Es una noticia que se veía venir. El INTA se bajó del Sprint, el proyecto internacional financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo medir el riesgo que representa en la salud humana, animal y en el medio ambiente el uso de agroquímicos. La resolución la firmó el jueves 7 de diciembre el hoy ya ex presidente del instituto, Mariano Garmendia, tras la decisión tomada por el Consejo Directivo de la entidad. Las causas que se aducen es que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas excedieron las incumbencias de la entidad.

La desvinculación del INTA del proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), se hizo realidad en silencio, el mismo polémico silencio que el instituto adoptó desde que se conocieron los resultados de los análisis que se realizaron en noviembre de 2021 en el sudeste bonaerense (desde Dorrego a Mar del Plata y desde Necochea hasta Tandil), donde se tomaron 75 muestras ambientales; 180 muestras en 36 animales y 365 muestras en 73 personas.

Las mediciones resultaron muy críticas para la Argentina: el 100% de los voluntarios presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal.

Estos resultados ubicaban a la Argentina en el podio de los niveles de contaminación con agroquímicos, solo superados por los Países Bajos.

Ver: Agroquímicos: ¿de eso no se habla?

“Atento a la toma de conocimiento de que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas habrían excedido las incumbencias del INTA, se determina la puesta en marcha del correspondiente análisis institucional, hasta tanto se cuente con las respuestas asociadas en sentido amplio”, adujo el INTA en el invierno pasado para no hacer público los resultados. Las mismas razones fueron las que figuran en la resolución en la que se da de baja la participación del instituto.

Las fuentes consultadas por La Voz del Pueblo indicaron que la decisión fue tomada por el Consejo Directivo -conformado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado- en donde todos, salvo la Federación Agraria Argentina, votaron a favor de la salida de Argentina del proyecto.

Los organismos que pusieron su voto a favor de esa decisión fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; facultades de Agronomía de universidades nacionales; facultades de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales; la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aaacrea); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro); las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Argentina había sido el único sitio de estudio de caso no europeo e incluida porque es el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa. Y además se tomaba como referencia para comparar los resultados entre aquel continente y América del Sur. El Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA fue el ámbito de análisis del proyecto, en el área de influencia de dos de sus experimentales: la EEA INTA Balcarce y la Chacra Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos), ambas al sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, la Argentina continúa sin realizar mediciones propias sobre los posibles impactos de los agroquímicos en el ambiente y la salud.

Con el objetivo de evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y en el medio ambiente, el 1° de septiembre de 2020 se oficializó la puesta en marcha del proyecto internacional SPRINT (por sus siglas en inglés), que en nuestro país involucra al INTA. La iniciativa propone desarrollar una caja de herramientas que permita evaluar los riesgos para la salud global y poner en común el conocimiento y los datos generados en investigaciones de toda Europa y Argentina para encontrar formas de apoyar una transición hacia una protección vegetal más sostenible.

El programa SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), consiste en un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos junto con colegas en Argentina (INTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y comenzó a gestarse en 2018. La formalización de la propuesta llegó dos años después en el marco del trabajo que viene desarrollando la Unión Europea (organismo de financiación) para regular el uso de plaguicidas. En ese rumbo, fue que meses antes de la puesta en marcha de SPRINT, la UE lanzó “De la granja a la mesa”, el proyecto que establece el objetivo de reducir en Europa el uso de plaguicidas en un 50% para 2030.

En Argentina, el Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA es el ámbito del proyecto SPRINT, en el área de influencia de dos de sus experimentales: la EEA INTA Balcarce y la Chacra Integrada Barrow, en el partido de Tres Arroyos; ambas al sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Participación múltiple

“SPRINT es un proyecto que se propone la participación de múltiples actores de diversos espacios sociales tales como: representantes de la producción agropecuaria, asesoría y empresas proveedoras de bienes y servicios para el agro, empresas del sector agroalimentario, organizaciones no gubernamentales, sectoriales y gremiales, organismos gubernamentales de seguridad alimentaria y ambiental, responsables de la formulación y gestión de políticas públicas, medios de comunicación, asociaciones de consumidores, grupos comunitarios y público en general”, manifestó la profesora Violette Geissen de la Universidad de Wageningen, y quien conduce el consorcio.

“Este proyecto nace porque el uso de fitosanitarios representa un riesgo para la salud humana y ambiental. Los hallazgos de investigaciones recientes sugieren una asociación entre la exposición a algunos fitosanitarios y un mayor riesgo de problemas de salud”, agregó.

La Doctora Virginia Aparicio de INTA Balcarce es quien lidera el Sitio de Estudio de SPRINT en el país. “Los profesionales de extensión e investigación que trabajamos en el Sitio de Estudio de SPRINT en Argentina, estamos conscientes del desafío que representa este proyecto en nuestras carreras profesionales y esperamos contribuir a impulsar sistemas productivos que permitan el desarrollo y buen vivir de nuestra nación”, indicó la técnica, que desde hace muchos años viene poniendo sobre la superficie las consecuencias del uso de fitosanitarios.

“En Argentina varios equipos de investigación han generado información sobre la presencia de residuos de plaguicidas en el agua de consumo humano”, aseguró Aparicio. “Hemos observado que en un vaso de agua puede haber entre dos y más de 10 residuos de plaguicidas que se incorporan a la dieta de las personas. El comportamiento ambiental de los plaguicidas está regido principalmente por las características propias de los principios activos pero la frecuencia de uso y las dosis aplicadas a campo también juegan un rol importante a la hora de definir la presencia de un compuesto y su concentración”, graficó la especialista para dejar en claro la magnitud del problema que existe desde hace décadas.

Etapas y muestreo

El proyecto SPRINT está organizado en 10 grupos de trabajo que generan información respecto a la distribución de plaguicidas en el ambiente, las plantas, los animales y el hombre en los casos de estudio. El programa consta de una serie de etapas que comenzaron a transitarse en 2020 y finalizarán en 2025.

“Inicialmente nos pusimos de acuerdo los investigadores de distintos países en el protocolo a llevar a cabo para realizar el muestreo y las determinaciones analíticas. Después tuvimos una capacitación interna y luego llegó la etapa de muestreo en cada uno de los 11 países que forman parte del proyecto para luego reunir todas las muestras en el laboratorio central”, explicó Aparicio.

“Esperamos tener los resultados para fines de marzo para hacer una entrega en forma personalizada a cada uno de los participantes voluntarios. Una vez cumplido eso vamos a utilizar los datos para, en forma anónima, realizar charlas, seminarios y talleres para sociabilizar la información”, agregó.

Respecto a las muestras tomadas para ser evaluadas, el ingeniero agrónomo Gustavo Giaccio, perteneciente a la Chacra Experimental Integrada Barrow, detalló: “En cada establecimiento participante del programa se tomaron muestras de suelo, agua, sedimentos, granos, pasturas y animales (peces, ganado bovino para leche, ganado bovino para carne, heces de murciélagos, lombrices, entre otras) y, a todas las personas invitadas (productor, vecino y consumidor de alimentos) se les extrajo sangre, se les solicitó una muestra de heces, orina, un hisopado nasal”.

Además portaron una pulsera para evaluar su exposición a plaguicidas durante siete días. El muestreo se realizó durante 12 días, en el periodo de mayores aplicaciones en cada uno de los estudios de caso. Son 72 las personas que se ofrecieron en forma voluntaria a participar.

“Las muestras se realizaron mediante un protocolo  aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y los análisis de muestras se centralizarán en los mismos laboratorios de manera de tener las mismas condiciones analíticas”, agregó Giaccio quien junto al ingeniero Martín Zamora se ocupó del área de influencia de Barrow.

Por estos días se están enviando las muestras a cada laboratorio del consorcio a la espera que se realicen los análisis químicos para hacer la devolución a cada persona voluntaria participante.

Talleres

Próximamente se realizará el primer taller de partes interesadas en cada uno de los países participantes, mientras que a nivel global ya se llevó a cabo una primera experiencia con la participación de personas vinculadas a las empresas productoras de agroquímicos, productores, generadores de políticas públicas y colegios profesionales, entre otros.

“Afortunadamente de Argentina participaron representantes de diferentes áreas en la reunión general y esperamos que muchos más lo hagan en la reunión local que próximamente realizaremos. La información que generemos en SPRINT, manteniendo el anonimato de los participantes, será de público conocimiento y pretende aportar a la construcción de una mejor forma de producir y vivir en los territorios”, indicó Aparicio.

“La idea es ir hacia una producción agropecuaria con menor carga de productos químicos, por lo que los gobiernos, las empresas de insumos, los productores, las cadenas de comercialización de alimentos, los vecinos y consumidores son partes indiscutibles de ese proceso”, aseguró Aparicio.

En tanto, la ingeniera del INTA Balcarce destacó que las estadísticas de visita de la página web del proyecto (https://sprint-h2020.eu/index.php) muestran un gran interés por parte de los actores locales. “Desde el inicio del proyecto hasta mediados de enero, Argentina es el segundo país con más visitas detrás de Holanda. Lo considero como otro indicativo de la necesidad social de resolver este tema”, manifestó.