El fuero de responsabilidad penal juvenil avanzará este lunes con un nuevo paso en la causa que involucra a un menor de 16 años, aprehendido en la madrugada del jueves 1 de octubre, a partir de una investigación que lo vincula a un violento asalto ocurrido en las inmediaciones del Parque Cabañas el pasado domingo 27 de septiembre.

Se trata de la audiencia donde se determinará si se le dicta la prisión preventiva, y su posterior traslado hacia el instituto de Menores de Azul. En ese mismo encuentro también se le podría informar una eventual atenuación de su situación y las correspondientes medidas a cumplir, como imputado en el marco de la audiencia prevista  para imputados en el marco de la nueva Ley Penal Juvenil.

El hecho principal que derivó en la orden de detención ocurrió en plena vía pública en el circuito exterior del Parque Cabañas, cuando la víctima fue sorprendida por un grupo compuesto por cuatro  sujetos, dos de ellos que utilizaron armas blancas para amedrentar al dueño de la moto y finalmente robársela.

Durante varios procedimientos policiales se logró la aprehensión del menor y de un mayor de edad –identificado como Francisco Paredes de 25 años- quienes habrían actuado junto a otros dos delincuentes más que son buscados por los investigadores.

Notificación

En la audiencia programada para este lunes se notificará formalmente al joven procesado sobre los hechos específicos que se le imputan y las pruebas acumuladas -en el expediente- vinculadas exclusivamente con ese hecho.

En esa instancia el imputado contará con la asistencia de la defensa oficial especializada, y podrá ejercer su derecho de declarar o de negarse a hacerlo, sin que esto deba ser interpretado como presunción de culpabilidad en su contra, tal como lo expresa la ley.

Dos hechos más

Mientras es investigado por el robo violento de la moto, el menor detenido también se encuentra sospechado en otras dos investigaciones iniciadas por importantes robos recientes cometidos en la ciudad.

Una de las causas es por el robo de 37 mil dólares en efectivo extraídos del interior de la camioneta del quintero, Enrique Pellboer, a quien dejó en la calle. Era el dinero con el que compraría una casa en la ciudad, después de vender la quinta que ahora debe deshabitar.

El otro hecho por el que se lo investiga tiene que ver con el robo en la vivienda del productor agropecuario Richard Griffioen, en calle Paso al 400, de donde faltaron un millón de pesos, 800 Euros y una notebook.

Los dos hechos se investigan de manera paralela y se encuentran en etapa de recolección de pruebas para determinar si corresponde ampliar la imputación formal contra el menor, a partir de su detención por el hecho en el Parque Cabañas.

Ley Penal Juvenil

Este proceso judicial se rige bajo la Ley Penal Juvenil que se encuentra vigente desde el 5 de septiembre. Después que se tome la declaración este lunes, la fiscalía y el juzgado dispondrán de un plazo legal de cinco días para convocar a una segunda audiencia donde se resolverá la situación procesal del imputado.

Durante ese periodo se deberá resolver si se dicta la prisión preventiva o si aplica alguna medida cautelar alternativa, teniendo en cuenta la existencia de riesgos como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, según revelaron a La Voz del Pueblo fuentes de la investigación.

Lugar de detención

En cuanto al lugar de alojamiento en caso de confirmarse la detención preventiva, las autoridades deberán evaluar la disponibilidad de vacantes en establecimientos especializados de la provincia.

Entre los centros habituales de destino para el régimen cerrado de seguridad se encuentra el Instituto Leopoldo Lugones de la ciudad de Azul, mientras que para un eventual régimen de semilibertad se evalúan instituciones en Tandil.

El traslado definitivo dependería de la disponibilidad de cupos y a la resolución judicial final.

En el Espacio Cultural Néstor Juan Faré de la ciudad de Benito Juárez se llevó a cabo la charla “Nuevos alcances y aspectos relevantes de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, organizada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Departamental de Azul, el Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez y el municipio juarense.

La jornada se desarrolló en el marco de un conversatorio que tuvo como objetivo brindar información y generar un espacio de intercambio sobre la situación de los menores de edad en conflicto con la ley penal y los principales cambios introducidos por la nueva normativa, entre ellos la disminución de la edad de punibilidad, los tipos de penas previstos y las nuevas escalas y límites de las penas.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Julio Marini junto al fiscal de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul, Dr. David Carballo; el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Tandil, Dr. Leonel Calles; el juez de Paz local, Dr. Walter Pacheco; la inspectora jefa distrital, Ana Lorena Pereyra; y la secretaria de Desarrollo Social, María Teresa Ricci.

También contó con la participación de funcionarios municipales, directivos y trabajadores de organismos, autoridades policiales y representantes del ámbito judicial, directivos de establecimientos educativos, inspectoras e inspectores de distintos niveles y modalidades educativas, integrantes del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar; y representantes de la Mesa del Buen Trato, espacio conformado por organismos gubernamentales, no gubernamentales e instituciones intermedias de la comunidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario de Seguridad, Gustavo Infantino; el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, comisario inspector Sebastián Pichirilo, junto a autoridades y personal de la Estación de Policía Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Subcomisaría de Villa Cacique-Barker, la DDI y Patrulla Rural; la titular de la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez, Dra. Paula Rodríguez; el titular de la Casa de Justicia de Benito Juárez, Dr. Gustavo Actis Caporale; la secretaria de Salud, Andrea Soutrelle; el director de Niñez y Adolescencia, Patricio Funes; la directora de Salud Mental, Marianela Zequeira; y la directora de Tercera Edad y Discapacidad, Malena Fernández.

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del artículo 1° del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca, también resolvió apartar a De Marinis del expediente y dispuso el sorteo de un nuevo magistrado para que continúe con la causa.

La decisión de primera instancia había sido dictada el 21 de septiembre. De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil N° 3, declaró inconstitucional para el adolescente el artículo 1° de la Ley 27.801, que estableció en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, y dispuso su sobreseimiento al considerarlo no punible. El hecho investigado había sido calificado provisoriamente por la fiscalía como robo en grado de tentativa.

La jueza había hecho lugar a un planteo de la Defensa Oficial, al que adhirió la Asesoría Tutelar, y sostuvo que la aplicación de la nueva norma en ese caso implicaba una regresión en materia de derechos. Para fundamentarlo recurrió, entre otros elementos, al principio del interés superior del niño, la proporcionalidad de la respuesta estatal y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

De Marinis consideró además que debía ponderarse la situación particular del adolescente y las características del hecho investigado. Su resolución sostuvo que, en el caso concreto, someterlo al nuevo régimen penal resultaba desproporcionado y que correspondía una intervención del sistema de protección integral.

La Fiscalía apeló y reclamó que se revocaran tanto la declaración de inconstitucionalidad como el sobreseimiento. También pidió que De Marinis fuera apartada del expediente.

Al analizar el caso, la Cámara recordó que la declaración de inconstitucionalidad es una medida excepcional y sostuvo que debe distinguirse el control constitucional de una ley de la evaluación sobre si la política criminal elegida por el Congreso es conveniente o acertada.

En ese sentido, Mahiques sostuvo que el Congreso tiene atribuciones para definir los presupuestos generales de la responsabilidad penal y que esas normas pueden ser sometidas al control constitucional de los jueces. Sin embargo, señaló que ese control no permite sustituir la decisión legislativa por otra simplemente porque resulte “más conveniente, menos punitiva o preferible” desde determinada concepción de política criminal.

Para el camarista, los fundamentos de la sentencia de De Marinis no alcanzaron a demostrar que el artículo 1° de la Ley 27.801 fuera incompatible con una norma constitucional o convencional. Consideró, en cambio, que expresaban una valoración adversa de la decisión de política criminal adoptada por el Congreso.

Otro de los puntos centrales fue el alcance de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. La discusión gira alrededor de que ese organismo considera los 14 años como el umbral mínimo aceptable, aunque al mismo tiempo alienta a los Estados que establecieron edades superiores, como 15 o 16 años, a mantenerlas y no reducirlas.

La Cámara consideró que esas observaciones constituyen pautas relevantes para interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no tienen por sí mismas fuerza vinculante suficiente para invalidar la decisión del Congreso.

También cuestionó el modo en que la sentencia de primera instancia combinó argumentos generales sobre la reducción de la edad de punibilidad con circunstancias particulares del adolescente. Según el fallo de Cámara, si las razones generales utilizadas fueran suficientes para considerar inconstitucional la baja de 16 a 14 años, deberían alcanzar a todos los adolescentes de esas edades.

En cambio, si la norma es constitucional en abstracto, las circunstancias personales pueden justificar una intervención estatal menos intensa o una salida alternativa, pero no necesariamente convertir en inconstitucional la regla para una persona determinada.

La discusión también alcanzó al régimen anterior. La Fiscalía había objetado que De Marinis, después de declarar inaplicable el artículo 1° de la nueva ley, utilizara la Ley 22.278 para considerar no punible al adolescente, pese a que esa norma había sido expresamente derogada.

La Cámara aclaró que el apartamiento de un juez es una medida excepcional y que no puede disponerse simplemente porque un tribunal superior revoque su sentencia o discrepe de su interpretación jurídica.

En este caso, sin embargo, entendió que De Marinis había realizado valoraciones sobre la entidad del hecho, su grado de ejecución y la afectación del bien jurídico que implicaban un adelanto de opinión sobre cuestiones que deberán volver a examinarse a medida que avance la investigación. Por ese motivo consideró justificado que otro magistrado se haga cargo del expediente.

La resolución fue respaldada por los tres integrantes de la Sala III. Larocca adhirió íntegramente a los fundamentos de Mahiques, mientras que Franza desarrolló su propio voto antes de arribar a la misma decisión.

De esta manera, quedó sin efecto el sobreseimiento y la causa continuará bajo la responsabilidad de un nuevo juez, que será designado por sorteo.

Fuente: Agencia DIB.

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó este martes el fallo de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido por 60 días la aplicación de le nueva Ley Penal Juvenil la provincia de Buenos Aires.

Según el fallo que se conoció este martes, la medida que había firmado Pascual implica "una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado". Por lo tanto, la norma, baja la edad de punibilidad penal a los 14 años, vuelve a regir en Provincia.

La jueza Pascual había había uspendido la norma porque consideró que el sistema penal bonaerense no fue adaptado a la norma en términos de lugares y detención -y recursos- por lo que había dispuesto para ma{ana una audiencia con funcionario del gobienro de Axel Kicillof para analizar la forma de aplicar la norma.

Desde que se dictó, el lunes de la semana pasada, la medida causó una enorme controversia, y la magistrada recibió pedido de juicio político y denuncia penales en su contra de ONG dedicadas a la política de seguridad y de legisladores y referentes políticos de LA Libertad Avanza y PRO.

Ahora, los jueces de la cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora, Miguel Navascues y Miguel María Alberdi, formaron un fallo en el que consideran “inadmisible” el plantero de Pascual y señala que incurre en una violación de la división de poderes.

“Está vedado a los jueces analizar el acierto o la inconveniencia de las leyes, habida cuenta de que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo. Entonces, si las leyes del Congreso de la Nación se presumen legítimas, y para no aplicarlas a un caso concreto es necesario hacer un control de constitucionalidad o de convencionalidad, va de suyo que suspender la aplicación de toda una ley mediante una medida cautelar (que por su naturaleza y finalidad se adopta en forma urgente ante la verosimilitud del derecho del peticionante y el peligro en la demora y se dispone in audita parte y con carácter eminentemente provisorio), resulta a todas luces inadmisible”, sostuvo el fallo.

Los magistrados del tribunal de alzada intervinieron en el caso después de la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

En su apelación al fallo de la jueza Pascual, el representante del Ministerio Público había sostenido: “Entiendo humildemente que la decisión tomada por la magistrada se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes y la forma republicana de gobierno.

Fuente: Agencia DIB.

El nuevo régimen penal juvenil, que establece la baja de la imputabilidad para menores a partir de los 14 años y nuevas penas, entrará en vigencia este sábado.

La Ley 27.801, que fue aprobada por el Congreso en febrero de este año, modifica la normativa de la Ley 22.278 que regía desde la década del 80, brindando nuevos lineamientos sobre los delitos cometidos por menores de edad.

Según el texto, este nuevo régimen busca “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

Por un lado, ahora los menores podrán ser juzgados por delitos a partir de los 14 años, a diferencia de los 16 años de la ley anterior, con penas que van hasta los 15 años. Además, los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos.

Al igual que la normativa actual, queda prohibido difundir nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente imputado, como también fotos o datos de identificación.

Los adolescentes que cometan delitos y sean juzgados podrán ser detenidos en dependencias acondicionadas especialmente para menores, sin compartir alojamiento con personas mayores de edad.

Según el régimen, los jóvenes tendrán derecho a acceder a programas educativos para concluir sus estudios obligatorios, como también a programas de formación ciudadana para su inserción social, de capacitación laboral y deportivos.

Según el texto, los adolescentes podrán recibir las siguientes penas:

La ley remarca además que se puede evitar la pena de prisión en dos ocasiones: si la pena no supera los 3 años; y si va de entre 3 a 10 años, pero solo en el caso que el delito no implique la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o si no tuviese otras condenas o procesos en curso.

“En todos los casos, se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”, resalta.

Por otro lado, cuando el joven haya cumplido dos tercios de la pena en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para recibir la libertad condicional, podrá continuar cumpliendo su sentencia con otra pena a las establecidas.

Sin embargo, ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa a la que recibió como condena, el juez deberá modificarla por otra pena más severa.

Agencia NA

En el Concejo Deliberante se pidió más tiempo para analizar el proyecto de la secretaría de Seguridad para modificar el Código Contravencional, a partir de una serie de incidentes que afectaron la tranquilidad local, incluyendo amenazas a instituciones educativas, actos de vandalismo y diferentes eventos que altere el orden público e ilícitos donde hay participación de menores.

El proyecto busca elevar las penas y responsabilizar económicamente a los padres por las “macanas” de sus hijos, un tema que une y amplía la mirada de los bloques de la oposición.

Responsabilidad y disuasión

El concejal Ignacio Schena, que desde el 1 de junio será el presidente del bloque de La Libertad Avanza -y abogado de profesión- se mostró a favor de endurecer las sanciones.

“Somos La Libertad Avanza y estamos a favor de la mano dura en el buen sentido, de responsabilizar a quienes deban ser sancionados por los hechos que cometen sus hijos”, afirmó.

Schena subrayó que esta responsabilidad parental ya está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que el municipio no está actuando contra normas de orden público.

Contó que uno de sus aportes al proyecto de Apolonio fue ampliar el alcance de las infracciones al plantear que la penalización no se limite solo al consumo de alcohol en la vía pública, sino que incluya todo tipo de drogas y estupefacientes, para lo que argumentó que este es un problema creciente entre niños y adolescentes.

Para el concejal, el castigo tiene un doble fin. Por un lado es económico,  pero también es disuasivo. “Que esos padres estén más sobre esos chicos y también estén disuadidos de lo que puede llegar a ser las consecuencias de que ese menor incumpla”, explicó. Apuntó además que ve con buenos ojos las acciones reparadoras, como los trabajos comunitarios.

Enriquecer el proyecto

Por otro lado la concejal vecinalista, María Saavedra, coincidió en la necesidad de actualizar el código, pero advirtió sobre "un agujero” en la propuesta original.

Si bien está de acuerdo con aumentar las multas y sumar la problemática de las drogas, Saavedra enfatizó que las contravenciones -como daños o ruidos molestos- no son delitos penales y requieren un tratamiento distinto.

Su principal preocupación es que la sanción no se agote en el pago de una multa. “No se está atacando el problema del chico, sobre todo si hay un problema de adicción y se hace como un ciclo vicioso”, señaló.

Saavedra propuso que se reactive el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescentes, un organismo que, según pudo relevar, hoy no estaría funcionando plenamente.

La concejal busca que el proyecto incluya “acciones respaldatorias” para que el joven tenga un lugar de escucha y no reincida. “No lo vamos a lograr poniéndole multas al padre y haciéndole ahí al padre un taller. Tiene que ser la familia, pero principalmente el chico”, sentenció.

Destacó además que su aporte busca “enriquecer” la ordenanza para que sea efectiva y no quede solo en manos de la Secretaría de Seguridad.

Consenso en construcción

Actualmente el proyecto volvió a la comisión de Legislación para analizar estas observaciones.

Aunque existe un clima de diálogo, también persisten tensiones políticas. Schena lamentó que, mientras la oposición acompaña las “cosas buenas” del oficialismo, otros proyectos suyos, como “Ficha Limpia”, parecen estar “cajoneados”.

Por su parte Saavedra tiene previsto reunirse con otros concejales para dar un cierre definitivo a su propuesta de mejora, esperando que el nuevo código sea una herramienta de cambio para la comunidad.

El secretario municipal de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, contó cómo es la propuesta que busca reformar el Código Contravencional Municipal.

La iniciativa surge tras una serie de incidentes que involucraron a menores, desde daños a patrulleros y cámaras de seguridad hasta recientes amenazas en escuelas locales, en el marco de un reto viral que impactó en instituciones educativas de todo el país.

Un artículo “olvidado”

Apolonio explicó que la base legal ya existe, y se trata del artículo 303 de la ordenanza 1183, aprobada en 2010.

Según el funcionario, esta herramienta no fue utilizada por la gestión anterior del Movimiento Vecinal -durante 16 años- pero su gestión en Seguridad bajo la intendencia de Pablo Garate (Fuerza Patria) considera “fundamental para tratar de corregir conductas sobre los menores en compañía de sus padres”.

Multas más severas

Uno de los cambios más drásticos es el incremento de las sanciones económicas. El proyecto propone elevar las multas, que actualmente oscilan entre el 20 y el 200 por ciento de un sueldo municipal, a un rango de entre el 50 y el 300 por ciento, lo que representaría cargos entre 350.000 y hasta 2.100.000 de pesos.

“Lamentablemente, si no producís una sanción que le afecte en el bolsillo, no modificamos conductas”, sentenció Apolonio.

Además advirtió que estas infracciones quedarán registradas y podrían impedir, por ejemplo, la renovación de la licencia de conducir en el futuro.

Más conductas observadas

La reforma no solo aumenta los montos, sino que también amplía el espectro de lo que se considera una falta por la cual los padres deben responder.

La propiedad privada ahora está contemplada. Anteriormente solo se sancionaban daños a bienes públicos; pero ahora se incluirán ataques al inmueble de cualquier vecino.

Respecto al consumo de sustancias, se incorporan sanciones por el hallazgo de menores bajo efectos de estupefacientes en la vía pública, que se suman al estado de ebriedad ya contemplado en la ordenanza que rige desde hace años.

Los horarios y lugares también tienen un ítem especial, porque con la reforma de la ordenanza se faculta al municipio a actuar cuando menores se encuentren en lugares u horarios no permitidos. “Un niño de 12 años, a las 2 de la mañana, un miércoles en la vía pública, no es un lugar para estar”, ejemplificó el responsable de las políticas de seguridad del distrito.

Acciones reparadoras

Más allá de lo económico, el proyecto incluye formas en las que los sancionados –también- podrán restaurar el daño generado. Apolonio destacó que, tras la sentencia del Juez de Faltas, tanto padres como hijos deberán asistir a talleres de concientización o realizar trabajos comunitarios juntos.

“Si rompo un vidrio de una escuela o pinto una pared y tengo que ir con mi papá a pintar esa pared, realmente estoy dando un ejemplo y nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos cometiendo; estamos reparando”, reflexionó el funcionario.

Tensión en el Concejo

A pesar de que la iniciativa parecía tener consenso en la comisión de Legislación, Apolonio advirtió que hubo intentos por entorpecer el tratamiento del proyecto por parte del Movimiento Vecinal, bloque que, según dijo, expresó minutos antes de la sesión que no daría su apoyo y que necesitaba tiempo para incorporar más análisis al tema.

“Me llama la atención que una herramienta que instalaron ellos (en 2010), pero que no usaron, ahora que la queremos ‘agiornar’ a las nuevas épocas, nos estén poniendo trabas”, observó el secretario, al insistir en que “la sociedad está pidiendo esto” y que es facultad del Estado corregir estas actitudes mediante sanciones.

La responsable de la fiscalía Nº4 del fuero de minoridad, Marina Vizzolini, contó a La Voz del Pueblo que de los cincos teléfonos secuestrados por la policía tresarroyense en el marco de la investigación por las denuncias por amenazas en escuelas de la ciudad, pudo confirmar la participación de uno de los investigados.

Si bien fueron cinco los dispositivos, para la investigación son cuatro los estudiantes sospechados de haber participado en los hechos.

“Respecto a los cuatro menores sospechados las pericas de los teléfonos solo dieron positivo respecto a uno, los restantes no”, respondió Vizzolini al ser consultada al respecto.

En tanto explicó que relacionado con publicaciones en una página de una red social de Instagram, se lo considera “inimputable”. No obstante remarcó que se está trabajando con peritajes psicológicos y socio ambientales, respecto al menor identificado como responsable de las amenazas.

Abordaje en Educación

La inspectora jefe distrital de Educación, Angélica Galván, se refirió a la situación de los alumnos que resultaron identificados por la investigación policial como responsables de las amenazas que alteraron el clima escolar en el distrito, en el marco de un reto viral que afectó escuelas en todo el país.

Galván explicó a La Voz del Pueblo que, desde el ámbito educativo, se encuentran a la espera de los oficios judiciales que deben llegar formalmente a las instituciones educativas, ya que hasta el momento la justicia no notificó de forma directa a la jefatura sobre las identidades de él -o los- implicados.

Una vez que disponga de esa información de modo oficial, la inspectora señaló que el protocolo de actuación será bajo la figura de medidas reparadoras, en estrecha relación con los Acuerdos Institucionales de Convivencia.

“Van a tener algún tipo de sanción y medida reparadora”, afirmó la funcionaria quien aclaró que cualquier proceso se realizará bajo el resguardo necesario que requieren los menores de edad en el sistema educativo.

Explicó además que el enfoque no se limita a la sanción, sino que busca la reflexión que implicaron estos hechos. La autoridad local educativa aclaró que se trabaja con los jóvenes para que comprendan que “una amenaza nunca es una broma”, sino que se trata de una acción que configura un delito.

Por ello remarcó que el dispositivo de intervención incluye espacios de diálogo y reflexión sobre los límites, buscando que los estudiantes comprendan las consecuencias legales y sociales de sus actos.

Indicó que en este tipo de intervención participa la Mesa Multisectorial.

Desde la Jefatura de la Policía Comunal de Tres Arroyos se informó en la tarde de este martes que en el marco de cuatro allanamientos se secuestraron cinco celulares pertenecientes a menores sospechosos de haber sido responsables de las amenazas registradas en establecimientos educativos de la ciudad.

Agentes de la comisaría primera y de Investigaciones realizaron los procedimientos de forma simultánea, en el marco de una investigación que tomó trascendencia pública a partir del tenor de las amenazas realizadas en instituciones pero también desde redes sociales.

“La investigación se inició de oficio, a raíz de publicaciones en redes sociales, más precisamente en la plataforma Instagram, página creada y posteriormente borrada, ‘Tres.Arroyos.Preparen’, donde públicamente amenazaban a estudiantes locales”, señala un comunicado enviado desde la sede policial.

En el mismo escrito se indicó que “ante la gravedad de la situación, el Juzgado de Garantías del Joven de Tres Arroyos ordenó los registros domiciliarios en base a las tareas investigativas urgentes llevadas a cabo, en un trabajo coordinado entre personal policial, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, donde se logró identificar menores involucrados en las amenazas públicas”.

“Los registros arrojaron resultados positivos, se secuestraron cinco celulares que serán periciados para el esclarecimiento total del presente hecho”, informó la policía.

“El mensaje del Estado es afrontar la situación, accionando con rapidez, adoptando medidas preventivas y de contención en el ámbito escolar, llevando tranquilidad a docentes, alumnos y familia, reforzado la presencia institucional para evitar cualquier situación de riesgo”, destaca el comunicado.

En una entrevista exclusiva con LA VOZ DEL PUEBLO, la fiscal de Menores, doctora Marina Vizzolini, reconoció el porcentaje que observa en nuestro distrito y, además, se refirió al alcance de la reciente reforma de la Ley Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. Dónde se da la mayor injerencia de menores en el delito de Tres Arroyos. La responsabilidad de los padres y la vulnerabilidad

Por Enrique Mendiberri

En Tres Arroyos, el delito juvenil tiene una cara conocida por la Justicia: diferentes maneras de robos en casas, de motos, daños y una vulnerabilidad social que "hace agua por todos lados", castigada cada vez más por el flagelo de la droga.

Con 14 años de experiencia en el fuero, la fiscal Marina Vizzolini sostiene que más del 50% de los menores que delinquen en la ciudad provienen de familias con antecedentes o entornos en crisis. En este contexto, la reforma legal que entrará en plena operatividad en septiembre no solo trae la imputabilidad desde los 14 años, sino también la responsabilidad civil de los padres. 

Para Vizzolini, el cambio es necesario porque el sistema anterior era "obsoleto", aunque advierte que la ley penal es el último recurso: "La realidad es compleja y hay que trabajar en la prevención porque un chico ve y hace lo que hacen sus padres".

La estructura legal que rigió hasta hoy el destino de los menores en conflicto con la ley penal no era solo antigua; era un resabio de una época oscura. 

La doctora Vizzolini, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, es contundente al analizar la Ley 22.278, la norma que marcó el ritmo de su trabajo desde que asumió en el fuero en 2008. "Era la ley que regía a nivel nacional, una ley que había quedado obsoleta, que fue muy cuestionada y estaba en vigencia desde hace más de 40 años, luego de ser sancionada durante la última dictadura militar", explica.

Esta transición no es solo un cambio de números o artículos, sino un giro filosófico en la concepción del adolescente. Bajo el régimen que se despide definitivamente el próximo 5 de septiembre, el menor no era una persona con plenos derechos procesales ante la ley, sino un objeto de cuidado —o castigo— bajo la mirada paternalista y, a veces, arbitraria del Estado. 

"Era una ley donde los menores eran objetos de proceso, no sujetos de derecho, donde el juez tenía facultades discrecionales, resolvía respecto al menor, no había garantías del debido proceso y se lo sometía a una tutela, a veces, por tiempo indefinido", señala la fiscal. Según su visión, la reforma era un cambio que "se tenía que dar" para saldar una deuda histórica con los organismos internacionales y con la propia Constitución Nacional.

El cambio técnico

Uno de los puntos que más confusión genera en la opinión pública es qué pasaba —y qué pasará— cuando un chico cometa un delito grave.

Hasta hoy, la justicia se encontraba con las manos atadas frente a los "no punibles". Vizzolini relata con crudeza esa limitación: "Cuando un menor no punible cometía un hecho grave, lo único que podíamos hacer era determinar una medida de seguridad, que era una medida de coerción en la que no había garantías, porque el menor no estaba en un proceso penal".

Esa medida se tomaba por el peligro inminente para terceros, pero el resultado solía ser frustrante para la sociedad y para la propia Justicia: "Se lo encerraba en un instituto para hacerle una serie de estudios, pero después ese menor retornaba a su domicilio y a su vida". 

Con la nueva Ley 27.801, esa opacidad desaparece. El adolescente ahora pasa a ser un sujeto de derecho con todas las garantías: derecho a ser oído, a un defensor, al principio de legalidad y a una sanción diferenciada de la de los adultos.

Un dato clave para no generar falsas expectativas inmediatas descansa en la operatividad. Aunque la ley se sancionó en febrero y se publicó en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo, existe un periodo de vacancia. "La ley no está operativa hasta el 5 de septiembre, 180 días después de su publicación", aclara la fiscal. Mientras tanto, se seguirá trabajando bajo la vieja ley, realizando la etapa de instrucción local con intervención del Juzgado de Garantías del Joven hasta la elevación a juicio, momento en que, una vez aplicada la nueva Ley, el debate se trasladará a Bahía Blanca.

"Un gran porcentaje de los chicos que tenemos acá (por la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos) vienen de familias muy vulnerables, donde a veces la madre es la única referente familiar, donde lucha con chicos más chicos, con padres ausentes o algún integrante de la familia en situación de encierro" 

El mito de la detención

En el café, en las redes sociales y en las charlas entre vecinos de la ciudad, la frase "entran por una puerta y salen por la otra" es moneda corriente. 

Vizzolini, con la templanza que le dan años de ver expedientes, desafía ese lugar común. "No me gusta esa palabra (puerta giratoria). Todos los pasos que se cumplen dentro del derecho penal se cumplen de acuerdo a lo que la ley permite. No se han dado libertades porque sí", afirma.

Sin embargo, reconoce que la reiterancia es el gran problema de Tres Arroyos. "He tenido chicos que cometían dos hechos por semana, donde rompían un vidrio para entrar en un local del centro, rompían la caja registradora... eso todas las semanas". 

Es precisamente en este punto donde la reforma promete ser una herramienta más eficaz.

Al bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para cualquier delito —sin importar la pena—, la Justicia puede intervenir formalmente antes. "Eso marca una diferencia con el régimen anterior donde los delitos cuya pena no superaran los dos años de prisión quedaban afuera del sistema penal", explica.

Pero advierte: la ley no busca poblar las cárceles de adolescentes. "Con la nueva ley hay un mito de que van a quedar todos detenidos. La detención es el último recurso de una serie de medidas y penas. Se dará en hechos graves y siempre que exista peligrosidad procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio".

El verdadero desafío para Tres Arroyos será usar la ley para frenar la escalada: "El desafío va a pasar por hacer que no repitan episodios para que no se les complique la situación procesal".

La familia en el banquillo

Al profundizar en el perfil del menor que delinque en nuestra ciudad, la fiscal Vizzolini ofrece un dato que estremece por su carga sociológica: más del 50% de estos chicos son hijos o familiares directos de personas con antecedentes penales. "Un gran porcentaje de los chicos que tenemos acá (por la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos) vienen de familias muy vulnerables, donde a veces la madre es la única referente familiar, donde lucha con chicos más chicos, con padres ausentes o algún integrante de la familia en situación de encierro".

“Con la nueva ley hay un mito de que van a quedar todos detenidos. La detención es el último recurso de una serie de medidas y penas. Se dará en hechos graves y siempre que exista peligrosidad procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio”

Esta transmisión casi consuetudinaria no es solo criminal, sino de falta de contención. La fiscal observa que a los 14 o 15 años, muchos ya están fuera del sistema: no estudian ni hacen deportes. "Hacen changas. ¿Y qué pueden hacer? Juntarse con sus pares para hacer cualquier cosa". Aquí es donde existen ciertos cambios normativos que introducen un elemento de presión para el entorno adulto: la responsabilidad civil. Ahora, los padres deberán asumir el resarcimiento económico por lo que hicieron sus hijos, un intento de involucrar a la familia en el "límite normativo" que hoy parece perdido. "La familia no puede operar con los menores. Puede hacerlo desde el afecto y el amor, pero desde el límite se le va de las manos", analiza.

Entre la sanción y la esperanza

A pesar del panorama complejo y de las falencias habitacionales en los institutos de menores —donde Vizzolini reconoce que existe superpoblación y condiciones críticas—, la fiscal no abandona la misión pedagógica del fuero especializado. La reforma, al eliminar la discrecionalidad del juez que antes podía decidir el destino de un chico recién a los 18 años, busca una justicia más rápida y previsible.

La pregunta que queda flotando en el aire de la Fiscalía es si este sistema realmente logra recuperar vidas. Vizzolini no duda. Al ser consultada sobre si, a lo largo de su experiencia en el Ministerio Público ha conocido casos de chicos que delinquen de jóvenes y luego se transforman en "personas de bien", su respuesta es un "sí" contundente que justifica su carrera. "Sí, tenemos ejemplos. El objetivo del trabajo es hacer todos los días algo puntual o intentarlo".

Para ella, el equilibrio es delicado pero posible: ser la representante de una sociedad que exige seguridad y de las víctimas que buscan respuestas, sin olvidar que el adolescente es un sujeto en pleno desarrollo biológico cuyo cerebro aún no está conformado como el de un adulto. "Siendo un trabajador de un fuero especializado, no se puede trabajar sin ese norte. Es la misión de este fuero", concluye, dejando en claro que, a partir de septiembre, el fuero en el que se desempeña tendrá una nueva herramienta, pero que la solución definitiva seguirá dependiendo de lo que pase en los hogares y en las calles mucho antes de que se rompa el primer cristal.

El Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos condenó a un hombre a la pena de 12 años de prisión por corrupción de menores en perjuicio de dos de sus hijos menores de edad, con quienes convivía en la localidad de Tres Arroyos.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hechos se desarrollaron entre entre el año 2019 y 2023 cuando el hombre realizó diversas prácticas de índole sexual respecto de sus hijos, que consistía en tocamientos que involucraban las partes íntimas, en supuesta forma de juego, recostarse sin ropa con los menores, sumado a la filmación y tocamiento de partes íntimas.

Esas prácticas se sucedían de manera continua, en el interior de la vivienda que compartían  al punto que los menores naturalizaban esas situaciones.

En el fallo, el juez Hugo de Rosa señala: “Es sabido, que en relaciones atravesadas por una marcada asimetría de poder, la ausencia de resistencia no equivale a voluntariedad libre”.

“Debe ponderarse, además, que la reiteración de este tipo de conductas surge no sólo de los dichos delos menores sino también del propio reconocimiento del imputado, quien admitió que tales prácticas eran habituales en el ámbito familiar, bajo la forma de “bromas”, dejando abierto un interrogante preocupante e inquietante, puesto sobre la mesa por la Sra. Agente Fiscal, en cuanto se preguntaba sobre lo que habría sucedido antes o después de esos videos, en especial al exhibido en segundo término”- en el cual se aprecia una situación en la que el menor no manifiesta iniciativa ni entusiasmo y el adulto dirige la interacción y aplica castigos ante su negativa-.

El magistrado detalla además que “La reiteración, la dirección de la conducta por parte del adulto responsable, la asimetría estructural propia del vínculo, la naturalización advertida por los peritos y la decisión de registrar las escenas permiten inferir que el imputado actuó con conocimiento de la naturaleza objetiva de sus actos sus consecuencias en el desarrollo normal de sus hijos generando una situación jurídicamente relevante de peligro en tal sentido”.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores agravada.

 El ex jefe de la policía de Buenos Aires, Salvador Baratta, aseguró que “el 70 por ciento de los menores terminan muertos”, en el programa ´Vamos Rivadavia´ que se emite por Radio Rivadavia AM 630.

En medio de la discusión en el Congreso de la Nación por la implementación de la baja de imputabilidad de 16 a 14 años, el comisario aseguró que “en los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia. Y les digo más: yo todos los casos que tuve de menores ¿sabe como terminaron?, el 70 por ciento muertos. Porque el Estado vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía”.

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Buenos Aires, 24 de enero (NA) -- El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.

El legislador aseguró que esta decisión política responde a "un mandato claro" expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de "tolerancia cero" ante el delito que sostiene el oficialismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas. "Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión", afirmó Menem al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

X de Martin Menem

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que "el que las hace, las paga", reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.__IP__

Según Menem, la iniciativa no admite "medias tintas" y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

"En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición", concluyó el referente riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses. #AgenciaNA 

El nuevo protocolo de Cámara Gesell, que establece el cumplimiento de los derechos de los menores y personas con padecimientos mentales que hayan sido víctimas de delitos, comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires, tras la promulgación de la ley en el Boletín Oficial.

Con la normativa, aprobada semanas atrás en la Legislatura, se busca establecer reglas precisas para la declaración de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad o padecimientos mentales que hayan sido víctimas de delitos o citados como testigos, con el eje puesto en el cumplimiento efectivo de sus derechos y la prevención de la revictimización.

La iniciativa impulsada por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, apunta a que las personas en situación de vulnerabilidad sean convocadas una sola vez a declarar, mediante una audiencia videograbada, a la que luego puedan recurrir las autoridades judiciales cada vez que lo requieran.

En concreto, con el nuevo protocolo, los sujetos señalados no tendrían por qué tener contacto con los imputados, ni con el personal policial o la alcaldía, y su declaración en el proceso judicial se realizará “mediante un sistema de Circuito Cerrado de Televisión” y fuera de la “sede del Fuero Penal”.

Con el protocolo de la Cámara Gesell, en el ámbito de la entrevista estarán presentes exclusivamente el/la perito especialista en psicología y/o psicopedagogía y el niño, adolescente o persona con discapacidad a entrevistar, a menos que el profesional evalúe la necesidad de invitar a una persona adulta de confianza o referente afectivo.

Fuente: Agencia DIB

A cuatro meses del primer robo que sufrió este año en su local de avenida San Martín 1315, en la madrugada de ayer, dos menores de 14 volvieron a intentar llevarse una moto en el comercio de Esteban Pereyra.

En esta oportunidad,  fue a la 3.40 de la madrugada, cuando luego de arrojar un elemento contundente contra la puerta de vidrio, activaron la alarma y eso los puso en fuga.

“Van sabiendo que los buscan, van y hacen exactamente lo mismo. En la misma vidriera”, le dijo el propietario de Flying Motos, Esteban Pereyra, a LA VOZ DEL PUEBLO.

Según el empresario tresarroyense, las autoridades le dijeron que están completamente atados de pies y manos a raíz de la edad de los delicuentes, “ellos te pueden robar cinco, seis, siete u ocho veces. Han robado más de 14 motos pero no les pueden hacer nada. Es muy loco entenderlo, pero para que te des una idea, yo le pregunté a la policía ‘entonces ¿cuàntos robos pueden hacer? ¿Mil? Y me dicen ‘no podemos hacer nada’. Tardan más en hacer el papeleo que recuperar la libertad ellos (por los menores)”, comentó el damnificado quien, luego de sufrir una sutracción el pasado 7 de abril, logró recuperar por sus propios medios la moto robada.

En ese sentido, la víctima decartó que sea un ajuste de cuentas, ”para ellos es como un juego. Van y tratar de robarse una moto, como un desafío”, concluyó.

El pasado domingo 7 de abril, dos delincuentes encapuchados se llevaron una moto de 200cc que estaba en exhibición luego de romper una puerta que da al frente, sobre avenida San Martín. Tras eso, con celeridad pero mucha calma, lograron sacar el vehículo del local, trasladarlo corriendo hasta la esquina, donde lo habrían arrancado.

En el hecho más reciente, trataron de destruir el vidrio con un objeto contundente, pero las características del material lo impidieron y activaron la alarma, lo que puso en fuga a los precoces delincuentes.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2023 en una vivienda de esa ciudad, cuando el hombre aprovechó el momento en que se quedó al cuidado de la niña para someterla a situaciones abusivas.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de siete años de prisión por haber abusado de una menor de edad.   Según la investigación, el hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2023 en una vivienda ubicada en la calle Estados Unidos al 1.000, cuando   el hombre aprovechó el momento en que se quedó al cuidado de la menor de 5 años para someterla a situaciones abusivas.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, la niña le refirió a su madre lo sucedido y la mujer se dirigió de manera inmediata al destacamento policial del Barrio Rucci, para pedir ayuda y denunciar el hecho. Como consecuencia,   la víctima sufrió lesiones en sus partes íntimas que fueron documentadas por el médico de la Policía Científica, que realizó el examen protocolar.

El imputado fue condenado como   autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. (DIB) GML

El miércoles en comisión, el oficialismo quiere establecer la edad en 13 años pero la mayoría de los bloques dialoguistas y el massismo quieren fijarla en 14 años.

Tras el asesinato de Kim Gómez,   la Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión el proyecto para bajar la edad de imputabilidad   para establecerla en 14 años,   con el fin de poder imponer prisión de hasta 20 años a los menores que cometen delitos graves y prohíbe la pena de reclusión perpetua.

Tras el pedido del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa para que se aprueba la reforma del Código Procesal Penal,  la presidenta de la comisión de Legislación Penal   Laura Rodríguez Machado   (PRO) motorizó la convocatoria para discutir este miércoles a las 10 esa iniciativa, que siempre dividió las aguas en el Congreso.

Milei reclamó al Congreso Nacional que trate los cambios a la legislación penal luego de varios asesinatos en la provincia de Buenos Aires, que provocaron un fuerte cruce con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Rodríguez Machado acordó con sus pares de la comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto,   Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA),   acelerar la citación al plenario con el objetivo de comenzar a discutir un dictamen, ya que con las siete reuniones que hizo el año pasado ya concluyó la ronda de consultas.

La discusión será previa a la sesión impulsada por bloques opositores para este miércoles al mediodía para tratar diversos proyectos que apuntan a investigar, pedir informes o interpelar a funcionarios involucrados en el cripto escándalo Libra .

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que la idea es comenzar a tratar entre los diputados el despacho que se impulsará en base a la propuesta del Gobierno Nacional, pero también incluir algunas propuestas de la decena de proyectos que existen en la cámara baja.

Y precisaron a NA que si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para procesar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14 años, como proponen entre otros, el diputado massista Ramiro Gutierrez.

Además del massismo, el presidente del PRO Cristian Ritondo también propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y en la misma línea está el proyecto presentado por el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel  López, así como las iniciativas impulsadas por los legisladores de Producción y Trabajo, Nancy Picon, y  la radical Carla Carrizo.

En cambio, el diputado libertario mendocino Alvaro Martínez presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los doce años, y la legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, impulsa mantener la edad actual e incluso analizar si a los 16 años ha comprendido los hechos delictivos que ha realizado, así como una serie de medidas de contención social.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Todos los proyectos proponen en la reforma del Régimen Penal Juvenil diversas sanciones además de la prisión para los delitos menores y para lograr la resocialización del menor.

En ese sentido, la iniciativa del Gobierno  propone  un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o de lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.

Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido losdos tercios de la condena, para que el resto de la pena se puedacumplir en su domicilio.

Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otroslugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.

En la noche del viernes, un menor de 15 años, oriundo de la ciudad de Necochea, fue brutalmente golpeado en un pub de Claromecó.

Según el testimonio de su madre, Marianela Sandoval, Axel, el menor agredido, vino a visitar a su papá, quien reside en Claromecó. El viernes por la noche decidió, junto a un amigo, salir al local “Calma Chicha”.

En el transcurso de la noche se generó una discusión entre el amigo del menor y el agresor, “El chico comenzó a decirle cosas y se empezó a pelear con el amigo de mi hijo. Mi hijo los quiso intentar separar y cuando lo hace, la persona que le pego, agarro un vaso y le dijo ´vos que te metes´ y se la dio de lleno en la cara”, nos detalló Marianela.

“La denuncia ya está hecha y estoy a la espera de las novedades que me den desde fiscalía. Esto no puede quedar así, se tiene que hacer justicia”.

El agresor aparentemente habría sido identificado, pero por cuestiones de seguridad y privacidad este medio prefiere reservar su identidad.

Habría al menos 22 estudiantes y tras la viralización la Policía realizó un allanamiento en su vivienda

Un adolescente de 15 años vendió fotos de sus compañeras del colegio desnudas, creadas con Inteligencia Artificial (IA), en San Martín y se estima que hay al menos 22 estudiantes afectadas por la modificación de las imágenes. Tras el conocimiento del caso, se realizó un allanamiento en su vivienda.

En las últimas horas trascendió la acusación contra un alumno del colegio Agustiniano en San Martín que a través de la IA modificó las fotos que sus compañeras subían a sus redes sociales, las desnudó con tecnología y luego las vendió de manera privada.

De acuerdo a las primeras informaciones, el adolescente al comienzo las subía a la plataforma Discord de manera gratuita, hasta qué tiempo después las empezó a vender a $25 mil.

Frente a este escenario, la Policía realizó un allanamiento en su domicilio y allí secuestraron computadoras y su celular, los cuales serán analizados de manera completa para determinar cómo efectuaba la maniobra delictiva.

Sin embargo, se supo que el menor creó un grupo en dicha plataforma llamada “Colegialas” donde publicaba las imágenes editadas de sus amigas. Se estima que tenía cerca de ocho mil suscriptores.

La causa quedó en manos de Alejandra Novoa, de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, quien solicitó las pericias correspondientes, así como también citó a la directora y a una auxiliar del colegio para que este viernes declaren.

Sumado a estas diligencias, Novoa pidió que se haga una auditoría de su billetera virtual para constatar las transacciones que logró al vender las fotos.

Aunque se estima que hay alrededor de 22 estudiantes afectadas, de entre 17 y 13 años, hasta el momento solo seis damnificadas realizaron una denuncia formal.

Ante el conocimiento, varios padres se congregaron en la puerta de la institución para pedir respuestas por parte de las autoridades, ya que el menor habría realizado varias de sus ediciones dentro de la escuela.

Otra de las cuestiones que resaltan es que el acusado continúa asistiendo a clases, pero con un preceptor ya que intentaron agredirlo en reiteradas oportunidades. (NA)

El hecho más reciente fue informado a este diario poco después que sujetos desconocidos detonaron un explosivo, presumiblemente un petardo, en el vestíbulo de una de las casas antiguas que caracterizan esa cuadra, ubicada a unos 300 metros del corazón céntrico de Tres Arroyos.

LA VOZ DEL PUEBLO se dirigió hace instantes a ese sector de la ciudad y tomó contacto con una de las moradoras de la vivienda atacada anoche, quien bajo reserva de identidad a raíz del temor que le genera la difícil situación, relató que los primeros incidentes los sufrió hace 15 días, mientras estaba trabajando en la restauración de su propiedad. Justamente en ese momento, en horas de la mañana, uno de los tres jóvenes que pasaba caminando por su vereda cuando ella manipulaba una amoladora, la sorprendió con un grito y la sacudió, antes de continuar caminando hacia la calle Roca, donde según el mismo testimonio, los tres jóvenes bloquearon el recorrido de otro adolescente, al que increparon e hicieron que cruce hacia la acera opuesta para evitar un episodio violento.

Luego de ver eso, la mujer se dirigió a las instalaciones donde funciona el Programa Envión, una actividad promovida por la Provincia de Buenos Aires para jóvenes de entre 12 y 21 años, con 550 sedes en todo el territorio bonaerense, entre las que figura de la calle Sarmiento 582, en nuestra ciudad. Al llegar, comentó fue recibida por una autoridad que le manifestó la obligación de que los menores que acuden ahí circulen por la calle acompañados de un mayor, algo que no se estaría cumpliendo.

Tras manifestar su queja, en una de las mañanas siguientes, la vecina volvió a cruzarse a los problemáticos jóvenes en la calle, oportunidad en la que, de acuerdo a su relato, luego de intentar cerrarle el paso ubicándose en línea recta sobre la vereda, la insultó una vez que ésta logró esquivarlos y continuó su recorrido rumbo a casa.

Instantes más tarde, volvió a ser increpada por los desconocidos cuando éstos pasaron por su casa.

En esa oportunidad, volvió a la sede de asistencia social, volvió a ser recibida por las mismas autoridades, aunque recordó que, momentos antes, un docente del lugar le reconoció que no era la primera vez que alguien iba con quejas de ese tipo al lugar.

La gota que rebalsó el vaso ocurrió anoche, cuando autores ignorados le arrojaron un petardo a través del buzón de su vestíbulo, generándole un gran susto que fue escuchado por otros vecinos. En las próximas horas, la damnificada iba a realizar la correspondiente denuncia en la seccional tresarroyense.

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