la sentencia que dicte podrá beneficiar a la totalidad de los productores del país, ya que, de resultar favorable, implicará que la AFIP no pueda exigir el pago de derechos de exportación tal como lo viene haciendo hasta ahora y hasta tanto no se discuta y apruebe en el Congreso un nuevo régimen impositivo”, agrega el escrito.

No hay dudas, la pelea por la presunta inconstitucionalidad sigue firme.

El rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso habría dejados sin sustento legal a los derechos de exportación según la lectura coincidente que hacer varios especialistas y de quienes se hicieron eco las entidades gremiales del campo. Y es el argumento que analizan hoy para elevar una presentación en la Justicia y frenar el cobro de retenciones.

Así lo adelantó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la Asamblea de Armstrong realizada el último sábado. Y también lo expresó el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri.

El 31 de diciembre venció el plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al presidente de la Nación fijar derechos de exportación. Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad, pero fue rechazado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.

“Según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, sólo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia”, esgrimió la SRA en un comunicado de prensa en la que aseguró que las retenciones hoy son inconstitucionales.

En sintonía con el reclamo que hizo el diputado de la Nación por San Luis, Alejandro Cacace, de Juntos por el Cambio, el abogado Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario y delegado de la SRA, le planteó a la cúpula de la Sociedad Rural el vacío legal que se había producido a partir del rechazo del Presupuesto. “Mantuvimos algunas charlas con el presidente Nicolás Pino y el vice Raúl Etchebehere, en las que les plantee la cuestión y les di argumentos para plantear la situación en la Asamblea de Armstrong”, explicó Borioni.

“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos. Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó Nicolás Pino en la Asamblea.

Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, sólo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “Esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, manifestó Pino. Las retenciones contemplan alícuotas del 33% para la soja, del 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne vacuna.

La posibilidad de recurrir a la Justicia no sólo la analiza la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace en su conjunto, también dirigentes de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) se reunieron con su equipo de asesores jurídicos para definir los pasos a seguir, entre los que se encuentran una presentación judicial. El mismo pedido le hizo a los asesores de Carbap su presidente Horacio Salaverri.

En tanto, el doctor Borioni aclaró que, en caso de realizar una presentación en la Justicia, “esta debería ser individual, realizarlo cada productor, porque reclamos colectivos en materia de tributos no son tenidos en cuenta”.

Desde la vereda del Gobierno fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien recogió el reclamo hecho por Pino en la Armstrong y en una nota de opinión publicada en el portal de noticias Infobae, dijo que “los derechos de exportación se mantienen incólumes en el horizonte”. En la interpretación del funcionario, citando fallos judiciales, señaló que “los derechos de exportación son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de una habilitación permanente ínsita en el artículo 755 del Código Aduanero”.

El doctor Borioni descartó el argumento utilizado por el funcionario. “El artículo 76 de la Constitución establece que solamente el Congreso puede establecer tributos y el Código Aduanero no puede ser superior a la Ley Suprema, que es la Constitución. Por más que el Código Aduanero le otorgue facultades al Gobierno de turno para establecer retenciones o alícuotas, ésas no pueden ir en contra de la Constitución, que marca que la Ley de Presupuesto es la que regula los tributos que deben contemplarse”.

Proyecto de ley

El diputado nacional por Formosa por la Unión Cívica Radical y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó un proyecto de ley junto a otros diputados de Juntos para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y poner límite de esta manera a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije los derechos de exportación o retenciones sin autorización del Congreso. “El Poder Ejecutivo no puede tomar como propia la facultad de establecer derechos de importación y exportación, es una facultad del Poder Legislativo porque así lo establece la Constitución”, dijo el diputado impulsor de la iniciativa.

En el proyecto también se dispone que el Poder Ejecutivo deberá enviar junto con el Presupuesto nacional la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso tome conocimiento y de acuerdo a sus atribuciones resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda.

El pasado 2 de diciembre, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó una nueva Ordenanza del límite agronómico para regular la aplicación de productos fitosanitarios. El último miércoles, en tanto, el intendente Luis Castellano vetó algunos puntos de la normativa, para profundizar el estudio de ciertos artículos. Al margen de eso, el paso dado por la ciudad santafesina es más que interesante porque la ordenanza en cuestión es una herramienta superadora para un tema que es muy sensible.

El abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario, asesoró durante más de un año a la Sociedad Rural y legisladores locales “para abordar el tema para prohibir pulverizar sin argumentos científicos suficientes, un trabajo de más de un año en conjunto”, según le explicó a La Voz del Pueblo.

Para luego asegurar que “Rafaela ha logrado una ordenanza que es actual, dinámica y tiene una característica muy particular que me parece muy buena: que está sujeta a una revisión a los tres años. Porque la ciencia va evolucionando y eso va generando nuevos parámetros, nuevos paradigmas se resuelven y se va produciendo un ambiente encaminado, por supuesto, a la sustentabilidad del ambiente para el hoy y para el futuro, como dice la Constitución”.

En su descripción sobre el espíritu y esencia de la legislación que da marco a la ordenanza aprobada por mayoría de concejales de la ciudad, Borioni afirmó: “El derecho ambiental es dinámico y permite la revisión permanente porque es adaptar el ambiente a la sustentabilidad para el hoy y para el futuro, como bien lo dice la Ley de Impacto Ambiental. Es una ley muy rica desde el punto de vista de su la finalidad, pero puede ser un arma muy letal si se la utiliza intencionalmente para perturbar sectores, que eso es lo que pareciera que ocurriera”.

Y analizó en ese sentido: “Se analiza sectorialmente una actividad y no a otras que están haciendo las cosas de la manera que se les ocurre, entonces yo creo que acá hay que tener la sinceridad y, como se fue dando en Rafaela con un debate profundo y largo, tener la conciencia y tranquilidad que se analizaron las cosas y que se trató de hacer el menor impacto ambiental posible”.

De todos modos, el doctor Borioni aclaró que entiende que “no hay que promover ordenanzas que legislen en el tema. La ley de agroquímicos provincial y nacional, junto con el Senasa, la Ley de impacto ambiental nacional, más los observatorios son suficientes controles y regulaciones. Los municipios no deben participar más allá de determinar la zona respectiva urbana y rural”.