En un hecho calificado como “excepcional” para la gestión municipal del intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, la secretaria de Gobierno, Melisa Eriksen y la asesora legal, Anyelén Benítez brindaron detalles sobre la estrategia jurídica para recuperar fondos adeudados por la obra de cloacas en Boca del Tigre.

En dependencias del municipio se realizó el anuncio que fue compartido por las redes sociales oficiales y que está dirigido a defender el patrimonio sancayetanense, que a valores actualizados por inflación supera los 160 millones de pesos por la obra conveniada en 2022.

Ante la falta de respuestas de la gestión del nuevo Gobierno Nacional iniciada en diciembre de 2023 -y por la deuda pendiente- el Ejecutivo municipal confirmó la contratación de un equipo jurídico externo para iniciar acciones legales, una medida que busca resguardar los recursos de todos los vecinos del distrito vecino.

Necesidad de especialistas

La secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, inició el anuncio aclarando que el conflicto surge por el incumplimiento de un convenio donde el Estado Nacional se comprometía a financiar la obra de cloacas de Boca del Tigre.

Según explicó la funcionaria la decisión de buscar asesoría fuera del plantel municipal se tomó con “suma responsabilidad institucional”, priorizando la eficacia en un terreno legal complejo.

“Se decidió contratar abogados externos con conocimiento en la materia y experiencia concreta en litigios contra el Estado Nacional”, señaló Eriksen.

La funcionaria detalló que este tipo de procesos exige no solo poseer una matrícula federal, sino también manejar normativas y procedimientos específicos que exceden las tareas habituales de la asesoría legal local.

Un paso obligatorio

Por su parte la asesora legal de la comuna, Anyelén Benítez, reforzó la legalidad y la urgencia del procedimiento. Debido a la existencia de “plazos perentorios” tanto administrativos como judiciales, el municipio optó por una contratación directa tal como lo permite la ley tras evaluar la idoneidad de los profesionales elegidos.

Benítez destacó que esta acción no es una mera alternativa política, sino un deber de la administración. “Recordamos la importancia y la obligación de reclamar esta deuda. No es una opción que tiene el municipio, sino una obligación”, resaltó.

La funcionaria mencionó que incluso funcionarios nacionales  comprendieron que este es el paso legal lógico que debe dar el intendente Gargaglione –de la UCR en Juntos- para cumplir con sus funciones. Fue en el marco de un encuentro que mantuvieron “la semana pasada”.

Un antecedente histórico

La relevancia de este movimiento judicial se refleja en las estadísticas de la comuna. Se trata de la primera vez que la Municipalidad de San Cayetano litigará contra el Estado Nacional.

A pesar de ser una práctica común en otros distritos para el cobro de tasas, en San Cayetano la asesoría legal interna suele absorber todos los casos.

“En 18 años de gestión del intendente, es la segunda vez que se van a contratar abogados externos”, puntualizó Eriksen al subrayar que la complejidad del caso lo exige.

Aunque la presentación del juicio no garantiza un resultado inmediato, desde el municipio aseguran que es fundamental dar la batalla legal para proteger los recursos que pertenecen a la comunidad.

Mientras se espera para este martes la declaración de varios testigos en el juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los más esperados era el de neurocirujano Leopoldo Luque, quien resaltó: "El paciente hacía uso de su derecho de autonomía. Diego consumía alcohol".

El titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro, Alberto Gaig, escuchó el relato del profesional, quien se presentó ante la justicia por tercera vez desde el comienzo del juicio.

En principio, Luque solicitó responder al mensaje de voz que se reprodujo para contextualizarlo. Los jueces, si bien lo autorizaron porque es un derecho, le pidieron que sus declaraciones no sean sistemáticas para no obstaculizar la fluidez del debate.

"Yo aclaré que era amigo y que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera también. Parece que la fiscalía no escuchó que eso cambió y lo dije. Lo dije porque cuando yo escribía esos documentos, que son del 1 de septiembre de 2020, es correcto que yo lo escribí en pos del beneficio del paciente. Lo sacó de contexto", dijo.

"Pero la realidad es que el paciente, como verán, pasaba por períodos buenos y malos, típico de un paciente con problemas de consumo. Ante esa circunstancia, y yo estando solo, el paciente no paraba de tomar alcohol y estaba consciente. Usaba su derecho de principio de autonomía y aunque no nos guste teníamos que respetarlo", agregó.

El neurocirujano dijo que su vínculo con el paciente "cambió muchísimo el día de la cirugía". Se trata de la operación por el hematoma subdural a la que se sometió el Diez semanas antes de su muerte. "Ahí aparecieron abogados, médicos y la familia con un rol que yo deseaba hace mucho tiempo: que se responsabilicen del paciente. A partir de ahí cambió la relación", dijo.

"El paciente sale de la Clínica Olivos con criterio para continuar con sus cuidados por adicción. Nunca por el corazón. Quería remarcar el error que comete la Fiscalía al poner en otro contexto un audio. Y pido disculpas, yo no quiero entorpecer el debate, solo contar la verdad", aclaró.

Este lunes se conoce el veredicto contra Felipe Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022. En los alegatos, la fiscalía pidió 4 años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

Luego de varias audiencias, donde se mostraron imágenes del incendio en la vivienda del artista en Belgrano, el resultado de la autopsia y demás pericias, este lunes a partir de las 09.00hs. por Zoom se sabrá la decisión que tomaron los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El delito de estrago doloso seguido de muerte prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel y si el tribunal lo condena, sería la segunda sentencia que recibe en su contra. La primera fue por el abuso sexual simple de la hija de su ex pareja.

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. #AgenciaNA 

Pasaron más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona. En el medio, hubo un juicio que terminó anulado durante el escándalo del documental secreto de la jueza Julieta Makintach, y una causa que acumuló cientos de fojas, pericias y discusiones técnicas. Este martes, todo vuelve a empezar.

El segundo juicio oral por el fallecimiento del exfutbolista comenzará a las 10 en San Isidro con un nuevo tribunal, pero el mismo objetivo: determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que lo asistía durante su internación domiciliaria en Tigre.

En el banquillo estarán siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario. Las defensas, en cambio, apuntan a que su cuadro clínico era complejo y que no hubo delito.

El nuevo debate se desarrollará en dos audiencias semanales y estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, luego de que la jueza Julieta Makintach fuera destituida por haber autorizado y protagonizado una serie documental clandestina. Los fiscales serán nuevamente Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La estructura del juicio seguirá un orden progresivo. Primero declararán los familiares más cercanos, como Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda. Burlando adelantó que las hijas del Diez estarán en todas las audiencias.

Luego, declararán los peritos que intervinieron en la autopsia y en las juntas médicas, cuyos informes resultan clave para entender el estado de salud del Diez y las condiciones en las que fue atendido.

Finalmente, será el turno de los médicos, enfermeros y coordinadores de la atención que recibió Maradona durante sus últimos días de vida.

La ronda de testigos recién comenzará el jueves, ya que este martes se darán las cuestiones preliminares y los lineamientos del juicio. “Todavía no se definió un cronograma y no sabemos cuándo declaramos”, dijo Ojeda a TN.

“Por como se dieron las cosas, lo más probable es que arranque con cierta similitud al juicio del año pasado”, adelantó el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk. Su clienta, junto con el neurólogo Leopoldo Luque, son los principales acusados.

Más allá de que el tribunal pueda seguir los lineamientos de aquel debate que quedó trunco, lo cierto es que todo lo que sucedió en el primer juicio no tiene validez en este proceso. Los testigos, las pruebas y los pedidos de las partes no serán tenidos en cuenta.

Se espera la declaración de varios testigos, además de la incorporación de una extensa prueba documental y pericial. Por eso, se prevé que el juicio se extienda durante varios meses.

En este contexto, según informaron fuentes judiciales, podrían ir desistiendo de algunos testimonios a medida que avance el juicio. “Entiendo que hubo ciertas conversaciones entre las partes para acelerar el debate y que terminemos antes de la feria”, sostuvo la fuente. Se habla de una lista de al menos 90 personas.

Uno de los puntos centrales del debate será entender y analizar cómo se llevó adelante la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre, donde Maradona pasó sus últimos días.

Para la fiscalía, ese esquema fue “deficiente” y no cumplía con los estándares médicos necesarios para un paciente con sus antecedentes. La acusación sostiene que hubo omisiones, falta de controles y decisiones que contribuyeron al desenlace.

Las defensas, por su parte, buscarán demostrar que el tratamiento fue consensuado, que se adecuaba a la situación del paciente y que la muerte fue consecuencia de patologías preexistentes.

En paralelo, la enfermera Gisela Madrid será juzgada en un proceso separado mediante un jurado popular, aunque el juicio todavía no tiene fecha y corre peligro de caerse. “No se lo quieren hacer. Es una verguenza”, dijo Rodolfo Baqué, abogado de la acusada.

En cuanto al rol de Cosachov, Mischanchuk aseguró que no hubo dolo en la muerte de Maradona y descartó que su clienta haya estado involucrada en un plan para matar al exfutbolista. “La calificación es descabellada”, sostuvo. También adelantó que la psiquiatra podría declarar. “No lo tiene definido aún”, dijo.

En ese sentido, el abogado defensor de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, informó que el neurocirujano va a hacer uso de su derecho para declarar y contar su verdad.

“Va a responder preguntas”, adelantó Oneto. También afirmó que va a pedir, antes de que arranque el juicio, un primer planteo para que autoricen a la prensa a transmitirlo. “Es un juicio oral y público. Para que vean que no ocultamos nada”, expresó a TN.

“Luque no tiene nada que ver. Maradona murió de un infarto. Queremos que se tramista para que se vea en vivo, sin filtros, la verdad. Para que después no salgan a contar una historia cambiada”, sostuvo Oneto.

Para este martes se espera una gran cantidad de medios de comunicación y público en general, ya que se trata de la muerte de uno de los ídolos del fútbol a nivel mundial. “Me llamaron de todos lados. Todo el mundo necesita saber qué pasó con Diego”, cerró Verónica Ojeda, que asistirá al debate junto a su pareja Mauro Baudry, que representa a Dieguito Fernando, el hijo más chico de Maradona. (TN)

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas dentro de un boliche en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, comenzará este martes.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.__IP__

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

#AgenciaNA 

La tresarroyense Florencia Mascioli, señaló que su agresor, el empresario platense Agustín Raimondo —vinculado a medios de comunicación de la ciudad de La Plata—, se encuentra actualmente detenido con prisión preventiva, a la espera de la fijación de la fecha del debate.

De acuerdo a lo indicado, el imputado no aceptó la instancia de juicio abreviado —lo que implicaría reconocer los hechos—, por lo que el proceso avanzará hacia un juicio oral, donde será juzgado por delitos que contemplan penas de entre 6 y 10 años de prisión efectiva.

En este marco, la víctima hizo llegar a este medio un escrito en el que expone su situación y el proceso judicial atravesado. A continuación, compartimos el texto tal como fue enviado:

“A juicio oral”

“El empresario platense (Dueño de los medios de comunicación FM Cool Radio 103.7 y www.laplata1.com, Agustín Raimondo va a Juicio Oral por Violencia de Género

Como víctima de su violencia durante tantos tantos años, realizo este comunicado para informar que estamos esperando la fecha del Juicio Oral que se llevará a cabo este año.

Expreso lo siguiente:

"Denuncié por primera vez a A.R. el 14/10/2022 por Violencia de Género, habiendo sufrido todo tipo de violencia desde el 2012 hasta el 2022 inclusive.

Después de denunciar, ninguna mujer sabe lo que se viene: pericias, revictimización por parte de la Justicia que en vez de buscar razones para encontrar culpable al violento, necesita que demostremos por qué somos las víctimas y nos hacen contar una y mil veces el mismo infierno.

Eso ya lo viví. El infierno y el después del infierno.

Pero la violencia no terminó en 2022. Sigue aún y dudo que algún día vaya a terminar.Violencia física.Violencia psicológica.Violencia económica.Violencia simbólica.Violencia laboral.Violencia vicaria.

El año pasado después de MUCHOS años de hostigamiento después de mi denuncia, finalmente logramos la prisión preventiva para A.R. quien todavía está alojado en un penal de Florencio Varela.

No quiso aceptar ir a un juicio abreviado, lo que implica reconocer sus delitos, declararse culpable y quizás, ser condenado con una pena menor a la solicitada por la Fiscalía, porque el delito por el que se lo va a juzgar tiene una pena de entre 6 y 10 años de prisión efectiva.

Así que visto y considerando su negativa de hacerse cargo (una vez en la vida) de cómo me destruyó la vida, VAMOS A JUICIO ORAL.

Si me animé a denunciar, incluso cuando me temblaban las piernas y la voz, y supe dar los pasos que nadie te enseña en el proceso judicial que se inicia tras una denuncia, POR SUPUESTO que me animaré a enfrentar UNA VEZ más la revictimización, el trauma, el dolor, el miedo, el temblor de mi cuerpo cuando lo tenga cerca.

Pero la Justicia llega. Siempre llega.Y no voy a abandonar NUNCA esta lucha. Que no es solo mía, es de todas las personas que me acompañaron hasta hoy y de tantas mujeres que necesitan salir vivas de esos infiernos.

Me acompaña mi abogado, el Doctor Quirós, quien además ha sabido contenerme infinidad de veces en momentos sumamente difíciles de este proceso.

Espero la fecha del Juicio y, al fin, el abrazo de la Justicia después de tanta lucha"

Florencia Mascioli (víctima)”

El juicio por Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, se extenderá hasta el próximo 16 de marzo, cuando se conocerá el veredicto contra el imputado de 18 años, que es juzgado en el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil porque tenía 17 al momento del hecho.

La parte damnificada solicitó una pena de 23 años y 4 meses, mientras que la defensa dejó de lado la teoría del homicidio culposo y solicitó 7 años. Discusión que se comenzará a definir el próximo miércoles 4 de marzo en un adelanto del veredicto final.

Con la etapa de alegatos finalizada este 27 de febrero, el fallo se conocerá a mitad de marzo, una vez valoradas las pruebas frente a los jueces Marcelo Giorgis, mientras que el pedido de la querella se realizó por la aplicación de un concurso real de delitos, tanto de “homicidio en ocasión de robo”, así como “robo en poblado y en banda”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, anteriormente, Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determinó la responsabilidad del joven de -actualmente- 18 años y recordó los momentos previos al crimen de su hija.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

En su declaración, la madre de la menor recordó cuando los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En conversación con este medio y tras la audiencia en donde declararon cinco testigos, Marcos Gómez, el padre de la niña calificó de “duro” el desarrollo del juicio e indicó: “Es muy difícil presenciar todo eso”.

El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar", así como expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario. #AgenciaNA 

Aquel martes 9 de diciembre amaneció gris, húmedo, pesado; incluso a media mañana se desató una llovizna. El clima político y social también se presentaba oscuro y denso ya que el juicio a los integrantes de las Juntas Militares de la dictadura que había gobernado el país hasta dos años antes era un hito único en la historia contemporánea mundial.

Por primera vez, un tribunal civil juzgaba a los máximos jerarcas militares responsables de un golpe de Estado y de un plan de exterminio sistemático.

Había rumores de atentados, de protestas y hasta de un golpe, al punto que el 25 de octubre el Gobierno de Raúl Alfonsín decretó el Estado de Sitio durante 49 días -hasta la lectura de la condena- a fin de controlar, por ejemplo, reuniones masivas.

Donde sí hubo convocatoria popular fue frente al Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano. Familiares de víctimas, jóvenes militantes que habían votado por primera vez, miembros de organismos de Derechos Humanos habían hecho una vigilia desde el lunes 8, bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia”.

Las puertas de la sala se abrieron, puntuales, a las 16,30, media hora antes del horario previsto para el inicio de la lectura de la sentencia.

Por primera vez desde el comienzo del juicio, ATC iba a transmitir en vivo y directo. En los 230 días previos, el canal oficial había suministrado imágenes que se vieron en diferido y sin sonido, aunque todas las audiencias fueron filmadas.

Entre los primeros que ingresaron había varios testigos que expusieron sobre torturas y desapariciones, como Adriana Calvo de Laborde. Quienes decidieron no estar en la lectura del fallo fueron los 9 acusados, sólo estuvieron sus abogados defensores.

Había periodistas acreditados de todo el mundo, la mayor cantidad desde el inicio del juicio, por eso hubo que habilitar un sector provisorio para los que no entraban en el lugar de la prensa.

A las 17,46, Jorge Valerga Araoz fue el primer juez en ingresar a la sala, y el secretario, Juan Carlos López, dijo “Señores, de pie”. Se apagaron los murmullos de la sala, y una vez que se ubicaron todos los miembros de la Cámara, el presidente, León Arslanian comenzó a leer el fallo.

Fue una lectura sin prisa pero sin pausas… En verdad hubo una, justo antes de leer el castigo para Videla, el juez tomó lentamente un vaso de agua…

Finalmente llegaron las sentencias para los nueve excomandantes acusados de cientos de crímenes de lesa humanidad en la llamada Causa 13/84.

El exgeneral Jorge Rafael Videla y el exalmirante Emilio Eduardo Massera (miembros de la Primera Junta) recibieron Reclusión perpetua. El exgeneral Roberto Eduardo Viola (a cargo de la Segunda Junta), 17 años de prisión. El exalmirante Armando Lambruschini, 8 años de prisión. El exbrigadier Orlando Ramón Agosti (integró la Primera Junta) 4 años y 6 meses de prisión.

Sin embargo, cuatro de los nueve fueron absueltos (Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo) lo que provocó la desazón de gran parte de la sala y en la calle. Fue entonces que a modo de protesta, Hebe de Bonafini volvió a ponerse el pañuelo blanco que le habían pedido quitarse al inicio de la audiencia -ese que decía “Aparición con vida” y “Madres de Plaza de Mayo”- y fue obligada a dejar la sala porque no se permitían “identificaciones políticas”. A ella se le sumó la sobreviviente Adriana Calvo de Laborde.

En la lectura de los fundamentos, Arslanian dejó en claro la conclusión de la Cámara, sobre el accionar de los condenados: “Se demostró que optaron por la clandestinidad y la ilegalidad”. Y cerca de las 19, concluyó con la frase formal: “Hágase entrega de inmediato a las Defensas y al fiscal de sendas copias íntegra de esta sentencia”.

Afuera, en la plaza de Tribunales, hubo exclamaciones de alegría pero también lágrimas de dolor. Porque más allá de que el terrorismo de Estado recibía un justo castigo, el deseo más profundo era -y es- el que había expresado el fiscal Strassera en su alegato: “Nunca más”.

Fuente: Agencia DIB

Este mediodía se dio lectura a la sentencia en el llamado Juicio de La Huerta sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Se dictaron 8 condenas, 4 de ellas a prisión perpetua por delitos de Lesa humanidad ocurridos en ugares emblemáticos del circuito represivo de la llamada Subzona 12.

Por primera vez fueron juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil: Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, quienes recibieron perpetuas. La misma pena correspondió para Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga recibió la pena de 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez: 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares: 6 años de prisión y José Luis Álvarez: 5 años de prisión. Hubieron 27 absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno -cuyo padre, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, fue una de las víctimas- habló tras la lectura del veredicto.

“Quiero destacar el compromiso de los sobrevivientes con los diferentes testimonios que aportan a la construcción de la verdad. La sentencia, obviamente, tiene algunos puntos que de las querellas se va a apelar porque consideramos que están probados muchos hechos que sucedieron ya hace muchos años. Es un proceso que tiene mucho de angustiante, pero mucho de reparador”, dijo Moreno.

El fallo también determinó que los casos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, puntualizando sobre los hechos que ocurrieron en la localidad de Azul la noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976 cuando secuestraron sindicalistas.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dió lectura al veredicto en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos de la provincia y la región.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires fue querellante en este proceso judicial que comenzó el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo del Centro de la Provincia incluye La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Mendez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil; la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.

Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Hubieron cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, que evidencian la participación empresarial.

Se juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas, pero algunas no estuvieron en condiciones de declarar por su avanzada edad, y otras fallecieron sin poder dar testimonio.

En total fueron 104 audiencias donde se escucharon los testimonios de 213 personas. (DIB)

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por un abuso sexual simple contra su hija en Salta.

La víctima declaró en Circuito Cerrado de Televisión los abusos que sufrió de parte de su padre en reiteradas ocasiones y el culpable reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado.

A su vez, hermanos de la damnificada ratificaron los hechos, motivo por el que la jueza Gabriela Romero Nayar, miembro de la Sala 5 del Tribunal de Juicio, homologó el acuerdo entre las partes.

El implicado fue hallado responsable del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, el vínculo y la relación de convivencia, y se dictaminaron tres años de ejecución condicional.

Un tresarroyense comenzó a ser juzgado por Jurado Popular acusado de la muerte de otro hombre de 27 años tras una discusión en el establecimiento rural donde ambos trabajaban.

Se trata de Juan Ignacio Ostiza, de 39 años, quien el pasado 4 de septiembre de 2024, fue detenido acusado del homicidio de Lucas García, un trabajador del campo con el que, según comenzó a ventilarse en los alegatos de apertura, había iniciado la discusión en el marco de un reclamo salarial y terminó en un feroz enfrentamiento de trágico desenlace.

En ese contexto, durante el debate que comenzó a celebrarse hace instantes en la sala de juicios orales de Istilart 45 y está previsto que se extienda hasta mañana.

Ante la jueza Agustina Cedeira, se aguarda la recepción de 20 testimonios, 17 comunes y 3 de la defensa, en el marco de una causa que llega propuesta por la Fiscalía de Instrucción y Juicio, a cargo en este caso del doctor Gabriel Lopazzo, como “homicidio simple”, pero acerca de la cual la defensa del imputado, a cargo de la doctora Elisa Hospitaleche, comenzó a trazar una estrategia de legítima defensa. Un argumento que fue escuchado oportunamente por la Cámara de Apelación en lo Penal de Bahía Blanca para aceptar la posibilidad de que Ostiza llegue en libertad al juicio oral, a pesar de la gravedad del hecho.

Por otra parte, la conformación del Jurado se realizó con éxito y celeridad ante una oferta de 23 candidatos.

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires apartó a la doctora Natalia Ramos de su rol como fiscal en lo que será el segundo juicio por el mismo caso de abuso sexual a un hombre que, en 2023, fue condenado a 20 años de prisión tras haber sido hallado “culpable” de los hechos por un Jurado Popular.

La decisión del Tribunal de Alzada trascendió en las últimas horas y constituye la segunda disposición sobre ese caso, tras haber sido anulado el primer juicio en 2024, por entender que la doctora Ramos incorporó como prueba testimonios de otro juicio por el mismo delito, y a raíz del que ya había sido condenado el pringlense Gustavo Andrés Suárez por primera vez en 2002.

La resolución estuvo a cargo de la Sala I del máximo cuerpo judicial penal, con asiento en La Plata, el cual aceptó una queja planteada por la abogada Laura Pereyra, defensora oficial del acusado, Gustavo Andrés Suárez (44), un pringlense de 44 años que residía en Tres Arroyos al momento de los hechos y quien había llegado a juicio acusado del abuso sexual de una niña cuando tenía entre 7 y 8 años, nieta de quien en 2011 era su pareja.

El 28 de abril de 2023, durante un Juicio por Jurados desarrollado en la sala de debates del Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, Suárez recibió un veredicto de culpabilidad por 10 votos a 2 y, tras la cesura del juicio, donde la fiscal Ramos había pedido 25 años de prisión, la doctora Verónica Vidal terminó dándole 20 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado daño en la salud mental de la víctima, en concurso real, en los términos de los artículos 55 y 119 del Código Penal” .

En septiembre de 2024, la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, anuló el juicio y la condena citados y ordenó un nuevo juicio, por “vicios” que pudieron “contaminar” a los jurados.

Según los jueces de Casación, Suárez ya había cumplido pena por otro caso de abuso sexual, cometido en 2002, y la fiscal, en su rol de acusadora, incorporó prueba de ese caso y generó “un prejuicio insalvable” en el ánimo del jurado que lo declaró culpable por el nuevo delito en 2023.

Tal como informó La Nueva en su edición digital en aquel momento, al año siguiente, los jueces de Casación Daniel Carral y Ricardo Maidana no solo ordenaron un nuevo debate sino que advirtieron por la situación a la fiscal, Natalia Ramos, y a la jueza técnica, Verónica Vidal, quien debía velar para evitar estas cuestiones.

Dijo la defensora de Suárez en su planteo que durante las audiencias del debate en 2023 se escucharon a testigos del caso juzgado en 2002, lo cual vulneró el derecho a un juicio justo y entendió que los jurados populares directamente “se apartaron de la prueba reunida en el juicio, directamente vinculada al hecho que se estaba juzgando”.

La defensa, por otro lado, planteó que Suárez no pudo ser el autor de la nueva violación porque en el momento que se habría cometido, cuando la víctima tenía entre 5 y 6 años, él se encontraba encarcelado por la causa anterior, aunque para la fiscalía no hubo precisión en cuanto a las fechas exactas de cometidos los delitos.

Al respecto, Casación dio por probado que la jueza técnica habilitó a testigos de la causa anterior y rechazó instruirlos para que no hablen sobre el caso viejo (la fiscal los había pedido para incorporarlos como “testigos de concepto”) y que también informó que “no iba a limitar sus respuestas”.

“Desleal”

Según trascendió, en los últimos días, los mismos jueces de Casación, Daniel Carral y Ricardo Maidana, decidieron apartar a la fiscal para actuar en el nuevo juicio al procesado.

Suárez hoy continúa detenido en la Unidad Penal Nº 37 de la localidad de Barker.

De acuerdo a los fundamentos publicados de manera reciente por el portal bahiense, al formular la queja contra la resolución de la Cámara Penal de Bahía Blanca, que mantenía en el puesto a Ramos para el segundo juicio, la defensora Pereyra argumentó que, de seguir la misma fiscal, se iba a poner en riesgo el debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, por entender que su intervención en el primer juicio fue “desleal”.

Explicó Pereyra que, por otro lado, Ramos no acusó recibo del primer fallo de Casación y no solo no reconoció errores en su proceder sino que manifestó su desacuerdo con la anulación y dijo que lo dicho por Casación era erróneo.

El abogado de   Julieta Prandi   afirmó que la declaración de la actriz   “fue desgarradora”   y señaló que la defensa de Claudio Contardi, acusado por presunto abuso sexual agravado,   “no tiene forma de hacer quedar como una mentirosa”   a la conductora.

Javier Baños dialogó con la prensa y resaltó que a su clienta se   quebró   cuando prestó testimonio en los Tribunales de Campana.

Además, el letrado pidió que haya un   biombo para que Prandi y Contardi no puedan mirarse: “Solicité expresamente que no haya contacto visual”.

“Julieta no pudo entrar porque está ahí él”,   remarcó Baños, al tiempo que agregó que su objetivo   “es protegerla”   porque   “sería una locura”   que observe al hombre que   “la martirizó”.

“Estaba re angustiada, la vi re mal, este juicio tendría que haber empezado hace cinco años”,   recriminó el abogado de la modelo.

Los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi,   presentaron un pedido de nulidad ante los jueces Daniel Répolo, Mariano Aguilar y Mariano Leiro para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares.

En este sentido, Baños calificó esta decisión de   “maniobra dilatoria”   a raíz de que los defensores   “constantemente ponen palos en la rueda”.

Agencia Noticias Argentinas

Hace pocas horas se conoció oficialmente la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de presentar un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando a la defensa argentina en su reclamo de que se suspenda el fallo de Preska que ordenó entregar las acciones de YPF. En los próximos días presentará un documento con sus argumentos.

“La intervención del Gobierno de EEUU en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”, destacó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

(Fuente: Infobae)

La Fiscalía Federal de Mar del Plata solicitó la pena de 8 años de prisión para Sebastián López y Margarita Vallejos en el marco del juicio por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de armas de fuego en concurso real”, a raíz del hallazgo de casi 40 kilos de drogas en un departamento de nuestra ciudad en enero de 2023.

El pedido de pena estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Fioritti tras los alegatos celebrados días atrás ante el juez Federal Martín Poderti, titular unipersonal del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En ese sentido, el representante del Ministerio Público solicitó además la imposición de las costas del proceso y el decomiso de los bienes, tanto para el domicilio de la calle Rocha y el dinero que se secuestro en los procedimientos posteriores al hecho.

Por su parte, la defensa pidió la libre absolución e insistió con la teoría de que se trató de una causa armada por la policía, como así también el hecho de que el inmueble era un departamento que estaba alquilado, por lo que se supone que el contenido no pertenece a sus representados.

Según el propio fiscal Fioritti le relató a LA VOZ DEL PUEBLO, ”el Ministerio Público se limitó a probar lo que tenía que probar, o sea que en esa casa de Rocha 415, tanto Pablo Sebastián López como Margarita Rosa Vallejos tuvieron el 20 de enero de 2023, la cantidad de 7 kilos y medio de cocaína, casi 30 de marihuana, 770 troqueles de drogas sintéticas y nueve armas. Algo que fue acreditado por todos los policías que declararon más los testigos civiles que intervinieron en el procedimiento, la pericia química que dio cuenta de ese material, más la calidad y cantidad de la sustancia, además de as pericia balísticas que arrojó que todas las armas se encontraban aptas para el disparo”.

Al justificar el pedido de 8 años de prisión como pena, Fioritti argumentó que “la pena está fundada en las dosis umbrales, como se dicen en las pericas químicas, con las que se podría haber inundado prácticamente Tres Arroyos, todo eso hace que el Ministerio Público haya solicitado las penas que nosotros consideramos“.

El hecho

Lopez y Vallejos habían sido detenidos en Tres Arroyos el 20 de enero de 2023, luego que la Fiscalía instruyó un allanamiento en el domicilio donde ambos residían, después que la mujer protagonizó una serie de incidentes en el hall de la Comisaría Primera, exigiendo que Sebastián López, su pareja, sea liberado tras un episodio de violencia en la casa de su madre, donde además terminó agrediendo a la policía que acudió a la emergencia.

La intransigencia de la mujer para hacer que López recupere la libertad, motivó su arresto y, al ser requisada, el hallazgo de una importante cantidad de dinero, despertó sospechas en los agentes, quienes le transmitieron sus inquietudes al fiscal. Ante tal situación, el Juzgado de Garantías dispuso la realización de un registro domiciliario en carácter de urgencia en la calle Rocha 415, donde fueron hallados, según la información oficial más reciente, cerca de 40 kilos de droga, entre marihuana, cocaína y LSD, además de nueve armas de fuego.

El debate comenzó el pasado 26 de mayo y se extendió por ocho audiencias hasta el pasado martes, cuando se llevó a cabo la etapa de alegatos y pedidos de pena, acerca de la cual en los próximos días la Justicia Federal dará a conocer el respectivo fallo.

El origen del juicio contra la Argentina por la estatización de YPF consiste en una cláusula incluida en el estatuto de la compañía de realizar una oferta pública de compra que contemple a todos los accionistas.

Cuando Argentina expropió las acciones mediante una ley del Congreso, lo hizo sobre las tenencias de la empresa española Repsol e ignoró las acciones que tenía el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía está envuelto en sospechas.

Este incumplimiento de igualdad de oferta fue lo que disparó el juicio que hoy sentencia a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.

Los tribunales de Estados Unidos condenan a Argentina al incumplir una cláusula que afecta a los accionistas de una empresa que cotiza en Wall Street.

La jueza Loretta Preska, la magistrada que heredó el litigio del juez Thomas Griesa, no juzga la decisión del país de expropiar la compañía ni los derechos soberanos del país para tomar esa decisión, sino que esa acción va en contra de los intereses de una parte de los accionistas de la empresa que no tuvieron el mismo trato.

Si bien el gobierno ya anunció que apelará la orden de Preska, esta acción no resulta gratis porque, como la condena está firme, corre el pago de intereses, una cifra que se aproxima a los US$ 2 millones diarios.

Burford Capital es el fondo de inversión beneficiario cuya acción se disparó ayer en contraposición a la caída del papel de IFF, quien le compró el derecho a litigar al Grupo Petersen. La compra se originó en la quiebra de Petersen llevada a delante por un juzgado de Madrid, a raíz de que tras la expropiación, YPF dejó de pagar dividendos y provocó el colapso de la compañía.

El juicio se abre en 2015 y en septiembre de 2023 Preska falla contra el país con la obligación de pagar US$ 16.000 millones.

El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sostuvo que existen argumentos legales para cuestionar el fallo de Preska y planteó dos acciones.

Preska ordenó el pago con acciones, lo cual viola la ley argentina, por lo cual consideró apropiado una ley del Congreso que ratifique esa condición. Y al mismo tiempo sugirió un per saltum a la Corte Suprema, para que el máximo tribunal le ordene al Poder Ejecutivo que entregue las acciones por violar la ley argentina. (NA)

El 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 208 votos afirmativos el proyecto kirchnerista que declaró de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol; un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 a 3. La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y blo­ques provinciales que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.

Según supo Noticias Argentinas, entre los votos positivos de Diputados figuran históricos referentes K—Agustín Rossi, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Héctor Recalde—, peronistas hoy opositores como Omar Perotti y Felipe Solá, y radicales como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri y Ricardo Buryaile. También acompañaron la socialista Victoria Donda, el cineasta Fernando “Pino” Solanas, el actual senador cordobés Luis Juez y el gobernador jujeño Gerardo Morales (entonces senador). En contra se pronunciaron, entre otros, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Jorge Triaca, mientras que se ausentaron legisladores como Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti. En el Senado, además del pleno kirchnerismo, votaron a favor Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y el propio Morales; los únicos tres rechazos fueron Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso. Trece años después, la sentencia de la jueza Loretta Preska pone aquella decisión legislativa bajo la lupa del costo financiero que ahora deberá afrontar el Estado argentino.

Frente para la Victoria (PJ) – 115 diputados

Albrieu Oscar Edmundo Nicolás; Alonso María Luz; Arena Celia Isabel; Arregui Andrés Roberto; Avoscan Herman Horacio; Balcedo María Ester; Barrandeguy Raúl Enrique; Basterra Luis Eugenio; Bedano Nora Esther; Bernal María Eugenia; Bertone Rosana Andrea; Bianchi María del Carmen; Bidegain Gloria Mercedes; Blanco de Peralta Blanca; Brawer Mara; Bromberg Isaac Benjamín; Calcagno y Maillmann Eric; Carlotto Remo Gerardo; Carmona Guillermo Ramón; Caselles Graciela María; Catalán Magni Julio César; Cejas Jorge Alberto; Chieno María Elena; Ciampini José Alberto; Cigogna Luis Francisco Jorge; Cleri Marcos; Conti Diana Beatriz; Córdoba Stella Maris; Currilén Oscar Rubén; Dato Alfredo Carlos; De Pedro Eduardo Enrique; Depetri Edgardo Fernando; Di Tullio Juliana; Díaz Bancalari José María; Díaz Roig Juan Carlos; Donkin Carlos Guillermo; Eliceche Carlos Tomás; Elorriaga Osvaldo Enrique; Feletti Roberto José; Félix Omar; Fernández Sagasti Anabel; Ferrá de Bartol Margarita; Ferreyra Araceli Susana; Francioni Fabián Marcelo; Gallardo Miriam Graciela; García Larraburu Silvina Marcela; García Andrea Fabiana; García María Teresa; Gdansky Carlos Enrique; Giaccone Claudia Alejandra; Giacomino Daniel Oscar; Giannettasio Graciela María; González Juan Dante; González Nancy Susana; Granados Dulce; Grosso Leonardo; Guccione José Daniel; Gutiérrez Mónica Edith; Herrera Griselda Noemí; Ianni Ana María; Kosiner Pablo Francisco Juan; Kunkel Carlos Miguel; Landau Jorge Alberto; Larroque Andrés; Leverberg Stella Maris; Llanos Ermindo Edgardo Marcelo; Lotto Inés Beatriz; Martínez Oscar Ariel; Mendoza Mayra Soledad; Mendoza Sandra Marcela; Metaza Mario Alfredo; Mirkin Beatriz Graciela; Mongelo José Ricardo; Moreno Carlos Julio; Moyano Juan Facundo; Muller Mabel Hilda; Nebreda Carmen Rosa; Oporto Mario Néstor; Ortiz Correa Marcia Sara María; Ortiz Mariela; Pais Juan Mario; Perié Julia Argentina; Perotti Omar Ángel; Perroni Ana María; Pietragalla Corti Horacio; Pilatti Vergara María Inés; Plaini Francisco Omar; Puiggrós Adriana Victoria; Recalde Héctor Pedro; Redczuk Oscar Felipe; Ríos Liliana María; Ríos Roberto Fabián; Risko Silvia Lucrecia; Rivarola Rubén Armando; Rivas Jorge; Rossi Agustín; Salim Juan Arturo; Santillán Walter Marcelo; Sciutto Rubén Darío; Segarra Adela Rosa; Simoncini Silvia Rosa; Solanas Julio Rodolfo; Soto Gladys Beatriz; Tineo Javier Héctor; Tomás Héctor Daniel; Uñac José Rubén; Vilariño José Antonio; Villa José Antonio; Molina Manuel Isauro; Yarade Rodolfo Fernando; Yazbek Rubén David; Yoma Jorge Raúl; Zamarreño María Eugenia; Ziebart Cristina Isabel; Ziegler Alex Roberto.

Unión Cívica Radical – 34

Albarracín Jorge Luis; Alfonsín Ricardo Luis; Álvarez Elsa María; Álvarez Jorge Mario; Barbieri Mario Leandro; Bazze Miguel; Benedetti Atilio; Brizuela y Doria Inés; Buryaile Ricardo; Casañas Juan Francisco; Chemes Jorge Omar; Costa Eduardo Raúl; De Ferrari Rueda Patricia; Espín­dola Gladys Susana; Fernández Rodolfo Alfredo; Fiad Mario Raymundo; Forte Ulises; Garrido Manuel; Gil Lavedra Ricardo; Giubergia Miguel Ángel; Juri Mariana; Kroneberger Daniel Ricardo; Maldonado Hugo; Martínez Julio César; Negri Mario; Orsolini Pablo Eduardo; Portela Agustín Alberto; Rogel Fabián Dulio; Sacca Luis Fernando; Santín Eduardo; Storani María Luisa; Tunessi Juan Pedro; Vaquié Enrique; Yagüe Linda.

Frente Cívico – 12

Matarazzo Norma Amanda; Alonso Federico; Brue Agustín; Herrera José Alberto; Martínez Ernesto Félix; Mazzarella Susana del Valle; Navarro Graciela; Oliva Cristian Rodolfo; Pastoriza Mirta Ameliana; Ruíz Aída; Veaute Mariana Alejandra; Villata Graciela.

Frente Nuevo Encuentro – 5

Harispe Gastón; Heller Carlos; Junjo Juan Carlos Isaac; Raimundi Carlos; Sabbatella Martín.

Partido Socialista – 6

Barchetta Omar; Ciciliani Alicia; Cortina Roy; Cuccovillo Ricardo Oscar; Rasino Élida Elena; Zabalza Juan Carlos.

Proyecto Sur – 3

Argumedo Alcira Susana; Cardelli Jorge Justo; Solanas Fernando Ezequiel.

GEN – 3

Linares María Virginia; Milman Gerardo; Peralta Fabián Francisco.

Unión Popular – 5

De Gennaro Víctor; Iturraspe Nora Graciela; Lozano Claudio Raúl; Parada Liliana; Riestra Antonio Sabino.

Frente Peronista + Federal – 4

Atanasof Alfredo Néstor; Cremer de Busti María Cristina; Roberti Alberto Oscar; Wayar Walter Raúl.

Movimiento Popular – 4

Brillo José Ricardo; Comelli Alicia Marcela; Garramuño Jorge; Guzmán Olga Elizabeth.

Coalición Cívica ARI – 2

Piemonte Horacio; Comi Carlos Marcelo.

Frente Cívico por Santiago – (ya contabilizado dentro de Frente Cívico)

Otros bloques

Córdoba Federal (1): Fortuna Francisco José

Corriente de Pensamiento Federal (1): Ledesma Julio Rubén

Democracia Igualitaria y Participativa (1): Rodríguez Marcela Virginia

Unión Peronista (3): Mouillerón Roberto Mario; Rivara Raúl Alberto; Solá Felipe

Unión por San Juan (1): Ibarra Mauricio

U.De.So. Salta (1): Biella Bernardo José

Libres del Sur (1): Donda Pérez Victoria

Santa Fe en Movimiento (1): Forconi Juan Carlos

Salta Somos Todos (1): Olmedo Alfredo Horacio.

Luego de que   el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fuera anulado tras la recusación de la jueza Julieta Makintach por protagonizar un documental   basado en el debate oral, el proceso para que se reanude constará de distintas etapas.

El abogado  Fabián Améndola,  miembro del estudio jurídico de   Fernando Burlando    (representante legal de Dalma y Gianinna Maradona) conversó con la agencia Noticias Argentinas y mencionó las distintas etapas.

“A partir de este dictamen, el TOC N°3 devuelve el caso a la Cámara Departamental, que deberá sortear otro tribunal, al cual se le remitirá dicha causa”,  expresó.

De acuerdo al relato de Améndola, en la siguiente etapa   “el nuevo tribunal notificará a todas las partes” sobre cómo estará conformado por los otros jueces “a raíz de que hay un plazo de diez días para recusar a cualquier magistrado por si se constata alguna causal”. 

Posteriormente, se lleva a cabo una  audiencia preliminar   en la que se debaten distintos acuerdos probatorios, los testigos y la fecha de comienzo para el juicio oral y público:   “La jurisdicción no cambia. Se hace otra vez acá en el partido de San Isidro”.  

En este sentido, el abogado insistió en que “nosotros estamos listos para arrancar” y que la decisión “depende de la agenda del tribunal”.

“Queremos hacerlo inmediatamente. Todas las partes estamos de acuerdo en que esto se debe resolver lo más pronto posible”,   añadió.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró en un limbo y no se sabe a ciencia cierta cuando se reanudará. 

La verdad de lo que ocurrió los días previos a su fallecimiento, si fue cuidado como corresponde o no por el equipo médico o si su deceso fue un evento fortuito, se dilata una vez más, tras las postergaciones de 2024.

(N.A)

El juicio oral por la muerte de Diego Maradona volvió a foja cero luego del polémico documental protagonizado por la jueza apartada Julieta Makintach y frente a este escenario se perdieron varias pruebas, declaraciones y hasta causas paralelas contra un testigo.

En las 19 audiencias desarrolladas pasaron más de 44 testigos, entre ellos peritos, profesionales de la junta médica, familiares y cercanos a Maradona.

Uno de los puntos anulados fue la acusación contra el ex custodio del futbolista, Julio César Coria.

En medio del debate, Coria había sido detenido tras dar testimonio frente al Tribunal acusado de falso testimonio. Ahora, si el juicio vuelve a foja cero, dicha causa ya no tendrá validez.

A su vez, todas las declaraciones desarrolladas a lo largo de las diversas audiencias tampoco serán tomadas en cuenta cuando se realice el nuevo juicio, por lo que todos los testigos deberán volver a dar testimonio.

Entre las declaraciones más importantes están sobre la autopsia, la agonía que sufrió Maradona, la reunión previa a la externación, la duda sobre si hacía falta operarlo, cómo vivió sus últimos días, el entorno y la historia clínica.

Acerca de los dos allanamientos llevados a cabo en la Clínica Olivos, lugar donde operaron a Maradona del hematoma subdural, y la empresa Medidom, que se encargó de la internación domiciliaria del jugador, las pruebas secuestradas tampoco serán legítimas.

Es la pena establecida por la jueza Agustina Cedeira para Esteban Fabián Pérez y Pablo Valentín Cañete. El 24 de enero sustrajeron en Tres Arroyos la moto de una trabajadora. El vehículo fue hallado luego incendiado a la altura del kilómetro 35 de la ruta nacional 228

Dos marplatenses, que llegaron al juicio en condición de detenidos, fueron condenados a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento ayer en el Tribunal Oral Criminal de nuestra ciudad, en un fallo de la jueza Agustina Cedeira.

La pena recayó sobre Esteban Fabián Pérez (24 años) y Pablo Valentín Cañete (40 años), quienes el 24 de enero del presente año, alrededor de las 14.10, robaron la moto de una vecina de nuestra ciudad, Andrea Rodríguez, en ocasión en que se encontraba ubicado en avenida Olivero Duggan al 100, fuera del local de la firma Bioterra.

El vehículo marca Mondial de 70cc modelo Dax, dominio colocado 702-DVJ de color negro, estaba estacionado con el trabavolante colocado.

El rodado fue hallado horas más tarde a la altura del kilómetro 35 de la ruta nacional 228, mientras que Pérez y Cañete resultaron aprehendidos en cercanías del lugar, en el kilómetro 34.

El fiscal Gabriel Lopazzo había solicitado la pena de cuatro años y medio de prisión. En tanto, la defensora oficial Laura Pereyra, quien representó a Pérez, pidió la absolución o de manera subsidiaria, dijo que la calificación legal no podía superar al delito de hurto, con el mínimo de la escala penal previsto para tal figura. Viviana Fernández, defensora de Cañete, requirió la absolución o en forma subsidiaria, la calificación de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Agustina Cedeira resolvió que corresponde condenar a Pérez y Cañete por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, Entendió que los antecedentes penales de ambos constituyen agravantes, porque “la comisión de un nuevo delito revela un mayor grado de reproche, y por ende de culpabilidad, derivado de la ausencia de adecuación de los imputados a la norma penal”.

Del mismo modo, entendió como agravante que la moto robada era el único medio de transporte de la víctima, que la utilizaba para ir a su trabajo como empleada de limpieza.

El jueves pasado se había establecido el veredicto condenatorio, tal como debe procederse cuando se trata de un hecho en flagrancia. Ayer se dio a conocer el fallo, las características y monto de la condena, así como los fundamentos de la magistrada.