El Senado sancionó esta noche el Presupuesto 2026, tras más de ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra. Un tema no menor, aunque dentro de poco -en febrero, si hay extraordinarias; o marzo, en el período ordinario-, el oficialismo deberá lidiar con un desafío mayúsculo en la Cámara alta: la reforma laboral.

Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición -pocos radicales no acompañaron- por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.

Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).

El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich- y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.

El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad.

Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.

Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro -José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.

Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.

La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.

Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.

Cierres

En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.

“Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.

Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.

“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.

Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.

El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones″. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.

La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.

“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.

Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que "no había margen para la tibieza“, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que ”gobernar no es prometer“, sino ”decidir cuando duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”. (Infobae)

A través de la ordenanza 3429/2025 el Concejo Deliberante de San Cayetano aprobó por unanimidad el presupuesto de gastos, cálculo de recursos y ordenanza complementaria para el ejercicio 2026. Confeccionado por el Departamento Ejecutivo el presupuesto para el 2026 es de $ 20.574.490.000, un 26,50 por ciento superior al 2025.

La cobertura de los servicios esenciales continúa siendo prioridad para la gestión que encabeza el intendente Miguel Gargaglione. En cuanto a obras de magnitud se proyecta la construcción del edificio de la Escuela Técnica y culminar el puente en camino Las Brusquillas, al tiempo que se prevén inversiones para equipamiento en el Area Vial, Obras Públicas, Salud y Balneario San Cayetano.

Durante la sesión extraordinaria del legislativo municipal que derivó en la aprobación del presupuesto, se anunciaron los aumentos de sueldos para empleados municipales (15 por ciento en enero y 10 por ciento en julio); se explicaron los porcentuales en los aumentos en las tasas municipales, y la configuración del nuevo organigrama.  En este sentido, respecto al de 2025 se eliminan siete cargos y en otros seis se bajan los sueldos de quienes ocupan esos cargos.

La administración del intendente Gargaglione suprimió las coordinaciones de Deportes, Turismo y Cultura, el Secretario General, las direcciones de Bromatología e Ingresos Públicos y el de Capataz de Planta de Reciclado.

Y resolvió reducir los salarios de la Asesora Técnica, y las direcciones de Educación, Cultura, Deportes, Producción y Turismo.

“Como cada año la confección del presupuesto se realizó a conciencia, de acuerdo a los ingresos y gastos, a los recursos e inversiones, enmarcado en la realidad política, social y económica en la que vivimos”, expresa un comunicado divulgado por el gobierno municipal.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó a fines de septiembre la Resolución 272/2025, que redefine la distribución del régimen transitorio de subsidios destinado a las empresas de transporte automotor que operan fuera del Área Metropolitana.

El documento, publicado el 25 de septiembre, fija un monto global de $ 3.540 millones a distribuir entre más de 60 jurisdicciones. La medida busca garantizar “previsibilidad, transparencia y equidad” en la asignación de fondos. Sin embargo, el análisis muestra que la brecha entre municipios se amplió, con diferencias que superan el 300% entre las ciudades más y menos beneficiadas.

El nuevo esquema, acompañado por la Metodología de Distribución del Régimen Transitorio, prioriza tres variables para las líneas municipales: personal afectado, parque móvil y kilómetros recorridos. A cada unidad se le asegura un ingreso mínimo de $ 4 millones, y se fija además un piso de $ 2.083.194,50 por agente y $ 1.900 por kilómetro recorrido.

Con esta fórmula, Tornquist encabeza los mayores incrementos (+370%), seguido por Junín (+298%), San Andrés de Giles (+205%), Chivilcoy (+186%), San Pedro (+178%), Azul(+129%) y Olavarría(+122%).

En el otro extremo, General Pueyrredon (Mar del Plata), San Nicolás, Tandil, Pergamino, San Antonio de Areco y Ramallo registraron apenas un 9,2%, muy por debajo del promedio provincial.

Según los datos oficiales, las empresas de Mar del Plata (Peralta Ramos, 12 de Octubre y Batán) concentran casi $ 1.000 millones en subsidios provinciales mensuales, pero la ciudad recibe más fondos nacionales que bonaerenses.

En mayo de 2025, el Estado nacional transfirió $ 1.443 millones, mientras la Provincia aportó $ 1.196 millones, confirmando que la dependencia del financiamiento federal sigue siendo clave para sostener el sistema.

En el caso de Necochea, las dos prestatarias locales, Compañía de Transportes Necochea SA y Micro Ómnibus Nueva Pompeya SRL, mantienen montos similares a los de meses anteriores, con asignaciones de $ 69,9 millones y $20,6 millones, respectivamente.

Las variaciones apenas cubren los aumentos salariales y de combustible, sin margen para renovación de flota ni expansión de recorridos.

La resolución también crea un Fondo Especial de $ 100 millones, reservado para emergencias y redistribuciones eventuales entre líneas provinciales. No obstante, el propio documento aclara que ninguna empresa recibirá menos que en la última distribución, lo que limita la capacidad de corrección en el corto plazo.

Funcionarios y empresarios del sector coinciden en que el nuevo esquema “da algo más de previsibilidad”, pero advierten que las asimetrías persisten. En ciudades donde la demanda crece y los costos se disparan, los incrementos quedaron muy por detrás de las necesidades operativas.

En síntesis, el nuevo reparto bonaerense muestra una estructura técnica más detallada, pero con resultados que distan de ser equilibrados. El desafío, señalan desde distintos municipios, será lograr que las futuras revisiones incorporen verdaderos criterios de proporcionalidad: “transparencia en la fórmula y equidad entre territorios”, dos promesas que todavía están por cumplirse. (DIB)

 El presidente Javier Milei presentará este lunes por la noche el proyecto de Presupuesto 2026, la hoja de ruta que marcará el rumbo económico del país para el próximo año. Se trata de un evento clave, ya que será el primer presupuesto elaborado íntegramente por su gestión, tras dos años consecutivos de gobernar con una prórroga del de 2023.

El anuncio se realizará en un formato de alto impacto político: una cadena nacional. Según supo Noticias Argentinas, el proyecto, cuyas pautas fueron analizadas por Chequeado, buscará consolidar el equilibrio fiscal y sostener la baja de la inflación, delineando las prioridades del Gobierno para el próximo año. A continuación, 10 claves para entender la presentación.

El Presidente presentará el proyecto de presupuesto hoy, lunes 15 de septiembre, a las 21 horas, a través de una cadena nacional.

Porque será el primero de la gestión de Javier Milei. Durante 2024 y 2025, el Gobierno no logró la aprobación de sus propios presupuestos en el Congreso y debió gobernar con prórrogas del de 2023, un hecho inédito en la historia argentina.

Según los adelantos presentados al FMI, el Gobierno proyecta para 2026 un aumento del PBI del 4,5%.

La proyección oficial ubica la inflación anual para 2026 en un rango de entre el 7% y el 12%.

Sí, es uno de los ejes centrales. Se proyecta un superávit primario del 2,2% del PBI y un equilibrio en el resultado financiero (descontando el pago de intereses de la deuda).

Se prevé mantener los niveles de asistencia social en torno al 3,2% del PBI, con un leve aumento del gasto en jubilaciones y pensiones, que pasaría del 6,7% al 6,8% del PBI.

El Gobierno prevé un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal (sin contar la inflación) respecto a 2025, con una leve suba de la presión fiscal total (del 22,2% al 22,7% del PBI).

Se mantendrán cuatro pilares: mantener el equilibrio fiscal, continuar con la asistencia social sin intermediarios, invertir en equipamiento y modernización de seguridad y defensa, y avanzar en la desregulación y transformación del Estado.

Se proyecta un aumento del 4,8% en las exportaciones y del 3,1% en las importaciones para 2026.

Además de cumplir con la ley, el Gobierno busca dar una señal de orden y previsibilidad a los mercados y a la sociedad, consolidar su plan de estabilización y marcar la cancha para el debate legislativo que se viene. (NA)

El presidente, Javier Milei, informará los alcances del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 durante un discurso que ofrecerá en cadena nacional el próximo lunes a las 21.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un posteo en redes sociales. Hasta el momento se sabe que la cadena nacional sería grabada en la Casa de Gobierno en lugar del Congreso Nacional, tal como sucedió el año pasado.

La discusión del presupuesto 2026 es una de las herramientas que puede utilizar el gobierno para acercarse a los gobernadores.

En un anticipo publicado en julio de este año, el Poder Ejecutivo adelantó que insistirá con un presupuesto equilibrado entre gastos e ingresos.

Allí trazó las proyecciones macroeconómicas y fiscales del Ejecutivo para el cierre de este año y el año próximo, pero que deben ser actualizadas de acuerdo a los resultados de los últimos meses.

En ese momento, el Ejecutivo estimó una inflación interanual del 22,7 % para diciembre de 2025, lo que consolidaría el proceso de desinflación iniciado a comienzos de la gestión.

Asimismo, se preveía un tipo de cambio oficial de $ 1.229 por dólar que ya quedó fuera de rango.

En cuanto al crecimiento, el Gobierno proyectaba un incremento del 5,5 % del Producto Bruto Interno (PBI), pero algunas consultoras ya lo ajustan a la baja.

Por el lado externo, se estimó un superávit comercial de US$ 4.913 millones, con exportaciones creciendo 3,7 % y un fuerte repunte de las importaciones, del 25,2 %.

El informe también anticipó un aumento real de la recaudación impositiva, estimada en 22,3 % interanual en términos nominales.

En línea con la política económica del oficialismo, el Ejecutivo ratificó que el equilibrio fiscal seguirá siendo un compromiso ineludible, acompañado de medidas orientadas a consolidar un Estado más austero, eficiente y sin intermediación política en la asistencia social.

Como parte de ese enfoque, el adelanto del Presupuesto incorpora una propuesta de “regla fiscal”, que limitaría automáticamente el crecimiento del gasto público en caso de aumentos inesperados en la recaudación, buscando institucionalizar el control sobre las cuentas públicas.

Finalmente, el Gobierno remarcó que el documento anticipado responde también a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). (NA)

El Gobierno dispuso una nueva modificación del presupuesto nacional, asignando más recursos al pago de salarios, subsidios, equipamiento y funcionamiento, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.

En ese marco, el Ejecutivo consideró que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”, sosteniendo que “para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.

Asimismo, advirtió en el texto oficial que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.

Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Al mismo tiempo, la normativa dispuso que los organismos del Sector Público Nacional “deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, en las licitaciones de Títulos Públicos y/o Letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados”. Esta disposición no alcanza a los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En este sentido, también se estableció un régimen de información del flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades que las entidades suministran mensualmente a la Secretaría de Hacienda.

La decisión responde “a los efectos de contar periódicamente con el estado de situación actualizado de liquidez de los organismos del Sector Público Nacional, excluyendo aquellos que mantengan todas sus disponibilidades en la Cuenta Única del Tesoro (CUT)”.

Además, el DNU prorrogó, por 10 años a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones otorgadas en virtud de la Ley Nº 13.337 y sus modificaciones y de las pensiones graciables que fueran prorrogadas por la Ley Nº 27.008 y sus modificatorias y por las siguientes leyes anuales de Presupuesto General de la Administración Nacional, fijando las condiciones que las mismas deben cumplir.

En los requisitos estipulados están no ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a $7 millones, no tener vínculo con el legislador solicitante; y no superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a un haber mínimo garantizado. (NA)

Solamente fueron aprobados los números del Ente Vial y el Concejo. Facundo Elgart dijo que “hay especulaciones meramente políticas”. Agustín Rossi afirmó que pidieron una apertura de partidas y no tuvieron respuesta. Roxana Calvo habló de “constantes artimañas” para limitar el acceso a información. Gustavo Moller planteó que el presupuesto y su ejecución deben estar al alcance de todos los vecinos

El Concejo Deliberante rechazó este jueves por la mañana la rendición de cuentas de la administración central del municipio, el Centro de Salud y el ente descentralizado de Claromecó. Los bloques de la oposición votaron de manera negativa y obtuvieron así la mayoría en esta postura. En cambio, recibieron aprobación la ejecución de recursos por parte del Ente Vial y del Concejo Deliberante.

La sesión especial se desarrolló con la participación de 17 concejales, no asistió -lo informó por escrito- Marcelo León, y se extendió poco menos de una hora.

Noticia en desarrollo

El presidente de CARBAP planteó -en una reunión realizada en Chaves- que coinciden con el camino marcado por el gobierno nacional; pero al mismo tiempo le reclama la eliminación de las retenciones. Y a la Provincia le pidió “pasar de las charlas a cosas concretas”

El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, encabezó días atrás una reunión del sector en Adolfo Gonzales Chaves y en una entrevista con La Voz del Pueblo expresó claramente que concuerdan con el camino trazado por el gobierno nacional, pero que quieren participar de las decisiones que afectan al sector, como las retenciones.

El también productor agropecuario de Trenque Lauquen explicó que las retenciones resultan un techo para la producción del país, y en este sentido afirmó que Argentina no creció pero que sí lo han hecho los países vecinos.

“Nuestro país no pudo con la leche, en carne nunca recuperamos el stock desde que se cerraron las exportaciones en el 2008, y en granos seguimos igual”, dijo al realizar un breve repaso.

Consideró que cuando se miran los costos las retenciones resultan ser “una de las limitantes más importantes, y este gobierno ha dicho que coincide la agenda con el campo”.

Sin impuestos ni retenciones

En consecuencia Kovarsky expresó que el sector apuesta a que el gobierno del Presidente Javier Milei elimine “impuestos y retenciones”.

“Lleva un poco más de un cuarto de gobierno y hasta ahora han habido algunos incentivos momentáneos. Nosotros decimos que podían haberlas sacado, ya que para nosotros significa mucho dinero y para el Estado no tanto”, afirmó el dirigente sobre las retenciones.

Explicó puntualmente que en la zona, las retenciones del trigo son fundamentales. “Primero para la rentabilidad de los productores y segundo para la rotación de cultivos y la fertilización del suelo”, enumeró.

Incluso recordó que durante el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri hubo “una demostración, cuando sacaron las retenciones aumentó un 130 por ciento la producción de trigo. Podríamos hacer lo mismo, porque este país necesita inversión y el campo para invertir necesita rentabilidad y señales políticas”, remarcó.

Unilateralidad

El modo en que se han sucedido los anuncios vinculados con la producción también fue observado con cierta desconfianza.

“Entendemos que el superávit de este gobierno es su principal carta, y sabemos que es lo mejor que debe hacer la Argentina porque no podemos -nunca más- volver a lo que ha pasado con gobiernos anteriores”, dijo en línea con el gobierno nacional.

No obstante cuestionó que las medidas que afectan al campo son tomadas “de manera unilateral, sin dialogo con los productores”.

Entiende Kovarsky que en esos encuentros los productores pueden informar “cómo venimos”. Pero al mismo tiempo comentó que ello no ocurre, y que las retenciones para el productor “debían haber sido cero” para el trigo y la cebada, y que podrían acordar algo más con el maíz y la soja.

Más diálogo

Pero Kovarsky no sólo pide más diálogo con el gobierno nacional por las retenciones, sino también por temas como la conectividad, infraestructura, puertos y otros.

Reclamó que únicamente las reuniones con el ministerio de Economía se dan cada dos meses. “Sería más positivo por lo que podríamos aportar”, dijo el presidente de Carbap al reclamar que se tenga más en cuenta a la entidad.

Diferencias con la Provincia

Respecto a cómo se encuentra el vínculo de la entidad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, observó que directamente dependen “de la lapicera” del gobernador Axel Kicillof que al no tener presupuesto aprobado debe modificar los valores de los impuestos de acuerdo al análisis que haga su propia administración.

“Por ejemplo en el campo el inmobiliario nos hizo mucho daño el año pasado, y nunca nos hicieron caso a las cosas que nosotros dijimos con los informes. Quedamos con la Ley Fiscal del año pasado lo que permite que se pueda actualizar por cualquier índice de las tasas del Banco Provincia, que nunca tienen que ver con la inflación porque van por otro lugar”, planteó el dirigente.

También manifestó que desde la dirigencia agropecuaria no separan a Kicillof del gobierno “que más daño le hizo al campo”. Igualmente aseguró que siempre tratan de dialogar, como lo hacen  con el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, o con Javier Rodríguez de Desarrollo Agrario. “Pero entiendo que debemos pasar de las charlas a cosas concretas, que dejen al productor hacer lo que sabe”, afirmó.

Caminos

Finalmente explicó que es fundamental la situación en que se encuentran los caminos rurales en muchos distritos, y que a propósito hubo intendentes que se molestaron después que se publicara un informe indicando las falencias al respecto.

“Decimos que el buen estado de los caminos no es solamente para sacar la producción, sino también para la gente que vive en el campo. No puede haber una ciudadanía de segunda porque vive en el campo, no puede ser que no puedan mandar a los chicos a la escuela porque no hay camino, o que si se necesita una ambulancia no pueda llegar”, sostuvo.

La actualidad empresarial exige maximizar rendimientos, reducir costos y garantizar la sostenibilidad de las operaciones. La clave para lograrlo radica en una adecuada organización y gestión de los activos, el motor que impulsa el éxito de cualquier empresa.

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Los activos son todos los recursos, tangibles e intangibles, que una organización utiliza para generar ingresos, mantener sus operaciones y proyectar su crecimiento. Pueden dividirse en:

La gestión eficiente de estos recursos no solo maximiza su rendimiento, sino que también anticipa problemas como el desgaste o la obsolescencia, que pueden afectar la competitividad.

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema integrado que centraliza información y automatiza procesos clave en áreas como finanzas, ventas, inventarios y recursos humanos. Este tipo de solución tecnológica no solo optimiza la administración de activos, sino que también mejora la toma de decisiones estratégicas mediante datos en tiempo real.

Por ejemplo, el uso de un ERP de presupuesto permite asignar y supervisar los recursos financieros de manera estratégica, garantizando la sostenibilidad económica del negocio. Este tipo de herramienta asegura un control integral y en tiempo real, lo que resulta clave en un entorno empresarial dinámico y competitivo.

Implementar un sistema ERP que contemple áreas clave como presupuesto, inventarios y activos fijos se traduce en una gestión más eficiente y alineada con los objetivos organizacionales.

Un ERP ofrece múltiples ventajas al integrar y simplificar los procesos de gestión:

Gracias a estas funcionalidades, las empresas pueden reducir costos operativos, aumentar la eficiencia y responder de manera ágil a los cambios del mercado. El uso de un sistema ERP no solo mejora la productividad, sino que también facilita la implementación de estrategias de presupuesto más efectivas.

La inversión en tecnología, como un sistema ERP, no debe verse como un gasto, sino como una estrategia clave para asegurar el futuro de la organización. Las empresas que adoptan estas soluciones avanzan un paso adelante, aprovechando al máximo cada recurso y posicionándose como líderes en sus sectores.

En un mundo empresarial lleno de desafíos, contar con herramientas que simplifiquen la gestión de activos y potencien el rendimiento es fundamental. Elegir un ERP adecuado puede marcar la diferencia entre mantenerse competitivo o quedar rezagado en el mercado.

El Gobierno nacional prorrogó finalmente el Presupuesto 2023 al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes. Esta segunda prórroga del último plan presupuestario de Alberto Fernández se oficializó mediante el decreto 1131/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

A pesar de haber presentado un proyecto de Presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias, con el argumento de la preocupación del impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.

En el decreto 1131/2024 se lee: “A partir del 1° de enero de 2025 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”.

“Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”, argumenta el Ejecutivo en el considerando de la norma.

En consecuencia, se plantea que “teniendo en cuenta tal circunstancia, y con el objeto de asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de la Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024″.

Tensiones

La prórroga surge en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero.

Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan:

Deudas por cajas previsionales.

Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP).

Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares.

Mientras tanto, desde el oficialismo sostienen que si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. (DIB),

Por Laura Impellizzeri (Noticias Argentinas)

Desde diciembre de 2023 hasta hoy, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30% y, en consecuencia, los salarios reales docentes un 23%.

Estos datos, publicados por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se venían anticipando con la serie de medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei, sumado al veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante todo el 2024, el ámbito estudiantil superior rechazó estas iniciativas por parte del oficialismo y se manifestó en las calles acompañados, no sólo por estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, sino también por varios sindicatos que se plegaron a la jornada de lucha.

De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, y en referencia a movilizaciones anteriores, se calculó que en la primera marcha realizada el 23 de abril, estuvieron presentes más de 800 mil personas y según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, “el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso”.

A pesar de la impactante presencia del movimiento universitario, desde el Gobierno Nacional aseguraron que  fue “un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira” e, incluso, en palabras del propio Milei, las agrupaciones políticas y sociales que participaron “demostraron el miedo que le tienen” a la figura presidencial.

“En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable“, expresó.

Otra de las problemáticas que instaló el Ejecutivo Nacional fueron las auditorías a las que, supuestamente, las universidades públicas no querían someterse; desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), y desde muchos rectorados de otras universidades públicas, sostuvieron que eso no era cierto, debido a que las realiza la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, año en que se reformó la Constitución Nacional y se estableció la autonomía universitaria.

Asimismo, el secretario de hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que siempre informan “todas las auditorías” y que, además, están en la página web “porque son públicas”. “No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional“, añadió.

Aunque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tenía competencias para poder auditar las universidades, el Gobierno Nacional decidió que interviniera y así fue como el titular del organismo, Miguel Blanco, comunicó las investigaciones que realizaron para confeccionar informes presupuestarios.

“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector . Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades”, señaló Blanco.

Pasadas las semanas, y si bien no se dio a conocer ninguna irregularidad en ningún aspecto, desde Nación comenzaron a instalar la idea de que las universidades albergaban estudiantes “inventados” para recibir mayor presupuesto, situación que rectores de distintas instituciones públicas desmintieron, debido a que la inscripción es online y si esos estudiantes no están inscriptos, no pueden rendir exámenes.

Oscar Arellano, rector de la Universidad de Catamarca (UNCA), fue uno de los que apuntó contra el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y lo acusó de tener “absoluto desconocimiento” sobre cómo funciona el sistema universitario.

“La universidad pública argentina tiene el ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario del país y maneja todo lo relacionado a los alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe. Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en ese sistema porque, de lo contrario, deja de pertenecer a la institución. Como la inscripción se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante, es imposible que las universidades inventen estudiantes”, explicó Arellano.

El día anterior a la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, Torrendel expresó que esa movilización se trataba de una protesta “antigobierno” y que “varias de sus consignas” estaban vinculadas “solamente al problema de los salarios“, cuando el mayor porcentaje del presupuesto está destinado a los sueldos docentes.

“Los datos de funcionamiento, que se pautaron a través de las universidades, no solo incluyen la inflación de este año, sino también la del año previo. Los salarios se están recomponiendo y el Gobierno está dispuesto a revisar la partida presupuestaria que mandó para el 2025, en términos de educación“, declaró a Noticias Argentinas.

Sin embargo, esta segunda movilización también fue multitudinaria: se calculó que asistió más de un millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.

En esta oportunidad, se rechazó de antemano el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.

“Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!“, le exigió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, quien leyó un documento en el cierre de la Marcha Federal.

A pesar de los reclamos, finalmente sucedió lo que ya se rumoreaba: durante la sesión solicitada por la Unión Cívica Radical, Encuentro federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Unión por la Patria, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley.

Por el momento,  el Consejo Superior de la UBA solicitó la semana pasada, una nueva Ley de Financiamiento para el próximo año, debido a que considera que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a 7,2 billones de pesos para el 2025 y el proyecto presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de 3,95 billones. (Noticias Argentinas).

En la continuidad del análisis del proyecto del presupuesto municipal previsto para el año que viene, hoy tendrá lugar una nueva reunión de los concejales con funcionarios del Departamento Ejecutivo, dando por finalizada la serie de encuentros que esta semana los ediles mantuvieron con los titulares de las áreas que mayor relevancia tienen en torno a la iniciativa oficial.

Está previsto que esta mañana, a partir de las 9.30, los concejales se reúnan en la Secretaría del Concejo Deliberante con el director administrativo del Centro Municipal de Salud Pablo Huertas; con el director técnico Emiliano Capandegui y la secretaria de Prevención y Salud, Mercedes Moreno. Se espera también que al encuentro asista el secretario de Hacienda, Sergio Garcimuño.

En ese marco, desde la parte oficial se explicarán y darán los argumentos del presupuesto 2025 relacionado con el Centro Municipal de Salud, al tiempo que también responderán a los planteos que, eventualmente, surjan desde el arco opositor.

Cabe mencionar que esta semana se dieron otras reuniones en el mismo sentido. Todo comenzó el pasado lunes con la presencia del secretario de Hacienda Sergio Garcimuño, quien, acompañado por el jefe de Gabinete, Julio Federico, centró su exposición ante los concejales sobre lo presupuestado en la Administración Central y dio su mirada respecto a la propuesta relacionada con la suba de tasas, la cual, si se aprueba en el Legislativo, será en tres tramos: un 30 por ciento en enero próximo; un 20 en abril y un 10 en septiembre.

Todavía no se fijó una fecha para la celebración de la sesión extraordinaria en la que se vote el proyecto del presupuesto 2025. Si bien no hay confirmaciones, se presume que esa jornada será la próxima semana, probablemente el miércoles 18, pero aún ese tema no se acordó entre los bloques.

Volvió a subir Pity

Ayer, poco antes del mediodía, el jefe de Gabinete, Julio Federico, se reunió en la Secretaría del Concejo Deliberante con concejales de los bloques del Movimiento Vecinal y de Juntos por el Cambio, en la cual se tocaron puntos relacionados con el presupuesto. Todo transcurrió con normalidad y sin discusiones álgidas. Hubo preguntas y planteos de los ediles hacia el funcionario, las cuales fueron respondidas por Federico.

Para el presupuesto 2025, el recorte sigue y la inversión cae al 0,88% del PBI. Las universidades recuperarían 2%, después de haber perdido 30% en 2024. Los ganadores y perdedores dentro del área educativa

La inversión que el Estado nacional hace en Educación está sufriendo uno de los ajustes más grandes de los últimos años. El recorte fue del 40,2% entre 2023 y 2024: una abrupta caída que llevó la inversión desde el 1,48% del PBI que estaba en 2023 al 0,91% actual. Y para 2025 se viene otro escalón más hacia abajo: caerá al 0,88% del PBI, si se aprueba como está el proyecto de Presupuesto 2025 que envió el presidente Milei al Congreso.

Aquí hace falta una aclaración: la Nación invierte el 25% del presupuesto educativo, el resto las provincias, y todavía no se sabe cuánto invertirán. De todos modos, es difícil que, entre todos, lleguen al 6% del PBI al que obliga una ley aprobada en 2006. Aunque de esto el Estado no debería preocuparse porque el proyecto de Presupuesto, en uno de sus artículos, suspende esa obligación por un año.

En términos reales (no porcentajes del PBI), el Presupuesto 2025 estipula que la inversión en “la función educación y cultura” (es decir, todo lo que invierte el Estado nacional en el área) subirá 0,65% en 2025, tras la disminución de 40,20% de este año.

Pero aún a esa leve subida hay que tomarla con pinzas, dice el economista Javier Curcio, que aclara que ese 0,65% surge del cálculo que se hace con un presupuesto que prevé una inflación de solo 18,3% en 2025. “Algo improbable”, dice.

Ahora, si se considera la inflación estimada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), en 2025 habría -en rigor- una nueva caída de la inversión educativa real, que sería de otro 6,93%.

Curcio es coautor de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, de donde salen todas estas cifras.

Para los sueldos de los profesores universitarios -que se llevan el 90% de la inversión del sistema de universidades nacionales- no hay buenas noticias. Tras una caída del 30% este año, habrá una recuperación de solo 2% en 2025, según el informe del Observatorio.

Las universidades -que aparece en las partidas como “Desarrollo de la Educación Superior- seguirán siendo la principal inversión (66,5%) de la Secretaría de Educación, seguida por el nuevo Plan Nacional por la Alfabetización, que se llevará el 11,6%.

El Plan Conectar Igualdad (entrega de computadoras) que este año tuvo un recorte de 71%, el año que viene desaparecerá.

El único programa educativo que este año no se ajustó (+15%) fue el de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas”, donde están los vouchers para sostener a las familias dentro de las escuelas privadas. Es el otro que crecerá (en 14%) el año que viene.

Clarín le pregunto a Curcio si, introduciendo cambios y sin afectar el equilibrio fiscal, se puede recuperar lo perdido en educación este año, y de dónde tendrían que salir los recursos en ese caso.

“Lo veo muy difícil. El nivel de ajuste que aplicaron es salvaje y a este ritmo no se recupera. La forma de recuperar, manteniendo el déficit cero, sería con impuestos altos. Pero bajaron impuestos como el PAIS y Bienes Personales. Si este año no bajaban esos impuestos y mantenían el déficit cero, ahogaban la economía. Pero también la ahogan ajustando a este ritmo. Nada obligaba a ajustar así”, respondió Curcio.

Y agregó que “después de ajustar a este ritmo, si los legisladores aceptan el Presupuesto, no van a tener de donde obtener recursos para recuperar en educación”.

“Habrá que esperar que la economía rebote y en algunos años podría revertirse. Mientras tanto achicaron el Estado, que es lo que el presidente dijo que venía a hacer y la gente lo votó”, dijo. (Clarín)

La Comisión de Hacienda y Producción trató esta mañana una solicitud del Departamento Ejecutivo para prorrogar la elevación del Proyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2025, justificando que aún no se ha podido confeccionar debido a que desde Provincia no se ha informado el monto de la coparticipación.

La prórroga solicitada es hasta el 29 de noviembre y la solicitud continúa en tratamiento. Por otro lado, el Bloque de Concejales de La Libertad Avanza elevó una nota al Presidente de la Comisión de Hacienda para solicitarle emita un documento de Declaración Jurada garantizando el acto fiscal correspondiente a la conformación de la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

También se trataron las respuestas de la Secretaría de Hacienda a los pedidos de informes sobre la facturación de las Cooperativas Eléctricas de Tres Arroyos y localidades con respecto al alumbrado público y sobre la instalación de industrias y comercios de los últimos años.

Coomenzó su discurso diciendo que presentará “Un presupuesto que viene a cambiar para siempre la historia de nuestro país, partir de ahora la Argentina será solvente”, dijo.

“La inflación es siempre la angustia de los pueblos”

“Argentina es el país con mayor impuestos del mundo”

“25mil millones de dólares le robaron a los argentinos en los últimos años”

“Este será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default de la historia”

“No hay nada más empobrecedor que el déficit fiscal”

“La justicia social es inconsistente”

“No vamos a estafar al pueblo argentino para fomentar la idea populista”

“Si se termina el déficit a muchos se les termina el negocio”

“que los gobernadores hagan un ajuste adicional de USD 60 mil millones”

Noticia en desarrollo…

El presidente Javier Milei concurrirá esta noche al Congreso Nacional para presentar su proyecto de Presupuesto 2025. Televisado por cadena nacional, el mandatario expondrá a las 21, desde un atril, en el recinto de la Cámara de Diputados. Así, el Gobierno cumplirá con la disposición establecida en la ley de Administración, que prevé que debe presentar el proyecto de Presupuesto con fecha límite del 15 de septiembre. El “déficit cero” será, sin duda, uno de los temas centrales de la exposición.

Según lo estipulado, el Presupuesto se presenta ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. Generalmente, el Presupuesto es presentado por el ministro de Economía y luego los funcionarios económicos exponen ante la comisión.

Esta noche, Milei estará ante un recinto que tendrá una asistencia reducida, ya que los bloques opositores serán representados solo por algunos de sus integrantes, a excepción de la izquierda, que anunció que no estará. (DIB) GML

Fue esta mañana con el apoyo de los bloques del MV y Todos

Finalmente el oficialismo alcanzó su objetivo y logró los votos para dar media sanción al proyecto de ley de presupuesto. Sin embargo, la oposición unida logró frenar el artículo que permitía al Gobierno la posibilidad de aumentar los Derechos de Exportación y el oficialismo aceptó excluirlo.

La votación del Presupuesto fue de 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Respecto de la Delegación de facultades, la oposición argumentó su rechazo y el oficialismo aceptó eliminar el artículo, sin ponerlo a votación. Sergio Massa estuvo presente en el recinto, al momento de la sanción.

Fueron más de 17 horas de debate. El oficialismo se vio cercado cuando se demoró el inicio de la sesión por falta de quórum, pero algunas concesiones a último momento permitieron que el oficialismo pudiera arrancar con el debate del Presupuesto 2023, incluso con el acompañamiento de una parte de la oposición.

El debate se centró, por parte de la oposición, en la crítica a los índices macroeconómicos, el blanqueo de capitales, el déficit fiscal y el impuesto a la ganancia a los jueces. Desde el oficialismo, hubo una defensa del proyecto aduciendo que se trataba de la hoja de ruta para el 2023 y la necesidad de contar con la ley para la gestión gubernamental.

Vinculado a la delegación de facultades legislativas, desde todos los bloques de la oposición alertaron que ese artículo era un “cheque en blanco” que iba a ser utilizado por el gobierno para un inminente aumento de los Derechos de Exportación, con ejemplos concretos de una potencial suba de las alícuotas a un 15% para carne, leche, trigo, maíz y economías regionales, entre otros.

También se hizo referencia que esa delegación implicaba mayor presión impositiva al campo, el ahogo de las economías regionales, un sesgo antiexportador y la resignación de atribuciones legislativas y constitucionales que le son propias -y la potencial judicialización del tema-.

Tiempo de descuento

Minutos previo a la votación, tres ex ministros de Agricultura -Alejandro Rodríguez (Consenso Federal-Buenos Aires), Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) y Carlos Gutiérrez (Hacemos pro Córdoba)- pidieron que el oficialismo elimine el artículo.

Pero Germán Martínez (FDT-Santa Fe), jefe de la bancada del oficialismo justificó que, a través del artículo 755 del Código Aduanero, en materia aduanera y con reconocimiento constitucional, el Poder Ejecutivo puede fijar los gravámenes aduaneros

Sin embargo, Buryaile cruzó el argumento de Martínez y dijo que no hay legislación de la Corte Suprema que lo avale, pero sí hay fallos en primera instancia que hablan de la inconstitucionalidad de la defensa de la norma.

Finalizado el debate, Carlos Heller (FDT-Caba) aceptó retirar el artículo y no ponerlo a consideración en votación, aunque aclaró que desde el bloque no coinciden con los argumentos alegados y que el Poder Ejecutivo cuenta con esa facultad.

El proyecto, que recibió media sanción, será girado a la Cámara de Senadores que espera comenzar a darle debate la semana siguiente para apuntar a la sanción definitiva hacia mediados de noviembre.

Fundación Barbechando

“En el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país”, indica en su comienzo el comunicado de prensa elaborado por la Mesa de Enlace ante el limbo legal que se generó con la imposición de los derechos de exportación ante la no aprobación del Presupuesto 2022.

“Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación lleve adelante sesiones extraordinarias, desde el sector de la producción instamos a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas legislativas a generar un espacio de debate que resuelva esta situación”, continúa el escrito que lleva las firmas de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones de Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro.

“En momentos como este, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias provincias, este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos”, agrega.

“Cabe recordar que el 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, recuerda el comunicado.

“Desde la CEEA exhortamos a las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación. Nuestro país necesita reglas claras y justas que fomenten la institucionalidad democrática”, finaliza el documento.