Diego Cabot, el periodista de LA NACION que recibió las anotaciones del chofer Oscar Centeno y lideró la investigación de los Cuadernos de las Coimas, declaró este martes durante más de 11 horas como testigo en el juicio oral y ofreció detalles sobre su trabajo, que derivaría en la causa por corrupción más resonante en los tribunales argentinos.

“Diego Hernán Cabot. Soy periodista”, se presentó en respuesta a las preguntas de rigor formuladas al comienzo por el tribunal. Cabot comenzó por describir cómo llegó a sus manos el material que dio origen a la investigación.

Relató así que un vecino, Jorge Bacigalupo, a quien trataba ocasionalmente por su interés en el periodismo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en los que se detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos para recaudar dinero de empresarios.

En esa caja, sostuvo el periodista, había facturas, DVDs, CDs y los cuadernos que derivaron en la investigación y la posterior denuncia judicial. “La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí”, dijo Cabot. “Los cuadernos eran originales”, agregó, ante una consulta puntual de la fiscal.

“La típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio”, sumó. “Era un chofer [Centeno] que anotaba absolutamente todo de sus viajes. Origen, destino y motivo”, siguió.

Sobre el final de la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, y a pedido de la fiscalía, el Tribunal le exhibió los cuadernos originales, que Cabot reconoció. “Sí, son estos. Son estos los registros sobre los que nosotros trabajamos”, afirmó.

La primera parte de su relato se ordenó a partir de las preguntas que le formuló la fiscal del juicio, Fabiana León. Entre otras cuestiones, León buscó saber por qué Centeno se había desprendido en primer término de aquellas anotaciones.

De acuerdo con la explicación que Bacigalupo le dio a Cabot, el chofer “sentía temor” por el desarrollo de una causa que ya estaba en marcha -conocida como Gas Natural Licuado- y buscaba sacar esas anotaciones de su casa por miedo a un posible allanamiento.

En un tramo de su investigación —que se extendió de enero a abril de 2018— Cabot le devolvió esos cuadernos a Bacigalupo porque el chofer Centeno se los estaba reclamando. “Puse absolutamente todo para que nadie sospeche de que eso había salido de las manos del amigo [Bacigalupo]. Puse todo como estaba y se lo llevé a la casa un mediodía”, relató Cabot.

El periodista detalló aspectos de su metodología de trabajo, entre ellos, cómo fue que reclutó a los periodistas Candela Ini y Santiago Nasra para apuntalar la investigación y convertir las anotaciones del chofer en una “base de datos” que sirviera para trabajar el caso de manera más ordenada. “El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción”, expresó.

En la sala auditorium, en la planta baja de Comodoro Py, lo escuchaban los jueces del tribunal; la fiscal León, Centeno -que es testigo protegido y arrepentido en la causa- y los abogados de muchos de los empresarios acusados de pagar coimas, señalados por el chofer en sus anotaciones. Entre las libretas y los apuntes que tenían a mano, varios de los abogados llevaban también consigo el libro del periodista sobre el caso, llamado “Los cuadernos”.

En la sala se encontraba Carlos Beraldi, el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio y apuntada por la fiscalía como la cabeza del mecanismo de recaudación ilegal.

Otros defensores, en cambio, seguían la declaración por la plataforma Zoom y lo confrontaron de manera virtual.

Cabot contó también por qué, antes de publicar la investigación, decidió llevar el caso a la fiscalía de Carlos Stornelli, a quien conocía previamente por su trabajo periodístico. “Había llegado a una fuerte convicción de que había hecho una enorme investigación y decidí hacer una denuncia y entregar mi trabajo periodístico para que la Justicia [...] lo investigue”, afirmó.

“Hablé con él [Stornelli] porque estaba investigando en esta causa de Gas Licuado a varios de los que estaban en mi trabajo de investigación”, afirmó el periodista.

Por temor, en un primer momento consideró hacer la pesquisa bajo identidad reservada. “Pensé mucho en la protección de mis hijos -dijo-. Conocía la conducta de los políticos investigados, pero no la de los empresarios”.

Relató también que, por octubre de 2019, una persona que no conocía lo contactó por “la causa cuadernos” y le devolvió 6 de las 8 libretas originales.

Fue un encuentro veloz, en una esquina cerca del diario, según habían convenido. El hombre le entregó una bolsa con el material y se fue. “Eran los mismos; los seis con los que yo había trabajado. No me dijo nada, de dónde habían salido, nada”, contó Cabot. Tras meditarlo, el periodista contó que resolvió llevarlos también a la Justicia.

Ante otra consulta de la fiscal León, relató que nunca había sido imputado en ninguna causa, pero que sí había sido impulsor de varias, en respuesta a los muchos robos y aprietes que sufrió en los últimos siete años. “Busqué que se imputara a algunos y nunca lo logré”, afirmó.

La defensa de Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores, lo consultó sobre su relación y contactos con Bacigalupo y el fiscal Stornelli, sobre posibles tachaduras en los cuadernos y sobre otros aspectos de su trabajo como reuniones con colegas o autoridades del diario.

El periodista contestó esas y otras preguntas y sostuvo siempre que el foco de su investigación estuvo puesto en comprobar si el contenido de los cuadernos era o no “veraz”, y que por eso se había reunido con empresarios y otras fuentes.

Se negó a contestar, en tanto, con qué empresarios se había reunido durante su investigación, amparado en el derecho a no revelar las fuentes periodísticas.

La abogada de Baratta, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, se opuso y pidió al Tribunal que “ordene” a Cabot responder esa pregunta. Otras defensas se sumaron al pedido de Gómez Alcorta, se abrió un incidente y el tribunal, después de una hora de deliberación, resolvió en favor del periodista, que no debió finalmente revelar sus fuentes.

En respuesta a una pregunta del abogado Juan Manuel Ubeira, Cabot dijo no saber si existió una presión por parte del fiscal Stornelli sobre los imputados para convertirse en arrepentidos.

Con la declaración de Cabot se puso en marcha una extensa ronda de testigos que dominará el juicio oral durante los próximos meses. En un principio, la fiscal León había solicitado la declaración de casi 900 testigos, aunque este martes desistió de un grupo de casi 100 personas.

En tanto, las declaraciones de los periodistas Ini y Nasra se postergaron para la próxima audiencia del jueves. (La Nación)

La cadena láctea, la agroindustria en general y la sociedad argentina en su conjunto lamentan por estas horas una noticia que duele por su impacto no solo económico, sino por su relevancia en la memoria histórica nacional: la Justicia de Santa Fe declaró formalmente este miércoles la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

Se trata de un pedido que había hecho el propio Consejo de Administración de Sancor, al no poder encontrar una forma de conseguir los recursos para afrontar su abultada deuda, en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado el año pasado.

La sentencia, firmada este 22 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, determina un triste desenlace de la cooperativa que tenía casi 90 años (fue fundada en 1938) y que llegó a ser la principal industria procesadora de lácteos del país, un verdadero orgullo de la agroindustria nacional.

No obstante, en las últimas dos décadas fue víctima de constantes malas decisiones financieras y desmanejos que incluyeron intervención política: lo más resonante ocurrió en 2006, cuando Sancor ya mostraba problemas y Adecoagro -la gigante argentina que recientemente adquirió las acciones de Profertil, entre otros negocios- hizo una oferta para adquirirla, pero terminó en un “salvataje” propuesto por el kirchnerismo a través de la venta de leche en polvo a Venezuela.

Pero el Gobierno de Hugo Chávez nunca pagó y desde entonces Sancor entró en un derrotero en el que ni siquiera la venta de muchas de sus mejores plantas logró evitar este lamentable desenlace.

Por que Sancor termina en una quiebra

En este contexto, la decisión judicial conocida en las últimas horas se fundamenta principalmente en la propia confesión del Consejo de Administración de SanCor, que el pasado 10 de abril manifestó formalmente al juzgado su imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo concursal con sus acreedores, debido a la magnitud de su pasivo.

Los problemas financieros y de insolvencia estructural planteados en el fallo son varios:

Una deuda asfixiante: el pasivo verificado incluye miles de millones de pesos y más de 86 millones de dólares adeudados a fondos internacionales y organismos fiscales como ARCA (ex-AFIP).

Déficit operativo imparable: la deuda postconcursal crecía a un ritmo de aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales.

Parálisis industrial: las seis plantas de la cooperativa funcionan muy por debajo de su capacidad. La planta de Sunchales, la de mayor capacidad, opera con menos del 10% de su potencial, procesando apenas entre 30.000 y 40.000 litros diarios.

Incumplimientos sociales: la cooperativa acumula más de cinco meses de atraso en el pago de salarios a sus 914 trabajadores activos y deudas millonarias con obras sociales y sindicatos.

Bajo este panorama, una pregunta es por qué no se habilitó al menos una posibilidad de “salvataje” o “cramdown”, como sucedió con el concurso de Vicentin: la respuesta es que la forma jurídica de cooperativa es incompatible con la transferencia de cuotas sociales a terceros y que, dada la magnitud de la deuda, no existía un “material salvable” que justificara prolongar el trámite.

En este contexto, a pesar de formalizar la quiebra, el magistrado dispuso la continuación transitoria de la explotación de aquellas plantas que aún mantienen actividad productiva, principalmente mediante contratos de “fazón” (procesamiento para terceros).

El objetivo de esta medida es doble: proteger los puestos de trabajo y evitar que las máquinas e instalaciones se deterioren, lo que permitiría obtener un mejor precio al momento de la venta.

El objetivo es que los activos queden en las mejores condiciones posibles para, una vez que se vendan, utilizar el producido para cubrir al menos parte de la deuda con los acreedores que, según lo dispuso la Justicia, tienen plazo hasta el 29 de mayo para presentarse a verificar sus deudas ante la sindicatura.

En concreto, respecto a los activos, lo que dispuso el juez es lo siguiente:

Enajenación de la empresa en marcha: se iniciará un proceso de licitación para vender las plantas industriales, ya sea en conjunto o por separado. El pliego de condiciones establecerá un precio base en dólares estadounidenses.

Incautación inmediata: los síndicos han sido ordenados a tomar posesión de todos los bienes, libros contables y dispositivos electrónicos de la cooperativa.

Venta de activos no productivos: se programará la venta directa de inmuebles que no forman parte de la cadena láctea, incluyendo cinco pisos de oficinas y 12 cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos y viviendas en diversas provincias, para generar liquidez inmediata.

Protección de la marca “SanCor”: Ee fallo resalta que la marca es un activo de alto valor independiente de las plantas. Quedará bajo custodia judicial y no podrá ser cedida ni gravada hasta su venta definitiva.

Con información de Infobae

 La Justicia de Brasil dictaminó que la abogada argentina Agostina Páez deberá pagar una caución de 18 mil dólares para regresar a la Argentina, tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, informó a la Agencia Noticias Argentinas que el juez del caso aceptó el habeas corpus.

Noticia en desarrollo…

#AgenciaNA 

En el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos llevó a cabo un allanamiento por razones de necesidad y urgencia en un domicilio ubicado en calle Liniers  1550, donde reside Dante Alberto Vandone, de 31 años de edad.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía N° 13, a cargo de Carlos Facundo Lemble, tras un procedimiento previo realizado por efectivos de la Estación de Policía Comunal de nuestra ciudad. En dicha intervención, llevada a cabo en la vía pública, se procedió a la identificación y requisa de Vandone, a quien se le incautó cocaína entre sus pertenencias.

En un parte de prensa, informaron que a partir de este hecho, y con la participación conjunta de personal de Drogas Ilícitas, Policía Comunal y el Escuadrón de Caballería, se avanzó con tareas investigativas que derivaron en el allanamiento del domicilio mencionado, con el objetivo de recolectar elementos probatorios vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En este contexto, se procedió al secuestro de marihuana, un arma de fuego y municiones, que constituyen –según se indicó- “elementos de interés para la causa que se encuentra en plena etapa investigativa”.

Las autoridades judiciales indicaron que la información será ampliada conforme avance la investigación.

Por Alejandro Vis

El lunes pasado, el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven acusado de la muerte de Kim Gómez. Al momento del crimen tenía 17 años y actualmente tiene 18. En forma previa, un jurado popular lo declaró culpable.

En el hecho también intervino un adolescente de 14 años, que no pudo ser juzgado penalmente por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad.

El padre de Kim, Marcos Gómez, dijo en una conversación con La Voz del Pueblo que “hay un mensaje importante de la Justicia”. Habló de su familia, la tarea que realiza en el programa Entramados del Ministerio de Seguridad de la provincia y también se refirió al vínculo cercano con Claromecó.

El 25 de febrero de 2025, Kim -de tan solo 7 años- falleció en circunstancias muy violentas, luego de que dos adolescentes le robaran el auto a su mamá Florencia Barboza en La Plata.

Los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad. Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, intentó descender, pero quedó enganchada. Fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

Marcos expresó, sobre la jornada de la sentencia, que “no hubo nada positivo para sacar, lo único era la postura de la Justicia. Si bien estaba todo muy claro, se reunieron muchas pruebas sobre lo que pasó, la Justicia tenía que actuar”.

En este sentido, recordó que la fiscal Mercedes Catani pidió la misma pena que luego estableció el Tribunal. “Para un menor es un montón y que la Justicia haya fallado en línea con lo que pidió la fiscal marca algo, hay un mensaje importante”, valoró.

Para Marcos, el proceso judicial y la sentencia implican “cerrar una etapa. Sinceramente es necesario”.

Consideró que “el Estado ha fallado un montón. Estos pibes tenían muchas alertas, desde violencia en la casa, en el colegio, ya robaban. Alertas -reiteró- que indicaban que esto iba a terminar mal y yo hoy quiero trabajar para prevenir. Llegar antes, no tiene que haber más casos como el de Kim”.

Está trabajando en el programa Entramados, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Destacó que “me permite conocer muchos municipios, ver distintas problemáticas, después de lo que pasó con mi hija hay municipios que están enfocando estos temas de una manera distinta”.

En su análisis, señaló que “hoy hay más información de los pibes, en ese aspecto se está mejorando”.

El lunes por la noche, horas después de que se conociera la decisión del Tribunal, concretaron una colecta de útiles escolares para colaborar con seis clubes de La Plata. Subrayó que “es el cambio que debemos intentar, son entidades que brindan una contención importantísima y nosotros estamos tratando de darles las herramientas”.

La organización de esta propuesta surgió a partir de una charla con su hijo del corazón Ciro, hermano de Kim, quien tiene 11 años. Contó que “siempre hablamos de las oportunidades. Le hacemos ver que él tiene su casa, su cama, sus actividades, útiles escolares, practica deportes, una realidad a la que muchos otros no acceden. Lo comprendió y está ayudando. Esa noche 300 chicos recibieron sus útiles, él repartió, no recibió nada, solamente el cariño y se fue a dormir bien”.

Ciro vive con la mamá Florencia y el papá. “Yo me encargo de la parte del deporte, lo llevo a entrenar. También a la escuela, medio que lo compartimos entre todos”, indicó Marcos.

Es un chico que “en los últimos años maduró mucho, pese a que todavía es un niño. Es raro poder explicarlo porque uno lo ve en el día a día, como habla, como pregunta. No queremos que crezca con odio, la vida es hermosa y él merece desarrollarse con esa certeza”.

Admitió que no es un proceso simple, por el contrario “cuesta, tiene todo el derecho a crecer con resentimiento por lo que pasó con la hermana, con una mirada distinta a la que intentamos mostrarle, pero él está entendiendo”.

La prevención y la ley

En un contexto complejo que presenta adversidades y con familias vulnerables, Marcos dijo que “hay chicos que verdaderamente necesitan ayuda, si no les damos las herramientas no tienen un futuro. Entonces tomé el compromiso de aportar lo que más pueda para ayudar y lo estoy haciendo”.

Cuando comenzó a involucrarse a través del mencionado programa de la Provincia, advirtió “distintas situaciones, la prevención más temprana es la que estamos haciendo en los clubes. Pero también nos encontramos con chicos que ya están contaminados, delinquiendo”.

El intento de “cambiar realidades” es una forma -planteó Marcos- de “buscar justicia de otra manera. Estamos haciendo numerosas cosas positivas”.

Tomó una postura pública sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, aprobada en el Congreso de la Nación. “Es un tema súper delicado, fui uno de los que salió a pedir la baja en la edad de imputabilidad. No es algo que resuelve el problema, pero un pedacito del problema sí lo soluciona porque hoy hay chicos que son muy violentos y solamente con una contención o con salir a abrazarlos, como dicen muchas personas, no alcanza. Hay pibes que realmente hacen daño y se debe trabajar de otra manera”, argumentó.

Marcos tiene una relación estrecha con Claromecó, forma parte de su identidad. “Voy desde joven, hace 12 años lo elijo para las vacaciones, hemos estado cuando se realizan las 24 Horas de la Corvina Negra. Nos brinda la tranquilidad que en la ciudad uno no encuentra”, expresó.

Cuando formó una familia, disfrutaron juntos vacaciones en la playa: “Mis nenes se criaron con los veranos en Claromecó, conocen los médanos, el camping de Luz y Fuerza. Es mágico para nosotros”.

El papá comentó que “Kim amaba Claromecó”. Este verano, el destino elegido fue otro. “Ciro me volvió loco para ir, es increíble como quizás él necesitaba estar cerca del mar. Voy a ser sincero, yo no me sentía preparado para entrar en el mar donde se bañaba Kim. Hablo y se me anuda la garganta”, señaló.

Por esta razón, decidió realizar un viaje más corto y llevó a Ciro a Pinamar. Allí tomaron un poco de arena, caracoles, piedritas y lo llevaron al lugar donde descansan los restos de la pequeña.

Tiene en claro que “en algún momento vamos a volver, nos trae muy lindos recuerdos. Ella armaba sus castillos, le encantaba la playa”. Agradeció a “mucha gente de Claromecó que me escribe, que alguna vez me abrió las puertas de su casa. Ahora me siento un poco más tranquilo conmigo mismo, tal vez pronto nos volvamos a encontrar con ese mar”.

Haber disfrutado encuentros, viajes, el tiempo juntos, adquiere un valor inmenso ante la ausencia. “Es una de las cosas que hoy más me llenan como papá y como persona. Hace algunos años, la vida me hizo dar ‘un click’, que no todo es material, hay que compartir momentos”, afirmó Marcos.

En esta línea de pensamiento, agregó que “mi hija tuvo una vida plena, el hermano también la tiene. Conocimos muchos lugares, pudimos viajar por todos lados, la nieve, el norte. Realizó sus actividades, fue una nena sana. No hay reproches”.

En el cierre de la entrevista, describió a Kim como “todo lo que estaba bien. Era luz, transmitía mucho amor, intentamos llevar su reflejo”.

El pasado 4 de febrero, la vulnerabilidad del servicio de Justicia en la provincia de Buenos Aires quedó expuesta de la manera más cruda. Un grupo de 20 personas armadas ingresó al Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín, amenazando de muerte al juez Nicolás Schiavo y a sus colaboradores para exigir la liberación de detenidos vinculados al narcotráfico. El hecho, calificado como de “extrema gravedad” por la Red de Jueces Penales, no fue aislado: episodios similares en Florencio Varela han encendido las alarmas sobre la seguridad de magistrados, empleados y ciudadanos que asisten a los tribunales.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, encabezada por Hilda Kogan, rubricó recientemente un convenio con el Ministerio de Seguridad para coordinar la asignación de personal policial en los edificios judiciales. Ante este nuevo escenario, La Voz del Pueblo dialogó con la doctora Fabiana Brandolín, titular del Tribunal Criminal N°1 de Tres Arroyos, para conocer cómo se vive esta tensión en el ámbito local.

A diferencia del convulsionado Conurbano, Tres Arroyos mantiene, por ahora, una dinámica de relativa calma. “Honestamente, y en lo personal, no hemos tenido situaciones de agresión directa a funcionarios”, afirma Brandolín. Sin embargo, la magistrada aclara que la presencia policial es una necesidad mecánica para el orden ritual del juicio: “Necesitamos custodia porque muchas veces se encuentran víctimas, victimarios y familiares; es ahí donde necesitamos mantener un orden”.

La jueza recuerda situaciones puntuales donde la tensión desbordó la formalidad, aunque sin apuntar contra los jueces. “Alguna vez un testigo se levantó y comenzó a agredir al imputado, y el fiscal tuvo que separarlos. Son ejemplos que tengo presentes porque me pasaron en un par de oportunidades”, relata.

Para Brandolín, la naturaleza del cargo implica convivir con la insatisfacción de alguna de las partes, pero eso no debería traducirse en violencia física. “Los procesos y las resoluciones no son para mantener una hinchada, sino que uno toma la decisión que cree que corresponde. Nunca la decisión de un juez va a satisfacer a ambas partes”, sentenció.

Si bien las intrusiones violentas no son moneda corriente en los tribunales tresarroyenses, Brandolín identifica un cambio en la forma en que se manifiesta la hostilidad. “Lo que se viene notando de un tiempo a esta parte es un crecimiento en las agresiones en los medios o en las redes sociales. Muchas de ellas ocultas detrás de identidades falsas, pero forma parte de este nuevo mundo”, reflexiona.

Este hostigamiento digital parece ser el escape de un malestar social que, en ciudades más grandes, ya ha saltado el mostrador de las mesas de entrada. Aun así, la magistrada insiste en que en el distrito no se han registrado hechos de gravedad: “Hay temáticas sensibles que generan cruzamientos, pero no puedo decir que en Tres Arroyos hayamos tenido agresiones físicas. Sí críticas, pero no intrusiones violentas o presencia de pancartas”.

El convenio firmado por la Corte y el Ministerio de Seguridad busca, precisamente, relevar quiénes cuentan con custodia fija. En Tres Arroyos, el diagnóstico revela baches que se espera cubrir. Según se pudo saber, el Juzgado de Garantías del Joven, ubicado en Moreno 777, se encuentra sin custodia policial desde el pasado mes de octubre.

“Nos falta personal”, admite la jueza, señalando que la falta de recursos humanos recarga de horas al personal existente. A pesar de estas falencias estructurales, Brandolín asegura no sentir temor por el futuro ni por la evolución del delito organizado en la región. “No me lo he planteado. Yo me he sentido siempre segura. Deseo mantener la templanza y ser discreta, porque la gente que se sienta en el banquillo tiene un grado de vulnerabilidad. Trato de manejar las situaciones sin abuso de autoridad y manteniendo el equilibrio”.

Al observar las noticias que llegan desde San Martín o Florencio Varela, la jueza local no puede evitar la comparación. “He visto funcionarios quebrados por la situación y me conmueve; no dejo de empatizar. Pero supongo que en el Gran Buenos Aires debe ser mucho más complejo. Tres Arroyos tiene un índice de inseguridad, pero aquello es incomparable”, sostiene.

Para la magistrada, la sobrepoblación y la escasez de recursos económicos en el Conurbano son caldos de cultivo para una violencia que, por el momento, resulta ajena a la realidad local. “Cuando veo esas situaciones, agradezco una y mil veces trabajar acá. Si en todo caso hubiere una evolución de la violencia en Tres Arroyos, se pedirán los recursos que hagan falta”, reconoció.

El ataque en San Martín generó una ola de reacciones en toda la Provincia. La Suprema Corte de Justicia, a través de su presidenta Hilda Kogan, y el ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, firmaron un convenio para establecer pautas coordinadas de asignación de personal policial. La medida busca evitar que los jueces trabajen en la indefensión.

Desde el Colegio de Magistrados de Bahía Blanca, el doctor Eduardo D'Empaire expresó su enérgico repudio: “Un hecho así expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones los trabajadores judiciales. Es un problema estructural que requiere respuestas urgentes de los poderes del Estado”. D’Empaire subrayó que, cuando un juez interviene, la sala de audiencias no le pertenece al magistrado, sino a la ciudadanía: “Es un ámbito público en el que la sociedad accede en busca de la tutela de sus derechos”.

Por su parte, la Red de Jueces Penales de la Provincia calificó lo ocurrido como de “extrema gravedad”, vinculándolo directamente con la asunción de competencias en la persecución del narcotráfico sin el traspaso de los recursos prometidos. “Las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad impiden tratar esto como un hecho puntual”, sentenciaron.

El convenio entre la Corte y el Ministerio de Seguridad marca un punto de inflexión necesario, pero el diagnóstico de fondo trasciende lo policial. Cuando la violencia intenta sentarse a la mesa de los jueces, lo que está en juego es la libertad misma de la sociedad. Tres Arroyos respira hoy una tranquilidad que conmueve por contraste, pero las alarmas encendidas en San Martín y Florencio Varela dejan una lección ineludible: la Justicia necesita temple para fallar, pero también un Estado presente que garantice que el único peso sobre el estrado sea, exclusivamente, el de la verdad.

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, según informó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X.

Milei recibió esta mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la novela por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.__IP__

El flamante designado en la cartera será secundado por Santiago Viola, un abogado muy ligado al círculo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los Menem, Eduardo y Martín. 

#AgenciaNA 

En el marco del acuerdo de trabajo conjunto que la Secretaría de Desarrollo Social tiene con Caravana, el titular de esa cartera, Martín Garate, y los responsables de la editorial, Mariana Fernández y Diego Slagter, entregaron libros a estudiantes y docentes que participaron de la última edición de Jóvenes y Memoria. Se acercaron al encuentro el prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Guillermo Torremare; la referente local del programa, Paula Capristo; y las inspectoras Karen Montes de Oca, de la Modalidad Artística y Eugenia Di Paolo, de Adultos. 

Jóvenes y Memoria es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria que propone a estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires la realización de un proyecto vinculado a los derechos humanos. Las escuelas de Tres Arroyos vienen teniendo una participación sostenida en este programa, que en 2025 se materializó en trabajos presentados por las Escuelas Secundarias 2, 4, 10 de Claromecó, 11 de San Francisco de Bellocq, Agrarias 1 y 2 de Micaela Cascallares, Colegio Hogar San José y CENS 451 de Claromecó. 

En esta oportunidad, los participantes recibieron ejemplares de dos obras editadas por Caravana y de especial significación: la historieta “Rúa”, del tresarroyense Fuchi Bayugar, en torno a la vida y la búsqueda de la familia de Sergio Rúa, detenido desaparecido de Venado Tuerto; y “Nosotras en libertad”, una colección colectiva de mujeres militantes y presas políticas argentinas.

La Justicia nacional electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires comenzará este miércoles con en el escrutinio definitivo de la elección que arrojó, por el momento, ganador a la lista de La Libertad Avanza que llevó como primer candidato a Diego Santilli por 46.600 votos.

El recuento que se hará en el Pasaje Dardo Rocha comenzará luego que el escrutinio provisorio llegó al 99%, dejando “afuera” 132.789 sufragios que podrían hacer variar la diferencia entre los principales oponentes.

Sin embargo, es complejo que haya un cambio de fondo, aunque lo que sí entrará en juego serán los votos considerados nulos que llegaron al 2,28% del total, es decir 206.177. Allí estará puesta la mirada de los fiscales, porque los votos impugnados y recurridos (que son los que suelen reclamarse) son muy pocos: 6.400.

La Junta ordenó a los apoderados y los fiscales de las agrupaciones políticas que participaron de la compulsa acreditarse para las jornadas que arrancan el miércoles. Cada fuerza podrá llevar hasta 50 fiscales que podrían seguir el recuento de las más de 36.000 mesas de votación y pedir eventualmente la apertura de urnas en los casos que existieran votos impugnados o dudas en el recuento de las actas.

Hasta el momento, La Libertad Avanza cosechó 3.605.127 votos (41,45%) en la categoría de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seguida por Fuerza Patria con 3.558.527 sufragios (40,91%). Esto permitió meter 17 legisladores a la alianza de Javier Milei y 16 al peronismo. En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores –Unidad obtuvo 438.747 votos (5,04%) y sumará dos bancas, y el resto no llegó al piso de los 3 puntos.

“Son 38.000 votos de 9 millones. Para colmo, hay ocho provincias donde los resultados son muy mínimos”, expresó el gobernador Axel Kicillof al analizar la performance electoral. “Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5%. Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre”, agregó, aunque reconoció que si bien la diferencia es “muy, muy pequeña, ganó La Libertad Avanza”. (DIB)

La Junta Electoral bonaerense rechazó este jueves por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones del 26 de octubre, después de la renuncia de José Luis Espert a la nómina libertaria.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

También dispuso “hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

El organismo encargado de supervisar los actos electorales consideró en los fundamentos del fallo que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de las boletas a raíz de la dimisión del candidato liberal.

A su vez, la Justicia electoral precisó que la impresión y verificación de las 14 millones de Boletas Únicas de Papel ya estaba finalizada, y que una reimpresión "interrumpiría la logística vigente" y pondría en riesgo el cronograma electoral.

Según los informes técnicos, volver a imprimir las boletas tendría un costo superior a “12.000 millones de pesos” y demandaría al menos nueve días, un plazo incompatible con la distribución prevista del material.

La resolución fue firmada por Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Como consecuencia de la determinación de la Junta Electoral, la imagen de Espert continuará figurando en las boletas de LLA, a pesar de que Karen Reichardt y Diego Santilli ocuparán los primeros lugares de la lista en la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión se produce en medio de un clima de tensión en el gobierno del presidente Javier Milei, luego de la imputación de Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que motivó su renuncia a la candidatura.

La Justicia peruana dictaminó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El acusado permanecerá alojado en el penal de máxima seguridad de San Vicente de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser trasladado a la Argentina.

El sospechoso se negó a la extradición voluntaria, al tiempo que su defensa pidió que se aplique “el principio de humanidad” dado que es un “joven de 20 años”.

Durante la audiencia virtual llevada a cabo en la Comisaría de Chilcha, el abogado Marcos Sandoval remarcó que Valverde Victoriano es “inocente de todos los cargos” que formuló el fiscal Adrián Arribas y solicitó que se otorgue la libertad con comparecencia.

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal eximió a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad. En fallo dividido, la mayoría entendió que no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud.

El kirchnerismo celebró y habló de lawfare; desde la oposición cuestionaron el mensaje de impunidad. Juristas señalaron que acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal. 

El frente judicial de la exmandataria sigue abierto: Vialidad continúa y persisten otras causas con distintos grados de avance.

En el plano político, el fallo puede revitalizar a la líder peronista entre sus seguidores, mientras el oficialismo nacional insiste en reformar el sistema judicial. El debate sobre límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve al centro de la escena. (N.A.)

El Jurado Popular halló no culpable por mediar legítima defensa a Juan Ignacio Ostiza, el alambrador de 39 años que, el año pasado, durante una violenta discusión, hirió de muerte a uno de los tres colaboradores con los que se encontraba trabajando en un campo de Copetonas.

El veredicto absolutorio se escuchó poco menos de una hora después de la recepción de instrucciones por parte de la jueza Agustina Cedeira y permitió que Ostiza se retire en libertad tras escuchar su contenido.

La jornada de ayer comenzó a las 9.30 con la recepción del último testimonio pendiente y, tras eso, el imputado aceptó pronunciar sus últimas palabras, oportunidad en la recordó que la discusión se inició tras un reclamo salarial, precisamente un aumento que Lucas García le había pedido con anterioridad, el forcejeo previo y la herida mortal, luego de la cual él mismo recordó haberlo llevado a salita de atención médica de Copetonas.

Tras eso, se produjo la realización de los alegatos de la Fiscalía, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo en primer término, quien de manera subsidiaria a la carátula de “homicidio simple” con la que había logrado llevar al imputado a juicio, propuso la posibilidad de que sea condenado como autor de un “homicidio con exceso de legítima defensa”, a raíz de la utilización de un cuchillo para defenderse, cuando, según el Ministerio Público, no se hallaba probada la existencia de heridas generadas supuestamente por la primera agresión ejecutada por Lucas García cuando el acusado estaba cocinando.

En tanto, la defensora Elisa Hospitaleche, luego de hacer alusión a ciertas actuaciones policiales aparentemente viciada de nulidad, pidió que sea declarado no culpable por hallarse ante un caso de legítima defensa, porque, según su argumento, “o lo dejaba que (Lucas García)  lo golpeara nuevamente o se defendía”.

Antes de cerrar el debate, Ostiza aprovechó nuevamente la posibilidad de hablar y le pidió perdón a la familia de Lucas García, “no fue mi intención que pase esto”, dijo.

Posteriormente, se dio paso a un cuarto intermedio hasta el conocimiento del veredicto de “no culpabilidad”.

“Yo no provoqué esto”

Al salir de la sala de audiencias del Tribunal Criminal N°1, y antes de tomar contacto con los familiares que estaban esperándolo, Juan Ignacio Ostiza compartió su impresión de lo ocurrido con LA VOZ DEL PUEBLO, “me pareció lo más justo que pude escuchar. Yo nunca tuve mala intención, yo no provoqué esto”.

Juan Ignacio Ostiza fue detenido inmediatamente el 4 de septiembre de 2024, el mismo día en que se produjo la muerte de Lucas Tomás García.

Durante el proceso, se le dictó la prisión preventiva en el marco de una causa por “homicidio simple”, un delito con una pena que va de 8 a 25 años de prisión, y pasó más de tres meses en un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una experiencia que ahora verá la manera de superar, “voy a tratar de recuperar mi vida. Esto es algo que tenía trabado y con lo que no podía vivir. Quiero estar con mi familia, lo que hice siempre”, dijo antes de referirse brevemente a los detalles de lo que fueron estos meses, “fue algo duro, triste, porque yo no busqué esto. Estar en prisión es algo feo que no se lo deseo a nadie. Es muy duro  no se lo deseo a nadie”, insistió.

Al ser consultado sobre cómo ve el futuro, respondió: “no sé que voy a hacer, primero necesito unos días para despejar mi mente y después veré que hacer. Mi familia me acompañò en todo momento”, dijo.

A su lado estaba la doctora Elisa Hospitaleche, quien subrayó el convencimiento que siempre tuvo acerca de la responsabilidad de su cliente en este hecho, “primero y principal estoy contenta de que se pudo realizar un Juicio por Jurados. Segundo, esto forma parte de lo que es la determinación de la Justicia, una tarea difícil para los jueces pero que lo haga gente común también es importante”.

La jueza Agustina Cedeira escucha el veredicto del Jurado

“Yo vengo sosteniendo la no culpabilidad de Ignacio desde el primer momento, así que considero que es una decisión lógica, que se corresponde con lo que nosotros demostramos”, concluyó.

Por su parte, el fiscal Gabriel Lopazzo prefirió no emitir comentarios al respecto y se retiró de la sala en silencio.

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Un hombre que pretendía hacer una entrega de droga a un cliente mediante la utilización del servicio de transporte Uber, fue condenado en Bahía Blanca a la pena de 4 de años de prisión tras firmar un juicio abreviado por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

La condena fue aceptada por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Bahía Blanca y recayó sobre Ariel Iván Wisniowski .

La investigación encabezada por la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, se inició en julio del presente año cuando una persona llamó a un Uber, un servicio que existe en varias ciudades del país y funciona mediante aplicación que conecta a conductores independientes con personas que necesitan viajar, para que retirara un paquete en calle Luis Piedra Buena y Avenida Arias de Bahía Blanca, el que debía entregar en Irigoyen al 700.

El paquete era una bolsa de tela con un bollo de papel dentro, lo que despertó la atención del conductor, quien consultó de qué se trataba el envío y el hombre le contestó “a vos no te incumbe, entregalo y listo”.

El chofer temió que se tratara de una sustancia ilícita por lo que se dirigió a una dependencia policial, donde finalmente detectaron que se trataba de cocaína.

Los efectivos pusieron en conocimiento de lo sucedido a la fiscalía y se solicitó el allanamiento de la vivienda en la cual se hizo entrega de la droga, donde se encontró más sustancia estupefacientes y se logró la detención de Wisniowski.

Según informó la ANJ, en ese procedimiento además, pudieron secuestrar su teléfono donde constataron diversas comunicaciones que tienen directa relación con la compra-venta de drogas. (ANJ)

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires apartó a la doctora Natalia Ramos de su rol como fiscal en lo que será el segundo juicio por el mismo caso de abuso sexual a un hombre que, en 2023, fue condenado a 20 años de prisión tras haber sido hallado “culpable” de los hechos por un Jurado Popular.

La decisión del Tribunal de Alzada trascendió en las últimas horas y constituye la segunda disposición sobre ese caso, tras haber sido anulado el primer juicio en 2024, por entender que la doctora Ramos incorporó como prueba testimonios de otro juicio por el mismo delito, y a raíz del que ya había sido condenado el pringlense Gustavo Andrés Suárez por primera vez en 2002.

La resolución estuvo a cargo de la Sala I del máximo cuerpo judicial penal, con asiento en La Plata, el cual aceptó una queja planteada por la abogada Laura Pereyra, defensora oficial del acusado, Gustavo Andrés Suárez (44), un pringlense de 44 años que residía en Tres Arroyos al momento de los hechos y quien había llegado a juicio acusado del abuso sexual de una niña cuando tenía entre 7 y 8 años, nieta de quien en 2011 era su pareja.

El 28 de abril de 2023, durante un Juicio por Jurados desarrollado en la sala de debates del Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, Suárez recibió un veredicto de culpabilidad por 10 votos a 2 y, tras la cesura del juicio, donde la fiscal Ramos había pedido 25 años de prisión, la doctora Verónica Vidal terminó dándole 20 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado daño en la salud mental de la víctima, en concurso real, en los términos de los artículos 55 y 119 del Código Penal” .

En septiembre de 2024, la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, anuló el juicio y la condena citados y ordenó un nuevo juicio, por “vicios” que pudieron “contaminar” a los jurados.

Según los jueces de Casación, Suárez ya había cumplido pena por otro caso de abuso sexual, cometido en 2002, y la fiscal, en su rol de acusadora, incorporó prueba de ese caso y generó “un prejuicio insalvable” en el ánimo del jurado que lo declaró culpable por el nuevo delito en 2023.

Tal como informó La Nueva en su edición digital en aquel momento, al año siguiente, los jueces de Casación Daniel Carral y Ricardo Maidana no solo ordenaron un nuevo debate sino que advirtieron por la situación a la fiscal, Natalia Ramos, y a la jueza técnica, Verónica Vidal, quien debía velar para evitar estas cuestiones.

Dijo la defensora de Suárez en su planteo que durante las audiencias del debate en 2023 se escucharon a testigos del caso juzgado en 2002, lo cual vulneró el derecho a un juicio justo y entendió que los jurados populares directamente “se apartaron de la prueba reunida en el juicio, directamente vinculada al hecho que se estaba juzgando”.

La defensa, por otro lado, planteó que Suárez no pudo ser el autor de la nueva violación porque en el momento que se habría cometido, cuando la víctima tenía entre 5 y 6 años, él se encontraba encarcelado por la causa anterior, aunque para la fiscalía no hubo precisión en cuanto a las fechas exactas de cometidos los delitos.

Al respecto, Casación dio por probado que la jueza técnica habilitó a testigos de la causa anterior y rechazó instruirlos para que no hablen sobre el caso viejo (la fiscal los había pedido para incorporarlos como “testigos de concepto”) y que también informó que “no iba a limitar sus respuestas”.

“Desleal”

Según trascendió, en los últimos días, los mismos jueces de Casación, Daniel Carral y Ricardo Maidana, decidieron apartar a la fiscal para actuar en el nuevo juicio al procesado.

Suárez hoy continúa detenido en la Unidad Penal Nº 37 de la localidad de Barker.

De acuerdo a los fundamentos publicados de manera reciente por el portal bahiense, al formular la queja contra la resolución de la Cámara Penal de Bahía Blanca, que mantenía en el puesto a Ramos para el segundo juicio, la defensora Pereyra argumentó que, de seguir la misma fiscal, se iba a poner en riesgo el debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, por entender que su intervención en el primer juicio fue “desleal”.

Explicó Pereyra que, por otro lado, Ramos no acusó recibo del primer fallo de Casación y no solo no reconoció errores en su proceder sino que manifestó su desacuerdo con la anulación y dijo que lo dicho por Casación era erróneo.

Este viernes por la mañana se llevó a cabo un procedimiento de la Policía Federal en la Clínica Hispano, en el marco de una investigación a dos laboratorios por fetanilo contaminado.

En este contexto, se entregó la directiva judicial de dejar en la clínica determinadas partidas de fentanilo “en cuarentena”. Se encontraban en cajas cerradas, con una faja, y permanecerán separados “hasta que la Justicia disponga qué estudios hay que hacer, si es que así lo establece”.

La información fue confirmada por fuentes seguras y con esta medida, no se procederá a devolver el fetanilo a los proveedores, sino que -reiteraron ante la consulta de este diario- permanecerá “en cuarentena”.

La investigación se encuentra a cargo del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, quien busca determinar si existe responsabilidad de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, así como droguerías ligadas a esas firmas.

En el Boletín Epidemiológico Nacional, el último lunes se informó que los contagios confirmados por este opiáceo llega a 76, en 19 centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. El reporte indicó que las muertes eran 48, pero en días posteriores fuentes judiciales dieron a conocer otros cuatro fallecimientos que se vinculan a esta causa, por lo cual el total asciende a 52.

Otro dato a tener en cuenta, que consignó el Boletín, es que los casos confirmados tienen fecha de internación entre el 10 de febrero y el 9 de mayo, con excepción de uno con ingreso el 2 de diciembre de 2024. Subrayó, en este sentido, que todas las identificaciones de estos hechos se hicieron retrospectivamente y no fueron detectados nuevos casos luego del alerta.

La Justicia Correccional de Tres Arroyos absolvió de culpa y cargo a Roberto José Padín (32), el conductor de una camioneta que protagonizó una colisión frontal con un auto en un camino rural que une las localidades de Juan E. Barra y De La Garma, accidente a raíz del cual perdieron la vida tres de los cuatro ocupantes del vehículo menor.

El fallo del juicio desarrollado el pasado 12 de mayo en Tres Arroyos fue dictado por el juez Gabriel Giuliani y notificado ayer a las partes de manera electrónica en el marco de dos causas caratuladas “triple homicidio culposo agravado y lesiones leves culposas en concurso ideal” y “desobediencia”.

Según indica la resolución a la que tuvo acceso LA VOZ DEL PUEBLO, en sus fundamentos, el juez Giuliani señaló que “no se ha probado cuál ha sido la acción que se le imputara como ilícita a la persona conductora del rodado de mayor porte, es decir, quien conducía la camioneta Toyota Hilux”, en referencia a Padín, quien en aquel momento, tras conocerse el resultado del test de alcoholemia, le dio 0,7 gr/lt de alcohol en sangre, una cantidad que, por estos días se considera punible, aunque no así en aquel momento, cuando aún no existía la ley de alcohol cero en la Provincia de Buenos Aires que rige en la actualidad.

Cabe recordar que, en su imputación, el fiscal de Instrucción y Juicio, doctor  Gabriel I. Lopazzo, Padín viajaba con su camioneta rumbo a Juan E. Barra por el camino rural de tierra que la une con De la Garma, “efectuando un manejo desaprensivo y temerario dada las condiciones del camino (polvo en suspensión y tosquilla) y el intenso tráfico vehicular debido a una fiesta que se desarrollaba en Juan E. Barra a la cual se dirigía, es que a la altura del kilómetro 9 del Cuartel XIV del partido de Adolfo G. Chaves, invadió el carril de circulación contrario al suyo e impactó de frente contra un vehículo Fiat Palio dominio IKA 068 conducido por Carlos Fabián Saavedra y acompañado por Claudia Cecilia Roldán, Guillermina Anahí Eloiza e Irma Verónica Herrera Frey, que circulaba en dirección inversa. Como consecuencia del impacto fallecieron en el acto Guillermina Anahí Eloiza y Claudia Cecilia Roldán, mientras que Carlos Fabián Saavedra falleció días después producto de la gravedad de las lesiones recibidas y la señora Irma Verónica Herrera Frey sufrió lesiones que fueran calificadas legalmente por la médica de policía actuante como de carácter leve”.

“Escasa visibilidad”

Entre sus fundamentos, el magistrado consideró la escasa visibilidad que ocasionó la manera de manejar de un tercer vehículo que transitaba en el mismo sentido que Padín y a quien consideran el verdadero responsable de los hechos, ya que con su circulación entorpeció la visibilidad y eso habría desencadenado en la tragedia. “En tal sentido, debo decir que, sin perjuicio de encontrarnos frente a un delito de los llamados tipos abiertos -los cuales deben ser completados con otra norma- lo cierto es que la acusación – tanto pública como privada- no ha encuadrado el accionar imputado, tal lo especificado en el artículo referenciado precedentemente. Se limitó a describir la conducta llevada a cabo por Padín como intempestiva y temeraria, la que a la postre -según lo alegado- desencadenó el evento dañoso.

Accionar que fue relatado y confirmado por el propio imputado en su declaración y por los testigos que depusieron durante las jornadas de debate. Ellos realizaron una descripción pormenorizada de lo sucedido ese día en el trayecto comprendido entre las localidades de Juan E. Barra y De la Garma, más precisamente en la llamada Loma de Atela.

Fueron contestes en la poca visibilidad que dicho lugar proveía atento el horario en el que circulaban. Como también la existencia de tierra o polvareda que se desplazaba en el aire a raíz de arreglos realizados en el camino, recientemente (-con rellenado de toscas- conforme lo que declararon en el juicio)”.

Desobediencia

Roberto José Padín también fue absuelto del delito de “desobediencia” a raíz de un incidente denunciado por Néstor Saavedra, familiar de una de la víctimas, quien lo había denunciado a raíz de un presunto acercamiento y agresión psicológica, poco después de que Padín haya recuperado la libertad, tras estar 57 días detenido acusado de ”triple homicidio culposo agravado”.

Según pudo averiguar este diario, tanto la Fiscalía como el particular damnificado (a cargo del doctor Werner Nickel), apelarán en Cámara el fallo del doctor Giuliani, mientras que la doctora Elisa Hospitaleche, defensora de Padín, adelantó que continuará junto a su cliente hasta finalizar la última instancia de esta reciente condena.

La Justicia desestimó la denuncia que presentó Angeles Fitzsimons contra Lucas Britez, presentación en la que afirmó haber sido afectada por violencia verbal y psicológica.

La denunciante es funcionaria del Consejo Escolar, organismo que integra Britez y actualmente preside, ante la licencia de Gabriela García.

La resolución indica que “evaluadas las presentes actuaciones, no surge del relato de los hechos efectuados en la denuncia que da inicio a la presente investigación, la existencia de una conducta delictiva, ni alguna otra acción típica penalmente reprochable”.

En consecuencia, tuvo lugar la desestimación y notificación a ambas partes.

El juez federal Luis Armella levantó este viernes la clausura de la feria La Salada y autorizó, de manera provisoria, su reapertura bajo estrictas condiciones destinadas a garantizar el desarrollo comercial y laboral lícito. La medida incluye los tres predios principales del complejo ferial: Punta Mogote, Urkupiña y Cooperativa Ocean.

El magistrado estableció una serie de requisitos que deberán cumplirse antes de reabrir las puertas del predio, entre ellos la regularización laboral de todos los trabajadores, la prohibición expresa de venta de mercadería falsificada y la implementación de un sistema de recaudación bancarizado que evite el uso de efectivo.

Asimismo, se exigió el registro formal de cada puesto, con su respectivo contrato de locación, la identificación de los responsables a cargo y la presentación mensual de un informe contable al Juzgado y a la fiscalía interviniente. Para supervisar el cumplimiento de estas exigencias, se designará una intervención a cargo de peritos especializados.

La feria había sido clausurada tras un megaoperativo con más de 60 allanamientos que derivó en la detención de 16 personas, imputadas por lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal. Desde entonces, los accesos permanecían cerrados bajo custodia policial.

Jorge Castillo, conocido como “el rey de La Salada”, continúa detenido en el marco de las causas judiciales que afectan al complejo. Aún no hay una fecha oficial para la reapertura, pero se prevé que ocurra en los próximos días, una vez que se cumplan los requisitos establecidos por la Justicia. (NA)

El coordinador de La Libertad Avanza en Tres Arroyos dijo que “la Corte tenía los fundamentos para pronunciarse de ese modo”

Alejandro Finocchio, coordinador de la Libertad Avanza en Tres Arroyos, afirmó que “los jueces decidieron por sí. Es una determinación jurídica sobre una demanda vinculada al accionar de la ex presidente. Una parte de la población tenía desconfianza acerca de lo que había sucedido (en referencia a hechos de corrupción), la Justicia les dio la razón”.

En este sentido, sostuvo que “lo que hizo la Justicia es su trabajo. Eso hace que vaya tomando el camino que el país está esperando que se tome. La Corte no dio lugar al recurso, tenía los fundamentos para pronunciarse de ese modo”.

Hizo referencia a la labor del Poder Judicial y manifestó que “un gran porcentaje de la población empezó a confiar de nuevo en la Justicia por la decisión que adoptó”.

Asimismo, argumentó que “el Gobierno lo que hace es buscar que ‘el que las hace las paga’, aquel que tomó plata del Estado que no correspondía deberá responder por sus actos. En este caso, tendrán que devolver lo que se robó”:

También puso de manifiesto que “no es que la Justicia actuó porque el presidente le dijo, sino que hizo un análisis de todos los elementos que tenía y determinó que no correspondía el recurso, la ex presidenta responderá por su culpa. Si se quedó con plata de los argentinos, deberá pagar por ello”.

Finocchio expresó que en el Gobierno “siempre se hace una defensa de la institucionalidad. Cada uno de los poderes debe trabajar como corresponde, la Libertad Avanza lo que pide y busca es que todos hagan lo que tienen que hacer. Si estás ocupando un cargo, hay que desempeñar ese rol con la dedicación y de la forma que corresponde, teniendo en cuenta por supuesto la división de poderes”.

Finalmente, reiteró que “no hay una intervención del presidente, básicamente lo que pide es que se trabaje. Cumplir con la tarea, ni más ni menos, no se solicita nada extraordinario”.