"Cuando una vaca rinde más en el banco que en el campo, hay algo que está mal", aseguró Nicolás Pino, durante su análisis del presente del sector agropecuario y las dificultades que enfrentan los productores en el actual esquema financiero.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), durante una entrevista con el equipo de Infobae en Vivo, comparó la visibilidad de los conflictos industriales con la situación silenciosa que atraviesa el interior productivo, utilizando como referencia el caso de la fabricante de neumáticos Fate.

Cabe recordar que Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, anunció su cierre definitivo, tras enfrentar varios procesos de reestructuración y conflictos gremiales que pusieron en alerta la cadena de suministros. Para Pino, el impacto mediático de lo ocurrido con la firma industrial contrasta con una realidad que, según su visión, se replica de forma constante pero menos visible en la actividad agropecuaria.

Al abordar la situación de los productores, Pino fue contundente al señalar que, si bien el caso de la fabricante de neumáticos genera un alto impacto en la opinión pública, en el sector rural se viven situaciones de similar gravedad de manera cotidiana. “Hace ruido FATE, pero en el campo hay un montón de FATEs”, afirmó el titular de la SRA, sugiriendo que existen numerosas explotaciones y unidades productivas que enfrentan crisis terminales o procesos de desinversión sin alcanzar la misma relevancia en la agenda nacional.

El dirigente explicó en la entrevista con Infobae que el sector agropecuario está compuesto por unos 250.000 productores distribuidos en todo el territorio, cuyas decisiones se ven directamente afectadas por las señales económicas. En ese sentido, advirtió sobre la distorsión que genera la prevalencia de la rentabilidad financiera por sobre la productiva. Al respecto, sentenció que cuando los números muestran que “una vaca rinde más en el banco que en el campo, hay algo que está mal”.

Cosecha y  retenciones

A pesar de los desafíos, el presidente de la Rural manifestó una mirada optimista respecto al ciclo productivo 2026. Según su análisis, se percibe un clima de expectativas favorables, algo que ejemplificó con la alta demanda de financiamiento observada en eventos sectoriales como Expoagro, donde se registraron extensas filas de productores buscando acceder a créditos del Banco Nación.

Sin embargo, aclaró que la transición no será sencilla debido a que el sector viene de balances productivos muy ajustados. En este punto, Pino trazó una diferencia fundamental entre producir con y sin inflación elevada. Según explicó, en un contexto inflacionario los errores de gestión solían “limpiarse” o licuarse en un plazo de 90 días, mientras que en el escenario actual de estabilización esos errores permanecen y afectan directamente la viabilidad del negocio.

Respecto al impacto de las políticas impositivas, Pino se refirió a la medida de retenciones cero aplicada durante un breve lapso en 2025. Indicó que dicha disposición “no tendrá un efecto significativo en la cosecha 2025/2026, dado que en aquel momento la mayor parte de la soja utilizada provenía de acopios exportadores que no habían sido declarados previamente”. No obstante, pronosticó que, pese a la necesidad de recomponer stocks, Argentina tendrá una buena cosecha gruesa.

“El aumento reciente en el precio de la hacienda surge de la convergencia de factores climáticos, productivos, logísticos y biológicos que se manifiestan en un momento de transición profunda para la ganadería argentina. No es un episodio coyuntural, sino la normalización de un mercado que durante cuatro años mantuvo precios rezagados frente a la inflación”, indica entre sus conclusiones el trabajo realizado en conjunto entre el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales y la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El trabajo analiza las causas y consecuencias de los cambios que enfrenta la ganadería en un contexto favorable para la actividad y brinda diez claves para entender por qué sube el precio de la carne.

“Una fuente importante de confusión es que el IPC ya no refleja los patrones reales de consumo de proteínas. La dieta argentina se transformó: el pollo y el cerdo avanzaron con fuerza y la carne vacuna redujo su participación. Como el índice sigue midiendo hábitos que ya no representan a la mayoría de los hogares, amplifica la percepción de aumento”, analiza el trabajo.

“Junto a esto, se suman restricciones físicas derivadas de las lluvias intensas y la precariedad de los caminos rurales. El menor ingreso de camiones al Mercado Agroganadero de Cañuelas durante las semanas de mayores precipitaciones evidencia cómo la intransitabilidad reduce la oferta disponible en los remates”, agrega el informe.

Pasado imperfecto

El factor estructural más determinante proviene del pasado reciente. Entre 2019 y 2023, las malas políticas -intervenciones en precios, restricciones a las exportaciones, cupos y señales contradictorias- desincentivaron la inversión y deterioraron la previsibilidad del sector, apunta la SRA.

Las decisiones productivas tomadas en ese contexto adverso explican también en gran medida los resultados actuales de producción: menos retención de vientres, menor tasa de inversión y menor capacidad de crecimiento del rodeo, indica.

A esto se sumó el impacto de la sequía, que redujo en cerca de 700.000 terneros por año los nacimientos tanto en 2023 como en 2024. “Dos ciclos consecutivos con menos terneros generaron una base productiva más baja que hoy limita la disponibilidad de animales terminados”, explica.

En contraste, la demanda interna se fortaleció con la mejora del salario real, y el mercado internacional exhibió precios más altos y mejor integración de la res. A nivel regional, tanto Brasil como Uruguay enfrentan restricciones de oferta, lo que sostiene los valores en toda la región.

Previsibilidad

El cambio político de 2023 generó un nuevo clima de negocios: la eliminación de cupos y regulaciones devolvió previsibilidad y reactivó las expectativas de inversión. La SRA, en tanto, destacó que “sin embargo, la ganadería responde con tiempos biológicos que no pueden acelerarse. Entre la decisión de invertir y la disponibilidad de carne transcurren entre 24 y 36 meses; la recomposición plena del stock llevará entre dos y cuatro años”.

“En síntesis, la suba del precio de la hacienda forma parte de una transición estructural del negocio ganadero argentino, producto de la menor oferta heredada, las dificultades climáticas y logísticas, la recuperación del consumo, los precios internacionales firmes y un nuevo marco regulatorio”, afirma.

“Los valores actuales deben entenderse como la señal de inicio de un nuevo ciclo productivo cuyo impacto se atenuará a medida que la recomposición del rodeo se traduzca en mayor producción”, asegura en el cierre.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Angus anunciaron la puesta en marcha de un acuerdo marco de colaboración conjunta destinado a facilitar la gestión y registración de los reproductores de la raza Angus.

Este acuerdo estratégico tiene como objetivo principal coordinar acciones para la adecuación, compatibilización e interoperabilidad de los sistemas de gestión de ambas entidades. De esta manera, el Sistema Integrado de Gestión Angus (SIGA) -la plataforma desarrollada por Angus para sus socios- podrá interactuar de manera directa y eficiente con los registros genealógicos de la SRA, permitiendo la emisión ágil y segura del Herd Book Argentino (HBA).

Avance

Ambas instituciones, con una larga historia de colaboración y una agenda común orientada a la modernización, trazabilidad y transparencia de los procesos ganaderos, coinciden en que este paso representa un avance significativo en la digitalización del sector.

“El SIGA es una herramienta moderna que les permite a nuestros socios gestionar de forma integral sus rodeos. Este convenio con la SRA nos permite dar un paso más: integrar la información de los criadores directamente con el Herd Book, simplificando procesos y reduciendo tiempos. Es una muestra clara de lo que se puede lograr cuando las instituciones trabajan juntas por un objetivo común”, destacó Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró que “la interoperabilidad entre los sistemas de ambas entidades representa un salto de calidad en el servicio que se brinda a los productores. Es un acuerdo que refuerza el valor de la colaboración institucional y la búsqueda constante de eficiencia, transparencia y modernización en beneficio de toda la ganadería argentina”.

El SIGA permite actualmente a los productores gestionar integralmente sus rodeos, incluyendo el manejo de muestras para genómica, la carga de datos fenotípicos para DEPs, la gestión de servicios reproductivos y el registro de nacimientos tanto de Pedigree como Puro Controlado.

Trazabilidad

Con la nueva integración, Angus administrará la información de los reproductores a través del SIGA, mientras que la SRA recibirá esos datos de forma automatizada para completar la registración y emitir el HBA correspondiente. Esta conectividad entre sistemas reducirá significativamente los tiempos de intercambio de información y ofrecerá una mayor confiabilidad y trazabilidad a los criadores de Angus.

El convenio contempla además el desarrollo de acciones complementarias de asistencia técnica, intercambio de conocimientos y capacitación, fortaleciendo la cooperación entre ambas entidades.

De esta manera, la SRA y Angus renuevan su compromiso histórico de trabajo conjunto, impulsando soluciones que contribuyan al fortalecimiento del sector ganadero argentino, con una mirada innovadora y enfocada en el productor.

Entidades del campo y del agroindustria manifestaron su apoyo a la SRA tras el violento episodio de ayer y pidieron un rápido esclarecimiento del hecho

Las distintas entidades que representan al sector agropecuario y a la agroindustria manifestaron su apoyo y solidaridad a la Sociedad Rural Argentina tras el atentado registrado en su sede del barrio porteño de Palermo durante la mañana de ayer. Al tiempo que se exigió un rápido esclarecimiento al violento episodio que tenía como destinatario el presidente de la institución, Nicolás Pino.

El hecho se registró en horas de la mañana, cuando arribó un paquete destinado al dirigente que, al ser abierto, contaba con un tipo de explosivo que desplegó humo y afectó un escritorio de las oficinas de la SRA.

“Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias repudiamos enérgicamente lo sucedido en la sede de la Sociedad Rural Argentina. Nos solidarizamos con su presidente, un valioso compañero en nuestra mesa de trabajo, así como también con el personal que trabaja en dicha institución y fue víctima de este ataque”, expresó la Mesa de Enlace en un comunicado.

“Nos encontramos profundamente consternados por esta expresión de violencia que nos recuerda tiempos oscuros del pasado. Rechazamos, junto a las demás entidades del campo, cualquier forma de intimidación. Reafirmamos nuestro compromiso con el camino de la libertad y la paz social para todos los argentinos, basado en el trabajo y el esfuerzo, no en actos de violencia como este”, completó el escrito firmado por las cuatro entidades que conforman la Mesa, la propia Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Que a su vez habían expresado su repudió previamente con comunicados por separado.

En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) afirmó que “repudia el acto de violencia y amedrentamiento sufrido por la Sociedad Rural Argentina en la mañana de hoy” y expresó su solidaridad con todos sus socios, dirigentes y equipo.

La Sociedad Rural de Tres Arroyos fue otra de las entidades que condenó lo sucedido en la sede de la SRA. “Repudiamos enérgicamente el atentado sufrido en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina. Nuestra solidaridad con quienes sufrieron este ataque. Queremos una Argentina en paz en la que se respeten todas las opiniones”, indicó la entidad tresarroyense.

Por otro lado, se expresaron también las cadenas de la soja (Acsoja), el maíz (Maizar), el trigo (Argentrigo) y el girasol (Asagir), que manifestaron su total “solidaridad y repudio al ataque a las autoridades de la SRA”.

“Los argentinos de bien creíamos que este tipo de episodios cobardes habían quedado en el olvido. Esperamos que la Justicia encuentre a los responsables y nuestro país pueda erradicar, de una vez por todas y para siempre, a estos delincuentes que ponen en riesgo a las instituciones de nuestro país y a las personas que trabajan en ellas intentando construir un país mejor para todos los argentinos”, señalaron.

Otro repudio surgió desde la Asociación Argentina de Angus (AAA). “Nos solidarizamos con la Sociedad Rural Argentina, su presidente Nicolás Pino, su vicepresidente Marcos Pereda, y toda la Comisión Directiva y el staff por el horrible atentado sufrido esta mañana, y rechazamos categóricamente la violencia como método en cualquier circunstancia que sea”, mencionó.

La investigación

La Justicia ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso y saber quién envió el paquete. Según las imágenes a las que accedió Infobae, la entrega se programó dos días antes y fue enviada a una empresa de logística que distribuye los pedidos.

Esa compañía puso a disposición del juez Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, todos los datos que tienen sobre el envío. En la etiqueta de la encomienda la única información que se puede apreciar sobre el remitente es la inicial de su nombre: “M”. El resto quedó destruido por el estallido.

El paquete tenía 13 centímetros de ancho, 9 de alto y 17 de largo, y pesaba medio kilo. También contaba con el número de seguimiento de 15 dígitos.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae, el paquete llegó a una dirección en el barrio porteño de Barracas durante este miércoles, precisamente a las 13.28.

Ya durante el jueves, a la 1.51, el pedido inició su trayecto hasta un centro de operaciones de la empresa. A las 8.32 viajó hasta otra sucursal que estaría a cargo de realizar la entrega y que está ubicada sobre la avenida Scalabrini Ortiz, en Palermo.

Para las 10.28 llegó a la oficina de la Sociedad Rural, junto con una segunda entrega para el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda. Esa encomienda solo contenía un decodificador que ordenó el dirigente agropecuario, pero de todas formas la Policía de la Ciudad la detonó de forma controlada como parte del protocolo.

Una vez que quedó decretada la imposibilidad del tratamiento del presupuesto nacional para 2022 por parte del Congreso, la Sociedad Rural Argentina entendió que a partir del 1º de enero el Gobierno no podía seguir cobrando retenciones porque pasaban a ser inconstitucionales por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia. Como su postura no tuvo eco, la entidad decidió iniciar el reclamo por la vía legal y realizó una presentación judicial junto a la Sociedad Rural de Jesús María.

Días pasados  el juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió admitir la acción colectiva presentada por la SRA en contra de las retenciones. La decisión del magistrado indica que consideró que en el caso “se configura el supuesto de afectación a derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos”. Delimita la clase afectada “a todos los productores agropecuarios del país” y ordena la inscripción del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos.

El juez además libró un oficio al Poder Ejecutivo nacional y a la AFIP a fin de que en el plazo de 30 días realice informe “circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante”.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural, que en su momento consultó al abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni quien fue uno de los primeros en plantear la situación, insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.

Comunicación

“El Juzgado Federal de Córdoba resolvió reconocer a la Sociedad Rural Argentina como una entidad con solvencia institucional y capacidad técnica y económica suficiente para ser designada como representante de todos los productores rurales argentinos en el proceso colectivo en el que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del cobro de derechos de exportación”, indica el comunicado que la SRA le hizo llegar a sus socios explicando el avance que había tenía el reclamo en esta primera instancia.

“Una vez sustanciada la causa, el juzgado deberá resolver y la sentencia que dicte podrá beneficiar a la totalidad de los productores del país, ya que, de resultar favorable, implicará que la AFIP no pueda exigir el pago de derechos de exportación tal como lo viene haciendo hasta ahora y hasta tanto no se discuta y apruebe en el Congreso un nuevo régimen impositivo”, agrega el escrito.

No hay dudas, la pelea por la presunta inconstitucionalidad sigue firme.

Confederación de Rurales Argentinas informó a través de un comunicado su desvinculación del Consejo Agroindustrial Argentino por entender que algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos 18 meses lo hizo luego de tratarlas con representantes del CAA.

A continuación, el comunicado completo

La idea de generar un gran acuerdo entre sectores productivos primarios y la industria, ha sido históricamente mirada con generosidad e interés por nuestra entidad. Por ello apreciamos como una idea feliz, aquella que derivó en el llamado Consejo Agroindustrial Argentino, que tuviese una muy publicitada presentación ante el Gobierno Nacional y los distintos actores políticos.

Un proyecto de largo plazo, seguridad fiscal, una mirada productivista, incentivos a mayor producción y eliminación de distorsiones comerciales y fiscales, han formado parte de nuestra propuesta permanente. Por ello nos integramos al CAA, sosteniendo que en ningún caso cederíamos representación gremial y que se debería respetar la importancia y la equidad de todos los sectores de la cadena.

Desde mediados del año pasado, CRA ha acompañado el desarrollo del CAA, coincidiendo y aportando para crear un marco de estabilidad fiscal y financiera sectorial hasta el 2030, con “herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros” e intentando consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agroalimentario.

En el transcurrir hemos remarcado los desequilibrios internos entre los actores de las cadenas con una exigua participación de los productores, lo cual impedía la necesaria creación de confianza.

Habiendo analizado los hechos transcurridos y las medidas anunciadas en los últimos 18 meses por parte del Gobierno, algunas de ellas siendo tratadas previamente con representantes del CAA, entendemos que los perjuicios que recayeron sobre los productores representados legítimamente por nuestra entidad ameritan que nos desvinculemos de dicho Consejo.

Más aun, cuando regirán restricciones a las exportaciones de cortes de carne vacuna hasta 2023, a contramano de los propósitos de la creación del CAA.

Huelga decir que el proyecto primigenio del CAA sostenía el propósito central de elevar exponencialmente las exportaciones y con ello la creación de puestos de trabajo, ambas ideas desnaturalizadas de cuajo, por el cierre de exportaciones, cupos, etc.

Las pocas medidas tomadas en relación al CAA, han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria.

Frente a la realidad, las bases confederadas venían solicitando hace meses el alejamiento, para evitar avalar con nuestra participación medidas a nivel de gobierno que solo sirven para otorgar prebendas y privilegios a otros intereses sectoriales, y que perjudican a los productores.

Poco se trabajó para poder tener institucionalidad en los mercados granarios en cuanto la formación de los precios. El precio justo que deviene de los mercados internacionales no es recibido por los productores agropecuarios por las grandes distorsiones locales, las cuales muchas cámaras que integran el CAA avalan.

El histórico lema de nuestro Movimiento Rural Confederado “Justicia económica para el productor rural”, fue por un momento soslayado por intereses ajenos al productor.

Por todo ello, el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas ha decidido desvincularse del Consejo Agroindustrial Argentino y retirar a sus técnicos y representantes en las mesas de trabajo.

Siempre estaremos dispuestos a ideas nuevas para un país distinto, pero no para consolidar viejas prácticas comerciales en detrimento de nuestros productores.

La Sociedad Rural Argentina también

La SRA decidió seguir los pasos de CRA y se desvincula del Consejo Agroindustrial Argentino, anunciaron desde la entidad que lidera Nicolás Pino.

“En el marco de no haber podido encontrar los consensos necesarios dentro de este espacio, la Sociedad Rural Argentina ha decidido retirarse de dicha iniciativa. Desde la entidad vamos a seguir bregando por reglas claras y de largo plazo con el objetivo de darle sostenibilidad a la producción agropecuaria”, indicó la entidad en un breve comunicado.

“Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores”, declaró Pino.

El Instituto de Estudios Económicos, de la Sociedad Rural Argentina, analizó las distintas variables que influyeron desde que el gobierno nacional puso en marcha el pasado 15 de abril una serie de medidas y resoluciones para intervenir en el mercado. Y el análisis arrojó que en 135 días de estas políticas, la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por 1.084 millones de dólares, cifra que representa más de 8 millones por día de intervención.

Al respecto el presidente de la SRA, Nicolás Pino, afirmó: “Perdimos los productores, los trabajadores, los empresarios frigoríficos, los consignatarios, los proveedores de insumos y servicios, entre otros eslabones de la cadena. No se entiende por qué mantener cuotificada la exportación si nos empobrece a todos”.

Por actividad

Dentro de los eslabones de la cadena, los productores asumieron el monto más grande con 411 millones de dólares, mientras que en los frigoríficos las pérdidas alcanzaron los 165 millones, los operarios tuvieron una merma en sus remuneraciones de 59 millones.

Por esta caída del efecto multiplicador de la actividad primaria se perdieron 209 millones y finalmente 240 millones exportaciones no realizadas (todos estos montos están expresados en dólares).

Respecto de la caída de la actividad ganadera entre abril y agosto de 2021, los 411 millones se desagregan en el menor valor real de la hacienda vendida durante el periodo; por el mantenimiento de los animales en stock se sumaron mayores costos de alimentación, sanidad y cuidado; el costo financiero y las pérdidas por menor calidad y mortandad.

Por su parte, las industrias frigoríficas perdieron ingresos por causa de la mala integración de la media res generada por la prohibición de exportaciones de los 7 cortes y el acuerdo de cantidades y precios llevado adelante entre la industria y el Gobierno.

Se debe destacar, además, que el trabajo de la SRA sólo midió el impacto que tuvo en el sector privado y no el efecto fiscal que podrían haber generado esos dólares en impuestos municipales, provinciales y nacionales