El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Bases y el paquete de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a través de los Decretos 592 y 593, publicados esta madrugada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras arduas negociaciones con la oposición dialoguista, que logró cambiar varios artículos, Milei finalmente obtuvo el nuevo paquete de leyes “fundamental”, según su criterio, para llevar adelante las transformaciones que quiere para la Argentina. La reglamentación se produce en la previa a la firma del Pacto de Mayo en la que el Gobierno buscará lograr el compromiso de distintos sectores, dirigentes y gobernadores sobre diez puntos relacionados a su plan económico, social y político.

En tanto, con la ley Bases Milei logró tener el visto bueno para avanzar en cambios profundos cambios en prácticamente todas las áreas de la vida cotidiana: relaciones laborales, empleo, obras públicas, entre otras.

En ese sentido, en el artículo 1° de la Ley Bases se declara “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año” y se delegan “en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, uno de los puntos que más controversia generó.

Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.(DIB)

El oficialismo cantó hoy victoria tanto con la Ley Bases como con el paquete fiscal y los artículos más discutidos sobre el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Si bien los resultados marcan mayorías relativamente cómodas, tuvo que sudar la gota gorda en algunos casos, y dejar varias reformas en el camino, que seguramente serán retomadas más adelante con nuevas leyes específicas.

La Ley Bases 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones. 

Apoyaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la mayor parte de la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias.

En contra votaron el bloque de Unión por la Patria, los cinco integrantes del Frente de Izquierda, los dos diputados socialistas de Santa Fe (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Natalia De la Sota de Hacemos Coalición Federal.

Se abstuvieron Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Mónica Frade (Coalición Cívica)

En la reposición de la cuarta categoría de Ganancias, la distribución fue parecida, pero con mayor fragmentación en bloques de la oposición dialoguista como la UCR.

Este capítulo, que obliga a volver a gravar los ingresos salariales superiores a los 1.800.000 pesos, fue aprobado con 136 votos positivos, 116 negativos y tres abstenciones (Roxana Reyes, Silvana Ginocchio y Mónica Frade).

Unión por la Patria votó en contra con la excepción de los tres catamarqueños (Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Noblega), y también se opusieron a la vuelta de Ganancias los cinco representantes de izquierda, los dos socialistas, De la Sota (HCF), Acevedo (Por Santa Cruz), Jorge Ávila (HCF), Fernando Carbajal (UCR), Carla Carrizo (UCR), Mariela Coletta (UCR), Marcela Coli (UCR), Pablo Juliano (UCR), Osvaldo Llancafilo (MPN), Facundo Manes (UCR), Ana Clara Romero (PRO), Danya Tavela (UCR) y Martín Tetaz (UCR).

La reforma de Bienes Personas, que incluye una rebaja de las alícuotas, terminó con 134 votos afirmativos, 118 negativos y tres abstenciones (Frade, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer).

En contra votaron, además de Unión por la Patria y la izquierda, Fein (Socialista), Paulón (Socialista), De la Sota (HCF) , Acevedo (PSC), Jorge Ávila (HCF), Fernando Carbajal (UCR), Carrizo (UCR), Coletta (UCR), Coli (UCR), Juliano (UCR), Manes (UCR), Emilio Monzó (HCF), Florencio Randazzo (HCF), Tavela (UCR). (NA)

Luego de más de trece horas de gestión y mucha expectativa oficial, el Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de Diputados le aprobara las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de debate, con un estrepitoso intento fallido durante el verano, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas.

Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos, y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas.

Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

La sanción definitiva de estas dos iniciativas representa un hito y una bisagra en la gestión del líder libertario por el volumen de reformas que contiene cada una de ellas, y fundamentalmente por el mensaje político que irradia hacia los actores económicos que están escrutando el devenir del país.

En un escenario de semejante inestabilidad económica, con el riesgo PAIS disparado, las acciones y bonos argentinos en picada y el dólar paralelo en valores récord, la noticia de que el Gobierno logró amansar al sistema político mediante acuerdos parlamentarios que cristalizaron en leyes insignia, no es poca cosa para Milei y un Gobierno que navega en la oscuridad sobre aguas inciertas.

La gesta del Gobierno había empezado con tropiezos, luego de que fracasara en su primer intento de aprobar una mega ley ómnibus presentada en diciembre con 600 artículos. Luego de pasar por muchos filtros, que fueron desmalezando la redacción sucesivamente en Diputados y en el Senado a instancias de la oposición dialoguista, el texto de la ley Bases avalado en ambas cámaras quedó reducido a la mitad.

Sin embargo, en la versión original no incluía la reforma de modernización laboral, que entre otros aspectos reduce o elimina multas por no registración y amplía el período de prueba que actualmente es de tres meses y lo lleva a un rango de entre seis y 12 meses dependiendo del tamaño de la empresa u organización.

Quedaron afuera del recorte la eliminación de la moratoria previsional, por lo que el régimen especial que permite regularizar deudas previsionales y otorgarles la jubilación a personas que no llegaron a los 30 años de aportes al SIPA, seguirá vigente. 

Con estas dos leyes emblemáticas bajo el brazo, Milei encabezará el mentado “Pacto de Mayo” el próximo 9 de Julio en Tucumán, en ocasión del Día de la Independencia.

Tras haber acusado de “nido de ratas” al Congreso y de defenestrar a la oposición dialoguista en reiteradas ocasiones con improperios de la misma naturaleza, la escenificación a toda pompa que Milei prepara para esa fecha será su forma de cerrar las heridas, pasar de página y coronar este proceso que costó seis meses de desgastantes negociaciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el artesano de esos acuerdos y fue espectador de lujo de la sesión desde el palco del recinto, donde se sentó junto a la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

Tampoco se perdió el “last dance” de la Ley Bases la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien arribó con séquito de custodios y asesores, y otros dos negociadores clave como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibárzabal.

El debate en el recinto

Al abrir la discusión, el presidente de la comisión de Legislación General e miembro informante del oficialismo, Santiago Santurio (LLa-Buenos Aires), se quejó de que recién luego de seis meses se está aprobando la primera ley del gobierno de Javier Milei.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), afirmó que la ley Bases “viene a plantear un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país”.

Sostuvo que “es imperioso” avanzar con la aprobación definitiva de la norma para “crear las condiciones de un país próspero” y “para salir del pozo en que nos hundió el kirchnerismo”.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva calificó de “engendro” a la de Ley Bases y al Paquete Fiscal, y propuso renombrar el “Pacto de Mayo” al que convoca el presidente Milei como “Pacto de Cipayos”.

En tanto, la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato defendió la legalidad del tratamiento de la restitución del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, dos capítulos que habían sido rechazados en el Senado, y cuestionó la estrategia de judicialización que prepara un sector de la oposición.

“Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora”, advirtió.

Desde la UCR, el diputado Lisandro Nieri destacó los aportes realizados por los senadores RIGI, ya que “son superadores”, pero se quejó de que se haya sacado de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión y Correo Oficial.

“Nos queda el sinsabor de haber restado empresas, habíamos quedado en 9 empresas sujetas a privatizaciones, y a nuestro entender esas nueve empresas era algo absolutamente razonable”, indicó.

Por su parte, la diputada Florencia Carignano (UP-Santa Fe) dijo que la ley que se iba a aprobar es un “industricidio” ya que el RIGI es “la entrega de los recursos naturales a cambio de nada”.

A su vez, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca, señaló: “Dijeron que iban contra la casta, pero utilizan los mismos métodos de la casta: la compra de votos y atacando a los trabajadores”.  (NA)

El proyecto que será tratado hoy en Diputados junto a la Ley Bases contempla una serie de modificaciones importantes en relación al monotributo que rige hasta la actualidad:

La iniciativa del Ejecutivo supone una actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y eliminaría la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.

En detalle, si se aprueba el proyecto, los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto ascendería a 68 millones de pesos.

Además, habría un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado, y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar irían de $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Actualmente los montos van de $12.128 a $66.111.

Asimismo, se fijaría en $385.000 el precio unitario de facturación tanto para quienes ofrezcan servicios como para quienes vendan productos y se establecería una actualización anual por inflación.

Por otro lado, el proyecto de reforma del régimen simplificado para pequeños contribuyentes prevé la posibilidad de regresar por única vez a quienes hayan pasado al régimen general por haberse excedido en el tope permitido.

El nuevo régimen de monotributo “incluyó en el dictamen de mayoría firmado un artículo que posibilita que aquellos que fueron excluidos de oficio a partir del 1° de enero de este año puedan volver al régimen sin esperar los tres años, si cumplen con los nuevos parámetros”, explicó el Blog del Contador.

Al respecto, el texto del artículo 104 dispone que “podrán volver a ingresar al monotributo los excluidos de pleno derecho, es decir aquellos que se hayan excluido voluntariamente o de oficio por parte de AFIP. Los únicos que no podrían volver serían los que renunciaron al régimen”, detalló.

Qué pasará con los monotributistas sociales

Con la eliminación del monotributo social, los titulares de este régimen tributario simplificado para los trabajadores de menores ingresos y sin una facturación regular, pasarían de pagar $3.200 a $26.600 en la categoría más baja del monotributo general a los 90 días de promulgada la ley.

Según los últimos datos difundidos en abril por la Secretaría de Trabajo correspondientes a enero, los titulares del monotributo social superan los 620.000, más del doble que una década atrás. Entre ese mes de 2014 y enero de 2024, la cantidad de adherentes al monotributo social aumentó un 111%, pasó de 294.183 a 620.120, según el análisis realizado por Infobae de los datos oficiales.

Cabe recordar que, a diferencia del monotributo común, en el monotributo social está subsidiado el 100% del pago del componente impositivo y del previsional, y el 50% de la obra social. Por lo tanto, un monotributista social paga únicamente el 50% restante de lo que corresponde a la obra social. (Infobae).

La Cámara Baja dará el ok al dictamen del Senado. Excluyen así a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la listas de empresa a privatizar.

La cámara de Diputados tratará el jueves el proyecto de Ley Bases luego de que un plenario de comisiones aprobara hoy un dictamen de mayoría que expresa el acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques de la llamada oposición dialoguista, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, aunque algunas de estas bancadas mantuvieron disidencias parciales.

El proyecto que según la convocatoria formal se tratará el jueves desde el mediodía tiene el respaldo de 66 firmas y como se preveía conserva las modificaciones que el Senado le introdujo a la iniciativa que había sido aprobada por la cámara Baja en primera instancia. La más importantes es la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas a privatizar.

Antes de que las comisiones de Legislación General y Presupuesto dieran el ok al texto, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico de esa cartera, María Ibarzabal Murphy , se reunieron para terminar de anudar un acuerdo con representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

La exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de la nómina de empresas a ser privatizadas sigue siendo motivo, sin embargo, de diferencias entre los bloques. Por caso, la bancada de Pro firmará el dictamen en disidencia por considerar que esas tres compañías deberían pasar a manos privadas, anunció la diputada Silvana Giudici.

Giudici le respondió a Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, quien minutos antes había fundamentado que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlo del tratamiento antes de la votación en general.

La CC también anunció que respalda pero con disidencias.

El RIGI, un punto central que ha sido duramente cuestionado por el gobernador Axel Kicillof en las últimas horas, será aprobado tal como salió del Senado. Kicillof lo cuestiona por sus efectos económicos y en un marco especial: el Gobierno, a través del CEO de IPF, Horacio Marín,  presionó para que la inversión de esa estatal junto a la malaya para construir una planta de GNL en Bahía Blanca quede condicionada a la adhesión de la Provincia al RIGI.

Ahora, se espera que diputados avance con el paquete fiscal, pero en este caso metodología sería inversa: Diputados votaría el proyecto original y daría la espalda a los cambios que introdujo el Senado. En la práctica, significa dar el OK a la reposición de la cuarta categoría de ganancias que la cámara Alta había eliminado, la elevación del piso para Bienes Personales y el Blanqueo de Capitales, entre los puntos más importantes. (DIB) AL

La sesión en la Cámara de Diputados para ratificar o no los cambios efectuados a la Ley Bases y la iniciativa de Medidas Fiscales del Gobierno tiene fecha: jueves 27 de junio.

Hasta el martes 25, cuando se firmarán los dictámenes, los distintos bloques tendrán tiempo para analizar qué hacer con los distintos aspectos de ambas leyes que quedaron abiertos después de las modificaciones que aplicó el Senado.

También en esa cuenta regresiva se llevarán adelante febriles negociaciones con el Poder Ejecutivo. Hasta la reunión del jueves por la tarde con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los bloques de la oposición dialoguista en Diputados tanteaban a ciegas en la oscuridad de la discusión porque no sabían exactamente cuáles eran las pretensiones reales del Gobierno sobre temas como impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, privatizaciones y moratoria previsional.

Los líderes de estos espacios, como Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Pichetto salieron del despacho de la presidencia de la Cámara baja con mayores certezas, ya que Francos les había transmitido cuáles eran las prioridades del Gobierno.

Habiendo cargado esa información en su GPS, ya pueden empezar a navegar en la negociación sobre aguas más limpias. Concretamente, el Gobierno les pidió que rescaten la reposición de la cuarta categoría de Ganancias y el sendero de rebaja progresiva de Bienes Personales, tal como había quedado en la media sanción de Diputados.

Esa es la prioridad número uno. Se podrán restituir esos artículos con apenas los votos de la mitad más uno de los presentes, ya que el Senado las rechazó con esa misma mayoría simple.

En segundo lugar, Francos les pidió a los dialoguistas que hagan esfuerzos para reponer todos aquellos aspectos de la media sanción original que tengan la fuerza para hacerlo.

El foco del Gobierno está puesto especialmente en volver a incluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y -quizás- los medios públicos de Radio Televisión Argentina dentro del listado de empresas públicas declaradas privatizables. 

La eliminación de la moratoria previsional, que estaba en la media sanción aprobada por Diputados, fue revertida en el Senado. En este punto, el Gobierno prefiere no gastar cartuchos y no interferir en la discusión que inevitablemente se darán los diputados nacionales, para no generar un desgaste adicional.

Suficiente desgaste ya tendrá el oficialismo cuando intente resucitar las reformas del paquete fiscal. Además, la moratoria jubilatoria vencerá el 23 de marzo del 2025, por lo que no tendría demasiada utilidad inmolarse por algo que efectivamente tiene un costo fiscal este año, pero acotado en plazo.

Con el tema privatizaciones hay una discusión reglamentaria, y dos bibliotecas que chocan en la interpretación. Hay quienes dicen que como los recortes en la lista de privatizables ya estaba acordado cuando el texto se aprobó en general en el recinto del Senado (a diferencia de Ganancias y Bienes Personales que cayeron del articulado en la votación en particular), ya no tienen posibilidad de ser revertidos. De esa forma, Aerolíneas, el Correo y los medios públicos quedarían a salvo de cualquier intento de privatización.

Pero en el Gobierno, el oficialismo y algunos bloques cercanos como el PRO y la UCR (a excepción de sus alas díscolas) sostienen que esto no es así y que si Diputados consigue una mayoría más grande que la que consiguió el Senado para tumbar esos artículos, se impondrá la ley del más fuerte y vencerá el texto aprobado por la cámara iniciadora.

Como el capítulo de privatizaciones se votó en particular en el Senado sin una mayoría especial, entonces con mayoría simple Diputados podrá hacer valer su redacción, dicen quienes abonan esta interpretación reglamentaria.

El Senado de la Nación aprobó esta noche el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), facultades delegadas, impuestos al tabaco y el paquete de privatizaciones, los puntos que mayor conflicto suscitaron en la discusión de la Ley de Bases. 

El RIGI fue acompañado, inclusive, por tres senadores kirchneristas: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Mendoza). Por lo tanto, el oficialismo alcanzó los 38 votos positivos. 

De la mayoría que había consolidado el oficialismo, con 36 voluntades, no acompañó en este punto el senador Edgardo Kueider (Entre Ríos). En este contexto, la minoría quedó con 32 votos negativos. 

En facultades delegadas, los senadores radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad votaron en contra, pero los zigzagueantes santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano fueron la garantía para el oficialismo, tras hacerle temblar el quorum ayer, al levantarse de sus asientos. 

De esta manera, la votación quedó 35 a 35 y volvió a desempatar la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, como en la votación en general, ya que Lousteau y Abad quedaron del lado del kirchnerismo que aglomera 33 escaños. 

La misma maniobra replicaron Carambia y Gadano durante la votación del paquete de empresas a sujetas a privatizar o de privatización parcial. En tabaco, el kirchnerismo volvió a aportarle porotos al oficialismo, algo similar ocurrió en Diputados. 

El título que le impone incrementos en los aranceles al tabaco salió con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones, varias de ellas motorizadas por el kirchnerismo duro, al igual que los votos negativos. (NA)

El mercado financiero responde con marcadas subas en especial los papeles bancarios a la aprobación de la Ley Bases que en las últimas horas se produjo en el Congreso Nacional.

Las operaciones de “pre market” muestran alzas del orden de 5% en las acciones de los bancos Galicia, Macro y Superville, mientras que YPF, Vista y Cresud muestran mejoras superiores al 1,5%.

Un panorama similar se presenta en los bonos soberanos con incrementos que fluctúan entre 3 y 9%.

Los inversores habían estado cautelosos en las jornadas previas e incluso hubo venta de bonos que llevaron al Riesgo País a rozar los 1.600 puntos.

Pero despejada la incertidumbre por la aprobación de la Ley Bases se observa un cambio de clima que queda por observar si se consolida con el correr de la jornada.  (NA)

El Senado aprobó este miércoles por la noche la Ley de Bases en general con 37 votos positivos contra 36 negativos, tras el desempate propinado por la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, en medio de un clima de tensión dentro y fuera del recinto.

En el hemiciclo senatorial, el nerviosismo se reflejaba por el ajustado “poroteo” con el que oficialismo encaró la votación en general. En tanto, fuera del Congreso de la Nación el eje de tensión se dio por los serios incidentes entre las fuerzas de seguridad federales y manifestantes de izquierda y sindicatos afines al kirchnerismo.

L composición del voto de rechazo contra la ley Bases fue formada por el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa). Ambos conforman un interbloque de 33 senadores a los que se le plegó el bloque santacruceño, que integran José María Carambia y Natalia Gadano, y el radical Martín Lousteau (CABA).

En la vereda del frente, LLA logró aglomerar y sellar 36 voluntades, tras la maniobra de Carambia y Gadano que el martes dieron la sorpresa al romper el piso de 38 votos con el que contaba la Casa Rosada, ya que Lousteau ya había advertido que presentaría su propio dictamen, dejando en claro que votaría en contra del proyecto y defendería su propio texto en la sesión.

Los escaños que apoyaron a LLA vinieron por parte del radicalismo, que aportó 12 votos para la general; seis del PRO; tres de Cambio Federal; uno de Comunidad Neuquén, con la zigzagueante Lucila Crexell; dos del Frente Renovador de la Concordia; uno de Juntos Somos Río Negro; uno de Por la Justicia Social; tres de Unidad Federal; y los siete libertarios. A este número se le sumó el voto de Villarruel para llegar a los 37 contra los 36 opositores.

Una de las dudas marchaba sobre si la vice estaría o no al momento de votación presidiendo la sesión. La incógnita radica en el viaje que tenía planeado realizar el presidente Javier Milei este jueves por la madrugada a Italia para participar de la cumbre del G7. Si esto sucedía, Villarruel debería hacerse cargo del Poder Ejecutivo nacional.

En este caso, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, tendría voto doble; es decir, votaría primero en su calidad de senador en ejercicio y, posteriormente, lo haría como titular de la Cámara alta en reemplazo de Villarruel. Despejada esta duda, este escenario podría aplicarse en la del paquete fiscal, cuyo debate estaba previsto para iniciarse al término de la votación en particular de Bases.

Según fuentes consultadas. en Balcarce 50, el jefe de Estado no tenía una hora fijada para partir hacia Europa. A su vez, no se descartaba la posibilidad de que se demorara la salida del vuelo para que Villarruel pudiera desempatar la votación en la Cámara alta en Bases, de ser necesario.

El debate de la ley de Bases inició pasadas las 10 de este miércoles con la lectura por parte Abdala del dictamen de mayoría. En su alocución, el senador riojano expuso las primeras modificaciones que realizó el oficialismo para contentar a varios legisladores dialoguistas, pero que iban a votar contra las facultades delegadas y el capítulo de privatizaciones.

Las compañías estatales que quitaron fueron Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Otro cambio fue la prohibición de la disolución de los organismos de cultura en el artículo 3. Más tarde, ya entrada la noche, profundizó en más retoques, pero esta vez en el cuestionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) referidos a la liquidación de divisas, entre otros. Otro punto en el que el oficialismo debió ceder es en el plano previsional.

En esta línea, la senadora cordobesa Alejandra Vigo propuso la eliminación del capítulo alusivo y la Casa Rosada aceptó. De esta manera, se mantendrá la moratoria que permitía hacer un plan de pagos para comprar aportes para llegar hasta los 30 años, y se elimina el mecanismo para jubilarse cobrando una prestación proporcional menor al haber mínimo.

El Gobierno también accedió a incluir un artículo para que se terminen las obras públicas que estuvieran ejecutadas en un 80 por ciento o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción, en un claro guiño a Lousteau, dado que fue un expreso pedido del correligionario.

El cierre estuvo a cargo de los jefes de bloque. Por parte de LLA, lo hizo el senador Ezequiel Atauche quien sostuvo que los “argentinos votaron un cambio” y resaltó: “El Gobierno lo aclaró: esto no va a ser fácil y aplaudo a los que siguen manteniendo ese camino porque si uno sale a la calle se da cuenta”.

“Cumplimos promesas de campaña, algo inédito. Dijimos que íbamos a reducir el gasto público y lo hicimos, redujimos 15 puntos del PBI, redujimos impuestos, comenzamos con una reforma monetaria”, sostuvo el representante de la Provincia de Jujuy.

Por su parte, el cordobés Luis Juez fustigó contra el kirchnerismo, pero también apuntó contra el Ejecutivo: “Advertimos al gobierno, que tiene una terrible inexperiencia en materia parlamentaria (que por momentos asusta), de que la ley como estaba antes no iría a pasar por el Senado”. No obstante, afirmó que el PRO acompañaría “convencido” de que este Gobierno “se merece tener una hoja de ruta y los argentinos una idea sobre adónde ir”.

El radical Eduardo Vischi (Corrientes) fue uno de los más optimistas con el oficialismo: “Debemos tener un poco de buena fe con un gobierno que recién empieza y fue elegido por el pueblo argentino. No creo que Milei sea el cambio. El argentino cambió y colocó a Milei para que haga el cambio que la política no pudo hacer. O la dirigencia cambia o la gente nos cambia”.

Mientras que el kirchnerismo, como era de esperar, esbozó los discursos más pirotécnicos. Mayans cargó contra Milei: “Nosotros no vamos a acompañar porque no creemos que a esta persona se le puede dar poder absoluto, porque violaríamos la Constitución Nacional y para eso existe la división de poderes. Éso es el Estado, éste no tienen ni la más mínima idea y anda cantando en el Luna Park”.

Di Tullio, a su parte, lanzó: “No creo que este sea el cambio que los argentinos quieren. Sigue siendo invotable este proyecto por más esfuerzo que hayan hecho. No hay ningún solo artículo que beneficie al pueblo argentino”. (NA)

Al menos diez personas fueron detenidas en las últimas horas por haber estado implicadas en los incidentes en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las protestas contra la Ley de Bases que se trataba en el Senado.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad, aunque se aclaró que probablemente la cifra aumente porque los incidentes aún no habían cesado.

Los manifestantes lanzaron piedras contra los uniformados en las calles laterales del parlamento y estos respondieron con gas pimienta y fuertes chorros de agua.

Además, participantes de la marcha dieron vuelta y prendieron fuego un auto del medio Cadena 3, de Córdoba, mientras que luego realizaron lo mismo con dos vehículos más, pero la policía y bomberos actuaron rápidamente e impidieron que las llamas avanzaran sobre los rodados. (NA)

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizaron este miércoles momentos de tensión frente al Congreso, en momentos en que se trataba en el Senado el proyecto de la Ley de Bases, mientras que arrojaron gases lacrimógenos que afectaron, entre otros, a cinco diputados kirchneristas, quienes debieron ser asistidos por servicios de emergencia.

En ese marco, una de las imágenes del día fue cuando los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y posteriormente lo prendieron fuego en las inmediaciones del Congreso.

Los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos por la tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Esos diputados realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaron algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

“Empezamos a caminar hacia la Plaza y empezó a acercarse gendarmería y la Policía a rodearnos y a tirar gases”, se quejó la diputada Cecilia Moreau, hija de Leopoldo Moreau, en declaraciones a la prensa.

“Nos identificamos como diputados y la respuesta fue tirarnos gases”, lamentó por su parte su compañero de bancada Pedrini.

Los cinco diputados afectados en los ojos por los gases recibidos debieron concurrir al Hospital Oftalmológico Santa Lucía. 

Horas más tarde, los incidentes retornaron con los manifestantes lanzando piedras a los uniformados y estos respondiendo con gases y chorros de agua, mientras que instantes después se produjo la quema del auto del medio Cadena 3.

De esa situación se hizo eco el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales: “Tiran piedras a las fuerzas de seguridad. Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina”, escribió el funcionario.

(Noticias Argentinas).

El oficialismo anunció hoy que no se privatizará las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) al proponer eliminar del dictamen de mayoría la venta de estas firmas públicas, ya que no reunía los votos para lograr su aprobación, en el debate de la Ley Bases que se discute  en la sesión especial de la Cámara de Senadores.

La decisión se adoptó debido a que la Libertad Avanza no tenía los votos necesarios para aprobar estos artículos ya que se oponían a estas medidas los bloques dialoguistas que votarán a favor en general de este proyecto clave para el Gobierno Nacional.

El senador Bartolomé Abdala (LLA-San Luis) informó que no estarán en la lista de empresas a privatizar en su totalidad Aerolíneas Argentinas y Radio Televisión Argentina (RTA) ni el Correo oficial, aunque en este caso se proponía una concesión parcial, con lo cual solo se podrán la venta de Enarsa e Intercargo.

De esta manera, se mantiene en el dictamen de mayoría la privatización parcial para facilitar incorporar el capital privado de Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa),  Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.

Además el capitulo de privatizaciones contempla que la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales. (NA)

Con los números justos para el quorum, el Senado de la Nación inició este miércoles pasadas las 10 el debate en el recinto de la Ley de Bases y el paquete fiscal, ambos mega proyectos promovidos por la Casa Rosada en el inicio del mandato del presidente Javier Milei. De tener la luz verde de la Cámara alta, deberán regresar a la Cámara de Diputados por las modificaciones que sufrieron durante el tratamiento en comisiones.

Tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal se debatirán por separado y la votación será por capítulos, según quedó diagramada la discusión en el hemiciclo senatorial durante la reunión de labor parlamentaria que encabezó el lunes la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, con los jefes de los bloques.

En el cónclave, los presidentes de los espacios acordaron que tendrán 10 oradores por bloque en el tramo que comprenderá la ley de Bases. El peronismo, que se divide en dos bloques, pero funciona como interbloque en la práctica, también se ajustará a la propuesta realizada por el oficialismo.

Es decir, el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa), se repartirán los 10 discursos de un total de 33 senadores que componen ambos espacios. Por otro lado, en el paquete fiscal la lista de oradores se reduce a 5 por bloque con la misma lógica que en Bases.

A esto se sumarán los discursos de cierre de los presidentes de los bloques y miembros informantes. A su vez, no descartan que la sesión pueda dividirse en dos partes con un cuarto intermedio como ocurrió en la Cámara baja durante el debate de la ley de Bases madre, en febrero pasado. “Si amerita va a haber“, sostuvo a NA una de los protagonistas de la reunión.

En este contexto, se espera que la discusión de la ley de Bases, previa al inicio de su votación en general y particular, respectivamente, dure más de 6 horas. Por lo tanto, el proceso de votación se extendería hasta el final del miércoles. Este escenario resalta la idea de un eventual cuarto intermedio que se retomaría con el debate del paquete fiscal el jueves. 

La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.

El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10, y  la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones  (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares y esta destinados a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que  una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.

Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se deben limitar aun más el Rigi para no perjudicar a las empresas nacionales.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahi se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolineas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.

Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros  y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de  2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.  (NA)

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, encabezó ayer por tarde la reunión de labor parlamentaria con los jefes de los bloques en la que diagramaron la sesión del próximo miércoles en la que se debatirá la ley de Bases y el paquete fiscal. 

En el encuentro, que inició pasadas las 18 en el despacho de Villarruel y se extendió hasta casi las 20, se definió que ambos mega proyectos se debatirán por separado y la votación será por capítulos, según especificaron fuentes libertarias al tanto del cónclave a Noticias Argentinas.

Para la discusión de Bases en el hemiciclo senatorial, los titulares de los bloques acordaron que tendrán 10 oradores por bloque. El peronismo, que se divide en dos bloques, pero funciona como interbloque en la práctica, también se ajustará a la propuesta. 

Es decir, el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa), se repartirán los 10 discursos de un total de 33 senadores que componen ambos espacios. 

Por otro lado, en el paquete fiscal la lista de oradores se reduce a 5 por bloque con la misma lógica que en Bases. A esto se sumarán los discursos de cierre de los presidentes de los bloques. 

A su vez, no descartan que la sesión pueda dividirse en dos partes con un cuarto intermedio como ocurrió en la Cámara de Diputados durante el debate de la ley de Bases madre, en febrero pasado.

Esta modalidad vaticina una profunda discusión tanto en Bases como en el paquete fiscal. El dictamen de mayoría que logró llevarse el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado 29 de mayo no conformó a muchos. Eso quedó plasmado con la gran cantidad de firmas en disidencia.(NA)

Tras casi un mes de tratamiento en comisiones, el oficialismo consiguió el jueves pasado las firmas de los dictamen de la ley de Bases y el paquete fiscal que le permitirán sesionar en el recinto del Senado de la Nación.

Para lograrlo, el Gobierno nacional debió ceder en más de 40 modificaciones que fueron motorizadas por los bloques dialoguistas nacionales y bloques pertenecientes a partidos provinciales.

A continuación uno por uno, los principales cambios que aceptó La Libertad Avanza: 

Se trata del capítulos que más cuestionamientos aglutinaba en términos de transversalidad partidaria. Sobre todo, la restitución de la cuarta categoría de Ganancias abroquelaba a las provincias de la Patagonia.

Por esa razón, el oficialismo incrementó en 22 por ciento en mínimo no imponible para los habitantes sureños. Sin embargo, esto no conformó a otros senadores y gobernadores del centro de la Argentina, que también cuentan con asalariados con altos ingresos.

Con respecto al blanqueo, los dos cambios sustanciales que se sumaron al texto fueron la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen. A su vez, tampoco podrán hacerlo aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en los últimos 10 años.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los ejes de discusión que atravesó cada sesión informativa que se desarrolló durante mayo. En ese punto, el Gobierno limó la redacción del artículo 163, que vulneraba algunos aspectos de las autonomías provinciales.

También, agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Equipararon también a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios.

Se trata de una de las concesiones de último momento que realizó el oficialismo, a pedido del senador José María Carambia (Santa Cruz). El representante sureño se llevó una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento.

“Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”, indica el texto acordado.

En este punto, el Ejecutivo concedió modificaciones en la amplia redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismo e instituciones públicas que el Gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución.

Entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En esa línea, y también por petición de los correligionarios, se añadió un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. 

El plenario de comisiones que trata de la ley de Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, que estudia el paquete fiscal, entraron en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según especificó el senador y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), quien también confirmó que darán respuestas en las próximas horas a los senadores que presentaron modificaciones.

“Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con al ley. Es necesario que se analicen todos las propuestas“, lanzó Abdala. Además, aseguró que en las próximas horas circulará un dictamen que les permita que ambos mega proyectos vayan tomando forma, a partir de las modificaciones realizadas.

La intervención de Abdala se dio sobre el final del plenario de comisiones que trata la ley de Bases, bajo un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza intentó apurar hoy, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).

El oficialismo llegó esta mañana a la Cámara alta con el objetivo se llevarse las firmas, al menos en disidencia, de aquellos senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada.

Ayer, el paquete fiscal fue fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó.

Al reanudarse el cuarto intermedio del plenario de Bases, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos. Entre ellos, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra “disolución total o parcial”.

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización.

Para defender su postura, aseguró que “no todos los organismos del Estado pueden dar superávit”. Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.

Tras finalizar el punteo con disidencias, el guante lo recogió el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien leyó otra extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejaron aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos.

Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino. No obstante, el chaqueño sostuvo que, de concretarse las privatizaciones, pidió que los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias.

Lo mismo para el Correo Argentino: “Es un tema central para los pueblos del interior”. En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que “sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario”. Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales.

En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: “Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes”. También tocó el tema previsional: “Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres”.

Por otro lado, en el Salón Gris, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabla Murphy, continuaron esta tarde atendiendo las modificaciones y puliendo la letra chica del texto que, como dijo Abdala, comenzaría a correr mañana.  (NA)

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó hoy que el Gobierno nacional tiene los “votos suficientes” para aprobar la Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

“Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos”, aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la Cámara Alta reviste “una complejidad diferente” a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. “No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”.

El titular de Interior también hizo referencia nuevamente a choque ocurrido entre las formaciones del tren San Martín y aprovechó para contestar a las críticas que realizó el dirigente ferroviario, Rubén “Pollo” Sobrero, quien responsabilizó al Gobierno por el accidente.

“Lo escuché a Sobrero hacer ese comentario y me pareció absolutamente ridículo. Que en una infraestructura que lleva tantos años construir, le adjudiquen el problema al actual Presidente que no esté en condiciones es una cosa que no tiene sentido”, manifestó.

En este sentido, Francos apuntó contra la dirigencia sindical, los acusó de llevar años en el cargo y de formar parte de “estructuras gremiales que los anquilosan en el poder”.

 “Si uno quiere reformar el statu quo choca con los que se han beneficiado durante muchos años de una situación política o de estructuras gremiales que los anquilosan en el poder. Uno está acostumbrado a ver en Argentina dirigentes permanentes en sus cargos”, enfatizó.

En tanto, sostuvo que el accidente en el San Martín es “símbolo de lo que pasa en la infraestructura argentina, que está muy caída. Son años y años en que los trenes no fueron mantenidos, al igual que las rutas”, señaló. (DIB)

El senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) aprovechó la presencia del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para reclamar por la deuda que mantiene la Nación con las generadores de energía.

Según especificó Kueider, el Gobierno lleva “cinco meses de deuda” y aseguró que a las empresas entrerrianas se les hace “imposible operar”. Rodríguez Chirillo salió rápido de la encrucijada y sostuvo que están “trabajando” en ese sentido.

Esta mañana, el Ejecutivo oficializó el régimen de pagos para saldar la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las empresas generadoras, a través de la Resolución 58/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

A su vez, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) rechazó el bono que el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta imponer a las empresas del sector para cancelar estas deudas.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, defendió la ley de Bases al sostener de que se trata de normativa a la que se arribó con “consenso”.

Para Cordero, que fue el primero en abrir la ronda de este miércoles, “simplemente refleja los cimientos para una nueva Argentina pujante”.

En esa línea, y en su criterio, la Argentina “tiene que recuperar la confianza” que la llevó “a ser un país maravilloso” y agregó: “Ya se siente en las calles”.

A su vez, Cordero hizo hincapié en que la ley de Bases tiene como un objetivo generar “empleo y dar seguridad jurídica”.

Ayer, la senadora y líder de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), apuntó contra las modificaciones en este aspecto y anticipó que solicitarán la presencia de las tres centrales obreras: la CGT y las dos CTA.

El Senado de la Nación inició el segundo día de tratamiento de ley de Bases y el paquete fiscal en comisiones. Hoy, expondrán el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Más tarde, desde las 14.30, volverá a presentarse el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a su equipo.

Las preguntas para Cordero estarán enfocadas sobre las modificaciones en las leyes laborales, mientras que para Rodríguez Chirillo recibirá consultas desde el RIGI hasta los cambios en las ley de Hidrocarburos y la flexibilización del mercado. Ayer, el puntapié inicial lo dio el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

La senadora y titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, adelantó que pedirá mediante una nota la presencia de las centrales obreras de la Argentina y también de Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El senador kirchnerista Sergio Leavy (Salta) apuntó contra el ministro del Interior, Guillermo Francos, al sostener que el titular de la cartera participó del proceso de privatizaciones de empresas públicas durante la administración presidencial de Carlos Saúl Menem.

Ante la consulta de Leavy, quien le preguntaba por el Belgrano Cargas, Francos lanzó: “Yo no participé en ninguna etapa de las privatizaciones. No le puedo responder”.

“Los resultados han sido varios y también cuál ha sido el proceso. Depende el momento y cómo se mire. Este va a ser el primero y ojalá podamos hacerlo bien”, agregó Francos.

Tras la exposición del ministro del Interior, Guillermo Francos, disertaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy.

Tanto Rolandi como Irbazabal se someterán mañana martes a otro plenario de comisiones en las que deberán profundizar aún más en los detalles e inquietudes que lleven los senadores.

No obstante, ambos funcionarios nacionales explicaron a grandes rasgos los puntos nodales de ambos proyectos como privatizaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Luego de las exposiciones de los tres funcionarios nacionales, los senadores iniciaron la ronda de preguntas.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, defendió la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado de la Nación. Fue en el inicio del plenario de comisiones que inició hoy y continuará hasta el jueves.

Inició su exposición haciendo hincapié en que todos los gobiernos, desde 1983 a la actualidad, tuvieron que resolver “problemas heredados”.

A su vez, realizó un breve recorrido de ambos mega proyectos y se refirió a la denuncia de diputados kirchneristas sobre la supuesta modificación del texto impositivo que tuvo la media sanción la semana pasada en la Cámara baja.

“Yo estuve en la Cámara de Diputados y no vi nada raro. Se expresaron todos los sectores políticos”, sostuvo el titular de Interior y uno de los encargados de la negociación con los gobernadores.

Horas antes, el titular del bloque K en Diputados, Germán Martínez, publicó en X: “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”.

Tras las palabras de Francos, el líder del kirchnerismo en la Cámara alta lo cruzó por datos de inflación de diciembre y también por los dichos del presidente Javier Milei, quien tildó semanas atrás al Congreso como un “nido de ratas”.

Al respecto, Mayans le pidió explicaciones por ambas cuestiones a lo que Francos respondió: “Yo no creo que sean un nido de ratas. Me hago cargo de mi palabras y entiendo los cuestionamientos que hace el Presidente”.

“Permítame que le diga que usted tiene números equivocados. Está chicaneando senador, lo que usted dijo ya lo conozco. Lo dijo durante el tratamiento del DNU 70 también”, lanzó Francos en referencia a datos de inflación proporcionados por Mayans.

El Senado de la Nación inició esta tarde el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones en un clima de tensión, por las maniobras kirchneristas para obturar el recorrido de los proyectos, e incertidumbre, por la celeridad que urge al oficialismo por conseguir el dictamen el próximo jueves que le permita a La Libertad Avanza desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo.  (NA)

NOTICIA EN DESARROLLO…

Gernán Martínez,. del UxP, detectó irregularidades en el texto que iba a tratar el Senado, que debió ser corregido. El desfiles de funcionario arrancó con Franco, quien dijo que a difernecia del presidente Javier Milei, él no cree que el Congreso sea “un nido de ratas”.

El debate parlamentario de la Ley Bases comenzó hoy en el Senado tras una fuerte polémica por la modificación irregular del proyecto que había aprobado Diputados. Una vez subsanado ese inconveniente, el ministro del Interior, Guillermo Francos, abrió la lista de oradores del congreso con una especie de retractación de uno de los insultos del presidente Javier Milei al Congreso, luego de ser cruzado por el senador kirchnerista José Mayans.

La polémica previa comenzó cuando el presidente del bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez, denunció discrepancias en el texto que se disponía a tratar la cámara Alta respecto de lo aprobado días atrás por Diputados. “Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”, escribió Martínez en X, al tiempo que criticó el desempeño del presidente de Diputados, Martín Menem, al que le atribuyó “un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público.

Pero la controversia se saldó con relativo poco costo para el oficialismo. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, los atribuyó a “errores de tipeo” y Menem le agradeció a Martínez haberlos detectado, no sin privarse de ironizar sobre la cantidad de errores similares durante el gobierno anterior. Después, Diputados publicó una Fe de Erratas donde las incongruencias quedaron eliminadas.

Luego de varios cruces, el plenario de comisiones comenzó a funcionar para el tratamiento de la Ley Bases para una jornada marcada por la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

El primero en hablar fue Francos, quien fue cuestionado por Mayans, el líder del kirchnerismo en la cámara Alta, quien apuntó contra los datos de la inflación en diciembre y también cuestionó por los dichos del presidente Javier Milei, quien tildó semanas atrás al Congreso como un “nido de ratas”.

Al respecto, Mayans le pidió explicaciones por ambas cuestiones a lo que Francos respondió: “Yo no creo que sean un nido de ratas. Me hago cargo de mis palabras y entiendo los cuestionamientos que hace el Presidente”.

“Permítame que le diga que usted tiene números equivocados. Está chicaneando senador, lo que usted dijo ya lo conozco. Lo dijo durante el tratamiento del DNU 70 también”, lanzó Francos en referencia a datos de inflación proporcionados por Mayans por encima de los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En franca minoría, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), con solo siete representantes, trabaja a la par de sus aliados de Pro, con los que suman 13 voluntades. Con dos bancadas kirchneristas que suman 33 senadores, los libertarios pescan avales en un universo de 26 legisladores en el que se encuentra la UCR así como referentes del peronismo no kirchnerista o partidos provinciales. Esta mayoría circunstancial de 39 fue la que logró Victoria Villarruel en su debut como titular de la Cámara, a través de la que le arrebató a UP la hegemonía en las comisiones.

Sin embargo, los 26 senadores que podrían determinar la suerte de las iniciativas no están garantizadas. Si bien un sector del radicalismo se mostró dispuesto a acompañar el paquete de herramientas del Gobierno, dentro de este espacio conviven referentes que ya han votado diferente de sus colegas de bancada, como el fueguino Pablo Blanco, o el porteño Martín Lousteau.

Lo mismo con los representantes de las provincias patagónicas, con Santa Cruz y Chubut a la cabeza, que están en contra de la restitución del impuesto a las ganancias por el fuerte impacto que tendrá en los trabajadores petroleros. (DIB)