El Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia) consideró que el decreto 629/2025, que habilita entre otros ítem, que los puestos de venta de diarios funcionen como receptores de correos, implica “un retroceso histórico” en los derechos laborales del sector.

El Gobierno nacional derogó por decreto   el régimen que regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública, vigente desde el año 2000.   También quedó disuelto el   Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores.   La medida fue   rechazada de plano   por el   Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia),   que consideró que implica   “un retroceso histórico”   en los derechos laborales del sector.

El   decreto 629/2025   considera   que la actividad de los canillitas quedará encuadrada bajo el Código Civil y Comercial de la Nación.   Además, se permite en los kioscos la   entrega de correspondencia,   paquetería, productos de comercio electrónico, tarjetas de crédito, DNI y pasaportes. En los considerandos se lee que el esquema anterior resultaba   “obsoleto”   y generaba   “limitaciones” que restringían la libre competencia. Pero el gremio afirmó que   la norma “hiere de muerte nuestra actividad centenaria en la comunicación e información de la prensa escrita”.

En un comunicado, el Sivendia expresó que la medida “que intenta expresar un beneficio para los canillitas, con la excusa de permitir prestar el servicio postal, representa, directamente, un perjuicio y   nos lleva de vuelta a uno de los peores momentos de la actividad, de los años ’90 del Menemismo, las desregulaciones y la destrucción de las fuentes de trabajo”.

Continúan: “Esta norma deroga el Decreto N° 1025/00 y el Decreto de tutela laboral Nº 1693/09, que representan el marco normativo de nuestra actividad. Asimismo, deja sin efecto el Registro Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas dentro del ámbito de aplicación del Ministerio de Trabajo, hoy convertido en Secretaría,   transformando en PARIAS a los trabajadores/as del sector”.

Y lamentan:   “Nos quita todas las conquistas desde el año 1945 a la fecha, desarticula la actividad y nos somete a un régimen sujeto a las disposiciones del Código Civil y Comercial   de la Nación, y a las normas locales que resulten aplicables. De esta manera se ven vulnerados los derechos fundamentales como   la estabilidad en la vía pública y la prioridad de venta de publicaciones,   haciendo insostenible la actividad”.

El gremio insistió:   “Los canillitas somos TRABAJADORES. No somos ni seremos comerciantes.   Nuestra actividad está regulada por la Secretaría de Trabajo, y en ese ámbito desde hace décadas venimos peleando y logrando distintas conquistas en lo que nosotros llamamos la ‘ampliación de rubros y servicios a la comunidad’.   Es falso de toda falsedad que ahora podamos brindar nuevos servicios,   esta posibilidad ya la teníamos, bajo la Resolución MTEySS 390/18, 391/18 y 1481/23.   Lo único que hicieron ahora es dejarnos a la intemperie de nuestros derechos favoreciendo al Gran Capital”.

De esa forma, argumentaron,   “un trabajador/a va a tener que competir en forma desigual contra una multinacional como así también, las grandes cadenas de supermercados”.

“Nuestra actividad siempre garantizó la libertad de prensa y el pensamiento crítico consagrados en nuestra Constitución Nacional.   Este decreto intenta socavar la pluralidad de ideas. Las paradas de diarios y revistas, exhiben la totalidad de publicaciones bajo las mismas condiciones y sin discriminación alguna de raza, política y religión”, señalaron.

“La pulseada del Gobierno contra los medios de comunicaciones tradicionales lo único que garantiza es la desprotección de quienes estamos en el eslabón más débil del sistema: los trabajadores/as canillitas.   Llevamos más de un siglo en la geografía barrial y somos parte de la misma.   Queremos seguir siendo Trabajadores de la comunicación social y garantes del derecho a la información”,   cerraron desde Sivendia. (DIB) MM

Por amplia mayoría se rechazaron cuatro decretos delegados y un DNU. Eran parte central del plan de achicamiento del Estado de Federico Sturzenegger.

El texto sostenía que la estructura de no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

El senador del radicalismo Pablo Blanco fustigó contra la avanzada del oficialismo contra Vialidad Nacional, al afirmar que “el Gobierno toma una medida que es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar en dinero le pega un tiro y lo mata, entonces se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO,y reconocido productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a “preservar su autarquía”.

“El INTA ha inventado la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa ”, añadió.

El camporista Eduardo De Pedro, en tanto, focalizó su discurso en el decreto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos y planteó que el decreto rechazado   “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad ”.

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia al transporte aéreo, y sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo pasarían a ser suprimidas o reasignadas a otros organismos.

Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados y dependientes de secretarías de Estado.

El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, una ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Por último, el Senado también le dio su estocada final al decreto de necesidad y urgencia que establecía la desregulación de la Marina Mercante.

La oposición rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad   y ahora hace falta la confirmación del Senado para que quede sin efecto de manera defintiva. En cambio, para sostener un veto, el Gobierno solo necesita de la aprobación de una de las cámaras.

La oposición consiguió  quórum  en Diputados y se desarrolla la sesión en la que busca   rechazar los cuatro vetos de Javier MIlei.

En la previa a la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que evalúa   aumentar   las prestaciones destinadas a personas con   discapacidad.

El kirchnerismo confirmó su apoyo a las   subas de jubilaciones y moratoria previsional,   con un fuerte mensaje al resto de la oposición.

Dura crítica de Francos a los diputados opositores antes de la sesión clave por los vetos de Milei:   “Quieren hacerle daño al Gobierno”.

Con información de TN

Ahora deberá resolver las designaciones el juez Ramos Padilla, a cargo de la causa que busca la inconstitucionalidad de sus nombramientos en comisión.

Luego de unas cinco horas de debate,   el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla   para ser jueces de la Corte Suprema de Justicia. Legisladores del kirchnerismo, el PRO y la UCR lograron bloquear las designaciones que Javier Milei había propuesto para el máximo tribunal. Ahora   deberá resolver las designaciones el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa que busca la inconstitucionalidad de sus nombramientos en comisión.   Tras conocerse la decisión, el Gobierno repudió la resolución decisión de la Cámara alta y sentenció:   “Es evidente la politización de la Justicia”.

En cuestión de votos, las postulaciones de los dos candidatos del Ejecutivo a la Corte   no lograron los dos tercios de los presentes:   García Mansilla recibió 51 votos en contra y 20 a favor, mientras que el juez federal Lijo tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

En tanto, no todo está resuelto para el caso del académico Manuel García-Mansilla, ya que ya había jurado “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo. Esta cuestión   abrirá un debate sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia,   luego de la votación de este jueves en el Senado.

El 20 de marzo del año pasado, el Ejecutivo anunció que Lijo y García-Mansilla eran los elegidos para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y envió sus pliegos al Senado el 27 de mayo.

Sin haber logrado apoyo legislativo,   el pasado 26 de febrero el presidente Javier Milei decidió designar por decreto a ambos.   Sin embargo, solo asumió García-Mansilla, ya que Lijo no pudo tomar su cargo porque el máximo tribunal rechazó su licencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.

En tanto, viendo que en el Senado se caería su ingreso a la Corte Suprema,   días atrás García-Mansilla envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla,   quien debe resolver la causa que busca la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión. El magistrado afirmó que su puesto en la Corte “goza de la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo mientras dure su nombramiento, por lo que el único juez natural que podría eventualmente removerlo de su cargo, mediante juicio político, es el Congreso de la Nación”. Y consignó: “Un juez no puede remover a otro juez”.

El Gobierno nacional, en tanto, a poco de conocerse el resultado de la votación en el Senado contra la designación de los jueces de la Corte propuestos por el Ejecutivo, emitió un comunicado repudiando la decisión y señalando el peligro que representa para la democracia la “politización de la Justicia”.

“Luego de dilatar la votación durante meses, (los senadores) optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, expresó el documento.

“Por primera vez en la historia,   el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad,   lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”, añadió la publicación. Y cerró: “El Presidente de la Nación seguirá trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”. (DIB) ACR

Los sindicatos   docentes rechazaron   la mejora salarial ofrecida en el marco de una mesa de diálogo entre las provincias en el Ministerio de Capital Humano y ratificaron el paro para el miércoles 5 de marzo,   algo que complicará el inicio de clases.

La propuesta oficial fue llevar a   $500.000 el sueldo mínimo docente,   que actualmente es de $ 420.000 para un maestro de media jornada (cuatro horas).

“A pesar del   diálogo, siempre abierto   por las Secretarías de Educación y de Trabajo de esta cartera durante el verano y que evidenciaba indicios de entendimiento,   los sindicalistas rechazaron la propuesta sostenida por las 24 jurisdicciones   y mantuvieron   un paro claramente político,   ya que las paritarias son provinciales, mientras perjudican a millones de niños y sus familias”, sostuvieron en un comunicado de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello

Desde el ministerio nacional afirmaron que el encuentro   “tuvo el objetivo de colaborar en el diálogo de las provincias con los gremios   para compensar la   dispersión salarial   entre los docentes de las 24 jurisdicciones, de manera que tengan un piso común equitativo”.

Los gremios salieron de esa reunión sosteniendo el anuncio previo de la medida de fuerza. “Se hace muy difícil así, salud y educación son primordiales en el país. No pedimos nada porque te imponen los 500.000.   Ellos dicen 500 o nada, es una paritaria muda.   Así no funciona. El 5 tenemos ratificado el paro”, expresó Sergio Romero, secretario general de Unión Docentes Argentinos (UDA) al salir de la reunión.

La semana pasada, los sindicatos docentes de la CGT anunciaron un paro nacional para este lunes 24 de febrero, en el primer día de clases en la Ciudad de Buenos Aires y en doce provincias. Además, indicaron que la medida de fuerza se extendería al miércoles 5 de marzo, en el comienzo escolar de la provincia de Buenos Aires, de no haber solución en la paritaria.

De forma paralela a la reunión con los representantes del Ejecutivo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA)   se movilizó hacia el Palacio Pizzurno “en defensa de la educación pública”.   Esta entidad, que engloba en la provincia a Suteba, uno de los gremios mayoritarios, confirmará probablemente en las próximas horas que también parará ese miércoles 5, lo que traerá problemas en el inicio del ciclo escolar. (DIB)