El Gobierno Nacional define la estrategia para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil que debatirá con la oposición para avanzar en la conquista de las voluntades que necesita para aprobar el proyecto.

En Casa Rosada se esperanzan con poder sintetizar las normativas presentadas en la materia para lograr reducir la edad de imputabilidad. Si bien el ideal del presidente Javier Milei es bajarlo a los 13 años, en el oficialismo saben que el consenso adquirido hasta entonces por todos los sectores se extiende hasta los 14.

"Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir los consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, sostuvo ante esta agencia una importante fuente involucrada.

No es la primera vez que el oficialismo involucra a la oposición con este tema. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados habilitó a un debate similar con la oposición y en mayo de 2025 conquistó dictamen.

Si bien el ideal es cumplir con la aprobación de la Ley Penal Juvenil en febrero, por los pasillos de Balcarce 50 anticipan que los plazos legislativos son complejos y que podrían dificultar la aprobación. Aún con la estrategia en pleno debate hay quienes creen que el tratamiento podría extenderse durante el período ordinario que iniciará el 1° de marzo.

“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumos dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos”, admitió un alfil legislativo involucrado en la negociación. Sin embargo, hay un sector que ve factible la posibilidad de aprobarlo durante la prórroga veraniega.

Asimismo, destacan como positivo la posibilidad de instalar el tema centralmente luego del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Una de las más activas fue la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en Senadores, Patricia Bullrich.

De esta forma, Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se preparan para trabajar en paralelo con la idea de obtener media sanción de la Reforma Laboral, cuyo debate iniciará el 11 de febrero en la Cámara Alta, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para la misma fecha en la Baja

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el municipio bonaerense de 9 de Julio para asistir a los distritos del interior afectados por las inundaciones provocadas por el desborde de la Cuenca del Río Salado.

“Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”, señaló la funcionaria durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que agregó que se llevarán adelante tareas de “limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas”, entre otras acciones, con el objetivo de “garantizar la circulación por los caminos”.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bullrich detalló el conjunto de medidas que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para asistir a la población afectada por la emergencia hídrica. La ministra dio cuenta de que “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires”, el Ejecutivo decidió desplegar “un operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.

 En 9 de Julio

El centro de operaciones funcionará en 9 de Julio, adonde el sábado viajará el titular de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar las tareas con el intendente local y con sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, junto con camiones volcadores y equipos operativos. A su vez, el Ministerio de Defensa, mediante el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aportará maquinaria vial para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más dañados.

También se desplegarán fuerzas federales c

#CARBAPdice Desde #CARBAP valoramos el anuncio de la ministra Patricia Bullrich sobre el envío de asistencia a las ciudades afectadas por las inundaciones.Desde nuestra Confederación venimos gestionando y reclamando de manera constante ante municipios, gobiernos provinciales y… pic.twitter.com/iKVjHSvekd

on camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

El Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias, y precisó que en la zona cayeron entre “1.200 y 1.800 milímetros de agua cuando más de 500 milímetros es una anomalía para esta época del año”.

“El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente. Por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”, insistió.

Nación sin Provincia

Antes, Adorni había asegurado que “el equipo del gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”. En ese sentido, Bullrich reconoció que la decisión de instalar el centro de operaciones en 9 de Julio fue adoptada por la Nación y no discutida previamente con la Provincia. “Si el gobierno provincial quiere ir a 9 de Julio será bienvenido”, aclaró la ministra, quien además recordó que “la Provincia tiene la responsabilidad sobre las obras en la Cuenca del Salado”.

Y agregó: “Hace dos semanas el gobierno provincial anunció obras para la Cuenca, obras que hace 50 años que no se hacen”.

La Provincia destina $8.800 millones

También en la jornada de hoy, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso este jueves la transferencia de más de $8.800 millones para obras hidráulicas en distintas localidades bonaerenses.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1054 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y tiene como objetivo financiar dos proyectos: gestión de desagües pluviales en la localidad de Mechita y los partidos de Alberti y Bragado; y la puesta en valor del sistema de bombeo de napas en Morón.

En total, se trata de una reasignación de $8.810 millones, que se divide entre $5.510 millones en el primer diferido y $3.700 millones en el segundo, dentro del presupuesto prorrogado del ejercicio 2025.

En silencio también se trabaja y se obtienen resultados. Es por eso que, desde la SRA, a nivel nacional estamos hablando casi semanalmente con las autoridades por el tema del tramo que falta del Río Salado, cuya obra empezó hace unos días. Tratamos de hacer seguimiento de los… pic.twitter.com/wXpiowM9iN

La obra de desagües pluviales en Mechita, Alberti y Bragado apunta a mejorar la gestión del agua en una zona históricamente afectada por inundaciones rurales y urbanas. En tanto, la intervención en Morón responde a la necesidad de modernizar el sistema de bombeo para controlar las napas freáticas en un área urbana densamente poblada.

Desde el Ministerio de Infraestructura remarcan que esta reasignación “responde a la prioridad de atender situaciones críticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos extremos”, y destacan que se trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos para acelerar la ejecución.

5 millones las hectáreas afectadas

Las fuertes lluvias de los últimos días especialmente sobre Bolívar, Daireaux y Urdampilleta, agravaron el panorama ya complicado por anegamientos en los caminos rurales. Esos accesos estaban en condiciones deplorables antes del último temporal.

“Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor”, informó la Sociedad Rural de Bolívar, tras los 200 milímetros caídos entre lunes y martes.

Desde Carbap estimaron que el área afectada se acerca a las cinco millones de hectáreas, teniendo en cuenta que hace unas semanas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya había señalado que en la provincia 4,3 millones de hectáreas estaban en jaque por el avance del agua, 900.000 de ellas totalmente inundadas”, informó Noticias Argentinas.

“Antes, el problema grande era hasta Las Flores, pero hoy de Las Flores hacia el mar también está todo con muchísimos problemas. Tal vez no están totalmente inundadas pero sí muy afectadas”, explicaron desde la entidad.

Al achicamiento de la superficie disponible para la hacienda se suman las complicaciones para avanzar con la siembra de soja y maíz, y la imposibilidad de trasladar insumos o producción por muchos caminos.

Las lluvias más fuertes de las últimas horas cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas. Un gran volumen correrá cuenca abajo hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, que se encuentran en situación crítica. Desde allí, el flujo del agua hacia el mar a través del Río Salado es lento por la falta de obras de dragado.

 Dib y Noticias Argentinas

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios se reunió ayer y recomendó declarar el estado de emergencia agropecuaria por sequía para 13 municipios bonaerenses, tras la solicitud del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. La Provincia ya había declarado la emergencia para esos distritos el 11 de noviembre pasado y se encuentra brindando asistencia a los productores afectados.

La reunión estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, junto a sus pares del resto del país.

La resolución comprende a los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores. De esta forma, Buenos Aires se convierte en la primera provincia en obtener tratamiento de la emergencia por la sequía que afecta vastamente a la región por parte del gobierno nacional.

Una vez que avance la recomendación de la Comisión Nacional, los productores y productoras de esas localidades que hayan sido afectados por la reciente sequía podrán acogerse a los beneficios contemplados en la Ley N°26.509, entre los que se incluyen la prórroga de los vencimientos de los pagos de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y de bienes personales; la prórroga del pago de los vencimientos de deudas bancarias (con un plazo de hasta 48 cuotas); la suspensión durante el plazo de la emergencia de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados y la paralización de los juicios que estuvieran en trámite con el mismo fin.

Aquellos productores que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural.

En tanto, aquellos productores que hayan sufrido una afectación de entre 80% y 100% entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de afectación.

Además, la provincia de Buenos Aires puso a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores.