El joven falleció el 19 de junio de 2022 en Paso de los Libres

El veredicto del juicio que tiene como imputados a los ex militares por la muerte del soldado Matías Chirino, quien falleció durante un rito de iniciación en la localidad correntina de Paso de los Libres, se conoce este jueves.

La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Martínez Tárraga Reclus, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martínez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista.

Por su parte, Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico podrían recibir ocho (pena reclamada por la querella) o nueve años (fiscalía) por ser considerados partícipes necesarios de la muerte.

Los jueces Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, dictarán la sentencia a los acusados.

En junio de 2022 Chirino fue obligado a consumir alcohol en exceso, con el estómago vacío, a realizar ejercicios extenuantes y a sumergirse en una pileta junto a otros dos subtenientes en medio de un ritual de iniciación.

De la reconstrucción se resalta que los militares forzaron a los tres jóvenes para que se colocaran la ropa de gimnasia de verano y se sumergieran a la pileta del casino de oficiales, cuya agua se encontraba sucia y a baja temperatura. Además, les ordenaron que se alejaran de sus celulares para que no contaran lo que ocurría.

En ese contexto, las tres víctimas perdieron el conocimiento y Chirino terminó en un colchón sobre el piso y sin una frazada, a pesar del frío que se registraba aquella noche.

Cerca de las 6 del 19 de junio, el acusado Bautista contactó a la enfermera de guardia, quien constató media hora después que Chirino no presentaba signos vitales, por lo que intentó realizar maniobras de reanimación. Finalmente, el subteniente fue trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde falleció.

Staniscia y Urrutti fueron hallados “culpables” del delito de “tentativa de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y banda y con arma de fuego; y portación ilegal de arma de uso civil” (en el caso de Staniscia) y “robo doblemente calificado” (Urrutti) por 12 a 10, en perjuicio de una familia de turistas que, al momento del hecho, notaron que un grupo de cuatro delincuentes estaba intentando ingresar en la casa que alquilaban en la intersección de Costanera Ingeniero Enrique Williams y Las Arcadias.

Según se determinó durante el debate celebrado en dos jornadas en el Palacio de Tribunales de Bahía Blanca ante el juez Christian Yesari, el hecho habría estado motivado por un dato erróneo basado en que la propiedad donde estaba veraneando los turistas, pertenece a una vecina de origen suizo y, posiblemente, ante esa circunstancia, haya podido haber dinero en el interior.

Sin embargo, una fuerte resistencia de las víctimas hizo que los delincuentes escapen del lugar, no sin antes efectuar un disparo de arma de fuego que terminó impactando en la puerta del frente.

Tras eso, los ladrones huyeron en una camioneta marca Ford Ranger robada en la que habían llegado al lugar, y con la cual protagonizaron una intensa persecución desde Orense hasta pocos metros del Faro de Claromecó, donde abandaron el vehículo en un médano para continuar su fuga a pie o en otro vehículo de asistencia.

Si bien en principio fueron cuatro los imputados que el fiscal Gabriel Lopazzo llevó a juicio oral, durante la segunda de las dos jornadas que fue suspendida a raíz de la recusación de Jurados efectuada por las partes, dos de los imputados, Ángel Alberto Artigas y Héctor Larragueta, fueron condenados -en juicio abreviado- a la pena de 4 años de prisión.

Después que en la primera jornada del juicio, celebrada el jueves, declaró la mitad de los testigos previstos por la Fiscalía, entre los que estaban la víctima, policías que trabajaron en el lugar del hecho, y una efectivo que analizó las llamadas y el entrecruzamiento de las antenas.

Hoy declararon peritos balísticos y miembros de Asuntos Internos, ya que uno de los imputados es miembro de la Policía Bonaerense en carácter de suspendido, que llegó detenido con prisión preventiva al juicio y, tras esta condena en primera instancia, sería exonerado cuando la pena quede firme. Urrutti es un policía que mantenía negocios con Staniscia, en un contexto donde terminaron entablando una amistad, en el marco de la cual, salió como garante del último para que tenga salidas transitorias, una de las cuales terminó siendo aprovechada por el tresarroyense para cometer una de las distintas fugas que protagonizó en su historial.

En las últimas horas de la tarde se conoció el veredicto del Jurado y ahora solo resta definir la fecha de la audiencia de cesura, donde se analizará el monto de la pena que la Justicia deberá aplicar a los condenados.

Ricardo La Regina fue acusado de daño ambiental y crueldad animal. La pena se dará a conocer el próximo lunes 11 de noviembre

El productor ganadero Ricardo La Regina fue encontrado culpable de la matanza de pingüinos en Punta Tombo en 2021. El tribunal de Chubut expresó que “esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”.

Los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini dictaminaron que La Regina “es autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal”.

“Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, expresaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La pena se dará a conocer el próximo lunes 11 de noviembre en la audiencia de censura.

El pasado 28 de octubre comenzó el juicio oral contra el productor acusado de los delitos de daño agravado y crueldad animal por haber “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.

De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos “.

En la primera jornada de debate La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”.

Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.

Durante la etapa de alegatos la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.

Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva”.

“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.

Ricardo La Regina fue denunciado por su tío y ahora está imputado por los delitos de daño agravado y crueldad animal

El veredicto contra Ricardo La Regina, el ganadero acusado de la matanza de pingüinos en Punta Tombo en 2021, se da a conocer este jueves en el tribunal de Chubut. Hay expectativas por la resolución de los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini.

El pasado 28 de octubre comenzó el juicio oral contra La Regina acusado de los delitos de daño agravado y crueldad animal por haber “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.

De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.

Además, se le imputa la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos “.

En la primera jornada de debate La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”.

Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.

Durante la etapa de alegatos la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.

Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva”.

“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.

El 13 de junio de 2022, Bahía Blanca fue escenario de un caso que conmocionó a la ciudad: un hombre mató a su nieto por el calvario que le hacía pasar a la familia, ya que tenía problemas de salud mental. El abuelo, Domingo Verna, hoy de 80 años, exmilitar retirado, por primera vez habló de aquel fatídico día ante el tribunal y un jurado popular en el marco del juicio que se lleva adelante en su contra. En tanto, Hugo De Rosa, juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, dará a conocer el veredicto en el Palacio de Tribunales de Bahía Blanca.

Según contó a la prensa el abogado de Verna, Juan González, el hombre se quebró en el recinto judicial y dijo que “daría su vida porque (su nieto) Brian volviera, pero que no podía permitir que la vida de Marta, su esposa, corriera peligro”. Además, aseguró que antes de dispararle, el joven, de 29 años, le había pegado en forma contundente y reiterada en la cabeza, por lo que su reacción fue en ese contexto.

“Habló de la historia de Brian, de cómo fue criado por ellos, de una familia disfuncional en la que los roles de los abuelos se extendieron hasta ser prácticamente padres”, explicó González. “Quienes se tenían que hacer cargo no estaban por distintos motivos y nosotros no vamos a juzgar eso, pero aquí hubo violencia intrafamiliar y las víctimas eran los abuelos”, precisó el letrado.

González, además, remarcó que el acusado “todavía está de duelo, porque la persona que fallece en este acto de legítima defensa era su nieto”.

Domingo Verna llegó al debate imputado por exceso en la legítima defensa, según la calificación aplicada por Jorge Viego, fiscal del caso. La querella intenta probar que hubo un homicidio agravado por el vínculo, con lo cual podría recibir perpetua. En cualquier escenario que le endilgue culpabilidad, el acusado cumpliría con un régimen de prisión domiciliaria debido a su avanzada edad. La defensa, por su parte, busca imponer la calificación de legítima defensa y que el abuelo sea absuelto. (DIB) ACR