La justicia de Chubut transita días de mucho peso para la jurisprudencia ambiental con la audiencia final por la masacre de pingüinos en Punta Tombo que se llevará a cabo este martes 21 de abril.

El Superior Tribunal de Justicia de esa provincia revisará la condena impuesta a Ricardo La Regina por daño ambiental agravado y crueldad animal. Esta instancia definirá si queda firme la pena de tres años de prisión condicional para el productor más la confiscación de la retroexcavadora.

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, lleva cinco años de trabajo que volcó en un expediente que cruzó fronteras para lograr reunir las pruebas que finalmente pudo presentar.

Se trata de la causa por la matanza de pingüinos en Punta Tombo, un caso que -de ratificarse el fallo- no solo marcaría un hito en la provincia, sino que sentaría un precedente de impacto ambiental para toda Latinoamérica.

“Yo creo que todavía la gente no dimensionó la importancia de esta ratificación”, dijo Gómez a La Voz del Pueblo. Para la también tresarroyense el mensaje es claro al sostener que “la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino relativo”.

Entiende que el caso de Punta Tombo le puso un freno a la idea de que un dueño puede hacer lo que desee con su tierra, si eso implica destruir un hábitat natural protegido.

La retroexcavadora

Todo comenzó el 30 de noviembre de 2021, cuando el entonces ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, presentó una denuncia basada en un informe del especialista en pingüinos Pablo García Borboroglu.

Los hechos dejaron consecuencias devastadoras. Entre el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de ese año, se realizaron movimientos de suelo con una retroexcavadora en una zona de alta densidad de nidos, en plena época de reproducción del pingüino de Magallanes.

La fiscal Gómez relató con precisión las acciones del productor que terminaron en una matanza masiva de la especie. “Se levantan 60 centímetros de capa superficial. Pude acreditar que en cada nido había un adulto, huevos y pichones”, explicó a este diario.

Pero no fue solo el desmonte. El acusado, Ricardo La Regina -quien resulta ser el administrador judicial del campo propiedad de su padre-, instaló un alambre electrificado a solo 20 centímetros del suelo.

“Dividió la colonia de pingüinos. Ningún pingüino podía pasar de un lado al otro, y eso ya generaba un impacto negativo”, explicó Gómez, quien ordenó retirar el cerco al día siguiente de la denuncia.

En la causa se mencionó que el saldo de los hechos que se le imputan a La Regina dejó “un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder estimar aun el número de adultos que pudieran haber resultado aplastados por las maquinas dentro de sus nidos”.

Desde el espacio

Para comprobar la culpabilidad del productor, la fiscalía desplegó una estrategia de litigación sin precedentes en la región, para acreditar este tipo de delitos. Gómez recurrió a imágenes satelitales obtenidas en la Universidad de Washington para demostrar que no se trataba de un solo camino, sino de cuatro, además de desmontes y tajamales.

“Hay zonas que son irrecuperables porque levantó 60 centímetros de la capa superficial, no quedó nada”, lamentó la fiscal.

En el juicio, 92 testigos -incluyendo especialistas del CONICET, geógrafos, biólogos y cartógrafos- respaldaron su teoría del caso en tres hechos de impacto ambiental y uno de crueldad animal en concurso real.

Del doméstico al silvestre

Hasta ahora la jurisprudencia argentina sobre crueldad animal se centraba mayormente en animales domésticos como perros o gatos.

Pero con el caso de Punta Tombo se rompe ese molde. “El precedente que sienta es para el animal silvestre, el animal que vive en su hábitat”, destacó Gómez.

Es un reconocimiento de los animales como “seres sintientes” cuya vida y entorno deben ser preservados por el Estado.

Actualmente, La Regina enfrenta una condena de tres años de ejecución condicional, además de reglas de conducta estrictas y el secuestro de la retroexcavadora utilizada en los movimientos de suelo que provocaron la matanza.

Aunque la fiscalía había solicitado cinco años de cumplimiento efectivo, el tribunal consideró la falta de antecedentes penales del acusado para bajarla.

Sin embargo la batalla legal continúa en el fuero civil, donde el Estado inició una demanda que supera el millón de dólares por el daño ambiental causado.

Legado de la abuela

Irónicamente la tierra donde ocurrió el daño fue alguna vez protegida por la familia del acusado. En 1974 los abuelos de La Regina donaron 100 hectáreas para crear la reserva de Punta Tombo.

Hoy como consecuencia indirecta de este caso, el gobierno de Chubut triplicó el área de protección, incluyendo la zona del conflicto conocida como Punta Clara, que ahora suma unas 300 hectáreas bajo control estatal.

Promoviendo la figura legal de Ecocidio, para este tipo de delitos, Gómez espera que la sentencia quede firme y que el fallo se convierta en el precedente legal de futuras causas de contaminación de ríos o desmontes ilegales en todo el continente.

El próximo 21 de abril a las 9, la justicia de Chubut tiene una cita histórica. Ese día el Superior Tribunal de Justicia deberá decidir si ratifica la condena por lo ocurrido en Punta Tombo, un caso que la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, describe como un hito sin precedentes en Latinoamérica.

No se trata solo de una sentencia que se dará en el ámbito local. Es el primer juicio en la región continental que condena el impacto ambiental y la crueldad hacia animales silvestres, con el que se dejarán sentadas las bases para lo que la fiscal –nacida y criada en Tres Arroyos- define como la figura de “ecocidio”.

El inicio de la

investigación

La historia comenzó para Gómez un 26 de noviembre de 2021, durante un turno donde atendía desde robos hasta homicidios, como agente fiscal.

Pero tras recibir la denuncia por la matanza de pingüinos en un área protegida, la fiscal actuó rápidamente y en menos de tres horas solicitó la primera orden de allanamiento, que fue ejecutada al día siguiente.

Recordó que el proceso de recolección de pruebas fue una carrera contra el tiempo y la geografía. Mientras el 16 de diciembre de 2021 la fiscal realizaba un tercer allanamiento en la zona de Punta Tombo y Punta Clara, a 150 kilómetros de allí, la ciudad de Rawson ardía en un incendio masivo de edificios públicos.

A pesar del caos

Explicó Gómez que el desafío técnico fue inmenso. Había que demostrar que la destrucción ocurrió durante la época de alta densidad de nidos y reproducción del pingüino de Magallanes.

Para lograr la condena recurrió a métodos innovadores como la presentación de imágenes satelitales como prueba clave.

“Lo que más me costó fue conseguir la precisión de las fechas”, relató la fiscal al explicar que debió viajar a Estados Unidos para obtener material de National Geographic.

Gracias a la colaboración de geógrafos y al cartógrafo Sam Guilford de esa misma organización -que viajó a Argentina para testificar- “se pudieron acreditar las horas exactas de la destrucción”.

El juicio no solo se apoyó en tecnología, sino en el testimonio de 92 expertos, incluyendo biólogos y especialistas en suelo, según apuntó la investigadora.

Estos testigos confirmaron que el daño “fue devastador”. Se abrieron cinco caminos, se realizaron desmontes y se levantaron más de 50 centímetros de la capa superficial de la tierra.

Gómez expresó a este diario que el impacto visual fue desgarrador: “No quedó nada de la colonia, hay zonas que son irrecuperables”, sostuvo.

Un precedente

para el continente

La fiscal subrayó que este caso generó cambios que estarán a la vista como “la triplicación del área protegida de Punta Tombo, que ahora forma un núcleo biológico junto a Punta Clara bajo la protección del gobierno provincial”.

Sin embargo advirtió que todo depende de la ratificación del fallo. En la audiencia definitiva, los ministros del Superior Tribunal escucharán los argumentos técnicos de la fiscalía y la defensa antes de dictar su sentencia fundada, en un plazo de diez días.

Para Gómez el objetivo es claro. “Se debe “ratificar la condena” para que se consolide un precedente que proteja la biodiversidad no solo en Argentina, sino en toda la región, evitando lo que ella misma considera un “retroceso” en la lucha ambiental, si es que la justicia decide hacer el juicio de nuevo.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue escenario el jueves reciente de una charla magistral sobre uno de los casos más emblemáticos de delito ambiental en Argentina.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, expuso en el salón Azul los pormenores del caso conocido como “la masacre de pingüinos de Punta Tombo”.

Gómez, oriunda de Tres Arroyos y formada en la UBA, relató el arduo camino que recorrió durante tres años para llevar a juicio y obtener una condena en este caso sin precedentes.

“Lo tomé como un desafío personal”, confesó la fiscal a La Voz del Pueblo, quien admitió que en ese momento no era especialista en derecho ambiental, sino en homicidios y abuso sexual.

La investigación, que comenzó en solitario, se encontró con múltiples obstáculos. “Hubo tres años donde estuve absolutamente sola investigando el hecho”, reveló Gómez a este diario.

Su objetivo principal era sentar un precedente que pudiera ser utilizado por otros fiscales en el futuro. La estrategia de Gómez se centró en la recolección de pruebas sólidas y para ello convocó a organismos nacionales como el CONICET y la CONAE, aprovechando la experiencia de expertos argentinos.

Sin embargo la fiscal logró ‘dar un fuerte golpe en la mesa’ al incorporar un elemento inesperado pero infinitamente valorado para su investigación, con la participación de National Geographic, algo inédito en la historia judicial.

“Estuve un año y medio enviando mails al director ejecutivo”, explicó Gómez al detallar las dificultades para convencer no solo a National Geographic, sino también a Disney, que había adquirido los derechos de la organización.

Finalmente, tras numerosas reuniones online, lograron que le proporcionaran pruebas cruciales y el testimonio de su mejor cartógrafo, Samuel Guilford.

La evidencia recopilada incluyó imágenes satelitales de la CONAE y National Geographic que permitieron determinar con precisión las fechas y horas de la destrucción de la colonia de pingüinos.

“Tengo la fecha y hora que es el 26 de noviembre a las 2:00 pm hasta el 4 de diciembre a las 7:00 pm donde se destruye la colonia, en zona de alta densidad de nidos, en zonas núcleos”, detalló la fiscal.

El impacto ambiental se produce por el movimiento del suelo para la construcción de caminos, desmonte y otras alteraciones del terreno. Gómez logró demostrar la crueldad animal en zonas específicas, correlacionando las imágenes de la CONAE con las de National Geographic.

La victoria judicial no solo resultó en una condena de tres años de ejecución condicional para el productor Ricardo La Regina, sino que también generó efectos positivos para la conservación. “Se dio la inmediata intervención del poder ejecutivo con sus especialistas y sus ciudadanos para que intervengan en la zona afectada”, explicó Gómez.

Además se presentó un proyecto para ampliar la zona de reserva y extenderla a toda Punta Tombo. Incluso, tal como lo anunció recientemente Gómez, el caso generará la apertura de fiscalías ambientales en el país.

Asimismo la fiscal hizo hincapié en la necesidad de incorporar la figura de “ecocidio” en la legislación argentina, algo que viene solicitando desde hace tres años. “Es la calificación jurídica que hubiera sido acorde a los hechos”, afirmó.

Por definición el ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

Gómez resaltó la importancia de no minimizar las causas ambientales. “Estamos muy atrasados ​​en la legislación, estamos muy atrasados ​​también socialmente en darle la importancia (que el tema merece)”, advirtió.

En este sentido hizo un llamado a la responsabilidad colectiva con el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras.

La exposición de Gómez fue organizada por el Departamento de Derecho Privado I, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, el Seminario de Investigación Problemática de los daños en la Sociedad Actual, y el Seminario Vulnerabilidad y Derecho.

La Justicia de Chubut condenó a Ricardo La Regina a tres años de prisión condicional por el daño causado a una colonia de pingüinos en Punta Tombo, en un fallo considerado ejemplar que podrá generar acciones para contrarrestar la falta de legislación actualizada contra delitos ambientales.

La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, quien lideró la investigación durante tres años, expresó su satisfacción con el fallo. “Estoy feliz porque, más allá de haber obtenido la condena, obtener los tres años era lo que esperaba”, afirmó Gómez a La Voz del Pueblo.

La fiscal destacó que logró acreditar los hechos y la calificación jurídica tal como se expuso en la acusación fiscal.

Gómez señaló la necesidad de leyes más duras para este tipo de delitos ambientales. “Argentina está muy atrasada respecto a los países del Mercosur en legislación ambiental”, afirmó.

Asimismo la investigadora y acusadora del Ministerio Público  espera que este caso sirva como base para futuros proyectos de ley que garanticen una mejor protección de la fauna y el medio ambiente.

Además de la condena se ordenó el decomiso a La Regina de la retroexcavadora utilizada y la intervención inmediata del estado provincial en la zona afectada para su recomposición.

Gómez enfatizó que algunas áreas serán de imposible recuperación y resaltó la importancia del mensaje que envía esta sentencia al sostener que “la gente debe entender que la flora y la fauna no le pertenecen. Tienen la obligación de protegerlas”.

Durante la investigación Gómez contó con el apoyo de expertos internacionales y utilizó imágenes satelitales de alta resolución proporcionadas por National Geographic, lo que fue cruciales para el caso.

Finalmente la fiscal nacida y criada en Tres Arroyos –donde vivió hasta finalizar sus estudios secundarios- anunció que este caso será presentado en un encuentro iberoamericano ambiental y que se formalizará la Red Argentina de Fiscalías Ambientales para mejorar las herramientas de investigación en delitos de esta naturaleza.

“Mañana (por hoy) voy a exponer el caso en un Encuentro Iberoamericano Ambiental y se va a formalizar la Red Argentina de Fiscalías Ambientales a nivel nacional para que todos, para que las fiscalías ambientales empiecen a tener herramientas reales, para tener una protección real y poder investigar hechos de esta naturaleza, y darle a estos hechos el lugar que corresponde”, expresó.

Y agregó que siempre ha considerado que “los casos ambientales desgraciadamente -a veces- se minimizan y no se les da la importancia que ameritan. Tiene que haber un cambio y va a haber el cambio de paradigma para que se le dé la misma importancia que cualquier hecho delictual a este tipo de casos”, sostuvo

La fiscal Florencia Gómez, que investigó el caso y los abogados querellantes, pidieron cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento en contra del productor ganadero Ricardo La Regina tras ser hallado culpable la semana pasada de los delitos de daños agravados y crueldad animal al afectar con una máquina retroexcavadora una colonia de pingüinos al norte de Punta Tombo. Fue en la audiencia de cesura de pena realizada en el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Los jueces Eve Ponce, María Martini y Carlos Richieri resolverán la pena en el plazo legal estipulado para dictar sentencia. No lo harán de manera pública en una audiencia, sino por escrito y de manera electrónica a las partes.

Hasta el momento se realizó el debate probatorio para determinar la existencia del hecho y la culpabilidad. El tribunal ya resolvió que Ricardo La Regina es culpable de los hechos que se investigaron. Este lunes se inició el debate en función de que las partes soliciten la pena que le podría caber. 

Prisión

Para la fiscal Florencia Gómez, el imputado era consciente de sus actos y la fragilidad del ciclo reproductivo del pingüino afectado por el paso de la retroexcavadora utilizada. Dijo que su conducta fue de “crueldad hacia los pingüinos además de otras especies afectadas por el paso de la máquina pesada”; y que en el caso de los 240 pingüinos “ya no podrán cumplir con su ciclo reproductivo”.

Afirmó que su actuación “no tuvo lógica” y que nunca pidió permiso para realizar esas tareas porque “no se lo hubiesen concedido”. Dijo que el daño generado fue “gravísimo con consecuencias también para las generaciones futuras”.

Apoyada en éstas afirmaciones concluyó en solicitar la pena de cuatro años de prisión.

Pena en lo económico

Por su parte el querellante Martín Castro además de coincidir con la fiscal general Gómez, se refirió a la necesidad del resarcimiento, la reparación del daño y su afectación al Estado. También pidieron el resarcimiento económico “superior a los 500.000 dólares”, las costas del proceso y la cesión de 500 hectáreas para proteger la fauna allí existente,

Por su parte el abogado querellante Eduardo Hualpa, representante de entidades ambientalistas coincidió con lo solicitado por la fiscal general Gómez y el querellante, Martín Castro.

A las penalidades económicas, agregó el decomiso de la máquina retroexcavadora que el imputado utilizó para los movimientos de tierra en función de su actividad ganadera. Hualpa hizo alusión a la necesidad de determinar con claridad los objetivos de los bienes y dinero, en caso que el Tribunal haga lugar a lo pedido por los acusadores.  

Alegato del defensor

Por su parte el defensor Ruffa destacó “la ausencia del Estado” para prevenir este conflicto, la existencia de un camino que ejecutó el tío del imputado sin que el mismo Estado realice denuncia alguna, y el conflicto familiar que lo llevó a realizar los movimientos de tierra, sin que el mismo Estado intervenga a pesar de los reclamos del imputado.

Afirmó que su asistido “nunca tuvo intenciones de producir ese daño”, además de fundamentar las razones por las cuales no es necesario el decomiso de la máquina y que la superficie de terreno que se pretende incautar, “resulta un tanto exagerada”.

Afirmó además que el imputado es solo “administrador del campo” y que la propiedad del mismo sigue perteneciendo a la totalidad de su familia, concluyó en pedir un año de prisión.

Los testigos

Iniciada la cesura de pena, la fiscal general Florencia Gómez, incorporó como testigo al biólogo Alejandro Borboroglu quien refirió a la cantidad de nidos afectados y el tiempo de recomposición de la colonia de Pingüinos, y Mario Rostagno, especialista en suelos, indico que la recomposición del suelo y la flora en el sector llevaría entre 10 y 20 años, ambos expertos idóneos para evaluar y cuantificar los daños producidos por Ricardo La Regina.

Lo mismo y con similares argumentos hizo Martín Castro, querellante en representación de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de ofrecer documentales para mensurar los daños en la flora del lugar. También el querellante Eduardo Hualpa ofreció testigos para medir los daños causados y la reparación de los mismos.

Los jueces convalidaron la presencia de los testigos de las partes en esta etapa de cesura de pena.

Continuando con los testigos, Fernando Clavera, por parte del querellante Castro. Asistió como licenciado en ciencias geológicas especializado en cuestiones ambientales. Actualmente es socio gerente de una empresa privada dedicada a los estudios ambientales.

Otto Wohler fue testigo del querellante Eduardo Hualpa. Es especialista en pesquerías y medio ambiente y habló sobre el recurso natural, sus ciclos naturales, el ciclo biológico del pingüino y la explotación turística del mismo.

Testigos de la defensa

Mónica Maldonado fue la primera testigo de la defensa del imputado. Es prima hermana de la madre del imputado con colaboración en las tareas rurales de la familia de Ricardo La Regina. Dio cuenta de aspectos familiares y el rol del imputado en ese aspecto y las tareas de explotación ganadera.

Beatriz Plaza también fue testigo de la cesura de pena presentada por el defensor Ruffa. Es la madre del imputado y contó cómo la investigación afectó a su entorno familiar y la importancia del rol de Ricardo La Regina en su rol de hijo, sostén de familia y trabajador rural.

(Con información del Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson).

En un fallo histórico para la justicia ambiental argentina el tribunal de Chubut declaró culpable al acusado por el caso conocido como “la masacre de Punta Tombo”, Ricardo La Regina.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, quien llevó adelante la acusación, compartió detalles  en una entrevista con La Voz del Pueblo sobre la sentencia y sus implicaciones.

La también tresarroyense reveló haber recibido felicitaciones de jueces y fiscales de todo el país por haber sentado un precedente crucial para la jurisprudencia ambiental del país.

La fiscal destacó la importancia del fallo al señalar que “esto genera un precedente que se necesitaba, porque si no, no se avanzaba sobre la posibilidad de una legislación nacional”.

El tribunal no sólo declaró culpable al acusado sino que también avaló la teoría del caso y la calificación jurídica propuesta por Gómez. “Los jueces no solamente tuvieron por acreditado los hechos que yo califiqué, sino la teoría de mi caso y la calificación jurídica que elegí”, explicó la fiscal en declaraciones a este diario.

La condena incluye el delito de daño agravado en modalidad de delito continuado, y el último hecho con crueldad sobre los animales.

Sin embargo Gómez aclaró que aún falta determinar la pena específica. “El lunes será la audiencia de cesura de pena. En esa audiencia, yo voy a pedir cuatro años y tengo que justificar porqué”, sostuvo.

La fiscal señaló que aunque el acusado no tiene antecedentes condenatorios, lo cual podría influir en la decisión final, ella mantiene su pedido de cuatro años de prisión efectiva.

“Vos no podés tratar de la misma manera a una persona que no tiene antecedentes que a una persona que los tiene”, explicó Gómez.

Respecto al futuro la fiscal enfatizó la necesidad de cambios legislativos a nivel nacional. “El Congreso con este fallo debería ponerse a presentar proyectos para la biodiversidad en general”. Gómez pidió que a partir de este juicio tengamos en el país acceso a una “legislación coherente” que permita a los fiscales actuar de manera efectiva en casos de atentados contra la naturaleza.

Pero también expresó que las consecuencias de la masacre de Punta Tombo debieran impulsar la creación de fiscalías ambientales en cada provincia. “Que cada provincia tenga una fiscalía ambiental, que la tiene que tener. Una fiscalía exactamente controla el trabajo de los otros operadores”, sostuvo.

Gómez también destacó la importancia de una legislación nacional que integre el código penal con “delitos y penas severas” para casos ambientales, junto con la creación de fiscales especializadas.

Finalmente dejó en claro que este fallo marca un antes y un después en la justicia ambiental argentina, sentando las bases para futuras legislaciones y acciones en defensa de la biodiversidad del país.

Ricardo La Regina fue acusado de daño ambiental y crueldad animal. La pena se dará a conocer el próximo lunes 11 de noviembre

El productor ganadero Ricardo La Regina fue encontrado culpable de la matanza de pingüinos en Punta Tombo en 2021. El tribunal de Chubut expresó que “esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”.

Los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini dictaminaron que La Regina “es autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal”.

“Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, expresaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La pena se dará a conocer el próximo lunes 11 de noviembre en la audiencia de censura.

El pasado 28 de octubre comenzó el juicio oral contra el productor acusado de los delitos de daño agravado y crueldad animal por haber “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.

De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos “.

En la primera jornada de debate La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”.

Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.

Durante la etapa de alegatos la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.

Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva”.

“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.

Ricardo La Regina fue denunciado por su tío y ahora está imputado por los delitos de daño agravado y crueldad animal

El veredicto contra Ricardo La Regina, el ganadero acusado de la matanza de pingüinos en Punta Tombo en 2021, se da a conocer este jueves en el tribunal de Chubut. Hay expectativas por la resolución de los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini.

El pasado 28 de octubre comenzó el juicio oral contra La Regina acusado de los delitos de daño agravado y crueldad animal por haber “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.

De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos “.

En la primera jornada de debate La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”.

Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.

Durante la etapa de alegatos la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.

Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva”.

“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.

Por Fernando Catalano

Durante la semana reciente se desarrolló la etapa de presentación de pruebas en el histórico juicio por el caso conocido como la “Masacre de Punta Tombo”, un hecho sin precedentes que pretende marcar un antes y un después en la aplicación de las poco robustas leyes ambientales de la Argentina.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, que lleva adelante la acusación describió a La Voz del Pueblo que se atravesó una semana intensa y agotadora.

Durante cinco días desfilaron por el estrado cerca de 30 testigos de ambas partes entre los que la fiscalía presentó expertos en pingüinos, guardafaunas y especialistas que acreditaron el daño ambiental en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera de Punta Tombo, considerada una de las cinco áreas más ricas en biodiversidad de Sudamérica.

Un punto clave fue la declaración de expertos de National Geographic, quienes aportaron imágenes satelitales que permitieron determinar con precisión fechas y horas de los desmontes ilegales. “Fue un antes y un después en la investigación”, afirmó Gómez en declaraciones a este diario.

La fiscal nacida y criada en Tres Arroyos, que realizó su trayectoria educativa en el Colegio de Hermanas y terminó los últimos años en el ex Colegio Nacional, llegó al juicio con el apoyo de la CONAE, el CONICET y National Geographic a partir de una autorización legal de Disney.

La idoneidad y experiencia de cada entidad con sus respectivos informes técnicos, representaron un gran respaldo para la abogada formada en la UBA, que con un proyecto de vida familiar y profesional se radicó hace años en Rawson.

“Fui a la Universidad de Washington, presenté el caso y ahí convencí a las personas que habían colaborado de National Geographic para que vinieran a declarar”, comentó sobre el caso del cartógrafo y testigo Samuel Guilford que con imágenes satelitales logró establecer que el camino a metros del mar abierto por La Regina se hizo entre 1l y el 14 de agosto de 2021, y que tendría unos 950 metros de extensión.

La fiscal afirmó que logró desacreditar a varios testigos de la defensa con lo cual destacó que quedó en evidencia la falta de preparación de estos declarantes.

El acusado, Ricardo La Regina,  declaró el último día y según Gómez “no negó los hechos”. Además manifestó haber comprendido que si bien es dueño de la estancia, “la flora y fauna no le pertenecen”.

La ausencia de representantes de organismos estatales como el Ministerio de Ambiente o la Dirección de Flora y Fauna fue notoria y criticada por la fiscal, quien debió recurrir al apoyo de ONG’s y entidades internacionales para sostener la acusación.

Este lunes será el turno de los alegatos. Gómez adelantó que pedirá una condena de 4 años, buscando sentar un precedente en la jurisprudencia nacional sobre delitos ambientales. “Quiero que sea una herramienta para todos los fiscales, que este sea el primero pero no el último caso que llegue a juicio”, enfatizó.

Asimismo la fiscal resaltó la importancia de este caso para generar conciencia sobre la protección ambiental y la necesidad de una legislación más robusta en la materia. “Argentina es un país que le debe mucho a la naturaleza”, reflexionó.  

En esa misma línea sostuvo que “hay mucha gente con muy buenas intenciones de protección, pero no tenemos legislación acorde para una protección real”.

El juicio despertó gran interés, especialmente entre los jóvenes. Gómez mencionó que grupos de estudiantes asistieron a las audiencias, evidenciando con ello una creciente preocupación por temas ambientales en las nuevas generaciones.

Con la etapa de pruebas concluida, todas las miradas están puestas en los alegatos de este lunes, donde se espera una gran cobertura mediática. Sea cual sea el resultado, este juicio ya marca un hito en la historia judicial argentina en materia de protección ambiental, y tiene como protagonista a una tresarroyense como impulsora de la investigación.

La misma fiscal lo explicó manifestando que desde la opinión pública -por falta de información- se terminan minimizando este tipo de delitos.

Pero con el transcurso de la investigación y lo expuesto durante el juicio, Gómez, siente que el cambio ya comenzó a darse después que escuchara al acusado Ricardo La Regina en su declaración final cuando dijo “hoy entendiendo que yo soy dueño de la estancia, pero la flor y la fauna no me pertenecen”.