El intendente de Tres Arroyos cruzó al Ministro nacional tras una acusación falsa en redes sociales. Ratificó su apoyo a los vuelos comerciales y criticó la falta de conocimiento federal de la clase política

Por Enrique Mendiberri

El intendente Pablo Garate salió al cruce de un posteo en la red social X del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, quien basado en el contenido de un título inexacto del diario La Nación, lo acusaba de ser el responsable de la suspensión de la implementación de los vuelos comerciales a CABA, a raíz de la implementación de tasas aeroportuarias. 

El posteo de Sturzenegger fue a las 9 y, tres horas más tarde, el primer comentario que tuvo fue del propio intendente Pablo Garate, quien, según él mismo informó, después de aclarar con la periodista de La Nacion el contenido publicado en el título de la nota (“Buscan cobrar una tasa a vuelos hacia Buenos Aires que aún no operan” –después fue levantada, pero el Ministro no borró el posteo), lamentó que no haya sido el funcionario nacional quien se encargue de chequear la información antes de salir a atacarlo haciéndolo responsable de la suspensión del arribo del servicio. Cuando, tal como se informó en nuestra edición de la víspera, la aprobación no se dio porque el Concejo no dio quórum para su tratamiento, fundamentándose en el poco tiempo disponible para estudiar el proyecto; aspecto que también desmitió Garate en diálogo con este diario.

“Esto marca la debilidad de la política en términos de que leíste un título en un medio y, a partir de eso, reprodujiste eso como si fuera la realidad. Lo cual, es una cuestión mucho más profunda, porque muestra cómo está la clase política y como están algunos que tienen responsabilidades, mirando solo cuestiones mediáticas que son o no verdad. Por eso yo digo, no conocen el interior, no conocen lo que nos pasa, porque no costaba nada preguntarles a sus concejales cuál era la realidad de lo que había pasado. Después, cada uno tiene sus fundamentos, porque yo contesté una noticia que era absolutamente falsa”, dijo, antes de reafirmar su apoyo incondicional a la radicación de los vuelos comerciales a CABA, “además no conocen el funcionamiento de las cosas en el interior. Para Tres Arroyos, tener un aeropuerto que permita vuelos hasta Buenos Aires, es muy importante en términos productivos turísticos y de desarrollo en general, como también lo es el transporte urbano e interurbano. Son cuestiones estratégicas que Tres Arroyos debe tener”.

Según aclara Garate, la única tasa vinculada al funcionamiento del aeródromo municipal fue dictada con el consenso del Concejo Deliberante y con el objetivo de remodelar al espacio público, “cuando llegamos al Municipio, el aeropuerto estaba en condiciones deplorables. No tenía gas, la infraestructura se había venido abajo. La pista la tuvimos que recuperar con los clubes. La realidad es que acá hay una tasa que tiene una retribución exacta. Hoy la pista tiene muchas cuestiones, entre ellas, seguridad. Hoy hay cámaras que nos permiten saber quién vuela y quién llega a Tres Arroyos vía aérea. Antes podía aterrizar cualquier cosa y no nos enteràbamos de nada”, describió y continuó haciendo referencia al espíritu de su crítica, la desidia de los funcionario políticos nacionales a la hora de hablar del interior, “mejoramos la pista, de hecho, el ANAC (Administración Nacional para la Aviación Civil), un organismo nacional, nos felicitó por la velocidad y cómo recuperamos la pista en el trabajo que hicimos los trabajadores municipales y los clubes que colaboraron apoyándonos. Por eso, creo que es un debate profundo. No conocen el interior. La política en general, los Gobiernos en general ven sólo lo que pasa en Capital y en el Conurbano bonaerense”.

En la visión del intendente tresarroyense sobre el polémico episodio, Sturzenegger fue víctima de una fake news (publicación falsa o equivocada) y se dejó llevar, “yo creo que se comió la fake, y no conoce la realidad de lo que nos pasa. Yo tengo relaciones con algunos funcionarios nacionales y, cada vez que se nos ha convocado, yo he hablado porque creo que la Argentina sale a partir de que nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Estoy en desacuerdo con casi todas las cosas (que propone Sturzenegger), pero entiendo que acá se comió la fake y es una lástima, porque había otros mecanismos”, agregó antes de subrayar un aspecto que evidentemente lo golpea, “y la fake tiene que ver con descalificar al otro. Con decir ‘este tipo crea tasas’ y yo te digo que Tres Arroyos no tienen ninguna tasa que no tenga contraprestación de servicios. Aumentamos las tasas en un 27%, o sea, en un rango menor a la inflación de este año. Digan lo que digan, van a ser màs bajas que la inflación de este año. Quiere decir que no nos pueden acusar de que aumentamos las tasas desmedidamente ni de que no somos austeros. No nos pueden acusar de nada de eso, porque nosotros hacemos las cosas de manera prolija, ordenada y transparente. Pero a que su ideología lo nubla de ver la realidad (por Sturzenegger), es un problema de él, no mío”.

Al ser consultado sobre la decisión de la oposición legislativa acerca de no dar quórum y evitar el tratamiento del convenio que permitía la implementación del servicio de vuelos comerciales, Garate no duda en afirmar que se trata de una política de “obstaculizar”.

“A mí me parece que, lamentablemente, la oposición se equivocó. No tenía que poner palos en la rueda en algo que era muy simple. Hubo concejales de la oposición que participaron de la presentación  del proyecto en la Cámara Econòmica y estuvieron de acuerdo. Se sacaron todas las dudas, preguntas con la propia empresa, con lo cual también es contradictorio. Personalmente, pensé que lo de los palos en la rueda se había terminado en el primer semestre del año pasado y veo que no es así”, dijo antes de desmentir que el proyecto fue enviado muy sobre la hora de su votación, “no es verdad que el proyecto entró a último momento. El proyecto entró 24 horas antes de la sesión. Entró en ese momento porque fue cuando la empresa mandó la firma certificada del contrato que nos unía. Yo creo que hay una modalidad de obstruir, de no ayudar. Porque, en definitiva, el convenio eran tres hojas. Nada más. De lo que se trataba era de la eximición de tasas. Yo siento que, lejos de facilitar, no está facilitando algo que era muy simple”.

Al mismo tiempo, antes de terminar, hizo alusión a los aspectos de su gestión que lo ubican cerca del sector privado, “yo siento que el gobierno Municipal tiene que incentivar la inversión privada que nos permita crecer. Hoy inauguré tres cuadras de pavimento en Orense con la Cooperativa Agraria. Hace una semana atrás hicimos pavimento en Cascallares con la Cooperativa de Cascallares. Yo veo permanente la iniciativa privada como una socia estratégica del crecimiento de Tres Arroyos. Olvídense de las cuestiones ideológicas. Yo no miro ideologías, yo soy el intendente de Tres Arroyos y quiero que Tres Arroyos sea una ciudad grande y el transporte público en general es un desafío enorme”, concluyó.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de desregular el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y advirtió que la medida pone en riesgo uno de los principales logros sanitarios de la ganadería bovina argentina.

La crítica surge luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableciera mediante la Resolución 201/26 que, a partir del 1 de enero de 2027, se modificará el sistema de entes vacunatorios incorporando en paralelo veterinarios independientes, que no tendrían vínculo con el ente local. Este sistema se aplicaría, según la resolución, para la vacuna obligatoria contra la aftosa y la brucelosis bovina.

En la actualidad, la vacunación obligatoria la realiza el productor junto con el ente sanitario regional -fundaciones integradas por productores- que organizan las campañas, fiscalizan el proceso y garantizan la cobertura territorial.

Javier Rodríguez advirtió que este sistema fue central para que la Argentina lograra erradicar la enfermedad tras el brote registrado a comienzos de siglo, y destacó que además permitió consolidar un esquema sanitario sólido y confiable. "El sistema actual permitió ampliar la seguridad del sector. Hoy nadie duda de su solidez. En definitiva, no hay problemas sanitarios. Los problemas que surgieron con algunos entes tenían que ver con una puja económica, que debería haberse resuelto puntualmente en lugar de cambiar todo el sistema", sostuvo.

"El sistema de Fundaciones y Entes Sanitarios fue clave para que la Argentina lograra erradicar la fiebre aftosa. Fue una estrategia basada en la organización de los propios productores junto con el Senasa y en campañas sanitarias coordinadas en todo el territorio", explicó.

En ese sentido, recordó que el esquema nació a partir de una propuesta de los productores que debían asumir la responsabilidad de vacunar su propio ganado, lo que dio lugar a una red de aproximadamente 300 entes sanitarios en todo el país.

"Esas fundaciones funcionan como una verdadera red de capital social dentro de la ganadería. Permiten organizar campañas sanitarias, articular a productores de distintas escalas y sostener una estrategia sanitaria que le devolvió a la Argentina el estatus de país libre de aftosa", señaló.

Falta de garantías

El ministro advirtió además que la modificación impulsada por el Gobierno nacional desestabiliza principios clave del sistema actual. "Se rompe el criterio de solidaridad que garantiza una cobertura universal. Lo que va a pasar es que los profesionales independientes van a buscar a los productores o propietarios de grandes cantidades de animales, porque resulta más simple y conveniente vacunar a esos rodeos, mientras que en producciones de pocos animales la vacunación resulta menos conveniente para quienes presten el servicio. El ente sanitario hoy garantiza que se vaya a todos, el profesional independiente no lo hará, ni está obligado", explicó.

Javier Rodríguez también puso el foco en las dificultades que podría generar el nuevo esquema en términos de control sanitario. "El hecho de que los profesionales sean independientes de los entes vacunatorios hace más complejo el control y seguimiento de la vacunación, porque la información sobre qué productores vacunaron en un determinado distrito estará disgregada", advirtió.

Difícil control

Además, señaló que uno de los aspectos menos discutidos de la normativa afecta directamente la lógica de las campañas sanitarias. "El artículo 4 de la resolución, del que no se está hablando, rompe con el criterio de campaña de vacunación. Esto desestabiliza el funcionamiento actual: el control resulta casi imposible sin establecer lapsos temporales claros, como lo hace el esquema vigente", remarcó.

"Lo que está en juego no es solo quién aplica la vacuna, sino un modelo de articulación pública-privada que durante décadas sostuvo la sanidad ganadera argentina", afirmó.

Rodríguez fue aún más contundente al referirse al impacto sanitario que podría tener el cambio impulsado por el Gobierno nacional. "Sturzenegger está actuando con anteojeras ideológicas y de manera irresponsable, un tema donde lo que hay que priorizar es la seguridad en materia sanitaria", advirtió, teniendo en cuenta que el surgimiento de un brote de aftosa en 2001 afectó tremendamente a la ganadería bovina, al provocar la pérdida del estatus sanitario nacional.

"Durante más de 20 años se dio un sistema que funciona: eso lo muestra la cobertura vacunal y la seguridad que el propio sistema aporta. No fue casualidad: fue el resultado de coordinación, responsabilidad colectiva y compromiso del sector productivo. Desarmarlo en nombre de la desregulación es un riesgo enorme para la ganadería argentina", concluyó.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó como “héroes de la producción” a los argentinos que vacacionan y consumen fuera del país, en un mensaje que agitó la discusión sobre el papel del turismo internacional y el uso de divisas. Desde la Provincia no dudaron en cruzarlo con dureza.

En pleno receso de verano y tras las críticas que ha generado entre economistas la apreciación cambiaria y sus consecuencias con la salida de dólares, Sturzenegger argumentó que el turismo internacional no genera una “fuga” de dólares, sino que incentiva la competitividad de los sectores productivos al requerir divisas que solo los exportadores pueden generar.

En ese sentido, apoyó su postura en comparaciones internacionales sobre el comercio exterior, al asegurar: “El gráfico que adjunto muestra las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI). Lo que muestra es que los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”.

El funcionario explicó que cada importación demanda una exportación equivalente, ya que las divisas necesarias para afrontar los consumos fuera del país surgen de la actividad exportadora. “Porque la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”, sostuvo. Según Sturzenegger, al aumentar los consumos fuera del país, crece la necesidad de divisas y se mantiene la competitividad del sector exportador, en particular del agro, la industria y los servicios.

Quien salió al cruce en representación del Gobierno bonaerense fue el ministro de Producción, Augusto Costa, quien marcó que la competitividad no se construye con la quema de reservas sino con políticas activas de desarrollo. “Lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte”, afirmó, al tiempo que acusó al Gobierno nacional de estar desmantelando justamente esos pilares.

El ministro también apuntó contra la mirada despectiva sobre la industria nacional implícita en el discurso de Sturzenegger. “Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es ‘hacer eso en lo que sos malo’ resume perfectamente tu modelo de país”, disparó, y vinculó esa receta económica con experiencias previas que, según recordó, ya fracasaron.

“Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei”, escribió Costa, al advertir que el resultado siempre fue el mismo: “menos industria, economías regionales en crisis, un turismo nacional golpeado y un país más endeudado”.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional eliminó decisiones burocráticas que restringían la oferta de bienes y servicios.

Con el objetivo de seguir adelante con su política de libre competencia y eliminar decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios, el Gobierno dio otro paso para desregular el servicio de correos y operadores postales.

A través de la Resolución 935/25 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), se reglamentó la desregulación del Servicio Postal que comenzó el Decreto 1005/2024 de noviembre del año pasado, que apuntó a fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio.

“Establézcase que los interesados en desarrollar actividades del mercado postal deberán solicitar su inscripción al Registro administrado por este Enacom, a través de la plataforma electrónica de Trámites a Distancia (TAD) brindando la información requerida, en carácter de declaración jurada, respecto a la actividad postal a desarrollar, conforme el formulario digital que se habilite en la citada plataforma”, indica el artículo 1.

En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que justamente una parte clave de la desregulación era eliminar la necesidad de habilitación. “La resolución deja en claro que no existe más un proceso de habilitación y solo basta con que cualquier persona jurídica informe que va a desempeñar la actividad de correo. Ya no se exige documentación sobre instalaciones, vehículos y personal; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre y la inscripción gratuita”, aclaró.

De acuerdo al ministro, las personas humanas ahora también pueden hacer mensajería urbana (antes se exigía la registración de un vehículo). “Con estos cambios el servicio de última milla queda libre a la actividad privada, ya que genera una oportunidad de ingresos para muchas personas y amplía la gama de proveedores a servicios de transporte o reparto de diarios, por ejemplo”, añadió el funcionario.

Cabe recordar que ya con el decreto 1005, el Correo Argentino había perdido la exclusividad en servicios específicos como el envío de cartas documento, telegramas y encomiendas de hasta 50 kilogramos, permitiendo la libre competencia en estas áreas. Ahora, Sturzenegger destacó que “se habilitan los telegramas y carta documentos digitales con validación de identidad remota con un esquema bastante libre para la validación con lo cual debería ser un negocio donde deberíamos ver bastante innovación”. (DIB)

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que en las próximas elecciones legislativas se pondrá en juego el modelo del presidente Javier Milei o el del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Lo dijo en comparación con la baja de impuesto que promueve el oficialismo desde el Estado nacional y en contraposición a Kicillof: “Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones y en las elecciones legislativas son esos dos modelos“.

“Queremos devolverle recursos y capacidad de gasto al sector privado o seguimos pensando que la mejor manera es hacerlo a través del Estado”, añadió Sturzenegger, encargado de conducir una cartera apuntada a desregular la economía y la burocracia estatal. 

Además, agregó que Milei pretende “sacar al Estado para devolverle capacidad de gasto al sector privado”.

“Nos preguntamos quiénes fueron los beneficiarios de ese 8%… ¿Quién lo está gastando? ¿Cómo se produjo ese aumento del 8% del gasto privado en 2024?. Bajamos el gasto para bajar impuestos. Kicillof quiere subir el gasto, va a tener que subir impuestos“, remató. 

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 695/2024, a través del que reglamentó más puntos de la Ley Bases. El capítulo IV del anexo introduce cambios significativos en el empleo público, entre los que se encuentran: la implementación de una evaluación obligatoria para el ingreso y promoción en la Administración Pública Nacional (APN), nuevos procesos de selección, regulación de contrataciones temporales, y modificaciones en las sanciones disciplinarias, entre otras.

Según indicó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su cuenta de X el decreto tiene como objetivo “implementar un mecanismo anti-ñoquis” en el empleo público. “Se modifica la Ley de Empleo Público Nº 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado”, sostuvo.

Como explica esta nota, el Gobierno nacional redujo en 28.138 la cantidad de empleados públicos entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024, según datos del INDEC. La APN fue la más afectada, con 18.540 empleados menos, seguida por las empresas y sociedades del Estado, con una reducción de 9.598 trabajadores.

A continuación los cinco puntos:

El nuevo decreto establece una “Evaluación general de conocimientos y competencias” como requisito previo y obligatorio para el ingreso a la Administración Pública Nacional. Esta evaluación será diseñada y reglamentada por la autoridad de aplicación y será anónima.

Según Sturzenegger, “el examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora” y “solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte”.

El objetivo, de acuerdo con el ministro, es que no se repita “la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de ‘minar’ al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana”.

La autoridad de aplicación determinará el puntaje mínimo requerido para la aprobación del examen y la cantidad de intentos que se podrá rendir. Esta evaluación se aplicará tanto para el ingreso como para la promoción en la carrera administrativa y la asignación de funciones de jefatura.

Sin embargo, ya existían exámenes de ingreso en varios organismos del Estado. Juan M. Graña, doctor en Economía, investigador independiente de Conicet, explicó a Chequeado: “El acceso a los puestos de planta permanente ya está regido por examen de ingreso”.

“En el Estado nacional tenés el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública), que forma a los trabajadores de planta permanente, que todos los años tienen una evaluación por sus superiores, y deben completar horas de formación para poder promocionar”, indicó el especialista.

Además, Demián García Orfanó, economista y delegado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) en el Ministerio de Economía de la Nación, explicó a Chequeado: “El régimen de empleo público ya incluía un proceso riguroso de selección. En el régimen de concursos no había forma de hacer excepciones a ningún requisito: titulación, experiencia laboral o docente, producción académica, diplomados, maestrías, etc”.

Y agregó: “El decreto agrega un examen adicional para contratos artículo 9, sin aclarar si cada vez que te renuevan el contrato te lo vuelven a tomar”.

Los contratos “por artículo 9” del Decreto 1421/2022, que es el que modifica este nuevo decreto, son los conocidos como planta transitoria.

“El régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.

Aunque en las modificaciones publicadas en anexo 1 del decreto no se habla específicamente de “paro” ni de “huelga”, sí se indica que en caso de “dos inasistencias consecutivas sin justificación, el titular de la unidad de recursos humanos deberá intimar al agente”; es decir, al empleado público, para que retome sus tareas y “justifique sus inasistencias”.

En caso de no hacerlo y “existiendo inasistencias injustificadas que excedan los tres (3) días continuos, quedará configurada la causal de abandono de servicio aplicándose la sanción de cesantía”.

Sólo por incumplimiento del horario, se establecen las siguientes medidas: “hasta 3 incumplimientos en 12 meses: un apercibimiento” y “4 o más incumplimientos en 12 meses: entre 2 y 30 días de suspensión, según determine la autoridad”.

Respecto a las inasistencias injustificadas, el decreto establece que por una inasistencia en 12 meses puede corresponder el apercibimiento, y por 2 o más inasistencias en 12 meses, entre 2 y 30 días de suspensión.

“Estas sanciones se aplican de forma acumulativa por cada transgresión y son independientes de los descuentos de haberes correspondientes. Además, si un empleado incurre en más de 3 inasistencias injustificadas continuas, se configura la causal de abandono de servicio, lo que puede resultar en cesantía”, indica el decreto. Esto significa que además del descuento por la falta, se suman sanciones disciplinarias.

El decreto modifica los plazos y procedimientos para la intimación a jubilarse. La unidad de recursos humanos de la jurisdicción u organismo donde trabaja la persona deberá efectuar la intimación para iniciar el trámite jubilatorio.

“El agente intimado tendrá un plazo de 60 días corridos para acreditar el inicio del trámite”, indica el decreto. Si no lo hace, será dado de baja, “salvo que demuestre que la demora no le es imputable, en cuyo caso se otorgará una prórroga por el mismo plazo”.

Una vez acreditado el inicio del trámite, la persona podrá continuar trabajando por un máximo de 180 días corridos (6 meses) o hasta que le llegue la jubilación. Esto reduce a la mitad el tiempo que se disponía antes, que era de un año.

El decreto regula el régimen de contrataciones por tiempo determinado y designaciones en plantas transitorias. Indica que estas contrataciones estarán destinadas exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional.

Las actividades transitorias incluyen servicios, asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo de programas de trabajo y proyectos especiales, o para atender incrementos no permanentes de tareas.

Para las actividades estacionales, se permite la incorporación de personal a una planta transitoria con designación a término, cuyas características serán reguladas por la autoridad de aplicación.

Además, se establece que el personal contratado y el incorporado a plantas transitorias carecen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la designación cancelada en cualquier momento.

Según Sturzenegger, estos cambios buscan “profesionalizar el empleo público y hacerlo más eficiente”. El ministro también destacó que “se establece un registro unificado de personal que permitirá tener información certera sobre la planta de empleados públicos”.

El decreto introduce también modificaciones en el régimen de disponibilidad para el personal afectado por reestructuraciones o reducciones de personal.

Se crea un registro de personal en situación de disponibilidad, que funcionará en el ámbito del ministerio que dirige Sturzenegger. Este registro permitirá un mejor seguimiento y posible reubicación del personal afectado por medidas de reestructuración o reducción de la dotación óptima necesaria.

Sturzenegger escribió: “Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses”.

Y agregó: “Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores”.

Por último, le da al ministerio la facultad de “reorganizar o discontinuar el Fondo de Capacitación Permanente y Recalificación Laboral”, aunque el decreto no especifica los detalles de cómo se implementará esta reorganización.

Resignado a esperar que el Congreso empiece a tratar su “ley de Hojarasca”, cuyo devenir ya no depende de su voluntad, el flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera jugada por decreto desde que se incorporó formalmente al Gabinete. El creador del famoso, polémico y, en parte, frenado DNU/70, estrenará la lapicera con la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.

La lista del “decreto 51″, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al exfuncionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. Pero serán unas 60 entidades, de mayor o menor magnitud.

Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.

En su designación como ministro se había establecido que las atribuciones de Sturzenegger tendrían injerencia sobre otras áreas, previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. Pero por ahora, en Desregulación y en las carteras cuyos organismos serán afectados mantenían la reserva sobre la forma en que se articulará el decreto y la fecha en que se pondrá en marcha.

La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero, como parte de una política “integral” de “desmantelamiento de diferentes institutos” que son “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”, según dijo en ese momento el vocero Manuel Adorni. Pero recién se concretaría a partir del decreto de “Fredy”, como llaman a Sturzenegger los amigos.

El resto de los organismos se mantuvieron en reserva, por ahora. Pero en el organigrama del Estado operan también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT) -en Cultura-; Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas -en Capital Humano- entre varios otros cuya existencia fue cuestionada o asociada a un “curro” del Estado, en línea con el exitoso relato de Milei contra la casta que lo llevó a la Casa Rosada.

El fin principal es recortar presupuesto, aunque probablemente deban gastar millones en indemnizaciones por despidos, o en retiros voluntarios. Y en Gobierno aseguraron que, en el fondo, la medida servirá al plan de terminar con las “trabas del Estado”. “El problema no es la cantidad de empleados, sino tener a esos empleados creando impedimentos desde la estructura”, decía ayer un importante asesor del Presidente en la Casa Rosada. Esa premisa, sin embargo, no implicó que se sostuvieran los empleos para reubicar a los agentes. Y en Gobierno aseguran que está firme la meta de alcanzar las 70 desvinculaciones que se habían fijado poco después de asumir.

Con la medida de Sturzenegger, el Gobierno estará más cerca de cumplir ese objetivo. Pero estas eliminaciones probablemente conlleven un gasto en concepto de indemnizaciones, como en el caso de la agencia de noticias oficial Télam, que luego de innumerables idas y vueltas, fue eliminada por completo y en la que la ejecución de los retiros voluntarios se demora. (Infobae).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó sus primeras declaraciones como funcionario nacional y, en el adelanto de algunas medidas relacionadas con la aviación comercial, puso como ejemplo a tres ciudades bonaerenses. El nuevo integrante del Gabinete dijo que después de la sanción del paquete fiscal y la Ley Bases, ahora “hay muchas cosas por hacer”, y destacó el comienzo de una segunda etapa con el Congreso para plantear varias temáticas.

En diálogo con radio Mitre, Sturzenegger habló de desregulaciones en el ámbito del transporte y adelantó que probablemente el miércoles van a empezar a salir los primeros decretos reglamentarios del DNU 70, que hizo un gran cambio en el Código aerocomercial. Citado por el diario La Nación, Sturzenegger planteó: “No se podía darle una ruta a una empresa si Aerolíneas Argentinas no la servía. Eso decía la ley. La reforma liberó esas restricciones. También se liberó la operación de traslado de pasajeros para naves de pequeño porte”, agregó.

Y fue en ese pasaje de la entrevista que Sturzenegger puso como ejemplo a tres ciudades bonaerenses. De acuerdo con el ministro, Olavarría, Tandil y Junín, al igual que la santafesina Venado, la chaqueña Roque Sáenz Peña y la formoseña Las Lomitas, hoy no tienen conexión aérea, entonces la habilitación operativa de naves pequeñas, “que era un engorro administrativo”, habilita rutas. (DIB) GML