Mientras el agua baja de a poco, las consecuencias de las inundaciones empiezan dimensionarse cada vez con más detalles. Es el caso del partido de 9 de Julio, donde un informe elaborado por la Sociedad Rural y el Círculo de Ingenieros Agrónomos locales, más el INTA y la regional Aapresid, estima el impacto económico generado por las lluvias.

Son más de 1.500 milímetros los caídos en el distrito desde el mes de febrero, volumen que provocó que el 42% de la superficie quede improductiva: las 250.000 hectáreas agrícolas se redujeron a 141.500, y las 150.000 hectáreas ganaderas, a 85.000. La pérdida productiva alcanza las 700.000 toneladas de granos. Así lo indica el trabajo realizado en conjunto por las entidades del sector agropecuario.

El impacto económico se traduce en una caída de 113,9 millones de dólares que las hectáreas afectadas dejarán de producir. En total son más de 3000 actores económicos, entre productores, contratistas, transportistas, comercios, servicios y empleados rurales, los alcanzados por las pérdidas ya que dependen del funcionamiento del sistema agropecuario local.

Las entidades que elaboraron el informe remarcaron que estas cifras reflejan la magnitud del daño no solo para el campo, sino para toda la economía regional, y advirtieron sobre la urgencia de avanzar en obras de infraestructura hídrica que permitan mitigar este tipo de eventos extremos, cada vez más frecuentes.

El impacto de las inundaciones volvió a poner sobre la mesa la necesidad de planificación, inversión en obras y políticas de largo plazo, para evitar que el costo de la falta de infraestructura siga recayendo sobre la producción, el empleo y las economías del interior.

Las inundaciones que desde mayo afectan a gran parte del centro oeste bonaerense dejaron bajo el agua entre 4,5 y 5 millones de hectáreas, comprometiendo la producción agrícola y ganadera en una de las zonas más productivas del país.

Según un cálculo del productor Ignacio Iturriaga de Roque Pérez, el impacto potencial supera los 2.400 millones de dólares entre inversión no realizada y márgenes brutos en riesgo. El estudio, basado en costos directos de agricultura y cría publicados en Márgenes Agropecuarios y en lanación.com, estima que el 50% del área afectada corresponde a tierras agrícolas y el otro 50% a superficie ganadera.

“Si esa zona no puede sembrarse o recuperar la actividad ganadera a tiempo, el golpe económico directo sería de $2.466 mill/dol”, explicó Iturriaga, quien aclaró que el efecto no solo recae sobre los productores: “Es plata que pierde el contratista, la estación de servicio, el proveedor de insumos. Es dinero que deja de circular en los pueblos rurales”.

Desde Carbap, su secretario Pablo Ginestet sostuvo que la superficie afectada podría reducirse si parte de los campos logra sembrarse más adelante, aunque advirtió que “el riesgo económico ronda los 2.000 millones de dólares, y eso aún no está perdido, pero sí en juego”.

El factor climático muestra la magnitud del problema. En el partido de 9 de Julio, se registraron 1.105,9 mm de lluvia acumulada en menos de 8 meses de 2025 -superando ya el promedio anual histórico de 1.000 mm-, mientras que en Carlos Casares el acumulado ronda los 860 mm en lo que va del año. En ambos distritos, los registros se concentran en eventos intensos, con varios meses que duplicaron o triplicaron la media habitual, generando anegamientos persistentes y napas saturadas.

 Centro de operaciones

Frente a esta situación, el Gobierno nacional anunció un plan de emergencia con asistencia directa a los distritos más golpeados -como 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares y General Viamonte- y la instalación de un centro de operaciones en 9 de Julio. En la reunión en el Consejo Deliberante (foto) participaron la intendenta María José Gentile, funcionarios bonaerenses y el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, quien afirmó: “Venimos a colaborar con las autoridades locales; la prioridad es atender la urgencia y coordinar acciones con Provincia y municipios”.

En paralelo, el Gobierno bonaerense dispuso una reasignación presupuestaria por más de $8.800 millones para ejecutar obras hidráulicas y de desagüe en zonas críticas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1054 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y tiene como objetivo financiar dos proyectos: la gestión de desagües pluviales en la localidad de Mechita y en los partidos de Alberti y Bragado, y la puesta en valor del sistema de bombeo de napas en Morón, según consignó la agencia DIB.

En total, se trata de una reasignación de $8.810 millones, que se divide entre $5.510 millones en el primer diferido y $3.700 millones en el segundo, dentro del presupuesto prorrogado del ejercicio 2025. Desde el Ministerio de Infraestructura remarcaron que la decisión “responde a la prioridad de atender situaciones críticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos extremos”, y destacaron que se trabaja junto a la Subsecretaría de Recursos Hídricos para acelerar la ejecución.

La obra de desagües pluviales en Mechita, Alberti y Bragado apunta a mejorar el escurrimiento del agua en una zona históricamente afectada por inundaciones rurales y urbanas. En tanto, la intervención en Morón busca modernizar el sistema de bombeo para controlar las napas freáticas en un área urbana densamente poblada.

La Sociedad Rural Argentina, por su parte, estimó que hay más de 3 millones de hectáreas comprometidas, con excesos hídricos de entre 60 y 150 milímetros en distritos como Saladillo, Chivilcoy, Mercedes, Suipacha y Carmen de Areco.

Las entidades rurales coincidieron en que la situación volvió a poner en evidencia los retrasos en las obras de la cuenca del río Salado, donde aún restan completar tramos claves del sistema de desagüe. Iturriaga, uno de los productores más afectados en esa zona, señaló: “El cuello de botella está en el puente de la ruta 205; sin intervenir ahí, todo lo que se haga aguas arriba pierde efecto”.

Mientras tanto, en las zonas altas los suelos comienzan a secarse lentamente, pero en los bajos el agua sigue superando el metro y medio de profundidad. Con la ventana de siembra de soja abierta hasta fin de diciembre, los productores saben que el tiempo corre en su contra. “Algo se va a recuperar –admiten-, pero todavía hay lugares donde el agua sigue igual que en mayo”.

Polémica

Un nuevo capítulo en el enfrentamiento Nación–Provincia se desató luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara un operativo para asistir a los pobladores rurales y productores bajo agua en el oeste bonaerense, tras nueve meses de lluvias intensas.

Bullrich responsabilizó a la Provincia por la falta de gestión en los canales y caminos rurales, mientras que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, respondió recordando que la Nación paralizó las obras del tramo 4 del río Salado, fundamentales para completar el plan hídrico que lleva casi tres décadas.

En tanto, tras el anuncio del inicio del trabajo en la emergencia que hizo Bullrich, autoridades nacionales, bonaerenses y municipales comenzaron a trabajar en conjunto este jueves en el municipio de 9 de Julio. Del encuentro participaron representantes de los ministerios de Infraestructura, Desarrollo Agrario y Seguridad de la provincia, además de una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezada por la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y recuperar caminos rurales afectados por las inundaciones.

Durante la reunión, los funcionarios remarcaron la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas, impulsada por la Autoridad del Agua (ADA), como herramienta para ordenar la gestión de los recursos y priorizar las obras estructurales. Según explicó el titular de la ADA, Damián Costamagna, en la región “ha caído más del doble del promedio histórico de lluvias”, lo que agrava el impacto de los desbordes y pone a prueba la capacidad de respuesta local y provincial.

En el encuentro también se abordó el avance del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una política de Estado que se ejecuta desde 1997 entre Nación y Provincia y que abarca unas 8 millones de hectáreas productivas. Si bien los tramos I, II y III ya fueron finalizados, el tramo IV permanece inconcluso, con las etapas 1, 3 y 4 terminadas y la etapa 2 paralizada por el Gobierno Nacional, que es el responsable de su ejecución. Este sector es considerado clave para completar el drenaje del cauce y evitar que los excesos hídricos se acumulen en el centro-oeste bonaerense.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo el tramo V del plan, que abarca 98 kilómetros entre la laguna de Bragado y la de El Carpincho, en Junín, e incluye la intervención de diez puentes y la obra de cierre de la laguna de Rocha. En paralelo, el Ministerio de Infraestructura bonaerense finalizó los estudios del denominado “Nodo Bragado”, un proyecto que contempla la ampliación del arroyo Saladillo, el dragado de la laguna del Parque y la mejora de defensas urbanas para canalizar hasta 250 m³/s de caudal.

Noticias AgroPecuarias

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que el producto bruto de los principales cultivos argentinos en la campaña 2022/23 fue de 24.230 millones de dólares. La cifra representa una caída de 32.783 millones de dólares respecto al producido en el ciclo previo, es decir, un 58% menos.

De acuerdo con el estudio presentado por el economista jefe de la BCBA, Ramiro Costa, la soja fue la que más perdió en términos relativos: 15.022 millones de dólares o 66%. En trigo el ajuste fue de 1.822 millones de dólares o 35%. Pero la cadena de valor más afectada en términos absolutos fue la del maíz, con 15.054 millones de dólares o 60% menos que el año pasado.

En el resto de los cultivos, la bolsa porteña relevó que la cebada perdió u$s 338 millones (-33%); el sorgo u$s 149 millones (-24%) y el girasol u$s 488 millones, 19% menos.

En exportaciones, el complejo agroindustrial sufrió un recorte de u$s 20.355 millones durante el pasado ciclo. La cadena de valor sojera perdió u$s 11.850 millones, que representan un 47% menos.

Retenciones

La caída en las exportaciones tuvo un impacto directo en la recaudación originada por los derechos de exportación. En el ciclo 2021/22, el sector agroindustrial generó el equivalente en pesos a 18.609 millones de dólares y en la campaña 2022/23, este montó cayó 50% y llegó a 9.353 millones de dólares. En el caso del complejo soja, el Gobierno perdió en un año el equivalente en pesos a 5.595 millones de dólares.

Puertos secos

La logística del transporte granaria también acusó el impacto. En los primeros siete meses del año, la BCBA relevó que ingresaron 441.265 camiones a puerto, un 53% por debajo a lo registrado en el mismo periodo el año pasado.

Los embarques de maíz y soja retrocedieron en el último año un 51% y 48%, respectivamente.

Trigo y cebada 2023-24

En el caso de la campaña fina 2023/24, la bolsa porteña anticipa una recuperación a partir de un mejor desempeño de los cultivos de trigo y cebada. Para ambos cereales, se espera una cosecha de 23 millones de toneladas, un 42% más en la comparativa interanual.

Con esta base, se espera un valor bruto de la producción de 14.716 millones de dólares que representa un incremento de 10% con respecto al ciclo previo. En tanto, proyectaron que el valor agregado crecerá 33% interanual y ascenderá a 5.427 millones de dólares.

En comercio exterior, se espera que trigo y cebada generen divisas por u$s 4.545 millones y un ingreso por derechos de exportación equivalente en pesos a u$s 1.593 millones. Con respecto a la campaña 2022/23 significará un incremento de 49% y 27%, respectivamente.

Para que todas las semillas que llegan al suelo aprovechen todos los recursos en la misma medida -agua, nutrientes y radiación solar-, es muy importante que se encuentren correctamente distribuidas, que estén equidistantes unas de otras y que todas las plántulas emerjan lo más uniforme posible. De esta manera, se pueden evitar significativas pérdidas económicas.

En este sentido, Hernán Ferrari -especialista del INTA Concepción del Uruguay- destacó la importancia de aplicar buenas prácticas para la siembra: “Si hacemos un diagnóstico de unas horas, podemos solucionar un problema de meses y evitar pérdidas futuras”. Y agregó: “Ajustar las prácticas en la siembra va a permite alcanzar un éxito mayor”.

De hecho, Ferrari ejemplificó que, en el caso del maíz, una mala práctica de siembra puede generar pérdidas que superan los 1.400 kilogramos por hectárea. “Es una pérdida que no podrá ser compensada con manejos futuros”, indicó.

Verificar el estado de la sembradora al menos un mes antes de iniciar la siembra es fundamental para contemplar los tiempos necesarios de mantenimiento y, muy importante, cesantes en la reposición de repuestos.

“Con esta estrategia podremos identificar una desuniforme emergencia de plántulas o una mala distribución de las semillas y evitar estos problemas”, explicó Ferrari quien agregó que “mientras que una mala distribución puede causar -en maíz- un impacto de 7.000 dólares cada 100 hectáreas, este valor se puede duplicar si se realiza un mal trabajo sobre las profundidades y se perjudica la emergencia de las plántulas”.

Aun frente a esta situación, el especialista del INTA subrayó que “existen numerosas tecnologías capaces de reducir al mínimo este número, disminuyendo el consecuente impacto económico”.

Distribución y profundidad

La correcta posición en profundidad de las semillas se verá afectada drásticamente por factores como la mala distribución del rastrojo en la cosecha, la calibración inadecuada de la profundidad de la cuchilla, un tren de siembra inestable, el desgaste de los discos plantadores, la falta o deficiencia del elemento contactador y la inadecuada regulación de las ruedas tapadoras.

En cambio, una mala distribución del material se da debido a un tubo de bajada de semillas inadecuado, una velocidad de avance excesiva, un tren de siembra nervioso, una incorrecta elección del vacío del dosificador o semillas excesivamente descalibradas.

En este sentido, Ferrari remarcó que “una incorrecta regulación del sistema de dosificación, más un tubo de bajada de semillas inadecuado, favorecerán a la generación de dupletes y fallas en las semillas siguientes”.

Por otro lado, si hay semillas con una diferencia de densidad del 15 % entre ellas, la de mayor peso rebotará más en el tubo de bajada; mientras que la de menor densidad rebotará menos y descenderá a una menor velocidad; así es que ambas quedarán juntas en el surco.

“Utilizar dosificadores de última generación, que permitan sostener esa semilla independientemente de la densidad junto con tubos de bajada curvos que copien en función a cómo está siendo liberada la semilla por ese distribuidor, aporta a que esto no suceda”, explicó Ferrari.

A su vez, el especialista del INTA señaló que: “Verificar que los sellos de las placas estén en buenas condiciones, sin fuga de vacío, que las placas no estén rayadas, que el tren de siembra se encuentre estable y el adquirir semillas que no difieran mucho en su calibre, asegurará una correcta disposición de las semillas”.

Para lograr que todas las semillas se encuentren a la misma profundidad, de manera tal que germinen y emerjan de manera uniforme, se debe mantener una carga constante del cuerpo de siembra, utilizar barre-rastrojos efectivos cuando su volumen sea desuniforme, así como utilizar elemento contactador para mejorar la capilaridad del agua.

Una excesiva velocidad de avance del equipo de siembra afectará por igual a ambas situaciones. Por lo tanto, no se debe sobrepasar la velocidad óptima de siembra de entre los cinco y ocho kilómetros por hora, según la sembradora.

 Otoño con escasez de agua

Frente a la posibilidad de tener un otoño y un invierno con escasez de lluvias será fundamental tomar recaudos para aprovechar al máximo la justa o poca agua que el suelo logró contener en su perfil. En este punto, una de las estrategias más efectivas para la implantación de los cultivos, radica en configurar y calibrar de manera óptima el equipo de siembra.

“Lo primero que se deberá tener en cuenta es el cultivar a sembrar. Es importante seleccionar aquellas variedades o híbridos con mayor fuerza de emergencia”, destacó Ferrari quien añadió: “Este dato será fundamental, ya que permitirá realizar la siembra a una mayor profundidad que la normal, en búsqueda de la humedad necesaria para la pronta germinación de las simientes, pero con emergencia asegurada”.

Cultivares de alta fuerza de emergencia, como el trigo, permiten realizar siembras de hasta cinco centímetros de profundidad (dependiendo de la textura del suelo), con un excelente stand de plantas logradas. “Esto, sin dudas, deberá ir acompañado de una muy buena configuración y regulación del equipo de siembra”, puntualizó Ferrari.

En la sembradora, habrá que abocarse fundamentalmente al tren de siembra. En él, la cuchilla rastrojera o de microlabranza será el órgano al que mayor atención habrá que ponerle. Su principio de funcionamiento se tendrá que basar en remover el suelo por encima de la profundidad de siembra. “El punto clave para lograr este objetivo va a estar en la regulación, la cual implica abocar los mayores esfuerzos en lograr posicionar a la cuchilla a la misma profundidad que la profundidad de siembra”, indicó el especialista del INTA.

En condiciones donde el suelo presenta una capa superficial de mayor dureza o firmeza, se deberá tener muy en cuenta la elección de la cuchilla. “Es recomendable que sea del mayor diámetro posible para que ruede con menos esfuerzos (menor desgaste y menor consumo de combustible) y con un bajo número de ondulaciones (19 – 23) para que realice una muy buena remoción del suelo, siempre por encima de la línea de siembra”, expresó Ferrari.

Con respecto a los discos abresurcos, Ferrari dijo que deben estar en perfecto estado de mantenimiento, constatando que ambos discos se encuentren en íntimo contacto en la zona del ángulo de corte del suelo (punto de encuentro de los discos). Si no fuese así, el suelo superficial seco, buscará meterse entre los discos y generará, en el fondo del surco, un tapiz de tierra seca y suelta que se antepondrá a la caída de la semilla.

Se deberá controlar muy bien la carga de los cuerpos de siembra, mediante sus resortes, pulmones o pistones, para que las ruedas limitadoras vayan bien afirmadas al suelo impidiendo que la profundidad se varíe involuntariamente y me deje a las semillas en condiciones no adecuadas.

Ferrari destacó la importancia de aplicar buenas prácticas para la siembra: “Si hacemos un diagnóstico de unas horas, podemos solucionar un problema de meses y evitar pérdidas futuras”. Y agregó: “Ajustar las prácticas en la siembra va a permite alcanzar un éxito mayor”

Por último, Ferrari recalcó: “Hay que prestarle atención a la configuración y la regulación de las ruedas tapadoras de surco en el tren de siembra”. Y agregó: “A diferencia de años normales, en este será necesario que dichas ruedas tengan adosados discos dentados o escotados que labren el suelo (para que corten la capilaridad por encima de la línea de siembra dando más agua disponible para las semillas) y aporquen tierra al surco, sin dejar lomo, para lograr un tapado eficiente de la semilla”.

“Casi el 60% de la superficie agrícola de nuestro país está compactada por el tránsito de la maquinaria agrícola”, indicó Ferrari quien puntualizó que cuando la compactación supera los 2,5 megapascales de presión, se genera un detrimento de hasta el 30% del rendimiento en la huella de la rueda. “Esto sucede porque los cultivos no pueden acceder al agua y a los nutrientes”, explicó.

Entonces, “es clave trabajar con neumáticos radiales de alta flotación, en todos los equipos que transiten el lote, con las libras de inflado correctas y utilizando tránsito programado para no estar pisoteando en vano el lote”, puntualizó Ferrari.

Entidades y cámaras representativas de distintas producciones de Corrientes, realizaron un informe pormenorizado sobre las pérdidas generadas por los incendios que sufre la provincia.

El trabajo elaborado por las filiales locales de la Sociedad Rural Argentina y de CRA, entre otros, hace un relevamiento de las cinco principales cadenas productivas de Corrientes (arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería) planteando los daños inmediatos y a futuro.

En lo que respecta a ganadería, el informe precisa que Corrientes posee unas 4.600.000 cabezas, el 4to stock del país después de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba.

En tanto, las pérdidas por disminución de producción carne se evaluaron según los siguientes parámetros.

– Superficie ganadera: 6,11 millones de hectáreas por 53,2 kg/ha, lo que arroja una producción total de 325 millones de kg de carne.

– Reducción de producción de pasto al 10/02: menos 75% (Datos Indice Verde)

– Pérdida producción de carne:              15%

– Perdida de kilogramos totales:             48.762.715 kg.

– Valor kg de carne (promedio):              $260

– Valor de la pérdida por kg de carne:     $12.678 millones

Pérdidas por mortandad más elevada en invierno:

– Stock de hacienda:                                        4.632.000 cabezas aprox.

– Mortandad promedio anual:                           3%

– Mortandad año emergencia:                          6%

– Cabezas extras muertas por seca:                 138.960 animales

– Valor promedio por cabeza:                           $75.000 pesos

– Valorización de pérdidas por mortandad:        $10.422 millones

Pérdidas de infraestructura (alambrado):

– Hectáreas quemadas:                                              785.238

– Metros de alambrado por ha perdidos:           10 metros

– Metros de alambrados totales perdidos:                   7.852.380 metros

– Valor aproximado de arreglo de alambrado x metro: 600 pesos.

– Pérdidas en Infraestructura:                                     $ 4.711 millones

En este punto, las entidades aclararon que hace notar que existen otros parámetros que podrían elevar el costo del metro de alambrado a $1.000 x metro (7 hilos / postes cada 5 metros / mano de obra calificada).

El impacto negativo de las distintas producciones de la provincia de Corrientes por los incendios y la sequía extrema ya superarían los $ 69.000 millones, de acuerdo a una estimación de la Sociedad Rural Argentina que relevó la situación con otras organizaciones provinciales.

La cifra la dio a conocer Francisco Velar, productor agropecuario y director del distrito 8 de la SRA, y señaló que las pérdidas están en la ganadería, arroz, cítricos, forestación y yerba mate.

El ruralista apuntó que según el INTA hay una progresión de 30.000 hectáreas diarias que se queman y en la provincia ya se alcanzarían las 900.000 hectáreas afectadas por el fuego. Recordó además que hace dos semanas la estimación de la SRA de las pérdidas alcanzaba a $ 23.000 millones.

“Hoy, la preocupación pasa por la falta de lluvias y los incendios, pero lo más acuciante para los productores agropecuarios es el día después a que pase todo”.

“Va a ser trágico, va a quedar quebrada la estructura productiva de Corrientes. Con el tiempo, el desastre ambiental se va a recuperar, pero miles de productores van a desaparecer”, lamentó en declaraciones a lanacion.com.

Arroz

Uno de los sectores más comprometidos es la producción de arroz: desde la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz confirmaron más de 18.000 hectáreas perdidas de las 96.000 plantadas esta campaña, casi 20% de afectación.

El presidente de Acpa, Cristian Jetter, explicó que, si bien serán entre 250.000 y 300.000 toneladas menos en total de producción, lo grave es que la pérdida para muchos productores es total, es decir que en sus campos no van a cosechar ni un kilo de arroz. “No hay ningún productor que no tenga pérdidas, unas 6000 hectáreas (de arroz) corresponden a productores chicos (menos de 400 hectáreas) y las 12.000 restantes a medianos y grandes”, dijo.

Alertó que detrás de las pérdidas están los pequeños productores que perdieron desde 50 hasta 80% y no tienen manera de hacer frente a sus compromisos financieros y menos producir en la próxima campaña. “Por eso, le hemos pedido al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, la quita del 5% de retenciones que tiene el arroz, al menos por un año”, indicó Jetter.

Según contó, además de los incendios, los cultivos sufrieron la falta de riego y eso provocó un daño total en la plantación. “En algunas chacras todavía los granos continúan madurando, sólo si caen unos 100 milímetros en los próximos días podría detenerse el aumento del daño”, explicó.

Forestal

Desde el último informe de la SRA, Velar indicó que se cuadriplicó el número de hectáreas quemadas. “En menos de un mes, de 10.000 se pasó a 41.000 hectáreas”, dijo. En ese momento se habían calculado unos $ 1000 millones de pérdida sólo en plantaciones destinadas a resina. Con un costo de implantación de una hectárea de $ 150.000, la pérdida actual rondaría en dólares los u$s 60 millones.

La Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), que aglutina a 28 cámaras que representan a todos los eslabones productivos de la madera, indicó que, “además de las pérdidas materiales, es imprescindible considerar el impacto de este desastre natural en la fuente de trabajo de la que dependen cientos de familias, empresas pyme y emprendimientos que viven de la actividad forestal y corren el riesgo de desaparecer”.

Según explicaron, la industria forestal emplea en forma directa y formalmente a unas 100.000 personas y exporta alrededor de u$s 700 millones anuales en toda la cadena productiva.

“Solamente considerando la producción silvícola, los empleos son miles. En una forestación de 1000 hectáreas de pinos o eucaliptus en Corrientes trabajan decenas de personas en las tareas de preparación del terreno (tractoristas, afines), trituración, eliminación de material residual, control de hormigas, malezas, plantación, reposición, aplicación de herbicidas, podas (se realizan tres o cuatro) que se realizan en forma manual con tijera electrónica o serrucho de poda. Muchos de sus dueños son pequeños o medianos productores que ven cómo se ha perdido su inversión de 20 o 30 años en una noche de fuego”, remarcaron.

Yerba

La actividad yerbatera ocupa en la provincia unas 23.000 hectáreas, el 30% de la producción nacional. En total son 644 productores. Según fuentes del sector, los daños en la producción primaria indefectiblemente van a impactar en el mercado. Dijeron que, según sus proyecciones, la producción caerá el 50%.

“De las 109.000 toneladas de producción esperada para la provincia de Corrientes, sólo serán unas 54.500. Si bien la industria tiene stock suficiente para este año, el estacionamiento es de nueve meses a un año, por lo que en el 2023 no habrá producción para almacenar. Aunque aún se puede revertir la situación si comienza a llover porque la hoja puede seguir metiendo volumen hasta abril y mayo. Pero cada día que pasa es peor. Ya está subofertada la producción que se viene compensando con importaciones de Brasil y Paraguay”, puntualizaron.

Cítricos

Con alrededor de 9000 hectáreas de plantaciones de limón, la producción citrícola en los departamentos de Bella Vista, Concepción y Mburucuyá ya alcanza mermas de más del 50%. “Al margen de las pérdidas actuales de fruta, el impacto fuerte también se verá en la próxima cosecha de 2023, donde muchas plantas se verán afectadas”, dijo Velar.

Vacunos

Por otro lado, y con una ubicación en el cuarto lugar por cantidad de stock vacuno nacional, Corrientes tiene unos 4.600.0000 de cabezas de ganado. Según datos que se recolectaron, la entidad ruralista ya estimó pérdidas devastadoras.

“Más allá de los incendios, al día de hoy, en toda la provincia la producción forrajera se ha reducido un 40%. Eso llevará, siendo conservador, a que la mortandad, que en tiempos normales es del 3%, sea de al menos el 6%. Esto representa más de 140.000 vacunos muertos, unos $ 10.500 millones. Y a eso se deberá sumar los porcentajes muy bajos de preñez y daños en infraestructura de los campos”, detalló Velar.

En este contexto, dijo que la ayuda del Estado hasta el momento es insignificante. “En la provincia, hay 21.000 unidades productivas ganaderas con menos de 200 cabezas. El Gobierno ya envió $500 millones y prometió enviar otros $500 millones. Si dividimos sólo en los 21.000 pequeños ganaderos que tiene la provincia, sin tomar en cuenta el resto de las producciones, el monto que recibiría cada productor sería unos $ 47.600, menos que el valor de un ternero, unos 47 metros de alambrado. El Estado debe tener en cuenta que el desastre feroz productivo que se viene en la provincia y que, si no toman en cuenta, van a quedar miles de productores en la quiebra”, concluyó. (NAP y La Nación)