En el Concejo Deliberante se pidió más tiempo para analizar el proyecto de la secretaría de Seguridad para modificar el Código Contravencional, a partir de una serie de incidentes que afectaron la tranquilidad local, incluyendo amenazas a instituciones educativas, actos de vandalismo y diferentes eventos que altere el orden público e ilícitos donde hay participación de menores.

El proyecto busca elevar las penas y responsabilizar económicamente a los padres por las “macanas” de sus hijos, un tema que une y amplía la mirada de los bloques de la oposición.

Responsabilidad y disuasión

El concejal Ignacio Schena, que desde el 1 de junio será el presidente del bloque de La Libertad Avanza -y abogado de profesión- se mostró a favor de endurecer las sanciones.

“Somos La Libertad Avanza y estamos a favor de la mano dura en el buen sentido, de responsabilizar a quienes deban ser sancionados por los hechos que cometen sus hijos”, afirmó.

Schena subrayó que esta responsabilidad parental ya está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que el municipio no está actuando contra normas de orden público.

Contó que uno de sus aportes al proyecto de Apolonio fue ampliar el alcance de las infracciones al plantear que la penalización no se limite solo al consumo de alcohol en la vía pública, sino que incluya todo tipo de drogas y estupefacientes, para lo que argumentó que este es un problema creciente entre niños y adolescentes.

Para el concejal, el castigo tiene un doble fin. Por un lado es económico,  pero también es disuasivo. “Que esos padres estén más sobre esos chicos y también estén disuadidos de lo que puede llegar a ser las consecuencias de que ese menor incumpla”, explicó. Apuntó además que ve con buenos ojos las acciones reparadoras, como los trabajos comunitarios.

Enriquecer el proyecto

Por otro lado la concejal vecinalista, María Saavedra, coincidió en la necesidad de actualizar el código, pero advirtió sobre "un agujero” en la propuesta original.

Si bien está de acuerdo con aumentar las multas y sumar la problemática de las drogas, Saavedra enfatizó que las contravenciones -como daños o ruidos molestos- no son delitos penales y requieren un tratamiento distinto.

Su principal preocupación es que la sanción no se agote en el pago de una multa. “No se está atacando el problema del chico, sobre todo si hay un problema de adicción y se hace como un ciclo vicioso”, señaló.

Saavedra propuso que se reactive el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescentes, un organismo que, según pudo relevar, hoy no estaría funcionando plenamente.

La concejal busca que el proyecto incluya “acciones respaldatorias” para que el joven tenga un lugar de escucha y no reincida. “No lo vamos a lograr poniéndole multas al padre y haciéndole ahí al padre un taller. Tiene que ser la familia, pero principalmente el chico”, sentenció.

Destacó además que su aporte busca “enriquecer” la ordenanza para que sea efectiva y no quede solo en manos de la Secretaría de Seguridad.

Consenso en construcción

Actualmente el proyecto volvió a la comisión de Legislación para analizar estas observaciones.

Aunque existe un clima de diálogo, también persisten tensiones políticas. Schena lamentó que, mientras la oposición acompaña las “cosas buenas” del oficialismo, otros proyectos suyos, como “Ficha Limpia”, parecen estar “cajoneados”.

Por su parte Saavedra tiene previsto reunirse con otros concejales para dar un cierre definitivo a su propuesta de mejora, esperando que el nuevo código sea una herramienta de cambio para la comunidad.

El secretario municipal de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, contó cómo es la propuesta que busca reformar el Código Contravencional Municipal.

La iniciativa surge tras una serie de incidentes que involucraron a menores, desde daños a patrulleros y cámaras de seguridad hasta recientes amenazas en escuelas locales, en el marco de un reto viral que impactó en instituciones educativas de todo el país.

Un artículo “olvidado”

Apolonio explicó que la base legal ya existe, y se trata del artículo 303 de la ordenanza 1183, aprobada en 2010.

Según el funcionario, esta herramienta no fue utilizada por la gestión anterior del Movimiento Vecinal -durante 16 años- pero su gestión en Seguridad bajo la intendencia de Pablo Garate (Fuerza Patria) considera “fundamental para tratar de corregir conductas sobre los menores en compañía de sus padres”.

Multas más severas

Uno de los cambios más drásticos es el incremento de las sanciones económicas. El proyecto propone elevar las multas, que actualmente oscilan entre el 20 y el 200 por ciento de un sueldo municipal, a un rango de entre el 50 y el 300 por ciento, lo que representaría cargos entre 350.000 y hasta 2.100.000 de pesos.

“Lamentablemente, si no producís una sanción que le afecte en el bolsillo, no modificamos conductas”, sentenció Apolonio.

Además advirtió que estas infracciones quedarán registradas y podrían impedir, por ejemplo, la renovación de la licencia de conducir en el futuro.

Más conductas observadas

La reforma no solo aumenta los montos, sino que también amplía el espectro de lo que se considera una falta por la cual los padres deben responder.

La propiedad privada ahora está contemplada. Anteriormente solo se sancionaban daños a bienes públicos; pero ahora se incluirán ataques al inmueble de cualquier vecino.

Respecto al consumo de sustancias, se incorporan sanciones por el hallazgo de menores bajo efectos de estupefacientes en la vía pública, que se suman al estado de ebriedad ya contemplado en la ordenanza que rige desde hace años.

Los horarios y lugares también tienen un ítem especial, porque con la reforma de la ordenanza se faculta al municipio a actuar cuando menores se encuentren en lugares u horarios no permitidos. “Un niño de 12 años, a las 2 de la mañana, un miércoles en la vía pública, no es un lugar para estar”, ejemplificó el responsable de las políticas de seguridad del distrito.

Acciones reparadoras

Más allá de lo económico, el proyecto incluye formas en las que los sancionados –también- podrán restaurar el daño generado. Apolonio destacó que, tras la sentencia del Juez de Faltas, tanto padres como hijos deberán asistir a talleres de concientización o realizar trabajos comunitarios juntos.

“Si rompo un vidrio de una escuela o pinto una pared y tengo que ir con mi papá a pintar esa pared, realmente estoy dando un ejemplo y nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos cometiendo; estamos reparando”, reflexionó el funcionario.

Tensión en el Concejo

A pesar de que la iniciativa parecía tener consenso en la comisión de Legislación, Apolonio advirtió que hubo intentos por entorpecer el tratamiento del proyecto por parte del Movimiento Vecinal, bloque que, según dijo, expresó minutos antes de la sesión que no daría su apoyo y que necesitaba tiempo para incorporar más análisis al tema.

“Me llama la atención que una herramienta que instalaron ellos (en 2010), pero que no usaron, ahora que la queremos ‘agiornar’ a las nuevas épocas, nos estén poniendo trabas”, observó el secretario, al insistir en que “la sociedad está pidiendo esto” y que es facultad del Estado corregir estas actitudes mediante sanciones.

En la mañana de este sábado un vecino de calle Rocha al 1400 compartió con La Voz del Pueblo una foto en la que muestra cómo un solitario caballo camina por las veredas de su barrio.

La reacción del vecino fue consecuencia de la nota que publicó este diario en la noche del viernes con el testimonio del secretario municipal de Seguridad, Juan Apolonio, en la que cuenta que pidió una herramienta más para mejorar los efectos del trabajo de control para la seguridad vial.

Después que se produjeran accidentes, a partir de la aparición de animales sueltos en la vía pública del distrito, el funcionario pidió al Concejo Deliberante aprobar un proyecto de ordenanza por medio del cual se le permita al municipio secuestrar los animales que deambulen sueltos (Caballos, vacas, ovejas) sobre calles, veredas, plazas y todo tipo de espacio público del distrito.

Una vez secuestrado, quien justifique ser su propietario podrá recuperarlo pero no sin antes pagar una multa y los gastos por mantenimiento y acarreo del animal.

En la ciudad y en localidades del distrito, desde hace años llamaba atención que no se pudiera hacer más que una multa al propietario. Y ahora, con el objetivo de evitar la reincidencia de animales sueltos en la calle por exclusiva responsabilidad de sus dueños, se busca aprobar la nueva norma.

El ejemplo que compartió el vecino en la mañana de este sábado sirve para demostrar que el problema no deja de estar vigente en los barrios de la ciudad.

El pasado 2 de diciembre, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó una nueva Ordenanza del límite agronómico para regular la aplicación de productos fitosanitarios. El último miércoles, en tanto, el intendente Luis Castellano vetó algunos puntos de la normativa, para profundizar el estudio de ciertos artículos. Al margen de eso, el paso dado por la ciudad santafesina es más que interesante porque la ordenanza en cuestión es una herramienta superadora para un tema que es muy sensible.

El abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario, asesoró durante más de un año a la Sociedad Rural y legisladores locales “para abordar el tema para prohibir pulverizar sin argumentos científicos suficientes, un trabajo de más de un año en conjunto”, según le explicó a La Voz del Pueblo.

Para luego asegurar que “Rafaela ha logrado una ordenanza que es actual, dinámica y tiene una característica muy particular que me parece muy buena: que está sujeta a una revisión a los tres años. Porque la ciencia va evolucionando y eso va generando nuevos parámetros, nuevos paradigmas se resuelven y se va produciendo un ambiente encaminado, por supuesto, a la sustentabilidad del ambiente para el hoy y para el futuro, como dice la Constitución”.

En su descripción sobre el espíritu y esencia de la legislación que da marco a la ordenanza aprobada por mayoría de concejales de la ciudad, Borioni afirmó: “El derecho ambiental es dinámico y permite la revisión permanente porque es adaptar el ambiente a la sustentabilidad para el hoy y para el futuro, como bien lo dice la Ley de Impacto Ambiental. Es una ley muy rica desde el punto de vista de su la finalidad, pero puede ser un arma muy letal si se la utiliza intencionalmente para perturbar sectores, que eso es lo que pareciera que ocurriera”.

Y analizó en ese sentido: “Se analiza sectorialmente una actividad y no a otras que están haciendo las cosas de la manera que se les ocurre, entonces yo creo que acá hay que tener la sinceridad y, como se fue dando en Rafaela con un debate profundo y largo, tener la conciencia y tranquilidad que se analizaron las cosas y que se trató de hacer el menor impacto ambiental posible”.

De todos modos, el doctor Borioni aclaró que entiende que “no hay que promover ordenanzas que legislen en el tema. La ley de agroquímicos provincial y nacional, junto con el Senasa, la Ley de impacto ambiental nacional, más los observatorios son suficientes controles y regulaciones. Los municipios no deben participar más allá de determinar la zona respectiva urbana y rural”.