En un giro de último momento, y ante la fuerte presión social instalada en torno al tema, la oposición dialoguista presiona a la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), para que desista de avanzar con el tratamiento en el recinto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para este jueves en la Cámara alta.

A pesar de que ya sabe que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el polémico capítulo que relaja los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, Bullrich resiste la presión e intenta encontrar una salida que le permita aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados.

La endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila , que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

La salteña Flavia Royon votaría en contra del capítulo sobre extranjerización de tierrasNoelia Guevara

Como en un efecto dominó, el caso del pampeano Kroneberger tuvo repercusiones en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que no quiere quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

Noticia en desarrollo.

Fuente: Agencia DIB.

A menos de 48 horas de que el Senado retome el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ratificó los puntos más polémicos del proyecto oficialista. En una conferencia de prensa brindada en el Congreso, la legisladora confirmó que el límite a la extranjerización de tierras pasará del 15% al 25% a nivel nacional, y admitió sin rodeos que el escenario legislativo es por demás ajustado: "Se gana por un voto".

El contrapunto por la soberanía

Las declaraciones de la senadora confirmaron el escenario que horas antes había advertido el sociólogo Leandro Vera Belli desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Mientras el especialista alertaba sobre el peligro de flexibilizar los controles, Bullrich defendió la suba del tope argumentando que "por pedido de la oposición constructiva se puso un límite razonable". Además, cargó duramente contra la normativa del 2011 —a la que denominó "Ley Máximo Kirchner"—, asegurando que "fue un verdadero despropósito para el país" y que "lo único que evitó fue la inversión".

Al responder a las críticas sobre la presunta pérdida de recursos nacionales, la jefa del bloque libertario buscó desestimar los temores: "Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara y concreta". En ese sentido, trazó una firme línea entre ambos conceptos: "La propiedad es la posesión de un título, de un contrato de escritura. La soberanía es la capacidad de hacer cumplir una ley y no quien escritura un determinado activo". Incluso, remató afirmando que "es ridículo pensar que si un extranjero compra dos departamentos o dos fábricas se lleva una parte de la soberanía argentina".

Para reforzar su postura, y en claro contraste con los reclamos del CELS sobre los topes jurisdiccionales, la legisladora defendió la eliminación de las restricciones por municipio o provincia asegurando que sostenerlas "es ridículo". No obstante, aclaró que bajo el nuevo dictamen "los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierras rurales en la Argentina" y ejemplificó que, con esta ley, "no podría haber una base como la de Neuquén".

Fuego, desalojos y expropiaciones

Otro punto de fuerte debate radica en las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y los procesos de expulsión habitacional. Frente a las advertencias por el avance de los "desalojos exprés", Bullrich destacó la incorporación de un "procedimiento sumamente rápido con identificación clara de los ocupantes" para actuar contra los intrusos, aunque contrastó que la ley también permitirá que "quien vive hace diez años en una casa y esa posesión es pacífica y no tiene escritura va a poder pedir su título de propiedad".

Asimismo, la senadora justificó la decisión de eliminar la prohibición de 60 años para cambiar el uso comercial de los campos incendiados. "Lo de los 60 años era una barbaridad porque si un vecino me quema un campo no lo puedo usar por 60 años", argumentó. Según explicó, la iniciativa busca terminar "con la doble condena al productor inocente que no quemó su tierra", pero se encargó de dejar en claro que la norma "no perdona al que prende fuego para hacer un negocio inmobiliario; eso sigue restringido".

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA).

El debate legislativo en el Senado sobre la reforma a la actual Ley de Tierras encendió las alarmas de diversas organizaciones sociales. Cabe recordar que la normativa vigente fue diseñada para proteger los recursos estratégicos del país, limitando la titularidad extranjera de terrenos rurales al 15% del territorio. El nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo, enmarcado en la "inviolabilidad de la propiedad privada", busca elevar ese tope al 25% y flexibilizar los controles estatales. Frente a este escenario, Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizó la iniciativa y advirtió sobre un abanico de desregulaciones encubiertas.

Según explicó el especialista, el proyecto propone un cambio normativo profundo que trasciende el ámbito rural. "Este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada incluye un conjunto de desregulaciones y modificaciones de normas que, entre otras, incluye el tema de tierras rurales", señaló Vera Belli. En esa línea, cuestionó duramente la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, una normativa ambiental clave que no establecía una prohibición genérica, sino restricciones temporales al cambio de uso de superficies incendiadas —30 años para bosques nativos y 60 para zonas agrícolas o pastizales— a fin de evitar la especulación inmobiliaria.

Además del aspecto ambiental, el sociólogo alertó por "la posibilidad de que los desalojos sean más rápidos, lo que se llama desalojos exprés en el marco de una derogación de Ley de Alquileres; y los límites a las expropiaciones por parte del Estado Nacional".

La iniciativa parece estar diseñada a medida para seducir a nuevos actores globales. Al respecto, el coordinador del CELS puntualizó: "Lo que se propone es un cambio normativo, un nuevo despliegue jurídico para que nuevas empresas y nuevos capitales vinculados a la tecnología o a la inteligencia artificial puedan adquirir tierras donde puedan incluirse tierras que tienen espejos de agua o corrientes de río, para ser más llamativas y rentables".

En cuanto a la flexibilización de los topes a la propiedad extranjera, advirtió que la norma "pondría un límite mayor a la venta de tierras, pasaríamos del 15% al 25%", pero recalcó que "lo que no queda en claro es cómo ese porcentaje se va a llevar a cabo dentro del territorio a nivel jurisdiccional o departamental". En este marco, subrayó el inminente peligro que corren las poblaciones locales: "En aquellos lugares donde hay pueblos originarios que tienen otro tipo de vínculo con los títulos de las tierras, es muy preocupante que este proyecto de ley se sancione porque implicaría este conflicto de que alguien compre tierra y donde ya hay gente viviendo adentro. Generalmente viene acompañado de una expulsión, una movilización o una relocalización de esta población, siempre de formas que incluyen la violencia".

A modo de conclusión, el especialista en planificación urbana enmarcó esta flexibilización dentro de un modelo económico de gestión mucho más amplio. "Este proyecto de ley, en conjunto al RIGI y el super RIGI, es el nuevo despliegue jurídico y las nuevas formas de atraer estos capitales", sintetizó. En contrapartida, lamentó que "lo que no se tiene en cuenta en toda esta cuestión es los derechos de la población argentina, tanto a tener tierra para producir alimentos, para la propia cuestión soberana, como así también la posibilidad de que el Estado Nacional cuente con herramientas para proteger a los inquilinos de los desalojos".

Tras repasar los puntos críticos de la iniciativa en diversos canales de televisión de todo el país —entre ellos Canal 6 de Entre Ríos, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de San Juan, Canal 8 de Tucumán, Canal 10 de Córdoba y Next Tv de Rafaela—, Vera Belli dejó una reflexión final sobre el clima social: "La población o gran parte de la población comienza a ver que este proceso actual de gobierno incluye un retiro del Estado Nacional en el conjunto de sus obligaciones".

Mientras la mayoría de las entidades están con la lupa analizando al detalle el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente Javier Milei en las últimas horas, y que propone la modificación o derogación de numerosas leyes, entre ellas muchas vinculadas al agro, algunas ya comenzaron a adelantar opinión.

Es el caso, por ejemplo, de la Federación Agraria Argentina (FAA), que emitió un comunicado en el que cuestionó que los profundos cambios que intenta llevar adelante el Gobierno sean a través de un decreto y sin pasar por el Congreso –más allá de que el DNU efectivamente puede ser rechazado por ambas cámaras–, pero apuntó fundamentalmente contra la propuesta de derogar la Ley de Tierras.

“Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones”, citó textualmente Milei al enumerar un grupo de 30 de las más de 300 diferentes normativas que pretende dejar sin efecto o cambiar.

Se trata de un reclamo que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) realizó durante la campaña y fortaleció tras la asunción de Milei.

Qué dice la Ley de Tierras

En concreto, lo que establece la “Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras” es que no más del 15% de los territorios rurales de Argentina puede permanecer en manos de extranjeros.

Además, establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por persona extranjera, y una cifra equivalente en otras regiones del país.

De todos modos, la realidad es que un mapa elaborado por el propio Estado argentino muestra que solo el 6,09% de la tierra argentina está “extranjerizada”.

En este marco, desde CAIR consideran que atraer el ingreso de capitales foráneos puede reactivar el mercado y darle a la tierra un mejor valor, teniendo en cuenta que, comparado con los precios de otros países, Argentina está muy rezagada.

Rechazo de la FAA

No obstante, en Federación Agraria consideran todo lo contrario. “Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo en particular a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país”, subrayó la entidad.

“Sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales”, continuó.

Y no dudó en adosar a esta queja el reclamo por el aumento de las retenciones. “Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores”, repasó la FAA.

En ese sentido, le dejó un mensaje al Gobierno, con cierta ironía: “Es oportuno aclarar, también, que si nos sacaran las retenciones, estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el gobierno y espera de parte de los extranjeros”.

Al Congreso

Por otro lado, la entidad que comanda Carlos Achetoni también apuntó contra el DNU porque consideró “fundamental el respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé la Constitución Nacional, pues ella impide el avallasamiento de un Poder sobre el otro”.

“En este sentido, entendemos que acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible”, concluyó.

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