Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.  

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. 

Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. 

También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. 

Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.vr2u3Q

Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares).

#AgenciaNA 

En medio de la parálisis de la obra pública y el aumento de accidentes en todo el país, y tras una demanda del municipio de Azul al Gobierno de Javier Milei por el mal estado de la ruta 3, desde Vialidad Nacional calificaron como “infundado” el reclamo por el deterioro y aseguraron que el trazado no presenta daños.

La respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se dio luego de la presentación ante la Justicia de la comuna, que reclamó por el mal estado de una de las vías troncales de la Argentina y que une Buenos Aires con Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un trayecto de más de 3000 kilómetros.

La presentación fue realizada por el intendente Nelson Sombra y por el abogado Roberto Dávila, subsecretario Legal y Técnico de la comuna. Dadas las condiciones de abandono de la ruta, se promovió una acción de amparo y el pedido de una medida cautelar.

Frente a esto, Vialidad negó en respuesta oficial que la Ruta 3 presente deterioro en su paso por Azul y calificó como “infundado” el reclamo. El escrito rechazó “todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la comuna” y sostuvo que el organismo no abandonó el mantenimiento de la carretera. Además, solicitó que el Municipio aporte “pruebas fotográficas” o documentación que respalde sus denuncias sobre el mal estado de la traza.

En su presentación, Vialidad Nacional calificó las acusaciones de Azul como “livianas” y “sin sustento probatorio”. Y pese al reclamo de los vecinos que la transitan a día, el organismo negó la existencia de deformaciones, pozos, falta de señalización o banquinas en mal estado y, en cambio, atribuyó los siniestros viales a “negligencia o impericia de los conductores” y al mal estado de los vehículos.

Finalmente, el abogado Leandro Sverdlik, en representación de Vialidad, usó un argumento político e hizo una mención a los resultados de las últimas elecciones en la que Javier Milei fue elegido presidente. “Venció la candidatura que propuso la abolición de la obra pública, y que la infraestructura pública debe ser administrada de acuerdo por el mercado”, dijo. Y agregó: “Incluso el candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales, como la RN3, obtuvo en la Municipio de Azul más del 57% de los votos”. (DIB)

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal eximió a Cristina Fernández de Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la causa Vialidad. En fallo dividido, la mayoría entendió que no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud.

El kirchnerismo celebró y habló de lawfare; desde la oposición cuestionaron el mensaje de impunidad. Juristas señalaron que acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal. 

El frente judicial de la exmandataria sigue abierto: Vialidad continúa y persisten otras causas con distintos grados de avance.

En el plano político, el fallo puede revitalizar a la líder peronista entre sus seguidores, mientras el oficialismo nacional insiste en reformar el sistema judicial. El debate sobre límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve al centro de la escena. (N.A.)

El Tribunal Oral Federal 2 intimó hoy los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta   Cristina Kirchner,   al pago de la suma de más de 600 mil millones en el plazo de “10 días hábiles” en concepto “del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.

Así lo determinó el TOF 2 en una resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El plazo para la presentación vence mañana, 1 de abril. Si la Corte admite el recurso, intervendrá la Procuración General, encabezada por Eduardo Casal, para emitir un dictamen.

La defensa de la expresidenta    Cristina Fernández presentará hoy un recurso de “queja” ante la Corte   Suprema de Justicia de la Nación   para solicitar su absolución en la causa Vialidad.   Se trata de la última instancia para su abogado, Carlos Beraldi, quien busca que el máximo tribunal revierta una condena de seis años de prisión.

El plazo para la presentación vence mañana, 1 de abril.   Si la Corte admite el recurso, intervendrá la Procuración General,   encabezada por Eduardo Casal, para emitir un dictamen. La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, en beneficio del empresario Lázaro Báez.      Fernández tiene una condena firme de seis años por “fraude contra la administración pública”.

El escrito de Beraldi se basa en la supuesta vulneración del derecho a ser juzgada por jueces independientes e imparciales, así como en la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal. Un antecedente clave ocurrió la semana pasada, cuando la Cámara de Casación Federal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa.

Como informó DIB este domingo, para el jefe de Gabinete,   Guillermo Francos, “Cristina tiene una condena de prisión que depende hoy solamente de un recurso de ‘queja’ ante la Corte que va a ser rechazado”.    “Como es la tradición en estos casos -opinó Francos-, cuando hay doble condena, sobre todo cuando está el Tribunal de Casación de por medio, la Corte obviamente no va a hacer lugar al recurso de queja. Es lo que se supone, por la tradición y la doctrina”, dijo en diálogo con radio Rivadavia, la mañana del domingo. Según el ministro coordinador, “es esperable que en algún plazo -la Corte no tiene plazos-, que en algún momento, esa condena finalmente quede firme”.

Francos había sido consultado por si ve nerviosismo en los sectores cercanos a la expresidenta, y también por la afirmación del presidente Javier Milei, quien en una entrevista la semana opinó que Fernández está nerviosa porque “sabe que va a ir presa”.   “Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa, y eso la tiene como loca. Está quemando las naves, ella y los delincuentes de sus socios”, sentenció el Presidente.

Según Francos, “si esto fuera así,   la expresidente (sic) tendrá que purgar su pena.   Si esto la tiene nerviosa, supongo que sí. Obviamente, a nadie le puede resultar indiferente tener pendiente como espada de Damocles una condena penal de estas características”.

Actualmente, y a la espera del debate en el Senado de la Nación,   la Corte está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla.   (DIB) GML

Desde el mes de diciembre se encuentran interrumpidas dos obras importantes en la ruta nacional 3, que están a cargo de la empresa Vial Agro, por falta de pago de la Dirección Nacional de Vialidad. Son dos tramos: kilómetros 451-477, desde Adolfo Gonzales Chaves hacia Tres Arroyos; 550-589, con culminación en Coronel Dorrego.

Abarcan un total de 65 kilómetros, las tareas se habían reiniciado el 1º de julio de 2024 y el plazo era de 12 meses, pero la cantidad de certificados impagos dio lugar a la decisión de paralizar toda actividad. Fuentes de la firma, ante una consulta de La Voz del Pueblo, señalaron que perdieron su trabajo aproximadamente 160 personas.

El comienzo de las obras tuvo lugar en junio de 2023, pero quedaron “neutralizadas” en noviembre del mismo año, hasta que fueron retomadas en julio pasado. Pero otra vez no se logró una continuidad, lo que extiende los plazos, encarece los costos que tendrá que cubrir el Estado, perjudica a obreros y posterga la mejora en sectores de la ruta que no están en buen estado.

La Dirección Nacional de Vialidad no abonó los certificados de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, lo que provocó el cese en diciembre.

Además de la pérdida de una fuente de ingresos para los obreros, el impacto económico es aún mayor porque dejar de producirse el movimiento adicional por venta de combustible, alimentos, proveedores de materiales, entre otros rubros.

La finalidad es contar con la denominada ruta segura. Consiste en la repavimentación de la ruta y la incorporación de banquinas pavimentadas, con un ensanche de la superficie y por tal motivo, mejores condiciones para circular. Por ahora, esto queda planteado como un objetivo, que está lejano a cumplirse por los motivos mencionados.

El proyecto que se anunció en la gestión de Mauricio Macri como Presidente, de construcción de una autovía en la ruta 3 desde Buenos Aires hasta Azul, ruta segura a partir de allí hasta Coronel Dorrego y luego nuevamente autovía con destino a Bahía Blanca, no se impulsó de acuerdo a lo previsto. Sí se han realizado licitaciones individuales y en tramos puntuales, como ocurrió en los sectores mencionados.

Otro caso

También en la empresa indicaron que está paralizada desde enero de 2024 la obra que Vial Agro tiene a su cargo en la “ruta nacional 5 Travesía Urbana de Mercedes”, en la provincia de Buenos Aires, por falta de asignación presupuestaria.

En cambio, sí está en ejecución la construcción de una autovía en la ruta nacional 5 en Mercedes-Suipacha, en la que interviene la firma tresarroyense en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada junto a CPC S.A.

Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento de banquinas en la Ruta Nacional 228, en la zona de la travesía urbana de Tres Arroyos.

Las tareas consisten en el calce, ensanche y perfilado de banquinas. Para la realización de las mismas se emplea personal y equipos propios del distrito, entre ellos, motoniveladora, camión chasis, retropala y minipala.

El calce y la reconstrucción de banquinas es de vital importancia ante una bajada de emergencia de vehículos en circulación, ya que permite hacer una maniobra segura y acceder a la zona de caminos. Estos trabajos se realizan en beneficio de las personas que utilizan la ruta, a fin de mantener las condiciones de limpieza y el mantenimiento de la calzada, que permiten optimizar las condiciones de seguridad vial.

agentes y equipos viales.

Vialidad Nacional dio a conocer que se retomaron los trabajos de repavimentación y banquinas pavimentadas en la ruta nacional 3, desde el kilómetros 451 hasta el 477, un tramo ubicado entre Adolfo Gonzales Chaves y Tres Arroyos.

Al describir los beneficios, indicó: “mejorando la circulación y el desarrollo productivo y turístico de la región”.

Según informó, “en ese tramo se ejecutará la rehabilitación de la calzada mediante el texturizado de la superficie, el sellado de fisuras, el bacheo, el ensanche de las banquinas y su pavimentación, al igual que la construcción de la capa de rodamiento de 4 cm de espesor”.

El comunicado indica que “en la actualidad, los trabajos se concentran en las banquinas donde se ejecuta la subrasante, subbase y base, el paquete estructural para luego construir el concreto asfaltico”.