La División Unidad Operativa Federal Necochea de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó adelante un allanamiento, emitido por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tres Arroyos, a cargo de la jueza Agustina Cedeira.

Luego de más de un mes de investigación, junto con la UFIJ Nº 6 de Tres Arroyos, de la fiscal Natalia Ramos, se logró determinar la existencia de un domicilio donde un masculino mayor de edad (principal investigado), poseía y comercializaba imágenes pornográficas de menores de edad a través de medios tecnológicos.

Como resultado de la diligencia se logró el secuestro de un teléfono celular y un CPU, conteniendo estos dispositivos electrónicos información trascendental, objetiva y concretas con elementos probatorios contundentes, lográndose la detención del masculino responsable.

Desde la Policía Federal Argentina destacaron que el procedimiento se enmarca en las acciones y lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte del trabajo orientado a fortalecer la lucha contra los delitos.

Este viernes por la mañana se llevó a cabo un procedimiento de la Policía Federal en la Clínica Hispano, en el marco de una investigación a dos laboratorios por fetanilo contaminado.

En este contexto, se entregó la directiva judicial de dejar en la clínica determinadas partidas de fentanilo “en cuarentena”. Se encontraban en cajas cerradas, con una faja, y permanecerán separados “hasta que la Justicia disponga qué estudios hay que hacer, si es que así lo establece”.

La información fue confirmada por fuentes seguras y con esta medida, no se procederá a devolver el fetanilo a los proveedores, sino que -reiteraron ante la consulta de este diario- permanecerá “en cuarentena”.

La investigación se encuentra a cargo del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, quien busca determinar si existe responsabilidad de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, así como droguerías ligadas a esas firmas.

En el Boletín Epidemiológico Nacional, el último lunes se informó que los contagios confirmados por este opiáceo llega a 76, en 19 centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. El reporte indicó que las muertes eran 48, pero en días posteriores fuentes judiciales dieron a conocer otros cuatro fallecimientos que se vinculan a esta causa, por lo cual el total asciende a 52.

Otro dato a tener en cuenta, que consignó el Boletín, es que los casos confirmados tienen fecha de internación entre el 10 de febrero y el 9 de mayo, con excepción de uno con ingreso el 2 de diciembre de 2024. Subrayó, en este sentido, que todas las identificaciones de estos hechos se hicieron retrospectivamente y no fueron detectados nuevos casos luego del alerta.

La medida cambia el rol operativo de la fuerza de seguridad, que ahora se concentrará en la investigación de delitos federales y complejos.

El Poder Ejecutivo aprobó este martes el   nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina   mediante el Decreto 383/2025, en el marco de un ambicioso proceso de reforma institucional que redefine la misión de la fuerza y lanza un programa integral de modernización.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial,   establece un cambio profundo en el rol operativo de la Policía Federal, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos —como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito—, dejando atrás su tradicional presencia en tareas de seguridad urbana,   en especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los ejes principales del nuevo Estatuto figuran la   modernización de la estructura orgánica, la incorporación de tecnologías forenses y sistemas de información, un programa de formación para profesionales universitarios y la implementación de protocolos de última generación   para la investigación criminal.

Además, el decreto crea el Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que será financiado parcialmente con la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales.

El Ejecutivo también habilitó a la cartera que dirige Patricia Bullrich a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, convocar personal retirado y reorganizar los escalafones internos.

La norma deroga el Decreto-Ley N° 333/58, vigente desde hace más de seis décadas, y modifica artículos de leyes complementarias para alinear el marco normativo con los nuevos objetivos de la institución.

La ministra Bullrich sostuvo que esta transformación busca “una fuerza ágil, inteligente y profesional”, alineada con estándares internacionales como los del FBI estadounidense.

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde, a las 15, el anuncio oficial junto a Bullrich en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, bajo el lema “Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación”. (N.A)

La Justicia Federal dispuso la conversión de aprehensión a detención en los casos de Rubén Copló, Daniel Lezama y Nazareno Díaz, quienes fueron detenidos en allanamientos realizados el viernes. Los procedimientos se llevaron a cabo en una investigación sobre venta y distribución de drogas.

Copló, Lezama y Díaz van a ser trasladados desde Necochea hasta la Comisaría Primera de Tres Arroyos, para que permanezcan alojados en calabozos de esta dependencia.

La disposición judicial fue adoptada en las últimas horas. Durante los allanamientos mencionados se incautó cocaína de máxima pureza, armas, pesos, dólares, autos y celulares.

En el transcurso de este sábado los tres encarcelados en el marco de una investigación judicial, y que son considerados como un segmento de una organización criminal más grande -Rubén Copló, Daniel Lezama y Nazareno Díaz-fueron llevados hasta la fiscalía de Tres Arroyos pero se negaron a declarar.

En principio son investigados -y están procesados- por los delitos de venta y distribución de drogas.

De todas maneras desde la UFIJ Nº 13 que subroga la fiscal Natalia Ramos se pidió la conversión de aprehensión en detención, aspecto que deberá resolver la justicia de Garantías a cargo interinamente de la juez Fabiana Brandolín.

Durante los procedimientos realizados a lo largo del viernes reciente en Tres Arroyos, ordenandos por Garantías y ejecutados por la fiscal Ramos, la instructora judicial Natalia Dello Ruso y agentes necochenses de la Policía Federal, se logró secuestrar una importante cantidad de pruebas tales como varias dosis de cocaína de máxima pureza lista para su venta, autos, teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera y armas de fuego.

Los allanamientos concretados por la justicia y la fuerza pública de seguridad nacional, fueron tres. Y los procedimientos, según confió la fiscal Natalia Ramos a La Voz del Pueblo, surgen como consecuencia de una investigación iniciada en el mes de septiembre de 2024, pero que nace a partir de otra causa que se trabajó en la UFIJ Nº6 que es especializada en delitos como violencia de género, abuso sexual infantil y pornografía infantil.

La investigadora del Ministerio Público Fiscal tresarroyense sospecha que podría surgir otro delito involucrado, en el contexto de las averiguaciones respecto al grupo criminal que también integran los tres aprehendidos.

Para ello desde la investigación se cuenta con los teléfonos celulares secuestrados este viernes, desde donde esperan que surjan importantes novedades, y también pruebas.

La Policía Federal realizó varios operativos antidrogas en Tres Arroyos, en los que incautó cocaína de máxima pureza, armas, pesos, dólares, autos y celulares.

Además se detuvo a Rubén Copló, Daniel Lezama y Nazareno Díaz, quien resultan ser parte de una organización criminal.

Durante las primeras horas de este viernes la Unidad Operativa Necochea de la Policía Federal efectuó una serie de allanamientos en distintas viviendas de Tres Arroyos.

El Juzgado de Garantías Nº1 de Tres Arroyos a cargo de la jueza Fabiana Brandolín –como subrogante- junto a la fiscal subrogante de la UFIJ Nº13, Natalia Ramos, y a la instructora judicial Natalia Dello Ruso llevaron adelante una serie de allanamientos en el marco de una investigación hecha sobre una organización dedicada a la venta y distribución de drogas.

Luego de intensas semanas de investigación la Policía Federal logró decomisar varias dosis de cocaína de máxima pureza lista para su venta, autos, teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera y armas de fuego.

Producto de los procedimientos hubo tres detenciones. Respecto a Rubén Copló, Daniel Lezama y Nazareno Díaz, todos mayores de edad, uno de ellos posee frondosos antecedentes, según destacan fuentes de la causa.

Los tres permanecían en la noche de este viernes en la sede de la Policía Federal de Necochea, a la espera de ser indagados este mismo sábado.

Desde la investigación se le confió a La Voz del Pueblo –pasada la medianoche de este viernes- que aún se realizan diligencias, y que no descartan otro tipo de delitos a investigar después de los resultados obtenidos durante los procedimientos.

Este lunes tuvo lugar un allanamiento, con la intervención de efectivos de la Policía Federal, en una investigación por material de pornografía infantil en una IP (identificadores para cada dispositivo conectado en líneas) ubicada en Tres Arroyos.

El procedimiento se llevó a cabo bien temprano por la mañana, en una vivienda del barrio Obrero. Toma intervención la Fiscalía que se encuentra a cargo de Natalia Ramos y su equipo de colaboradores.

Los policías detenidos con prisión preventiva en dos cárceles bonaerenses a raíz de la denuncia y posterior intervención del empresario tresarroyense Carlos Baliña cuando supuestamente planeaban cobrarle una coima para aliviarle su situación judicial en distintas causas federales, aguardan que en los próximos día el juez Gabriel Di Giulio resuelva un pedido de nulidad planteado por su abogado defensor que, eventualmente, les permita recuperar la libertad.

Al mismo tiempo, trascendió que el Juzgado Federal N°3 de Azul, del que Di Giulio es titular, inició de oficio una causa paralela por “lesiones y abuso de armas” contra Baliña y tres personas allegadas a él, luego de observar los videos de las cámaras de seguridad de la estación de servicio YPF de nuestra ciudad, en donde se dio el episodio en la tarde del pasado sábado 27 de abril.

“La situación es la misma que desde el primer día y el procesamiento (de los policías) está apelado. Después que (los policías) declararon y el juez Federal visualizó los videos de la YPF, abrió una causa contra Baliña y los amigos que lo fueron ayudar. Estaban armados, con armas de fuego, por lo que se abrió una causa por ‘lesiones y abuso de armas’”, dijo a LA VOZ DEL PUEBLO el abogado Maximiliano Orsini, representante legal de los policías Federales Luciano Esteban Penisi y Nicolás Alan Santillán.

Según planteó Orsini ante la Justicia Federal de Azul, los acompañantes de Baliña en la tarde del sábado 27 de abril, están  identificados, “son tres personas más, entre ellos un policía, que no recuerdo si estaba en funciones, y unas personas de Mar del Plata. En realidad, ellos proceden a la aprehensión e incluso secuestran teléfonos celulares que después Baliña lleva a las 9 de la noche. Es decir, los secuestran (a los teléfonos) a las 6 de la tarde y (Baliña) los lleva a las nueve de la noche. Una locura realmente, porque se arrogaron una función judicial que no se pueden arrogar”, expresó Orsini haciendo alusión al principal argumento de la nulidad planteada; una teoría que, en caso de ser aceptada por el juez, derrumbaría las  razones por las que los uniformados de las fuerzas federales ya llevan cuatro meses presos con prisión preventiva,  “todavía no se resolvió esa nulidad. Hay que ver qué opina la Justicia”, dijo el abogado, quien además adelantó que tiene decidido apelar en la Cámara marplatense un eventual rechazo a esa nulidad.

Al ser consultado sobre la versión de sus defendidos con respecto a la imputación del pedido de coima que pesa en su contra, Orsini dijo los policías negaron todo ante el juez y que, al momento de ser retenidos por Baliña y su gente, estaban realizando tareas de inteligencia relacionadas con una investigación impulsada por el Juzgado Federal de Necochea en el marco de una causa por tráfico de drogas y lavado de dinero, “ellos (por Penisi y Santillán) niegan desde un primer momento haber ido a cobrar una coima. Ellos estaban haciendo un trabajo de inteligencia. La realidad es que acá hay una causa subyacente en el Juzgado de Necochea contra Baliña y el objetivo era justamente voltear esa causa”. En ese sentido, Orsini no descartó la posibilidad de que la semana próxima haya una resolución judicial que le permita recuperar la libertad a sus clientes, “podrían recuperar la libertad, esperemos que así sea, porque ya está todo planteado”, dijo y agregó: “cuando ellos recuperen la libertad van a dar más información y se van a presentar en la causa como querellantes también”.

En forma paralela al escándalo al que hace referencia Orsini, también fue denunciado el robo y posterior uso de las tarjetas de crédito de uno de los policías que representa en la tarde del 27 de abril.

“Los teléfonos se los lleva Baliña y le robaron la documentación a uno de los policías, al que más le pegaron. Al que estaba en el baño, le robaron y empezaron a hacer compras con su tarjeta de crédito. Hubo que bloquearlas.  La documentación, entre ellas la credencial de policía, y las tarjetas, no se las devolvieron”, comentó, antes de informar que las compras fueron hechas más de dos meses más tarde, durante el mes de junio.

El escándalo que culminó con los dos policías Federales presos con prisión preventiva en la tarde del pasado sábado 27 de abril, en la estación de servicio YPF que se encuentra ubicada en la intersección de la ruta nacional N°3 y la calle Vélez Sarsfield de nuestra ciudad, se desató cuando el empresario tresarroyense, Carlos Baliña, junto a unos allegados, procedió a retener a dos uniformados encubiertos a quienes, previamente ante el fiscal Carlos Lemble, había denunciado  como los responsables de intentar cobrarle un soborno para desligarlo de una investigación federal de la que es objeto, justamente, junto al citado representante del Ministerio Público.

Precisamente, esa investigación, que es impulsada por el Juzgado Federal de Necochea, a cargo del doctor Bernardo Bibel, se inició a raíz de una denuncia realizada en 2017 por parte de un ex convicto que aseguraba conocer la existencia de negocios vinculados al tráfico de estupefacientes en nuestra ciudad.

Tal como el propio Baliña le dijo oportunamente a este diario, ante la supuesta inacción de la policía frente a la denuncia en la que sostenía ser víctima de un pedido de coima, decidió reunir a un grupo de allegados, simular una aceptación de las condiciones irregulares y, en ese contexto, proceder a la retención de los Federales, hasta el arribo de la policía.

Desde esa tarde, hasta estos días, ambos sospechosos permanecen detenidos con prisión preventiva y no trascendieron oficialmente detalles de la investigación que supuestamente estaban realizando al momento de los incidentes.