En el Espacio Cultural Néstor Juan Faré de la ciudad de Benito Juárez se llevó a cabo la charla “Nuevos alcances y aspectos relevantes de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, organizada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Departamental de Azul, el Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez y el municipio juarense.

La jornada se desarrolló en el marco de un conversatorio que tuvo como objetivo brindar información y generar un espacio de intercambio sobre la situación de los menores de edad en conflicto con la ley penal y los principales cambios introducidos por la nueva normativa, entre ellos la disminución de la edad de punibilidad, los tipos de penas previstos y las nuevas escalas y límites de las penas.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Julio Marini junto al fiscal de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul, Dr. David Carballo; el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Tandil, Dr. Leonel Calles; el juez de Paz local, Dr. Walter Pacheco; la inspectora jefa distrital, Ana Lorena Pereyra; y la secretaria de Desarrollo Social, María Teresa Ricci.

También contó con la participación de funcionarios municipales, directivos y trabajadores de organismos, autoridades policiales y representantes del ámbito judicial, directivos de establecimientos educativos, inspectoras e inspectores de distintos niveles y modalidades educativas, integrantes del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar; y representantes de la Mesa del Buen Trato, espacio conformado por organismos gubernamentales, no gubernamentales e instituciones intermedias de la comunidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario de Seguridad, Gustavo Infantino; el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, comisario inspector Sebastián Pichirilo, junto a autoridades y personal de la Estación de Policía Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Subcomisaría de Villa Cacique-Barker, la DDI y Patrulla Rural; la titular de la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez, Dra. Paula Rodríguez; el titular de la Casa de Justicia de Benito Juárez, Dr. Gustavo Actis Caporale; la secretaria de Salud, Andrea Soutrelle; el director de Niñez y Adolescencia, Patricio Funes; la directora de Salud Mental, Marianela Zequeira; y la directora de Tercera Edad y Discapacidad, Malena Fernández.

La justicia francesa dictó este viernes las sentencias contra los responsables del asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú, ocurrido en París el 19 de marzo de 2022. Tras más de 11 horas de deliberación, el tribunal condenó a Loïk Le Priol a 26 años de cárcel por homicidio no premeditado y a Romain Bouvier a 19 años por intento de asesinato.

El juez del caso destacó la gravedad de los hechos y la conducta de los acusados. Sobre la sentencia de Le Priol, el magistrado señaló:

El tribunal destacó la extrema gravedad de los hechos, impulsados por una ira narcisista que provocó la muerte sin sentido de un padre de 42 años. El tribunal también señaló su fascinación por las armas y su ideología letal. Se tuvo en cuenta el alto riesgo criminológico.

Respecto al accionar de Bouvier, el juez afirmó que disparó a quemarropa contra un objetivo que se retiraba, lo cual demuestra una clara intención homicida. Por otro lado, Lyson R. fue absuelta del cargo de complicidad, pero recibió una pena de tres años de prisión por obstrucción a la justicia. En la misma línea, Antony S. fue condenado a tres años por encubrimiento y robo de documentos relacionados con el crimen.

Antes de conocerse el veredicto, los acusados tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal. Bouvier manifestó:

Jamás encontraré palabras para expresar el sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú. Ya se ha dicho todo.

Por su parte, Le Priol expresó su deseo de mejorar en prisión y pidió que la familia encuentre la fuerza para perdonarlo.

El hecho ocurrió tras una pelea en la terraza de un bar. Aramburú, quien se encontraba desarmado, fue abordado por los agresores desde una camioneta. Según la investigación, Bouvier disparó primero y luego Le Priol persiguió a la víctima, disparándole seis veces. El exjugador de los Pumas falleció en el lugar debido a los impactos recibidos.

 El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años.

También fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios.

De esta forma, el tribunal adoptó penas menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.

Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza”.

La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17:00 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.

El juicio había comenzado en marzo pasado sobre la causa que involucraba a la fundación 'Sueños Compartidos', que investigó el desvío de fondos públicos, estimados en más de $206 millones de pesos, que el Estado Nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Fue para la construcción de viviendas sociales, pero el programa funcionó con serias irregularidades entre los años 2005 y 2011, con la realización de obras públicas con sobreprecios e, incluso, sin licitación. 

Agencia NA

La denuncia que hizo pública la anterior conducción de la Junta Vecinal de Marisol durante el mes de junio de 2025 por un intento de venta irregular de tierras fiscales frente al mar, finalmente tuvo una resolución definitiva según contó el intendente dorreguense Juan Carlos Chalde a La Voz del Pueblo.

Aquella advertencia de los fomentistas de la localidad balnearia del distrito vecino sobre el riesgo inminente de perder el acceso público a sitios emblemáticos como el “Barco Hundido” o el “arroyo Los Gauchos”, movilizó rápidamente al municipio.

En aquel momento el intendente Chalde se había manifestado de forma categórica al asegurar que "no cederemos un metro de tierra que corresponda al partido de Coronel Dorrego", y viajó a La Plata junto para presentar el caso ante la Fiscalía de Estado.

Ahora y después del accionar judicial, el jefe comunal le contó a este diario cómo evolucionó la situación y el alivio que trae la sentencia definitiva.

Definitivo y contundente

La disputa legal por el frente costero llegó a su fin gracias a un dictamen de la justicia. “Finalmente esa pretensión que tenía un particular con una usucapión sobre los terrenos que ofrecían a la venta en alguna página web, salió con fallo negativo”, confirmó Chalde.

Con este fallo definitivo el mandatario destacó que se terminó la discusión y ratificó formalmente la propiedad de las tierras a favor de la provincia de Buenos Aires.

La dimensión de la maniobra ilegal excedió la de un simple terreno convencional. Chalde aclaró que no se trataba de un “lotecito”, sino de un predio de 700 hectáreas linderas a Marisol en dirección hacia el sur, camino a Monte Hermoso, las que se estaban ofreciendo a la venta al público y de manera ilegítima.

“Intento de estafa”

De acuerdo con las declaraciones del intendente, la oferta pública de estas valiosas tierras fiscales se realizaba principalmente a través de canales digitales. “Era una inmobiliaria del Gran Buenos Aires la que ofrecía” los lotes mediante una página web.

Al describir el tipo de operación que se pretendía hacer con los lotes fiscales, Chalde fue rotundo al calificarla como un engaño para potenciales compradores. 

Sin embargo aclaró que la acción no habría llegado a materializarse con damnificados directos. “Fue un intento de estafa que entiendo que nunca se concretó porque nadie compró, pero fue un intento”, sostuvo.

Pruebas entregadas

El rol del municipio resultó de ayuda a la Fiscalía de Estado de la provincia para recopilar y sistematizar la evidencia que permitió frenar las operaciones comerciales en internet.

El jefe comunal confió a este diario que desde el gobierno municipal se encargaron de aportar todos los elementos de prueba disponibles en aquel momento, incluyendo el registro de la oferta pública que salía a través de la página web.

Con la propiedad fiscal resguardada por el fallo judicial, las actuaciones posteriores quedan en manos de la administración provincial. “Después las acciones ya corresponden a la Fiscalía de Estado de la Provincia”, concluyó Chalde al confirmar que la defensa de ésas tierras frente a la playa concluyeron en un acto de defensa del patrimonio público y el acceso libre a la costa bonaerense.

“Los allanamientos no se demoraron se pidieron cuando tuvimos los elementos de prueba para pedirlos”, contó la fiscal de Menores Marina Vizzolini a La Voz del Pueblo, en el marco de la investigación penal por el robo de 37.000 dólares del interior de la camioneta de Enrique Pelleboer, un quintero de 70 años de edad, que quedó en la calle porque era la plata que tenía destinada a la compra de una casa en la ciudad.

El robo ocurrió el 14 de agosto y los allanamientos se produjeron el 3 de septiembre, después que La Voz del Pueblo diera a conocer la noticia.

En declaraciones hechas este martes por la tarde, la funcionaria brindó precisiones –a este diario- sobre el estado de la causa, sobre los operativos realizados y desmintió versiones sobre la situación del menor investigado. Aseguró que no está prófugo. No obstante le confió a este medio que ya era investigado por un robo similar.

Cuatro allanamientos

La fiscalía coordinó cuatro allanamientos en distintos domicilios para localizar el dinero sustraído. Aunque no se recuperaron los dólares que Pelleboer guardaba celosamente en su camioneta, los operativos permitieron secuestrar elementos de interés para el expediente.

“Hicimos allanamientos en distintos domicilios. Obviamente el dinero no se encontró. Encontramos algunos elementos que van a ser material de análisis, algunas cuestiones que nos van a servir como prueba para seguir trabajando en la investigación”, explicó Vizzolini.

La fiscalía trabaja con el material secuestrado junto al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo de la jueza subrogante Fabiana Brandolín, para solicitar la incorporación de estos indicios al proceso.

Situación del menor

Vizzolini informó cuál es la situación del menor sospechoso y desmintió versiones que lo daban como prófugo. “No hay ningún pedido de detención ni de captura, ni el chico está prófugo. El chico está a derecho, tiene su letrado”, afirmó.

El joven no fue citado a declarar en la sede fiscal porque como es menor todavía tiene un marco legal de inimputabilidad que le juega a favor. “El chico en ese momento era inimputable, así que tampoco van a existir medidas de coerción con él”, dijo para aclarar que no será apresado respecto al robo investigado desde el reciente 14 de agosto.

Sin embargo Vizzolini remarcó que esto no detiene el trabajo de la fiscalía a su cargo. “El hecho de que no sea procesable no significa que la causa se cierre; la investigación continúa para acreditar la materialidad y para acreditar la participación”, remarcó.

Adulto, familiar y cómplice

Asimismo la fiscal sostiene que el menor no actuó solo debido al gran volumen de la suma sustraída y apuntó a un adulto de su entorno familiar con antecedentes.

“Claramente estas cuestiones no las manejan solo porque semejante cantidad de plata, obviamente que el chico puede haber actuado solo en el robo. Después en el destino del dinero y demás, también tenemos algunas puntas para investigar”, subrayó la fiscal.

Complejidad

Aclaró además que rastrear el efectivo en moneda extranjera es complejo. La fiscalía investiga la compra de bienes con el dinero robado como vía para intentar recuperar algo para la víctima. “Indicios de adquisiciones de cosas hay también y estamos trabajando en esa línea, que es la línea más potable que tenemos”, reconoció Vizzolini. Agregó que el destino de los fondos es difícil de constatar si la transacción se hizo en dólares.

Por otra parte, Vizzolini desvinculó el robo a Pelleboer de un hecho de hace dos meses donde el mismo joven robó “unos cuantos millones de pesos” de otra camioneta y compró un auto. “El tema del auto se está mezclando, eso está vinculado a otra investigación anterior”, precisó.

Finalmente sobre las cámaras de seguridad particulares desde donde se observó el hecho, la fiscal indicó que no se ve al sospechoso con nitidez. En tanto la investigación sigue su curso con el análisis de los elementos secuestrados.

La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial.

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.  

El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas.

La magistrada puso el foco en la capacidas de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

Agencia NA

Enrique Pelleboer es un jubilado y quintero de 70 años de edad, vive desde su infancia en la casa familiar de Lisandro de la Torre al 3000. Es un hombre amable y solitario que desde el 14 de agosto atraviesa una pesadilla porque después de vender la quinta en octubre de 2025 para trasladarse a la ciudad, sufrió el robo de la plata que tenía destinada al pago de una casa donde pensaba pasar el resto de su vida.

Por estos días pasa las horas en la propiedad que vendió, pero ya no tiene con qué pagar la vivienda que había acordado comprar en calle San Lorenzo entre el 900 y el 1.000.

La plata de aquella venta, los ahorros de su vida, se los robaron del interior de su camioneta. Eran más de 37 mil dólares, su parte después de acordar una sucesión. El negocio se tramitaba en una reconocida escribanía, y hasta ya había acordado compartir las refacciones con el vendedor de su futuro nuevo hogar.

Pero con el trámite avanzado, Enrique tomó una decisión desesperada y polémica. Ocultar el dinero en su camioneta. Durante siete u ocho meses los dólares permanecieron en el portaobjetos ubicado entre los asientos, mientras se definía la operación.

Explicó que tomó esa medida por desconfianza. Pelleboer ya había sufrido tres robos –que denunció- en su domicilio y para evitar ser blanco de la delincuencia de nuevo en su casa, donde no dejaba entrar a nadie, consideró que el vehículo era un escondite seguro. “No iba a ser tan estúpido de dejar la plata en la casa sabiendo que entraron tres veces”, dijo a este diario para justificarse. Tampoco quiso comprometer a su hija, para evitarle un problema.

Fue así que trasladó la plata en la camioneta todo este tiempo, confiado en que nadie sospecharía. Porque -afirmó- que nadie más que él lo sabía.

El robo

La tarde del viernes 14, Enrique estacionó en Brown al 50, cerca del portón de un reconocido comercio, al no encontrar lugar en sus sitios habituales. 

Caminó unas cuadras hacia lo de ‘Antonio’, el vendedor de la casa de calle San Lorenzo, para definir las reformas. En ese encuentro le comentó que el boleto de compraventa estaba listo para la firma en la escribanía.

Después de conversar, Enrique se retiró a las 19, llamó a su hija y caminó por Reconquista y San Martín antes de regresar a su camioneta, una Ford Ranger roja.

Al subir, un sonido inusual al lado del asiento le anunció el robo. El dinero ya no estaba. Lo desconcertante fue la ‘pulcritud’ del hecho porque las puertas no estaban forzadas y otros objetos de valor, como una batería de moto y un soplador en la guantera trasera, estaban intactos.

No habían revuelto el interior de la Ranger; fue directo al escondite del dinero. Tras el hallazgo, Enrique llamó a su hija y al vendedor de la casa, y fue derecho a la de comisaría para radicar la denuncia.

“Desorientado” por el robo, comenzó a analizar la precisión del robo. Convencido de que “nadie” de su entorno conocía el escondite  -ni su hija estaba al tanto-, regresó días después a los lugares donde estacionó la camioneta esa jornada.

Al observar el entorno, observó un domo municipal de seguridad frente a donde había estacionado, a metros de la esquina de avenida Rivadavia y Chacabuco. Allí surgió su única sospecha; que alguien lo haya observado manipular el dinero y filtrara los datos precisos de su ubicación.

Contó Enrique que llevó su reclamo –por teléfono- al intendente Pablo Garate, quien lo puso en contacto con el secretario de Seguridad, Juan Apolonio.

Pelleboer se reunió con él, le planteó su duda y el funcionario le negó cualquier filtración del centro de monitoreo.

Un menor

La investigación arrojó pruebas sobre la mecánica del robo. La víctima le confió a este diario que le exhibieron videos de cámaras de seguridad privadas que muestran a un menor en bicicleta circulando a contramano por calle Alsina e ingresando a Brown.

Se trataría de un menor conocido por las fuerzas de seguridad y la justicias de Menores.

La grabación también registró el destello de luces de la camioneta, confirmando que la puerta fue abierta sin ser forzada. El delincuente menor habría sido identificado, pero dijo que las autoridades desvincularon su hipótesis respecto al domo, una postura que Enrique rechaza.

Al día de hoy Pelleboer no tiene novedades del dinero que le robaron, ni de la investigación policial, ni de la fiscalía de Menores.

El robo lo dejó en la ruina. Desechó la compra en calle San Lorenzo y no tiene un lugar dónde ir a vivir a esta altura de su vida porque debe dejar la quinta donde vivió desde chico. “Estoy en la calle, en la quiebra total”, expresó en un tono de total desolación.

Allanamiento

Sobre el atardecer de este jueves, La Voz del Pueblo pudo saber que fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento vinculado con el robo sufrido por Pelleboer el 14 de agosto.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en proximidades de avenida Libertad y Aníbal Ponce (Camino de Cintura), en la zona del monumento al Payador y al Resero.

En distintos fueros del Poder Judicial se registra un número importante de cargos vacantes de jueces y fiscales que impide un funcionamiento en condiciones lógicas, al menos aceptables.

La subrogancia, que debería ser un sistema para cubrir vacantes de manera puntual y por un tiempo determinado, se ha convertido en una práctica permanente, que se extendió como consecuencia de los escasos nombramientos.

En este contexto, Bernardo Bibel debe sumar a su tarea como juez federal de Necochea, la cobertura como subrogante de dos juzgados federales de Mar del Plata.

En el caso de la Justicia en Tres Arroyos, 6 de los 12 cargos de jueces se encuentran vacantes. A modo de ejemplo, se puede agregar que aún no fue designado el reemplazante de un fiscal que se jubiló en 2020.

Es una situación que la Provincia atendió parcialmente, pero de un modo insuficiente. El problema sigue sin resolverse y no es una cuestión formal, de cargos y responsabilidades; impacta directamente en la calidad del servicio de Justicia que se puede brindar a los vecinos.

El juez federal de Necochea Bernardo Bibel fue designado como subrogante en dos juzgados de Mar del Plata, medida que se aplica ante la cantidad de cargos de magistrados que se encuentran vacantes. 

La jurisdicción judicial federal de Mar del Plata es muy amplia. Cuenta con un tribunal oral; una cámara con una sola sala; cuatro juzgados federales (dos penales y dos civiles); un juzgado federal en Dolores; dos juzgados federales en Azul (uno penal y uno civil); y un juzgado federal multifuero en Necochea, que está a cargo de Bernardo Bibel.

Se encuentran vacantes dos cargos del tribunal oral y tres juzgados federales de Mar del Plata (dos civiles y uno penal); así como el juzgado de Dolores.

El juez de Azul, Martín Bava, es subrogante en Dolores; y el juez Santiago Inchausti, cumple esta función en el juzgado federal penal de Mar del Plata. Bibel fue nombrado para cubrir los dos juzgados de este fuero de carácter civil.

Las vacantes que cubre Bibel se produjeron porque un juez fue designado en la cámara y otro fue destituido, lo que generó la urgencia de adoptar la medida.

Con respecto al tribunal oral federal de Mar del Plata, como tiene un solo juez, los dos restantes son convocados de capital federal o del interior de la provincia (se denominan “de extraña jurisdicción”).

Una necesidad

Alejandro Tazza, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, dijo que el área en el que se desempeñan “debe ser a nivel judicial una de las zonas más conflictivas de la República Argentina”.

En este sentido, argumentó: “Lo digo por el volumen de expedientes que tenemos y la cantidad de resoluciones que dictamos a lo largo del año. Por lo cual, se comprendió por suerte a nivel político la necesidad de ampliar la jurisdicción para entender todos esos asuntos, porque necesitamos una Justicia que sea rápida y efectiva”.

No obstante, planteó que “con la cantidad actual de jueces no lo podemos hacer. En Mar del Plata tenemos cuatro juzgados federales, dos de ellos atienden cuestiones penales y los otros dos todo lo no penal, civil, comercial, laboral, previsional. Solamente tenemos un juez, el doctor Inchausti, que atiende las cuestiones penales”.

Explicó que, por esta razón, “las vacantes debemos cubrirlas con alguno de los otros jueces que está en la jurisdicción. Entonces el juez de Necochea se tiene que trasladar a Mar del Plata para atender no solamente los asuntos de la ciudad donde se encuentra, sino también de Mar del Plata. Mientras que el juez federal de Azul atiende también los conflictos iniciados en Dolores donde también hay una vacante”.

Por esta razón, planteó que esperan el nombramiento de jueces para que se reduzcan la cantidad de vacantes y de subrogancias.

Es importante tener en cuenta, finalmente, que la jurisdicción federal de Mar del Plata abarca poco menos de la mitad del territorio provincial, es muy extensa y recibe en consecuencia una alta demanda del servicio de Justicia.

Juan Apolonio, secretario de Seguridad, indicó en un diálogo con La Voz del Pueblo que “nos encontramos ante una modalidad que entendíamos estaba erradicada en la jurisdicción”, en referencia al accionar de techeros que cometieron cinco robos en la noche del sábado y madrugada del domingo.

En este sentido, el funcionario indicó que “la mayoría de los delitos que están ocurriendo en Tres Arroyos son oportunistas. Un delincuente se encuentra con una moto que está en la vía pública, abre un auto que no tiene llave, salta un paredón, no con averiguaciones previas como han realizado estos delincuentes”.

Al describir la forma en que procedieron, indicó que “sabían dónde se encontraban las alarmas, cómo evitar que haya indicios externos de lo que estaban realizando en el interior, con una logística y una cantidad de delincuentes importante”.

En relación al número de integrantes de la banda, agregó que “a quienes se aprecia en videos se debe agregar alguien que quedó de campana en el exterior. Así como quien haya ‘vendido’ esos hechos como se dice en la jerga, vulgarmente, Eran varios”.

Del mismo modo, dijo que “llama la atención que no tenían precisiones sobre el dinero. Es un delito de robo calificado grave por escalamiento, efracción, cantidad de integrantes. El monto total de dinero sustraído no cierra, por lo visto no han tenido toda la información precisa”.

Al respecto, puntualizó que “excepto en el estudio Alvarado, que había dinero, en el resto podríamos decir que quedaba caja chica. Las operaciones en general se realizan online, por transferencia, sin dinero físico”.

Explicó que “desde que se toma conocimiento de un delito, lo primero que se hace es empezar a trabajar sobre video observación. Si algún vecino aporta algo, ya sea imágenes de cámaras o un testimonio, mucho mejor, sino se hace un recorrido de horas o días previos para encontrar algún punto que se pueda relacionar con la investigación. Todo esto dirigido por el ministerio público fiscal, también la DDI y la Policía Comunal estuvieron a disposición de inmediato”. En este caso, interviene la UFIJ Nº13 a cargo del fiscal Carlos Facundo Lemble.

Pedido de refuerzos

En este contexto, el intendente Pablo Garate reiteró la solicitud de refuerzos policiales ante el Ministerio de Seguridad de la provincia.

“Lamentablemente es un pedido que se hace periódicamente ante cualquier autoridad con que tenga la oportunidad de entrevistarse el intendente. Solicita más personal”, sostuvo Apolonio.

Debe tenerse en cuenta que “es importante la cantidad de policías de baja en el último año y medio, que entregaron el arma y se dedican a otra cosa. Es una sangría en la fuerza policial, no solamente en Tres Arroyos, a nivel provincial se van muchos policías de calle. Son los que están expuestos, se encuentran en riesgo y el sueldo no les alcanza”.

Finalmente, expresó que lo sucedido preocupa mucho “no solo a la Municipalidad, sino a la policía”. Hizo referencia a la tarea preventiva el fin de semana, no se detectaron indicios y tampoco vecinos observaron movimientos extraños. “Lo han hecho con mucho sigilo”, indicó y reiteró que desde el primer minuto se están buscando elementos –con intervención de la Justicia- para intentar esclarecer los delitos.

Buenos Aires, 8 julio (NA) -- La Justicia federal abrió el celular de la modelo Jésica Cirio e inició la extracción forense, para realizar el peritaje del contenido y buscar pruebas para la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

El procedimiento fue realizado por los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional junto a expertos de las partes, luego de que Cirio entregara su clave de acceso para poder ingresara al dispositivo.

El análisis del dispositivo, ordenado por el juez federal Luis Armella, se centra particularmente en buscar el video original y determinar si el teléfono tiene las grabaciones difundidas donde se muestran fajos de dólares en efectivo, dentro de bolsas plásticas, y guardados dentro de un vestidor.

Asimismo, se analizarán todas las aplicaciones y se hará la extracción correspondiente de los datos de mensajería, historial de navegación por internet y geolocalizaciones. También se hará una revisión integral de las fotos, videos y documentos eliminados que puedan aportar posibles maniobras de ocultamiento.

El peritaje del dispositivo sucede luego de allanamientos e inspecciones oculares llevados a cabo en las propiedades que tienen Cirio e Insaurralde en Las Cañitas y San Vicente para identificar el lugar exacto donde se filmó el dinero.

Por su parte, la defensa del ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, solicitó la exclusión probatoria de los videos, con el argumento que las imágenes provienen de un hackeo a los equipos de Cirio y no tuvieron una cadena de custodia formal.

Agencia NA

áDespués de un proceso de investigación que permitió esclarecer lo sucedido, la UFIJ Nº17 a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, dictó el sobreseimiento de Robertino Ortega, el joven arquero de 20 años de edad que había sido aprehendido hace un mes y medio en relación con el intento de robo de una moto.

La resolución judicial confirmó que Ortega no tuvo participación alguna en el ilícito, una confirmación que el deportista y su familia esperaban para poder limpiar su nombre y reputación, tras semanas de sufrir “escraches” públicos.

El hecho por el que fue aprehendido ocurrió una noche a mediados del mes de mayo, en la que un par de sujetos intentó robar una moto en la zona de Matheu al 200.

Debido a que los sospechosos se desplazaban en una moto roja y uno de ellos fue identificado como un menor conocido en el ámbito delictivo, la policía interceptó más tarde a Ortega, quien también circulaba en una moto roja (marca Honda) y trasladaba al menor en cuestión con quien había jugado al fútbol momentos antes.

Esta coincidencia técnica y de color derivó en una aprehensión que mantuvo al futbolista dos días privado de su libertad, en los calabozos de la Comisaría Primera.

Sin embargo la tarea investigativa de la fiscalía, y de la abogada defensora, fue determinante para demostrar la inocencia de Ortega.

Entre las pruebas clave se encuentran un análisis de cámaras de seguridad con el que se determinó que la moto utilizada en el intento de robo era de una marca distinta a la que posee el joven arquero, y que la vestimenta de los implicados no coincidía con la suya.

También se presentaron como pruebas los impactos de antena telefónica a partir del rastreo del teléfono celular de Ortega con lo que se confirmó que -al momento del hecho- el joven se encontraba en un trayecto totalmente distinto, circulando en su moto desde su entrenamiento en el Club Unión hacia la casa de un familiar, sin desviarse en ningún momento hacia la escena del hecho.

Robertino Ortega, quien cuenta con una trayectoria deportiva que incluye pasos por Huracán de Tres Arroyos; en Divisorio, de Coronel Pringles; Chacarita Juniors y Espartano, de El Salvador (Centroamérica), se vio seriamente afectado por esta situación, llegando incluso a perder su trabajo como repartidor en Tres Arroyos.

Su defensa legal, encabezada por la abogada Elisa Hospitaleche, también trabajó en la presentación de pruebas que este jueves permitieron este fallo favorable.

Con este sobreseimiento, la justicia no solo ratifica que no hubo pruebas en su contra, sino que acredita su falta de participación en el hecho. 

Una histórica sentencia conocida la semana pasada en una causa por aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de Pergamino promete convertirse en un punto de inflexión para los futuros procesos judiciales vinculados con este tema siempre polémico en lo que concierne a la relación de la actividad agropecuaria con la población urbana.

Después de varios años de investigación y un juicio oral que concentró la atención de productores, ambientalistas, juristas y organismos públicos, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, conformado por los jueces Elena Beatriz Dilario, Román Pablo Lanzón y Eduardo Rodrígues Da Cruz, absolvió a los siete productores, trabajadores rurales e ingenieros agrónomos que estaban acusados de contaminación ambiental y afectación a la salud de vecinos de la ciudad del norte bonaerense, por supuestas pulverizaciones mal realizadas.

Los magistrados entendieron que, si bien existe presunta evidencia científica sobre los riesgos que implica la exposición a agroquímicos y reconocieron la existencia de daños en las personas denunciantes, durante el debate no pudo acreditarse el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los imputados.

En paralelo, el tribunal condenó a dos ex funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que omitieron realizar los controles correspondientes pese a las reiteradas denuncias de los vecinos.

Para el abogado defensor de uno de los productores absueltos, Aquilino Giacomelli, el fallo representa mucho más que la resolución de un expediente judicial. En diálogo con Infocampo, sostuvo que la sentencia deja un criterio jurídico que probablemente sea observado en causas similares de todo el país.

“Ni la fiscalía ni la querella pudieron demostrar acabadamente, con la cantidad de fuerza probatoria necesaria para lograr una condena, que las conductas desplegadas por los productores agropecuarios hayan sido los causantes de los problemas en la salud de la gente”, explicó.

Según el letrado, justamente esa ausencia de prueba sobre la relación directa entre las aplicaciones realizadas por los acusados y las enfermedades denunciadas fue el eje central sobre el cual se construyó la absolución.

“Los problemas de salud se pudieron certificar que existen, pero no se puede determinar fehacientemente una relación de causalidad entre esos problemas y las aplicaciones de estos productores específicamente”, agregó el abogado.

El límite de la justicia penal

Giacomelli remarcó que uno de los aspectos más importantes del fallo es que delimita el alcance de la Justicia penal frente a conflictos ambientales complejos.

“En la Justicia penal se juzgan hechos concretos, individuales y específicos, ocurridos en determinado tiempo y lugar, y la responsabilidad de una persona determinada. Tanto la acusación como la querella hablaban de hechos diversos, sin especificaciones algunas“, manifestó Giacomelli.

Para el defensor, el debate sobre cómo regular las aplicaciones de fitosanitarios, las distancias de resguardo o los estándares ambientales corresponde al ámbito legislativo y no puede resolverse mediante procesos penales.

“Parecía una guerra entre ambientalistas y productores, y lo que siempre dijimos los abogados defensores es que este no era el ámbito para discutir estas cuestiones. El ámbito es el Poder Legislativo. Nosotros hicimos un trabajo pura y exclusivamente técnico defendiendo a una persona que se la acusaba de haber cometido un delito que nunca cometió”, afirmó.

Los estándares científicos

Durante el juicio también ocupó un lugar central la discusión sobre los parámetros científicos utilizados para analizar las muestras ambientales. De acuerdo con Giacomelli, varios de los informes periciales presentados por la querella fueron elaborados utilizando estándares de la Comunidad Europea y no la normativa vigente en Argentina.

“Cuando les pregunté a los científicos si el agua analizada bajo los parámetros de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires o del Senasa era potable, la respuesta fue que sí. El agua era potable”, señaló.

Desde la defensa interpretaron que ese punto fue determinante para demostrar que los productores actuaban dentro del marco regulatorio argentino.

En el caso particular de su defendido, el productor agropecuario Mario Reinero Roses, además destacó que una de las actas municipales que originó parte de la acusación terminó demostrando que el producto utilizado era cipermetrina comercializada como Hortal, un hormiguicida de venta libre que no requiere receta agronómica.

“Se demostró científicamente que lo que había aplicado era cipermetrina. Estaba determinado con pruebas fotográficas donde se constata que no había ningún vegetal quemado, como ocurriría con el glifosato“, explicó.

El veredicto

El veredicto benefició a los productores Fernando Cortese, Mario Reinero Roses, Víctor Hugo Tiribó, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Cristian Taboada y José Luis Grattone, quienes enfrentaban acusaciones por presunta contaminación ambiental mediante aplicaciones de fitosanitarios realizadas entre 2011 y 2019.

Sin embargo, el Tribunal sí encontró responsabilidad en los entonces funcionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, quienes recibieron condenas de dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los magistrados entendieron que existieron numerosas advertencias y denuncias de vecinos que no fueron debidamente atendidas por el municipio, una omisión que incluso dificultó la obtención de pruebas durante la investigación.

A partir de esa condena -la única que quedó firme en el juicio-, el Tribunal también solicitó al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás que investigue el accionar del entonces intendente de Pergamino y de otros funcionarios que estuvieron al frente del municipio durante el período en que Naranjo y Tocalini se desempeñaron en la Dirección de Ambiente Rural.

Por otra parte, los jueces resolvieron mantener vigente la medida cautelar dictada en 2019 por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, al considerar que debe sostenerse “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

Esa resolución continúa prohibiendo las aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de Pergamino dentro de un radio de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3 kilómetros cuando se utilizan aplicaciones aéreas.

De este modo, si bien la sentencia absolvió a los productores por no haberse acreditado su responsabilidad penal individual, el tribunal dejó en claro que el debate ambiental continúa abierto y que tanto las restricciones cautelares como las investigaciones sobre las responsabilidades estatales seguirán su curso.

Al mismo tiempo, el fallo fija un criterio que podría convertirse en un antecedente relevante para futuras causas vinculadas al uso de fitosanitarios en la Argentina.

Infocampo

Tal como adelantó durante la semana La Voz del Pueblo, la justicia de Bahía Blanca dio un giro importante en el conflicto que mantiene en suspenso a la comunidad de deportistas, vecinos y prestadores de servicios turísticos del balneario Marisol.

En una resolución reciente, el juez Agustín López Coppola concedió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Coronel Dorrego contra la sentencia dictada el reciente 27 de mayo de 2026, que suspendía la práctica del kitesurf en la desembocadura del río Quequén Salado, la que además quedó supeditada a un informe de impacto ambiental.

Con esta decisión la causa podrá dejar los tribunales bahienses para ser tratada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.

Este avance judicial representa en principio un alivio para los “riders”, quienes ven en la revisión de la Cámara una oportunidad para revertir una medida que consideran “injusta y contradictoria”.

Detrás de la defensa técnica y la pasión deportiva se encuentra Rosana Rolando, una abogada que representa las dos facetas de este conflicto; por un lado la del rigor legal, pero también la de quien disfruta de sentir el viento en la cara sobre una tabla.

Su historia en la costa

Rosana no es una recién llegada a las playas de Marisol. “Yo nací en Oriente, viví y me crié ahí", contó a este diario en un tono que expresa claramente su sentido de pertenencia.

Vivió su infancia y adolescencia en las costas dorreguenses de Marisol, y aunque hoy vive en Bahía Blanca, su vínculo con el destino turístico de playa sigue intacto a través de su familia y su casa en el balneario del sudoeste bonaerense.

Su historia como “rider" comenzó en 2011, el mismo año en que descubrió en el kitesurf no solo un deporte, sino una forma de conectar con el entorno natural que la vio crecer.

Como abogada, Rosana observa con preocupación cómo un deporte que no contamina quedó en el ojo de una dura puja judicial. Según explicó la comunidad de practicantes de éste deporte náutico creció exponencialmente en los últimos años, lo que generó algunos “desencuentros” sociales lógicos ante la falta de regulación.

“Es un lugar que no es zona de baño, es un lugar al que cuesta llegar en 4x4”, explicó al referirse a la desembocadura, donde las condiciones para navegar dependen estrictamente del viento y las mareas.

Diez días que valen

Desde un primer momento el municipio de Coronel Dorrego le confió a este diario que presentó a tiempo su recurso de apelación. En este sentido Rosana aclaró que, aunque el juez le imprimió al trámite un carácter de “sumarísimo” -lo que en el Código de Procedimiento Civil y Comercial implicaría un plazo de solo dos días para apelar-, en este caso terminó prevaleciendo el Código de Procedimiento Administrativo.

Este código específico establece un plazo de 10 días hábiles para interponer recursos contra sentencias definitivas de primera instancia.

“Como el código administrativo ya tiene previsto un plazo, se tiene que aplicar ese”, explicó la abogada al desestimar especulaciones que sugerían que el municipio se había quedado fuera de tiempo.

La apelación fue presentada "en tiempo y forma", permitiendo que ahora la justicia marplatense conceda –o no- el pedido de revisión hecho desde el municipio.

Contradicciones

La postura de Rolando es firme respecto a la supuesta motivación ambiental de la demanda original, impulsada por una particular que también es abogada.

Cuestionó que la prohibición esté dirigida exclusivamente al kitesurf y al windsurf, ignorando otras actividades con mayor impacto.

“Hoy por hoy la actividad de kite está suspendida, pero si querés podés ir a la boca (desembocadura) con un gomón a motor a pescar”, apuntó como ejemplo al señalar una contradicción.

Para la abogada nacida en Oriente la solución no es la prohibición, sino la regulación sustentable y el consenso.

En este sentido los “riders” comenzaron a movilizarse, recolectando firmas a través de plataformas digitales como Change.org y presentaciones escritas en papel ante el municipio.

“Somos los primeros en querer proteger el ambiente”, aseguró. Y agregó que el objetivo es lograr una zonificación que permita la convivencia entre pescadores, bañistas y deportistas.

La Cámara decide

Mientras la causa podrá viajar digitalmente hacia Mar del Plata, la actividad en la desembocadura permanecía suspendida, pero no prohibida de forma definitiva.

Rosana Rolando y la comunidad de “riders” confían en que el fallo de la Cámara revoque la sentencia de primera instancia, pero dejan algo en claro al sostener que independientemente del resultado judicial, seguirán persiguiendo una regulación formal que garantice la paz social en el balneario.

“Siempre vamos a estar por el consenso”, concluyó Rosana, quien espera que pronto pueda volver a saltar sobre las olas de Marisol.

El expediente ahora está a la espera de un análisis de los jueces marplatenses que podrán incidir en el destino de este espacio donde el agua del río Quequén Salado se encuentra con el Mar Argentino, y donde hace años conviven -en cualquier época de año- vecinos, prestadores de servicios, turistas, pescadores y “riders”.

El municipio de Coronel Dorrego presentará su apelación ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, buscando revertir el revés judicial sufrido en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, que prohíbe la actividad de kitesurf y windsurf en Marisol.

La controversia se centra en la ordenanza 4775/25, sancionada a fines de 2025 con el objetivo de regular la práctica de kitesurf y windsurf en el destino de playa dorreguense.

Sin embargo, lo que el Ejecutivo municipal consideró una herramienta para el "desarrollo armónico y seguro" de la zona, fue visto por un grupo de vecinos y la abogada Verónica García Christensen como una amenaza directa al ecosistema y a la seguridad de los veraneantes.

El origen de la disputa

La causa se inició cuando García Christensen, actuando en representación de residentes y turistas, presentó una demanda solicitando la nulidad de la ordenanza y el cese preventivo de las actividades.

Los argumentos presentados ante el juez Agustín López Coppola fueron se apoyaron en que la práctica de estos deportes en la desembocadura del Río Quequén Salado -área declarada Paisaje Protegido por la Ley 12.707- se realizaba sin las medidas de seguridad adecuadas y, fundamentalmente, sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo.

Asimismo la documentación aportada por vecinos describía un escenario de conflicto creciente. Se mencionaron incidentes como el ocurrido en el verano de 2023, cuando un deportista se estrelló contra el vehículo de una familia en la orilla.

También informes biológicos advirtieron que las velas y cometas generan un “disturbio antropogénico” para las aves migratorias, que las confunden con depredadores aéreos, provocando el abandono de sus sitios de descanso y alimentación.

El fallo

El pasado 27 de mayo de 2026, el juez López Coppola dictó sentencia definitiva que declaró la nulidad parcial de la ordenanza 4775/25, específicamente en lo que respecta a la delimitación de las zonas de práctica, por no haber cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental exigido por la Ley 12.704.

El magistrado sostuvo que mientras el municipio argumentó que la norma solo buscaba regular una actividad preexistente para mejorar la convivencia, la justicia determinó que el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental es “exigible” para garantizar que no se alteren las condiciones del río, su flora y su fauna.

En consecuencia, el fallo ordenó el cese inmediato de la práctica de kitesurf y windsurf en el sector de la desembocadura.

Hacia Mar del Plata

Desde el municipio dorreguense la respuesta no se hará esperar. En parte, la defensa que encabeza la abogada Micaela De Battista, viene sosteniendo que no se acreditó un daño ambiental “concreto, actual o inminente” y que la ordenanza buscaba, precisamente, proteger a los bañistas diferenciando los espacios de uso.

Con estos argumentos la comuna elevará la causa a la ciudad de Mar del Plata donde los jueces de la Cámara de Apelaciones deberán decidir si mantienen la restricción en favor de la preservación ambiental y el “derecho al uso y costumbre” de quienes hace décadas son asiduos concurrentes a la desembocadura, o si dan lugar a la reglamentación municipal que busca integrar los deportes de riesgo en la oferta turística de Marisol.

No quiero vivir más en instituciones. Tengo diez años. Me gusta andar en bicicleta y jugar al fútbol. Estoy emocionado por el Mundial. Quisiera ver los partidos de Argentina en una casa que al final del certamen, sea la mía. Los juegos de mesa me entretienen. Seguro que, si me das la oportunidad de conocerme, te va a encantar compartir conmigo estrategias o habilidades que nos diviertan. Voy a la escuela. Hago los deberes y siempre llevo el material que me piden. Las cuidadoras del Hogar donde vivo están atentas a lo que necesito para estudiar, a mi alimentación, a mi salud. Pero, a pesar de todo esto y de que parezca que soy feliz, no es así.

Estoy cansado. Muy cansado. No quiero pasar el resto de mi infancia y mi adolescencia sin un hogar. Hace unos días la cuidadora subió el volumen de la radio. Escuché al locutor que hablaba de un niño con sus derechos vulnerados. Me senté y apoyé la cabeza entre las manos y cerré los ojos. Aproveché a que la cuidadora cortaba cebolla de espaldas a la mesa. Y, callado como estaba, nunca se dio cuenta de que me quedé atento a la información. La señora a la que reporteaban se llama María Palacio. Explicaba que, en primera instancia, actúa -en un caso como el mío en el que los derechos están vulnerados- el órgano municipal, que interviene haciendo el seguimiento de la familia. Dijo también que el servicio administrativo trabaja para ayudar, pero cuando no hay un cambio -como última instancia- separan al niño -en este caso a mí- de la familia de origen. 

La cuidadora siguió cortando las zanahorias y en la radio, aunque me nombraban de otra manera, hablaban de mí. No conozco todas las palabras difíciles que dijo la doctora, aunque sí me imagino de qué se tratan, porque algo me contaron los profesionales del Juzgado de Familia N°1. El locutor preguntó qué había que hacer en una situación como ésta, en la que yo no puedo volver a casa. Podría ir con algún pariente. Pero tampoco funcionó. Tengo que estar por lo menos seis meses en el Hogar para que el 

Servicio Local de Derechos de los Niños trabaje con mi familia para tratar de “revertir aquello que ocasionó la separación”. Eso me lo aprendí de memoria. Cuando llegué acá, lo primero que pedí fue un almanaque, así que, cuando se terminó el tiempo que me habían dicho volví a preguntar: ¿Cuándo me van a venir a buscar? ¿Por qué pasa tanto tiempo? 

Me olvidé de decir que me llamo Bernardo. Aunque ese no sea mi nombre verdadero. Es el que me pusieron para poder buscarme una familia. La cuidadora estuvo por descubrirme en la cocina porque me dieron ganas de estornudar. Aguanté la respiración y me lo tragué. El locutor leyó un comunicado del juez del Juzgado de Familia N°1, Diego Granda, que dictó mi adoptabilidad. Dijo que buscaron los listados para saber cuántos candidatos quieren chicos como yo: ¿Soy grande? ¿Soy chico? ¿Alguien me quiere ahijar?

Pero hay poca gente en el listado, y no concuerdan con el perfil requerido. Entonces, por esa razón, y porque hace más de un año que espero para salir de la institución, el juez llamó a una convocatoria pública. En ese escrito explicaron qué me gusta hacer y por qué estaría bueno si me quisieran adoptar. ¡Hasta estoy dispuesto a mudarme! Los profesionales del Juzgado me contaron que por ahí me venían a buscar de otras provincias. Pensé en las montañas del sur y en cómo me gustaría conocer la nieve; en los ríos y los esteros de la Mesopotamia; en tierras donde se cultivan vides, o se crían ovejas o se saca petróleo; pensé en el mar y en los lobos marinos que nunca vi. 

Sé que pueden venir a buscarme mamás solas, papás solos, mamá y papá; dos mamás y dos papás. Todas las semanas, y cada vez que pregunto cuánto falta, me dicen siempre que es poco lo que falta, que yo tengo derecho a una familia o las personas tendrán derecho a ser padres o madres. Me cuesta entender que sólo quieran adoptar bebés. Yo puedo ser hijo también. Una vez una señora me tocó la cabeza y me dijo: qué lindo bebé.

El tiempo de la gente grande no es el mismo que el mío. Espero todas las tardes que lleguen los profesionales del Juzgado de Familia y me presenten a alguien que me quiera abrazar, que sepa mi nombre de verdad, que me compre figuritas de Messi. O no, si no puede, está bien igual. No tengo pretensiones, sólo me gustaría estar alrededor de una mesa con personas que les interese lo que hice en la escuela, que me defiendan de las tantas injusticias de las que me voy a quejar seguramente, que me lleven a dar una vuelta en bicicleta. 

¿Cuál es mi tiempo para crecer sano? ¿Cuál es mi tiempo de la no espera?  

Me dijeron que si mañana alguien lee esta nota y me quiere me podría empezar a vincular enseguida. Vendrían a charlar conmigo en la cocina del Hogar; otro día me llevarían a conocer su casa, y capaz que hasta me puedo quedar a almorzar. O una tarde me preguntarían si me animo a quedarme a dormir y lo haría emocionado. Y al poco tiempo el juez me daría permiso para quedarme a vivir con mi nueva familia. Podrían pasar seis meses más para que los dejen firmar mi guarda preadoptiva. Y ahí sí, si ellos y yo queremos, podemos recibirnos de FAMILIA. 

La cuidadora repitió la frase que la entrevistada, María Palacio, le dijo al locutor: “Las adopciones tienen mala prensa”, dijo y meneó la cabeza. Acercó la oreja a la radio y la sacudió para que recobrara el volumen. Los dos escuchamos que a las personas les da fiaca anotarse en los listados porque creen-capaz eso pasó alguna vez- que tienen que esperar muchísimo para que los llamen. Pero la doctora dijo que no, que eso ya no es así. Tampoco deben tener casa propia o tener una posición económica muy buena. Lo más importante es que me puedan dar de comer y llevar a la escuela. Lo demás, no me importa. La cuidadora me dijo: ¡Viste! Hay mucha gente que piensa que hay que ser millonario o que si están alquilando no les van a permitir adoptar. ¡Viste! Está claro que no es así. Estás más cerca. 

Ella siguió metiendo en la olla todo lo que encontró en la heladera que tuviera forma de verdura; yo despegué la cabeza de mis manos. Esperá, le dije. También dijo la doctora que a la gente le gustan los bebés porque los quieren acunar, llevar al Jardín de Infantes, acompañarlo a la escuela el primer día de clases. Ella revolvió con fuerza y me hizo señas para que vaya a mirar cómo iba el puchero. Me paré a su lado y me abrazó. Con la mano que tenía libre me revolvió los pelos y sentí escalofrío. Vos sos chiquito, estás criadito. Ya va a venir alguien a buscarte. ¿Y, si no?

Me mandó al patio a jugar, pero ya se me habían ido las ganas. 

Me levanto y me acuesto convencido de que hoy va a ser ese día, el día en que una familia de mi ciudad golpee el despacho del juez y le avise que ya están listos, o, incluso, si es una persona sola que ya está lista para abrazarme. No soy bebé. Tengo mi historia. No prometo una vida color de rosa. Me duele mucho el alma, y eso pesa. Pesa hasta que sos grande, me dijeron. Pero, yo estuve pensando: si una caricia hace que te den cosquillas por todo el cuerpo, si una sonrisa te derrite y si una mano enlazada a la tuya te hace sentirte superhéroe, entonces… ¡Ahí está la cura! Bueno, me voy a ir despidiendo. Los espero. Soy Bernardo, tengo diez años, estoy cansado de vivir en instituciones; quiero jugar y vivir en una casa que pueda sentir mía; puedo ocuparme de inflar la pelota y de acomodar las piezas del juego que siempre juego solo. Los espero. Soy Bernardo, tengo diez años y necesito que me vengas a buscar para sentirme niño.

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La Dra. María Palacio, titular de la Asesoría de Menores del Departamento Judicial de Bahía Blanca, me ayudó a comprender algunos conceptos que me permitieron ponerle voz a Bernardo. Ella fue la que me dijo, y con razón que “la adopción tiene mala prensa porque la gente cree que te anotas y que nunca te llaman o que pasan años para que te llamen”. También me dijo que ese es un mito y que no pasa así. Lo que ocurre es que los posibles adoptantes muchas veces solo quieren bebés de un año o más chicos. Bernardo tiene diez y, esa es la razón, que hace un año que vive en un Hogar convivencial a la espera de que alguien quiera adoptarlo. 

La doctora Palacio sintetiza el proceso por el que Bernardo está en una institución. “Cuando hay un niño con sus derechos vulnerados, actúa en primera instancia, el órgano municipal que interviene haciendo el seguimiento de él y de su familia. El servicio administrativo trabaja para ayudar a la familia, pero cuando no hay un cambio- como última instancia- separan al niño de la familia de origen y puede ir a vivir: con una familia solidaria o a un Hogar”. 

Durante seis meses el Servicio Local de Derechos de los Niños sigue trabajando con la familia para tratar de revertir aquello que ocasionó la separación. Algunas veces logran mejorar la situación y regresan con ellos o con algún pariente cercano. Como en el caso de Bernardo no fue posible, el juez del Juzgado de Familia N°1, Diego Granda, dictó su adoptabilidad. 

Lo que siguió dentro del proceso fue mirar los listados para saber cuántos candidatos hay que busquen chicos con las características de Bernardo. Pero hay poca gente en el listado y no concuerdan con el perfil requerido. Entonces, por esa razón, y porque hace semanas que Bernardo espera irse de la institución en la que pasó su último año, el juez llamó a una convocatoria pública donde se explican las características de Bernardo y se habilita a familias de toda la provincia y el país para adoptarlo. 

“Bernardo quiere afecto, aunque tenga otras necesidades cubiertas. Pero hace semanas que seguimos en este proceso, estancados porque no hay familias que quieran adoptarlo”. Para ser un buen candidato para adoptar no hay que tener determinado sueldo o propiedades, sino poder darle una vida digna. No hay requisitos económicos como tener casa propia o determinado nivel económico, “solo deseo de ahijar y las mínimas condiciones para poder sostener la crianza del niño”.

La doctora Palacio hace hincapié en la realidad de Bernardo que está expectante porque conoce el proceso, pero no comprende que las familias solo quieran bebés. Como adultos comprendemos que quienes quieran ahijar también deseen la experiencia de crianza desde los primeros meses de vida y tener más tiempo para compartir con su hijo o hija. 

Lector, querido lector de La Voz del Pueblo, confío en vos y en tu deseo de ayudar para que esta nota circule y Bernardo encuentre pronto, lo más pronto que se pueda a la familia que lo adopte. 

Y, antes de despedirme, quiero agradecerle a Bernardo que me prestó por un ratito su nombre de fantasía para que le diera vida al personaje que, en realidad, es un niño de diez años que quiere tener un hogar. 

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado y consideró que siginficó el "inicio de la reconstrucción de la Justicia", pese a que se incluyó el perteneciente a María Verónica Michelli.

"EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos", escribió Milei en su cuenta de X.

Por su parte, también se manifestó Mahiques, quien le agradeció a Milei "la reconstrucción" del Poder Judicial, e hizo lo propio con la Secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, "por su apoyo constante".

El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, "en especial" a la "celeridad" de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron "incansablemente" que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo.

"Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", expresó Mahiques.

También manifestó "un reconocimiento especial" al secretario de Justicia, Santiago Viola, "por su enorme labor y compromiso" para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.  

"Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país", concluyó. #AgenciaNA 

Diego Cabot, el periodista de LA NACION que recibió las anotaciones del chofer Oscar Centeno y lideró la investigación de los Cuadernos de las Coimas, declaró este martes durante más de 11 horas como testigo en el juicio oral y ofreció detalles sobre su trabajo, que derivaría en la causa por corrupción más resonante en los tribunales argentinos.

“Diego Hernán Cabot. Soy periodista”, se presentó en respuesta a las preguntas de rigor formuladas al comienzo por el tribunal. Cabot comenzó por describir cómo llegó a sus manos el material que dio origen a la investigación.

Relató así que un vecino, Jorge Bacigalupo, a quien trataba ocasionalmente por su interés en el periodismo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en los que se detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos para recaudar dinero de empresarios.

En esa caja, sostuvo el periodista, había facturas, DVDs, CDs y los cuadernos que derivaron en la investigación y la posterior denuncia judicial. “La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí”, dijo Cabot. “Los cuadernos eran originales”, agregó, ante una consulta puntual de la fiscal.

“La típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio”, sumó. “Era un chofer [Centeno] que anotaba absolutamente todo de sus viajes. Origen, destino y motivo”, siguió.

Sobre el final de la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, y a pedido de la fiscalía, el Tribunal le exhibió los cuadernos originales, que Cabot reconoció. “Sí, son estos. Son estos los registros sobre los que nosotros trabajamos”, afirmó.

La primera parte de su relato se ordenó a partir de las preguntas que le formuló la fiscal del juicio, Fabiana León. Entre otras cuestiones, León buscó saber por qué Centeno se había desprendido en primer término de aquellas anotaciones.

De acuerdo con la explicación que Bacigalupo le dio a Cabot, el chofer “sentía temor” por el desarrollo de una causa que ya estaba en marcha -conocida como Gas Natural Licuado- y buscaba sacar esas anotaciones de su casa por miedo a un posible allanamiento.

En un tramo de su investigación —que se extendió de enero a abril de 2018— Cabot le devolvió esos cuadernos a Bacigalupo porque el chofer Centeno se los estaba reclamando. “Puse absolutamente todo para que nadie sospeche de que eso había salido de las manos del amigo [Bacigalupo]. Puse todo como estaba y se lo llevé a la casa un mediodía”, relató Cabot.

El periodista detalló aspectos de su metodología de trabajo, entre ellos, cómo fue que reclutó a los periodistas Candela Ini y Santiago Nasra para apuntalar la investigación y convertir las anotaciones del chofer en una “base de datos” que sirviera para trabajar el caso de manera más ordenada. “El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción”, expresó.

En la sala auditorium, en la planta baja de Comodoro Py, lo escuchaban los jueces del tribunal; la fiscal León, Centeno -que es testigo protegido y arrepentido en la causa- y los abogados de muchos de los empresarios acusados de pagar coimas, señalados por el chofer en sus anotaciones. Entre las libretas y los apuntes que tenían a mano, varios de los abogados llevaban también consigo el libro del periodista sobre el caso, llamado “Los cuadernos”.

En la sala se encontraba Carlos Beraldi, el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio y apuntada por la fiscalía como la cabeza del mecanismo de recaudación ilegal.

Otros defensores, en cambio, seguían la declaración por la plataforma Zoom y lo confrontaron de manera virtual.

Cabot contó también por qué, antes de publicar la investigación, decidió llevar el caso a la fiscalía de Carlos Stornelli, a quien conocía previamente por su trabajo periodístico. “Había llegado a una fuerte convicción de que había hecho una enorme investigación y decidí hacer una denuncia y entregar mi trabajo periodístico para que la Justicia [...] lo investigue”, afirmó.

“Hablé con él [Stornelli] porque estaba investigando en esta causa de Gas Licuado a varios de los que estaban en mi trabajo de investigación”, afirmó el periodista.

Por temor, en un primer momento consideró hacer la pesquisa bajo identidad reservada. “Pensé mucho en la protección de mis hijos -dijo-. Conocía la conducta de los políticos investigados, pero no la de los empresarios”.

Relató también que, por octubre de 2019, una persona que no conocía lo contactó por “la causa cuadernos” y le devolvió 6 de las 8 libretas originales.

Fue un encuentro veloz, en una esquina cerca del diario, según habían convenido. El hombre le entregó una bolsa con el material y se fue. “Eran los mismos; los seis con los que yo había trabajado. No me dijo nada, de dónde habían salido, nada”, contó Cabot. Tras meditarlo, el periodista contó que resolvió llevarlos también a la Justicia.

Ante otra consulta de la fiscal León, relató que nunca había sido imputado en ninguna causa, pero que sí había sido impulsor de varias, en respuesta a los muchos robos y aprietes que sufrió en los últimos siete años. “Busqué que se imputara a algunos y nunca lo logré”, afirmó.

La defensa de Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores, lo consultó sobre su relación y contactos con Bacigalupo y el fiscal Stornelli, sobre posibles tachaduras en los cuadernos y sobre otros aspectos de su trabajo como reuniones con colegas o autoridades del diario.

El periodista contestó esas y otras preguntas y sostuvo siempre que el foco de su investigación estuvo puesto en comprobar si el contenido de los cuadernos era o no “veraz”, y que por eso se había reunido con empresarios y otras fuentes.

Se negó a contestar, en tanto, con qué empresarios se había reunido durante su investigación, amparado en el derecho a no revelar las fuentes periodísticas.

La abogada de Baratta, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, se opuso y pidió al Tribunal que “ordene” a Cabot responder esa pregunta. Otras defensas se sumaron al pedido de Gómez Alcorta, se abrió un incidente y el tribunal, después de una hora de deliberación, resolvió en favor del periodista, que no debió finalmente revelar sus fuentes.

En respuesta a una pregunta del abogado Juan Manuel Ubeira, Cabot dijo no saber si existió una presión por parte del fiscal Stornelli sobre los imputados para convertirse en arrepentidos.

Con la declaración de Cabot se puso en marcha una extensa ronda de testigos que dominará el juicio oral durante los próximos meses. En un principio, la fiscal León había solicitado la declaración de casi 900 testigos, aunque este martes desistió de un grupo de casi 100 personas.

En tanto, las declaraciones de los periodistas Ini y Nasra se postergaron para la próxima audiencia del jueves. (La Nación)

La cadena láctea, la agroindustria en general y la sociedad argentina en su conjunto lamentan por estas horas una noticia que duele por su impacto no solo económico, sino por su relevancia en la memoria histórica nacional: la Justicia de Santa Fe declaró formalmente este miércoles la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

Se trata de un pedido que había hecho el propio Consejo de Administración de Sancor, al no poder encontrar una forma de conseguir los recursos para afrontar su abultada deuda, en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado el año pasado.

La sentencia, firmada este 22 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, determina un triste desenlace de la cooperativa que tenía casi 90 años (fue fundada en 1938) y que llegó a ser la principal industria procesadora de lácteos del país, un verdadero orgullo de la agroindustria nacional.

No obstante, en las últimas dos décadas fue víctima de constantes malas decisiones financieras y desmanejos que incluyeron intervención política: lo más resonante ocurrió en 2006, cuando Sancor ya mostraba problemas y Adecoagro -la gigante argentina que recientemente adquirió las acciones de Profertil, entre otros negocios- hizo una oferta para adquirirla, pero terminó en un “salvataje” propuesto por el kirchnerismo a través de la venta de leche en polvo a Venezuela.

Pero el Gobierno de Hugo Chávez nunca pagó y desde entonces Sancor entró en un derrotero en el que ni siquiera la venta de muchas de sus mejores plantas logró evitar este lamentable desenlace.

Por que Sancor termina en una quiebra

En este contexto, la decisión judicial conocida en las últimas horas se fundamenta principalmente en la propia confesión del Consejo de Administración de SanCor, que el pasado 10 de abril manifestó formalmente al juzgado su imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo concursal con sus acreedores, debido a la magnitud de su pasivo.

Los problemas financieros y de insolvencia estructural planteados en el fallo son varios:

Una deuda asfixiante: el pasivo verificado incluye miles de millones de pesos y más de 86 millones de dólares adeudados a fondos internacionales y organismos fiscales como ARCA (ex-AFIP).

Déficit operativo imparable: la deuda postconcursal crecía a un ritmo de aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales.

Parálisis industrial: las seis plantas de la cooperativa funcionan muy por debajo de su capacidad. La planta de Sunchales, la de mayor capacidad, opera con menos del 10% de su potencial, procesando apenas entre 30.000 y 40.000 litros diarios.

Incumplimientos sociales: la cooperativa acumula más de cinco meses de atraso en el pago de salarios a sus 914 trabajadores activos y deudas millonarias con obras sociales y sindicatos.

Bajo este panorama, una pregunta es por qué no se habilitó al menos una posibilidad de “salvataje” o “cramdown”, como sucedió con el concurso de Vicentin: la respuesta es que la forma jurídica de cooperativa es incompatible con la transferencia de cuotas sociales a terceros y que, dada la magnitud de la deuda, no existía un “material salvable” que justificara prolongar el trámite.

En este contexto, a pesar de formalizar la quiebra, el magistrado dispuso la continuación transitoria de la explotación de aquellas plantas que aún mantienen actividad productiva, principalmente mediante contratos de “fazón” (procesamiento para terceros).

El objetivo de esta medida es doble: proteger los puestos de trabajo y evitar que las máquinas e instalaciones se deterioren, lo que permitiría obtener un mejor precio al momento de la venta.

El objetivo es que los activos queden en las mejores condiciones posibles para, una vez que se vendan, utilizar el producido para cubrir al menos parte de la deuda con los acreedores que, según lo dispuso la Justicia, tienen plazo hasta el 29 de mayo para presentarse a verificar sus deudas ante la sindicatura.

En concreto, respecto a los activos, lo que dispuso el juez es lo siguiente:

Enajenación de la empresa en marcha: se iniciará un proceso de licitación para vender las plantas industriales, ya sea en conjunto o por separado. El pliego de condiciones establecerá un precio base en dólares estadounidenses.

Incautación inmediata: los síndicos han sido ordenados a tomar posesión de todos los bienes, libros contables y dispositivos electrónicos de la cooperativa.

Venta de activos no productivos: se programará la venta directa de inmuebles que no forman parte de la cadena láctea, incluyendo cinco pisos de oficinas y 12 cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos y viviendas en diversas provincias, para generar liquidez inmediata.

Protección de la marca “SanCor”: Ee fallo resalta que la marca es un activo de alto valor independiente de las plantas. Quedará bajo custodia judicial y no podrá ser cedida ni gravada hasta su venta definitiva.

Con información de Infobae

 La Justicia de Brasil dictaminó que la abogada argentina Agostina Páez deberá pagar una caución de 18 mil dólares para regresar a la Argentina, tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, informó a la Agencia Noticias Argentinas que el juez del caso aceptó el habeas corpus.

Noticia en desarrollo…

#AgenciaNA