El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció a los 74 años. El legislador, quien integraba el bloque de La Libertad Avanza, fue encontrado sin vida en su vivienda en la capital riojana. Su mandato en la Cámara Alta se extendía hasta diciembre de 2029 y, según lo establecido, será reemplazado por Claudia Cecilia López, quien figuraba como su suplente en la lista electoral.

Pagotto, abogado de profesión y nacido en Mendoza en 1952, se desempeñaba como presidente de la comisión de Acuerdos del Senado. Su última actividad parlamentaria ocurrió el jueves pasado, cuando participó de la sesión en la que se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios en Zonas Frías.

La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito político nacional. El vocero presidencial, Adrián Ravier, transmitió el pesar del Gobierno nacional:

Expreso en nombre del Gobierno nacional nuestro más sentido pésame a la familia de Pagotto. Acompañamos a sus compañeros de bloque y a todo el pueblo riojano. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia López, una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despidió al senador a través de sus redes sociales:

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento.

Por su parte, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumaron a las condolencias.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y diversos legisladores, entre ellos Patricia Bullrich y Martín Menem, destacaron la trayectoria profesional y el compromiso político de Pagotto. Menem recordó su labor conjunta en el Congreso y su dedicación al servicio público. (Fuente: TN)

El oficialismo consiguió hoy convertir en ley la reducción del régimen de zona fría, que reduce los subsidios al consumo de gas natural en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, por lo que casi 1.240.000 hogares pagarán una tarifa más cara.

La sanción se dio en el Senado, con 38 votos a favor y 8 en contra, luego de que el peronismo se retirara de sus bancas en señal de protesta, con lo que la iniciativa, que se había aprobado en Diputados el 19 de mayo pasado, quedó finalmente convertida en Ley y solo resta que el Ejecutivo la reglamente, lo que se estima que ocurrirá de inmediato, para que se aplique.

Como ocurrió en su paso por la Cámara de Diputados, la iniciativa dividió al recinto de manera transversal más allá de sus banderías políticas, reuniendo en el rechazo a peronistas disidentes, radicales y provinciales.

De hecho, a la mayoría que sancionó la ley aportaron senadores peronistas de provincias del norte, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy)y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

La moneda de cambio para obtener estos respaldos fue la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que esas provincias recibirán aportes de la Nación para subsidiar el mayor consumo de energía eléctrica como consecuencia de las altas temperaturas de los meses de verano.

El rechazo quedó circunscripto a los senadores provinciales de Santa cruz Natalia Gadano y José María Carambia y a seis senadores radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de Mendoza, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, Daniel Kroneberger (La Pampa) y el bonaerense Maximiliano Abad.

La norma retrotrae una ampliación de lo que se considera zona fría y por tanto pasible de recibir subsidios que se había aprobado en 2021, a través de un ley impulsada por el kirchnerismo. Antes de aquel año, solo Carmen de Patagones en PNBA estaba incluida en la modalidad, además de la Patagonia y Malargue, en Mendoza. Ahora, se volverá a usar ese criterio.

Entre las 94 ciudades que fueron excluidas están Mar del Plata -y todas las de la costa atlántica., Bahía Blanca y el sur de la provincia, pero también zonas del noroeste como Chivilcoy y Junín, otras del centro como Tandil, e incluso alguna en el noreste, como San Pedro. Se las había incluido bajo el argumento de que el consumo promedio era superior al resto dada su ubicación.

El exiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los que elaboró el proyecto de ampliación, le dijo a DIB que “en los hogares de zonas frías se consume -en promedio- 94% más de gas que en otras regiones climáticas. Y considerando exclusivamente el uso de gas para calefacción, más allá del que se destina al uso sanitario o a la cocina, en las zonas frías los hogares requieren -en promedio- 180% más de gas que en otras zonas”.

La Secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, argumento por su parte que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos”. La leu crea en ese sentido un nuevo esquema que se llama Subsidios Energéticos Focalizado (SEF), pero mucho menos abarcativo porque no incluirá a todos los usuarios y de menor alcance, ya que no abarcará a toda la factura sino solo a uno de sus componente, el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)

El nuevo sistema implica que la enorme mayoría de los usuarios de las 94 ciudades donde ya no rige más zona fría el aumento del costo de la factura está estimado hasta en un 50 a 55% aunque con picos del 100%, mientras que para aquellos que sí accedan al régimen SEF la suba rondará de todos modos el 20% respecto de lo que pagan ahora, ya que recibirá un subsidio pero menor al que rigió hasta ahora.

Un estudio de la fundación IERAL, lo analizó con casos concretos. Para Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100%. En el caso de los hogares que califiquen para el SEF bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22%.

La reducción de la zona fría no abarca solo a la provincia de Buenos Aires: también quedaron afuera otras provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como la gran mayoría Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, por lo que el total estimado de hogares afectados roza los 3.350.000.

Fuente: Agencia DIB.

El Senado aprobó por una abrumadora  mayoría los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que las designaciones y la remoción de los directores solo necesiten el aval de la cámara alta y mayoría absoluta.

Las reformas al texto votado por diputados alcanzó 66 votos contra dos, con lo cual superó ampliamente los dos tercios, con lo cual es muy dificil que diputados pueda revertir la decisión adoptada por los senadores.

En cambio, la iniciativa fue aprobada en general  46 a 22  votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, Independencia, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad

El  oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

Al abrir el debate,  el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

La Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señaló que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso,  Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".

Por su parte, la senadora de Primeros los Salteños, Flavia Royon, dijo que "en líneas generales apoyo esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central porque compartimos el diagnóstico y camino, pero en la votación en particular no voy a acompañar los artículos 12, 13, 19 y 21 del dictamen"

Argumentó que no puede acompañar el artículo 13 porque "permite usar las reservas como garantías, incluido el oro, sin ningún tipo de límite, sin especificar qué se puede comprometer y tampoco se obliga a informar al Congreso”.

En el cierre del debate, José Mayans dijo que "acá se utiliza un relato para justificar este desastre que están por hacer con el Banco Central: la moral como política de Estado, que lo iba a pagar la casta y que iban a destruir el Banco Central. Ese relato cambió totalmente”

Advirtió que con esta reforma se "van a usar los depósitos de la gente y esto puede producir un corralito y corralón".

"Se van a robar el depósito de la gente", alarmó y vaticinó que "la gente va a comenzar a retirar los depósitos", generando un desbalance en los bancos del país.

El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria.

La iniciativa responde así a la visión del Gobierno de Milei de contar con un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.

Con los cambios introducidos en el Senado, las designaciones de los directores serán designadas exclusivamente por la cámara alta y deberán tener el aval de una mayoría absoluta de 37 votos.

Se elimina el requisito de los dos tercios para destituir a un director del Banco Central.

(Fuente: Agencia NA)

 Argentina dio un nuevo paso en el debate sobre los mercados de carbono. El Senado de la Nación avanzó con el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por la senadora Flavia Royón junto a la Mesa Argentina de Carbono (conformada por empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de C de Argentina) orientado a establecer un marco normativo para regular estos mercados.

El proyecto apunta a regular el registro y trazabilidad de los bonos para poner en valor los servicios ambientales que generan los sistemas productivos, acceder al mercado regulado bajo el Acuerdo de París y atraer divisas por US$ 4.800 millones anuales

Como institución miembro del Comité Ejecutivo Agro Bioindustrial, CE ABI (espacio de trabajo coordinado por Fundación Barbechando que une al sector agropecuario con legisladores nacionales), Aapresid participó del debate para aportar la experiencia, el conocimiento y los datos generados a campo.

La agricultura, parte de la solución

Durante su participación, Florencia Moresco, líder de Proyectos de Carbono de Aapresid, destacó el potencial de los sistemas agropecuarios argentinos para contribuir a la reducción de emisiones y aumentar la captura y almacenamiento de carbono.

“Creemos que es fundamental dejar a la agricultura como parte de la solución frente al desafío climático y poner en valor estos servicios ecosistémicos, generando oportunidades concretas para quienes los producen. En esa línea, el proyecto presentado por la senadora Royón tiene un importante grado de desarrollo en relación con las necesidades del sector”, señaló.

Desde Aapresid remarcaron que la entidad cuenta con experiencia y datos generados directamente en los sistemas productivos, un conocimiento que puede resultar clave para el diseño de políticas públicas y de un mercado de carbono adaptado a la realidad argentina.

Cuatro ejes

El primer punto sobre el que Aapresid puso el foco es la previsibilidad, especialmente fiscal: “Es clave que los cambios en las condiciones tributarias durante el desarrollo de proyectos no alteren las decisiones de inversión ni la viabilidad económica de proyectos que, por su propia naturaleza, pueden tener horizontes de largo plazo”.

Otro punto central presentado por Aapresid estuvo en línea con la titularidad de los créditos de carbono: “En un país donde el 70% de la superficie cultivada se desarrolla bajo esquemas de alquiler, con contratos de diferentes plazos y condiciones, es fundamental definir con claridad quién tiene derecho sobre el activo generado, para brindar seguridad a propietarios, productores e inversores”, explicó Moresco.

Otro de los aspectos señalados fue la necesidad de revisar cómo se aborda el requisito de adicionalidad. Para generar un crédito de carbono, debe demostrarse que una acción produjo un cambio verificable respecto de una línea de base y que ese resultado puede traducirse en una remoción o reducción medible y certificable.

Sin embargo, desde Aapresid advirtieron que las mejoras en los sistemas productivos son progresivas. Por eso, la normativa deberá contemplar esa dinámica para permitir que los avances reales y verificables de los productores puedan ser reconocidos dentro del mercado.

Por otro lado, la representante de Aapresid se refirió a la importancia de contar con mecanismos sólidos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), que aseguren calidad, trazabilidad y confiabilidad en los créditos generados, sin que esto implique que la normativa quede atada a una única metodología o tecnología de medición: “La normativa debería establecer criterios técnicos que permitan incorporar nuevas herramientas y metodologías validadas a medida que avance el conocimiento y la tecnología”.

Otro desafío señalado por Aapresid es la accesibilidad: la normativa deberá garantizar que los requisitos técnicos sean proporcionales a la escala de los proyectos y no se conviertan en una barrera de entrada para los productores. En ese sentido, Aapresid señaló la posibilidad de contemplar proyectos asociativos o agrupados, que permitan compartir metodologías y costos, generar economías de escala y ampliar el acceso a estos mercados.

Para Aapresid, Argentina cuenta con una oportunidad concreta para posicionarse en los mercados de carbono a partir de la capacidad, el conocimiento y la innovación de su sector productivo. Pero para transformarla en una realidad será necesario construir un marco que combine previsibilidad, seguridad jurídica, solidez técnica, flexibilidad y accesibilidad.

Aapresid

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La Libertad Avanza promoverá este miércoles en el Senado un dictamen sobre el proyecto del Súper RIGI con dos cambios sustanciales, acordados con los bloques aliados, para destrabar la sanción de la iniciativa.

La intención del oficialismo es discutir este proyecto en una sesión a celebrarse el 10 de septiembre, donde también se incluirán otras iniciativas impulsadas por bloques aliados.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial, según informa Agencia Noticias Argentinas.

Con esta decisión, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá regresar a ese cuerpo parlamentario, pese a que el Gobierno buscaba evitar este escenario e insistió hasta último momento en que la iniciativa fuera aprobada sin modificaciones.

Las reformas se debatirán desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente.

El oficialismo decidió avanzar con los cambios pese a que desde el Gobierno hicieron saber su rechazo a algunas de las reformas negociadas.

En particular, cuestionaron la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas -entre ellas, los megacentros de datos- cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población.

El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI -la versión ampliada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, un esquema legal y económico diseñado para atraer capitales extraordinarios ofreciéndoles beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por varias décadas- constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de grandes compañías tecnológicas, nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y proyectos relacionados con minerales críticos.

Este régimen ofrece un paquete de incentivos de fuerte magnitud para desembolsos de gran escala. Por eso, el desafío político para el oficialismo es conseguir que se aprueben tales facilidades sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de infraestructura de las nuevas inversiones.

Industria Nacional

Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales.

El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad. Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscripta a bienes producidos efectivamente en el país.

Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.

El planteo introduce una discusión política de fondo sobre el modelo de desarrollo que pretende impulsar el Gobierno: si los beneficios extraordinarios estarán orientados únicamente a atraer capitales o si también habrá mecanismos para garantizar que una parte de esas inversiones se vuelque sobre la producción nacional.

La pelea por la energía

El otro punto que genera resistencia está vinculado con los denominados inversores “electrodependientes”.

Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía -especialmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial- desarrollen sus propios sistemas de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes.

Buenos Aires, 19 Agosto (NA) - La Libertad Avanza tendría asegurados los votos en el Senado para avanzar con el proyecto de Ley de Zonas Frías, luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales para implementar un nuevo esquema de subsidios a a la electricidad durante el verano en las provincias del norte del país.

El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto en septiembre y convertirlo en una herramienta para reducir el impacto fiscal del actual régimen.

La intención de La Libertad Avanza es llevar el proyecto a comisión cuando tenga cerrados todos los acuerdos con los bloques aliados,  a fin de obtener dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto durante septiembre, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Fuentes del oficialismo señalaronn que si bien los aliados provinciales respaldan la iniciativa el objetivo es incluir a todo el radicalismo, ya que rechazan este proyecto los mendocinos Rodolfo Súarez y Mariana Juri.

El Gobierno considera que la modificación del régimen es clave para avanzar en el objetivo de reducir el déficit fiscal generado por el actual esquema de subsidios. El sistema alcanza a unos cuatro millones de usuarios y, según el diagnóstico oficial, los recursos recaudados para financiarlo resultan insuficientes para cubrir el costo de los subsidios al gas.

El acuerdo alcanzado ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores por zonas cálidas representó un avance político para el oficialismo para destrabar la sanción de la Ley de Zonas Frías.

Asistieron a la reunión Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

Se prevé elevar el consumo eléctrico subsidiado de 300 a 550 kWh mensuales en zonas muy cálidas, y de 150 a 300 kWh mensuales en zonas cálidas desde noviembre a abril.

El oficialismo necesitaba evitar que la discusión sobre los subsidios se transformara en un nuevo frente de conflicto con las provincias y optó por avanzar en un esquema que permita atender las demandas de los distritos del norte durante los meses de mayor consumo que se hará con una resolución del Poder Ejecutivo.

La iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados establece que se mantendrá el régimen de subsidios de gas para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

El nuevo esquema apunta a modificar el alcance del sistema de beneficios y establecer criterios diferenciados para las regiones que reclaman asistencia por las condiciones climáticas y el impacto que tiene el consumo energético sobre los hogares.

La Libertad tiene 21 senadores propios y necesita al menos 16 legisladores que podrían ser aportados 7 por la UCR, 3 del PRO, 1 de Primeros los Salteños, 1 Despierta Chubut, 1 Provincias Unidas, 2 Misiones, 1 Independencia y esperan sumar tres de Convicción Federal.

La iniciativa limita el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otras provincias focalizando el subsidio únicamente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna, y aquellas personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el consumo y no sobre el total de la factura que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Agencia NA

El Senado debate este jueves una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tienecomo eje central una reforma que contempla los desalojos "exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados.

Laa iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego, limita las expropiaciones y reforma la ley para regularizar de escrituras de viviendas únicas.

La sesión inició a las 14:25 con un pedido de la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que la comisión de Asuntos Constitucionales analice los proyectos para  permitir la votación remota de los legisladores.

De este modo, los senadores del peronismo Anabel Fernández Sagasti y del radicalismo Flavio Fama que habían pedido participar en forma remota no podrán hacerlo, hasta que se incluya esa posiblidad en el reglamento del cuerpo.

Fernández Sagasti solicitó poder tener voz y voto en la sesión de esta tarde por estar cursando el octavo mes de embarazo, mientras que Fama lo pidió por estar operado de la rodilla.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había autorizado los pedidos para participar en forma remota, pero supeditado a la decisión del cuerpo, pero Bullrich había rechazado esa posibilidad.

En el inicio de a sesión, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch rechazó la impugnación de la senadora peronista, Juliana Di Tullio, por tener una empresa que asesora a inversores extranjeros que quieren comprar tierras rurales.

En la sesión, el senador peronista José Mayans, criticó al presidente Javier Milei, por sus críticas a su par de Brasil, Lula Da Silva, lo que fue rechazado por la jefa del oficialismo, Bullrich.

Tras los pedidos de mociones de privilegio y homenajes comenzó el debate del proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la agilización de los desalojos intrusadas de viviendas, campos y terrenos.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.

El proyecto modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.

Agencia NA

Buenos Aires, 3 agosto (NA) -- El oficialismo encabezó negociaciones este lunes en el Senado para introducir cambios en la Ley de Tierras y poder así destrabar su tratamiento, entre los que destaca pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros, dejando atrás la idea de eliminar todo límite.

Así quedó reflejado en los borradores que comenzaron a circular en las últimas horas, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Además, esta tarde, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dará una conferencia de prensa para dar detalles del texto del proyecto que llevará el jueves al recinto.

 Agencia NA

En un escrito dirigido al presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, Emiliano Balbín, ex legisladores nacionales y bonaerenses en representación de la UCR de la provincia de Buenos Aires se pronunciaron “ante el inminente tratamiento del proyecto de ley engañosamente titulado ‘Ley de inviolabilidad de la propiedad privada’”.

Señalan que “no abundaremos en el contenido del mismo que seguramente usted conoce, es público que esconde la intención del gobierno de Milei y sus aliados de entregar parte de nuestro territorio y con ello nuestra soberanía”.

En el escrito, subrayan que “en línea con lo expresado por el Comité Nacional le solicitamos que ese Comité instruya al senador nacional por nuestra provincia y para el caso que obtenga media sanción, a los diputados nacionales bonaerenses, afiliados a nuestro partido que voten en contra por ser claramente lesivo de nuestra soberanía nacional”.

Recordaron una frase del ex presidente Arturo Illia, pronunciada en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el 1º de mayo de 1965: “La soberanía nacional tiene que quedar afirmada como un imperativo irrenunciable. No pretendemos nada que no sea nuestro, pero tampoco podemos ceder nada que sea propio”.

Horas después de que se caiga una sesión especial en la cámara de Diputados para avanzar con una interpelación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió la segunda buena noticia del día: la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, suspendió el informe de Gestión que debía brinda el 2 de julio en la cámara Alta.

“Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”, le confirmó esta tarde la propia Bullrich al diario La Nación, según una nota firmada por su cronista parlamentario, Gustavo Ibarra.

El encuentro de julio es una obligación constitucional de Adorni como jefe de Gabinete, pero Bullrich por ahora lo pospuso, ya que la sesión previsiblemente se iba a transformar en una sucesión de preguntas sobre su situación patrimonial por parte de la oposición, como ella misma admitió.

La decisión de la jefa de los senadores de LLA parece formar parte de una iniciativa más amplia del oficialismo para blindar a Adorni en su cargo, o al menos para retrasar todo lo posible su salida, que hoy también tuvo su capítulo en Diputados, donde con apoyo de PRO y la UCR, los libertarios evitaron que haya quórum para una sesión especial pedido por el kirchnerismo.

La novedad de la jugada de Bullrich se dio luego de una serie de reuniones del propio Adorni con senadores de La Libertad Avanza, de la que sin embargo no participó en forma directa la jefa de la bancada.

Pero Bullrich tuvo un rol activo en la estrategia para descomprimir la presión sobre Adorni: cerró un acuerdo con la oposición para que sea necesaria una mayoría de dos tercios para imponer un proyecto para interpelar Adornim lo que podría ser tratado el jueves. El número es parte de una discusión reglamentaria, pero Bullrichi había aformado lo contrario la semana pasada, cuando dijo que bastaba con la mayoría absoluta de los senadores, es la mitad más uno del total de los senadores.

Pese a ese contexto, al final de la tarde, Adorni realizó un posteo que pareció desafiar a Bullrich, en el que se muestra dispuesto a concurrir el 2 de juli. "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional",escribió Adorni en X.

Con esa intervención, dejó abierto el destino final de la sesión del 2 de julio y puso en duda la intención de Bullrich, que había sido crítica de su situación, en público.

Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional.Fin.

Fuente: Agencia DIB.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió este jueves su próxima presentación en el Senado para brindar su segundo informe de gestión. La decisión se tomó en medio de los intentos de la oposición para avanzar con una interpelación en contra del funcionario.

Según aseguró la jefa de la bancada oficialista en la cámara alta, Patricia Bullrich, ella le solicitó a Adorni que no asistiera la próxima semana al recinto. “Es un desgaste sin sentido”, sentenció.

El pedido de la exministra de Seguridad se produjo el lunes, el día anterior a una reunión de labor parlamentaria convocada por Bullrich para acordar los términos en los que los legisladores podrían debatir la posible interpelación al jefe de Gabinete.

Con el argumento de abocarse a esa misión legislativa, la jefa del bloque oficialista fue una de las pocas ausentes en los tres encuentros con los senadores de La Libertad Avanza que mantuvo Adorni este martes en la Casa Rosada. Su ausencia fue leída como un nuevo gesto de diferenciación, luego de considerar que sus explicaciones públicas sobre sus declaraciones juradas no fueron un error, sino una “omisión ética”.

Pese a los cuestionamientos públicos, Bullrich lidera los esfuerzos del Gobierno en la cámara alta para impedir el éxito de la oposición. De acuerdo a lo pactado la semana pasada en labor parlamentaria, una mayoría simple alcanzaba para citar a Adorni a brindar explicaciones en el recinto y eventualmente avanzar con una moción de censura. Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que todo proyecto sin dictamen requiere dos tercios de la cámara, una cifra muy difícil de alcanzar. Finalmente, Bullrich logró que prime esa última interpretación.

Así, el oficialismo busca demorar la avanzada contra el jefe de Gabinete llevando la discusión a las comisiones, mientras en paralelo redobla los esfuerzos en las negociaciones con los aliados para blindar al funcionario.

Sin embargo, desde el PRO advirtieron que tarde o temprano Adorni deberá someterse al escrutinio de los legisladores, en una cámara o en la otra. “Si no va al Senado, tiene que venir a Diputados”, enfatizaron.

En paralelo, el jefe de Gabinete convocó al bloque oficialista en el Senado a Balcarce 50 para planificar los próximos pasos legislativos. Sin embargo, con la presencia de Karina Milei, las reuniones también fueron interpretadas como un nuevo respaldo político al exportavoz.

Según trascendió, en un pasaje de la reunión, Adorni se dirigió a los presentes para jurar que él “no robó” y que cuenta con la confianza total del presidente Javier Milei y su hermana Karina. Un pedido de apoyo de cara a los próximos desafíos que el jefe de Gabinete podría enfrentar en el Congreso. (Fuente: TN)

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará entre hoy y mañana para cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas.

La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Para la LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias.

Los senadores de la UCR, PRO, y bloques provinciales no firmaron ningún dictamen en la Comisión de Acuerdos de los candidatos a la justicia de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que expusieron en tres Audiencias Públicas porque reclaman que el Gobierno envíe los pliegos para cubrir juzgados del interior del país.

Por ese motivo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activará el envío de candidatos para cubrir vacantes de juzgados en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán.

El oficialismo tiene 5 miembros de los 17 que conforman la Comisión de Acuerdos mientras que otros 3 corresponden a la UCR, 1 al PRO, 1 a Frente de la Concordia de Misiones, 1 a Provincias Unidas, 1 a Primeros los Salteños, y 1 a Convicción Federal, con lo cual necesita el apoyo de los aliados para firmar el dictamen.

Paralelamente, esta semana se realizarán dos Audiencias Públicas para que rindan examen otros 30 postulantes a la justicia, donde se encuentran miembros de la familia judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horario Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi.

Fondos Buitres

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de Abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de Mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de Mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para que no se caiga dicho acuerdo y evitar que la Argentina tenga litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas".

También destaca que la “los acuerdos con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP resuelven de forma integral múltiples causas judiciales (incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las diversas acciones de TRINITY INVESTMENT).

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo. (NA)

Tras una reunión en la Secretaría Administrativa de Diputados, los gremios y legisladores del Congreso acordaron un aumento escalonado de sueldo de 11,9%. Será del 2% para diciembre de 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Ese acumulado hace una suma total del 11,9 % de aumento.

El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores, que pasará a 11,5 millones de pesos.

Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

Distinto es el aumento para los diputados nacionales. Sus dietas están desacopladas de los aumentos salariales de los trabajadores legislativos.

Esto llevará las dietas de los senadores a una cifra en bruto cercana a los 11.500.000 pesos, a la que se le debe descontar el 35% por impuesto a las ganancias y lo correspondiente a los aportes previsionales, entre otros ítems.

La resolución fue firmada por el Senado por el secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald y por el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian; por Diputados Laura Oriolo, secretaria Administrativa y Adrián Pagán, secretario Parlamentario; Alejandro Santa, Director Coordinador de la Biblioteca del Congreso; Norberto Di Prospero, secretario General de APL; Martín Roig, secretario general de UPCN Congreso y Claudio Britos, secretario General ATE Congreso. (TN)

Luego de otra sesión maratónica, el Senado aprobó la reforma laboral con un total de 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones.

El oficialismo logró construir una mayoría para sostener el proyecto, que tiene en el corazón la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones, pero también propone recortar las horas extras, ajustar las vacaciones y permitir los convenios por empresas. Aquí, los puntos más importantes:

-Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor.

-Al vencer el convenio colectivo de trabajo habrá un año para negociar las cláusulas, imita la vigencia de los convenios colectivos una vez vencido su plazo, así como también establece un plazo de 1 año desde la promulgación de esta ley para que se convoque a las partes.

-Las asambleas solo se podrán realizar mediante la autorización previa del empleador.

-Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año trabajado, donde se excluyen el aguinaldo, los bonos, premios y otros rubros especiales que no sean mensuales. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

-El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad.

-Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento.

-La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.

-La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales.

-Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y del 2,5% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

-En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad o, en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.

-En caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas: para grandes empresas, el máximo permitido es de 6 cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%.

-Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original.

-Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales.

-Permite compensar una jornada mayor en determinados días con una menor en otros, siempre que no se supere el máximo legal de la semana o el que determine el régimen laboral específico, ya sea por ley especial o por convenio colectivo.

-La prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.

-El régimen debe respetar los descansos mínimos exigidos por la ley, con el objetivo de garantizar la protección y el beneficio del trabajador.

-La jornada reducida solo podrá implementarse cuando así lo dispongan las leyes vigentes, los contratos individuales, los Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos colectivos firmados con la representación sindical.

-Siempre deben respetarse los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 35 horas para el descanso semanal.

-Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días.

-Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.

-La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días.

-Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada uno goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.

-Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.

-Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.

-Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.

-Se traspasará la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

- Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.

-Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Nuevos empleos

-Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal, que podrán tener rebaja de contribuciones patronales

-Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

-Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

-Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celularesy productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo

Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

Fuente: Agencia DIB.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Noticia en desarrollo… #AgenciaNA 

16:41

 El senador del PRO Martín Goerling se preguntó este viernes “qué hacemos con los chicos que delinquen”, al respaldar el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

“¿Qué hacemos desde el Estado? Nada. La droga está matando a nuestros chicos, primero les dan la droga y después los hacen soldaditos. ¿Por qué? Porque no tienen pena. En Brasil, a los 12 años, van adentro. En Paraguay, a los 14. Acá, no”, reprochó.

La ley, dijo, “viene a hacer justicia y a poner blanco sobre negro”.

16:09

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró este viernes el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.

El ministro coordinador, con un posteo de X, se refirió a las tres jornadas parlamentarias que se desarrollaron en solo cuatro días. 

El Senado cerrará hoy su período de sesiones extraordinarias con un último debate de alto voltaje. La Cámara Alta debatirá hoy la sanción de la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil que permitirá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con la intención de mantener los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra, La Libertad Avanza convertirá en ley el proyecto que modificó la Cámara de Diputados. En esa versión se eliminó el artículo 44 referido a las licencias médicas por enfermedades.

La iniciativa contará con el apoyo del PRO, UCR y fuerzas provinciales, pero el peronismo votará en contra de manera unificada pese a la división que se produjo el lunes. La jujeña Carolina Moisés armó el bloque Convicción Federal junto a otros dos senadores y se fue del espacio que conduce José Mayans.

La Cámara de Senadores se convirtió en Cámara revisora en segunda instancia. Hoy solo podrá aprobar la iniciativa o insistir con la ley original. La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero dijo al respecto: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”.

La eliminación del artículo 44 en Diputados implica que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes, lo que marca el principal punto de decisión para los senadores.

La senadora Cristina López del bloque Justicialista adelantó su rechazo y le apuntó al oficialismo: “Este proyecto no contempla la vida real de quienes viven de su salario. Hubo un tiempo en que trabajar 12 o 14 horas por día era normal. Sin descanso, sin indemnización, sin límites. Y las leyes laborales nacieron para terminar con esa forma moderna de esclavitud. Hoy nos quieren convencer de que retroceder es avanzar”.

La CGT adelantó que este viernes no se movilizará hasta el Congreso cuando se vuelva a discutir la reforma laboral, pero si irá a Tribunales la semana próxima para que la justicia la declare inconstitucional.

Sin embargo, el sindicalismo más combativo, encabezado por ATE y secundado por La Cámpora si harán una movilización al Congreso.

El proyecto que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 14 años ya fue sancionado por la Cámara de Diputados. Familiares de víctimas asesinados por menores acompañaron el debate.

El eje principal de la iniciativa es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

La norma establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Contemplando penas alternativas para condenas menores a los 10 años de cárcel como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

El último 12 de febrero la iniciativa se aprobó en Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra. Todo parece indicar el apoyo del Senado. (TN)

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”.

"Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos", aseguró el oficialista fueguino.

Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”.

"Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua", advirtió.

Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.

“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense.

El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”.

"Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias", explicó el libertario sanjuanino.

A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”.

"El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica", apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”.

"El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario", dijo.

En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales" sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”.

"Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria", expresó la senadora kirchnerista.

“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.

En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.

Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural "tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico",

"Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.

Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”.

"Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta", agregó el senador opositor.

En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación" y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares".

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”.

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad juridica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.

“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.

El catamarqueño de la UCR Flavio Fama apoyó la reforma y señaló que el objetivo es “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales”.

"Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera", enfatizó el senador radical.

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) advirtió que "la decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos".

"Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político", recalcó.

La camporista aseveró que la iniciativa “pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador para ver cuál trae más inversiones”.

“En lugar de cooperar las provincias, empiezan a competir”, alertó la legisladora mendocina.

“Hay muchísimos minerales por fuera de los ambientes glaciales y periglaciales que no están explotados. Entonces esto no es minería sí o minería no”, apuntó.

Para Fernández Sagasti, "la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo".

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golepando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación.

“El verdadero ambientalismo del siglo XXi no es un ambientalismo que prohíba. E suin ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo”

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

#AgenciaNA 

 En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque, en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaa el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó esa carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.

Historia del proyectoEl acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El debate

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

Y añadió: “Poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”.

"Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”, afirmó.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial".

"Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”.

"Argentina solo negocia desde la debilidad, el Mercosur negocia con mucha más fuerza regional", explicó el senador peronista.

Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) admitió que “existen tensiones” alrededor de “un acuerdo de esta magnitud” y que “existen situaciones disimiles  en distintas industriales”, pero afirmó que el acuerdo tiene previsibilidad en el tiempo".

“No hay que dejar a esas economías libradas al azar. Tiene que estar el Estado acompañando para atender esas divergencias y para poder aprovechar esta oportunidad histórica”, culminó el senador entrerriano.

“Necesitamos crecer, expandir los mercados y reglas claras para invertir con seguridad y en este contexto el acuerdo con la Unión Europea es muy importante porque fortalece al Mercosur y, también, fundamentalmente, a nuestras provincias que exportan”, analizó.

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que "el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur".

"Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad", resaltó el santafesino.

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) apuntó que este acuerdo comercial “se da en un camino de reformas que lleva adelante este Gobierno, que le da un mensaje al mundo diciendo que Argentina es un socio abierto y confiable”.

“Abrirnos al mundo es crecer y vamos en ese camino con la aprobación de este acuerdo”, manifestó la representante de la provincia de Tierra del Fuego.

"Este acuerdo con la Unión Europea nos consolida como un actor económico comercial y nos referencia desde el punto de vista político internacional. Es un acuerdo moderno y ventajoso que nos otorga reglas claras, previsibilidad e institucionalidad”, aseguró.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”. Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”.

"Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró. En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”.

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó.

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos.

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito. #AgenciaNA

La Libertad Avanza pretende cerrar las sesiones extraordinarias aprobando los diferentes proyectos que habilitó el Presidente Javier Milei en extraordinarias, entre las sesiones ya convocadas de este jueves y del viernes.

Este jueves en el temario se compone de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias y la modificación de la Ley de Glaciares.

La sesión está prevista para las 11. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quórum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores. Incluidos los tres integrantes del nuevo bloque Convicción Federal de la senadora Carolina Moisés, flamante vicepresidenta del Cuerpo. Moisés ya adelantó que rechazarán nuevamente el proyecto de Reforma Laboral, que se tratará el viernes. Acompañarían el resto de las iniciativas.

Javier Milei quiere que la Argentina sea el primer país en avalar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Por eso se adelantó su tratamiento que estaba previsto para el próximo viernes. El entendimiento ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, incluso con el acompañamiento de más de 40 legisladores de Unión por la Patria (UxP).

El oficialismo descuenta el acompañamiento de gran parte de las fuerzas políticas del Senado y la consecuente aprobación. Hay algunas diferencias con sectores del kirchnerismo vinculados a La Campora que lo rechazarían, tal como fue la postura del sector liderado por el diputado Máximo Kirchner en Diputados.

El libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo al respecto: “Esto es el camino al paraíso, un acuerdo de esta categoría es lo mejor que nos puede pasar, es el mayor hito en materia económica para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la Argentina profunda".

El Senado también avalará la postulación para que Fernando Iglesias sea, formalmente, embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea.

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Jalil sostuvo: “Los cambios permitirán devolverles derechos a las provincias para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental”.

Mientras que la senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños), señaló: “El principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente”.

Los 21 senadores del oficialismo acompañan el proyecto, pero en el resto de los sectores aliados como el Pro, de Martín Goerling, y la UCR, de Eduardo Vischi, no hay una postura unificada. Esa división es la que hace, hasta el momento, no asegurar los votos suficientes para alcanzar su aprobación.

La bancada Justicialista de José Mayans también tiene divisiones internas, a tal punto que este miércoles hubo una extensa reunión del interbloque, junto a los dos representantes de Justicia Social Federal de Fernando Salino y el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora. La decisión de la bancada peronista fue dar libertad de acción a sus integrantes, ya que algunos senadores de UxP votarían a favor, en principio los exgobernadores Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca.

Otro voto incierto es el de la senadora Julieta Corroza de la Neuquinidad, quien está definiendo su postura en contacto con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Desde Diputados, Cámara que se convertirá en revisora de la iniciativa si es sancionada por el Senado esta semana, ya trabajan en diferentes propuestas como las de la diputada Marcela Pagano (Coherencia) que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia de la ley y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua declarando de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y “considerando el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse por encima de cualquier interés económico particular”.

Mientras que el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) exigirá en Diputados “una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares”. (TN)