Un nuevo golpe bajo la modalidad “techero” se conoció en las últimas horas en nuestra ciudad. Esta vez, el hecho ocurrió en la sucursal que la firma Milla Neumáticos posee en avenida Gûemes 45 durante la noche del domingo, cuando en apenas seis minutos, dos sujetos desconocidos accedieron al interior de las instalaciones tras cortar la chapa del techo y, a pesar de la altura existente entre ese sitio y el suelo, lograron llegar a las oficinas y apoderarse del DVR donde están las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, el accionar de la alarma y el pronto arribo del personal policial, puso en fuga los delincuentes, que se retiraron por el mismo lugar que llegaron, sin llevarse objetos de valor.

LA VOZ DEL PUEBLO dialogó con Leandro Alem, apoderado de la firma, a quien le llamó la atención el diámetro del hueco abierto para entrar, la altura del suelo y la destreza que supuestamente se necesita para hacer el recorrido que hicieron al momento del intento de robo.

“El agujero estaba en una chapa y es increíble pensar cómo hicieron para pasar. Porque aunque seas flaco, tiene un diámetro muy angosto y, pensando sólo en pasar una vez únicamente para bajar, ya es mucho. Imagínate tener que subir e irte de vuelta por el mismo lugar para irte”, dijo.

Una vez adentro de la gomería, los ladrones se apoyaron en la existencia de un elevador para llegar al entrepiso, donde guardan mercadería y estarà a unos 4 metros de la chapa por la que entraron. De ahí, usaron una escalera para llegar al piso y se dirigieron inmediatamente a las oficinas, donde estaba el DVR, “se fueron disparando todas las zonas (de la alarma) y no les importó nada”, comentó.

Tal como recordó Alem, el DVR apareció más tarde tirado en Betolaza, en inmediaciones a una tornerìa por la que habrían ganado los techos que les permitieron llegar a las chapas de Milla,  “creemos que cuando vieron el móvil policial llegando al negocio, tomaron la decisión de irse”, estimó en el cierre.

A raíz del hecho se iniciaron actuaciones judiciales en la UFI Nª13, a cargo del fiscal Carlos Facundo Lemble, la misma Fiscalía que tiene a su cargo las investigaciones de otros cinco hechos de similares características denunciados hace poco más de una semana atrás en nuestra ciudad.

Un megaoperativo policial desplegado en distintos barrios de Bahía Blanca dejó como resultado seis detenidos, dos personas capturadas en el marco de causas judiciales y una camioneta recuperada que había sido denunciada como robada.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del viernes, entre las 18 y las 21, y contó con la participación de alrededor de 110 efectivos de distintas especialidades policiales con asiento en la ciudad.

El denominado Mega Operativo Zonas Calientes estuvo concentrado en sectores correspondientes a las jurisdicciones de las comisarías Cuarta, Sexta y Séptima. Los controles alcanzaron, entre otros puntos, a Stella Maris, Don Bosco, Villa Italia, Villa Muñiz, Rucci, FONAVI, Mataderos y Luján.

Durante el despliegue se realizaron recorridas y controles con móviles, motocicletas y personal a pie. Según la información oficial, fueron identificadas unas 330 personas y fiscalizados 118 vehículos

Como resultado de los procedimientos, cinco mayores de edad fueron detenidos por tenencia de estupefacientes. Además, un menor fue interceptado luego de darse a la fuga en uno de los retenes y la Policía procedió al secuestro de su motocicleta.

Por otra parte, fue localizado Jesús Mansilla, de 34 años, quien registraba un pedido de captura por una causa de robo solicitado por la Justicia de Esquel.

En el marco del mismo operativo también fue detenido Carlos Alberto Alvarado Urra, de 42 años, durante un allanamiento realizado en una vivienda de Carlos Gardel 2089. De acuerdo con la investigación, está acusado de violentar vehículos estacionados en la vía pública para sustraer pertenencias y también de haber robado dinero de una panadería ubicada en Zapiola 2310.

Finalmente, los efectivos recuperaron una camioneta que había sido denunciada como robada el pasado 20 de agosto.

El Comando de Prevención Rural (CPR) de San Cayetano informó que durante la tarde de este viernes llevó a cabo un operativo de interceptación vehicular sobre el kilómetro 104 de la Ruta Nacional N° 228, a la altura de la conocida "bajada de Ochandio".

En ese marco, los efectivos policiales detuvieron la marcha de un rodado en el cual se movilizaba un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Al momento de realizar la identificación de rutina y la requisa correspondiente, los agentes constataron que el conductor llevaba entre sus pertenencias una cantidad no precisada de estupefacientes, específicamente marihuana (Cannabis Sativa).

A raíz del hallazgo, el personal procedió a la inmediata incautación de la sustancia y se iniciaron las actuaciones de rigor por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. En la causa tomó intervención la Fiscalía Temática del Departamento Judicial de Necochea, dependencia que dispuso las medidas legales a seguir y donde quedaron a disposición los elementos secuestrados.

Por otra parte, durante el despliegue del mismo dispositivo de seguridad, los uniformados labraron diversas actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Asimismo, se constataros faltas con injerencia del Ministerio de Desarrollo Agrario, las cuales estuvieron relacionadas con el traslado de semovientes (animales) sin cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente.

Durante la tarde de ayer, personal de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, en un trabajo articulado con efectivos policiales de la ciudad, llevó adelante un nuevo e intenso operativo conjunto de control de tránsito.

Según informaron fuentes oficiales, en el marco del procedimiento preventivo desplegado en la vía pública se fiscalizó la documentación y el estado general de 72 automóviles y 20 motocicletas. Como saldo de las inspecciones, los agentes procedieron al secuestro de siete motovehículos por distintas irregularidades y labraron un total de 30 actas de infracción.

Al detallar el desglose de las faltas constatadas, las autoridades precisaron que doce de las multas fueron aplicadas por conducir sin la licencia habilitante, mientras que otras ocho correspondieron a motociclistas que circulaban sin el casco protector. Además, se sancionó a siete conductores por falta del seguro obligatorio, a dos por transitar con caños de escape antirreglamentarios y a un conductor por circular en contramano.

Desde el Municipio remarcaron que se continuará trabajando de manera coordinada con las fuerzas policiales para fortalecer este tipo de controles preventivos y promover así una circulación más segura. En este sentido, recordaron a la comunidad que respetar las normativas vigentes, utilizar los elementos de protección y transitar con la documentación obligatoria al día son medidas esenciales para cuidar la vida de todos los vecinos.

La mujer fue detenida en Bahía Blanca tras una denuncia realizada por su hija de 17 años. Durante su declaración ante la Justicia negó las acusaciones, aseguró que la joven realizaba encuentros por su cuenta y sostuvo que se entregó voluntariamente ante la DDI porque “no tiene nada que ocultar”.

La mujer detenida en Bahía Blanca, acusada de promover y facilitar el ejercicio de la prostitución de su hija de 17 años, declaró ante la Justicia y negó haber participado de los hechos que se le atribuyen.

La causa es investigada por la UFIJ Nº 14 y se inició a partir de la denuncia realizada por la adolescente. En el marco de la investigación fueron secuestrados varios teléfonos celulares, que ahora son sometidos a distintas pericias.

De acuerdo con la imputación fiscal, son tres los hechos atribuidos a la acusada. La investigación sostiene que los servicios sexuales eran ofrecidos a través del sitio Skokka, mediante un número telefónico, y que la mujer habría exigido a su hija la entrega del dinero obtenido. También se investigan presuntas amenazas y castigos físicos ante la negativa de la joven.

Durante su declaración, la mujer rechazó esas acusaciones. “No tengo nada que ver con esto”, afirmó, y explicó que el teléfono que es objeto de investigación se lo había entregado a su hija aproximadamente un mes y medio antes y que era la adolescente quien lo utilizaba.

También negó haber golpeado a su hija y aseguró que, durante una de las jornadas mencionadas en la denuncia, se encontraban otras personas en la vivienda. En ese sentido, sostuvo que allí estaba una asistente social del programa Envión.

La acusada describió además una relación familiar conflictiva y afirmó que su hija mantenía encuentros por decisión propia. Según su versión, en distintas oportunidades intentó intervenir en las relaciones sentimentales de la adolescente porque consideraba que algunas de esas personas podían resultar perjudiciales para ella.

Entre los episodios relatados durante la indagatoria, mencionó una estadía de aproximadamente seis meses de su hija en Bariloche junto a un joven llamado Elías. Aseguró que había intentado que terminara esa relación porque, según sostuvo, el muchacho presuntamente la golpeaba.

También afirmó haber tenido otros conflictos con personas vinculadas a su hija y señaló que en determinadas ocasiones fue víctima de agresiones por parte de la adolescente.

Otro de los elementos que deberá ser analizado por los investigadores surgió cuando le mostraron una imagen extraída de la página donde supuestamente se ofrecían los encuentros. La mujer negó que la persona que aparecía en la fotografía fuera su hija y aseguró que podría reconocerla por una cicatriz que tiene desde pequeña.

“Yo me entregué en la DDI porque no tengo nada que ocultar”, manifestó la acusada, quien permanece detenida mientras avanza la investigación.

En tanto, la Justicia dispuso la realización de peritajes psiquiátricos tanto a la mujer detenida como a la adolescente denunciante.

Ahora la Fiscalía deberá confrontar la declaración de la imputada con el testimonio de la joven, las pericias realizadas sobre los teléfonos secuestrados y el resto de los elementos incorporados al expediente para determinar cómo continuará la causa y la situación procesal de la acusada.

Con información de La brújula 24

En los últimos meses la identidad de la recordada tienda tresarroyense “Casa Evaristo” fue usurpada por estafadores en redes sociales para engañar a compradores de distintas provincias del país, dejando al descubierto el vacío legal y la desprotección que sufren tanto las víctimas directas como en éste caso el comerciante local, Carlos Lembi, a quien le usurpan el nombre comercial para delinquir.

El engaño

El grupo de danzas folclóricas Allpa Mayú, de la provincia de Entre Ríos, programó un viaje para participar de un certamen en la ciudad de La Falda, Córdoba y para unificar su vestimenta sus integrantes buscaron camisas para sus uniformes.

Fue así como –sin imaginárselo- la profesora del grupo encontró en Facebook la página controlada por los estafadores.

La coordinación del pedido quedó en manos de la bailarina Paula Martínez, que se encargó de iniciar el contacto por WhatsApp. “Tenían el catálogo cargado en el chat de WhatsApp con un montón de cosas, me pasaron el precio, e inclusive la tabla de talles”, le confió la damnificada a La Voz del Pueblo.

Los vendedores hasta le ofrecieron opciones de envío convencionales y reconocidas, como Andreani, Vía Cargo o Correo Argentino, y la asesoraron sobre qué talles le convenían según sus medidas.

A partir de la confianza que aparentaba el sitio, Martínez confirmó la compra de 14 camisas para el grupo y sumó una campera y una bombacha de campo para uso personal.

Martínez realizó una transferencia bancaria por un total de 273.300 pesos por las camisas y el envío, sumado a un pago complementario por sus prendas individuales, mientras que la promesa del vendedor era despachar la mercadería al día siguiente.

Silencio y bloqueo

Las señales de alerta comenzaron a aparecer el jueves. Después de comunicarse para solicitar un cambio de talle de último momento, Martínez recibió una respuesta afirmativa pero al consultar por el código de seguimiento del envío los supuestos vendedores postergaron la respuesta.

El viernes por la mañana, ante la falta de novedades, Martínez intentó contactarlos nuevamente. A pesar de que los mensajes se entregaban, las respuestas se silenciaron definitivamente.

“Como a las seis y media de la tarde los empecé a llamar y no me atendían. Después de eso, me bloquearon”, dijo Martínez. La estafa se terminó de confirmar cuando la profesora de danza y otros integrantes del grupo intentaron comunicarse desde sus propios teléfonos y fueron bloqueados uno por uno.

La reacción de la bailarina fue realizar la denuncia formal ante la división de Delitos Económicos de la policía de Entre Ríos. “Este tipo de estafas suelen no tener posibilidades de reintegro de nada, así que me encantaría que encuentren a la persona -o personas- que están haciendo esto”, expresó a este diario.

Impotencia

En el otro extremo de la estafa se encuentra Carlos Lembi, propietario del tradicional local tresarroyense. Rápidamente le explicó a La Voz del Pueblo que la situación no es nueva. “Esto viene de hace rato. Ya hemos denunciado la página, pero no nos dan bolilla”, expresó en tono de resignación.

Los estafadores utilizan no solo el nombre comercial de "Casa Evaristo", sino también fotos reales del negocio y del frente del comercio en Tres Arroyos para montar perfiles falsos en plataformas digitales.

Incluso el sitio web falso mantiene colgado un reportaje audiovisual real que le realizaron a Lembi cuando el negocio estaba en actividad, utilizándolo como gancho para legitimar la página y poder engañar más fácilmente a los usuarios.

Contó que desde hace "dos o tres meses” recibe avisos, advertencias y consultas de personas que logran ubicarlo para contarles lo que pasa. Los estafadores, según dijo, llegan a emitir comprobantes falsos de despacho para ganar tiempo antes de desaparecer.

A pesar de los intentos de su hijo por dar de baja la página falsa y retirar el perfil de Instagram de las redes, los canales truchos siguen operando impunemente. “No sabés qué hacer”, lamentó Lembi, quien accedió a visibilizar públicamente el caso para evitar que otras personas continúen cayendo como víctimas de esta modalidad delictiva.

Desprotección digital

Este caso expone un modo de delinquir que es recurrente y tiene que ver con la suplantación de identidad de marcas. Ante la falta de mecanismos rápidos de verificación en redes sociales y la lentitud de las plataformas para retirar los perfiles denunciados; hacer visible el problema, la prevención pública y los alertas comunitarios resultan ser las herramientas -a mano- para que la comunidad se defienda de las estafas virtuales.

Una mujer de 32 años fue detenida en Bahía Blanca acusada de promover y facilitar la prostitución de su propia hija, de 18 años. Según informó el medio regional La Brújula 24, la medida se concretó el miércoles por la tarde en la vía pública —sobre la calle Cramer— mediante un procedimiento realizado por personal de la Comisaría Cuarta.

Denuncia y peritajes

La causa se inició hace aproximadamente un mes a partir de la presentación efectuada por la joven ante la Comisaría de la Mujer. A partir de allí, la investigación quedó a cargo de la UFIJ N°14, bajo la hipótesis de que los hechos habrían comenzado cuando la víctima era menor de edad y continuaron luego de cumplir los 18 años.

En el marco de la instrucción se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda que compartían ambas, donde se secuestraron siete teléfonos celulares. Los peritajes a los dispositivos revelaron mensajes compatibles con lo denunciado por la víctima, elementos que motivaron el pedido de detención por parte de la Fiscalía.

Declaración y sospechas

La aprehendida declaró ante el fiscal Marcelo Romero Jardín y negó las acusaciones en su contra. La identidad de la imputada se mantiene en reserva para preservar a la joven debido al vínculo familiar entre ambas.

La causa fue calificada inicialmente como promoción y facilitación de la prostitución. En paralelo, y teniendo en cuenta que la víctima tiene hermanos, los investigadores intentan establecer si existen otras personas afectadas por situaciones similares.

El taxista tresarroyense Alejandro Pereyra (54) y su esposa Elsa Sayas (50) continúan internados en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, tras sufrir las consecuencias de un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer.

Según el informe médico del centro de salud al que tuvo acceso La Voz del Pueblo, ambos pacientes se encuentran “politraumatizados y estables”.

En el caso de Pereyra, es el más complicado pero su situación es “estable”, lo que no indica menor gravedad.  El hombre sufrió “fractura de fémur y mucha pérdida de sangre. Continúa en UTI (Unidad de Terapia Intensiva)”.

En tanto su esposa sufrió una “luxación de tobillo”, está “lúcida y sin pérdida de conocimiento”.

Según publicó Infobrisas, el accidente “ocurrió durante la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 17 de ruta 88, y lo originó un productor rural de la zona que conducía una camioneta. Si bien no aceptó hacerse extracción de sangre, apenas ocurrido el hecho confirmó que había consumido bebidas alcohólicas.

“Se pudo conocer que impactó por detrás a un automóvil (Volkswagen Voyage) con un carro en el que transportaban cuatriciclos. Este vehículo se despistó hacia la banquina, mientras la camioneta continuó su marcha pero hacia el carril contrario, donde impacto por el lateral a otro automóvil, por donde en sentido contrario viajaban en un Fiat Cronos Pereyra y Sayas, quienes presentaron las lesiones más graves”.

(Con Información de Infobrisas, Ecos Diarios y La Voz del Pueblo)

La argentina Iliana Noeli Lick, detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, recibió una buena noticia luego de varias semanas de incertidumbre: un juez le concedió la libertad bajo fianza, fijada en US$10.000. La medida representa un avance para su familia y allegados, aunque todavía deberá completar una serie de trámites antes de abandonar el centro de detención.

La confirmación fue realizada por su pareja, Steven Melchiorre, quien siguió públicamente el caso y mantuvo informada a la comunidad sobre la situación de la joven argentina. "Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en $10.000", escribió en Facebook.

"Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio", agregó.

Sin embargo, la salida de Lick no será inmediata. Melchiorre explicó que todavía deben cumplirse distintos pasos administrativos y logísticos para hacer efectiva la fianza. "Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren", señaló.

La decisión judicial tampoco implica el cierre de su expediente migratorio. Según remarcó su pareja, el proceso continuará mientras Lick aguarda su resolución fuera del centro de detención. "Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante", sostuvo.

Ayer a partir de las 18 horas, diversas fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo de control general —estático y dinámico— en distintos puntos de Tres Arroyos. La orden de servicio, denominada "Megaoperativo de saturación, identificación e interceptación vehicular", fue supervisada por el comisario general Gonzalo Evaristo Bezos, superintendente de Seguridad de la Región Interior Sur.

Las tareas preventivas arrojaron como saldo la identificación de 112 personas y la inspección de 89 vehículos, entre motos, autos y camionetas. Según se informó oficialmente, el sistema informático detectó que uno de los rodados —una camioneta— poseía una prohibición para circular. Además, se labraron diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito (24.449), las cuales quedaron a cargo del Juzgado de Faltas de la municipalidad.

El operativo contó con la labor conjunta del personal de la Comisaría Primera, el Escuadrón de Caballería, el Comando de Prevención Rural, la SubDDI y efectivos de Tránsito de la secretaría de Seguridad del municipio. Desde la Estación de Policía Comunal adelantaron que estos controles continuarán desarrollándose de manera periódica en diferentes sectores, con el objetivo de fortalecer la prevención mediante el trabajo coordinado.

El megaoperativo desplegado en Fuerte Apache ayer para capturar al presunto asesino del oficial tresarroyense Alan Fabián Molina, de 30 años de edad, arrojó un saldo de 16 personas detenidas, aunque el menor intensamente buscado sigue prófugo.

La agilización de los procedimientos judiciales motivó un masivo despliegue policial en el complejo habitacional Ejército de los Andes desde horas de la madrugada.

Fuerza desplegada

Alrededor de 500 efectivos blindaron los accesos y el interior del barrio, se realizaron 24 allanamientos simultáneos autorizados por la Justicia.

Participaron las fuerzas especiales UTOI, GPM, GAD y el Grupo Halcón, bajo la coordinación de la Superintendencia de Delitos Complejos. También se utilizaron drones y helicópteros para rastrillaje aéreo.

Resultados

Si bien no se localizó al sospechoso principal, las detenciones efectuadas se relacionan con el hallazgo de armas de fuego y estupefacientes, que igualmente forman parte de la investigación paralela para desarticular la red de narcomenudeo de la zona.

El prófugo

El presunto autor material es Joel Sebastián Magallanes, un adolescente de 17 años apodado "Mayonesa", sobre quien pesan pedidos de captura previas por homicidio agravado, resistencia a la autoridad y un intento de homicidio reciente.

De hecho, se había escapado el 28 de abril del Instituto de Menores de Pablo Nogués.

Los investigadores indican que Magallanes opera como “soldadito” de una banda narco liderada por Guillermo Agustín Geréz, alias “Gordo Tilín”.

Además se sospecha que facciones de la zona allanada como “Los Fiolos” y “La Michela” le dan protección y refugio para eludir a las fuerzas policiales.

La investigación

El caso penal se encuentra bajo la órbita de la UFI Juvenil del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la Dra. Paola Campos.

La principal hipótesis es que el transcurso de los días desde el asesinato (ocurrido el sábado 18 de julio) se facilitó la evasión del sospechoso fuera de los límites habituales del asentamiento.

Las autoridades continúan los rastreos en base al análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos clave del entorno del imputado.

El crimen

La investigación apunta a este adolescente con presuntos vínculos con el narcotráfico dentro de Fuerte Apache. Según la reconstrucción del hecho, Alan Molina acudió a un llamado al 911 por una serie de disparos que se escuchaban en el barrio.

Una vez que descendió del vehículo policial y se desplazó a pie para detener a dos sujetos, estos respondieron con tiros de armas de fuego. A pesar de haber sido trasladado al hospital Carrillo, Molina terminó perdiendo la vida.

En febrero había finalizado su formación en la fuerza y viajaba desde Tres Arroyos para desarrollar estas tareas. Sus restos fueron inhumados el lunes 20 de julio en el cementerio municipal, oportunidad en la cual se concretó una ceremonia con la participación de autoridades policiales y políticas, que acompañaron a sus familiares para brindar el último adiós.

Sobre la noche de éste miércoles la agencia de noticias NA (Noticias Argentinas) había confirmado la detención de “Mayonesa”, mientras que otros medios de comunicación nacionales indicaban que continuaba prófugo. La Voz del Pueblo realizó consultas pero no pudo confirmar que fue arrestado.

(Con información de El Trece Tv, Clarín y de nuestra redacción).

áDespués de un proceso de investigación que permitió esclarecer lo sucedido, la UFIJ Nº17 a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, dictó el sobreseimiento de Robertino Ortega, el joven arquero de 20 años de edad que había sido aprehendido hace un mes y medio en relación con el intento de robo de una moto.

La resolución judicial confirmó que Ortega no tuvo participación alguna en el ilícito, una confirmación que el deportista y su familia esperaban para poder limpiar su nombre y reputación, tras semanas de sufrir “escraches” públicos.

El hecho por el que fue aprehendido ocurrió una noche a mediados del mes de mayo, en la que un par de sujetos intentó robar una moto en la zona de Matheu al 200.

Debido a que los sospechosos se desplazaban en una moto roja y uno de ellos fue identificado como un menor conocido en el ámbito delictivo, la policía interceptó más tarde a Ortega, quien también circulaba en una moto roja (marca Honda) y trasladaba al menor en cuestión con quien había jugado al fútbol momentos antes.

Esta coincidencia técnica y de color derivó en una aprehensión que mantuvo al futbolista dos días privado de su libertad, en los calabozos de la Comisaría Primera.

Sin embargo la tarea investigativa de la fiscalía, y de la abogada defensora, fue determinante para demostrar la inocencia de Ortega.

Entre las pruebas clave se encuentran un análisis de cámaras de seguridad con el que se determinó que la moto utilizada en el intento de robo era de una marca distinta a la que posee el joven arquero, y que la vestimenta de los implicados no coincidía con la suya.

También se presentaron como pruebas los impactos de antena telefónica a partir del rastreo del teléfono celular de Ortega con lo que se confirmó que -al momento del hecho- el joven se encontraba en un trayecto totalmente distinto, circulando en su moto desde su entrenamiento en el Club Unión hacia la casa de un familiar, sin desviarse en ningún momento hacia la escena del hecho.

Robertino Ortega, quien cuenta con una trayectoria deportiva que incluye pasos por Huracán de Tres Arroyos; en Divisorio, de Coronel Pringles; Chacarita Juniors y Espartano, de El Salvador (Centroamérica), se vio seriamente afectado por esta situación, llegando incluso a perder su trabajo como repartidor en Tres Arroyos.

Su defensa legal, encabezada por la abogada Elisa Hospitaleche, también trabajó en la presentación de pruebas que este jueves permitieron este fallo favorable.

Con este sobreseimiento, la justicia no solo ratifica que no hubo pruebas en su contra, sino que acredita su falta de participación en el hecho. 

El fiscal Marcelo Romero Jardín detalló los desafíos de una investigación compleja que culminó con la condena de siete hombres por abuso sexual con acceso carnal en una quinta de Médanos. La causa, iniciada por hechos de 2017, requirió el uso de una figura penal poco aplicada en delitos sexuales en el Departamento Judicial local.

Romero Jardín explicó que se optó por una teoría de caso basada en la coautoría funcional; una aproximación habitual en robos bancarios o delitos contra la propiedad, pero inédita en esta jurisdicción para abusos sexuales. Solo se registró un antecedente similar en Quilmes.

9 años después; la historia de los hechos

Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2017 durante un cumpleaños en una quinta sobre la Ruta 22. La víctima, de 17 años, concurrió acompañada por una amiga. Según la acusación, los imputados propusieron un juego de cartas con prendas en el que la joven perdió repetidamente por desconocer las reglas.

Tras salir de un estanque, como parte del juego, le ocultaron la ropa y la distribuyeron por el predio. Mientras la amiga intentaba ayudarla, la separaron del grupo y la condujeron a una habitación. Una vez dentro, cerraron la puerta, apagaron la luz y se produjo el abuso, con participación de al menos dos personas del grupo.

La intervención de la amiga, quien golpeó la puerta y amenazó con llamar a la policía ante los gritos, interrumpió la situación.

Se explica que el hecho de que la denuncia haya sido recién hecha en 2020, gracias a la cantidad de tiempo trascurrida y la pandemia, complicaría de gran manera la investigación. Inicialmente a cargo de la doctora Marina Lara, la causa enfrentó un conflicto de competencia con la Fiscalía de Menores que se resolvió en 2023. Fue entonces cuando Romero Jardín asumió y decidió llevar el caso a juicio oral.

“Durante mucho tiempo este tipo de hechos quedaban impunes porque se consideraba que el delito sexual era de propia mano”, señaló el fiscal. Agregó que cambios en la redacción del Código Penal y en la apreciación de la prueba por parte de los jueces permitieron dejar de lado estereotipos de género.

En el juicio, destacó la importancia de la inmediatez para evaluar no solo las declaraciones verbales sino también el lenguaje corporal. La testigo clave fue la amiga que intervino en el momento de los hechos, complementada con la declaración de la víctima y pericias psicológicas que acreditaron estrés postraumático.

La sentencia condenó a siete imputados mayores de edad a siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal bajo la figura de coautoría. Tres acusados restantes, menores al momento del hecho, serán juzgados en agosto en el fuero de Menores.

La Fiscalía solicitó la detención inmediata de los condenados, pero el juez Hugo Adrián De Rosa dispuso mantener las medidas cautelares hasta que la sentencia quede firme, tras la vía recursiva.

En horas de la noche de este domingo, el cuerpo de bomberos voluntarios de Tres Arroyos fue convocado de urgencia a una vivienda ubicada en la calle Charcas 535.

En primera instancia el llamado por la emergencia los había llevado a una dirección equivocada, por calle Salta.

Pero en el lugar del siniestro el personal trabajó rápidamente para controlar un incendio que amenazó con propagarse por la estructura de la propiedad.

Después de finalizar las tareas de control y enfriamiento, el segundo jefe del cuerpo de bomberos, Alejandro Conde, brindó detalles sobre la intervención a La Voz del Pueblo.

Según explicó el fuego se habría originado desde una estufa a leña, aunque destacó que la situación pudo ser dominada a tiempo.

A pesar de la magnitud inicial de la alerta, Conde confirmó que los bomberos se centraron en corroborar que no quedaran focos activos en la estructura superior. “Nosotros estuvimos corroborando el cielo raso, que no haya fuego”, señaló a este diario.

Respecto a los daños materiales, el segundo jefe informó que los efectos se concentraron principalmente en la estructura del techo, específicamente en el cielo raso y la instalación eléctrica del sector afectado.

En el lugar también intervinieron agentes de la Policía Comunal y de la Patrulla Urbana de Tres Arroyos.

Este diario pudo saber que el fuego se habría generado cuando la persona que habita la vivienda intentó prender la estufa arrojando combustible desde un bidón.

La justicia bahiense confirmó la decisión de que Mariela Agunin (32), cuyo caso generó en las últimas semanas cruces entre la fiscalía y su defensor, reciba prisión preventiva.

Mientras que el doctor Mauricio Del Cero la imputó de llevar adelante el comercio de estupefacientes en reiteradas ocasiones, el letrado Carlos Carnevale sostuvo que está presa en vinculación con un único caso en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana en la plaza Rivadavia.

En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Penal local, con los votos de los magistrados Christian Yesari y Gustavo Barbieri, confirmó el fallo del Juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, quien el pasado 1 de mayo rechazó un pedido de nulidad de la pericia realizada al celular de Agunín, decretó la prisión preventiva de la procesada y mantuvo la calificación de comercialización de estupefacientes agravada por realizarse en un lugar de esparcimiento social.

Sobre el primer aspecto, Carnevale indicó que al momento de requerir el allanamiento a la casa de la acusada y su detención se analizaron comunicaciones que excedieron el lapso temporal de dos meses (del 9/11/24 al 9/1/25) que había dispuesto la Justicia de Garantías.

Frente a esto, Yesari manifestó que la acusación del fiscal se limita a ese plazo y que las medidas fueron dictadas antes de que se advirtiera el error, agregando que Manzi determinó correctamente que “la porción autorizada de la prueba era autosuficiente para fundar la medida cautelar”.

Comunicaciones

Al pedir la prisión preventiva, Del Cero imputó a la mujer del comercio de drogas, fundamentalmente marihuana, durante el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025, en distintos puntos de Bahía Blanca y a través de entregas previamente acordadas.

“La totalidad de las conversaciones rescatadas de la pericia telefónica, que datan del período habilitado, apuntalan con claridad meridiana esta hipótesis”, indicó el camarista.

En el fallo el magistrado analizó cuatro de las comunicaciones halladas en el dispositivo, dos de ellas realizadas a principios del año pasado y que dieron origen al procedimiento en el centro bahiense, cuando cámaras del CeÚM registraron a Agunín suministrándole marihuana a una chica en Chiclana y Alsina.

“Queda más que prístinamente claro que la imputación y las consecuencias procesales derivadas de ella no se condice con la tenencia de 7,4 gramos de cannabis sativa, sino con la comercialización de estupefacientes”, sostuvo Yesari.

Agregó que, al menos en esta etapa procesal, las pericias determinaron "una pauta de conducta reiterada orientada a la venta de marihuana a distintos compradores".

Por último, los magistrados coincidieron con el análisis del Juez de Garantías sobre la presencia de peligros procesales, entre otras consideraciones, por la pena en expectativa de los delitos imputados (de 6 a 20 años de prisión).

A solo 24 horas del intento de robo al concejal Carlos Avila, la policía de Claromecó logró desarticular el accionar de un delincuente imputado por al menos tres hechos contra la propiedad. Si bien el acusado, oriundo de Tandil, permanece en libertad, apenas un día después de que se conociera el preocupante intento de robo en la vivienda de Avila, la temática de la inseguridad vuelve a ocupar el centro de la escena en la localidad balnearia.

En este contexto, la labor de las fuerzas de seguridad volvió a ser clave para esclarecer una seguidilla de ilícitos, logrando individualizar a un sospechoso —cuya identidad no trascendió por el momento— y recuperar parte de lo robado.

En ese sentido, la Estación de Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos 2° de Claromecó informó que, tras una minuciosa investigación, se llevó a cabo un allanamiento con resultado positivo. La causa se inició a partir de diversas denuncias por delitos contra la propiedad ocurridos recientemente en la localidad.

Para avanzar en la identificación del presunto autor, un hombre mayor de edad, oriundo de Tandil y con residencia temporal en Claromecó, fue fundamental el análisis de las cámaras de seguridad privadas, el aporte clave de los vecinos y el rastreo del Centro de Monitoreo Municipal.

El hilo conductor de la pesquisa permitió conectar al sospechoso con, al menos, tres episodios delictivos recientes. El primero, ocurrido el 12 de junio, cuando  un vecino domiciliado en la calle 9, entre 20 y 22, denunció la sustracción de una suma de dinero en efectivo. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del hecho, lo que facilitó la identificación del sospechoso.

Tres días màs tarde, en unas viviendas de uso temporario, se registraron dos robos en simultáneo. Uno de ellos ocurrió en el barrio Villa Faro y el otro en la calle 36, entre 29 y 31. Gracias al testimonio de los vecinos, se determinó que los elementos robados estaban en poder del imputado, quien ya había comenzado a ofrecer algunos de ellos a la venta.

Hoy, alrededor de las 06:00, personal del GTO perteneciente a la Estación Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, Comisaria Primera, a cargo del Comisario Cristian Daniel Tedini, procedió a realizar una Orden de Registro Domiciliario, en el marco de una IPP iniciada el pasado año sobre el delito de “Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales”, más conocido como Grooming.

Esta diligencia fue llevada a cabo en el domicilio del sindicado, ubicado en calle Las Heras al 1000, arrojando un resultado Positivo del délito investigado, por lo cuál, se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Motorola, modelo G15, con numero de abonado ya establecido por las autoridades judiciales.

Esta clase de delito está considerado como grave y se desarrolla en varias etapas: en primera instancia se inicia por el contacto del acosador con la víctima, creando un perfil falso en redes sociales, foros o videojuegos, adaptándose a los gustos de la víctima. En segunda instancia, la “manipulación”, donde el victimario construye una relación de amistad o noviazgo virtual, para aislar emocionalmente al menor de su entorno. Posteriormente llega la tercer etapa que es la “Exigencia”, donde el manipulador solicita fotos o videos íntimos. Por último “El chantaje” amenazando al menor vulnerado de divulgar el material, si el mismo no accede a nuevas exigencias del acosador.

Las actuaciones y secuestro fueron remitidos a la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio Nro. 6 del Depto. Judicial local, donde se proseguirá con las investigaciones pertinentes

IMPORTANTE

Si sos víctima de Grooming o crees que alguien cercano a vos podría serlo, por favor, comunícate a la línea 102 (escucha de niños y adolescentes) o a la 137 (servicio de psicología social Nacional). Conactate con la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, al 2983-457092.

Ante evidencia clara, no borrar los chats ni los archivos y presentarlos a la comisaría policial más cercana

El Grooming no es un chiste; es un delito. No te quedes callado.

Un solitario delincuente se llevó el dinero de la caja de un kiosco ubicado en avenida Belgrano 895. El hecho ocurrió el pasado miércoles minutos después de las 16:30.

El robo fue denunciado en la comisaría por la misma víctima, y según describió el delincuente ingresó al local y exigió que le entregue la plata porque “estaba armado”, aunque no llegó a dejar a la vista el arma en ningún momento.

Ante el temor que sintió por la amenaza, la mujer entregó el dinero que en ese momento había en la caja del comercio. 

Técnicamente el delito es un “hurto”, porque la mujer no llegó a ver un arma y en consecuencia no es un “robo calificado”, o asalto, como se lo conoce popularmente.

En ese caso –legalmente- se hubiese tratado de un ilícito más grave, aunque el susto para la víctima pesó como si hubiese sido asaltada. 

Según pudo saber La Voz del Pueblo, se trató de un hecho aislado. Al menos, otros no fueron denunciados.

En el día ayer, personal de la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, en conjunto con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas de Necochea, en el marco de una Investigación Penal iniciada tiempo atrás en este medio caratulada “AVERIGUACION INFRACCION LEY 23737”, lograron individualizar dos domicilios donde se llevaba a cabo la venta de estupefacientes en la modalidad de menudeo, como así también mediante modalidad delivery. Se obtuvo material fílmico aportado por el Centro de Monitoreo de San Cayetano, en el cuál se logra identificar al responsable de la maniobra ilícita: una persona masculina mayor de edad.

En consecuencia a la cantidad de pruebas colectadas, se solicitaron los respectivos allanamientos para dos viviendas de San Cayetano, los cuales fueron otorgados por el Juzgado de Garantías Nro. 2  del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de S.S. Dra. Aida Lhez; se procedió en una finca del Barrio Moreno de esta ciudad al secuestro de Diecinueve (19) envoltorios de nylon con Cocaína en su interior, de los cuales tres se secuestran en poder del investigado y propietario de la finca, siendo pesada la totalidad de dicha sustancia secuestrada, la cual arroja un total de 18, 9 gramos; el Test de Orientación arrojó un resultado positivo: era Cocaína.-

Así también, se procedió al secuestro de una balanza de precisión; un teléfono celular y la suma de 1.452.000 pesos. No obstante en el segundo domicilio allanado no se encontraron elementos de interés para la causa.

Finalmente, se efectuó el secuestro y registro del rodado del sospechado marca Peugeot 207 compact dominio NAS787, en cuyo habitáculo se halló el teléfono celular personal del causante. En consecuencia a los resultados obtenidos, se procedió a la aprehensión del ciudadano en cuestión, todo ello en el marco de actuaciones por ”INFRACCION LEY 23737 (TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION)”, siendo trasladada la persona a la Comisaria jurisdiccional, junto con los efectos secuestrados.

Comunicación con Magistrado de injerencia, ratifico la APREHENSION del causante, disponiendo audiencia para decepcionársele declaración indagatoria en Sede de Fiscalía, a tenor de lo establecido en el art. 308 del CPP, donde luego de la misma se definirá su situación procesal.

Este viernes personal del Gabinete de investigaciones de la Estación de Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves llevó adelante un allanamiento domiciliario en el marco de una investigación penal por “presunta administración fraudulenta de fondos públicos”.

Según pudo saber La Voz del Pueblo, la medida se enmarca en una causa que investiga el ayudante fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz, y durante el procedimiento se secuestraron documentación y elementos de interés para el avance de la pesquisa.

La administración fraudulenta, prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, castiga a quien teniendo a su cargo la administración de bienes o fondos ajenos, los utiliza en beneficio propio o de terceros en perjuicio del titular.

Este delito se pena con una condena a  prisión de hasta 6 años.

Asimismo, fuentes de la investigación confiaron que continúan trabajando en forma conjunta –la policía y la Justicia- para esclarecer los hechos y poner a disposición de las autoridades todos los elementos recolectados.

Por último se resaltó que la investigación se encuentra en etapa de instrucción, y que se mantiene el secreto de sumario para garantizar el correcto desarrollo del proceso.