Noelia Carrizo, hermana de Iván, dijo entender los límites de las leyes, pero que en este caso, “es poco”. La explicación del fiscal Gabriel Lopazzo

 “La pena máxima era seis años, pero para nosotros es nada. Querés que la persona esté presa de por vida, pero bueno, era a lo que más se podía aspirar. No es que estamos contentos”. Así se refirió Noelia Carrizo, hermana de Iván Carrizo, a la pena recibida por Rafael Pozos tras haber sido hallado por la Justicia responsable de la Tragedia de Oriente.

Noelia vino hasta Tres Arroyos para recibir el email en el Estudio Borioni, de sus abogados representantes del particular damnificado, oportunidad en la que, ante este diario, reconoció que el dolor les dificulta comprender la resolución, pero entiende su origen, “la ley está mal hecha porque son pocos años los que se dan para un homicidio culposo”.

No obstante, la vecina copetonense valora el acompañamiento que el pueblo tuvo con ella y las consecuencias de ese accionar, “lo bueno es que, por las marchas y por todo lo que se hizo, logramos que él (por Rafael Pozos) no saliera y espere el juicio en la casa. Las marchas eran para eso. También quisimos cambiar la carátula a (“Homicidio”) doloso, pero no había pruebas para eso, es muy difícil”, reconoció.

Ahora, con la sentencia conocida, identifica una “etapa cerrada”,“yo calculo que, toda la gente, y sobre todo las familias, lograron cerrar una etapa, pero que sigue. Lo que pasó para cuatro víctimas es como nada, pero es lo que la Justicia dice” y fue más allá, “esto es salir borracho, matar a cualquiera y, de última, safás. Son pocos años”, ejemplificó.

Al mismo tiempo, antes de terminar, criticó la ausencia del juez en la lectura del fallo y también lamentó que no haber podido ver a Pozos escuchando la sentencia condenatoria,  “fueron tres lunes que tuvimos que ir a escuchar todo, por eso, ahora no se pudo, pero lo bueno sería que el fallo se pueda leer delante de él (por Pozos) y de la gente, pero no, fue una notificación on line. Nosotros fuimos a todas las audiencias, tuvimos que revivir todo de vuelta, para terminar viéndolo casi en un papel”, señaló en el cierre.

Por su parte, el fiscal Gabriel Lopazzo, destacó la coincidencia del juez con el pedido de pena realizado por él y los representantes del particular damnificado en los alegatos, al tiempo que también admitió comprender esa visión crítica del público con respecto a la cantidad de años de castigo recibidos por haber provocado cuatro muertes.

“Es la máxima pena que prevé la figura penal que se le atribuyó a Pozos. La pena es la que prevé el Código y es la gradación que se incorporó con una reforma que incorporó estos agravantes ( y que, de alguna manera agravó las penas)”.

En ese sentido, Lopazzo reconoció entender a los familiares de las víctimas cuando comentan que es una condena, “con sabor a poco”.

“Obviamente tiene sabor a poco en el sentido de cómo puede ser entendido si se lo mira en una proporción con la cantidad de víctimas fatales. Pero no hay otra posibilidad de una pena mayor. La Fiscalía estuvo convencida, elevó así los hechos, y lo sostuvimos junto con los particulares damnificados. Todos entendimos que la calificación penal es esta. Esto quiere decir que el hecho que cometió Pozos se circunscribe a esa figura penal”, concluyó.

A comienzos de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial argentino una nueva modificación al Código Penal de la Nación a través de la Ley 27.347, esta vez dirigida a modificar los tipos penales de homicidio culposo (art. 84) y lesiones culposas (art. 94), el artículo 193 bis relativo a las denominadas “picadas”; así como a incorporar los nuevos tipos penales de conducción imprudente ocasionadora de muerte y de lesiones a través de los artículos 84 bis y 94 bis del mismo cuerpo legal.

Entre los fundamentos de los legisladores en el Proyecto de Ley, se hizo referencia a la conducción imprudente de vehículos automotores y su transformación en la causa de muerte más repetida de  los últimos veinte años. La propia Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco  afirmó que “Hay más muertes por accidentes de tránsito, hay muchas más muertes y heridos, que por otro tipo de inseguridad delictiva”.

Resulta a todas luces evidente que tanto las campañas de concientización y prevención como las herramientas normativas y su utilización por parte de los operadores judiciales han sido inadecuadas e insuficientes.

Hasta fines del año 1999, el Código Penal reprochaba con una escala de seis (6) meses a tres (3) años de prisión el homicidio culposo previsto en el artículo 84 del Código Penal y, con una escala de un (1) mes a dos (2) años de prisión, las lesiones culposas del artículo 94.

El 29 de septiembre de ese año, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 25.189 que introdujo el texto actual de los artículos 84 y 94 del Código Penal. Se aumentó la pena para el homicidio culposo a cinco (5) años de prisión en su máximo y en el mínimo a dos (2) años cuando el delito fuere ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor o hubiere más de una (1) víctima. A su vez, con el mismo esquema, las lesiones culposas llevaron su máximo a tres (3) y elevaron su mínimo a seis (6) meses para los casos de lesiones graves o gravísimas en el supuesto del accidente de tránsito o con resultado de más de una (1) víctima.

Esta modificación al Código Penal no estuvo exenta de polémica.

Poco tiempo antes, la sociedad argentina se había visto sacudida por un terrible accidente de tránsito que le costó la vida a una joven mujer y su pequeña hija. El 30 de agosto de 1999 Sebastián Cabello impactó su auto a gran velocidad contra el que viajaban las víctimas, provocándoles la muerte.

En ese momento, el debate giró en torno a si la conducta en la que había incurrido Cabello encuadraba en la culpa con representación o el dolo eventual.

Si bien el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 condenó a Cabello a doce (12) años de prisión, entendiendo que la conducta era propia del dolo eventual, la Cámara de Casación Penal redujo la pena a tres (3) años, el máximo previsto para el homicidio culposo, sentencia que luego fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algo similar a lo que habría ocurrido con la Tragedia de Oriente, antes de la sanción del artículo 84 bis.

La Justicia Correccional de Tres Arroyos condenó a Rafael Pozos a la pena de seis años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos, a raíz de la colisión ocurrida el 27 de noviembre de 2022 en cercanías a Oriente.

De esta manera, Pozos, de 21 años, recibió la pena solicitada por la Fiscalía de Instrucción y Juicio, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo, y continuará detenido en el penal de Villa Floresta, al menos hasta el cumplimiento de las tres cuartas partes de su condena, ya que no posee antecedentes penales.

Segùn fuentes judiciales, el fallo del doctor Gabriel Giuliani estuvo basado principalmente en el contenido de 10 testimonios que daban cuenta del estado de ebriedad del imputado al momento en que se subió a su camioneta VW Amarok, con la que finalmente terminó embistiendo por alcance al Renault Laguna en el que se movilizaban conducía Iván Gustavo Carrizo (41), acompañado de Angel Javier Román, Jeremías Emanuel García (ambos de 16 años) y Ceferino Ezequiel Palmas (23). Los tres primeros, perdieron la vida en el acto, mientras que Palmas dejó de existir días más tarde en la sala de cuidados intensivos del Hospital Penna de Bahía Blanca en la que se hallaba internado.

NOTICIA EN DESARROLLO

Este miércoles 4 de septiembre fueron informados los abogados que intervienen y el fiscal, en el marco del juicio por la tragedia de Oriente, de que el miércoles 25 del corriente mes se dará a conocer la sentencia a Rafael Pozos.

La notificación del fallo se realizará el mencionado día a la Defensa, los representantes legales de la parte acusatoria y el fiscal, por vía electrónica.

Se indicó a este diario que tras la finalización de las audiencias y alegatos, las partes consintieron que el juez Gabriel Giuliani tenga un plazo mayor a lo que prevé el Código Procesal Penal, para comunicar la resolución teniendo en cuenta la complejidad de la causa.

Pozos está imputado de “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas y la presencia de alcohol en sangre”, por la Tragedia de Oriente.

El hecho se produjo el 27 de noviembre de 2022 cuando la camioneta marca VW Amarok, que conducía Pozos, que reside en Oriente pero esa mañana decidió llevar a su casa a una amiga suya de Copetonas, impactó en la parte trasera del Renault Laguna que conducía Iván Gustavo Carrizo (41), acompañado de Angel Javier Román, Jeremías Emanuel García (ambos de 16 años) y Ceferino Ezequiel Palmas (23).

Los tres primeros, perdieron la vida en el acto, mientras que Palmas dejó de existir días más tarde en la sala de cuidados intensivos del Hospital Penna de Bahía Blanca en la que se hallaba internado.

La declaración fue realizada por el imputado de “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas y la presencia de alcohol en sangre”, en el cierre de la tercera y última audiencia que se le siguió a raíz de la colisión conocida como la Tragedia de Oriente, luego de conocerse el pedido de pena del fiscal Gabriel Lopazzo de seis años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos por 10 años, el máximo de la pena prevista para el delito por el que fue juzgado. Un monto de pena similar al que adhirieron también los representantes de los distintos particulares damnificados en una jornada que se extendió hasta las 15 horas, desde la mañana.

Por su parte, la defensa de Rafael Pozos, la doctora Elisa Hospitaleche, pidió la absolución de su defendido por entender que no se pudo probar la materialidad ilícita del hecho, ni la autoría responsable de su cliente, acerca de quien argumentó que protagonizó un accidente contra un auto que, supuestamente, estaba detenido a raíz de un desperfecto mecánico, entre otros aspectos vinculados al resultado de pericias y existencia de documentación obligatoria para manejar por parte de Iván Carrizo, una de las cuatro víctimas fatales del hecho.

La jornada de alegatos fue abierta por el fiscal Gabriel Lopazzo, quien puso énfasis en la cantidad de alcohol en sangre que la se detectó en el dosaje al que fue sometido Pozos después del accidente, 2,1 g/l, y el presunto exceso de velocidad al que viajaba la VW Amarok por la ruta 72 al momento del impacto con el Renault Laguna en el que viajaban las víctimas en su mismo sentido.

“Quedó probado que una camioneta VW Amarok, cuyo conductor tenía una presencia de 2,1 g/l en sangre y a una velocidad de al menos 132 km/h, en compañía de Valentina Bonomo, a pocos kilómetros del camino vecinal 108, embistió la totalidad de la parte trasera del Renault Laguna que se dirigía a Copetonas, conducido por Iván Carrizo. Hizo que se despiste hacia la banquina del mismo carril que circulaba, embistió a un árbol, volcó y quedó a 80 metros del lugar del impacto, mientras que la camioneta lo hizo a 164 metros de ahí”.

Según el fiscal, la supuesta intoxicación alcohólica privó a Pozos de los reflejos necesarios para esquivar el vehículo con normalidad, “no es solo que lo alcanzó, sino que le pego de lleno. No tocó ni el freno. No hay indicios de frenada en el asfalto”, dijo Lopazzo al referirse al instante previo al impacto y a la observación que hicieron los peritos accidentológicos en la zona del choque.

“¿Qué debería haber hecho Pozos si traía sus sentidos coherentes? Haberse abierto muchos metros antes para pasar”, agregó el fiscal refiriéndose a las posibles consecuencias del abuso de alcohol en el imputado, cuya conducción describió como “imprudente, negligente y antirreglamentaria, violando múltiples reglas de tránsito”.

Tras eso caratuló el hecho como “homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas, el exceso de alcohol en sangre, por exceso de velocidad, lesiones culposas leves en concurso ideal”, según los artículos 84 bis, 94 y 64 y 39 inc. B, artículo 42, 50, 77 inc. M N Ñ y V.

En tanto, el doctor Gabriel Giuliani, juez Correccional de la causa, pidió un tiempo de tres días para dar a conocer la fecha en que finalmente se conocerá el fallo, a raíz de la cantidad de prueba que debe analizar en tal sentido.

Hoy a partir de las 10 se desarrollará la tercera y última audiencia del juicio oral al conductor de la camioneta que protagonizó la trágica colisión que provocó la muerte de cuatro vecinos de Copetonas en noviembre de 2022.

Rafael Pozos está acusado de “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas y la presencia de alcohol” después de haber chocado en su camioneta a un auto en el que viajaban cuatro copetonenses que habían estado en el mismo lugar nocturno horas antes y cuando el imputado llevaba a una amiga suya desde la localidad dorreguense a Copetonas.

El hecho ocurrió en la madrugada del 27 de noviembre de 2022 y, desde dos días después, se encuentra detenido, primero en un calabozo de la Comisaría Primera y luego en el penal de Villa Floresta.

Hoy a partir de las 10, el fiscal Gabriel Lopazzo y los distintos abogados del particular damnificado, como así también la defensa, a cargo de la doctora Elisa Hospitaleche ofrecerán sus respectivas argumentaciones y pedidos de pena ante el juez Correccional Gabriel Giuliani.

En la mañana de este lunes se llevará acabo la segunda audiencia del juicio oral y público a Rafael pozos, el conductor de la camioneta que en la mañana del 27 de noviembre de 2022, en un tramo de la ruta 72, embistió el auto en el que cuatro copetonenses volvían a su casa tras haber pasado la noche en un local nocturno de Oriente.

El vehículo en el que viajaban las víctimas fatales lo manejaba Iván Gustavo Carrizo (41), quien iba junto a Ceferino Ezequiel Palmas (22), Ángel Javier Román (16) y Jeremías Emanuel García (16).

Durante la primera audiencia del debate llevado a cabo en la sala de audiencias de la calle Istilart 46 ante el juez correccional, Gabriel Giuliani, en el marco de una casa caratulada “homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas y exceso de alcohol en sangre”, hubo testimonios que buscaron  reforzar la imputación sobre el consumo de alcohol en los momentos previos a la colisión e incluso, por parte de la defensa, se buscó atacar las pericias posteriores al hecho y reveladores detalles que hacen a la investigación del fiscal Gabriel Lopazzo.

Desde las 9 está previsto que continúe el debate en la segunda de las tres audiencias previstas cada siete días en el mismo recinto.