Tras una reunión en la Secretaría Administrativa de Diputados, los gremios y legisladores del Congreso acordaron un aumento escalonado de sueldo de 11,9%. Será del 2% para diciembre de 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Ese acumulado hace una suma total del 11,9 % de aumento.

El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores, que pasará a 11,5 millones de pesos.

Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

Distinto es el aumento para los diputados nacionales. Sus dietas están desacopladas de los aumentos salariales de los trabajadores legislativos.

Esto llevará las dietas de los senadores a una cifra en bruto cercana a los 11.500.000 pesos, a la que se le debe descontar el 35% por impuesto a las ganancias y lo correspondiente a los aportes previsionales, entre otros ítems.

La resolución fue firmada por el Senado por el secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald y por el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian; por Diputados Laura Oriolo, secretaria Administrativa y Adrián Pagán, secretario Parlamentario; Alejandro Santa, Director Coordinador de la Biblioteca del Congreso; Norberto Di Prospero, secretario General de APL; Martín Roig, secretario general de UPCN Congreso y Claudio Britos, secretario General ATE Congreso. (TN)

Luego de otra sesión maratónica, el Senado aprobó la reforma laboral con un total de 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones.

El oficialismo logró construir una mayoría para sostener el proyecto, que tiene en el corazón la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones, pero también propone recortar las horas extras, ajustar las vacaciones y permitir los convenios por empresas. Aquí, los puntos más importantes:

-Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor.

-Al vencer el convenio colectivo de trabajo habrá un año para negociar las cláusulas, imita la vigencia de los convenios colectivos una vez vencido su plazo, así como también establece un plazo de 1 año desde la promulgación de esta ley para que se convoque a las partes.

-Las asambleas solo se podrán realizar mediante la autorización previa del empleador.

-Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año trabajado, donde se excluyen el aguinaldo, los bonos, premios y otros rubros especiales que no sean mensuales. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

-El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad.

-Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento.

-La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.

-La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales.

-Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y del 2,5% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

-En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad o, en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.

-En caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas: para grandes empresas, el máximo permitido es de 6 cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%.

-Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original.

-Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales.

-Permite compensar una jornada mayor en determinados días con una menor en otros, siempre que no se supere el máximo legal de la semana o el que determine el régimen laboral específico, ya sea por ley especial o por convenio colectivo.

-La prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.

-El régimen debe respetar los descansos mínimos exigidos por la ley, con el objetivo de garantizar la protección y el beneficio del trabajador.

-La jornada reducida solo podrá implementarse cuando así lo dispongan las leyes vigentes, los contratos individuales, los Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos colectivos firmados con la representación sindical.

-Siempre deben respetarse los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 35 horas para el descanso semanal.

-Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días.

-Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.

-La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días.

-Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada uno goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.

-Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.

-Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.

-Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.

-Se traspasará la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

- Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.

-Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Nuevos empleos

-Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal, que podrán tener rebaja de contribuciones patronales

-Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

-Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

-Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celularesy productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo

Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

Fuente: Agencia DIB.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Noticia en desarrollo… #AgenciaNA 

16:41

 El senador del PRO Martín Goerling se preguntó este viernes “qué hacemos con los chicos que delinquen”, al respaldar el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

“¿Qué hacemos desde el Estado? Nada. La droga está matando a nuestros chicos, primero les dan la droga y después los hacen soldaditos. ¿Por qué? Porque no tienen pena. En Brasil, a los 12 años, van adentro. En Paraguay, a los 14. Acá, no”, reprochó.

La ley, dijo, “viene a hacer justicia y a poner blanco sobre negro”.

16:09

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró este viernes el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.

El ministro coordinador, con un posteo de X, se refirió a las tres jornadas parlamentarias que se desarrollaron en solo cuatro días. 

El Senado cerrará hoy su período de sesiones extraordinarias con un último debate de alto voltaje. La Cámara Alta debatirá hoy la sanción de la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil que permitirá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con la intención de mantener los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra, La Libertad Avanza convertirá en ley el proyecto que modificó la Cámara de Diputados. En esa versión se eliminó el artículo 44 referido a las licencias médicas por enfermedades.

La iniciativa contará con el apoyo del PRO, UCR y fuerzas provinciales, pero el peronismo votará en contra de manera unificada pese a la división que se produjo el lunes. La jujeña Carolina Moisés armó el bloque Convicción Federal junto a otros dos senadores y se fue del espacio que conduce José Mayans.

La Cámara de Senadores se convirtió en Cámara revisora en segunda instancia. Hoy solo podrá aprobar la iniciativa o insistir con la ley original. La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero dijo al respecto: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”.

La eliminación del artículo 44 en Diputados implica que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes, lo que marca el principal punto de decisión para los senadores.

La senadora Cristina López del bloque Justicialista adelantó su rechazo y le apuntó al oficialismo: “Este proyecto no contempla la vida real de quienes viven de su salario. Hubo un tiempo en que trabajar 12 o 14 horas por día era normal. Sin descanso, sin indemnización, sin límites. Y las leyes laborales nacieron para terminar con esa forma moderna de esclavitud. Hoy nos quieren convencer de que retroceder es avanzar”.

La CGT adelantó que este viernes no se movilizará hasta el Congreso cuando se vuelva a discutir la reforma laboral, pero si irá a Tribunales la semana próxima para que la justicia la declare inconstitucional.

Sin embargo, el sindicalismo más combativo, encabezado por ATE y secundado por La Cámpora si harán una movilización al Congreso.

El proyecto que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 14 años ya fue sancionado por la Cámara de Diputados. Familiares de víctimas asesinados por menores acompañaron el debate.

El eje principal de la iniciativa es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

La norma establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Contemplando penas alternativas para condenas menores a los 10 años de cárcel como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

El último 12 de febrero la iniciativa se aprobó en Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra. Todo parece indicar el apoyo del Senado. (TN)

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”.

"Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos", aseguró el oficialista fueguino.

Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”.

"Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua", advirtió.

Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.

“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense.

El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”.

"Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias", explicó el libertario sanjuanino.

A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”.

"El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica", apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”.

"El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario", dijo.

En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales" sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”.

"Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria", expresó la senadora kirchnerista.

“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.

En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.

Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural "tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico",

"Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.

Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”.

"Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta", agregó el senador opositor.

En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación" y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares".

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”.

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad juridica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.

“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.

El catamarqueño de la UCR Flavio Fama apoyó la reforma y señaló que el objetivo es “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales”.

"Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera", enfatizó el senador radical.

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) advirtió que "la decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos".

"Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político", recalcó.

La camporista aseveró que la iniciativa “pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador para ver cuál trae más inversiones”.

“En lugar de cooperar las provincias, empiezan a competir”, alertó la legisladora mendocina.

“Hay muchísimos minerales por fuera de los ambientes glaciales y periglaciales que no están explotados. Entonces esto no es minería sí o minería no”, apuntó.

Para Fernández Sagasti, "la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo".

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golepando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación.

“El verdadero ambientalismo del siglo XXi no es un ambientalismo que prohíba. E suin ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo”

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

#AgenciaNA 

 En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque, en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaa el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó esa carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.

Historia del proyectoEl acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El debate

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

Y añadió: “Poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”.

"Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”, afirmó.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial".

"Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”.

"Argentina solo negocia desde la debilidad, el Mercosur negocia con mucha más fuerza regional", explicó el senador peronista.

Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) admitió que “existen tensiones” alrededor de “un acuerdo de esta magnitud” y que “existen situaciones disimiles  en distintas industriales”, pero afirmó que el acuerdo tiene previsibilidad en el tiempo".

“No hay que dejar a esas economías libradas al azar. Tiene que estar el Estado acompañando para atender esas divergencias y para poder aprovechar esta oportunidad histórica”, culminó el senador entrerriano.

“Necesitamos crecer, expandir los mercados y reglas claras para invertir con seguridad y en este contexto el acuerdo con la Unión Europea es muy importante porque fortalece al Mercosur y, también, fundamentalmente, a nuestras provincias que exportan”, analizó.

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que "el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur".

"Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad", resaltó el santafesino.

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) apuntó que este acuerdo comercial “se da en un camino de reformas que lleva adelante este Gobierno, que le da un mensaje al mundo diciendo que Argentina es un socio abierto y confiable”.

“Abrirnos al mundo es crecer y vamos en ese camino con la aprobación de este acuerdo”, manifestó la representante de la provincia de Tierra del Fuego.

"Este acuerdo con la Unión Europea nos consolida como un actor económico comercial y nos referencia desde el punto de vista político internacional. Es un acuerdo moderno y ventajoso que nos otorga reglas claras, previsibilidad e institucionalidad”, aseguró.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”. Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”.

"Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró. En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”.

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó.

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos.

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito. #AgenciaNA

La Libertad Avanza pretende cerrar las sesiones extraordinarias aprobando los diferentes proyectos que habilitó el Presidente Javier Milei en extraordinarias, entre las sesiones ya convocadas de este jueves y del viernes.

Este jueves en el temario se compone de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias y la modificación de la Ley de Glaciares.

La sesión está prevista para las 11. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quórum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores. Incluidos los tres integrantes del nuevo bloque Convicción Federal de la senadora Carolina Moisés, flamante vicepresidenta del Cuerpo. Moisés ya adelantó que rechazarán nuevamente el proyecto de Reforma Laboral, que se tratará el viernes. Acompañarían el resto de las iniciativas.

Javier Milei quiere que la Argentina sea el primer país en avalar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Por eso se adelantó su tratamiento que estaba previsto para el próximo viernes. El entendimiento ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, incluso con el acompañamiento de más de 40 legisladores de Unión por la Patria (UxP).

El oficialismo descuenta el acompañamiento de gran parte de las fuerzas políticas del Senado y la consecuente aprobación. Hay algunas diferencias con sectores del kirchnerismo vinculados a La Campora que lo rechazarían, tal como fue la postura del sector liderado por el diputado Máximo Kirchner en Diputados.

El libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo al respecto: “Esto es el camino al paraíso, un acuerdo de esta categoría es lo mejor que nos puede pasar, es el mayor hito en materia económica para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la Argentina profunda".

El Senado también avalará la postulación para que Fernando Iglesias sea, formalmente, embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea.

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Jalil sostuvo: “Los cambios permitirán devolverles derechos a las provincias para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental”.

Mientras que la senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños), señaló: “El principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente”.

Los 21 senadores del oficialismo acompañan el proyecto, pero en el resto de los sectores aliados como el Pro, de Martín Goerling, y la UCR, de Eduardo Vischi, no hay una postura unificada. Esa división es la que hace, hasta el momento, no asegurar los votos suficientes para alcanzar su aprobación.

La bancada Justicialista de José Mayans también tiene divisiones internas, a tal punto que este miércoles hubo una extensa reunión del interbloque, junto a los dos representantes de Justicia Social Federal de Fernando Salino y el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora. La decisión de la bancada peronista fue dar libertad de acción a sus integrantes, ya que algunos senadores de UxP votarían a favor, en principio los exgobernadores Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca.

Otro voto incierto es el de la senadora Julieta Corroza de la Neuquinidad, quien está definiendo su postura en contacto con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Desde Diputados, Cámara que se convertirá en revisora de la iniciativa si es sancionada por el Senado esta semana, ya trabajan en diferentes propuestas como las de la diputada Marcela Pagano (Coherencia) que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia de la ley y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua declarando de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y “considerando el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse por encima de cualquier interés económico particular”.

Mientras que el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) exigirá en Diputados “una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares”. (TN)

La iniciativa de reforma laboral promovida por el Poder Ejecutivo avanza en una etapa clave dentro del Congreso de la Nación. Luego de lograr la media sanción en el Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en términos generales. No obstante, durante su análisis se introdujeron cambios relevantes, entre ellos la supresión de artículos cuestionados y ajustes en la redacción técnica. Como consecuencia de estas modificaciones, la propuesta debe volver ahora a la Cámara Alta, que deberá resolver si convalida las enmiendas realizadas o mantiene el texto aprobado en su primera versión.

El proyecto introduce un cambio estructural en la base de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de esta normativa, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, lo que excluye explícitamente conceptos de pago no mensual, tales como el aguinaldo o las vacaciones. Se establece que la indemnización será la única reparación por el despido y se fija un nuevo esquema de actualización para los créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Se habilita la creación de un “banco de horas” mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador para compensar horas extraordinarias, siempre respetando los descansos legales. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período de otorgamiento entre octubre y abril, pero se permite que las partes pacten disfrutarlas fuera de esa fecha. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional en segmentos de un mínimo de siete días consecutivos.

Se propone la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.

El nuevo esquema indemnizatorio excluye del cálculo conceptos como el aguinaldo y las vacaciones, limitando la base a la remuneración mensual normal y habitual. (Agencia Andina)

En sintonía con la modernización del sistema, se habilita la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral que funcionen como sistemas de capitalización individual. Bajo esta modalidad, el empleador realiza un aporte mensual y, en caso de desvinculación, el trabajador percibe el monto acumulado en el fondo en lugar de la indemnización tradicional. Esta opción debe ser pactada en paritarias y no podrá representar una quita de derechos adquiridos.

Uno de los puntos que genera mayor impacto en la contratación es la extensión del período de prueba. El texto aprobado establece que el plazo general se ampliará a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En el caso de empresas que tengan hasta cinco empleados, este período podrá extenderse hasta los ocho meses. Durante este tiempo, la relación laboral puede extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador está obligado a registrar el vínculo y realizar los aportes correspondientes desde el primer día.

La reforma suprime las multas establecidas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o registro deficiente. Los impulsores de la medida argumentan que estas sanciones fomentaban la litigiosidad y desalentaban la formalización. En su lugar, se crea un régimen de incentivos para la regularización de trabajadores: los empleadores que blanqueen personal no pagarán las multas, aunque deberán abonar las diferencias salariales y previsionales adeudadas.

La normativa contempla un régimen diferenciado para las pequeñas empresas, con planes de pago de sentencias de hasta 12 cuotas y aportes específicos al FAL.

El proyecto incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la incorporación de tecnología y la expansión empresarial. Como complemento, se establece una reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social: será de un 1 punto porcentual para las grandes empresas y de 2,5 puntos para las MiPyMEs. Estos beneficios podrían incrementarse hasta el 1,5% y el 3% respectivamente si el Poder Ejecutivo así lo dispone con aprobación legislativa.

Para reducir el impacto financiero de los litigios en las empresas, la ley habilita el pago escalonado de las sentencias condenatorias. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas judiciales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Por su parte, las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con un beneficio mayor, pudiendo realizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales.

El proyecto pone límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser estrictamente voluntarios a partir de enero de 2028. En cuanto a las asociaciones de trabajadores, los aportes para afiliados o no afiliados no podrán superar el 2%. Asimismo, se mantiene el aporte del 6% para las obras sociales y se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa.

La reforma establece que el registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente, eliminando requisitos adicionales de otras autoridades. Los libros laborales podrán digitalizarse con plena validez legal y deberán conservarse por diez años. En cuanto al pago de salarios, la norma ratifica que deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o institución de ahorro oficial, descartando explícitamente el uso de billeteras virtuales para este fin.

Con información de Infobae

 La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa  clave del gobierno de Javier Milei.

.El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.__IP__

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos luego de la emisión del dictamen para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inagure el domingo 1 de marzo.

en desarrollo 

 El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después. 

En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. 

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión, detallaron a NA. 

Si bien el lunes por la mañana, tal como publicó la Agencia NA, los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. __IP__

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

#AgenciaNA 

 El Gobierno logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos, el proyecto de modernización laboral, una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para favorecer la creación de nuevos empleos.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia de Noticias Argentinas.

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba, Martín Llayorda, y de  Misiones, Hugo Passalacqua.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo "Lule Menem", y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO,  Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.

La votación en general se dio a la 1.20 y el debate en particular finalizó a pocos minutos de las 4.

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas.

En el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios. 

En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, en lugar de 42, como obtuvo en las votaciones de los anteriores capítulos.

A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes a la Agencia NA.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%.

Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (INCAA) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos (físicos o digitales) y 25% de la recaudación del ENACOM hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional,

En el cierre del debate, la presidenta de la bancada de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas opositoras y defendió fervientemente el proyecto de modernización laboral.

La legisladora sostuvo que el esquema actual es parte de una "legislación obsoleta" que mantiene al país "anclado en el pasado".

Para Bullrich, la clave del crecimiento no reside en la expansión del Estado, sino en la dinamización del sector privado.

Desde la oposición, el presidente del interbloque José Mayans, el jefe del bloque Justicialista, encabezó el rechazo opositor al proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, denunció que es "inconstitucional" y aseguró que "va a fracasar".

"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", resaltó.

Durante su discurso, el legislador formoseño vaticinó el naufragio de la iniciativa y lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El debate fue abierto por el senador libertario, Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”.

Afirmó que esta propuesta busca solucionar "el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales".

Por la oposición, el senador peronista Mariano Recalde, indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”. Asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”. 

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores.  Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también", concluyó.

La senadora radical Carolina Losada afirmó que con la ley de modernización laboral “va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.

“Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones. Todo esto gracias a un marco razonable y para muchos lo razonable está lejos de lo que uno está acostumbrado a hablar”, indicó.

A lo largo del debate, uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará los despidos y será solventado con el aporte del 1 % de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la Anses, y del 2,5% de las Pymes.

Incluso la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, que adelantó su aprobación, en general se manifestó en contra de la creación del FAL.__IP__

A lo largo de quince horas que se extendió la sesión expusieron 32 senadores en la discusión en general y 10 jefes de bloque en el cierre del debate, que fue cerrado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

#AgenciaNA 

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes un “acuerdo” para tratar el 11 de febrero la reforma laboral, a la que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada “caja sindical”: se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.

También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Además, se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán a las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original.

Con este acuerdo, La Libertad Avanza llegará a la sesión convocada para este miércoles a las 11 con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo Bullrich sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

Y agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.

Bullrich justificó los cambios sustanciales que se produjeron con una frase donde reconoció que sin esas reformas no tenían los votos. “El tango se baila de a dos”, dijo al afirmar que una ley “no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo”

“En este acuerdo, el Gobierno propuso una rebaja de ganancias. Los senadores, porque yo no he hablado con los gobernadores, dijeron que tenía que ser una mirada más integral, es decir, que no hay una negativa a tratarlo, sino una mirada más integral de un pacto federal que trabaje sobre todos los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Entonces, nos quedamos comprometidos a eso. Yo creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo”, planteó.

Bullrich brindó la conferencia junto al titular de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO Martín Goerling Lara, donde explicó todos los cambios y destacó que ese consenso “se construyó con horas de trabajo de los 44 senadores”.

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños, otro de Independencia, otro Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos.

Todavía no hay certeza como votarán los santacruceños y la senadora de Córdoba Alejandra Vigo.

Bullrich acordó además que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

“En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social”, destacó.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

Bullrich aclaró además que “los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial”, ya que “si aquellos que no son bancos son, digamos, pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas”.

“Así que eso lo hemos sacado. El Banco Central podrá darle a billeteras virtuales, que hoy no son bancos, la categoría de banco”, añadió.__IP__

Bullrich ratificó además que se derogará el Estatuto del Periodista pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

“Se caen los estatutos a los seis meses para que armen un convenio adecuado en cada uno de los sectores. Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, afirmó la legisladora.

Buenos Aires, 18 diciembre (NA) – La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

La CGT marchó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral y anticipó un “paro nacional”

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.__IP__

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal. #AgenciaNA 

En medio de intenso debate que se da en el país sobre las modificaciones al marco laboral argentino, el abogado Juan Pablo Borioni, asesor legal de la Cámara Económica de Tres Arroyos, ofreció su punto de vista sobre las implicancias de la reforma propuesta por el gobierno nacional y se enfocó en la necesidad de generar mayor formalidad en el empleo y acotar “el riesgo de litigiosidad” que afecta a empresarios y comerciantes.

El abogado sostuvo que la reforma debe aplicar “la mayor inteligencia posible” para generar un sistema que se adecúe a las necesidades de la época. Para Borioni el objetivo central no es privar de derechos a los trabajadores, sino, por el contrario, “fomentar la formalización del empleo”. Esto se lograría asegurando que el empleador tenga “la previsibilidad de saber cuánto cuesta realmente” una persona trabajando en su empresa a lo largo del tiempo.

El costo oculto

Borioni criticó el sistema legal actual al señalar que ataca a la formalidad, incentiva el juicio, encarece la contratación y castiga a quienes cumplen con sus obligaciones. El problema central radica en los “costos ocultos” que el empresario o comerciante generalmente desconoce, pensando que está cumpliendo con las normas.

“Este cuchillo bajo el poncho que tiene a veces el sistema laboral es el que yo creo que hay que cortar de cuajo”, afirmó Borioni. Explicó que incluso después de pagar aportes y cumplir con las obligaciones, los empleadores se encuentran con reclamos posteriores a la terminación de la relación laboral.

Estos reclamos suelen incluir diferencias salariales, multas y la reapertura de discusiones sobre indemnizaciones que ya se consideraban pagadas.

Como ejemplo de esta problemática, el asesor legal mencionó un caso vivido en la propia Cámara Económica donde una persona que trabajaba como cobrador para varias empresas reclamó ser empleado de la Cámara durante 20 años, exigiendo una indemnización cuyo valor era comparable al del edificio de la institución. Si bien la demanda fue ganada por la entidad, sostuvo que el riesgo de estos reclamos es permanente, ya que se basan en rubros que eran desconocidos durante el trayecto laboral.

Libertad y flexibilidad

El abogado indicó que la reforma, que comenzó a debatirse este miércoles en el Senado nacional, busca corregir estos excesos mediante “mayor libertad de contratación” y otra mentalidad, necesaria para abarcar trabajos modernos como los digitales o a distancia.

Para limitar el riesgo de litigiosidad, Borioni destacó algunas de las herramientas que se contemplan.

Una de ellas es la “previsibilidad indemnizatoria”. Explicó que la intención es darle previsibilidad a los costos indemnizatorios y lograr que los juicios se centren en hechos concretos (como montos no cobrados) y no en rubros desconocidos. Se busca implementar un fondo similar al de la UOCRA que permita a los empleadores hacer frente a la indemnización del artículo 245 sin tener que vender bienes para pagarla.

Otra herramienta es la “flexibilidad en vacaciones y horas extras”. En este caso el proyecto de ley de reforma abre la posibilidad de pactar ciertas condiciones, como el disfrute de las vacaciones en diferentes etapas. Además se contempla el uso de un banco de horas para el trabajo temporario o eventos especiales, de modo que si un trabajador cubre 20 horas un día, no se considere automáticamente hora extra, siempre y cuando se respete el total de horas semanales establecidas por ley.

Trabajo y economía

Borioni resaltó que “no hay derecho laboral sin trabajo”. Subrayó que si bien la reforma laboral puede acompañar un proceso económico, no puede resolver un problema económico por sí sola. “Si el proceso económico no tiene crecimiento, no hay ley que lo mejore”, pero si la economía mejora y el sistema laboral sigue expulsando la formalidad, se debe reformar para evitar que más gente quede fuera del trabajo registrado.

Observó en ésta línea que la Cámara Económica, por su parte, tiene la obligación de informar a sus asociados sobre lo que está sucediendo y canalizar las inquietudes de aquellos que han enfrentado sentencias adversas. Si bien el borrador de la reforma no resolverá toda la problemática, sí le pone “un límite a la litigiosidad” ilimitada, lo cual es la principal preocupación de la institución. Borioni concluyó que las normas en la actualidad impiden la creación del empleo formal, y ese es el concepto que la reforma busca revertir.

Buenos Aires, 28 noviembre (NA) – La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvieron su primer cruce este viernes en el recinto del Senado sobre el final de la sesión especial en la que juraron los nuevos legisladores electos. 

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, entre ellos, la Agencia Noticias Argentinas, se trató de un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura. 

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores. Por esa razón, pidió la palabra en el epílogo del encuentro, pero Villarruel se la negó. 

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos. Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia. #AgenciaNA 

El Gobierno no deja de cosechar derrotas en el Congreso. Ahora, tras un extenso debate y en dos votaciones consecutivas, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y dejó firme, así, las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y de emergencia en pediatría, que incluye un refuerzo salarial para el personal médico y los empleados del Hospital Garrahan.

Como viene ocurriendo desde que el Gobierno rompió alianzas estratégicas con gobernadores provinciales para imponer su política electoral para los comicios del próximo 26 del corriente, el oficialismo volvió a perder por paliza en un recinto del Congreso.

La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada por el Senado por 59 votos a favor, 7 en contra -todos los senadores del oficialismo-, y tres abstenciones del bloque Pro. La de financiamiento universitario, en tanto, fue insistida por 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. En este último aso, se sumó la radical Carolina Losada a las abstenciones.

Con estas dos insistencias ya son tres las leyes que ambas cámaras del Congreso logran ratificar en un mismo período legislativo al rechazar el veto que les había impuesto el jefe del Estado, si se suma el caso de . Es un hecho inédito en la historia institucional argentina, al menos desde el retorno de la democracia en 1983.

La anterior ley insistida por el Parlamento fue la que declaró la emergencia en los servicios de atención pública a las personas con discapacidad. Como este jueves, el 4 de septiembre último el Senado tuvo a su cargo ponerle el remate a la desautorización al Presidente, también con una votación ominosa para el Gobierno de 63 votos a favor y tan sólo 7 en contra del rechazo al veto de Milei.

La insistencia de las dos leyes se alcanzó luego de un árido debate que se extendió por más de seis horas y en la que, salvo contadas excepciones, el recinto se convirtió en caja de resonancia contra la administración libertaria y su política de ajuste del gasto como piedra angular para alcanzar el superávit fiscal.

En el inicio de la reunión, el radical Martín Lousteau (Capital) logró sumar al temario un proyecto de declaración que le pide al jefe de Gabinete que reasigne partidas para cumplir con la ley que actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima y ordena saldar las deudas con los prestadores. La iniciativa se discutirá al final de la sesión.

El senador Flavio Fama (UCR) le habló directo al Presidente: “¿Cuál es el plan para la educación pública argentina?“. Tras un discurso encendido, se preguntó si es ”instalar un relato para sostener un recorte y defender el equilibrio fiscal". Fama recordó que el Presupuesto 2026 −que se discute en Diputados− elimina la cláusula de financiamiento educativo. “A los foros a donde va le piden a gritos profesionales”, advirtió, y cerró con su veredicto: “Señor Presidente, el plan es que no haya plan”.

Natalia Gadano, aliada al gobernador de su provincia, Claudio Vidal (Santa Cruz), remarcó la contradicción del discurso oficial y justificó su rechazo al veto presidencial porque “una Nación que abandona a los sectores más débiles no puede llamarse ni justa ni libre”. “Defender la educación y la salud es una obligación moral”, remató la senadora patagónica.

Defender la educación y la salud es una obligación moral

Desde el peronismo, Daniel Bensusán (La Pampa) refutó los argumentos del Gobierno al asegurar que el debate “no es técnico, fiscal o contable; es político y moral”, tras lo cual calificó de “falso” el dilema del equilibrio fiscal que plantea la Casa Rosada, al recordar que se aumentaron partidas para la Secretaría de Inteligencia mientras se recortaban fondos a las universidades

No es técnico, fiscal o contable; es político y mora

El proyecto de financiamiento universitario establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimestral. También prevé un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales ligadas al IPC, además de recomponer becas y ordenar auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal rondaría los $1,9 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI.

La ley de emergencia pediátrica, en tanto, apunta a recomponer los salarios de todo el personal del área de salud infantil, elimina el Impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y garantiza el financiamiento con fondos de contingencia y reservas. También refuerza el sistema de residencias médicas, una demanda central del sector.

En el tramo final del debate, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), dejó al desnudo la pérdida de aliados que sufrió el Gobierno con un duro discurso en el que habló de un “récord de insensibilidad” de la administración de Milei. “Priorizan las matemáticas y no entienden cómo hacer para equilibrar las cuentas públicas y no dejar a la deriva a sectores vulnerables ”, abundó el legislador, que supo ser aliado de la Casa Rosada.

En el cierre del debate, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), cargó contra el gobierno de Javier Milei y aseguró que “el problema está en el programa económico, que ya fracasó”. “El plan económico del Gobierno es un verdadero desastre y una angustia para todos los argentinos”, sentenció el líder de la principal bancada opositora de la Cámara alta.

Le salió al cruce Ezequiel Atauche (Jujuy), presidente de la bancada oficialista, quien acusó al kirchnerismo de usar causas nobles, como la del Garrahan, “para arañar algún votito más ”. “Esto es la utilización política de la salud de los niños, ya que el Hospital Garrahan tuvo un 274% de aumento en su presupuesto, pero cuando se estaba por llegar a un acuerdo salarial el kirchnerismo y los gremios dijeron no para poder utilizar un tema noble como bandera electoral”, denunció el senador libertario.

Luego que el Senado aprobara el proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios y aumentar el bono de $70.000, congelado desde su entrada en vigencia, la mínima, tomando como base los montos actuales, quedaría en $441.564.

Si bien el presidente Javier Milei adelantó que vetará la iniciativa que la Cámara alta convirtió en ley, quedan instancias para que el incremento se haga efectivo y eso dependerá no solo del Congreso sino de la posibilidad de que se judicialice ese incremento.

En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.

El proyecto sancionado por 52 votos y 4 abstenciones prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Es el porcentaje necesario para que el aumento extraordinario de 12,5% otorgado por decreto en abril del año pasado alcance 20,6%, nivel que corresponde a la inflación de enero de 2024.

De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, quedarían en $441.564. Se trata de una suba total de 16,4%. En el caso de los haberes máximos, estos quedarían en $2.231.111. Aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con aumento, empezarían a cobrar $317.436 frente a los $247.436 que reciben actualmente. (DIB)

El Senado aprobó esta tarde el aumento del 7,2 por ciento para las jubilaciones y un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos.

Noticia en desarrollo…

El Senado de la Nación aprobó con 63 votos afirmativos la    declaración de emergencia y zona de desastre para Bahía Blanca y Punta Alta (Coronel Rosales),   luego de los efectos devastadores de la inundación del 7 de marzo. Fue en el marco de la maratónica sesión en la que se debate la aprobación del proyecto de Ficha Limpia.

La medida, se explicó,   busca garantizar la asistencia y los recursos necesarios para la reconstrucción y el apoyo a las familias afectadas   de la región luego del temporal. El proyecto contempla la creación de un fondo especial en pesos, administrado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, para abordar los daños provocados por la emergencia.

La iniciativa había sido impulsada por los legisladores Juliana Di Tullio y “Wado” de Pedro, de Unión por la Patria (UxP), y Maximiliano Abad, de la UCR,   quienes habían anunciado el proyecto el mismo viernes 7. “El proyecto de ley que aquí se presenta tiene por objeto paliar los efectos que económicos, materiales y sociales han producido en la provincia de Buenos Aires las inundaciones registradas en el corriente mes de marzo de 2025”, señalan los fundamentos, de acuerdo con La Nueva. (DIB) GML

El Senado debate Ficha Limpia. LLA dice tener los votos, pero en Casa Rosada aún temen una derrota que favorezca al PRO.

Wado de Pedro: “Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados”

El senador de Unión por la Patria Eduardo De Pedro (Buenos Aires) afirmó hoy que el proyecto Ficha Limpia es para proscribir a   Cristina Kirchner. 

“Reconocen algunos que el proyecto es malo. Dicen que van a votar porque hay mucha presión mediática. Eso se llama poder real. La persecución judicial y mediática siempre es contra el peronismo”, lanzó De Pedro.

En esa línea, continuó contra el discurso de la senadora Mónica Silva: “Escuché ‘que esta ley no era contra nadie’. Sí, es contra Cristina Kirchner. No pueden ganar con los votos y la quieren sacar de la cancha”.

“Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados.  Es un proyecto para proscribir a Cristina Kirchner”, resalto De Pedro en su alocución.

Y se preguntó: “¿En serio piensan que este proyecto es pelear contra la corrupción en la política? ¿Piensan que esto va a mejorar el sistema democrático? Estoy convencido que esto socava a la democracia”.

Para finalizar, De Pedro remató: “Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso a partir del manejo de los medios y del poder judicial”.