Buenos Aires, 8 julio (NA) -- La Justicia federal abrió el celular de la modelo Jésica Cirio e inició la extracción forense, para realizar el peritaje del contenido y buscar pruebas para la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

El procedimiento fue realizado por los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional junto a expertos de las partes, luego de que Cirio entregara su clave de acceso para poder ingresara al dispositivo.

El análisis del dispositivo, ordenado por el juez federal Luis Armella, se centra particularmente en buscar el video original y determinar si el teléfono tiene las grabaciones difundidas donde se muestran fajos de dólares en efectivo, dentro de bolsas plásticas, y guardados dentro de un vestidor.

Asimismo, se analizarán todas las aplicaciones y se hará la extracción correspondiente de los datos de mensajería, historial de navegación por internet y geolocalizaciones. También se hará una revisión integral de las fotos, videos y documentos eliminados que puedan aportar posibles maniobras de ocultamiento.

El peritaje del dispositivo sucede luego de allanamientos e inspecciones oculares llevados a cabo en las propiedades que tienen Cirio e Insaurralde en Las Cañitas y San Vicente para identificar el lugar exacto donde se filmó el dinero.

Por su parte, la defensa del ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, solicitó la exclusión probatoria de los videos, con el argumento que las imágenes provienen de un hackeo a los equipos de Cirio y no tuvieron una cadena de custodia formal.

Agencia NA

áDespués de un proceso de investigación que permitió esclarecer lo sucedido, la UFIJ Nº17 a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, dictó el sobreseimiento de Robertino Ortega, el joven arquero de 20 años de edad que había sido aprehendido hace un mes y medio en relación con el intento de robo de una moto.

La resolución judicial confirmó que Ortega no tuvo participación alguna en el ilícito, una confirmación que el deportista y su familia esperaban para poder limpiar su nombre y reputación, tras semanas de sufrir “escraches” públicos.

El hecho por el que fue aprehendido ocurrió una noche a mediados del mes de mayo, en la que un par de sujetos intentó robar una moto en la zona de Matheu al 200.

Debido a que los sospechosos se desplazaban en una moto roja y uno de ellos fue identificado como un menor conocido en el ámbito delictivo, la policía interceptó más tarde a Ortega, quien también circulaba en una moto roja (marca Honda) y trasladaba al menor en cuestión con quien había jugado al fútbol momentos antes.

Esta coincidencia técnica y de color derivó en una aprehensión que mantuvo al futbolista dos días privado de su libertad, en los calabozos de la Comisaría Primera.

Sin embargo la tarea investigativa de la fiscalía, y de la abogada defensora, fue determinante para demostrar la inocencia de Ortega.

Entre las pruebas clave se encuentran un análisis de cámaras de seguridad con el que se determinó que la moto utilizada en el intento de robo era de una marca distinta a la que posee el joven arquero, y que la vestimenta de los implicados no coincidía con la suya.

También se presentaron como pruebas los impactos de antena telefónica a partir del rastreo del teléfono celular de Ortega con lo que se confirmó que -al momento del hecho- el joven se encontraba en un trayecto totalmente distinto, circulando en su moto desde su entrenamiento en el Club Unión hacia la casa de un familiar, sin desviarse en ningún momento hacia la escena del hecho.

Robertino Ortega, quien cuenta con una trayectoria deportiva que incluye pasos por Huracán de Tres Arroyos; en Divisorio, de Coronel Pringles; Chacarita Juniors y Espartano, de El Salvador (Centroamérica), se vio seriamente afectado por esta situación, llegando incluso a perder su trabajo como repartidor en Tres Arroyos.

Su defensa legal, encabezada por la abogada Elisa Hospitaleche, también trabajó en la presentación de pruebas que este jueves permitieron este fallo favorable.

Con este sobreseimiento, la justicia no solo ratifica que no hubo pruebas en su contra, sino que acredita su falta de participación en el hecho. 

Una histórica sentencia conocida la semana pasada en una causa por aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de Pergamino promete convertirse en un punto de inflexión para los futuros procesos judiciales vinculados con este tema siempre polémico en lo que concierne a la relación de la actividad agropecuaria con la población urbana.

Después de varios años de investigación y un juicio oral que concentró la atención de productores, ambientalistas, juristas y organismos públicos, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, conformado por los jueces Elena Beatriz Dilario, Román Pablo Lanzón y Eduardo Rodrígues Da Cruz, absolvió a los siete productores, trabajadores rurales e ingenieros agrónomos que estaban acusados de contaminación ambiental y afectación a la salud de vecinos de la ciudad del norte bonaerense, por supuestas pulverizaciones mal realizadas.

Los magistrados entendieron que, si bien existe presunta evidencia científica sobre los riesgos que implica la exposición a agroquímicos y reconocieron la existencia de daños en las personas denunciantes, durante el debate no pudo acreditarse el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los imputados.

En paralelo, el tribunal condenó a dos ex funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que omitieron realizar los controles correspondientes pese a las reiteradas denuncias de los vecinos.

Para el abogado defensor de uno de los productores absueltos, Aquilino Giacomelli, el fallo representa mucho más que la resolución de un expediente judicial. En diálogo con Infocampo, sostuvo que la sentencia deja un criterio jurídico que probablemente sea observado en causas similares de todo el país.

“Ni la fiscalía ni la querella pudieron demostrar acabadamente, con la cantidad de fuerza probatoria necesaria para lograr una condena, que las conductas desplegadas por los productores agropecuarios hayan sido los causantes de los problemas en la salud de la gente”, explicó.

Según el letrado, justamente esa ausencia de prueba sobre la relación directa entre las aplicaciones realizadas por los acusados y las enfermedades denunciadas fue el eje central sobre el cual se construyó la absolución.

“Los problemas de salud se pudieron certificar que existen, pero no se puede determinar fehacientemente una relación de causalidad entre esos problemas y las aplicaciones de estos productores específicamente”, agregó el abogado.

El límite de la justicia penal

Giacomelli remarcó que uno de los aspectos más importantes del fallo es que delimita el alcance de la Justicia penal frente a conflictos ambientales complejos.

“En la Justicia penal se juzgan hechos concretos, individuales y específicos, ocurridos en determinado tiempo y lugar, y la responsabilidad de una persona determinada. Tanto la acusación como la querella hablaban de hechos diversos, sin especificaciones algunas“, manifestó Giacomelli.

Para el defensor, el debate sobre cómo regular las aplicaciones de fitosanitarios, las distancias de resguardo o los estándares ambientales corresponde al ámbito legislativo y no puede resolverse mediante procesos penales.

“Parecía una guerra entre ambientalistas y productores, y lo que siempre dijimos los abogados defensores es que este no era el ámbito para discutir estas cuestiones. El ámbito es el Poder Legislativo. Nosotros hicimos un trabajo pura y exclusivamente técnico defendiendo a una persona que se la acusaba de haber cometido un delito que nunca cometió”, afirmó.

Los estándares científicos

Durante el juicio también ocupó un lugar central la discusión sobre los parámetros científicos utilizados para analizar las muestras ambientales. De acuerdo con Giacomelli, varios de los informes periciales presentados por la querella fueron elaborados utilizando estándares de la Comunidad Europea y no la normativa vigente en Argentina.

“Cuando les pregunté a los científicos si el agua analizada bajo los parámetros de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires o del Senasa era potable, la respuesta fue que sí. El agua era potable”, señaló.

Desde la defensa interpretaron que ese punto fue determinante para demostrar que los productores actuaban dentro del marco regulatorio argentino.

En el caso particular de su defendido, el productor agropecuario Mario Reinero Roses, además destacó que una de las actas municipales que originó parte de la acusación terminó demostrando que el producto utilizado era cipermetrina comercializada como Hortal, un hormiguicida de venta libre que no requiere receta agronómica.

“Se demostró científicamente que lo que había aplicado era cipermetrina. Estaba determinado con pruebas fotográficas donde se constata que no había ningún vegetal quemado, como ocurriría con el glifosato“, explicó.

El veredicto

El veredicto benefició a los productores Fernando Cortese, Mario Reinero Roses, Víctor Hugo Tiribó, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Cristian Taboada y José Luis Grattone, quienes enfrentaban acusaciones por presunta contaminación ambiental mediante aplicaciones de fitosanitarios realizadas entre 2011 y 2019.

Sin embargo, el Tribunal sí encontró responsabilidad en los entonces funcionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, quienes recibieron condenas de dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los magistrados entendieron que existieron numerosas advertencias y denuncias de vecinos que no fueron debidamente atendidas por el municipio, una omisión que incluso dificultó la obtención de pruebas durante la investigación.

A partir de esa condena -la única que quedó firme en el juicio-, el Tribunal también solicitó al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás que investigue el accionar del entonces intendente de Pergamino y de otros funcionarios que estuvieron al frente del municipio durante el período en que Naranjo y Tocalini se desempeñaron en la Dirección de Ambiente Rural.

Por otra parte, los jueces resolvieron mantener vigente la medida cautelar dictada en 2019 por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, al considerar que debe sostenerse “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

Esa resolución continúa prohibiendo las aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano de Pergamino dentro de un radio de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3 kilómetros cuando se utilizan aplicaciones aéreas.

De este modo, si bien la sentencia absolvió a los productores por no haberse acreditado su responsabilidad penal individual, el tribunal dejó en claro que el debate ambiental continúa abierto y que tanto las restricciones cautelares como las investigaciones sobre las responsabilidades estatales seguirán su curso.

Al mismo tiempo, el fallo fija un criterio que podría convertirse en un antecedente relevante para futuras causas vinculadas al uso de fitosanitarios en la Argentina.

Infocampo

Tal como adelantó durante la semana La Voz del Pueblo, la justicia de Bahía Blanca dio un giro importante en el conflicto que mantiene en suspenso a la comunidad de deportistas, vecinos y prestadores de servicios turísticos del balneario Marisol.

En una resolución reciente, el juez Agustín López Coppola concedió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Coronel Dorrego contra la sentencia dictada el reciente 27 de mayo de 2026, que suspendía la práctica del kitesurf en la desembocadura del río Quequén Salado, la que además quedó supeditada a un informe de impacto ambiental.

Con esta decisión la causa podrá dejar los tribunales bahienses para ser tratada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.

Este avance judicial representa en principio un alivio para los “riders”, quienes ven en la revisión de la Cámara una oportunidad para revertir una medida que consideran “injusta y contradictoria”.

Detrás de la defensa técnica y la pasión deportiva se encuentra Rosana Rolando, una abogada que representa las dos facetas de este conflicto; por un lado la del rigor legal, pero también la de quien disfruta de sentir el viento en la cara sobre una tabla.

Su historia en la costa

Rosana no es una recién llegada a las playas de Marisol. “Yo nací en Oriente, viví y me crié ahí", contó a este diario en un tono que expresa claramente su sentido de pertenencia.

Vivió su infancia y adolescencia en las costas dorreguenses de Marisol, y aunque hoy vive en Bahía Blanca, su vínculo con el destino turístico de playa sigue intacto a través de su familia y su casa en el balneario del sudoeste bonaerense.

Su historia como “rider" comenzó en 2011, el mismo año en que descubrió en el kitesurf no solo un deporte, sino una forma de conectar con el entorno natural que la vio crecer.

Como abogada, Rosana observa con preocupación cómo un deporte que no contamina quedó en el ojo de una dura puja judicial. Según explicó la comunidad de practicantes de éste deporte náutico creció exponencialmente en los últimos años, lo que generó algunos “desencuentros” sociales lógicos ante la falta de regulación.

“Es un lugar que no es zona de baño, es un lugar al que cuesta llegar en 4x4”, explicó al referirse a la desembocadura, donde las condiciones para navegar dependen estrictamente del viento y las mareas.

Diez días que valen

Desde un primer momento el municipio de Coronel Dorrego le confió a este diario que presentó a tiempo su recurso de apelación. En este sentido Rosana aclaró que, aunque el juez le imprimió al trámite un carácter de “sumarísimo” -lo que en el Código de Procedimiento Civil y Comercial implicaría un plazo de solo dos días para apelar-, en este caso terminó prevaleciendo el Código de Procedimiento Administrativo.

Este código específico establece un plazo de 10 días hábiles para interponer recursos contra sentencias definitivas de primera instancia.

“Como el código administrativo ya tiene previsto un plazo, se tiene que aplicar ese”, explicó la abogada al desestimar especulaciones que sugerían que el municipio se había quedado fuera de tiempo.

La apelación fue presentada "en tiempo y forma", permitiendo que ahora la justicia marplatense conceda –o no- el pedido de revisión hecho desde el municipio.

Contradicciones

La postura de Rolando es firme respecto a la supuesta motivación ambiental de la demanda original, impulsada por una particular que también es abogada.

Cuestionó que la prohibición esté dirigida exclusivamente al kitesurf y al windsurf, ignorando otras actividades con mayor impacto.

“Hoy por hoy la actividad de kite está suspendida, pero si querés podés ir a la boca (desembocadura) con un gomón a motor a pescar”, apuntó como ejemplo al señalar una contradicción.

Para la abogada nacida en Oriente la solución no es la prohibición, sino la regulación sustentable y el consenso.

En este sentido los “riders” comenzaron a movilizarse, recolectando firmas a través de plataformas digitales como Change.org y presentaciones escritas en papel ante el municipio.

“Somos los primeros en querer proteger el ambiente”, aseguró. Y agregó que el objetivo es lograr una zonificación que permita la convivencia entre pescadores, bañistas y deportistas.

La Cámara decide

Mientras la causa podrá viajar digitalmente hacia Mar del Plata, la actividad en la desembocadura permanecía suspendida, pero no prohibida de forma definitiva.

Rosana Rolando y la comunidad de “riders” confían en que el fallo de la Cámara revoque la sentencia de primera instancia, pero dejan algo en claro al sostener que independientemente del resultado judicial, seguirán persiguiendo una regulación formal que garantice la paz social en el balneario.

“Siempre vamos a estar por el consenso”, concluyó Rosana, quien espera que pronto pueda volver a saltar sobre las olas de Marisol.

El expediente ahora está a la espera de un análisis de los jueces marplatenses que podrán incidir en el destino de este espacio donde el agua del río Quequén Salado se encuentra con el Mar Argentino, y donde hace años conviven -en cualquier época de año- vecinos, prestadores de servicios, turistas, pescadores y “riders”.

El municipio de Coronel Dorrego presentará su apelación ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, buscando revertir el revés judicial sufrido en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, que prohíbe la actividad de kitesurf y windsurf en Marisol.

La controversia se centra en la ordenanza 4775/25, sancionada a fines de 2025 con el objetivo de regular la práctica de kitesurf y windsurf en el destino de playa dorreguense.

Sin embargo, lo que el Ejecutivo municipal consideró una herramienta para el "desarrollo armónico y seguro" de la zona, fue visto por un grupo de vecinos y la abogada Verónica García Christensen como una amenaza directa al ecosistema y a la seguridad de los veraneantes.

El origen de la disputa

La causa se inició cuando García Christensen, actuando en representación de residentes y turistas, presentó una demanda solicitando la nulidad de la ordenanza y el cese preventivo de las actividades.

Los argumentos presentados ante el juez Agustín López Coppola fueron se apoyaron en que la práctica de estos deportes en la desembocadura del Río Quequén Salado -área declarada Paisaje Protegido por la Ley 12.707- se realizaba sin las medidas de seguridad adecuadas y, fundamentalmente, sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo.

Asimismo la documentación aportada por vecinos describía un escenario de conflicto creciente. Se mencionaron incidentes como el ocurrido en el verano de 2023, cuando un deportista se estrelló contra el vehículo de una familia en la orilla.

También informes biológicos advirtieron que las velas y cometas generan un “disturbio antropogénico” para las aves migratorias, que las confunden con depredadores aéreos, provocando el abandono de sus sitios de descanso y alimentación.

El fallo

El pasado 27 de mayo de 2026, el juez López Coppola dictó sentencia definitiva que declaró la nulidad parcial de la ordenanza 4775/25, específicamente en lo que respecta a la delimitación de las zonas de práctica, por no haber cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental exigido por la Ley 12.704.

El magistrado sostuvo que mientras el municipio argumentó que la norma solo buscaba regular una actividad preexistente para mejorar la convivencia, la justicia determinó que el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental es “exigible” para garantizar que no se alteren las condiciones del río, su flora y su fauna.

En consecuencia, el fallo ordenó el cese inmediato de la práctica de kitesurf y windsurf en el sector de la desembocadura.

Hacia Mar del Plata

Desde el municipio dorreguense la respuesta no se hará esperar. En parte, la defensa que encabeza la abogada Micaela De Battista, viene sosteniendo que no se acreditó un daño ambiental “concreto, actual o inminente” y que la ordenanza buscaba, precisamente, proteger a los bañistas diferenciando los espacios de uso.

Con estos argumentos la comuna elevará la causa a la ciudad de Mar del Plata donde los jueces de la Cámara de Apelaciones deberán decidir si mantienen la restricción en favor de la preservación ambiental y el “derecho al uso y costumbre” de quienes hace décadas son asiduos concurrentes a la desembocadura, o si dan lugar a la reglamentación municipal que busca integrar los deportes de riesgo en la oferta turística de Marisol.

No quiero vivir más en instituciones. Tengo diez años. Me gusta andar en bicicleta y jugar al fútbol. Estoy emocionado por el Mundial. Quisiera ver los partidos de Argentina en una casa que al final del certamen, sea la mía. Los juegos de mesa me entretienen. Seguro que, si me das la oportunidad de conocerme, te va a encantar compartir conmigo estrategias o habilidades que nos diviertan. Voy a la escuela. Hago los deberes y siempre llevo el material que me piden. Las cuidadoras del Hogar donde vivo están atentas a lo que necesito para estudiar, a mi alimentación, a mi salud. Pero, a pesar de todo esto y de que parezca que soy feliz, no es así.

Estoy cansado. Muy cansado. No quiero pasar el resto de mi infancia y mi adolescencia sin un hogar. Hace unos días la cuidadora subió el volumen de la radio. Escuché al locutor que hablaba de un niño con sus derechos vulnerados. Me senté y apoyé la cabeza entre las manos y cerré los ojos. Aproveché a que la cuidadora cortaba cebolla de espaldas a la mesa. Y, callado como estaba, nunca se dio cuenta de que me quedé atento a la información. La señora a la que reporteaban se llama María Palacio. Explicaba que, en primera instancia, actúa -en un caso como el mío en el que los derechos están vulnerados- el órgano municipal, que interviene haciendo el seguimiento de la familia. Dijo también que el servicio administrativo trabaja para ayudar, pero cuando no hay un cambio -como última instancia- separan al niño -en este caso a mí- de la familia de origen. 

La cuidadora siguió cortando las zanahorias y en la radio, aunque me nombraban de otra manera, hablaban de mí. No conozco todas las palabras difíciles que dijo la doctora, aunque sí me imagino de qué se tratan, porque algo me contaron los profesionales del Juzgado de Familia N°1. El locutor preguntó qué había que hacer en una situación como ésta, en la que yo no puedo volver a casa. Podría ir con algún pariente. Pero tampoco funcionó. Tengo que estar por lo menos seis meses en el Hogar para que el 

Servicio Local de Derechos de los Niños trabaje con mi familia para tratar de “revertir aquello que ocasionó la separación”. Eso me lo aprendí de memoria. Cuando llegué acá, lo primero que pedí fue un almanaque, así que, cuando se terminó el tiempo que me habían dicho volví a preguntar: ¿Cuándo me van a venir a buscar? ¿Por qué pasa tanto tiempo? 

Me olvidé de decir que me llamo Bernardo. Aunque ese no sea mi nombre verdadero. Es el que me pusieron para poder buscarme una familia. La cuidadora estuvo por descubrirme en la cocina porque me dieron ganas de estornudar. Aguanté la respiración y me lo tragué. El locutor leyó un comunicado del juez del Juzgado de Familia N°1, Diego Granda, que dictó mi adoptabilidad. Dijo que buscaron los listados para saber cuántos candidatos quieren chicos como yo: ¿Soy grande? ¿Soy chico? ¿Alguien me quiere ahijar?

Pero hay poca gente en el listado, y no concuerdan con el perfil requerido. Entonces, por esa razón, y porque hace más de un año que espero para salir de la institución, el juez llamó a una convocatoria pública. En ese escrito explicaron qué me gusta hacer y por qué estaría bueno si me quisieran adoptar. ¡Hasta estoy dispuesto a mudarme! Los profesionales del Juzgado me contaron que por ahí me venían a buscar de otras provincias. Pensé en las montañas del sur y en cómo me gustaría conocer la nieve; en los ríos y los esteros de la Mesopotamia; en tierras donde se cultivan vides, o se crían ovejas o se saca petróleo; pensé en el mar y en los lobos marinos que nunca vi. 

Sé que pueden venir a buscarme mamás solas, papás solos, mamá y papá; dos mamás y dos papás. Todas las semanas, y cada vez que pregunto cuánto falta, me dicen siempre que es poco lo que falta, que yo tengo derecho a una familia o las personas tendrán derecho a ser padres o madres. Me cuesta entender que sólo quieran adoptar bebés. Yo puedo ser hijo también. Una vez una señora me tocó la cabeza y me dijo: qué lindo bebé.

El tiempo de la gente grande no es el mismo que el mío. Espero todas las tardes que lleguen los profesionales del Juzgado de Familia y me presenten a alguien que me quiera abrazar, que sepa mi nombre de verdad, que me compre figuritas de Messi. O no, si no puede, está bien igual. No tengo pretensiones, sólo me gustaría estar alrededor de una mesa con personas que les interese lo que hice en la escuela, que me defiendan de las tantas injusticias de las que me voy a quejar seguramente, que me lleven a dar una vuelta en bicicleta. 

¿Cuál es mi tiempo para crecer sano? ¿Cuál es mi tiempo de la no espera?  

Me dijeron que si mañana alguien lee esta nota y me quiere me podría empezar a vincular enseguida. Vendrían a charlar conmigo en la cocina del Hogar; otro día me llevarían a conocer su casa, y capaz que hasta me puedo quedar a almorzar. O una tarde me preguntarían si me animo a quedarme a dormir y lo haría emocionado. Y al poco tiempo el juez me daría permiso para quedarme a vivir con mi nueva familia. Podrían pasar seis meses más para que los dejen firmar mi guarda preadoptiva. Y ahí sí, si ellos y yo queremos, podemos recibirnos de FAMILIA. 

La cuidadora repitió la frase que la entrevistada, María Palacio, le dijo al locutor: “Las adopciones tienen mala prensa”, dijo y meneó la cabeza. Acercó la oreja a la radio y la sacudió para que recobrara el volumen. Los dos escuchamos que a las personas les da fiaca anotarse en los listados porque creen-capaz eso pasó alguna vez- que tienen que esperar muchísimo para que los llamen. Pero la doctora dijo que no, que eso ya no es así. Tampoco deben tener casa propia o tener una posición económica muy buena. Lo más importante es que me puedan dar de comer y llevar a la escuela. Lo demás, no me importa. La cuidadora me dijo: ¡Viste! Hay mucha gente que piensa que hay que ser millonario o que si están alquilando no les van a permitir adoptar. ¡Viste! Está claro que no es así. Estás más cerca. 

Ella siguió metiendo en la olla todo lo que encontró en la heladera que tuviera forma de verdura; yo despegué la cabeza de mis manos. Esperá, le dije. También dijo la doctora que a la gente le gustan los bebés porque los quieren acunar, llevar al Jardín de Infantes, acompañarlo a la escuela el primer día de clases. Ella revolvió con fuerza y me hizo señas para que vaya a mirar cómo iba el puchero. Me paré a su lado y me abrazó. Con la mano que tenía libre me revolvió los pelos y sentí escalofrío. Vos sos chiquito, estás criadito. Ya va a venir alguien a buscarte. ¿Y, si no?

Me mandó al patio a jugar, pero ya se me habían ido las ganas. 

Me levanto y me acuesto convencido de que hoy va a ser ese día, el día en que una familia de mi ciudad golpee el despacho del juez y le avise que ya están listos, o, incluso, si es una persona sola que ya está lista para abrazarme. No soy bebé. Tengo mi historia. No prometo una vida color de rosa. Me duele mucho el alma, y eso pesa. Pesa hasta que sos grande, me dijeron. Pero, yo estuve pensando: si una caricia hace que te den cosquillas por todo el cuerpo, si una sonrisa te derrite y si una mano enlazada a la tuya te hace sentirte superhéroe, entonces… ¡Ahí está la cura! Bueno, me voy a ir despidiendo. Los espero. Soy Bernardo, tengo diez años, estoy cansado de vivir en instituciones; quiero jugar y vivir en una casa que pueda sentir mía; puedo ocuparme de inflar la pelota y de acomodar las piezas del juego que siempre juego solo. Los espero. Soy Bernardo, tengo diez años y necesito que me vengas a buscar para sentirme niño.

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La Dra. María Palacio, titular de la Asesoría de Menores del Departamento Judicial de Bahía Blanca, me ayudó a comprender algunos conceptos que me permitieron ponerle voz a Bernardo. Ella fue la que me dijo, y con razón que “la adopción tiene mala prensa porque la gente cree que te anotas y que nunca te llaman o que pasan años para que te llamen”. También me dijo que ese es un mito y que no pasa así. Lo que ocurre es que los posibles adoptantes muchas veces solo quieren bebés de un año o más chicos. Bernardo tiene diez y, esa es la razón, que hace un año que vive en un Hogar convivencial a la espera de que alguien quiera adoptarlo. 

La doctora Palacio sintetiza el proceso por el que Bernardo está en una institución. “Cuando hay un niño con sus derechos vulnerados, actúa en primera instancia, el órgano municipal que interviene haciendo el seguimiento de él y de su familia. El servicio administrativo trabaja para ayudar a la familia, pero cuando no hay un cambio- como última instancia- separan al niño de la familia de origen y puede ir a vivir: con una familia solidaria o a un Hogar”. 

Durante seis meses el Servicio Local de Derechos de los Niños sigue trabajando con la familia para tratar de revertir aquello que ocasionó la separación. Algunas veces logran mejorar la situación y regresan con ellos o con algún pariente cercano. Como en el caso de Bernardo no fue posible, el juez del Juzgado de Familia N°1, Diego Granda, dictó su adoptabilidad. 

Lo que siguió dentro del proceso fue mirar los listados para saber cuántos candidatos hay que busquen chicos con las características de Bernardo. Pero hay poca gente en el listado y no concuerdan con el perfil requerido. Entonces, por esa razón, y porque hace semanas que Bernardo espera irse de la institución en la que pasó su último año, el juez llamó a una convocatoria pública donde se explican las características de Bernardo y se habilita a familias de toda la provincia y el país para adoptarlo. 

“Bernardo quiere afecto, aunque tenga otras necesidades cubiertas. Pero hace semanas que seguimos en este proceso, estancados porque no hay familias que quieran adoptarlo”. Para ser un buen candidato para adoptar no hay que tener determinado sueldo o propiedades, sino poder darle una vida digna. No hay requisitos económicos como tener casa propia o determinado nivel económico, “solo deseo de ahijar y las mínimas condiciones para poder sostener la crianza del niño”.

La doctora Palacio hace hincapié en la realidad de Bernardo que está expectante porque conoce el proceso, pero no comprende que las familias solo quieran bebés. Como adultos comprendemos que quienes quieran ahijar también deseen la experiencia de crianza desde los primeros meses de vida y tener más tiempo para compartir con su hijo o hija. 

Lector, querido lector de La Voz del Pueblo, confío en vos y en tu deseo de ayudar para que esta nota circule y Bernardo encuentre pronto, lo más pronto que se pueda a la familia que lo adopte. 

Y, antes de despedirme, quiero agradecerle a Bernardo que me prestó por un ratito su nombre de fantasía para que le diera vida al personaje que, en realidad, es un niño de diez años que quiere tener un hogar. 

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado y consideró que siginficó el "inicio de la reconstrucción de la Justicia", pese a que se incluyó el perteneciente a María Verónica Michelli.

"EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos", escribió Milei en su cuenta de X.

Por su parte, también se manifestó Mahiques, quien le agradeció a Milei "la reconstrucción" del Poder Judicial, e hizo lo propio con la Secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, "por su apoyo constante".

El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, "en especial" a la "celeridad" de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron "incansablemente" que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo.

"Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", expresó Mahiques.

También manifestó "un reconocimiento especial" al secretario de Justicia, Santiago Viola, "por su enorme labor y compromiso" para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.  

"Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país", concluyó. #AgenciaNA 

Diego Cabot, el periodista de LA NACION que recibió las anotaciones del chofer Oscar Centeno y lideró la investigación de los Cuadernos de las Coimas, declaró este martes durante más de 11 horas como testigo en el juicio oral y ofreció detalles sobre su trabajo, que derivaría en la causa por corrupción más resonante en los tribunales argentinos.

“Diego Hernán Cabot. Soy periodista”, se presentó en respuesta a las preguntas de rigor formuladas al comienzo por el tribunal. Cabot comenzó por describir cómo llegó a sus manos el material que dio origen a la investigación.

Relató así que un vecino, Jorge Bacigalupo, a quien trataba ocasionalmente por su interés en el periodismo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en los que se detallaban numerosos viajes realizados durante diez años por funcionarios del kirchnerismo, desde 2005 hasta 2015, muchos de ellos para recaudar dinero de empresarios.

En esa caja, sostuvo el periodista, había facturas, DVDs, CDs y los cuadernos que derivaron en la investigación y la posterior denuncia judicial. “La abrí y empecé a trabajar sobre el material que había ahí”, dijo Cabot. “Los cuadernos eran originales”, agregó, ante una consulta puntual de la fiscal.

“La típica bitácora de alguien que tiene que facturar el servicio”, sumó. “Era un chofer [Centeno] que anotaba absolutamente todo de sus viajes. Origen, destino y motivo”, siguió.

Sobre el final de la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, y a pedido de la fiscalía, el Tribunal le exhibió los cuadernos originales, que Cabot reconoció. “Sí, son estos. Son estos los registros sobre los que nosotros trabajamos”, afirmó.

La primera parte de su relato se ordenó a partir de las preguntas que le formuló la fiscal del juicio, Fabiana León. Entre otras cuestiones, León buscó saber por qué Centeno se había desprendido en primer término de aquellas anotaciones.

De acuerdo con la explicación que Bacigalupo le dio a Cabot, el chofer “sentía temor” por el desarrollo de una causa que ya estaba en marcha -conocida como Gas Natural Licuado- y buscaba sacar esas anotaciones de su casa por miedo a un posible allanamiento.

En un tramo de su investigación —que se extendió de enero a abril de 2018— Cabot le devolvió esos cuadernos a Bacigalupo porque el chofer Centeno se los estaba reclamando. “Puse absolutamente todo para que nadie sospeche de que eso había salido de las manos del amigo [Bacigalupo]. Puse todo como estaba y se lo llevé a la casa un mediodía”, relató Cabot.

El periodista detalló aspectos de su metodología de trabajo, entre ellos, cómo fue que reclutó a los periodistas Candela Ini y Santiago Nasra para apuntalar la investigación y convertir las anotaciones del chofer en una “base de datos” que sirviera para trabajar el caso de manera más ordenada. “El trabajo pesado lo hacíamos por fuera del horario de redacción”, expresó.

En la sala auditorium, en la planta baja de Comodoro Py, lo escuchaban los jueces del tribunal; la fiscal León, Centeno -que es testigo protegido y arrepentido en la causa- y los abogados de muchos de los empresarios acusados de pagar coimas, señalados por el chofer en sus anotaciones. Entre las libretas y los apuntes que tenían a mano, varios de los abogados llevaban también consigo el libro del periodista sobre el caso, llamado “Los cuadernos”.

En la sala se encontraba Carlos Beraldi, el abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio y apuntada por la fiscalía como la cabeza del mecanismo de recaudación ilegal.

Otros defensores, en cambio, seguían la declaración por la plataforma Zoom y lo confrontaron de manera virtual.

Cabot contó también por qué, antes de publicar la investigación, decidió llevar el caso a la fiscalía de Carlos Stornelli, a quien conocía previamente por su trabajo periodístico. “Había llegado a una fuerte convicción de que había hecho una enorme investigación y decidí hacer una denuncia y entregar mi trabajo periodístico para que la Justicia [...] lo investigue”, afirmó.

“Hablé con él [Stornelli] porque estaba investigando en esta causa de Gas Licuado a varios de los que estaban en mi trabajo de investigación”, afirmó el periodista.

Por temor, en un primer momento consideró hacer la pesquisa bajo identidad reservada. “Pensé mucho en la protección de mis hijos -dijo-. Conocía la conducta de los políticos investigados, pero no la de los empresarios”.

Relató también que, por octubre de 2019, una persona que no conocía lo contactó por “la causa cuadernos” y le devolvió 6 de las 8 libretas originales.

Fue un encuentro veloz, en una esquina cerca del diario, según habían convenido. El hombre le entregó una bolsa con el material y se fue. “Eran los mismos; los seis con los que yo había trabajado. No me dijo nada, de dónde habían salido, nada”, contó Cabot. Tras meditarlo, el periodista contó que resolvió llevarlos también a la Justicia.

Ante otra consulta de la fiscal León, relató que nunca había sido imputado en ninguna causa, pero que sí había sido impulsor de varias, en respuesta a los muchos robos y aprietes que sufrió en los últimos siete años. “Busqué que se imputara a algunos y nunca lo logré”, afirmó.

La defensa de Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores, lo consultó sobre su relación y contactos con Bacigalupo y el fiscal Stornelli, sobre posibles tachaduras en los cuadernos y sobre otros aspectos de su trabajo como reuniones con colegas o autoridades del diario.

El periodista contestó esas y otras preguntas y sostuvo siempre que el foco de su investigación estuvo puesto en comprobar si el contenido de los cuadernos era o no “veraz”, y que por eso se había reunido con empresarios y otras fuentes.

Se negó a contestar, en tanto, con qué empresarios se había reunido durante su investigación, amparado en el derecho a no revelar las fuentes periodísticas.

La abogada de Baratta, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, se opuso y pidió al Tribunal que “ordene” a Cabot responder esa pregunta. Otras defensas se sumaron al pedido de Gómez Alcorta, se abrió un incidente y el tribunal, después de una hora de deliberación, resolvió en favor del periodista, que no debió finalmente revelar sus fuentes.

En respuesta a una pregunta del abogado Juan Manuel Ubeira, Cabot dijo no saber si existió una presión por parte del fiscal Stornelli sobre los imputados para convertirse en arrepentidos.

Con la declaración de Cabot se puso en marcha una extensa ronda de testigos que dominará el juicio oral durante los próximos meses. En un principio, la fiscal León había solicitado la declaración de casi 900 testigos, aunque este martes desistió de un grupo de casi 100 personas.

En tanto, las declaraciones de los periodistas Ini y Nasra se postergaron para la próxima audiencia del jueves. (La Nación)

La cadena láctea, la agroindustria en general y la sociedad argentina en su conjunto lamentan por estas horas una noticia que duele por su impacto no solo económico, sino por su relevancia en la memoria histórica nacional: la Justicia de Santa Fe declaró formalmente este miércoles la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

Se trata de un pedido que había hecho el propio Consejo de Administración de Sancor, al no poder encontrar una forma de conseguir los recursos para afrontar su abultada deuda, en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado el año pasado.

La sentencia, firmada este 22 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, determina un triste desenlace de la cooperativa que tenía casi 90 años (fue fundada en 1938) y que llegó a ser la principal industria procesadora de lácteos del país, un verdadero orgullo de la agroindustria nacional.

No obstante, en las últimas dos décadas fue víctima de constantes malas decisiones financieras y desmanejos que incluyeron intervención política: lo más resonante ocurrió en 2006, cuando Sancor ya mostraba problemas y Adecoagro -la gigante argentina que recientemente adquirió las acciones de Profertil, entre otros negocios- hizo una oferta para adquirirla, pero terminó en un “salvataje” propuesto por el kirchnerismo a través de la venta de leche en polvo a Venezuela.

Pero el Gobierno de Hugo Chávez nunca pagó y desde entonces Sancor entró en un derrotero en el que ni siquiera la venta de muchas de sus mejores plantas logró evitar este lamentable desenlace.

Por que Sancor termina en una quiebra

En este contexto, la decisión judicial conocida en las últimas horas se fundamenta principalmente en la propia confesión del Consejo de Administración de SanCor, que el pasado 10 de abril manifestó formalmente al juzgado su imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo concursal con sus acreedores, debido a la magnitud de su pasivo.

Los problemas financieros y de insolvencia estructural planteados en el fallo son varios:

Una deuda asfixiante: el pasivo verificado incluye miles de millones de pesos y más de 86 millones de dólares adeudados a fondos internacionales y organismos fiscales como ARCA (ex-AFIP).

Déficit operativo imparable: la deuda postconcursal crecía a un ritmo de aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales.

Parálisis industrial: las seis plantas de la cooperativa funcionan muy por debajo de su capacidad. La planta de Sunchales, la de mayor capacidad, opera con menos del 10% de su potencial, procesando apenas entre 30.000 y 40.000 litros diarios.

Incumplimientos sociales: la cooperativa acumula más de cinco meses de atraso en el pago de salarios a sus 914 trabajadores activos y deudas millonarias con obras sociales y sindicatos.

Bajo este panorama, una pregunta es por qué no se habilitó al menos una posibilidad de “salvataje” o “cramdown”, como sucedió con el concurso de Vicentin: la respuesta es que la forma jurídica de cooperativa es incompatible con la transferencia de cuotas sociales a terceros y que, dada la magnitud de la deuda, no existía un “material salvable” que justificara prolongar el trámite.

En este contexto, a pesar de formalizar la quiebra, el magistrado dispuso la continuación transitoria de la explotación de aquellas plantas que aún mantienen actividad productiva, principalmente mediante contratos de “fazón” (procesamiento para terceros).

El objetivo de esta medida es doble: proteger los puestos de trabajo y evitar que las máquinas e instalaciones se deterioren, lo que permitiría obtener un mejor precio al momento de la venta.

El objetivo es que los activos queden en las mejores condiciones posibles para, una vez que se vendan, utilizar el producido para cubrir al menos parte de la deuda con los acreedores que, según lo dispuso la Justicia, tienen plazo hasta el 29 de mayo para presentarse a verificar sus deudas ante la sindicatura.

En concreto, respecto a los activos, lo que dispuso el juez es lo siguiente:

Enajenación de la empresa en marcha: se iniciará un proceso de licitación para vender las plantas industriales, ya sea en conjunto o por separado. El pliego de condiciones establecerá un precio base en dólares estadounidenses.

Incautación inmediata: los síndicos han sido ordenados a tomar posesión de todos los bienes, libros contables y dispositivos electrónicos de la cooperativa.

Venta de activos no productivos: se programará la venta directa de inmuebles que no forman parte de la cadena láctea, incluyendo cinco pisos de oficinas y 12 cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos y viviendas en diversas provincias, para generar liquidez inmediata.

Protección de la marca “SanCor”: Ee fallo resalta que la marca es un activo de alto valor independiente de las plantas. Quedará bajo custodia judicial y no podrá ser cedida ni gravada hasta su venta definitiva.

Con información de Infobae

 La Justicia de Brasil dictaminó que la abogada argentina Agostina Páez deberá pagar una caución de 18 mil dólares para regresar a la Argentina, tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, informó a la Agencia Noticias Argentinas que el juez del caso aceptó el habeas corpus.

Noticia en desarrollo…

#AgenciaNA 

En el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos llevó a cabo un allanamiento por razones de necesidad y urgencia en un domicilio ubicado en calle Liniers  1550, donde reside Dante Alberto Vandone, de 31 años de edad.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía N° 13, a cargo de Carlos Facundo Lemble, tras un procedimiento previo realizado por efectivos de la Estación de Policía Comunal de nuestra ciudad. En dicha intervención, llevada a cabo en la vía pública, se procedió a la identificación y requisa de Vandone, a quien se le incautó cocaína entre sus pertenencias.

En un parte de prensa, informaron que a partir de este hecho, y con la participación conjunta de personal de Drogas Ilícitas, Policía Comunal y el Escuadrón de Caballería, se avanzó con tareas investigativas que derivaron en el allanamiento del domicilio mencionado, con el objetivo de recolectar elementos probatorios vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En este contexto, se procedió al secuestro de marihuana, un arma de fuego y municiones, que constituyen –según se indicó- “elementos de interés para la causa que se encuentra en plena etapa investigativa”.

Las autoridades judiciales indicaron que la información será ampliada conforme avance la investigación.

Por Alejandro Vis

El lunes pasado, el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el joven acusado de la muerte de Kim Gómez. Al momento del crimen tenía 17 años y actualmente tiene 18. En forma previa, un jurado popular lo declaró culpable.

En el hecho también intervino un adolescente de 14 años, que no pudo ser juzgado penalmente por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad.

El padre de Kim, Marcos Gómez, dijo en una conversación con La Voz del Pueblo que “hay un mensaje importante de la Justicia”. Habló de su familia, la tarea que realiza en el programa Entramados del Ministerio de Seguridad de la provincia y también se refirió al vínculo cercano con Claromecó.

El 25 de febrero de 2025, Kim -de tan solo 7 años- falleció en circunstancias muy violentas, luego de que dos adolescentes le robaran el auto a su mamá Florencia Barboza en La Plata.

Los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad. Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, intentó descender, pero quedó enganchada. Fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

Marcos expresó, sobre la jornada de la sentencia, que “no hubo nada positivo para sacar, lo único era la postura de la Justicia. Si bien estaba todo muy claro, se reunieron muchas pruebas sobre lo que pasó, la Justicia tenía que actuar”.

En este sentido, recordó que la fiscal Mercedes Catani pidió la misma pena que luego estableció el Tribunal. “Para un menor es un montón y que la Justicia haya fallado en línea con lo que pidió la fiscal marca algo, hay un mensaje importante”, valoró.

Para Marcos, el proceso judicial y la sentencia implican “cerrar una etapa. Sinceramente es necesario”.

Consideró que “el Estado ha fallado un montón. Estos pibes tenían muchas alertas, desde violencia en la casa, en el colegio, ya robaban. Alertas -reiteró- que indicaban que esto iba a terminar mal y yo hoy quiero trabajar para prevenir. Llegar antes, no tiene que haber más casos como el de Kim”.

Está trabajando en el programa Entramados, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Destacó que “me permite conocer muchos municipios, ver distintas problemáticas, después de lo que pasó con mi hija hay municipios que están enfocando estos temas de una manera distinta”.

En su análisis, señaló que “hoy hay más información de los pibes, en ese aspecto se está mejorando”.

El lunes por la noche, horas después de que se conociera la decisión del Tribunal, concretaron una colecta de útiles escolares para colaborar con seis clubes de La Plata. Subrayó que “es el cambio que debemos intentar, son entidades que brindan una contención importantísima y nosotros estamos tratando de darles las herramientas”.

La organización de esta propuesta surgió a partir de una charla con su hijo del corazón Ciro, hermano de Kim, quien tiene 11 años. Contó que “siempre hablamos de las oportunidades. Le hacemos ver que él tiene su casa, su cama, sus actividades, útiles escolares, practica deportes, una realidad a la que muchos otros no acceden. Lo comprendió y está ayudando. Esa noche 300 chicos recibieron sus útiles, él repartió, no recibió nada, solamente el cariño y se fue a dormir bien”.

Ciro vive con la mamá Florencia y el papá. “Yo me encargo de la parte del deporte, lo llevo a entrenar. También a la escuela, medio que lo compartimos entre todos”, indicó Marcos.

Es un chico que “en los últimos años maduró mucho, pese a que todavía es un niño. Es raro poder explicarlo porque uno lo ve en el día a día, como habla, como pregunta. No queremos que crezca con odio, la vida es hermosa y él merece desarrollarse con esa certeza”.

Admitió que no es un proceso simple, por el contrario “cuesta, tiene todo el derecho a crecer con resentimiento por lo que pasó con la hermana, con una mirada distinta a la que intentamos mostrarle, pero él está entendiendo”.

La prevención y la ley

En un contexto complejo que presenta adversidades y con familias vulnerables, Marcos dijo que “hay chicos que verdaderamente necesitan ayuda, si no les damos las herramientas no tienen un futuro. Entonces tomé el compromiso de aportar lo que más pueda para ayudar y lo estoy haciendo”.

Cuando comenzó a involucrarse a través del mencionado programa de la Provincia, advirtió “distintas situaciones, la prevención más temprana es la que estamos haciendo en los clubes. Pero también nos encontramos con chicos que ya están contaminados, delinquiendo”.

El intento de “cambiar realidades” es una forma -planteó Marcos- de “buscar justicia de otra manera. Estamos haciendo numerosas cosas positivas”.

Tomó una postura pública sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, aprobada en el Congreso de la Nación. “Es un tema súper delicado, fui uno de los que salió a pedir la baja en la edad de imputabilidad. No es algo que resuelve el problema, pero un pedacito del problema sí lo soluciona porque hoy hay chicos que son muy violentos y solamente con una contención o con salir a abrazarlos, como dicen muchas personas, no alcanza. Hay pibes que realmente hacen daño y se debe trabajar de otra manera”, argumentó.

Marcos tiene una relación estrecha con Claromecó, forma parte de su identidad. “Voy desde joven, hace 12 años lo elijo para las vacaciones, hemos estado cuando se realizan las 24 Horas de la Corvina Negra. Nos brinda la tranquilidad que en la ciudad uno no encuentra”, expresó.

Cuando formó una familia, disfrutaron juntos vacaciones en la playa: “Mis nenes se criaron con los veranos en Claromecó, conocen los médanos, el camping de Luz y Fuerza. Es mágico para nosotros”.

El papá comentó que “Kim amaba Claromecó”. Este verano, el destino elegido fue otro. “Ciro me volvió loco para ir, es increíble como quizás él necesitaba estar cerca del mar. Voy a ser sincero, yo no me sentía preparado para entrar en el mar donde se bañaba Kim. Hablo y se me anuda la garganta”, señaló.

Por esta razón, decidió realizar un viaje más corto y llevó a Ciro a Pinamar. Allí tomaron un poco de arena, caracoles, piedritas y lo llevaron al lugar donde descansan los restos de la pequeña.

Tiene en claro que “en algún momento vamos a volver, nos trae muy lindos recuerdos. Ella armaba sus castillos, le encantaba la playa”. Agradeció a “mucha gente de Claromecó que me escribe, que alguna vez me abrió las puertas de su casa. Ahora me siento un poco más tranquilo conmigo mismo, tal vez pronto nos volvamos a encontrar con ese mar”.

Haber disfrutado encuentros, viajes, el tiempo juntos, adquiere un valor inmenso ante la ausencia. “Es una de las cosas que hoy más me llenan como papá y como persona. Hace algunos años, la vida me hizo dar ‘un click’, que no todo es material, hay que compartir momentos”, afirmó Marcos.

En esta línea de pensamiento, agregó que “mi hija tuvo una vida plena, el hermano también la tiene. Conocimos muchos lugares, pudimos viajar por todos lados, la nieve, el norte. Realizó sus actividades, fue una nena sana. No hay reproches”.

En el cierre de la entrevista, describió a Kim como “todo lo que estaba bien. Era luz, transmitía mucho amor, intentamos llevar su reflejo”.

El pasado 4 de febrero, la vulnerabilidad del servicio de Justicia en la provincia de Buenos Aires quedó expuesta de la manera más cruda. Un grupo de 20 personas armadas ingresó al Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín, amenazando de muerte al juez Nicolás Schiavo y a sus colaboradores para exigir la liberación de detenidos vinculados al narcotráfico. El hecho, calificado como de “extrema gravedad” por la Red de Jueces Penales, no fue aislado: episodios similares en Florencio Varela han encendido las alarmas sobre la seguridad de magistrados, empleados y ciudadanos que asisten a los tribunales.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, encabezada por Hilda Kogan, rubricó recientemente un convenio con el Ministerio de Seguridad para coordinar la asignación de personal policial en los edificios judiciales. Ante este nuevo escenario, La Voz del Pueblo dialogó con la doctora Fabiana Brandolín, titular del Tribunal Criminal N°1 de Tres Arroyos, para conocer cómo se vive esta tensión en el ámbito local.

A diferencia del convulsionado Conurbano, Tres Arroyos mantiene, por ahora, una dinámica de relativa calma. “Honestamente, y en lo personal, no hemos tenido situaciones de agresión directa a funcionarios”, afirma Brandolín. Sin embargo, la magistrada aclara que la presencia policial es una necesidad mecánica para el orden ritual del juicio: “Necesitamos custodia porque muchas veces se encuentran víctimas, victimarios y familiares; es ahí donde necesitamos mantener un orden”.

La jueza recuerda situaciones puntuales donde la tensión desbordó la formalidad, aunque sin apuntar contra los jueces. “Alguna vez un testigo se levantó y comenzó a agredir al imputado, y el fiscal tuvo que separarlos. Son ejemplos que tengo presentes porque me pasaron en un par de oportunidades”, relata.

Para Brandolín, la naturaleza del cargo implica convivir con la insatisfacción de alguna de las partes, pero eso no debería traducirse en violencia física. “Los procesos y las resoluciones no son para mantener una hinchada, sino que uno toma la decisión que cree que corresponde. Nunca la decisión de un juez va a satisfacer a ambas partes”, sentenció.

Si bien las intrusiones violentas no son moneda corriente en los tribunales tresarroyenses, Brandolín identifica un cambio en la forma en que se manifiesta la hostilidad. “Lo que se viene notando de un tiempo a esta parte es un crecimiento en las agresiones en los medios o en las redes sociales. Muchas de ellas ocultas detrás de identidades falsas, pero forma parte de este nuevo mundo”, reflexiona.

Este hostigamiento digital parece ser el escape de un malestar social que, en ciudades más grandes, ya ha saltado el mostrador de las mesas de entrada. Aun así, la magistrada insiste en que en el distrito no se han registrado hechos de gravedad: “Hay temáticas sensibles que generan cruzamientos, pero no puedo decir que en Tres Arroyos hayamos tenido agresiones físicas. Sí críticas, pero no intrusiones violentas o presencia de pancartas”.

El convenio firmado por la Corte y el Ministerio de Seguridad busca, precisamente, relevar quiénes cuentan con custodia fija. En Tres Arroyos, el diagnóstico revela baches que se espera cubrir. Según se pudo saber, el Juzgado de Garantías del Joven, ubicado en Moreno 777, se encuentra sin custodia policial desde el pasado mes de octubre.

“Nos falta personal”, admite la jueza, señalando que la falta de recursos humanos recarga de horas al personal existente. A pesar de estas falencias estructurales, Brandolín asegura no sentir temor por el futuro ni por la evolución del delito organizado en la región. “No me lo he planteado. Yo me he sentido siempre segura. Deseo mantener la templanza y ser discreta, porque la gente que se sienta en el banquillo tiene un grado de vulnerabilidad. Trato de manejar las situaciones sin abuso de autoridad y manteniendo el equilibrio”.

Al observar las noticias que llegan desde San Martín o Florencio Varela, la jueza local no puede evitar la comparación. “He visto funcionarios quebrados por la situación y me conmueve; no dejo de empatizar. Pero supongo que en el Gran Buenos Aires debe ser mucho más complejo. Tres Arroyos tiene un índice de inseguridad, pero aquello es incomparable”, sostiene.

Para la magistrada, la sobrepoblación y la escasez de recursos económicos en el Conurbano son caldos de cultivo para una violencia que, por el momento, resulta ajena a la realidad local. “Cuando veo esas situaciones, agradezco una y mil veces trabajar acá. Si en todo caso hubiere una evolución de la violencia en Tres Arroyos, se pedirán los recursos que hagan falta”, reconoció.

El ataque en San Martín generó una ola de reacciones en toda la Provincia. La Suprema Corte de Justicia, a través de su presidenta Hilda Kogan, y el ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, firmaron un convenio para establecer pautas coordinadas de asignación de personal policial. La medida busca evitar que los jueces trabajen en la indefensión.

Desde el Colegio de Magistrados de Bahía Blanca, el doctor Eduardo D'Empaire expresó su enérgico repudio: “Un hecho así expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones los trabajadores judiciales. Es un problema estructural que requiere respuestas urgentes de los poderes del Estado”. D’Empaire subrayó que, cuando un juez interviene, la sala de audiencias no le pertenece al magistrado, sino a la ciudadanía: “Es un ámbito público en el que la sociedad accede en busca de la tutela de sus derechos”.

Por su parte, la Red de Jueces Penales de la Provincia calificó lo ocurrido como de “extrema gravedad”, vinculándolo directamente con la asunción de competencias en la persecución del narcotráfico sin el traspaso de los recursos prometidos. “Las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad impiden tratar esto como un hecho puntual”, sentenciaron.

El convenio entre la Corte y el Ministerio de Seguridad marca un punto de inflexión necesario, pero el diagnóstico de fondo trasciende lo policial. Cuando la violencia intenta sentarse a la mesa de los jueces, lo que está en juego es la libertad misma de la sociedad. Tres Arroyos respira hoy una tranquilidad que conmueve por contraste, pero las alarmas encendidas en San Martín y Florencio Varela dejan una lección ineludible: la Justicia necesita temple para fallar, pero también un Estado presente que garantice que el único peso sobre el estrado sea, exclusivamente, el de la verdad.

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, según informó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X.

Milei recibió esta mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la novela por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.__IP__

El flamante designado en la cartera será secundado por Santiago Viola, un abogado muy ligado al círculo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los Menem, Eduardo y Martín. 

#AgenciaNA 

En el marco del acuerdo de trabajo conjunto que la Secretaría de Desarrollo Social tiene con Caravana, el titular de esa cartera, Martín Garate, y los responsables de la editorial, Mariana Fernández y Diego Slagter, entregaron libros a estudiantes y docentes que participaron de la última edición de Jóvenes y Memoria. Se acercaron al encuentro el prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Guillermo Torremare; la referente local del programa, Paula Capristo; y las inspectoras Karen Montes de Oca, de la Modalidad Artística y Eugenia Di Paolo, de Adultos. 

Jóvenes y Memoria es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria que propone a estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires la realización de un proyecto vinculado a los derechos humanos. Las escuelas de Tres Arroyos vienen teniendo una participación sostenida en este programa, que en 2025 se materializó en trabajos presentados por las Escuelas Secundarias 2, 4, 10 de Claromecó, 11 de San Francisco de Bellocq, Agrarias 1 y 2 de Micaela Cascallares, Colegio Hogar San José y CENS 451 de Claromecó. 

En esta oportunidad, los participantes recibieron ejemplares de dos obras editadas por Caravana y de especial significación: la historieta “Rúa”, del tresarroyense Fuchi Bayugar, en torno a la vida y la búsqueda de la familia de Sergio Rúa, detenido desaparecido de Venado Tuerto; y “Nosotras en libertad”, una colección colectiva de mujeres militantes y presas políticas argentinas.

La Justicia nacional electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires comenzará este miércoles con en el escrutinio definitivo de la elección que arrojó, por el momento, ganador a la lista de La Libertad Avanza que llevó como primer candidato a Diego Santilli por 46.600 votos.

El recuento que se hará en el Pasaje Dardo Rocha comenzará luego que el escrutinio provisorio llegó al 99%, dejando “afuera” 132.789 sufragios que podrían hacer variar la diferencia entre los principales oponentes.

Sin embargo, es complejo que haya un cambio de fondo, aunque lo que sí entrará en juego serán los votos considerados nulos que llegaron al 2,28% del total, es decir 206.177. Allí estará puesta la mirada de los fiscales, porque los votos impugnados y recurridos (que son los que suelen reclamarse) son muy pocos: 6.400.

La Junta ordenó a los apoderados y los fiscales de las agrupaciones políticas que participaron de la compulsa acreditarse para las jornadas que arrancan el miércoles. Cada fuerza podrá llevar hasta 50 fiscales que podrían seguir el recuento de las más de 36.000 mesas de votación y pedir eventualmente la apertura de urnas en los casos que existieran votos impugnados o dudas en el recuento de las actas.

Hasta el momento, La Libertad Avanza cosechó 3.605.127 votos (41,45%) en la categoría de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seguida por Fuerza Patria con 3.558.527 sufragios (40,91%). Esto permitió meter 17 legisladores a la alianza de Javier Milei y 16 al peronismo. En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores –Unidad obtuvo 438.747 votos (5,04%) y sumará dos bancas, y el resto no llegó al piso de los 3 puntos.

“Son 38.000 votos de 9 millones. Para colmo, hay ocho provincias donde los resultados son muy mínimos”, expresó el gobernador Axel Kicillof al analizar la performance electoral. “Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5%. Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre”, agregó, aunque reconoció que si bien la diferencia es “muy, muy pequeña, ganó La Libertad Avanza”. (DIB)

La Junta Electoral bonaerense rechazó este jueves por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones del 26 de octubre, después de la renuncia de José Luis Espert a la nómina libertaria.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

También dispuso “hacer saber al Ministerio del Interior y al Correo Oficial de la República Argentina que deberán continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral, en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

El organismo encargado de supervisar los actos electorales consideró en los fundamentos del fallo que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de las boletas a raíz de la dimisión del candidato liberal.

A su vez, la Justicia electoral precisó que la impresión y verificación de las 14 millones de Boletas Únicas de Papel ya estaba finalizada, y que una reimpresión "interrumpiría la logística vigente" y pondría en riesgo el cronograma electoral.

Según los informes técnicos, volver a imprimir las boletas tendría un costo superior a “12.000 millones de pesos” y demandaría al menos nueve días, un plazo incompatible con la distribución prevista del material.

La resolución fue firmada por Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Como consecuencia de la determinación de la Junta Electoral, la imagen de Espert continuará figurando en las boletas de LLA, a pesar de que Karen Reichardt y Diego Santilli ocuparán los primeros lugares de la lista en la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión se produce en medio de un clima de tensión en el gobierno del presidente Javier Milei, luego de la imputación de Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que motivó su renuncia a la candidatura.

La Justicia peruana dictaminó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El acusado permanecerá alojado en el penal de máxima seguridad de San Vicente de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser trasladado a la Argentina.

El sospechoso se negó a la extradición voluntaria, al tiempo que su defensa pidió que se aplique “el principio de humanidad” dado que es un “joven de 20 años”.

Durante la audiencia virtual llevada a cabo en la Comisaría de Chilcha, el abogado Marcos Sandoval remarcó que Valverde Victoriano es “inocente de todos los cargos” que formuló el fiscal Adrián Arribas y solicitó que se otorgue la libertad con comparecencia.

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal eximió a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad. En fallo dividido, la mayoría entendió que no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud.

El kirchnerismo celebró y habló de lawfare; desde la oposición cuestionaron el mensaje de impunidad. Juristas señalaron que acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal. 

El frente judicial de la exmandataria sigue abierto: Vialidad continúa y persisten otras causas con distintos grados de avance.

En el plano político, el fallo puede revitalizar a la líder peronista entre sus seguidores, mientras el oficialismo nacional insiste en reformar el sistema judicial. El debate sobre límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve al centro de la escena. (N.A.)

El Jurado Popular halló no culpable por mediar legítima defensa a Juan Ignacio Ostiza, el alambrador de 39 años que, el año pasado, durante una violenta discusión, hirió de muerte a uno de los tres colaboradores con los que se encontraba trabajando en un campo de Copetonas.

El veredicto absolutorio se escuchó poco menos de una hora después de la recepción de instrucciones por parte de la jueza Agustina Cedeira y permitió que Ostiza se retire en libertad tras escuchar su contenido.

La jornada de ayer comenzó a las 9.30 con la recepción del último testimonio pendiente y, tras eso, el imputado aceptó pronunciar sus últimas palabras, oportunidad en la recordó que la discusión se inició tras un reclamo salarial, precisamente un aumento que Lucas García le había pedido con anterioridad, el forcejeo previo y la herida mortal, luego de la cual él mismo recordó haberlo llevado a salita de atención médica de Copetonas.

Tras eso, se produjo la realización de los alegatos de la Fiscalía, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo en primer término, quien de manera subsidiaria a la carátula de “homicidio simple” con la que había logrado llevar al imputado a juicio, propuso la posibilidad de que sea condenado como autor de un “homicidio con exceso de legítima defensa”, a raíz de la utilización de un cuchillo para defenderse, cuando, según el Ministerio Público, no se hallaba probada la existencia de heridas generadas supuestamente por la primera agresión ejecutada por Lucas García cuando el acusado estaba cocinando.

En tanto, la defensora Elisa Hospitaleche, luego de hacer alusión a ciertas actuaciones policiales aparentemente viciada de nulidad, pidió que sea declarado no culpable por hallarse ante un caso de legítima defensa, porque, según su argumento, “o lo dejaba que (Lucas García)  lo golpeara nuevamente o se defendía”.

Antes de cerrar el debate, Ostiza aprovechó nuevamente la posibilidad de hablar y le pidió perdón a la familia de Lucas García, “no fue mi intención que pase esto”, dijo.

Posteriormente, se dio paso a un cuarto intermedio hasta el conocimiento del veredicto de “no culpabilidad”.

“Yo no provoqué esto”

Al salir de la sala de audiencias del Tribunal Criminal N°1, y antes de tomar contacto con los familiares que estaban esperándolo, Juan Ignacio Ostiza compartió su impresión de lo ocurrido con LA VOZ DEL PUEBLO, “me pareció lo más justo que pude escuchar. Yo nunca tuve mala intención, yo no provoqué esto”.

Juan Ignacio Ostiza fue detenido inmediatamente el 4 de septiembre de 2024, el mismo día en que se produjo la muerte de Lucas Tomás García.

Durante el proceso, se le dictó la prisión preventiva en el marco de una causa por “homicidio simple”, un delito con una pena que va de 8 a 25 años de prisión, y pasó más de tres meses en un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una experiencia que ahora verá la manera de superar, “voy a tratar de recuperar mi vida. Esto es algo que tenía trabado y con lo que no podía vivir. Quiero estar con mi familia, lo que hice siempre”, dijo antes de referirse brevemente a los detalles de lo que fueron estos meses, “fue algo duro, triste, porque yo no busqué esto. Estar en prisión es algo feo que no se lo deseo a nadie. Es muy duro  no se lo deseo a nadie”, insistió.

Al ser consultado sobre cómo ve el futuro, respondió: “no sé que voy a hacer, primero necesito unos días para despejar mi mente y después veré que hacer. Mi familia me acompañò en todo momento”, dijo.

A su lado estaba la doctora Elisa Hospitaleche, quien subrayó el convencimiento que siempre tuvo acerca de la responsabilidad de su cliente en este hecho, “primero y principal estoy contenta de que se pudo realizar un Juicio por Jurados. Segundo, esto forma parte de lo que es la determinación de la Justicia, una tarea difícil para los jueces pero que lo haga gente común también es importante”.

La jueza Agustina Cedeira escucha el veredicto del Jurado

“Yo vengo sosteniendo la no culpabilidad de Ignacio desde el primer momento, así que considero que es una decisión lógica, que se corresponde con lo que nosotros demostramos”, concluyó.

Por su parte, el fiscal Gabriel Lopazzo prefirió no emitir comentarios al respecto y se retiró de la sala en silencio.

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